Decisión de Tribunal Trigesimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de Caracas, de 22 de Julio de 2013
| Fecha de Resolución | 22 de Julio de 2013 |
| Emisor | Tribunal Trigesimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución |
| Ponente | Juan Medina |
| Procedimiento | Transacción |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Trigésimo (30°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 22 de julio de 2013
203º y 154º
ASUNTO: AP21-S-2013-001868
Vista la anterior solicitud mediante la cual se solicita la homologación de un acuerdo transaccional suscrito entre la ciudadana KATHERYNE VILLALOBOS, titular de la C.I. V- 17.963.751, asistida por el abogado O.J.G., IPSA Nº 145.136, y la sociedad mercantil TERAPIA LZ PLUS, C.A., representada por el ciudadano T.R.C., abogado en ejercicio, inscrito en el IPSA bajo el No. 130.980, a los efectos de que una vez revisada la misma, y si cumple con los requisitos de validez, declarar su homologación. Ahora bien para decidir sobre lo solicitado, al respecto este Juzgado observa:
Nuestra Constitución en su articulo 89 numeral segundo establece: “…El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La Ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios:
…2.- Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Solo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la Ley (subrayado del tribunal)…
Esta norma nos establece en principio dos requisitos que son de impretermitible cumplimiento como lo son: 1- Se puede transar o Convenir solo al término de la relación laboral; y 2- esto debe ser hecho de conformidad con lo pautado por la Ley. Entonces si aplicamos esto a la solicitud que nos ocupa podemos concordar en que al haber terminado la relación de trabajo entre las partes se cumple con el primer requisito. Ahora bien analicemos el segundo requisito y es que la transacción se realice de conformidad con lo establecido en la ley, y al respecto nuestras leyes, tanto nuestra novísima Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y el Reglamento vigente de la Ley Orgánica del Trabajo, establecen las normas a seguir para la realización de los actos de auto composición procesal. Pues bien al respecto nuestra Ley del Trabajo establece en su artículo 19:”…Las transacciones y convenimientos solo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos, dudosos o discutidos, (subrayado del tribunal) consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos…”, aquí podemos apreciar que las transacción deben efectivamente tratarse derechos litigiosos, es decir discutidos dentro del proceso, en nuestro caso por ante la jurisdicción Labora. Y el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo que establece en su articulo 9 literal b; “… La Irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, cualquiera fuere su fuente. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Solo es posible la transacción y convenimiento al termino de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la Ley y los reglamentos…”. Al respecto vale el comentario realizado ut supra, con respecto al articulo 89 de nuestra norma constitucional por ser prácticamente análogas, y debemos observar también lo establecido en el articulo 10 del Reglamento de la Ley del Trabajo que dice: “…De conformidad con el principio de irrenunciabilidad de los derechos que favorezcan al trabajador y trabajadora, contemplado en el numeral segundo del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, las transacciones y convenimiento solo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos o discutidos, (subrayado del tribunal) consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que las motiven y de los derechos en ellas comprendidos.
En consecuencia, no será estimada como transacción la simple relación de derechos, aun cuando el trabajador o trabajadora hubiere declarado su conformidad con lo pactado. En este supuesto, el trabajador o trabajadora conservará íntegramente las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo.”, Igualmente vale el comentario para esta norma sobre lo dicho con respecto al articulo 19 de nuestra nueva Ley Orgánica del Trabajo.
Ahora bien las anteriores no son las únicas normas que regulan las transacción que es el caso que nos ocupa, sino que también debemos mencionar lo establecido en el artículo 29 de nuestra Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que establece cual son las competencias de los Tribunales del Trabajo, y que dice:
Los Tribunales del Trabajo son competentes para sustancias y decidir:
1.- Los asuntos contenciosos del trabajo, que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje;
2.- Las solicitudes de calificación de despido o de reenganche, formuladas con base en la estabilidad laboral consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la legislación laboral;
3.- Las solicitudes de amparo por violación o amenaza de violación de los derechos y garantías constitucionales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;
4.- Los asuntos de carácter contencioso que se susciten con ocasión de las relaciones laborales como hecho social, de las estipulaciones del contrato de trabajo y de la seguridad social; y
5.- Los asuntos contenciosos del trabajo relacionados con los intereses colectivos o difusos
Y como puede observarse en ninguno de los numerales anteriores se aprecia que los Tribunales del Trabajo puedan revisar y homologar transacciones, si antes no provienen de un proceso litigioso previamente instaurado. Esto no quiere decir que las transacciones extrajudiciales no sean validas pues si lo son a tenor de lo establecido en nuestro Código Civil, y surten efecto entre las partes, además vale acotar que las transacciones homologadas por el Inspector del Trabajo siendo un órgano administrativo y no judicial, tienen efecto de cosa juzgada, claro esto es así por imperativo de la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las Trabajadoras. También el articulo 256 CPC, establece el uso de la transacción como una forma de terminar los procesos judiciales en curso.
Cabe resaltar también que por disposición del artículo 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se debe impulsar a lo largo del proceso la posibilidad de promover la utilización de medios alternativos de solución de conflictos, tales como la conciliación, mediación y arbitraje; y además de velar por la protección de los derechos irrenunciables del trabajador, pero esto se debe hacer en el marco de un procedimiento laboral instaurado, tal como lo mencionamos ut supra, por lo que al no ser la transacción presentada un procedimiento laboral propiamente dicho, es decir una demanda o una solicitud (calificación de despido), o un amparo o una oferta real, mal puede dársele tramite.
En este orden de ideas, es preciso revisar sentencia de fecha 08.05.2013, publicada por el Tribunal Noveno Superior del Trabajo de este Circuito Judicial, en el asunto AP21-R-2013-000323:
(…) Así pues, si acogemos el criterio plasmado por la Sala Político Administrativa en la sentencia invocada en el escrito por los solicitantes, que los Tribunales laborales fueren competentes para conocer de transacciones extrajudiciales, en principio tal criterio contraviene lo dispuesto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pues en toda causa laboral se inicia un proceso sea por una oferta real de pago que aunque es una jurisdicción contenciosa, pudiera darse posteriormente la presentación de un acuerdo transaccional, pero dentro del proceso, en el cual se debe considerar primero la admisibilidad o no de la acción propuesta o en vía contenciosa de conformidad con lo que prevé los artículos 123 y siguientes de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y allí sí luego del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley como reguladora del proceso instado ( despacho saneador si es el caso, admisión, notificación y audiencia preliminar, si es el caso) surge la discusión o el debate porque hay una posible audiencia preliminar donde las partes pueden discutir sin haber un litigio real cuáles van a ser las recíprocas concesiones que se van a dar, sea ello en el proceso contencioso ( demandas por prestaciones) o en el proceso gracioso ( oferta real), por lo que se pregunta quien suscribe el presente fallo ¿ en un escrito que fue presentado sin la intervención de un ente administrativo ni de un juez laboral en la discusión para ver o verificar si efectivamente se está cumpliendo con el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, de la voluntad o no del trabajador y que no fue admitido como acción por cuanto el mismo no cumple los requisitos previstos en el artículo 123 ejusdem para ser considerado una demanda o solicitud, pudiera el Juez verificar y considerar que se cumplen los requisitos del proceso y de las pautas que prevé el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Las Trabajadoras para considerar homologar una transacción?, considera quien juzga que no pudiera hacerlo porque es un hecho ajeno al proceso y al funcionario que debe verificar el acto, por lo que esta transacción presentada, a criterio de quien juzga, no cumple ni siquiera con los requisitos del proceso, de lo contenido en el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo porque no se admitió y no se puede admitir un acto que emana de las partes y que no genera una acción contra otro o a favor de otro para que se instaure el proceso, donde debe haber unas partes controvertidas sea en una demanda o una oferta real para saldar una deuda de manera graciosa pero con el consentimiento de su contraparte manifestado de manera voluntaria y autónoma ante un juzgador si esta o no de acuerdo con la oferta y en dado caso con la transacción que pudiere surgir en ese proceso de manera amigable, porque pudieran haberse discutido fuera del proceso, pero para ello necesariamente debe haberse instado primero un proceso y aún con la decisión de la Sala Político Administrativa invocada, ésta no puede enervar los efectos de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que en dado caso sería motivo de interpretación ante la Sala Constitucional, debiendo considerar si lo contenido en el artículo 29 ejusdem no está siendo violentado con criterios que se escapan de lo que es el proceso laboral, porque los tribunales laborales son competentes para sustanciar y decidir, dentro de un proceso, sea que las partes se pusieran de acuerdo extraproceso y vengan luego y soliciten la homologación de sus actuaciones dentro del proceso instado, pero el Juez decide dentro de un proceso, no puede hacerlo fuera de él, motivo por el cual esta solicitud de homologar un acuerdo transaccional que ha sido concebido fuera de un proceso, resulta para quien decide inadmisible a todas luces, por lo que el juzgado a quo debió en vez de negar la homologación declarar la inadmisibilidad de la solicitud interpuesta, por lo cual debe revocarse de oficio el auto apelado y ser declarada la inadmisibilidad por quien aquí juzga, pues la solicitud interpuesta por las partes antes nombradas no puede ser admitida en virtud de que no se trata de un procedimiento por oferta real o de un proceso iniciado a través de una demanda, y sólo ante la vía administrativa ante la Inspectoría del Trabajo, el Inspector o el funcionario delegado para ello podrá verificar en una sala de conciliación si en la transacción presentada de manera voluntaria sin mediar un proceso se está dando cumplimiento a los requisitos legales para su posible homologación, pues allí igualmente las partes están presentes y podrá el inspector si lo requiere o el funcionario competente por delegación hacer las preguntas de rigor para constatar que el trabajador hubiere suscrito el acuerdo de manera voluntaria y sin coacción, por lo que en este caso no es la función de los tribunales laborales, a través de una transacción donde no medió un proceso verificar eso, ya que sólo lo puede hacer el Juez a través de un proceso judicial, sea gracioso o contencioso. Así se decide.(…)
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Trigésimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de esta Circunscripción Judicial, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE la solicitud interpuesta. ASI SE DECIDE. No hay condenatoria en costas. Publíquese, Regístrese y déjese copia de la presente decisión. En Caracas, a los veintidós (22) días del mes de julio de dos mil trece (2013). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
El Juez.
Abg. J.C.M.C.
La Secretaria
Abg. Carmen Romero
