Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Miranda, de 30 de Abril de 2015

En la oportunidad de celebración de la Audiencia de Juicio, la parte recurrente consignó escrito de promoción y ratificación de medios probatorios en el siguiente orden:

a) Documental cursante a los folios 02 al 97, de la pieza denominada EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO I, Copias Certificadas del Expediente Administrativo Nº 017-2013-01-00608, (nomenclatura de la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy), relativo al procedimiento de Reenganche y Pago de Salarios Caídos incoado por la ciudadana Y.E. en contra la entidad de trabajo INDUSTRIAS ALIMENTICIAS H.D.V., S.A.

De la referida documental se evidencia, procedimiento de Solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos y Demás Beneficios Dejados de Percibir incoado por la ciudadana Y.E.A., el cual fue interpuesto en fecha 04/06/2013, en contra de la Entidad de Trabajo INDUSTRIAS ALIMENTICIAS H.D.V., S.A., se desprende que la trabajadora prestó servicios bajo el cargo de Ayudante de Producción desde el día 03/01/2013 hasta el 31/05/2013, fecha en la cual fue objeto de un despido, no obstante estar amparado por la inamovilidad prevista en el Decreto Presidencial Nº 8.732 de fecha 24/12/2011 publicado en Gaceta Oficial Nº 39.828 de fecha 26/12/2011, el Decreto Presidencial Nº 8.938 de fecha 30/04/2012, publicado en Gaceta Oficial Nº 6.076, la inamovilidad prevista en el Decreto Presidencial prevista en el Decreto 9.322, de fecha 27/12/2012, y en los artículo 94, y 418 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras; en tal sentido, el ente administrativo mediante auto de fecha 06/06/2013, ordenó el reenganche del trabajador a su puesto de trabajo, así como el pago de los salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir; el día 15/08/2013 la Inspectoría del Trabajo dictó Acta de Ejecución de Reenganche / Restitución, ordenando el traslado a la sede de la entidad de trabajo, a los fines de materializar el Reenganche, en la cual se acordó la apertura de la articulación probatoria establecida en el numeral 7 del artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, en virtud de que la entidad de trabajo indicó que no hubo despido, sólo la culminación de un contrato a tiempo determinado; ambas partes procedieron a consignar las respectivas pruebas. En fecha 20/08/2013, ambas partes consignaron en sede administrativa su escrito de promoción de pruebas, las cuales fueron providenciadas ese mismo día (20/08/2013). En fecha 16/12/2013 la referida Inspectoría del Trabajo, dictó P.A. Nº 00172 de conformidad con las normas y principios establecidos en los Artículos 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículos 94, 339, 418, 420, 425, 547, 531, 538 y 553 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras y el artículo 8 de la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, así como el Decreto Presidencial vigente y el artículo 483 del Código Penal, declarándose CON LUGAR el reenganche y pago de salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir desde la fecha en que fue despedido (31/05/2013), hasta el efectivo reenganche; de igual forma, se desprende que la Entidad de Trabajo, fue notificada de la referida P.A. en fecha 17/12/2013, oportunidad en la cual se dejó constancia del cumplimiento de la orden de reenganche del trabajador y en fecha 20/12/2013 se pagaron los salarios caídos y los demás beneficios laborales dejados de percibir por el trabajador.

Ahora bien, siendo que la referida documental es un documento público de carácter administrativo, cuya presunción de la veracidad de su contenido tiene un carácter relativo, es decir, iuris tantum, desvirtuable por prueba en contrario y visto que dichas documentales no fueron atacadas ni desvirtuadas por otro medio probatorio; en consecuencia, este Juzgado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil Venezolano, le otorga pleno valor probatorio. Y ASÍ SE ESTABLECE.

b) Adjunto al escrito de promoción de pruebas consignó marcado con el número “3”, documental que consta a los folios 129 al 134, de la pieza I, constante de seis (06) folios útiles, original Contrato de Trabajo a Tiempo Determinado, celebrado entra la ciudadana Y.E., titular de la cédula de identidad Nro. V- 13.218.583 y la Entidad de Trabajo INDUSTRIAS ALIMENTICIAS H.D.V., S.A.

Con relación al referido instrumento probatorio, este Tribunal evidencia que el mismo fue presentado en original, no obstante a ello, dicho instrumento probatorio riela desde el folio 14 al 19, de la pieza denominada Expediente Administrativo II, proveniente de la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy, recibido en copias certificadas, mediante auto de fecha 04 de Junio de 2014; de dicha documental se desprende que entre la Entidad de Trabajo INDUSTRIAS ALIMENTICIAS H.D.V., S.A., y la ciudadana Y.E., titular de la cédula de identidad Nro. V- 13.218.583, existió un vínculo laboral bajo la figura de un contrato de trabajo, dicho contrato fue denominado “Contrato de trabajo a Tiempo Determinado”, con vigencia desde el 03/01/2013 al 31/05/2013, ambas fechas inclusive; de igual forma se observa que las partes convinieron en contratar “para realizar actividades extraordinarias, en la Producción de salchicha , y cubrir pedidos extraordinarios de este producto a clientes externos, por alta demanda de Producción en los meses de Agosto a Mayo del 2013, que se lleva acabo en los actuales momentos en LA EMPRESA”; asimismo se evidencia que el cargo del trabajador era AYUDANTE DE PRODUCCIÓN, del Departamento de Logística, con un salario mensual de DOS MIL CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 2.047,52) y que las funciones desempeñadas por el mismo serían:

a.- Apoyar al Operador para armar el equipo (maquinarias de empaque y embutidos) a fin de iniciar la operación.

b.- Buscar insumos de empaque para la tiromat, MPNC y MPC a fin de abastecer la estación de trabajo.

c.- Cargar los carros ahumaderos con varillas de salchichas de acuerdo al programa de producción, y trasladarlo hasta el área de cocción (horno).

d.- Verificar y registrar en el formato de embutidoras el peso de las distintas referencias de salchichas, el lote de producción, el número de orden de trabajo, cantidad de carros por baches, y el desperdicio de masa y tripa.

e.- Verificar que los materiales de trabajo estén disponibles y ubicados en el lugar apropiado.

f.- Dosificar materia p.c. congelada, en bloques al raspador

Suplir al operador de las maquinas cuando sea necesario autorizado por el supervisor.

g.- Organizar los carros ahumaderos vacios, ya sea dentro de la cava 208 o en el área de cocción.

h.- Realizar inventario diario de producto en proceso, así como pesar los recortes y reportarlos a la Materia P.C. y Control de Piso, previa autorización del Coordinador de Turno.

k.- Separar las puntas en los extremos de las ristras, a fin de facilitar el proceso de pelado.

l.- Organizar y distribuir los implementos necesarios (mesones y coladores) en el área de empaque.

m.- Clasificar y pesar el reproceso (recortes) según su referencia, así como registrarlo y reportarlo al coordinador de turno.

n.- Contar y colocar el producto pelado sobre la buchaca de la tiromat (máquina), según la asignación del coordinador.

ñ.- Apoyar en el pelado manual o automático del producto, en caso de ser requerido.

o.- Verificar lote de producto, fecha de vencimiento y elaboración, colocar el producto empacado en cajas, y realizar operación de sellado de las mismas.

p.- Registrar en formato la información del número de lote, kilogramos empacados, orden de trabajo y diferentes códigos de trabajo.

q.- Programar el equipo Cebra (impresora) con la orden de trabajo, lote de producción y código de producto, según referencia.

r.- Realizar el control de pesaje y regístralo en el formato establecido, colocar el ticket de pesaje en las cajas de productos, previo armado de las cajas; Arrumar cajas de acuerdo a la referencia preestablecida.

s.- Organizar el producto en proceso ubicado dentro de la cava según lineamientos y secuencia establecida por su supervisor.

t.- Alistar y acondicionar las cestas para almacenar el producto que será cortado.

u.- Contar y colocar el producto pelado sobre la buchaca de la tiromat (máquina), según la asignación del coordinador.

v.- Colaborar y apoyar en otras líneas de Producción que sea necesario con autorización del supervisor.

w. Limpiar y desinfectar equipos de maquinarias, implementos, utensilios y el área de empaque y embutidos en general (parees, piso, techo) y mantener las buenas prácticas de fabricación.

Así mismo, se desprende que el horario convenido entre las partes en el referido contrato es rotativo, es decir, de lunes a viernes, en el primer turno: en la tarde de 03:15 p.m. hasta las 05:00 p.m.; y tarde desde las 05:30 p.m. hasta las 11:15 p.m., para un total de 44 horas semanales, y dos (02) días de descanso a la semana. Igualmente se evidencia que dicho contrato se encuentra suscrito por las partes –trabajador y entidad de trabajo, con las huellas dactilares respectivas.

En esta perspectiva, de la revisión efectuada al expediente administrativo se desprende que el Contrato de Trabajo a Tiempo Determinado, supra mencionado fue impugnado por la parte accionante en sede administrativa, -hoy tercero interesado-, fundamentando su impugnación en que el Contrato de Trabajo, consignado por la Entidad de Trabajo, -parte accionada en sede administrativa, hoy recurrente-, no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, no haciéndolo valer la representación de la entidad de trabajo, a los efectos de desvirtuar lo alegado por su contraparte. Al respecto se evidencia que en la P.A. la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy, de conformidad con la impugnación realizada por el trabajador, procedió a determinar que el vínculo que unió a las partes fue por un contrato de trabajo a tiempo indeterminado, por lo que el trabajador fue despedido injustificadamente, a pesar de estar amparado por la inamovilidad laboral especial, contenida en el Decreto Presidencial vigente y la prevista en la normativa laboral vigente; en consecuencia este Tribunal de conformidad con lo dispuesto en los artículos 429 y 444 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.363 del Código Civil Venezolano, les otorga pleno valor probatorio. Y ASÍ SE ESTABLECE.

c) Adjunto al escrito de promoción de pruebas consignó marcado con el número “4”, documental que consta a los folios 135 al 137, de la pieza I, constante de tres (03) folios útiles, en el siguiente orden:

4.1) Cursante al folio 135, Original con firma y sello húmedo, Acta emanada de la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, en fecha 20/12/2013.

4.2) Consta al folio 136, Copia simple con firma y sello húmedo en original, correspondiente a Cheque Nº 03826638, de fecha 20/12/2013, por la cantidad de Bs. 41.477,72, girado contra el Banco PROVINCIAL a favor de la ciudadana Y.E..

4.3) Riela al folio 137, Original con firma y sello húmedo, Calculo de Salarios Caídos correspondiente al periodo 03/06/2013 al 17/12/2013, de la ciudadana Y.E., realizado por la Sociedad Mercantil INDUSTRIAS ALIMENTICIAS H.D.V., S.A..

De las documentales que anteceden, este Juzgado observa que las mismas fueron presentadas en original –a excepción del Cheque Nº 03826638, que fue presentado en copia simple con firma y sello húmedo en original-, no obstante a ello, dichos instrumentos probatorios rielan 79, 96 y 97, respectivamente, de la pieza denominada Expediente Administrativo II, proveniente de la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy, recibido en copias certificadas, mediante auto de fecha 04 de Junio de 2014; de dichas documental este Tribunal evidencia que en fecha 20/12/2013 el ente administrativo, levantó Acta mediante la cual dejó constancia que la Entidad de Trabajo accionada –en sede administrativa- procedió a cancelar al trabajador, la cantidad de CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE BOLÍVARES CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 41.477,72) por concepto de salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir, a tal efecto se observa copia simple de Cheque Nº 03826638, de fecha 20/12/2013, por la cantidad de Bs. 41.477,72, girado contra el Banco PROVINCIAL a favor de la ciudadana Y.E. -la trabajadora-, de la cual se evidencia firma y huella dactilar en original de la trabajadora, así como firma y sello húmedo en original por parte de un representante de la Sala de Fueros de la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy (F. 136 P.P.I.); del mismo modo se observa que la Entidad de Trabajo, realizó Cálculo de Salarios Caídos, así como el pago de los cestat ticket desde el día 03/06/2013 hasta el 17/12/2013, de la ciudadana Y.E., el cual arrojó un monto que asciende a la cantidad de TREINTA MIL BOLÍVARES CON TRESCIENTOS OCHO BOLÍVARES CON TRES CÉNTIMOS (Bs. 30.308,03) por concepto de salarios caídos, y ONCE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 11.169,69) por concepto de Utilidades 2012/2013, lo cual totaliza la cantidad de CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE BOLÍVARES CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 41.477,72), de la cual se evidencia firma y huella dactilar en original de la del trabajadora, así como firma y sello húmedo en original por parte de un representante de la Sala de Fuero de la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy.

En este contexto, siendo que la documental identificada en el numeral 4.1) del particular c), es un documento público de carácter administrativo, cuya presunción de la veracidad de su contenido tiene un carácter relativo, es decir iuris tantum, desvirtuable por prueba en contrario y visto que dicha documental no fue atacada ni desvirtuada por otro medio probatorio; en consecuencia, este Juzgado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil Venezolano, le otorga pleno valor probatorio. Y ASÍ SE ESTABLECE.

Con respecto a las documentales señaladas en los particulares 4.2) y 4.3) del particular c) se verifica que corresponden a documentos de carácter privado reconocidos o tenido legalmente por reconocidos, toda vez que, no fueron atacados ni impugnados por la parte contraria; en consecuencia, este Juzgado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 429 y 444 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.363 del Código Civil Venezolano, les otorga pleno valor probatorio. Y ASÍ SE ESTABLECE.

Segundo: Adjunto al escrito recursivo se puede extraer las siguientes documentales:

Cursante a los folios 35 al 46, 50 al 55, 77 al 79 de la pieza I del expediente, copia simple de los siguientes elementos: a) P.A. Nº 00172, de fecha 16/12/2013, dictada por la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy, en el expediente administrativo Nº 017-2013-01-00608, contentivo del procedimiento que por Reenganche y Pago de Salarios Caídos interpuesto por la ciudadana Y.E. en contra la Entidad de Trabajo INDUSTRIAS ALIMENTICIAS H.D.V., S.A., que declaró Con Lugar dicho procedimiento; b) Boleta de Notificación, librada por la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy, dirigida a la accionada en sede administrativa –hoy recurrente-, Sociedad Mercantil INDUSTRIAS ALIMENTICIAS H.D.V., S.A., recibida por la ciudadana J.S., titular de la cédula de identidad Nº V-12.052.489, relativa al expediente administrativo Nº 017-2013-01-00608. c) Acta de Ejecución de Reenganche de fecha 15/08/2013 donde se ordenó la apertura de una articulación probatoria; d) Contrato de Trabajo a Tiempo Determinado; e) Acta de ejecución de reenganche de fecha 17/1272013 y f) Acta de pago de salarios caídos y demás beneficios de fecha 20/12/2013 emanada de la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy, mediante la cual se deja constancia del pago de los salarios caídos y demás beneficios por la cantidad de Bs. 41.477,72 así como el cálculo de los salarios caídos y copia del cheque pagado por tal concepto, por lo que solicitó el cierre y archivo del expediente.

Ahora bien, desglosadas las documentales que anteceden, es menester indicar que, todas ellas fueron promovidas por la parte Recurrente entidad de trabajo Industrias Alimenticias H.d.V., S.A., en la oportunidad de la celebración de la Audiencia de Juicio, cuya valoración se realizó en el acápite primero que corresponde a las pruebas promovidas por la parte Recurrente antes mencionada; siendo ello así y visto que son las mismas documentales que ya fueron valoradas por este Tribunal; resulta inoficioso emitir nuevamente el mismo pronunciamiento; en tal sentido, se da por reproducido en este particular, la valoración que recayó en las pruebas identificadas en el particular primero de la presente decisión, que se correspondan con las detalladas en este particular segundo. Y ASI SE ESTABLECE.

PRUEBAS DE LA PARTE RECURRIDA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Mediante Acta de Audiencia de Juicio celebrada por este Tribunal en fecha 02/07/2014 (f. 108 al 112, P.P.I), se dejó constancia de la comparecencia de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en su carácter de Representante de la parte recurrida INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA; no obstante a ello, se observa que durante la audiencia de juicio la recurrida NO consignó escrito de promoción de pruebas, ni promovió medios probatorios de los legalmente establecidos en tal sentido, no existe material probatorio alguno sobre el cual emitir pronunciamiento. Y ASI SE ESTABLECE.

PRUEBAS DEL TERCERO INTERESADO

CIUDADANA Y.E.A.

En la oportunidad de celebración de la Audiencia de Juicio, el tercero interesado consignó escrito de promoción de pruebas, promoviendo la siguiente documental marcada con letra “A”, la cual riela al folio 139 de la pieza I, constante de un (01) folio útil, identificada de la siguiente forma:

• En la parte superior copia al carbón de Recibo de Pago, relativo a la ciudadana Y.E., emitido por la sociedad mercantil INDUSTRIAS ALIMENTICIAS H.D.V. S.A., correspondiente al periodo, 28/04/2014 al 04/05/2014.

• En la parte inferior copia al carbón de Recibo de Pago, relativo a la ciudadana Y.E., emitido por la sociedad mercantil INDUSTRIAS ALIMENTICIAS H.D.V. S.A., correspondiente al periodo, 05/05/2014 al 11/05/2014.

En referencia al mencionado instrumento probatorio se evidencia que la Entidad de Trabajo, emitió recibos de pago a favor de la trabajadora, ciudadana Y.E.A., –hoy tercero interesado-, los cuales corresponden al período comprendido entre el 28/04/2014 al 04/05/2014 y desde el 05/05/2014 al 11/05/2014, en tal sentido, este Juzgado visto que la fecha de emisión de los referidos recibos de pago es posterior a la P.A. recurrida, la cual fue dictada en fecha 16/12/2013, y posterior al pago de los salarios caídos y demás beneficios laborales, por lo que dicho instrumento NO guarda relación con los hechos controvertidos en el presente procedimiento, siendo impertinente con lo debatido en el presente juicio, en razón del tiempo; en este contexto, no se le otorga valor probatorio alguno y en consecuencia se desechan del proceso. Y ASÍ SE ESTABLECE.

DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO RECIBIDO DE LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY

Recibidas como fueron las copias certificadas del Expediente Administrativo Nro. 017-2013-01-00608, mediante oficio Nro. 0310/14, de fecha 03/06/2014, emanado de la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda, contentivo de la solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos y Demás Beneficios Dejados de Percibir, interpuesta por la ciudadana Y.E.A., titular de la cédula de identidad número V-13.218.583, contra la Entidad de Trabajo antes identificada, el cual culminó en la P.A.N.., 00172, de fecha 16/12/2013, que declaró CON LUGAR la solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos interpuesto por la ciudadana Y.E.A., contra la Entidad de Trabajo INDUSTRIAS ALIMENTICIAS H.D.V., S.A.; es de imperiosa necesidad para esta Juzgadora, hacer especial énfasis en la siguiente documental:

1) Riela al folio 64, del Expediente Administrativo I, copia certificada de diligencia suscrita en fecha 26/08/2013, por la ciudadana Y.E.A., debidamente asistido en este acto por la Procuradora de Trabajadores Abogada M.U.L.M., inscrita en el I.P.S.A. bajo el Nro. 97.459.

En lo que respecta a la referida documental, se observa que la ciudadana Y.E.A., asistida en este acto por la Procuradora de Trabajadores Abogada M.U.L.M., presentó diligencia ante la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy, mediante la cual impugnó el contrato de trabajo a tiempo determinado, consignado por la Entidad de Trabajo INDUSTRIAS ALIMENTICIAS H.D.V., S.A., alegando a tal efecto que el referido contrato no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras.

En esta perspectiva, siendo que la referida documental es un documento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, este Juzgado en consecuencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 429 y 444 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.363 del Código Civil Venezolano, le otorga pleno valor probatorio. Y ASÍ SE ESTABLECE.

DE LA OPINIÓN FISCAL

Este Juzgado evidencia desde el folio 170 al 181 de la Pieza I del presente expediente, Escrito Nº F31NNCAT-123-2014 de fecha 06/08/2014, emanado de la FISCALÍA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL MINISTERIO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL CON COMPETENCIA EN MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIO, mediante el cual dicha representación fiscal presenta escrito de opinión fiscal en los siguientes términos:

…En el caso que nos ocupa, era indispensable que la demandante aportara elementos de prueba que permitieran establecer que el contrato de trabajo celebrado se subsumía dentro del primero de los supuestos permitidos por la Ley, esto es, por razones de necesidad del servicio, se requería contratar personal para atender una labor determinada o exclusiva, pues, tampoco se aportó pruebas que permitieran establecer que la empresa tuvo una mayor demanda o pedidos extraordinarios a clientes externos, distintos a lo usual en la producción de salchicha, para la época de la contratación de la trabajadora, por lo que, debe concluirse que la trabajadora fue contratada a tiempo indeterminado al no estar subsumido dentro de los supuestos previstos en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras.

En consecuencia, y ciertamente tratándose de un contrato que no cumple las exigencias del artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, debe entenderse que se trata de un contrato celebrado entre las partes a tiempo indeterminado. En consecuencia, la trabajadora no podía ser despedida por estar amparada por la inamovilidad que confiere el Decreto Presidencial Nº 9.322, publicado en Gaceta Oficial Nº 40.007, de fecha 27 de diciembre de 2012.

Con fundamento en los anteriores argumentos, se estima que en este caso entre la Sociedad Mercantil INDUSTRIAS ALIMENTICIAS H.D.V., S.A., y la ciudadana Y.E.A., existía una contratación de carácter indeterminado; por lo tanto, en criterio de esta representación del Ministerio Público no evidencia los vicios denunciados por la parte recurrente y la p.a. impugnada se encuentra ajustada a derecho.

(…) Por las razones expuestas esta Representación del Ministerio Público estima que en la Demanda de Nulidad interpuesta (…) debe ser declarada SIN LUGAR; y así respetuosamente, lo solicito de este honorable Tribunal.

(Negrillas del escrito, folio 180 y 181 de la Pieza I).

Consignada como fue la Opinión Fiscal, en total concordancia con el Artículo 16 numeral 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, adminiculada con el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo; de seguidas quien preside este Juzgado procederá a exponer los argumentos de hecho y de derecho que servirán para fundamentar la decisión que deberá recaer en el presente procedimiento, de acuerdo a lo que de seguidas se explana:

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Observa este Tribunal que la representación judicial de la Entidad de Trabajo INDUSTRIAS ALIMENCIAS H.D.V. S.A., recurre contra el acto administrativo contenido en el expediente administrativo signado con el Nº 017-2013-01-00608 referido a la P.A.N.. 00172, dictada en fecha 16 de Diciembre de 2013 por la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy, mediante la cual se declaró Con Lugar la Solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos y demás beneficios dejados de percibir, interpuesta por la ciudadana Y.E.A., titular de la cédula de identidad número V-13.218.583, en contra la Entidad de Trabajo INDUSTRIAS ALIMENCIAS H.D.V. S.A., alegando la recurrente que la misma fue dictada sobre la base de un Falso Supuesto de Hecho y de Derecho.

Ahora bien, con vista a los vicios denunciados por la parte recurrente, mediante escrito recursivo interpuesto por la Abogada A.G.M., inscrita en el IPSA bajo el Nº 215.434, plenamente identificada en autos, 1) Falso Supuesto de Hecho y 2) Falso Supuesto de Derecho; este Juzgado deja establecido que por razones metodológicas altera el orden en que fueron presentadas las denuncias en el escrito recursivo (Vid. Sentencia Nº 0154 de fecha 25 de Febrero de 2009, emanada de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia; Vid. Sentencia 01685 de fecha 07 de Diciembre de 2011 emanada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia; y Vid. Sentencia Nº 0534 11 de Julio de 2013, emanada de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia) indicando de igual manera que de verificarse al menos uno de los vicios ut supra enumerados y que acarreen la nulidad absoluta del acto impugnado, este Juzgado procederá a declarar la nulidad respectiva, siendo inoficioso el pronunciamiento en lo que respecta a los demás vicios delatados en el caso de que el mismo comprometa la validez del acto administrativo impugnado y se subsuma en lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; ello así, se procede por tanto a resolver la segunda delación planteada en el escrito recursivo, en los siguientes términos:

2. - FALSO SUPUESTO DE DERECHO: La representación judicial de la parte recurrente denuncia que, el acto administrativo -hoy recurrido- se encuentra incurso en el vicio de Falso Supuesto de Derecho, en razón de que en el acto administrativo, el funcionario del trabajo tomó en consideración para la tramitación del procedimiento de Reenganche y Pago Salarios Caídos, un decreto presidencial que no protegía a la trabajadora por cuanto estaba exceptuada del mismo, por la culminación del contrato de trabajo celebrado a tiempo determinado; por lo que –a decir de la parte recurrente- el acto recurrido se encuentra viciado de Nulidad Absoluta por contener disposiciones que van en franca violación y detrimento del ordenamiento jurídico, por considerar que un trabajador contratado a tiempo determinado goza de inamovilidad laboral aún después de finalizado el contrato, sin tomar en consideración que los artículos 62 y 64 de la Ley Orgánica del Trabajo consagran la posibilidad de contratar a tiempo determinado a un trabajador bajo los supuestos contenidos en dichas normas. De igual manera, indicó que el funcionario del trabajo, al dictar el acto administrativo, lo fundamentó en una norma errónea, como lo fue la aplicación del artículo 8 de la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, pues utilizó en el caso concreto una consecuencia jurídica que no se desprendía de su supuesto de hecho. Asimismo indica que el Inspector del Trabajo aplicó en su decisión el artículo 483 del Código Penal al caso concreto, el cual no de desprendía de su supuesto de hecho, por lo que aplicó erróneamente dichas normas.

En este contexto, es menester para esta Jurisdicente, indicar que ha sido criterio pacífico y diuturno emanado de la Sala Político Administrativa de nuestro más alto Tribunal de la República, señalar que el vicio de Falso Supuesto se manifiesta de dos maneras, esto es (i) cuando la Administración, al dictar un acto, fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con él, o los asuntos objeto de decisión, o que ocurrieron de manera distinta a la apreciación efectuada por el órgano administrativo (falso supuesto de hecho), y (ii) cuando los hechos que existen, son ciertos y atañen a lo acontecido, pero la administración subsume dichos hechos en una norma que no es aplicable al caso concreto, estamos en presencia del vicio de falso supuesto de derecho. (Vid. Sentencia No. 01752 de fecha de fecha 27/07/2000, Nº 1708 de fecha 24 de octubre de 2007 y No. 00810 de fecha 09/07/2008, todas emanadas de la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia).

En este orden de ideas, con fundamento al Vicio de FALSO SUPUESTO DE DERECHO denunciado, observa esta Juzgadora que el mismo se fundamenta sobre la base de cuatro aspectos, así: primero: aplicación de un decreto presidencial que no protegía a la trabajadora por cuanto estaba exceptuada del mismo, por la culminación del contrato de trabajo celebrado a tiempo determinado; segundo: errónea interpretación de los artículos 62 y 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores (Contrato a Tiempo Determinado); tercero: aplicación errónea del artículo 8 de la Ley Para la Protección de las Familias, La Maternidad y la Paternidad; cuarto: aplicación de una norma errónea en la fundamentación del acto administrativo (artículo 483 del Código Penal). Y ASI SE ESTABLECE.

Ahora bien, para una mejor comprensión sobre el vicio delatado, y por técnicas sentenciadoras, revisadas como han sido las actas procesales, esta Juzgadora deja establecido que resolverá el punto tercero supra indicado, en los siguientes términos:

APLICACIÓN ERRONEA DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS FAMILIAS, LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD: Con vista a la delación de este vicio, del escudriñamiento de las actas procesales, este Juzgado evidencia que tal y como fue realizada la presente denuncia, se colige que el punto medular, se circunscribe a determinar si la Inspectoría del Trabajo utilizó una norma errónea, como fue la aplicación del artículo 8 de la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, para fundamentar su decisión, en el procedimiento de Reenganche y Pago de Salarios Caídos, interpuesto en fecha 04/06/2013, por la ciudadana Y.E.A., titular de la cédula de identidad número V-13.218.583, ante la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy en contra de la accionada en sede administrativa -hoy recurrente- Entidad de Trabajo INDUSTRIAS ALIMENCIAS H.D.V. S.A., procedimiento éste que culminó con la decisión contenida en la P.A. Nº 00172 de fecha 16 de Diciembre de 2013 emanada de la referido Órgano Administrativo que declaró CON LUGAR la solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos en contra de la mencionada Entidad de Trabajo.

En este orden de ideas, se observa del contenido de la P.A. Nº 00172 de fecha 16 de Diciembre de 2013 emanada de la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy del Estado Bolivariano de Miranda, la cual riela a los folios 35 al 43 en copia simple en la pieza principal I del expediente, constatándose de igual manera que cursa a los folios 66 al 74 en el Expediente Administrativo II en copia certificada, específicamente en la DISPOSITIVA, lo siguiente:

…Por cuanto el deber del Funcionario es velar por el más estricto cumplimiento de las normas y principios establecidos, en los Artículos 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículos 94, 339, 418, 420, 425, 547, 531, 538 y 553 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y el artículo 8 de la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, así como del Decreto Presidencial vigente, y Artículo 483 del Código Penal, ésta Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy del Estado Miranda, en uso de sus atribuciones legales, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de REENGANCHE Y PAGO DE SALARIOS CAIDOS Y DEMÁS BENEFICIOS DEJADOS DE PERCIBIR…

(Negrita y subrayado de este Juzgado).

Ahora bien, del extracto de la P.A. que antecede, se observa que el Órgano Administrativo, al dictar su decisión la fundamentó legalmente en el artículo 8 de la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, así como en los artículos 339 y 420 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, entre otras normas; declarando CON LUGAR la referida solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos.

En esta perspectiva, con fundamento a lo que antecede, es menester citar el contenido del artículo 8 de la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad:

Inamovilidad laboral del padre

Artículo 8.- El Padre, sea cual fuere su estado civil, gozará de inamovilidad laboral hasta tanto un año después del nacimiento de su hijo o hija, en consecuencia, no podrá ser despedido, trasladado o desmejorado en sus condiciones de trabajo sin justa causa, previamente calificada por el Inspector o Inspectora del Trabajo. En los procedimientos en materia de inamovilidad laboral previstos en la legislación del trabajo solo podrá acreditarse la condición de padre mediante el Acta de inscripción del niño o niña en el Registro Civil o en el Sistema de Seguridad Social.

La inamovilidad laboral prevista en el presente artículo se aplicará a los padres, a partir de la sentencia de adopción de niños o niñas con menos de tres años de edad En caso de controversia derivados de la garantía prevista en el presente artículo, en las cuales estén involucrados funcionarios públicos, éstas serán dirimidas por los tribunales con competencia en lo contencioso administrativo funcionarial.

(Negrita y subrayado de este Juzgado).

Del contenido de la norma en referencia, se colige entre otras cosas, que el padre independientemente de su estado civil gozará de inamovilidad laboral hasta un año después del nacimiento de su hijo o hija, por lo que no podrá ser despedido, trasladado o desmejorado en sus condiciones de trabajo sin justa causa previamente calificada por el Inspector o Inspectora del Trabajo; del mismo modo se desprende que en los procedimientos en materia de inamovilidad laboral sólo podrá acreditarse la condición de padre mediante Acta de inscripción del niño o niña en el Registro Civil o en el Sistema de Seguridad Social.

Ahora bien, tal como se indicó supra, visto que la Inspectoría del Trabajo al dictar el acto administrativo –hoy recurrido-, fundamentó su decisión en los artículos 339 y 420 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, relacionado a la licencia por paternidad y a la protección por inamovilidad, artículos éstos que a su vez fueron delatados como vicio de Falso Supuesto de Derecho, por la parte recurrente, durante la Audiencia de Juicio celebrada en fecha 02/07/2014, por su errónea utilización, alegando al respecto que la Inspectoría del Trabajo fundamentó su decisión con los artículos 339 y 340 eiusdem, los cuales no eran aplicables al caso en concreto ya que no protegían a la trabajadora; en tal sentido, se hace necesario citar el contenido de los mismos:

Licencia por paternidad

Artículo 339. Todos los trabajadores tendrán derecho a un permiso o licencia remunerada por paternidad, de catorce días continuos contados a partir del nacimiento de su hijo o hija o a partir de la fecha en que le sea dado o dada en colocación familiar por parte de la autoridad con competencia en materia de niños, niñas y adolescentes.

Adicionalmente, gozará de protección especial de inamovilidad laboral durante el embarazo de su pareja hasta dos años después del parto. También gozará de esta protección el padre durante los dos años siguientes a la colocación familiar de niños o niñas menores de tres años.

(Negrita y subrayado de este Juzgado).

Protegidos por inamovilidad

Artículo 420. Estarán protegidos y protegidas por inamovilidad laboral:

1. Las trabajadoras en estado de gravidez, desde el inicio del embarazo hasta dos años después del parto.

2. Los trabajadores desde el inicio del embarazo de su pareja, hasta dos años después del parto.

(…).

.(Negrita y subrayado de este Juzgado).

De los artículos supra transcritos se desprende entre otras cosas, que todos los trabajadores tendrán derecho a un permiso por paternidad de catorce (14) días continuos a partir del nacimiento de su hijo o hija y que adicionalmente gozará de protección especial de inamovilidad laboral durante el embarazo de su pareja hasta dos (02) años después del parto.

En este mismo contexto, es de impermitible necesidad para esta Juzgadora, indicar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 75 y 76, estableció un régimen de protección de los derechos de la familia, el cual comprende la asistencia integral a cada uno de sus miembros que la componen, considerando a la maternidad y a la paternidad bajo una posición preponderante, cuya defensa, y protección es garantizada por el Estado, por lo que se ha convertido en un objetivo compartido por los Órganos que ejercen el Poder Público, y uno de los f.d.E.S.d.D. y de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

En este orden de ideas, es menester señalar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 609 de fecha 10 de Junio de 2010, interpretó el contenido del artículo 8 de la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, estableciéndose entre otras cosas lo siguiente:

(…) Ciertamente, si se parte del hecho de que lo que se persigue es la protección de la familia y de los hijos, debe concluirse que ante una misma situación fáctica (maternidad o paternidad), en criterio de la Sala Político-Administrativa, existen dos situaciones disímiles, según se trate de la inamovilidad del padre o de la madre, por fuero paternal o maternal, cuando, en realidad, tal figura jurídica, más que la protección al padre o a la madre, procura la protección integral de la familia (…).

Del criterio jurisprudencial que antecede se colige que la figura jurídica del fuero paternal o maternal, no sólo tiene como objeto la protección del padre o de la madre, si no que procura la protección integral de la familia.

En esta perspectiva, es menester señalar que si bien es cierto que el objeto fundamental de la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, es establecer los mecanismos de desarrollo de políticas para la protección integral a las familias, la maternidad y la paternidad, no es menos cierto, que de modo exclusivo el artículo 8 eiusdem, establece la inamovilidad laboral del padre; al respecto en los procedimientos en materia de inamovilidad laboral, solo podrá acreditarse la condición de padre a través de Acta de inscripción del niño o niña en el Registro Civil o en el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con citado el artículo 8 de la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad. Del mismo modo, se desprende que los artículos 339 y 420 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, -que sirvieron de sustento en sede administrativa para dictar el acto administrativo hoy recurrido- garantizan la protección especial por paternidad y que el lapso por inamovilidad laboral para el trabajador (padre) fue extendido por el legislador de un año después del nacimiento de su hijo o hija (Art. 8 de la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad), a inamovilidad laboral durante el embarazo de su pareja hasta dos años después del parto, en aras de la protección integral de la familia.

Ahora bien, siendo que los artículos 8 de la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, 339 y 420 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, protegen la inamovilidad laboral del padre, y por cuanto el tercero interesado del presente procedimiento es una TRABAJADORA (MUJER), y del acervo probatorio contenido en la pieza principal y en los cuadernos separados denominados EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO I y II, del presente expediente, uno de ellos consignado a los autos del presente expediente por la parte recurrente, en fecha 29/04/2014, y el otro remitido a este Juzgado por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY, mediante oficio Nro. 0310/14, de fecha 03/06/2014, respectivamente, esta Juzgadora observa que NO consta a los autos del presente expediente algún instrumento relativo a Acta de inscripción del niño o niña en el Registro Civil o en el Sistema de Seguridad Social, capaz de demostrar la inamovilidad laboral especial de la trabajadora, por lo que la aplicación de dichos artículos en sede administrativa NO protegían a la trabajadora accionante, ello así se desprende claramente que la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY, aplicó normas erróneas que no protegían a la trabajadora, por cuanto no quedó demostrado que la trabajadora se encontrara protegida por la inamovilidad laboral especial consagrada en la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad y en la de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

Ahora bien, visto que la Autoridad Administrativa en la P.A. Nº 00172 de fecha 16/12/2013, dictada en el expediente administrativo Nº 017-2013-01-00608, por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS VALLES DEL TUY, de la cual fue debidamente notificada la referida Sociedad Mercantil –hoy recurrente-, en fecha 17 de Diciembre de 2013, incurrió en el vicio de Falso Supuesto de Derecho, al dictar dicho acto con una norma errónea para fundamentarlo, como lo fue la aplicación del artículo 8 de la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, y de los artículos 339 y 420 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, ya que no quedó demostrado del acervo probatorio consignado en sede administrativa que la trabajadora gozara de la inamovilidad laboral especial contenida en las leyes en referencia; en tal sentido, se declara la PROCEDENCIA del vicio antes mencionado, en consecuencia éste Juzgado de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el cual establece que todo acto dictado en el ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados en la Constitución y en las Leyes es nulo, todo ello en perfecta consonancia con el artículo 19, ordinal 1 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en tal sentido, se declara la NULIDAD ABSOLUTA del acto administrativo emanado de la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy de fecha 16 de Diciembre de 2013 signado con el Nº 00172 que declaró con lugar el procedimiento de solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, intentado por la ciudadana Y.E.A., titular de la cédula de identidad Nro. V- 13.218.583 ordenando a la Entidad de Trabajo INDUSTRIAS ALIMENCIAS H.D.V. S.A., todo ello en atención a los argumentos de hecho y de derecho arriba analizados por quien aquí decide. Y ASÍ SE DECIDE.

Finalmente, es menester señalar que con vista al análisis que antecede, se declaró la procedencia del vicio delatado por la recurrente y consecuencialmente la nulidad absoluta del acto administrativo impugnado arriba identificado por lo que se hace inoficioso entrar a conocer y emitir pronunciamiento con respecto al resto de los vicios delatados por la recurrente, contenidos en el acto administrativo que dio origen al presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, tal y como se dejó señalado al inicio del capítulo relativo a la Motivación de la presente decisión, toda vez que se declaró la procedencia de uno de los vicios denunciados. Y ASI SE ESTABLECE.

DISPOSITIVA

En base a todos los razonamientos de hecho y de derecho antes expuestos y en atención a los méritos que de ellos se desprenden; este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE LOS VALLES DEL TUY, DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHARALLAVE, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: COMPETENTE este Juzgado para conocer de la presente acción, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia Nº 955 de fecha 23 de septiembre de 2010 emanada de la Sala Constitucional. SEGUNDO: CON LUGAR, el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por la Abogada A.G.M., inscrita en el I.P.S.A. bajo el Nro. 215.434, actuando en su carácter de Apoderada Judicial de la parte recurrente, entidad de trabajo INDUSTRIAS ALIMENTICIAS H.D.V. S.A., contra la P.A. signada con el Nº 00172, contenida en el expediente Nº 017-2013-01-00608, de fecha 16 de Diciembre de 2013, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY DEL ESTADO BOLIVARIANO MIRANDA, que declaró CON LUGAR la solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos y Demás Beneficios Dejados de Percibir, a favor de la ciudadana Y.E.A., titular de la cédula de identidad Nro. V- 13.218.583 en contra de la referida entidad de trabajo INDUSTRIAS ALIMENTICIAS H.D.V. S.A.. TERCERO: SE DECLARA LA NULIDAD ABSOLUTA de la P.A. identificada en el particular que antecede, todo ello de conformidad con las razones de hecho y de derecho que fueron expuestas en la parte motiva de la presente decisión.

Finalmente, por cuanto la presente decisión se publica fuera del lapso legal, se ordena notificar del presente fallo, a (i) la Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela, (ii) al Fiscal General del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela, (iii) a la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, de Estado Bolivariano de Miranda (iv) a la parte recurrente, entidad de trabajo INDUSTRIAS ALIMENTICIAS H.D.V. S.A., en la persona de su apoderada judicial Abogada A.G.M., inscrita en el I.P.S.A. bajo el Nro. 215.434, o en su defecto en la persona de cualquier otro de sus representantes judiciales o legales, y (v) al tercero interesado, ciudadana Y.E.A., titular de la cédula de identidad Nro. V- 13.218.583. Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y a tal efecto se ordena librar copia certificada del presente fallo que será remitida adjunta a las notificaciones ordenadas en los particulares (i) y (ii) ut supra descritos.

Igualmente, se deja establecido que transcurrido el lapso de ocho (08) días previsto en el artículo 86 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para entender consumada la notificación dirigida a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, seguidamente comenzará a computarse el lapso de cinco (5) días hábiles para recurrir de la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

En cumplimiento a lo establecido en las disposiciones del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, aplicado supletoriamente de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se ordena dejar copia certificada de la presente sentencia en el archivo del Tribunal.

Se ordena la publicación de la presente decisión en la página WEB del Tribunal Supremo de Justicia en el site denominada Región Miranda.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA

Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Miranda. En Charallave, a los Treinta (30) días del mes de Abril del año dos mil quince (2015) AÑOS: 205° y 156°.

DRA. T.R.S.

LA JUEZA DE JUICIO

ABG. R.I.M.E.

EL SECRETARIO

Nota: En esta misma fecha siendo las Nueve y tres de la mañana (09:03 p.m.) se dictó y publicó la anterior Sentencia.

EL SECRETARIO

TRS/RM/ae.-

Sentencia N° 49-15

Exp. 927-14