Decisión nº 1C-20.426-16 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 27 de Enero de 2016

Se desprenden de las actas de investigación, así como de la narración de los hechos, contentivos todos en la acusación formal presentada por la Representante Fiscal, que los hechos en que fue fundamentada la misma son los siguientes:

…que el día doce (12) de noviembre del año dos Mil Quince (2015) siendo aproximadamente las seis y treinta (06:30) p.m; la ciudadana E.L.M.C. (victima) se encontraba en una bodega de la Urbanización E.Z. cuando dos sujetos a bordo de una moto, se le pararon a un lado y el copiloto le dijo que le entregara la moto con la mano metida en la cintura, insistiéndole que se bajara de la moto, en ese momento saco un arma diciéndole que caminara y que no lo viera, el mismo agarro la moto y se fueron cada uno en una moto, momentos después funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana, se encontraban realizando labores de patrullaje, cuando recibieron llamada telefónica donde les fue informado que en la urbanización La Guamita, en la parte posterior de una vivienda se encontraban unos sujetos desvalijando un vehículo tipo moto, se trasladaron hasta el sitio en mención, observando una construcción de bloques con cerca de alfajol, en la cual se encontraban tres ciudadanos y un vehículo tipo moto sin sus tapas y sin batería, a los mismos se les solicitó la documentación de la respectiva moto, manifestando éstos no poseerlas, por lo que les fue informado que se encontraban detenidos aprehensión flagrancia…

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Que es en atención a tales hechos que, el Ministerio Público presentó acusación en contra del ciudadano S.D.T.M., Titular de la cedula de Identidad Nº 26.652.438, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el articulo 5, en concordancia con el articulo 6 Numerales 1º, 2º y 3º, de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores.

Ahora bien, ante la presentación del acto conclusivo de acusación los defensores privados se opusieron al mismo, en la oportunidad de la celebración de la audiencia preliminar, alegando la no existencia de elementos de convicción para considerar al imputado de autos como autor o participe en los mismos, ratificando los escritos de fecha 19-1-2016.

En principio del libelo acusatorio consignado por ante el área de alguacilazgo de éste Circuito Judicial Penal en fecha 23-12-2015, y ratificado en ésta oportunidad (27-1-2016) no se evidencia la existencia de un defecto de forma en la misma, a los efectos de poder ordenar su subsanación, conforme a lo establecido en el artículo 313 numeral 1º del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide

Ahora bien, a los fines de admitir o no el presente libelo acusatorio, se debe indicar que en esta etapa intermedia del proceso, la cual inicio con la interposición del libelo acusatorio por parte del Ministerio Público en fecha 23-12-2015, a éste Tribunal de Control en la oportunidad de la celebración de la audiencia preliminar, convocada conforme a lo establecido en el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal, corresponde un doble control de la acusación, los cuales son de suma importancia; el primero de ellos, un control formal, que abarca lo que respecta al cumplimiento de los requisitos esenciales que debe contender todo acto conclusivo (artículo 308 C.O.P.P), y el segundo es el control material de la acusación, que se debe aplicar igualmente al libelo acusatorio. Sobre este segundo punto, ha sido clara la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia vinculante Nº 1303 de fecha 20-6-2005, con ponencia del Magistrado FRANCISCO ANTONIO CARRSQUERO LOPEZ, donde se estableció lo siguiente:

En lo que se refiere a la audiencia preliminar, debe destacarse que es en ésta donde se puede apreciar con mayor claridad la materialización del control de la acusación, ya que en la misma, es donde se lleva a cabo el análisis de si existen motivos para admitir la acusación presentada por el Ministerio Público y la de la víctima, si fuere el caso. En este sentido, en esta audiencia se estudian los fundamentos que tomó en cuenta el Fiscal del Ministerio Público para estimar que existen motivos para que se inicie un juicio oral y público contra el acusado realizando el Juez el mencionado estudio, una vez que haya presenciado las exposiciones orales de las partes involucradas en el proceso penal...

Asimismo sobre el control material, estableció la Sala Constitucional, en sentencia N° 452-2004, del 24 de marzo, lo siguiente:

“...es en la audiencia preliminar cuando el Juez de Control determina la viabilidad procesal de la acusación fiscal, de la cual dependerá la existencia o no del juicio oral. Es decir, durante la celebración de la audiencia preliminar se determina –a través del examen del material aportado por el Ministerio Público- el objeto del juicio y si es “probable” la participación del imputado en los hechos que se le atribuyen...”

Así las cosas, se tiene que, si bien es cierto estos controles que se deben aplicar al acto conclusivo de acusación en esta fase intermedia, es con el fin de verificar en principio si tal actuación fiscal cumple con los requisitos esenciales de ley, y que efectivamente de esos hechos, con sustento en los elementos de convicción ya citados, se evidencia que pudiera ser probable la participación de los imputados de autos en los mismos; sin embargo ello no implica que se deban tocar cuestiones que son propias del juicio oral y público, donde es necesario un debate probatorio. Por ello con los elementos de convicción ya señalados y que han servido de sustento para sostener la acusación por parte de la vindicta pública, los mismos y así se repite, son suficientes y a la vez fundados para tener como posible, la participación del ciudadano S.D.T.M., Titular de la cedula de Identidad Nº 26.652.438, en los hechos que motivaron la apertura del presente asunto penal.

Así las cosas, se tiene que, luego de revisada detalladamente el libelo acusatorio consignado el 23-12-2015, efectivamente el mismo reúne, los requisitos (esenciales) exigidos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, como son en principio señala un capítulo I referido a la identificación del imputado de autos a saber S.D.T.M., Titular de la cedula de Identidad Nº 26.652.438. Un capítulo II, referido a una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, la cual ya fue transcrita en el particular “PRIMERO” del presente dictamen, donde se evidencia en principio la fecha y hora de ocurrencia de los mismos (12-11-2015), cual fue la presunta conducta desarrollada por el ciudadano S.D.T.M., Titular de la cedula de Identidad Nº 26.652.438. Que de los hechos narrados por el Ministerio Público se evidencia un único escenario y momento de aprehensión (18-10-2015) que a todas luces por las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se suscito la misma, hace presumir la posible participación de los imputados de autos en dichos hechos, participación que fue encuadrada por el Ministerio Público como ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el articulo 5, en concordancia con el articulo 6 Numerales 1º, 2º y 3º, de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores.

En el capítulo III del libelo acusatorio, se evidencia los fundamentos de la imputación con expresión de los elementos de convicción que la motivan, colectados y utilizados de manera conjunta para todos los imputados de autos, por ser la misma calificación jurídica para todos. Un capítulo IV donde se evidencia los preceptos jurídicos aplicables, individualizando el Ministerio Público al ciudadano S.D.T.M., Titular de la cedula de Identidad Nº 26.652.438, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el articulo 5, en concordancia con el articulo 6 Numerales 1º, 2º y 3º, de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores. Un capítulo V, donde se evidencia el ofrecimiento de los medios de prueba por parte del Ministerio Público, indicando su pertinencia, y necesidad, y un petitorio consistente en la solicitud de enjuiciamiento, en contra de los imputados ya identificados por los delitos ya mencionados.

Igualmente se encuentran llenos los requisitos de procedibildiad para intentar la acción penal, por parte del estado Venezolano a través del Ministerio Público, y ello deriva por cuanto nos encontramos en presencia de un delito, de acción pública, y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita (Data: 12-11-2015). Que se tiene que, con lo indicado por el Ministerio Público en la audiencia de fecha 27-1-2016, se le da quien aquí decide una congruencia para con el tipo penal imputado en fecha 14-11-2015 al ciudadano E.S.D.T.M., Titular de la cedula de Identidad Nº 26.652.438, dando cumplimiento al criterio reiterado y p.d.T.S.d.J., en Sala Penal, sentencia N° 14 de fecha 14-2-2012, que refiere lo siguiente:

…Es criterio reiterado de la Sala de Casación Penal, la necesidad de congruencia que debe existir entre el acto de imputación y la acusación, lo cual no se observa de modo estricto en el caso de marras, donde la fiscalía, ante un cambio en la calificación debió haber imputado de nuevo, y así, pasar luego a acusar en los mismos terminitos la referida congruencia debe ser tanto positiva como negativa, vale decir, se debe acusar por los mismos delitos por los que se impute y al mismo tiempo, no se debe guardar silencio respecto de aquellos delitos por lo que se impute y no se acuse…

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Razón por la cual, conforme a lo establecido en el numeral 2º del artículo 313 del texto adjetivo penal, es que se ADMITE TOTALMENTE EL LIBELO ACUSATORIO presentado en fecha 23-11-2015; en contra del ciudadano S.D.T.M., Titular de la cedula de Identidad Nº 26.652.438, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el articulo 5, en concordancia con el articulo 6 Numerales 1º, 2º y 3º, de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en perjuicio de E.L.M.C.; aunado al hecho de que ante los hechos plasmados y los elementos de convicción colectados en el procedimiento y las consecuencia de los hechos investigados, dan a criterio de quien aquí decide, basamentos serios que permitan entrever un pronóstico de condena respecto al imputado de auto. Como consecuencia de ello se declara SIN LUGAR, la oposición que hace a dicho libelo acusatorio los ABG. A.R. Y NEHOMAR NARVAEZ, con las excepciones opuestas en fecha 19-1-2016. Y así se decide.

No evidencia quien aquí decide, ninguna circunstancia que pudiera traducirse en violación alguna garantía o derecho constitucional para decretar la nulidad peticionada por la defensa. Se evidencia en las actuaciones que los imputados de autos fueron presentados en su oportunidad legal, que se encontraba asistidos por sus defensores de confianza, que el acto conclusivo de acusación fue presentado dentro del lapso legal, e igualmente la audiencia preliminar fue fijada en su oportunidad, razón por la cual se acuerda SIN LUGAR, la solicitud de nulidad planteada por escrito de fecha 19-1-2016 Y así se decide.

De acuerdo al numeral 9º del artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal SE ADMITEN TOTALMENTE LAS PRUEBAS OFERTADAS POR EL MINISTERIO PUBLICO, es decir, expertos, testimóniales, y documentales, y otros medios de pruebas, cursantes en el capítulo “V”, siendo estos los siguientes:

EXPERTOS:

1. Expertos: Declaración del Funcionario CHAPARRO P.J.A., Adscrito a la Guardia Nacional Bolivariana, Destacamento Nº 351 del Estado Apure,

2. Testimoniales:

   1. - Testimonio de los Funcionarios Militares SM/3 D.R.D., S/1 ESCOBAR PATIÑO ALFREDO, S/2 YGUARAN S.S., adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana, Destacamento Nº 351 del Estado Apure.

   2. - Testimonio de la ciudadana E.M. (victima),

   3. - Testimonio del Funcionario CHAPARRO P.J.A., adscrito a la Guardia Nacional Bolivariana, Destacamento Nº 351 del Estado Apure.

3. DOCUMENTALES:

   1. - INSPECCION TECNICA, de fecha 15-12-15, suscrita por el funcionario CHAPARRO P.J.A.: se relaciona directamente con el hecho investigado.

4. EXPERTICIAS:

   1. - Suscrita por el funcionario J.A.C.P., adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas.

Se admiten totalmente las pruebas ofertadas por la defensa privada, las cuales a saber son las siguientes: Testimoniales de los ciudadanos J.J. MONTOYA CASANOVA, YANETZIS N.S., J.L.G.S., A.Y.B.R., J.Y.G.C., E.S.T.M. Y K.J.M.C., por constar en escrito de fecha 19-1-2016, su licitud, necesidad y pertinencia a los fines de un eventual juicio oral y público.

Las pruebas antes señaladas y que han sido admitidas por este Tribunal, son en virtud que el Ministerio Público en su libelo acusatorio, refirió en el capítulo “V”, las pruebas obtenidas durante la investigación y que efectivamente guardan relación con los hechos objetos de la presente audiencia. Resultando evidente, la necesidad, pertinencia y utilidad, de la verificaron que se le hiciera a todas y cada una de estos elementos de prueba; y las cuales son de suma importancia en el proceso penal, pues, son las que le dirán al Juez o Jueza de Juicio, una vez analizado la prueba, como fuente, como medio y finalmente como prueba propiamente dicha, que es lo que se quiere probar, contra quien se estaría probando, su importancia; es decir, como relaciono el medio de prueba con la persona o hecho que se pretende probar en el proceso. Por tanto, el oferente a saber el Ministerio Público y Defensa Privada, en esos términos, señaló en la oportunidad de la audiencia preliminar celebrada el día 27-1-2016, evidenciándose qué se propone con esos medios de pruebas, para que son llevados a juicio oral y cuál es el hecho que se va acreditar con ese medio; lo que no significa que deba revelar su estrategia probatoria que va a practicar en la audiencia de juicio oral; es por ello que quien aquí decide y así repite es que ADMITE TOTLMENTE LAS PRUEBAS OFERTADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO. Y así se decide.

Conforme a lo establecido en el artículo 313 numeral 5º del Código Orgánico Procesal Penal; se acuerda mantener en contra del ciudadano S.D.T.M., Titular de la cedula de Identidad Nº 26.652.438, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el articulo 5, en concordancia con el articulo 6 Numerales 1º, 2º y 3º, de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en perjuicio de E.L.M.C., en razón a que, no han variado los supuestos por los cuales fue decretada la misma, es decir aun persisten los supuestos de los artículos 236 numerales 1º 2º 3º y 237 numerales 2º 3º y Parágrafo Primero del Código Orgánico Procesal Penal, y como consecuencia de ello se declara SIN LUGAR, la solicitud de revisión de la medida requerida por la defensa privada. Y así se decide.

No habiendo admitido el acusado S.D.T.M., Titular de la cedula de Identidad Nº 26.652.438, los hechos conforme al artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, se declara concluida la fase intermedia del presente proceso y se procederá a publicar el correspondiente auto de apertura a juicio oral y público, en el lapso de ley, y conforme a las previsiones del artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.

DISPOSITIVA

Por los razonamientos antes expuestos este Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial penal del Estado Apure, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, conforme a lo establecido en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, así como el contenido de la sentencia Nº 942 de fecha 21-7-2015 emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales, emite el siguiente pronunciamiento:

Se ADMITE TOTALMENTE EL LIBELO ACUSATORIO consignado en fecha 24-11-2015; en contra del ciudadano S.D.T.M., Titular de la cedula de Identidad Nº 26.652.438, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el articulo 5, en concordancia con el articulo 6 Numerales 1º, 2º y 3º, de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en perjuicio de E.L.M.C.; ello conforme a lo establecido en el artículo 313 numeral 2º del Código Orgánico Procesal Penal.

Se admiten totalmente las pruebas ofertadas por el Ministerio Público en su libelo acusatorio, consignado el 23-12-2015, así como las pruebas de la defensa ofertadas el 19-1-2016, todo conforme a lo establecido en el artículo 313 numeral 9º del Código Orgánico Procesal Penal.

En virtud del principio de comunidad de la prueba, se tiene como pruebas de los defensores privados y del defensor público las ofertadas por el Ministerio Público y admitidas por éste Tribunal.

Se mantiene en contra del ciudadano S.D.T.M., Titular de la cedula de Identidad Nº 26.652.438, la Medida de Privación Judicial Preventiva de libertad impuesta en fecha 14-11-2015, ello conforme a lo establecido en el artículo 313 numeral 5º del Código Orgánico Procesal Penal.

Ante la no admisión de los hechos de los ciudadanos E.J.P.O., titular de la cedula de identidad Nº V- 26.102.498, se declara concluida la FASE INTERMEDIA, y se procederá a la publicación del correspondiente auto de apertura a juicio dentro del lapso correspondiente.

Dada sellada y firmada en la sala de audiencias de este Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control, del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, a los veintisiete (27) días del mes de enero del 2016. Cúmplase.

ABG. E.M.B.L..

Juez Primero de Control

ABG. J.A.M.L..

Secretario

Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede.-----------------

ABOG. J.A.M.L..

Secretario

ASUNTO PENAL: 1C-20426-15

EMB/..-

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE

TRIBUNAL PRIMERO DE CONTROL

San F.d.A., 27 de enero de 2016.

205º y 156°

AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL Y PUBLICO

ASUNTO PENAL Nº 1C-20.426-15

CAUSA N° 1C-20.426-16

JUEZ : ABOG. E.M.B.L..

SECRETARIA: ABOG. ARADAMIS FARFAN.

FISCALIA: ABG. J.R.C.

VICTIMA: E.L.M.C.

IMPUTADO: S.D.T.M., Titular de la cedula de Identidad Nº 26.652.438.

DEFENSA PRIVADA: ABG. NEOMAR NARVAEZ Y ABG. A.R..

DELITO: ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR

Celebrada como fue la Audiencia Preliminar en fecha 27-1-2016, por la acusación presentada por la Fiscalía Décima Sexta del Ministerio Público del Estado Apure, representada en este acto por la ABG. J.R., en contra de los ciudadanos S.D.T.M., Titular de la cedula de Identidad Nº 26.652.438; por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el articulo 5, en concordancia con el articulo 6 Numerales 1º, 2º y 3º, de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en perjuicio de E.L.M.C., en audiencia celebrada en esta misma fecha, conforme a las previsiones del artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal, asistidos los imputados de autos por los defensores privados ABG. NEHOMAR NARVAEZ Y A.R.; oídos los fundamentos de las peticiones formuladas por el Representante Fiscal, así como por los defensores, en presencia de las partes, este Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, con sede en la ciudad de San Fernando, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, conforme a lo establecido en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, así como el contenido de la sentencia Nº 942 de fecha 21-7-2015 emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales, se emiten los siguientes pronunciamientos:

I

DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

El presente asunto penal se inicia en la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público, se le sigue al ciudadano S.D.T.M., Titular de la cedula de Identidad Nº 26.652.438; por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el articulo 5, en concordancia con el articulo 6 Numerales 1º, 2º y 3º, de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en perjuicio de E.L.M.C.. Defensores privados: ABG. NEHOMAR NARVAEZ Y A.R..

II

DE LA RELACIÓN CLARA PRECISA Y CIRCUNTANCIADA DE LOS HECHOS, SU CALIFICACIÓN JURIDICA y ADMISION DE LA ACUSACION.

Se desprenden de las actas de investigación, así como de la narración de los hechos, contentivos todos en la acusación formal presentada por la Representante Fiscal, que los hechos en que fue fundamentada la misma son los siguientes:

…que el día doce (12) de noviembre del año dos Mil Quince (2015) siendo aproximadamente las seis y treinta (06:30) p.m; la ciudadana E.L.M.C. (victima) se encontraba en una bodega de la Urbanización E.Z. cuando dos sujetos a bordo de una moto, se le pararon a un lado y el copiloto le dijo que le entregara la moto con la mano metida en la cintura, insistiéndole que se bajara de la moto, en ese momento saco un arma diciéndole que caminara y que no lo viera, el mismo agarro la moto y se fueron cada uno en una moto, momentos después funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana, se encontraban realizando labores de patrullaje, cuando recibieron llamada telefónica donde les fue informado que en la urbanización La Guamita, en la parte posterior de una vivienda se encontraban unos sujetos desvalijando un vehículo tipo moto, se trasladaron hasta el sitio en mención, observando una construcción de bloques con cerca de alfajol, en la cual se encontraban tres ciudadanos y un vehículo tipo moto sin sus tapas y sin batería, a los mismos se les solicitó la documentación de la respectiva moto, manifestando éstos no poseerlas, por lo que les fue informado que se encontraban detenidos aprehensión flagrancia…

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Como ha sido criterio reiterado no solo de quien aquí decide, si no de los demás Tribunales de Control de la República, por mandato legal y Constitucional, se debe analizar dos puntos de suma importancia que debe contener el libelo acusatorio, como son los requisitos establecidos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, que están intrínsicos con lo que se denomina control formal de la acusación, y el otro punto es el control material de la acusación, que se debe aplicar igualmente al libelo acusatorio. Sobre este segundo punto, ha sido clara la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia vinculante Nº 1303 de fecha 20-6-2005, con ponencia del Magistrado FRANCISCO ANTONIO CARRSQUERO LOPEZ, donde se estableció lo siguiente:

En lo que se refiere a la audiencia preliminar, debe destacarse que es en ésta donde se puede apreciar con mayor claridad la materialización del control de la acusación, ya que en la misma, es donde se lleva a cabo el análisis de si existen motivos para admitir la acusación presentada por el Ministerio Público y la de la víctima, si fuere el caso. En este sentido, en esta audiencia se estudian los fundamentos que tomó en cuenta el Fiscal del Ministerio Público para estimar que existen motivos para que se inicie un juicio oral y público contra el acusado realizando el Juez el mencionado estudio, una vez que haya presenciado las exposiciones orales de las partes involucradas en el proceso penal...

Que así mismo estableció la Sala constitucional, en sentencia N° 452-2004, del 24 de marzo, lo siguiente:

“...es en la audiencia preliminar cuando el Juez de Control determina la viabilidad procesal de la acusación fiscal, de la cual dependerá la existencia o no del juicio oral. Es decir, durante la celebración de la audiencia preliminar se determina –a través del examen del material aportado por el Ministerio Público- el objeto del juicio y si es “probable” la participación del imputado en los hechos que se le atribuyen...”

Así las cosas, se tiene que, si bien es cierto estos controles que se deben aplicar al acto conclusivo de acusación en esta fase intermedia, es con el fin de verificar en principio si tal actuación fiscal cumple con los requisitos esenciales de ley, y que efectivamente de esos hechos, con sustento en los elementos de convicción ya citados se evidencia que pudiera ser probable la participación de los imputados de autos en los mismos; sin embargo ello no implica que se deban tocar cuestiones que son propias del juicio oral y público, donde es necesario un debate probatorio. Por ello con los elementos de convicción ya señalados y que han servido de sustento para sostener la acusación por parte de la vindicta pública, los mismos y así se repite, son suficientes y a la vez fundados para tener como posible, la participación del ciudadano S.D.T.M., Titular de la cedula de Identidad Nº 26.652.438; en los hechos que motivaron la apertura del presente asunto penal.

Así las cosas, se tiene que, luego de revisada detalladamente el libelo acusatorio consignado el 23-12-2015, efectivamente el mismo reúne, los requisitos (esenciales) exigidos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, como son en principio señala un capítulo I referido a la identificación de los imputados de autos a saber S.D.T.M., Titular de la cedula de Identidad Nº 26.652.438; Un capítulo II, referido a una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, la cual ya fue transcrita en el particular “PRIMERO” del presente dictamen, donde se evidencia en principio la fecha y hora de ocurrencia de los mismos (12-11-2015), cual fue la presunta conducta desarrollada por los ciudadanos S.D.T.M., Titular de la cedula de Identidad Nº 26.652.438. Que de los hechos narrados por el Ministerio Público se evidencia un único escenario y momento de aprehensión (12-11-2015) que a todas luces por las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se suscito la misma, hace presumir la posible participación de los imputados de autos en dichos hechos, participación que fue encuadrada por el Ministerio Público como ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el articulo 5, en concordancia con el articulo 6 Numerales 1º, 2º y 3º, de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en perjuicio de E.L.M.C..

En el capítulo III del libelo acusatorio, se evidencia los fundamentos de la imputación con expresión de los elementos de convicción que la motivan, colectados y utilizados de manera conjunta para todos los imputados de autos, por ser la misma calificación jurídica para todos. Un capítulo IV donde se evidencia los preceptos jurídicos aplicables, individualizando el Ministerio Público al ciudadano S.D.T.M., Titular de la cedula de Identidad Nº 26.652.438; por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el articulo 5, en concordancia con el articulo 6 Numerales 1º, 2º y 3º, de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en perjuicio de E.L.M.C.. Un capítulo V, donde se evidencia el ofrecimiento de los medios de prueba por parte del Ministerio Público, indicando su pertinencia, y necesidad, y un petitorio consistente en la solicitud de enjuiciamiento, en contra de los imputados ya identificados por los delitos ya mencionados.

Igualmente se encuentran llenos los requisitos de procedibildiad para intentar la acción penal, por parte del estado Venezolano a través del Ministerio Público, y ello deriva por cuanto nos encontramos en presencia de un delito, de acción pública, y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita (Data: 12-11-2015). Que se tiene que, con lo indicado por el Ministerio Público en la audiencia de fecha 27-1-2016, se le da quien aquí decide una congruencia para con el tipo penal imputado en fecha 14-11-2015 al ciudadano S.D.T.M., Titular de la cedula de Identidad Nº 26.652.438; dando cumplimiento al criterio reiterado y p.d.T.S.d.J., en Sala Penal, sentencia N° 14 de fecha 14-2-2012, que refiere lo siguiente:

…Es criterio reiterado de la Sala de Casación Penal, la necesidad de congruencia que debe existir entre el acto de imputación y la acusación, lo cual no se observa de modo estricto en el caso de marras, donde la fiscalía, ante un cambio en la calificación debió haber imputado de nuevo, y así, pasar luego a acusar en los mismos terminitos la referida congruencia debe ser tanto positiva como negativa, vale decir, se debe acusar por los mismos delitos por los que se impute y al mismo tiempo, no se debe guardar silencio respecto de aquellos delitos por lo que se impute y no se acuse…

.

Razón por la cual, conforme a lo establecido en el numeral 2º del artículo 313 del texto adjetivo penal, es que se ADMITE TOTALMENTE EL LIBELO ACUSATORIO presentado en fecha 23-12-2015; en contra del ciudadano S.D.T.M., Titular de la cedula de Identidad Nº 26.652.438; por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el articulo 5, en concordancia con el articulo 6 Numerales 1º, 2º y 3º, de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en perjuicio de E.L.M.C.. Y así se decide.

III

DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS

De acuerdo al numeral 3º del artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal SE ADMITEN TOTALMENTE LAS PRUEBAS OFERTADAS POR EL MINISTERIO PUBLICO, es decir, expertos, testimóniales, y documentales, y otros medios de pruebas, cursantes en el capítulo “V”, siendo estos los siguientes:

EXPERTOS:

1. Expertos: Declaración del Funcionario CHAPARRO P.J.A., Adscrito a la Guardia Nacional Bolivariana, Destacamento Nº 351 del Estado Apure,

2. Testimoniales:

   1. - Testimonio de los Funcionarios Militares SM/3 D.R.D., S/1 ESCOBAR PATIÑO ALFREDO, S/2 YGUARAN S.S., adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana, Destacamento Nº 351 del Estado Apure.

   2. - Testimonio de la ciudadana E.M. (victima),

   3. - Testimonio del Funcionario CHAPARRO P.J.A., adscrito a la Guardia Nacional Bolivariana, Destacamento Nº 351 del Estado Apure.

3. DOCUMENTALES:

   1. - INSPECCION TECNICA, de fecha 15-12-15, suscrita por el funcionario CHAPARRO P.J.A.: se relaciona directamente con el hecho investigado.

4. EXPERTICIAS:

   1. - Suscrita por el funcionario J.A.C.P., adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas.

Se admiten totalmente las pruebas ofertadas por la defensa privada, las cuales a saber son las siguientes: Testimoniales de los ciudadanos J.J. MONTOYA CASANOVA, YANETZIS N.S., J.L.G.S., A.Y.B.R., J.Y.G.C., E.S.T.M. Y K.J.M.C., por constar en escrito de fecha 19-1-2016, su licitud, necesidad y pertinencia a los fines de un eventual juicio oral y público.

Las pruebas antes señaladas y que han sido admitidas por este Tribunal, son en virtud que el Ministerio Público en su libelo acusatorio, refirió en el capítulo “V”, las pruebas obtenidas durante la investigación y que efectivamente guardan relación con los hechos objetos de la presente audiencia. Resultando evidente, la necesidad, pertinencia y utilidad, de la verificaron que se le hiciera a todas y cada una de estos elementos de prueba; y las cuales son de suma importancia en el proceso penal, pues, son las que le dirán al Juez o Jueza de Juicio, una vez analizado la prueba, como fuente, como medio y finalmente como prueba propiamente dicha, que es lo que se quiere probar, contra quien se estaría probando, su importancia; es decir, como relaciono el medio de prueba con la persona o hecho que se pretende probar en el proceso. Por tanto, el oferente a saber el Ministerio Público y Defensa Privada, en esos términos, señaló en la oportunidad de la audiencia preliminar celebrada el día 27-1-2016, evidenciándose qué se propone con esos medios de pruebas, para que son llevados a juicio oral y cuál es el hecho que se va acreditar con ese medio; lo que no significa que deba revelar su estrategia probatoria que va a practicar en la audiencia de juicio oral; es por ello que quien aquí decide y así repite es que ADMITE TOTLMENTE LAS PRUEBAS OFERTADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA DEFENSA PRIVADA. Y así se decide.

IV

DE LA ORDEN DE ABRIR EL JUICIO ORAL Y PUBLICO. Y DEL EMPLAZAMIENTO A LAS PARTES.

No habiendo admitido la ciudadana acusada de autos, los hechos conforme al artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, se ordena la APERTURA A JUICIO ORAL Y PUBLICO de la presente causa, conforme al artículo 314 numeral 4º ejusdem, seguida al ciudadano S.D.T.M., Titular de la cedula de Identidad Nº 26.652.438; por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el articulo 5, en concordancia con el articulo 6 Numerales 1º, 2º y 3º, de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en perjuicio de E.L.M.C.. Como consecuencia de ello se declara CONCLUIDA LA FASE INTERMEDIA y se emplaza a las partes para que en el lapso de cinco (05) días hábiles siguientes al presente pronunciamiento concurran ante el Juez de Juicio. Se instruye al ciudadano secretario para que remita al Tribunal de Juicio correspondiente las presentes actuaciones una vez firme la presente decisión, todo de conformidad al artículo 314 numerales 5° y 6° del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.

DISPOSITIVA

Por los razonamientos antes expuestos este Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial penal del Estado Apure, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, conforme a lo establecido en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, así como el contenido de la sentencia Nº 942 de fecha 21-7-2015 emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales, emite el siguiente pronunciamiento:

Se ADMITE TOTALMENTE EL LIBELO ACUSATORIO consignado en fecha 23-12-2015; en contra del ciudadano S.D.T.M., Titular de la cedula de Identidad Nº 26.652.438; por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el articulo 5, en concordancia con el articulo 6 Numerales 1º, 2º y 3º, de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en perjuicio de E.L.M.C.; ello conforme a lo establecido en el artículo 314 numeral 2º del Código Orgánico Procesal Penal.

Se admiten totalmente las pruebas ofertadas por el Ministerio Público en su libelo acusatorio, consignado el 27-12-2015, así como las pruebas de la defensa privada ofertadas el 19-1-2016, todo conforme a lo establecido en el artículo 314 numeral 3º del Código Orgánico Procesal Penal.

En virtud del principio de comunidad de la prueba, se tiene como pruebas de los defensores privados y del defensor público las ofertadas por el Ministerio Público y admitidas por éste Tribunal.

Ante la no admisión de los hechos del ciudadano S.D.T.M., Titular de la cedula de Identidad Nº 26.652.438; por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el articulo 5, en concordancia con el articulo 6 Numerales 1º, 2º y 3º, de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en perjuicio de E.L.M.C., se declara concluida la FASE INTERMEDIA, y se ordena la APERTURA A JUICIO ORAL Y PUBLICO de la presente causa, conforme al artículo 314 numeral 4º ejusdem.

Dada sellada y firmada en la sala de audiencias de este Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control, del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, a los veintisiete (27) días del mes de enero del 2016. Cúmplase.

ABG. E.M.B.L..

Juez Primero de Control

ABG. J.A.M.L..

Secretario

Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede.-----------------

ABOG. J.A.M.L..

Secretario

ASUNTO PENAL: 1C-20426-15

EMB/..-