Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Merida (Extensión Mérida), de 30 de Mayo de 2012
| Fecha de Resolución | 30 de Mayo de 2012 |
| Emisor | Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Juicio |
| Ponente | Victor Hugo Ayala Ayala |
| Procedimiento | Sentencia Condenatoria Por Admisión De Los Hechos |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal de Juicio No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida
Mérida, 30 de Mayo de 2012
201º y 152º
ASUNTO PRINCIPAL : LP01-P-2012-001659
ASUNTO : LP01-P-2012-001659
SENTENCIA CONDENATORIA POR ADMISIÓN DE HECHOS.
I.
IDENTIFICACIÓN DEL ACUSADO.
Ciudadano: L.G.M.G., venezolano, mayor de edad, natural de Mérida, nacido en fecha 15/11/1988, de 23 años de edad, estado civil casado, titular de la cédula de identidad N° V-18.964.517, grado de instrucción Bachiller, de ocupación u oficio Herrero, hijo de L.G.M.N. y M.d.C.G., domiciliado en Los Curos, Parte Alta, Vereda 16, Casa Nº 04, como punto de referencia frente al estadio, M.E.M., teléfono 04264276444, quien se encuentra legalmente defendido en esta Causa Penal por el ciudadano, Defensor Privado, abogado: BREINER MERCADO, con ocasión de la Acusación formal presentada en su contra por la ciudadana Fiscal Tercero del Ministerio Público, abogada: T.R., y siendo esta la oportunidad legal a que se contrae el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, en el curso de la Audiencia de Juicio Oral y Público, pasa este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, a dictar Sentencia Definitiva en los siguientes términos:
II.
LOS HECHOS OBJETO DEL JUICIO.
En fecha: 29-01-2012, siendo aproximadamente las 09:15 horas de la noche, los Funcionarios Policiales actuantes en la presente causa, adscritos a la Coordinación de Investigación y Procedimiento Policial de la Policía del Estado Mérida, se dispusieron a practicar una Orden de Allanamiento, otorgada por un Tribunal de Control, en la Vereda No. 16, Casa No. 04, Calle Carvajal, Parroquia J.J. Osuna Rodríguez, Los Curos, Municipio Libertador del Estado Mérida, estando acompañados por Dos (02) Testigos Presenciales, identificados como: G.V. y Y.A., y al ingresar al referido inmueble le explicaron a los presentes el contenido de la misma, así como sus derechos, siendo designado el Oficial Agregado F.S., para realizar el Registro del Inmueble, y también como Cadena de Custodia, ingresando a la primera habitación del mismo, donde habita el ciudadano identificado como: L.G.M.G., titular de la cédula de identidad N° V-18.964.517, y allí logran encontrar debajo del colchón de una cama litera, concretamente de la cama de arriba, Un (01) Arma de Fuego, Tipo Revolver, Calibre 38 m.m., Marca Arminius HW38, Hecha el Alemania, Cromada con Empuñadura de Color Negro, con los seriales desvastados, contentiva de Seis (06) Cartuchos Sin Percutir, Calibre 38 m.m., y al preguntar sobre el propietario de la misma, el referido ciudadano le manifestó a los funcionarios que dicha arma de fuego es de su propiedad, y al no tener el respectivo Porte de Armas para su detentación, inmediatamente fue aprehendido en el mismo lugar del hecho en circunstancias de flagrancia.
III.
LA SOLICITUD FISCAL Y LA CALIFICACION JURIDICA.
La Fiscalía del Ministerio Público sostiene en su acusación escrita, que en el presente caso nos encontramos ante un hecho punible cometido por el acusado de autos, ciudadano: L.G.M.G., titular de la cédula de identidad N° V-18.964.517, que califica como: Ocultamiento Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, hecho cometido en perjuicio del Orden Público.
En este mismo orden de ideas, la ciudadana Fiscal del Ministerio Público, ratificó la acusación presentada en contra del acusado de autos y ofreció todos los Medios de Prueba que presentaría en el curso del Debate Oral y Público y solicitó igualmente su admisión por considerarlos lícitos, pertinentes, útiles y necesarios para el descubrimiento de la verdad y la realización de la justicia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, además, solicitó la admisión de la acusación presentada y el enjuiciamiento público del acusado de autos, anteriormente identificado, a quien considera como Autor Material y Penalmente Responsable de la comisión del mencionado delito.
Igualmente solicitó en vista de que tiene conocimiento que el ciudadano acusado va a admitir los hechos conforme al artículo 376 del COPP, se le imponga inmediatamente la pena correspondiente. Es todo.
IV.
SOLICITUD DE LA DEFENSA.
El ciudadano Defensor Privado, abogado: BREINER MERCADO, una vez que le fue concedido el derecho de palabra en el curso de la Audiencia de Juicio Oral y Público, le manifestó al Tribunal que “Mi defendido me ha manifestado su voluntad de querer admitir los hechos, por tal motivo solicito el procedimiento por admisión de los hechos y pido que se le conceda con las atenuantes de ley por ser primario. Es todo”.
V.
EL ACUSADO.
El ciudadano: L.G.M.G., venezolano, mayor de edad, natural de Mérida, nacido en fecha 15/11/1988, de 23 años de edad, estado civil casado, titular de la cédula de identidad N° V-18.964.517, grado de instrucción Bachiller, de ocupación u oficio Herrero, hijo de L.G.M.N. y M.d.C.G., domiciliado en Los Curos, Parte Alta, Vereda 16, Casa Nº 04, como punto de referencia frente al estadio, M.E.M., teléfono 04264276444, acusado en la presente causa, luego de ser impuesto por el Tribunal de Juicio de todos sus Derechos Legales y Constitucionales, expresamente consagrados en el Artículo 49 numerales 1°, 3° y 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también de las Alternativas a la Prosecución del Proceso, previstas en los Artículos 37, 39, 40, y 42 del Código Orgánico Procesal Penal, y finalmente del Procedimiento Especial por Admisión de los Hechos, establecido expresamente en el Artículo 376 Ejusdem, y concedido como le fue el derecho de palabra, manifestó de manera clara, libre, espontánea, voluntaria y sin condiciones de ninguna naturaleza que: “Asumo los hechos por los cuales me acusa la Fiscal Tercero del Ministerio Público, consiente y voluntariamente y solicito se me imponga la pena correspondiente. Es todo.”
VI.
HECHOS ACREDITADOS.
En el curso de la Audiencia de Juicio Oral y Público, celebrada en la presente causa, quedaron claramente ofrecidos y expuestos los diferentes Elementos Probatorios, así como la Calificación Jurídica presentada por la Fiscalía del Ministerio Público en contra del Acusado de Autos, como fundamento legal de su acusación, los cuales fueron debidamente admitidos por el Tribunal, por considerarlos útiles, pertinentes y necesarios en orden a la consecución de los f.d.p. consagrados en el Artículo 13 Ejusdem, como son el descubrimiento de la verdad y la realización de la justicia, además de ello, estos no fueron rechazados, contradichos, ni tampoco desvirtuados por la Defensa del acusado de autos, ciudadano: L.G.M.G., titular de la cédula de identidad N° V-18.964.517, antes por el contrario, el mencionado ciudadano ADMITIÓ de manera libre, espontánea y voluntaria, en ejercicio pleno de sus derechos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, los hechos imputados por la señalada representación Fiscal, relacionados con la perpetración del delito de: Ocultamiento Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, cometido en perjuicio del Orden Público, lo cual hace que no sólo proceda de pleno derecho en contra del acusado de autos, sino que también, y como consecuencia de ello, se hace legal y materialmente innecesaria la evacuación en el Debate Oral y Público de los Medios Probatorios ofrecidos por la Fiscalía actuante, incluyendo obviamente los testimonios o declaraciones que deben ser rendidos en la Sala de Audiencias, así como también la incorporación al debate oral mediante su lectura de las pruebas documentales expresamente señaladas en el Artículo 339 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto, al proceder a Admitir los Hechos antes del comienzo del Debate Oral, tal como lo exige claramente la mencionada norma procesal, implícitamente el Acusado está renunciando a la realización del Juicio Oral y Público, al considerar que es mejor y más conveniente para sus intereses procesales la rebaja de pena contenida expresamente en el artículo 376 ejusdem, y ante tal situación jurídica, el Tribunal de Juicio debe pronunciarse inmediatamente, a través de una Sentencia Definitiva que necesariamente debe ser condenatoria, pero con la particularidad de que en estos casos el juzgador no puede entrar a analizar y valorar todos aquellos elementos probatorios que constituyen el Objeto del P.P. en la presente causa, debido fundamentalmente a que no se realizó ningún debate contradictorio que le permitiera al Tribunal actuando con base en los Principios de la Oralidad, la Inmediación y la contradicción determinar la veracidad y certeza de tales Medios Probatorios, máxime cuando estamos en presencia de un P.P.A., por lo tanto, al tratarse de un Procedimiento Especial por Admisión de los Hechos, el Principio General de que toda sentencia debe ser fundada, bajo pena de nulidad, tal como lo dispone el Artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, se circunscribe, no al estudio, análisis y valoración de las pruebas ofrecidas y admitidas, ni tampoco a la valoración de los elementos fácticos que corren insertos en la causa, por cuanto la libre manifestación de voluntad del acusado, al admitir los hechos, hace irrelevante tal operación mental, la cual además sería completamente ilegal, por cuanto, entrar a conocer el contenido de las actas procesales, sin que las mismas hayan sido ratificadas personalmente y de viva voz en el debate oral por los funcionarios, testigos y expertos actuantes, sería retroceder nuevamente al derogado Sistema Penal Escrito e Inquisitivo del C.E.C., que fue definitivamente superado, sino más bien, al cumplimiento de los demás requisitos de la sentencia contenidos expresamente en el Artículo 364 Ibidem.
VII.
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO.
Con relación al delito de Ocultamiento Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, admitido por el acusado de autos, ciudadano: L.G.M.G., titular de la cédula de identidad N° V-18.964.517, en el curso de la Audiencia de Juicio Oral y Público, la norma sustantiva penal dispone lo siguiente:
El porte, la detentación o el ocultamiento de las armas a que se refiere el artículo anterior se castigará con pena de prisión de tres a cinco años.
En este caso, la Ley Penal sanciona la conducta de toda persona que tiene, posee, detenta y/o esconde un Arma de Fuego, propiamente dicha, vale decir, aquella que se encuentra en buen estado de uso y funcionamiento, y que fue elaborada conforme a un conjunto de especificaciones técnicas y científicas, empleadas para hacer este tipo de armas, pero que no tiene el permiso o porte de arma correspondiente, legalmente expedido por la autoridad administrativa respectiva, a fin de poder llevar un registro completo y actualizado del parque de armas de fuego que circulan en el país, así como de sus propietarios, siendo esta conducta voluntaria, omisiva y negligente la que sanciona la norma, lo que obviamente constituye o representa la comisión de un hecho punible de acción pública, por porte u ocultamiento ilegal de la misma.
En el presente caso, tal calificación jurídica obedece al hecho cierto de que el acusado de autos, ciudadano: L.G.M.G., titular de la cédula de identidad N° V-18.964.517, fue aprehendido en circunstancias de flagrancia por los Funcionarios Policiales actuantes en el caso, quienes practicaron una Orden de Allanamiento en la vivienda del referido ciudadano, y lograron encontrar oculta bajo el colchón de una cama, Un (01) Arma de Fuego, Tipo Revolver, Calibre 38 m.m., Marca Arminius HW38, Hecha el Alemania, Cromada con Empuñadura de Color Negro, con los seriales desvastados, contentiva de Seis (06) Cartuchos Sin Percutir, Calibre 38 m.m., la cual evidentemente tenía en su poder, y bajo su dominio y disposición, sin tener para ello el respectivo Permiso o Porte de Arma de Fuego, legalmente expedido por la autoridad administrativa correspondiente.
Ahora bien, tomando en consideración todos los elementos de juicio que obran en la causa en contra del acusado de autos, este Tribunal de Juicio estima definitivamente que la ACCIÓN desplegada en el hecho por el supra-indicado ciudadano se encuentra suficientemente acreditada en la causa, por cuanto se trata ciertamente de la misma persona que fue aprehendida de manera in fraganti por los funcionarios policiales actuantes luego de practicar un allanamiento en su vivienda y encontrarle en su poder Un (01) Arma de Fuego, sin el respectivo permiso o porte legalmente expedido, por tal razón la misma fue inmediatamente incautada como evidencia en el procedimiento realizado, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar claramente detalladas en el Acta de Allanamiento, razón por la cual el legislador estableció una sanción penal para éste tipo de conductas, mediante el principio de la TIPICIDAD por tratarse de hechos de carácter evidentemente ilícitos, tal como en el presente caso, que se trata de un delito calificado como: Ocultamiento Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, cometido en perjuicio del Orden Público, lo cual ciertamente habla de la ANTIJURICIDAD de la conducta dolosa e intencional desplegada por el acusado, debido a que en este tipo de delitos no puede hablarse de una conducta culposa, por cuanto se requiere necesariamente el concurso del Dolo Específico a fin de consumar la antijuricidad de la acción desplegada, y como no existe ningún elemento de valor acreditado en la presente causa, que permita presumir o suponer que el mencionado ciudadano haya actuado bajo alguna circunstancia que ponga en duda la salud o la claridad mental del mismo respecto a la gravedad del hecho punible perpetrado, es necesario señalar que se trata de una persona totalmente IMPUTABLE por lo que debe concluirse necesariamente que su responsabilidad penal en el hecho imputado queda definitivamente acreditada. Y ASÍ SE DECIDE.
Finalmente, una vez revisadas y analizadas detenidamente todas las actuaciones que integran la presente causa, el Tribunal tomando en consideración que el acusado de autos: L.G.M.G., titular de la cédula de identidad N° V-18.964.517, actuando de manera libre, voluntaria y sin presiones de ninguna naturaleza, luego de escuchar la acusación fiscal, y después de ser impuesto de las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso y el Procedimiento Especial por Admisión de los Hechos, previsto en el Artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, así como el Precepto Constitucional contemplado en el Artículo 49 numeral 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio pleno de su Derecho a la Defensa, procedió a ADMITIR LOS HECHOS IMPUTADOS, solicitando además la imposición inmediata de LA PENA CORRESPONDIENTE con la REBAJA RESPECTIVA, y luego de constatar la efectiva comisión de un hecho punible de acción pública cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, además de tomar en consideración que tal Admisión de Hechos se encuentra plenamente ajustada a derecho, por haber sido expresada de manera pura y simple, sin condiciones de ninguna naturaleza y con pleno conocimiento de sus derechos, éste Juzgador de conformidad con lo establecido en los Artículos 26, 49 y 257 Ejusdem, que obligan al Estado a garantizar la realización de una justicia equitativa, rápida, expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles, ordenando no sacrificar la justicia por la omisión de formalidades no esenciales, dicta inmediatamente SENTENCIA CONDENATORIA de conformidad con lo dispuesto en el mencionado Artículo 376 del Código Adjetivo Penal, en concordancia con el Artículo 367 Ibidem, en contra del acusado de autos, ciudadano: L.G.M.G., titular de la cédula de identidad N° V-18.964.517, por la comisión del delito de Ocultamiento Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, cometido en perjuicio del Orden Público, y en consecuencia, lo CONDENA a cumplir la pena de UN (01) AÑO Y SEIS (06) MESES DE PRISIÓN, por cuanto, su responsabilidad penal y la consecuente culpabilidad en el mencionado hecho punible se encuentra plenamente demostrada, quedando de esta forma desvirtuado más allá de toda duda razonable, el Principio de Presunción Inocencia, consagrado en el Artículo 8º del Código Adjetivo Penal, en concordancia con el numeral 2º del Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y ASI SE DECIDE.
VIII.
DISPOSITIVA.
Este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo previsto en el Artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el Artículo 253 de la Constitución de la República, DECRETA:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Tribunal de Juicio escuchada la manifestación de voluntad del acusado, libre de coacción, de querer acogerse al procedimiento especial por admisión de los hechos, conforme al artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, declara con lugar, lo admite y condena a cumplir la pena de un (01) año y seis meses de prisión al acusado L.G.M.G., supra identificado, por ser el autor responsable del delito de Ocultamiento Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el articulo 277 del Código Penal, delito este cometido en perjuicio del Orden Publico.
Se impone al acusado L.G.M.G., la pena accesoria de inhabilitación política durante el tiempo de la condena, conforme al artículo 16 numeral 1 del Código Penal. No se impone la sujeción a la vigilancia de la autoridad conforme a la sentencia vinculante N° 135, de fecha 21/02/2009, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Se establece como fecha probable de cumplimiento de la pena impuesta en la presente Sentencia Condenatoria, el día trece del mes de septiembre del año dos mil trece (13/09/2013).
No se condena en costas procesales al acusado de autos, conforme al principio de gratuidad de la justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Por cuanto este tribunal de juicio, observa que el acusado de autos, se encuentra actualmente en libertad, se acuerda que el mismo permanezca en la misma situación jurídica debido a que la pena impuesta no hace obligatorio dictar penal privativa de libertad, hasta que el respectivo tribunal de ejecución que conozca de la causa por efectos de distribución, decida conforme a sus facultades y atribuciones legales todo lo referente al cumplimiento de la pena impuesta; ello con el propósito de asegurar el efectivo cumplimiento de la condena, en consecuencia cesan las medidas cautelares impuestas en la audiencia de calificación de flagrancia celebrada por el Tribunal de Control numero 2 en fecha 02/02/2012.
Se ordena la confiscación definitiva de arma cuya característica se encuentran explanada en la planilla de cadena de custodia, sin numero 169-11 de fecha 29/01/2012 que corre agregada en la causa en el folio 28, así como también en la experticia de reconocimiento técnico mecánica y diseño identificada con el numero DC-0134 de fecha 30/01/2012 inserta al folio 33 y 34 de las actuaciones.
Cesan las Medidas Cautelares Sustitutivas impuestas al acusado en la audiencia oral de calificación de flagrancia.
Una vez firme la presente sentencia condenatoria, se acuerda remitir copia certificada de la misma, a la Dirección de Antecedentes Penales del Ministerio para el Poder Popular del Interior y Justicia a fin de que sea debidamente incluida en el registro que a tal efecto se lleva ante dicha dependencia, así mismo, se procederá respecto a la Oficina Nacional de Extranjería y el C.N.E., además, ofíciese al Director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas delegación Mérida a los fines de que se sirva actualizar la data del acusado en el sistema integrado de información policial (SIIPOL).
Publíquese, Regístrese, Notifíquese y Ofíciese.
Dada, firmada, sellada y refrendada en el despacho del Juez de Juicio No. 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, a los Treinta (30) días del mes de M.d.A. 2012.
ABG. V.H.A..
JUEZ DE JUICIO N° 03.
ABG. M.M..
SECRETARIA.
