Decisión nº 041-09 de Tribunal Quinto de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 3 de Junio de 2009

Fecha de Resolución 3 de Junio de 2009
EmisorTribunal Quinto de Juicio
PonenteElida Ortiz
ProcedimientoDeclinatoria De Competencia

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN

FUNCIÓN DE JUICIO

MARACAIBO, 03 DE JUNIO DE 2009

199º Y 148º

Vista la acusación privada propuesta por el Abogado en ejercicio F.R.L., quien actúa con el carácter de Apoderado Judicial Especial del ciudadano J.A.M.R., en contra del ciudadano Y.J.M.N., por la comisión del delito de EMISION DE CHEQUES SIN PROVISION DE FONDOS, previsto y sancionado en el artículo 494 del Código de Comercio Venezolano Vigente, este tribunal para resolver acerca de la admisibilidad observa:

Alega el solicitante en su escrito que “…De conformidad con lo establecido en los artículos 400 y 401 del Código Orgánico Procesal Penal, vengo en este acto, siguiendo instrucciones de mi mandante a interponer ACUSACIÓN PRIVADA en contra del ciudadano Y.J.M.N., quien es venezolano, mayor de edad aproximadamente, portador de la cédula de identidad personal Nº V-11.719.567, domiciliado en el Municipio Machiques de Perijá del Estado Zulia, por la comisión del delito de EMISIÓN DE CHEQUES SIN PROVISIÓN DE FONDOS, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 494 DEL Código de Comercio, cometido en perjuicio del patrimonio de mi mandante en las condiciones de modo, tiempo y lugar que de seguidas narran…Es el caso, ciudadano Juez que mi representado ha mantenido relaciones comerciales con el referido ciudadano Y.J.M.N.,…En virtud de dichas relaciones, el referido ciudadano le hizo entrega como pago de una obligación contraída, de un instrumento cambiario (cheque), signado con el número 14004220, girado contra la Cuenta Corriente N° 01020328770000026291 del Banco Venezuela, Oficina Machiques de fecha veinticinco (25) de Agosto (08) de Dos Mil Ocho (2008), por el monto de CINCUENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 55.000,00)…Pero es el caso…que al presentar el referido cheque al cobro…no se pudo hacer efectivo, por carecer de fondos, tal y como se puede evidencia (sic) de protesto que consigno constante de cuatro (04) folios útiles, levantado por la Notaria Pública Octava del Estado Zulia, en fecha Tres (03) de Septiembre (09) de Dos Mil Ocho (2008)…” Refiere además el solicitante en su escrito, los elementos de convicción en que funda su acusación y pide que la misma sea admitida, y se tenga a su poderdante como acusador privado, y como querellado al ciudadano Y.J.M.N..

DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER

El artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, establece las reglas que rigen la competencia por la materia, y a tal efecto prevé: “Tribunales Unipersonales. Es de la competencia del tribunal de juicio unipersonal el conocimiento de:

  1. Las causas por delitos o faltas que no ameriten pena privativa de libertad;

  2. Las causas por delitos cuya pena en su límite superior no exceda de cuatro años de privación de libertad;

  3. Las causas por delitos respecto de los cuales pueda proponerse la aplicación del procedimiento abreviado;

  4. La acción de amparo cuando la naturaleza del derecho o de la garantía constitucional violado o amenazado de violación sea afín con su competencia natural, salvo que el derecho o la garantía se refiera a la libertad y seguridad personales.

Corresponde al tribunal de control hacer respetar las garantías procesales, decretar las medidas de coerción que fueren pertinentes, realizar la audiencia preliminar, y la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos. También será competente para conocer la acción de amparo a la libertad y seguridad personales, salvo cuando el presunto agraviante sea un tribunal de la misma instancia, caso en el cual el tribunal competente será el superior jerárquico.

Corresponde al tribunal de ejecución velar por la ejecución de la pena o medidas de seguridad impuestas”

Siguiendo el mismo orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N° 474 de fecha 28 de Marzo de 2008, con ponencia del Magistrado PEDRO RONDON HAZZ, estableció el siguiente criterio: “Lo que, en doctrina penal, se conoce como delitos de acción privada, refiere a aquellos hechos punibles respecto de los cuales la Ley se aparta de su postulado general sobre la naturaleza pública de la acción para la promoción del enjuiciamiento y eventual condena de aquéllos cuya responsabilidad penal quede establecida en el proceso. Así, sólo excepcionalmente el legislador dispone que la acción penal no podrá ser ejercida sino por quien resulte agraviado por la conducta típicamente antijurídica. En efecto, el artículo 2º del Código de Enjuiciamiento Criminal preceptuaba que “la acción penal es pública por su naturaleza y se ejerce de oficio en todos los casos en que la ley no exija el requerimiento de parte o la acusación de la parte agraviada u ofendida”…El Código Orgánico Procesal Penal vigente contiene, en su artículo 24, una norma equivalente a la que acaba de ser transcrita de la ley derogada, en los términos siguientes: “La acción penal deberá ser ejercida de oficio por el Ministerio Público, salvo que sólo pueda ejercerse por la víctima o a su requerimiento”. En el mismo sentido, el artículo 16.6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público dispone: “Son competencias del Ministerio Público: (...) 6. Ejercer, en nombre del Estado, la acción penal en los casos en que para intentarla o proseguirla no sea necesario instancia de parte, salvo las excepciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal y demás leyes”…Cuando la doctrina o la Ley aplican denominaciones tales como delitos de “acción privada” o “de instancia privada” o de “acción dependiente de instancia de parte”, hacen referencia, como concepto común, a aquellos hechos punibles cuyo enjuiciamiento y procuración de aplicación de la correspondiente sanción penal es, como excepción legal expresa al principio general de la titularidad fiscal de la acción penal, potestad exclusiva de quien resulte agraviado, directa o indirectamente, por la conducta delictiva, de acuerdo con la legitimación que el Código Orgánico Procesal Penal confiere a las personas que enumera en su artículo 119;..Los delitos de acción privada son enjuiciables mediante el ejercicio directo de la misma, por parte de su titular (víctima) y a través de las normas del procedimiento especial que describe el Código Orgánico Procesal Penal, desde su artículo 400. Excepcionalmente, por disposición expresa de la Ley o por interpretación doctrinaria, como en los casos, por ejemplo, del segundo párrafo del artículo 25 del Código Orgánico Procesal Penal, y los artículos 494, del Código de Comercio, 147, 148, 149, 157 in fine, 158, 159, 225 y 449 (penúltimo y último párrafos) del Código Penal, el enjuiciamiento se impulsará por el requerimiento que el agraviado expresará mediante denuncia ante el que es, en principio, el titular de la acción penal (Ministerio Público). Será en estos casos excepcionales de delitos de acción privada cuando, de conformidad con el artículo 26 eiusdem, deberán seguirse las normas generales para el enjuiciamiento de delitos de acción pública; ello, sin perjuicio de que la Ley preserve, en favor del titular de la acción (víctima), el derecho de éste al desistimiento o renuncia a la misma (artículos 26 y 27 eiusdem), con el correspondiente efecto extintivo de ésta.”

Ante tales circunstancias resulta acreditado que el Tribunal de Primera Instancia En Funciones de Juicio, no es COMPETENTE, para el conocimiento de la presente acusación privada, en razón que la misma, de acuerdo al criterio antes referido, y en razón del delito imputado, debe seguirse de acuerdo a las normas establecidas para el enjuiciamiento de delitos de acción pública, en consecuencia resulta ajustado a derecho, la declinatoria de competencia a un Tribunal de Primera Instancia de este Circuito Judicial Penal, en funciones de Control, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con el artículo 61 Ejusdem. Y ASI SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Por todo lo anteriormente expuesto este JUZGADO QUINTO DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia En Nombre De La Republica Bolivariana De Venezuela Y Por Autoridad De La Ley: SE DECLARA INCOMPETENTE, para el conocimiento de la presente acusación privada, propuesta por el Abogado en ejercicio F.R.L., en nombre y representación del ciudadano J.A.M.R., en contra del ciudadano Y.J.M.N., por la presunta comisión del delito de EMISION DE CHEQUES SIN PROVISION DE FONDOS, previsto y sancionado en el artículo 494 del Código de Comercio Venezolano Vigente, todo de conformidad con lo previsto en el articulo 64 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con el artículo 61 ejusdem; en consecuencia remítase la presente causa a un Tribunal de Primera Instancia de este Circuito Penal, en funciones de Control. Regístrese la presente decisión y Notifíquese a las Partes. CUMPLASE

LA JUEZ QUINTO DE JUICIO

DRA. E.E.O.

EL SECRETARIO

ABOG. RUBEN MARQUEZ

En la misma fecha, se registró la presente Resolución bajo el No. 041-09 y se remitieron las respectivas boletas con oficio al Departamento de Alguacilazgo, signado bajo el Nº 1891-09 y se remitió la causa constante de diecisiete (17) folios útiles, bajo oficio N° 1892-09

EL SECRETARIO

ABOG. RUBEN MARQUEZ

EEO/rm

Causa 5U-447-09

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