Decisión nº 367-13 de Tribunal Séptimo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 18 de Marzo de 2014

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CIRCUITO JUDICIAL PENAL FRONTERIZO DEL ESTADO ZULIA

JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL

EN FUNCIONES DE CONTROL CON COMPETENCIA MUNICIPAL

Maracaibo, 18 de marzo de 2.014

203° y 154°

CAUSA: 7C-S-2770-13 DECISIÓN 367-14

En el día de hoy, martes (18) de marzo de (2014), siendo las (11:34 am), día fijado por este tribunal, para la celebración de la audiencia preliminar, conforme a lo establecido en el artículo 365 del Código Orgánico Procesal Penal, en la causa seguida en contra del imputado, J.J.R.Á., como autor en la presunta comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el artículo 470 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad mercantil, PETRÓLEOS DE VENEZUELA SOCIEDAD ANÓNIMA (P.D.V.S.A). En tal sentido, se procede a constituir este Tribunal, presidido por el juez, DR. R.G.R., en compañía de la Secretaria, ABOG. L.R.H., quien deja constancia de la presencia del Fiscal 49° del Ministerio Público, ABOG. O.B.; del representante legal de la víctima, ABOG. G.S.B.; del defensor privado, ABOG. L.V.; y del imputado, J.J.R.Á..

DE LA IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO

En éste mismo acto, en la presencia del Juez, el ciudadano, J.J.R.Á. es impuesta nuevamente del precepto Constitucional contenido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual prevé expresamente lo siguiente:

Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:

1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.

3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.

4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.

5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

   La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.

7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.

8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o magistrada, juez o jueza y del Estado, y de actuar contra éstos o éstas.

   E igualmente, es impuesto de sus derechos, previstos en el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo estos los siguientes:

   Derechos

   Artículo 127. El imputado o imputada tendrá los siguientes derechos:

1. Que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputan.

2. Comunicarse con sus familiares, abogado o abogada de su confianza, para informar sobre su detención.

3. Ser asistido o asistida, desde los actos iniciales de la investigación, por un defensor o defensora que designe el o ella, o sus parientes y, en su defecto, por un defensor público o defensora pública.

4. Ser asistido o asistida gratuitamente por un traductor o traductora o intérprete si no comprende o no habla el idioma castellano.

5. Pedir al Ministerio Público la práctica de diligencias de investigación destinadas a desvirtuar las imputaciones que se le formulen.

6. Presentarse directamente ante el Juez o Jueza con el fin de prestar declaración.

7. Solicitar que se active la investigación y a conocer su contenido, salvo en los casos en que alguna parte de ella haya sido declarada reservada y sólo por el tiempo que esa declaración se prolongue.

8. Ser impuesto o impuesta del precepto constitucional que lo o la exime de declarar y, aun en caso de consentir a prestar declaración, a no hacerlo bajo juramento.

9. No ser sometido o sometida a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de su dignidad personal.

10. No ser objeto de técnicas o métodos que alteren su libre voluntad, incluso con su consentimiento.

11. Solicitar ante el tribunal de la causa el sobreseimiento, conforme a lo establecido en este Código.

    Dicho esto, es procede a identificar nuevamente al imputado de autos, quedando este identificado como, J.J.R.Á., portador de la cédula de identidad N° V-15.053.529, de fecha de nacimiento 30-4-1978, hijo de M.Á. y E.R., residenciado en la parroquia A.B., Sector El Carmen I, avenida principal Vía Perijá, casa sin número, frente al salón de los testigos de Jehová y domiciliado en el municipio Cañada de Urdaneta del estado Zulia, teléfono: 0424-646.46.64.

    DE LA SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO

    Se le concede la palabra al Fiscal 49° del Ministerio Público, ABOG. O.B., quien procede a exponer lo siguiente: Ciudadano Juez, esta representación Fiscal ratifica el escrito de acusación presentado en fecha 7-1-2013, en contra del imputado, J.J.R.Á., como autor en la presunta comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el artículo 470 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad mercantil, PETRÓLEOS DE VENEZUELA SOCIEDAD ANÓNIMA (P.D.V.S.A), por lo que solicito ante este tribunal se admitan las pruebas totalmente descritas en el mencionado escrito por ser licitas, útiles pertinentes y necesarias para demostrar la responsabilidad penal del imputado antes identificado, siendo que éstas pruebas serán presentadas en la audiencia oral y publica que al efecto se lleve, se ordene la apertura de la audiencia oral y publica y consecuencia su enjuiciamiento y se mantenga la medida cautelar decretada previamente. Finalmente, solicito copias simples de la decisión tomada por este despacho. Es todo.

    DE LA EXPOSICIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA VÍCTIMA

    Asimismo, se le concede la palabra al apoderado judicial de PETRÓLEOS DE VENEZUELA SOCIEDAD ANÓNIMA (P.D.V.S.A), ABOG. G.S.B., quien expone lo siguiente: Me adhiero a la petición fiscal, y ratifico la solicitud de material petrolero que consta al folio 120 de las actas y en relación a las 8 pipas plásticas, rectifico ese pedimento, por cuanto en la experticia, no se determina que sea material exclusivo de la industria petrolera ni existe un evento de PDVSA en relación con pérdida de dichas pipas. Es todo.

    DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO

    Se procede a informar nuevamente al imputado, J.J.R.Á., que bajo libre de toda coacción, apremio y sin juramento podrá declarar por ante este Tribunal en presencia de su defensa técnica, manifestando el mismo lo siguiente: No deseo declarar.

    DE LA EXPOSICIÓN DE LA DEFENSA TÉCNICA

    Seguidamente se le concede la palabra al defensor privado, ABOG. L.V., quien procede a exponer: En vista de la conversación sostenida con mi defendido, sobre el delito que hoy está siendo acusado, el mismo me ha manifestado su voluntad de admitir los hechos y el delito por el cual está siendo juzgado; y en consecuencia, esta defensa, solicita la Suspensión Condicional del Proceso, a favor de mi defendido, toda vez, que el límite superior de la pena del delito imputado, no excede de 8 años de privación de libertad; aunado a que mi defendido, aunado a que me ha manifestado su voluntad de cumplir con las obligaciones que le imponga este tribunal, a los fines de dar por concluido este proceso, una vez, conste en actas el cumplimiento de las obligaciones y el lapso que tenga ha bien el tribunal. Es importante destacar en la presente causa, que a pesar de que el Ministerio Público, en la acusación realizada, incluye dentro del material incautado, 8 tambores plásticos con capacidad de 220 litros c/u y si bien es cierto, como lo menciona en la acusación, que el material es usado por la empresa petrolera, no es menos cierto, que de la investigación, se desprendió, que dicho material pertenece a la empresa contratista, Halliburton para transportar químicos a los taladros de perforación petrolera; es decir, que dichos tambores no pertenecen a PDVSA, de acuerdo a las declaraciones que se rindieron por los representantes de la contratista Nabors y en consecuencia, no estando demostrado en actas, la propiedad de dichos tambores, mal podría incluir la fiscalía dichos objetos en la calificación del delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO y en consecuencia, debe la fiscalía, realizar la devolución de las 8 pipas plásticas a mi defendido, por ser el representante del C.C., a quien le efectuaran la donación de las 8 pipas plásticas vacías con capacidad de 220 litros c/u. Dicho esto, a los efectos de que el tribunal inste a la Fiscalía a realizar tal devolución, una vez verificado lo antes dicho Finalmente solicito copias simples del acta de audiencia preliminar. Es todo.

    DE LA ADMISIBILIDAD O NO DE LA ACUSACIÓN

    Una vez escuchadas las exposiciones de las partes en el día de hoy, éste órgano jurisdiccional, procede a decidir a las solicitudes presentadas de la siguiente manera:

    Establece el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, los requisitos formales de la acusación fiscal, siendo ellos los siguientes:

1. ‘’Los datos que permitan identificar plenamente y ubicar al imputado o imputada y el nombre, domicilio o residencia de su defensor o defensora; así como los datos que permitan la identificación de la víctima”. Requisitos estos que se encuentran colmados, toda vez que al analizar el escrito acusatorio, del mismo se desprende en su encabezado, la identificación plena con datos filiatorios y de domicilio procesal del imputado y de la defensa técnica. 2. Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye al imputado o imputada”. Requisito este, que igualmente se encuentra cumplido, toda vez que al analizar el escrito acusatorio, se observa la existencia de una narrativa cronológica, concisa y circunstanciada de los sucesos acaecidos en fecha 1-2-2012, atribuidos al imputado de autos, narración que además, establece el iter criminis, desde el inicio hasta la consumación o aprehensión en flagrancia de los imputados de autos, así como la forma de participación de estos. “3. Los fundamentos de imputación, con expresión de los elementos de convicción que la motivan”. Exigibilidad que se encuentra sustentada suficientemente en el escrito acusatorio, toda vez que la representación fiscal describe los fundamentos de imputación, señalando de forma clara, la fe que ellos le otorgan para considerar la presunta participación del imputado en el hecho que se le atribuye y que además en conjunción con los hechos narrados, otorgan a este juzgador, un pronóstico sustentable de condena, toda vez, que además la representación fiscal al final de cada elemento describe de qué forma sirve cada fundamento para que el juez de juicio estime la participación de los imputados en el ilícito penal que se le imputa. “4. La expresión de los preceptos jurídicos aplicables”. Requisito sustentado por la fiscalía en el escrito acusatorio, ya que la misma ha subsumido los hechos descritos en el tipo penal de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el artículo 470 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad mercantil, PETRÓLEOS DE VENEZUELA SOCIEDAD ANÓNIMA (P.D.V.S.A), precalificación jurídica que comparte este Juzgador, todo lo cual guarda relación con uno de los pilares fundamentales del derecho penal moderno, como es el principio de Legalidad de los Delitos y las Penas, consagrado en el artículo 49.6 de nuestra Carta Magna, a objeto de que la acusación cumpla con los requisitos de legalidad material y procesal previstos en los artículos 49.6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 308 del Código Orgánico Procesal Penal, necesarios para la subsistencia del presente proceso, ya que ellos relegan aún dentro de esta fase la preexistencia de causales de atipicidad, no punibilidad, o de imposibilidad de seguir intentando la acción penal. “5. El ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio, con indicación de su pertinencia o necesidad”. Exigencia que se ve colmada, toda vez que en la acusación la representación fiscal, describe los medios de prueba, ya que se observa de la investigación fiscal, que estos fueron adquiridos dentro del presente proceso y en la fase de investigación, con el conocimiento y posibilidad de actuación en dicha fase del imputado, siendo estos lícitos y pertinentes para demostrar el hecho, que como parte de la carga procesal del estado, tiene a su cargo el Ministerio Público, cumpliendo así los requisitos exigibles en los artículo 181 y 182 del Código Orgánico Procesal Penal. “6. La solicitud de enjuiciamiento del imputado o imputada”. Requisito colmado igualmente, ya que en la parte final del escrito acusatorio el Ministerio Público solicita el juzgamiento de los imputados ut supra, por considerarlo incurso en el delito atribuido, requiriendo además a este tribunal admita la acusación y los medios de prueba ofrecidos, declarando igualmente la apertura a juicio oral y público.

   Dicho lo anterior, este Tribunal concluye, luego de ejercer el control formal y material de la misma, que el referido acto conclusivo reúne todos los requisitos previstos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo lo procedente en derecho, en admitir totalmente la acusación fiscal, en contra del acusado, J.J.R.Á., como autor en la presunta comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el artículo 470 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad mercantil, PETRÓLEOS DE VENEZUELA SOCIEDAD ANÓNIMA (P.D.V.S.A) de conformidad con el artículo 313 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

   Por otra parte, de conformidad con el numeral 9 del artículo 312 del Código Orgánico Procesal Penal, se admiten totalmente, las pruebas promovidas por el Ministerio Publico. Así se decide.

   ADVERTENCIA DE LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PROSECUCIÓN DEL PROCESO

   Por lo que de inmediato admitida la acusación fiscal y las pruebas ofertadas, se le advierte al acusado sobre las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso insertas medidas alternativas a la prosecución del proceso, suficientemente explicadas oralmente cada una de ellas, las cuales se encuentran en el Libro Primero, Capítulo III, del Código Orgánico Procesal Penal, en la Sección Primera el Principio de Oportunidad, artículo 38 desde su numeral 1° al N° 4, en la Sección Segunda de los Acuerdos Reparatorios artículo 41 y en la Sección Tercera de la Suspensión Condicional del Proceso artículo 43, del Código Orgánico Procesal Penal, y en la la Sección Tercera de los Procedimiento Especiales, Titulo IV en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, a su vez, aplicándose en armonía los artículos 358, 359, 360, 361, y 362 del Código Orgánico Procesal Penal y explicó detenidamente en que consiste la suspensión condicional del proceso, prevista en el artículo 43 y 358 del Código Orgánico Procesal Penal al acusado de autos. Por lo que a continuación se le concede la palabra al acusado, J.J.R.Á., quien expone lo siguiente: Admito plenamente el hecho que me atribuye el Ministerio Público, y solicito se me otorgue la suspensión condicional del proceso como medida alternativa.

   DE LA OPINIÓN DEL MINISTERIO EN CUANTO A LA FÓRMULA ALTERNATIVA DEL PROCESO

   Acto seguido se le concede la palabra al Ministerio Público quien procede a exponer lo siguiente: Esta representación fiscal, acepta la imposición de la formula alternativa a la prosecución del proceso, y no se opone a la misma. Es todo.

   DE LA OPINIÓN DE LA VÍCTIMA EN CUANTO A LA FÓRMULA ALTERNATIVA DEL PROCESO

   E igualmente, se le concede la palabra a al representante legal presente, quien procede a exponer lo siguiente: En representación de PDVSA, acepto la imposición de la formula alternativa a la prosecución del proceso, y no me opongo a la misma. Es todo.

   DE LA MOTIVACIÓN DEL TRIBUNAL

   Ahora bien, se constata que la acusación fiscal cumple con los requisitos del artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, y oído lo expuesto por el Ministerio Público, por el representante legal presente, por el acusado y por la defensa técnica, considera procedente y ajustado a derecho, en declarar con lugar, la suspensión condicional del proceso solicitada, toda vez que el acusado, J.J.R.Á., ha admitido plenamente los hechos que se le atribuye, y el Fiscal del Ministerio Público y la víctima, han emitido su opinión favorable con respecto a la suspensión condicional del proceso, por lo que la misma se decreta por el plazo de tres (03) meses, contados a partir de la presente fecha, finalizando el día (18-6-2014), imponiéndosele las obligaciones establecidas en los artículos 358, 359 y 360 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en las siguientes obligaciones: 1.- Prestar servicio comunitario en el C.C.E.C. I, Kilómetro 46, Vía a Perijá, parroquia A.B., cerca del Abasto El Tomate del municipio Cañada de Urdaneta del estado Zulia, de 40 horas, quien deberá de informar a este Tribunal, sobre el cumplimiento de las mismas, no afectando totalmente su horario laboral o estudiantil. 2.- Donar como reparación por el daño ocasionado, 15 paquetes de pañales Fundación Hogar de San José de la Montaña, calle 85 (Falcón), frente al liceo, J.R.Y., del municipio Maracaibo del estado Zulia. Así se decide.

   Y asimismo, con la finalidad de garantizar, que el acusado de autos, cumpla con las obligaciones antes mencionadas, es por lo que, se declara con lugar la solicitud fiscal, y por consiguiente, se acuerda mantener la medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad, decretada de conformidad a lo previsto en el numeral 3 del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, al acusado, J.J.R.Á., en la audiencia de presentación realizada el día 9-9-2013. Así se decide.

   Aunado a lo antes expuesto, se declara con lugar, lo requerido por el defensor privado, ABOG. L.V. y por el ABOG. G.S.B., actuando en representación de la sociedad mercantil, PETRÓLEOS DE VENEZUELA SOCIEDAD ANÓNIMA (P.D.V.S.A), quienes han solicitado, conforme a lo previsto en el artículo 293 del Código Orgánico Procesal Penal, la devolución de 23 tubos de diferentes tamaños y 8 pipas plásticas con capacidad de 220 litros c/u, por cuanto se observa, que dichos bienes no son necesarios para la investigación y ha quedado demostrada la propiedad de los mismos, por lo que, se ordena la entrega inmediata de las 8 pipas plásticas con capacidad de 220 litros c/u al acusado, J.J.R.Á., portador de la cédula de identidad V-24.255.597; y asimismo, se ordena la entrega de los 23 tubos de diferentes tamaños, al ABOG. G.S.B., portador de la cédula de identidad V-3.121.171, Inpreabogado 121. 63, actuando en representación de la sociedad mercantil, PETRÓLEOS DE VENEZUELA SOCIEDAD ANÓNIMA (P.D.V.S.A). Así se decide.

   Finalmente, se acuerda proveer las copias solicitadas en el día de hoy, una vez dializada y asentada en los libros llevados por este tribunal la presente acta. Así se decide.

   DISPOSITIVA

   Por los fundamentos de hecho y de derecho, antes expuestos, este Juzgado Séptimo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal Fronterizo del estado Zulia, con Competencia Municipal, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, decide: