Decisión nº PJ0062015000132 de Tribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Carabobo (Extensión Valencia), de 30 de Junio de 2015

Con relación a la RESPONSABILIDAD SUBJETIVA. este Juzgador en aras de determinar la procedencia del concepto pasa a determinar que salario integral diario tomara en cuenta para el calculo de la Indemnización demandada, a su decir, el actor al folio -8- del libelo señala como salario integral diario utilizado para el calculo Bs. 89,22, y del acervo probatorio presentado, constata este sentenciador documental de Informe Pericial emitido por Inpsasel marcado -10-, mediante la cual se evidencia en su contenido donde se define “SALARIO INTERAL”, que la referida Institución toma como salario integral diario para el calculo de la Indemnización la cantidad de Bs. 84,18, que en negrillas se observa que fue suministrado por el propio trabajador J.G.L.M.; asimismo, se evidencia Liquidación de contrato de Trabajo marcada -11-, mediante la cual se deja notar en cuadro sinóptico que el Salario Integral diario es por la cantidad de Bs. 84,18; tomando en cuanta el contenido y análisis de comprobación de las documentales antes señaladas promovidas por el actor, este Tribunal establece que para el calculo de la indemnización solicitada fijara como base de calculo la cantidad de Bs. 84,18, como salario integral diario, desechando la cantidad de Bs. 89,22, señalada por el actor en el libelo de demanda. Y así se establece.

Precisado el salario integral diario para el calculo de la RESPONSABILIDAD SUBJETIVA, la parte actora reclama la indemnización prevista en la norma contenida en el artículo 130, numeral tercero de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Al respecto, por cuanto la parte demandada SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO, C.A. (SEGEMA, C.A.), no compareció a la celebración de la audiencia preliminar, quedó como un hecho admitido que incurrió en violación de las normas de seguridad y salud en el trabajo, admitiendo que no brindo la instrucción correspondiente a la trabajadora reclamante respecto a los riesgos a los que se sometía con la actividad que desempeñaba, al haber la inexistencia de la notificación de riesgos a la trabajadora, así como a la falta de servicio de seguridad y salud en el trabajo, de un sistema de vigilancia epidemiológica de accidentes y enfermedades ocupacionales y ante una falta de análisis de seguridad en el trabajo. Asimismo, se desprende que la actividad realizada por la parte actora como ayudante de electricidad ameritaba movimientos de flexión y extensión de brazos por debajo de la cintura con balanceo de tronco hacia adelante, que debía excavar, trasladar con carretilla piedra, arena replantear estos materiales, extendiendo y flexionado brazos con movimientos repetitivos.

Ahora bien, siendo que dicha norma prevé que en caso de ocurrencia de una enfermedad de origen ocupacional como consecuencia de la violación de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador, y siendo que quedo establecido que la empresa demandada antes identificada no dio cumplimiento a los deberes que como empleador y de acuerdo a la norma prevista en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y finalmente, por cuanto el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales órgano competente, según lo establece el artículo 76 de la antes citada Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo para calificar y certificar las enfermedades de origen ocupacional certificó en fecha 26 de agosto del año 2014 que el ciudadano J.G.L.M., padece una enfermedad ocupacional (agravada con ocasión del trabajo) que le ocasionan al trabajador una Discapacidad Parcial y Permanente para el trabajo habitual, tal y como se evidencia certificación emitida por Inpsasel en el libelo de demanda que riela a los folios -14 al 16-, ambos inclusive, que expreso el (31.10%) de porcentaje de discapacidad, así como la documental Informe Pericial emitido por Inpsasel marcada -10- que acompaña el escrito de promoción de pruebas, este Juzgado, aun cuando las documentales administrativas presentadas no son vinculante para los Jueces, no puede pasar desapercibido el hecho que quedo demostrada la enfermedad por la admisión de hechos, las pruebas presentadas y el nexo de causalidad existente entre la enfermedad y la labor ejecutada para el trabajador, máxime, sin con las pruebas aportadas del actor específicamente la documental marcada -3-, evaluación medica del propio servicio medico de la entidad de trabajo accionada (SEGEMA, C.A.), mediante la cual se observa que el trabajador tenia limitantes para ejecutar peso, en consecuencia de todo lo expuesto en este particular este Despacho declara procedente y en tal razón condena a la parte demandada a pagar la cantidad de NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE BOLIVARES CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS (BS. 96.049,38), cantidad esta obtenida como resultado de multiplicar 1.141 días x Bs. 84,18, lapso de tiempo que esta por encima de los tres (3) años y el salario integral devengado en el mes de labores inmediatamente anterior a la determinación de la discapacidad notificado por el propio trabajador al organismo competente, acogiéndose al informe pericial administrativo, por cuanto este Despacho considera que se encuentra ajustado a derecho en base al (31.10%) de discapacidad y que dicho porcentaje cumple con el parámetro legal establecido en el mismo artículo 130 numeral 4. Y así se estable y decide.

En lo que respecta al DAÑO MORAL, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, ha sido reiterada en señalar que en materia de infortunios de trabajo, se aplica la teoría de la responsabilidad objetiva o del riesgo profesional, la cual hace proceder a favor del trabajador enfermo o accidentado el pago de indemnizaciones por daños, independientemente de la culpa o negligencia del patrono. Es por ello que la teoría del riesgo profesional, aplicable al patrono por los accidentes o enfermedades profesionales que sus empleados sufran, lo hace responder objetivamente, es decir, independientemente de la culpa, tanto por el daño material como el daño moral, siempre que el hecho generador (accidente o enfermedad profesional) de daños materiales pueda ocasionar, además, repercusiones psíquicas o de índole afectiva al ente moral de la víctima.

En el caso bajo examen, resulta plenamente establecido que el actor sufre de una Discapacidad Parcial y Permanente producto enfermedad ocupacional agravada con ocasión del trabajo, debido a la violación por parte del patrono de las normas de seguridad e higiene en el trabajo, lo que configura el hecho ilícito por parte del patrono, razón por la cual hace procedentes las indemnizaciones reclamadas.

En virtud de lo anteriormente expuesto acerca una vez establecida la existencia de la Enfermedad Ocupacional que causa la Discapacidad parcial y permanente, ha de observarse que debe forzosamente declararse la existencia de una obligación indemnizatoria en cabeza de la parte patronal, fundamentada en la existencia de un riesgo profesional creado por el empresario en provecho propio, y que se ha concretado en un daño a la esfera jurídica de la trabajadora como sujeto potencial de esos riesgos, en virtud del contacto social que representa la prestación laboral.

Ahora bien, dado que resulta procedente la indemnización del daño moral reclamado por la parte actora, pasa esta Juzgadora, de conformidad con el artículo 1.196 del Código Civil, a realizar la cuantificación del mismo de manera discrecional, razona y motivada.

Para el establecimiento de la indemnización correspondiente, se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:

1) La entidad (importancia) del daño, tanto físico como psíquico (la llamada escala de los sufrimientos morales): En el caso de autos, la actora sufre de Discopatia Lumbar: L4-L5 y L5S1 consideradas como enfermedad ocupacional agravadas por el trabajo. En cuanto al daño físico se evidencia de actas, que la accionante presenta discapacidad parcial y permanente, a consecuencia de la enfermedad, lo que le ocasiona limitación para el trabajo que implique actividades físicas tales como: movimientos repetitivos con aplicación de fuerza flexo-extensión de miembros superiores, así como cargas físicas.

2) La condición socioeconómica del trabajador y su grado de educación y cultura: es posible establecer que la actora tiene una condición económica modesta, por cuanto desempeñaba un cargo de obrero y su nivel de educación básica.

3) Grado de participación de la víctima. Se considera que no hay ningún indicio que indique ánimo de la actora en ocasionarse voluntariamente la enfermedad.

4) Grado de culpabilidad de la accionada: Como consecuencia de la admisión de los hechos y del acta de investigación del INPSASEL quedó acreditado que la demandada no brindo la instrucción correspondiente a la trabajadora reclamante respecto a los riesgos a los que se sometía con la actividad que desempeñaba, al haber la inexistencia de la notificación de riesgos, así como a la falta de servicio de seguridad y salud en el trabajo y la falta de realización del examen pre-empleo, lo que demuestra la responsabilidad directa e inmediata de la demandada en la Enfermedad ocupacional.

5) Capacidad económica de la parte accionada: Se evidencia a los autos, del informe de investigación realizado por el Inpsasel, que la empresa posee en su nómina 62 trabajadores, por lo que se presume una empresa de gran producción económica.

6) Los posibles atenuantes a favor del responsable: la empresa accionada inscribió a la actora en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales al momento de iniciar la relación laboral.

7) El tipo de retribución satisfactoria que necesitaría la víctima para ocupar una situación similar a la anterior a la enfermedad si bien no es posible restablecer la salud de la actora, al haberse calificado la discapacidad generada como parcial y permanente, una retribución de naturaleza pecuniaria atenuaría el sufrimiento que le ha ocasionado la enfermedad que padece.

8) Referencias pecuniarias, para tasar la indemnización equitativa y justa para el caso concreto: por el daño moral sufrido por el accionante de autos, considera como retribución satisfactoria para ésta, con miras a todos los demás aspectos analizados, y en atención al principio de equidad acordar la indemnización por daño moral en la cantidad de TREINTA MIL BOLIVARES (Bs. 30.000,oo), que se considera justa y equitativa y que además en modo alguno considera este Juzgador pueda afectar el desenvolvimiento y continuidad de la empresa. Así se decide.

En cuanto a la reclamación por LUCRO CESANTE, es necesario traer a colación la Sentencia de la Sala de Casación Social de fecha 21 de enero del año 2011 (EDGARDO E.C.R., contra la empresa CORPORACIÓN HABITACIONAL EL SOLER, C.A.,) donde en un caso similar al de autos, se dejó sentado lo siguiente:

”… Pretende el demandante el pago de una indemnización por concepto de lucro cesante. Ahora bien, observa la Sala que, el trabajador está afectado por una discapacidad parcial permanente para la realización su trabajo habitual, tiene posibilidad de realizar una labor distinta a la habitual, que no implique transportar cargas pesadas, subir y bajar escaleras y asumir posturas de flexo extensión de la columna lumbar, es decir, que el daño causado no le impide seguir percibiendo ingresos o ganancias derivadas de la prestación de sus servicios personales, motivo por el cual, se concluye que el daño sufrido no le priva de la posibilidad de seguir obteniendo un salario, por lo que no se configura el supuesto de hecho que acarrea la declaratoria con lugar de la indemnización lucro cesante reclamada de recibir una suma de dinero a la cual se tenía derecho. Como consecuencia de lo expuesto, se declara la improcedencia de la indemnización peticionada por concepto de lucro cesante. (Subrayado y negrita de este Juzgado)

Acorde con el criterio antes citado, este Juzgador observa de las documentales traídas por la parte actora, específicamente de la Certificación emanada del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL) que el actor, padece una enfermedad ocupacional agravada por el trabajo que le ocasionan a la trabajadora una Discapacidad Parcial y Permanente para el trabajo habitual con el (31.10%) de porcentaje residual, que efectivamente se traduce que posee algunas limitaciones para el trabajo pero ello no implica que no pueda realizar otra actividad laboral, o que perciba ingresos o ganancias derivadas de la prestación de sus servicios personales, dedicándose a otra actividad que no afecte su estado de salud, y al poder dedicarse la parte actora a otra actividad que no afecte su estado de salud, se declara IMPROCEDENTE lo demandado por lucro cesante. Así se decide.

En cuanto a las pensiones vitalicias solicitadas por el actor. Al respecto, debe asentar este Juzgador, como ya lo ha señalado la Sala Social en reiteradas oportunidades, que en la actualidad el régimen de indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales está previsto, o las indemnizaciones y obligaciones que de ellas se deriven, esencialmente, en cuatro textos normativos distintos, que son: la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley del Seguro Social Obligatorio, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y el Código Civil, y que todas las indemnizaciones que deban ser cubiertas por parte de la seguridad social del Estado, debe ser exigida por el propio trabajador ante la institución competente existente, mas aun, cuando este sentenciador evidencia que con el escrito de promoción de pruebas el actor acompaña documental marcada -2- denominada Registro de Asegurado forma 14-02, mediante la cual el patrono cumplió con inscribir al trabajador en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), siendo así, es el actor quien debe acudir al Seguro Social, a los fines de activar el procedimiento respectivo ante la junta medica evaluadora que de conformidad con el articulo 80 numeral 2, de la ley que regula el Inpsasel, ý la certificación emitida al trabajador con su porcentaje por enfermedad, deberá ser evaluado por el ente competente (IVSS), en base a la Ley del Seguro Social Obligatorio y su reglamento, para que pueda determinar el porcentaje residual por pensión de discapacidad del trabajador, y por obligación de la seguridad social calcular la pensión vitalicia por incapacidad que se le deba cancelar, no siendo competencia de este juzgado determinar tal pago, por tal motivo este Juzgado declara Improcedente el presente particular demandado. Así se decide.

DECISIÓN

Por todas las razones anteriormente expuestas y con fundamento en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DEL ESTADO CARABOBO, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela declara PARCIALMENTE CON LUGAR, la demanda intentada por el ciudadano J.G.L.M., por Enfermedad Ocupacional, Daño Moral y otros conceptos contra la entidad de trabajo SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO, C.A. (SEGEMA, C.A.), en consecuencia se le condena a pagar la cantidad de CIENTO VEINTISEIS MIL CUARENTA Y NUEVE BOLIVARES CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS (Bs. 126.049,38), por concepto de indemnización prevista en el artículo 130, numeral cuarto de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, y daño moral, además de lo que arroje la experticia complementaria ordenada en el presente fallo. No se condena a la demandada al pago de las costas, por no haber resultado totalmente vencida, de conformidad con lo establecido en el Artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En consecuencia, se ordena la indexación o corrección monetaria de las indemnizaciones provenientes de la enfermedad ocupacional que deberán ser calculados por medio de Experticia Complementaria del fallo, que en este acto se ordena practicar a través de un experto contable que designará el Tribunal; conforme a lo establecido en el Artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, acorde con el criterio jurisprudencial de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de fecha 11 de Noviembre de 2008 con ponencia del Magistrado LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ, (caso J.S. contra la sociedad mercantil MALDIFASSI & CIA C.A):

La indemnizaciones provenientes de la enfermedad ocupacional, exceptuando lo concerniente al daño moral, desde la fecha de notificación de la demandada, es decir, desde el 29 de Abril de 2015, hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, tales como la implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por vacaciones judiciales. Así se establece.

Con respecto al monto condenado por concepto de daño moral, la indexación será calculada desde la fecha de publicación de la sentencia hasta su ejecución, excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa haya estado paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, tales como la implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por vacaciones judiciales. Conforme al criterio establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 161 del 2 de marzo de 2009 (caso: R.V.P.F., contra Minería M.S.).

En caso incumplimiento voluntario de la sentencia definitivamente firme, por parte de la demandada, se aplicará lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y así se establece.

Se advierte a las partes que el lapso para interponer los recursos pertinentes, comienza a transcurrir a partir del primer día hábil siguiente al vencimiento del lapso para la publicación de la presente decisión. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo a los (30) días del mes de Junio del año 2015. Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación. Publíquese, Regístrese y déjese copia de la presente decisión.

EL JUEZ

ABG. CARLOS E. VALERO B.

LA SECETARIA

ABOG. S.A.

En la misma fecha se publico la anterior decisión, siendo las 03:25 p.m.

LA SECETARIA

ABOG. S.A.