Decisión nº PJ0072014000005 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Falcon (Extensión Coro), de 22 de Enero de 2014

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SEGUNDO DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO FALCON

SENTENCIA DEFINITIVA

CAUSA: IP01-P-2013-0001602

S.A.d.C., 22 de enero de 2014

203º y 154º

Corresponde a este Tribunal de Juicio, emitir sentencia en la presente causa, seguida contra de E.J.M.D. y D.J.C., a quienes este Tribunal, condenó a cumplir la pena de OCHO (8) AÑOS de PRISIÓN, por la comisión del delito de Ocultación Ilegal de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y castigado en el artículo 149, primer aparte, de la Ley Orgánica de Drogas, todo conforme al procedimiento especial por admisión de los hechos previsto en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal; a tal efecto, este Juzgado hace las siguientes consideraciones previas:

I

IDENTIFICACIÓN PLENA DEL ACUSADO

E.J.M.D., titular de la cédula de identidad Nº 22.308.586, venezolano, de 23 años de edad, nacido en fecha 16-09-1990, de profesión ayudante de albañil y natural de esta Ciudad, residenciado en Parcelamiento C.v., calle t.s., casa S/N, cerca del Mercal de la señora Andrea, coro estado Falcón actualmente recluido en la comunidad penitenciaria.

D.J.C., titular de la cédula de identidad Nº 22.602.423, venezolano, de 21 años de edad, nacido en fecha 17-04-1992, de profesión ayudante de albañil y natural de esta Ciudad, residenciado en Parcelamiento C.v. calle t.s., casa N° 12, ceca del mercal de la señora andrea, coro estado Falcón (actualmente recluido en la comunidad penitenciaria).

II

DE LOS HECHOS OBJETO DEL PROCESO

En esta fecha, se llevó a efecto el acto de apertura del Juicio Oral y Público, acto en el cual la Fiscalía al tomar uso de la palabra, ratificó el contenido de su acusación.

Los hechos contenidos en ella y por los que los acusados admitieron los hechos son los siguientes:

En fecha 15 de Marzo de 2013, siendo aproximadamente las 03:40 horas de la tarde, los funcionarios S/1. COLINA J.C., S/1. TORRES M.A., S/2. ESCALONA CASTELLANO DIONIS, S/2. LUQUE M.O., S/2. R.T.J., S/2. VALERO P.R., S/2. RUJANO CONTRERAS JOSÉ Y S/2. A.C.J., adscritos al Destacamento de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, con sede en Coro, se encontraban realizando labores de patrullaje de seguridad para la prevención de los delitos en la Jurisdicción del Municipio M.d.E.F. y cuando se encontraban en el Parcelamiento C.V., específicamente por la Avenida T.S. de la ciudad de Coro, Municipio M.d.E.F. visualizaron a dos ciudadanos en una esquina, quienes al notar la presencia de la comisión policial, uno de ellos de piel morena, contextura delgada y estatura mediana que vestía para el momento una camisa de color amarillo y una bermuda de cuadros, salio corriendo, en virtud de lo cual el S/2 R.T.J., procedió a darle la voz de alto, la cual no fue acatada por este ciudadano que luego fue interceptado por el S/2 RUJANO CONTRERAS JOSÉ, mientras que el S/2 LUQUE M.O., neutralizo al otro ciudadano que se encontraba en la esquina de piel mestiza, contextura delgada y estatura mediana, el cual vestía para el momento franelilla de color negro y bermuda de jeans de color gris. En virtud de la actitud asumida por estos ciudadanos el S/1 COLINA J.C., procede a ubicar a un ciudadano que fuera testigo del procedimiento que se iba a practicar, ubicando al ciudadano de nombre R.C., procediendo luego los funcionarios en presencia del ciudadano testigo, a realizar una revisión corporal a los ciudadanos antes descritos, lográndole ubicar al que vestía franelilla de color negro y bermuda de Jeans de color gris Un (01) arma de fuego (facsímile), tipo pistola, Calibre 4.5MM, Marca Fort Smith, Ar72908, de fabricación made in Japón, serial 08F02797; mientras que al ciudadano que vestía una camisa de color amarillo y bermuda de cuadros se le incauto en la pretina de la bermuda Un (01) arma de fuego, (Facsímile) tipo pistola, Marca Gonder, de fabricación made in spain, sin seriales, percatándose de manera inmediata el S/2 VALERO P.R., que al lado del ciudadano que vestía franelilla de color negro y bermuda de color Gris, de piel mestiza, contextura delgada y estatura mediana y quien se quedo en el lugar cuando visualizo a la comisión policial, se encontraba Una (01) gorra de color blanco donde se puede leer Bass Pro Shops, dentro de la misma se encontraba una pelota blanda tipo envoltorio de gran tamaño confeccionado en una (01) bolsa de material sintético de color negro y dentro del mismo reforzada con una bolsa de material sintético de color amarillo con negro amarrada a su único extremo con una liga de color marrón claro contentiva en su interior de un polvo de color blanco con olor fuerte y penetrante característico de la droga denominada Cocaína, el cual al ser a.d.e., arrojo como resultado positivo para COCAÍNA con un peso neto de trescientos dos coma treinta y cinco gramos (302,35 grs); tal y como consta en Experticia Química N° 9700-060-168, realizada en fecha 16-03-2013 por la ciudadana T.S.U. SILED ROJAS, funcionaria Experta adscrita al laboratorio de Toxicología del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub-Delegación Coro, en virtud de tales hechos los funcionarios procedieron a la aprehensión de dichos ciudadanos quienes fueron identificados el primero de los descritos que emprendió huida al momento de percatarse de la comisión como D.J.C. y el segundo de los descritos que fue aprehendido en el mismo lugar como E.J.M.D., quienes fueron puestos luego a la Orden del Ministerio Publico.

Seguidamente el Representante Fiscal, expuso sucintamente los medios de pruebas en los que soportaba su acusación y los ofreció a los fines de demostrar la culpabilidad del sindicado y lo acusó formalmente del delito de Ocultación Ilegal de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y castigado en el artículo 149, primer aparte, de la Ley Orgánica de Drogas.

Acto seguido la defensa hizo el uso de palabra a los efectos de exponer su discurso de apertura.

Acto seguido se le impuso a la acusada de sus derechos contemplados en el artículo 127 del COPP, y se les informó que su declaración era un instrumento para su defensa por lo que se le impuso del contenido de los artículos 132 y 134 eiusdem, así como del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, manifestando no querer declarar.

Acto seguido se le impuso a los acusados de las medidas alternativas de prosecución del proceso penal, a saber, Principio de Oportunidad, Acuerdos Reparatorios y Suspensión Condicional del Proceso, aún y cuando es claro que dichas medidas no proceden respecto al delito imputado. También se le explicó detalladamente del procedimiento especial por admisión de hechos, previsto en el artículo 375 del COPP, indicándole de manera detallada y clara en que consistía y los beneficios que procuraban tanto a él como al Estado. Se le concedió el derecho de palabra al acusado y libre y de forma voluntaria, manifestó admitir los hechos y en consecuencia su responsabilidad en el delito por el que se le acusó, solicitó la imposición de la pena bajo la institución de la admisión de los hechos.

III

HECHOS QUE QUEDAN ACREDITADOS

Basado en la admisión de los hechos efectuada por el acusado quien asumió plenamente la responsabilidad de los hechos, el Tribunal cumpliendo con su función sentenciadora y los requisitos de la sentencia conforme al contenido del artículo 364.3 del COPP, estima acreditados los hechos que el Ministerio Público planteó como objeto del debate en su escrito de acusación, esto es que:

En fecha 15 de Marzo de 2013, siendo aproximadamente las 03:40 horas de la tarde, los funcionarios S/1. COLINA J.C., S/1. TORRES M.A., S/2. ESCALONA CASTELLANO DIONIS, S/2. LUQUE M.O., S/2. R.T.J., S/2. VALERO P.R., S/2. RUJANO CONTRERAS JOSÉ Y S/2. A.C.J., adscritos al Destacamento de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, con sede en Coro, se encontraban realizando labores de patrullaje de seguridad para la prevención de los delitos en la Jurisdicción del Municipio M.d.E.F. y cuando se encontraban en el Parcelamiento C.V., específicamente por la Avenida T.S. de la ciudad de Coro, Municipio M.d.E.F. visualizaron a dos ciudadanos en una esquina, quienes al notar la presencia de la comisión policial, uno de ellos de piel morena, contextura delgada y estatura mediana que vestía para el momento una camisa de color amarillo y una bermuda de cuadros, salio corriendo, en virtud de lo cual el S/2 R.T.J., procedió a darle la voz de alto, la cual no fue acatada por este ciudadano que luego fue interceptado por el S/2 RUJANO CONTRERAS JOSÉ, mientras que el S/2 LUQUE M.O., neutralizo al otro ciudadano que se encontraba en la esquina de piel mestiza, contextura delgada y estatura mediana, el cual vestía para el momento franelilla de color negro y bermuda de jeans de color gris. En virtud de la actitud asumida por estos ciudadanos el S/1 COLINA J.C., procede a ubicar a un ciudadano que fuera testigo del procedimiento que se iba a practicar, ubicando al ciudadano de nombre R.C., procediendo luego los funcionarios en presencia del ciudadano testigo, a realizar una revisión corporal a los ciudadanos antes descritos, lográndole ubicar al que vestía franelilla de color negro y bermuda de Jeans de color gris Un (01) arma de fuego (facsímile), tipo pistola, Calibre 4.5MM, Marca Fort Smith, Ar72908, de fabricación made in Japón, serial 08F02797; mientras que al ciudadano que vestía una camisa de color amarillo y bermuda de cuadros se le incauto en la pretina de la bermuda Un (01) arma de fuego, (Facsímile) tipo pistola, Marca Gonder, de fabricación made in spain, sin seriales, percatándose de manera inmediata el S/2 VALERO P.R., que al lado del ciudadano que vestía franelilla de color negro y bermuda de color Gris, de piel mestiza, contextura delgada y estatura mediana y quien se quedo en el lugar cuando visualizo a la comisión policial, se encontraba Una (01) gorra de color blanco donde se puede leer Bass Pro Shops, dentro de la misma se encontraba una pelota blanda tipo envoltorio de gran tamaño confeccionado en una (01) bolsa de material sintético de color negro y dentro del mismo reforzada con una bolsa de material sintético de color amarillo con negro amarrada a su único extremo con una liga de color marrón claro contentiva en su interior de un polvo de color blanco con olor fuerte y penetrante característico de la droga denominada Cocaína, el cual al ser a.d.e., arrojo como resultado positivo para COCAÍNA con un peso neto de trescientos dos coma treinta y cinco gramos (302,35 grs); tal y como consta en Experticia Química N° 9700-060-168, realizada en fecha 16-03-2013 por la ciudadana T.S.U. SILED ROJAS, funcionaria Experta adscrita al laboratorio de Toxicología del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub-Delegación Coro, en virtud de tales hechos los funcionarios procedieron a la aprehensión de dichos ciudadanos quienes fueron identificados el primero de los descritos que emprendió huida al momento de percatarse de la comisión como D.J.C. y el segundo de los descritos que fue aprehendido en el mismo lugar como E.J.M.D., quienes fueron puestos luego a la Orden del Ministerio Publico.

IV

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

La institución de la admisión de hecho se encuentra contemplada en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal y fundamentalmente es un mecanismo de auto composición procesal tendiente a la conclusión anticipada del procedimiento penal producto del reconocimiento voluntario que el acusado expresa respecto a su participación y culpabilidad en los hechos que el Estado por intermedio del Ministerio Público le imputa. Tal reconocimiento que contribuye a la efectiva tutela de los derechos de las victimas, la ciudadanía en general y del propio Estado conlleva a un conjunto de beneficio, entre los cuales está, la celeridad judicial lo cual comporta además de una pronta Justicia y el ejercicio efectivo del ius puniendi por parte del Estado, igualmente conlleva a una recompensa para el acusado que ha reconocido su culpabilidad y responsabilidad en el delito de manera anticipada, es precisamente, la formula prevista en el artículo 375 del COPP, la admisión de los hechos, que prevé una rebaja especial que va desde 1/3 a 1/2 de la pena que por el delito cometido normalmente se le aplicaría, según sea el caso, a la luz del encabezamiento de dicho artículo y su primer aparte, es decir, tomando en cuenta las circunstancias del caso, el bien jurídico afectado y el daño social causado. Pero, en el caso que los hechos se subsuman en los presupuestos del primer aparte de dicho artículo el juez sólo podrá rebajar 1/3 de la pena.

Sobre esta novísima Institución -La Admisión de los hechos- el Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado de manera reiterada y entre las sentencias más recientes encontramos la número 78 del 25 de enero de 2006, expediente 2228 con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta Merchan, (sala Constitucional) igualmente y más reciente en sentencia del 23 de mayo de 2006, sentencia 1106, expediente 1422, expresó lo siguiente:

“De acuerdo con la norma reseñada, el procedimiento por admisión de los hechos es una de las formas de autocomposición procesal, mediante la cual el legislador creó una manera especial de terminación anticipada del proceso, con prescindencia del juicio oral y público, que, a pesar de no estar incluida dentro de las alternativas a la prosecución del proceso previstas en el Capítulo III, Título I del Libro Primero del Código Orgánico Procesal Penal (como lo son el principio de oportunidad, la suspensión condicional del proceso y los acuerdos reparatorios), cumple la misma función, es decir, pone fin al proceso, toda vez que se trata de una “negociación procesal” que asume voluntariamente el acusado, con el objeto de terminar la causa penal.

Se trata, además, de un mecanismo establecido en el Texto Penal Adjetivo que le permite al acusado obtener una rebaja de pena, cuando declara en forma anticipada su culpabilidad, lo que trae como consecuencia un ahorro económico para el Estado, en virtud de que se evita la celebración del juicio oral y público, el cual, por su propia naturaleza, contiene una serie de gastos de índole pecuniario. Permite, igualmente, la obtención de una justicia expedita, la cual es originada por la propia voluntad del acusado, al aceptar los hechos que le son atribuidos, estando ello en concordancia con la tutela judicial efectiva establecida en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En tal sentido, del análisis del señalado artículo 376 se coligen los requisitos para que proceda la admisión de los hechos, el primero de ellos, es la admisión por parte del juez de control, en la audiencia preliminar, de la acusación presentada por el Ministerio Público, cuando se trate del procedimiento ordinario, o en el caso del procedimiento abreviado -delitos flagrantes-. El segundo de dichos requisitos es la admisión por parte del acusado de los hechos objeto del proceso -los comprendidos dentro de la acusación- y la solicitud de la imposición inmediata de la pena.

Así pues, respecto a la oportunidad para realizar la admisión de los hechos se debe distinguir del tipo de proceso que se trate, pues en el procedimiento ordinario, regulado por las normas contenidas en el Libro Segundo del Código Orgánico Procesal Penal, el acusado sólo podrá admitir los hechos objeto del proceso en la audiencia preliminar y una vez que el juez de control haya admitido la acusación presentada en su contra por el Ministerio Público; y en el caso del procedimiento abreviado -Título II del Libro Tercero- la admisión de los hechos sólo procederá en la audiencia del juicio oral, una vez presentada la acusación por el Ministerio Público y antes que el juez de juicio unipersonal haya dado inicio al debate.

Por tanto, no puede el acusado admitir los hechos en otras oportunidades, ya que esa circunstancia sería contradictoria con la naturaleza propia de la intención del legislador procesal penal, que se basó en la figura del “plea guilty”, tomada del derecho anglosajón, que permite la declaración de culpabilidad anticipada, ahorrándole al Estado tiempo y dinero, para invertirlos en otros juicios.

Así pues, dicha institución procesal está acorde con el derecho de toda persona a obtener una tutela judicial efectiva, pero necesariamente esa posibilidad de ofrecimiento al acusado de culminar anticipadamente el proceso, debe hacerse dentro de los parámetros y exigencias establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal.

Además, cabe resaltar el procedimiento de admisión de los hechos no es contrario, en la forma como se encuentra contemplada en el Código Orgánico Procesal Penal, al derecho constitucional que tiene el imputado –como parte del debido proceso- de reconocer, en forma voluntaria, su culpabilidad dentro del proceso penal. La institución de la admisión de los hechos, simplemente es una oportunidad que se le ofrece al imputado, con un beneficio para su persona, para que reconozca voluntariamente su responsabilidad del hecho que le es imputado, lo que no quiere decir que, en el caso que no lo haga en ese instante, pueda declarar posteriormente y aceptar su participación o coparticipación del hecho que le es atribuido. Pero en este último caso, su declaración de la aceptación de la culpabilidad no le trae beneficio procesal alguno, por haber precluido la oportunidad para hacerlo, la cual es, el procedimiento ordinario, en la audiencia preliminar, y en el procedimiento abreviado, una vez presentada la acusación y antes de iniciarse el debate oral y público.

Asimismo, el derecho al debido proceso, y el consecuente derecho a la defensa, en plenitud, no se encuentran mermados por la figura de la admisión de los hechos, toda vez que al imputado que se le ofrece la oportunidad de concluir el proceso de acuerdo con su declaración de reconocimiento, previamente tuvo la oportunidad, durante el iter procesal, ya sea ordinario o abreviado, de alegar todo aquello que lo beneficie y que pueda desvirtuar la imputación fiscal (alegar excepciones de forma y de fondo, ser oído, ofrecer medios de pruebas, interponer recursos ordinarios, ser notificado de los “cargos” por los cuales se le investiga, entre otros mecanismos de defensa)….”

Hechas previamente las consideraciones de derecho respecto a la Admisión de los Hechos, se observa que la acusada admitieron su participación y responsabilidad en el delito de Ocultación Ilegal de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y castigado en el artículo 149, primer aparte, de la Ley Orgánica de Drogas, en consecuencia, será a partir de dicho tipo penal que habrá de hacerse el calculo de la pena para aplicarle la rebaja especial por admisión de hechos y finalmente imponerle la pena que deberá cumplir.

En relación a la pena que se le debe imponer a los acusados por el delito de Ocultación Ilegal de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y castigado en el artículo 149, primer aparte, de la Ley Orgánica de Drogas, establece para ese delito una pena que va desde los 12 años a 18 años de prisión, cuyo término medio en aplicación de la dosimetría penal establecida en el artículo 37 eiusdem, es 15 años de prisión.

A partir de allí, entonces se aplicaría el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece:

El Procedimiento por admisión de los hechos tendrá lugar desde la audiencia preliminar una vez admitida la acusación, hasta antes de la recepción de pruebas.

El Juez o Jueza deberá informar al acusado o acusada respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. El acusado o acusada podrá solicitar la aplicación del presente procedimiento, para lo cual admitirá los hechos objeto del proceso en su totalidad y solicitará al tribunal la imposición inmediata de la pena respectiva.

En estos casos; el Juez o Jueza podrá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, pudiendo cambiar la calificación jurídica del delito, atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado y motivando adecuadamente la pena impuesta.

Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas, cuya pena exceda de los ocho años en su límite máximo, y en los casos de delitos de: homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, delito de corrupción, delitos que causen graves daños al patrimonio público y la administración público; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financieros y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra, el Juez o Jueza sólo podrá rebajar hasta un tercio de la pena aplicable

(Subrayado del Tribunal).

De la inteligencia de la norma antes transcrita se evidencian unas series de circunstancias que merecen ser analizadas a los efectos de imponer adecuadamente la pena que el acusado deberá cumplir. Así observamos que el legislador adjetivo penal en la parte in fine del encabezamiento autoriza al juez de la causa a rebajar la pena aplicable desde un tercio a la mitad atendiendo todas las circunstancias, el bien jurídico afectado y el daño social causado, lo que exige independientemente de la rebaja una motivación adecuada al caso en concreto.

Sin embargo, observamos que el primer aparte trae una excepción a aquella regla donde establece que sólo podrá rebajarse la pena en 1/3 en los siguientes casos:

1. - En delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas.

2. - En los delitos contra el patrimonio público, y

3. - En los delitos contemplados en Ley Orgánica de Drogas, siempre que sea Tráfico en mayor cuantía, sin embargo, es argumento en contrario de lo anterior, que en el caso de delitos relacionado con el tráfico en menor cuantía el juez o jueza puede rebajar la pena normalmente aplicable hasta la mitad.

Es claro decir, que a partir de aquellos 15 años de prisión procedería la rebaja que por concepto le corresponde por la admisión de hechos, que en este caso, quien aquí decide, rebaja la pena a su límite inferior, es decir, que la pena se lleva a 12 años de prisión y por el procedimiento de admisión de hechos, se le rebaja 1/3 de esta pena.

Por lo tanto, al aplicar la rebaja de 1/3 a aquellos 12 años, queda una pena a imponer de ocho (8) años de prisión, por el delito de Ocultación Ilegal de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y castigado en el artículo 149, primer aparte, de la Ley Orgánica de Drogas.

Igualmente se le condenada a cumplir las penas accesorias establecidas en el artículo 16 del Código Penal vigente. Y así se decide.

De conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código Orgánico Procesal Penal, se exime del pago de las costas procesales contempladas en el artículo 276 eiusdem, en virtud del principio de la gratuidad de la justicia consagrado en el artículo 254 de la Constitución Nacional. Y así se decide.

Finalmente y conforme al artículo 349 del Código Orgánico Procesal Penal, se fija como fecha provisional para el cumplimiento de la condena el día 15 de marzo de 2021. Y así se decide.

V

DECISIÓN

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal 2º en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley de conformidad con lo establecido en los artículos 346 del Código Orgánico Procesal Penal, en armonía con el artículo 375 eiusdem, resuelve: Primero: CONDENA a OCHO (8) AÑOS de prisión a los ciudadanos E.J.M.D. y D.J.C., ampliamente identificada en autos, por la comisión de los delitos de Ocultación Ilegal de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y castigado en el artículo 149, primer aparte, de la Ley Orgánica de Drogas. Segundo: Se le condena a cumplir las penas accesorias establecidas en el artículo 16 del Código Penal vigente. Tercero: De conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código Orgánico Procesal Penal, se exime del pago de las costas procesales contempladas en el artículo 276 eiusdem, en virtud del principio de la gratuidad de la justicia consagrado en el artículo 254 de la Constitución Nacional. Cuarto: Conforme al artículo 349 del Código Orgánico Procesal Penal, se fija como fecha provisional para el cumplimiento de la condena el día 15 de marzo de 2021.

Regístrese, déjese copia, inclúyase en diario. Remítase en su oportunidad legal al Tribunal de Ejecución.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias del Tribunal 2º de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Falcón. En Coro a los 22 días de enero de dos mil catorce (2014). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

EL JUEZ,

J.C.P.G.

LA SECRETARIA,

ELYCELIS RODRIGUEZ

JCPG/ER/jcpg

Sentencia Definitiva

Resolución Nº PJ07-2014-0005