Decisión nº 120-2013 de Juzgado Decimo Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 10 de Julio de 2013

Fecha de Resolución10 de Julio de 2013
EmisorJuzgado Decimo Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. Extensión Maracaibo.
PonenteEdmundo Finol
ProcedimientoPrestaciones Sociales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL DÉCIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, Miércoles diez (10) de Julio de 2013

203º y 154º

ASUNTO: VP01-L-2013-000997

Visto el escrito presentado por la abogada en ejercicio O.V.V., portadora de la Cédula de Identidad No. V.- 7.822.816, debidamente inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 55.647, procediendo en su carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil DESARROLLOS, INVERSIONES Y SERVICIOS, C.A., (En lo sucesivo DISCA), parte demandada en la presente causa, mediante el cual formula llamado a la Intervención de Tercero; este Tribunal de Instancia, procede a resolver el pedimento formulado, en los siguientes términos: En principio, establece el artículo 54 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPTRA) ”Que el demandado, en el lapso para comparecer a la Audiencia Preliminar, podrá solicitar la notificación de un tercero en garantía o de un tercero respecto al cual considera que la controversia es común o a quien la sentencia pueda afectar…” (sic). Resulta necesario para este sentenciador determinar la invocación oportuna del pedimento formulado, lo que a su juicio, del examen y análisis de las actas procesales dicho pedimento se efectuó en el tiempo procesal oportuno.

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

En ese orden de ideas, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), consagra expresamente el derecho de todos los ciudadanos de acceder a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses y a una tutela judicial efectiva de los mismos. De acuerdo a la propia Constitución, el instrumento fundamental para la realización de la justicia lo constituye el proceso (Art 257). Dicho proceso debe ser entendido como el conjunto de actos emanados del órgano jurisdiccional, de las partes, y de los terceros que eventualmente en él intervienen de manera preordenados para la resolución de una controversia, el cual está gobernado por el principio de legalidad de las formas procesales. Esto indica, como lo expresa Chiovenda, que no hay un proceso convencional, sino al contrario, un proceso cuya estructura y secuencia se encuentran preestablecidas con un neto signo impositivo, no disponible para el juez, ni para las partes. Así, la regulación legal sobre la forma, estructura y secuencia del proceso civil, es obligatoria en un sentido absoluto, tanto para las partes, como para el juez, pues esa forma, esa estructura y esa secuencia que el legislador ha dispuesto en la ley procesal, son las que el estado considera apropiadas y convenientes para la finalidad de satisfacer la necesidad de tutela jurisdiccional de los ciudadanos, que es uno de sus objetivos básicos. En el caso sub examine hay que destacar que nuestro Derecho Laboral consagra la intervención forzada del tercero por ser común a éste la causa pendiente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Adjetiva Laboral (LOPTRA), en concordancia con el artículo 370, ordinal 4to de la N.C.A. (CPC), de manera de lograr la integración subjetiva del contradictorio, siempre que en aquellos casos el tercero posea un interés igual o común al del actor ó al del demandado, pero no figura ni como actor ni como demandado en la causa pendiente. Asimismo, es necesario la existencia de elementos fehacientes que permitan determinar el pleno convencimiento que la causa es común al tercero y que la sentencia a dictarse pudiera afectarlo; indefectiblemente, se hace necesario que el tercero posea una relación conexa material y única donde todos los integrantes del proceso estén debidamente legitimados para obrar ó contradecir en juicio, justificando de esta manera el llamado para integrar el contradictorio y pueda quedar la causa resuelta en forma uniforme; es decir, es necesario que alguna de las partes posea una relación jurídica material que origine en caso de controversia un litis consorcio necesario ó facultativo.

Ahora bien, la representante judicial de la demandada en cuestión (DISCA), solicita el llamamiento de tercero, específicamente de la Gobernación del Estado Zulia, fundamentando su solicitud, única y exclusivamente en el alegato de que su representada, mantiene o mantuvo relación comercial con el Ejecutivo Regional, que el accionante fue asignado al desarrollo de sus actividades diarias, como obrero de limpieza, en las instalaciones de la Escuela Básica de Avanza.C.C., y que los trabajadores fueron informados que dado el cambio de autoridades del Gobierno Regional, se modificaría la forma de prestación de servicio, manifestando a su vez, que las relaciones con los trabajadores y trabajadoras (se infiere de DISCA), se ha mantenido dentro del más estricto cumplimiento de las obligaciones legales, uno como Patrono Principal y el segundo como Patrono Beneficiario del Servicio, por lo que considera la existencia de una conexión jurídica presente y futura, ello sin acompañar a los efectos, ninguna prueba fehaciente, que le permita crear a este Juzgador, la convicción de la existencia, que la causa es común al tercero y por ende que la sentencia a dictarse pudiera afectarlo.

Al respecto, de los argumentos esgrimidos, considera este Juzgador con fundamento a lo establecido en el artículo 382 de la N.C.A. (CPC), lo siguiente: … “la llamada de los terceros a la causa no será admitida por el tribunal si no se acompaña como fundamento de ella la prueba documental...”; que a juicio de este sentenciador, esa prueba debe acreditar certeza y pleno convencimiento con respecto a los puntos controvertidos, conforme a los términos del artículo 69 de la Ley Adjetiva Laboral (LOPTRA), que establece: “los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto a los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones”, lo que se interpreta y así lo considera este sentenciador, que la prueba idónea y fundamental para el llamado de los terceros intervinientes a la causa, tiene que ser de tal convicción capaz de llevar al conocimiento de la existencia de un determinado hecho; de tal manera, considerando que la representante judicial de la demandada de autos (DISCA), abogada en ejercicio O.V.V., antes identificada, no aporto prueba documental alguna, para llevar a conocimiento de este juzgador la existencia del hecho invocado por la demandada y no siendo la Gobernación del Estado Zulia, parte en el presente juicio, resulta evidente que la sentencia que habrá de recaer en la presente causa, no podría en modo alguno afectarlo, y desde esa perspectiva, no se dan los presupuestos legales para considerar la procedencia del llamado como tercero de la Gobernación del Estado Zulia, lo que hace necesariamente, declarar que es IMPROCEDENTE, el llamado como tercero interviniente de la Gobernación del Estado Zulia, formulado por la representación judicial de la parte demandada (DISCA); ello se insiste, que al ser llamado forzosamente un tercero a la causa, como ocurrió en el presente juicio, resulta un requisito impretermitible, el traer a los autos, pruebas documentales suficientes para demostrar el fundamento de la solicitud de la intervención del tercero, conforme a lo previsto en el mencionado artículo 382 del CPC, por lo que al no realizarlo, se insiste, al no acompañar prueba documental fehaciente alguna, a juicio de este Juzgador, no puede pretenderse acreditar el hecho invocado, como fundamento de su solicitud, simplemente en alegatos, en virtud de que no se acompaño instrumento alguno, y por ende, no se deriva, como se manifestó con anterioridad, ningún elemento probatorio que permita a este Juzgador, formar convicción en cuanto a la procedencia del llamado del tercero en la presente causa, lo que hace y se ratifica IMPROCEDENTE el llamado a la intervención del tercero a la causa, formulado por la apoderada judicial de la demandada (DISCA) y así queda establecido.-

DISPOSITIVO

Conforme a las consideraciones antes expuestas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley, este TRIBUNAL DÉCIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA, en ejercicio de sus facultades legales, declara: IMPROCEDENTE el llamado de la intervención de tercero formulado por la representante judicial de la parte demandada (DISCA), y por cuanto se observa que la presente causa fue certificada por la Coordinación de Secretaría de este Circuito Judicial Laboral, en fecha 20/06/2012, para seguridad jurídica de las partes intervinientes en el presente proceso, la instalación de la audiencia preliminar fijada en la presente causa, tendrá lugar al Quinto (5to) día hábil siguiente, posterior a la presente fecha, es decir 10//07/2012, a las nueve y quince horas de la mañana (09:15 a.m.), previo sorteo de la causa, sin necesidad de notificación por cuanto las partes se encuentran a derecho. (Negrillas del Tribunal). Publíquese y Regístrese la presente decisión.-

EL JUEZ,

ABG. E.F.R..

LA SECRETARIA,

ABG. M.A.P..

En la misma fecha se publicó la presente decisión, siendo las once y cuarenta y cinco horas de la mañana (11:45 a.m.).

La Secretaria,

EFR/Exp. VP01-L-2013-000997.-

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