Decisión nº 32 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Maracaibo), de 16 de Mayo de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 440563122

Decisión nº 32 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Maracaibo), de 16 de Mayo de 2013

Procedimiento:Pensión De Alimentos
Ponente:Ingrid Coromoto Vasquez Rincón
Número de Expediente:13639
Fecha de Resolución:16 de Mayo de 2013
Emisor:Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito
RESUMEN

Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR la demanda que por PENSIÓN DE ALIMENTOS propusiere la ciudadana IVELICE JANETH ARRIAS, venezolana, mayor de edad, casada,... (ver resumen completo)

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,

MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

EXPEDIENTE: 13.639

PARTE DEMANDANTE:

IVELICE JANETH ARRIAS, venezolana, mayor de edad, casada, identificada con cédula personal Nº 7.802.994 y domiciliada en el Municipio Autónomo Maracaibo del estado Zulia.

APODERADOS JUDICIALES:

YOHANNY HOYOS y ALEJANDRO APARICIO, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 138.350 y 120.205, respectivamente, y domiciliados en el Municipio San Francisco del estado Zulia.

PARTE DEMANDADA:

DANIEL ÁNGEL GONZÁLEZ ARRIETA, venezolano, mayor de edad, identificado con cédula personal No. 4.144.960 y de este mismo domicilio.

DEFENSORA JUDICIAL:

EXEQUIEL GUERRERO HERNÁNDEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 83.396 y domiciliado en esta ciudad y Municipio Maracaibo del estado Zulia.

MOTIVO: PENSIÓN DE ALIMENTOS.

FECHA DE ENTRADA: veintiséis (26) de septiembre de 2012.

I

DE LA NARRATIVA:

Se inicia la presente causa de PENSIÓN DE ALIMENTOS por demanda interpuesta por la ciudadana IVELICE JANETH ARRIAS, venezolana, mayor de edad, casada, identificada con cédula personal Nº 7.802.994 y domiciliada en el Municipio Autónomo Maracaibo del estado Zulia en contra del ciudadano DANIEL ÁNGEL GONZÁLEZ ARRIETA, venezolano, mayor de edad, identificado con cédula personal No. 4.144.960 y de este mismo domicilio, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Código Civil vigente.

Por auto de fecha 26 de septiembre de 2012, este tribunal admitió en cuanto ha lugar en derecho la presente demanda, ordenando la citación de la parte demandada.

En fecha 23 de octubre de 2012, el demandado de autos otorgó poder en forma apud acta, dándose por citado en el presente proceso.

Por escrito presentado en fecha 29 de octubre de 2012, el apoderado judicial del demandado procedió a dar contestación a la demanda incoada en contra de su representado.

Por medio de escrito presentado y agregado en fecha 05 de noviembre de 2012, la parte demandada promovió medios de pruebas en el presente proceso, siendo providenciado por el tribunal en fecha 12 de noviembre de 2012.

En fecha 13 de noviembre de 2012, la co-apoderada judicial de la parte demandante promovió medios de prueba en el presente proceso, siendo admitidas por el tribunal de la causa en fecha 16 de noviembre de 2012.

En fecha 08 de enero de 2012, la representación judicial de la parte demandada presentó escrito, acompañado copias certificadas de actuaciones penales.

Por auto de fecha 26 de marzo 2013, el tribunal fijó un lapso de diez (10) días de despacho a fin de que la parte promovente impulsara la evacuación de los medios de prueba que aun no constare sus resultas en las actas.

II

LÍMITES DE LA CONTROVERSIA:

Argumentos de la parte demandante:

Inicia la parte demandante su escritura libelar manifestando que desde el mes de enero de 2008, mantuvo una relación concubinaria con el demandado, la cual fue posteriormente formalizada mediante matrimonio celebrado en fecha el día 17 de junio de 2011, por ante el Registrador Civil de la Parroquia Bolívar del Municipio Maracaibo del estado Zulia, según consta de constancia anexas a las actas.

Destaca además que una vez contraído el matrimonio, se residenciaron en el Edificio Madariaga, ubicado en la calle 87, entre avenida 9 y 9B, apartamento 5 A, detrás de los transformadores en la ciudad de Maracaibo del estado Zulia e iniciaron una relación que se mantuvo dentro de los parámetros del respeto, armonía y mutua comprensión, mientras su cónyuge realizaba sus labores en la empresa POLIOLEFINAS INTERNACIONALES, C.A., en el Departamento de Ingeniería de Mantenimiento con el Cargo de Especialista de Equipos Rotativos (PELBD) y ella se dedicaba a sus labores propias inherentes del hogar conyugal a tiempo completo.

Pero es el caso que desde hace más de siete (07) meses aproximadamente, a principios del mes de enero de 2012, su esposo cambió de carácter y comportamiento para con ella, llegando al extremo en fecha 12 de julio de 2012 de amenazarla con un arma de fuego diciéndole que la iba a matar, dirigiéndose a buscar las municiones lo cual trató de impedir y resultó agredida, tal como se evidencia de denuncia agregada a las actas y anexos.

Que ante esa situación, su cónyuge a fin de deshacerse de ella sacó todas sus pertenencias y efectos personales enviándolos con un tercero al domicilio (sic) de sus padres, todo ello con un comportamiento hostil, agresivo, desafiante y humillante, dejando de cumplir con todos sus deberes y obligaciones que le impone la ley a través del vínculo matrimonial, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Código Civil máxime cuando no tiene fuente de ingreso personal y presenta graves problemas de salud, lo cual se videncias de informes y anexos acompañados a las actas.

Por tal motivo, demandada a su legítimo esposo para que convenga en cumplir con su pensión alimenticia a la que está obligada para con su persona, o a ello sea condenado por este tribunal.

Argumentos de la parte demandada:

Llegada la oportunidad para dar contestación al fondo de la demanda incoada en contra del ciudadano DANIEL ÁNGEL GONZÁLEZ ARRIETA el apoderado judicial del mismo procedió a negar, rechazar y contradecir en todas y cada una de sus partes los hechos alegados en la escritura libelar.

De forma particular, procedió a negar, rechazar y contradecir en nombre de su representado sobre lo alegado por la parte demandante referido a la fecha de inicio de la relación concubinaria, destacando además que tal hecho no se encuentra demostrado en el presente proceso y que es menester tomar en cuenta el criterio del máximo tribunal de derecho sobre la figura en cuestión, así como lo estipulado en la norma sustantiva civil, pretendiendo a su vez, esclarecer hechos controvertidos atinentes al inicio de la unión concubinaria.

Niega, rechaza y contradice en nombre de su representado que la demandante se dedicare a las labores propias e inherentes del hogar conyugal, toda vez que quien se desempeña como trabajadora doméstica es la ciudadana JOHANA JOSEFINA VALERO quien atiende todos los quehaceres del hogar y necesidades que pueda requerir su madre.

Aduce además que quien no aporta en el mantenimiento del hogar, en las obligaciones para asistirse ambos cónyuges, y quien abandonó el hogar, fue la demandante.

De otro modo, niega, rechaza y contradice en nombre de su mandante los hechos suscitados en fecha 12 de julio de 2012, en virtud de que la demandante incurrió en hechos falsos y actualmente la denuncia se encuentra en la fase de investigación sin que exista sentencia definitiva al respecto, además de que la demanda por violencia de genero no guarda relación con la de la pensión de alimentos incoada.

Niega, rechaza y contradice en nombre de su patrocinado que éste haya sido el responsable de retirar las pertenencias de la demandada en el hogar conyugal, y señala que fue la propia demandante quien en el mes de enero de 2012, después de una discusión de pareja decidió retirarse del hogar para residenciarse en el hogar de sus padres, siendo este hecho considerado como conveniente por el órgano jurisdiccional con competencia en materia de delitos contra las mujeres en fecha 12 de julio de 2012 en la audiencia de presentación de imputados.

Manifiesta que no es cierto que su representado haya dejado de cumplir con sus deberes y obligaciones que impone la ley, ya que a demandante se encuentra cubierta por la póliza de seguros de Cirugía, maternidad y Hospitalización, con una cobertura hasta por la suma de sesenta mil bolívares (Bs. 60.000, 00), de la cual ha hecho uso hasta la actualidad sobregirándose de la suma cubierta afectando a su madre y su persona.

De igual forma, destaca que es falso que la demandante no posea recursos para la adquisición de medicamentos, ya que al revisar la data del seguro, se visualizan los consumos por medicamento, atención médica y descontado a los ingresos económicos de su salario o sueldo que devenga.

Asimismo, señala que existen suficientes indicios que la demandante ha utilizado los beneficios del seguro para retirar medicamentos para sus familiares, a pesar de no encontrarse éstos como asegurados.

Por otra parte, señala que la parte demandante no demostró su incapacidad física para ser mecedora de la pensión, lo cual la hace capaz y profesional para trabajar y valerse de sus propios medios, y con respecto a los exámenes médicos y documentos (públicos y privados) acompañados por su cónyuge a las actas los impugna de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

Aduce además que su representado sufre de múltiples quebrantos y serios trastornos de salud, que requieren atención no sólo afectiva, sino económica, y a pesar de todo eso trabaja y cumple con los compromisos y obligaciones contraídas, siendo éste argumento el motivo de la oposición a la medida presentada.

Igualmente, aduce que su patrocinado no posee recursos económicos suficientes para cumplir con las exigencias requeridas en el libelo, y además sostiene económicamente y moralmente a su madre, hijo y nieto, debiendo cumplir con sus obligaciones legales (impuestos municipales, servicios públicos, condominio, entre otros).

III

MEDIOS DE PRUEBA ACOMPAÑADOS A LAS ACTAS:

De la parte demandante:

Del mérito de las actas:

En cuanto a la invocación del mérito favorable de las actas, esta juzgadora considera que tal invocación no constituye un medio de prueba propiamente, pero si es la solicitud de aplicación del principio de la comunidad de la prueba, pues los medios probatorios consignados en el presente juicio se valorarán en cuanto favorezcan a ambas partes, de modo que al invocar el mérito de las actas el juez está en el deber de aplicar de oficio el principio antes referido....

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