Decisión nº DP31-L-2007-000467 de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio La Victoria de Aragua, de 3 de Mayo de 2010

El Tribunal deja constancia que en la sustanciación de la presente causa se cumplieron todos y cada uno de los actos procésales previstos en la Ley Orgánica del Trabajo vigente, el Código de Procedimiento Civil, y Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no existiendo por tanto motivo de reposición alguno y así expresamente se decide.

Para que sea declarada con lugar una demanda por enfermedad ocupacional conjuntamente con cobro de prestaciones sociales, conforme al procedimiento previsto en la ley que rige la materia es necesario la concurrencia de los siguientes elementos:

a- La existencia previa de una relación de trabajo.

b- Que el actor interponga su demanda en tiempo hábil y oportuno.

c- Que efectivamente pruebe sus alegatos.

d- Que la enfermedad ocurrida al actor sea consecuencia del servicio que prestó en la empresa.

e- Que existan algunos de los supuestos de culpabilidad de la demandada.

f- Que el demandado no haya cancelado al actor el monto correspondiente a las prestaciones sociales calculadas correctamente.

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA Y DE SU VALORACIÓN

En conformidad con los artículos 72 y 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el régimen de distribución de la carga probatoria en materia laboral, se fijará de acuerdo cómo el accionando dio contestación a la demanda.

A la parte actora le correspondía la carga de probar que la enfermedad ocupacional se debió al incumplimiento de las normas de seguridad de su patrono (hecho ilícito); y a la demandada le correspondía desvirtuar lo alegado y probar que dicha enfermedad se debió a la imprudencia del trabajador (hecho o culpa de la víctima). (Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia del 19 de mayo de 2006).

Asimismo, el demandado tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor, con lo cual, hay una modificación en la distribución de la carga de la prueba en el proceso laboral. Así, cuando el demandado no rechace la existencia de la relación laboral, se modificará la distribución de la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por tanto, es el demandado quien deberá probar, por tener en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicio, vacaciones pagadas, utilidades, entre otros.

Igualmente, el demandado tendrá la carga de desvirtuar en la fase probatoria, aquellos hechos sobre los cuales no hubiese realizado en la contestación el fundamentado rechazo, de lo contrario, el sentenciador deberá tenerlos como admitidos. Sin embargo, no todos los alegatos y rechazos que se expongan en la contestación deberán recibir idéntico tratamiento, porque la adecuada o suficiente precisión en el rechazo o en la exposición de las razones y fundamentos de las defensas, en relación con la carga de la prueba o el riesgo de no aportarla, dependerá de la naturaleza y circunstancias de cada asunto y resultará del examen que de las mismas deberá hacer el Tribunal, labor ésta en la cual hará uso de las presunciones establecida a favor del trabajador, pero de la que no puede eximirse con solo indicar que por efecto de declararse la existencia de la relación de trabajo alegada, se tendrán por admitidos todos los hechos y pedimentos planteados con fundamento y por derivación de ella, aún cuando se los hubiere rechazado expresa y precisamente y se trate de rechazos o negativas que se agotan en sí mismas, como son las opuestas a condiciones distintas o exorbitantes de las legales, conceptos no alegados en el caso examinado. (Sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 22 de marzo del 2007, con ponencia del Dr. J.R.P.).

VALORACION DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA

Con relación al mérito favorable de los autos, al respecto nuestra jurisprudencia ha sido reiterada en señalar que no constituye un medio de prueba sino una solicitud de aplicación del principio de la comunidad de la prueba, o de adquisición, que rige en todo el sistema probatorio venezolano y que el Juez está en el deber de aplicar de oficio siempre, sin necesidad de alegación de parte, razón por la cual al no ser promovido un medio probatorio susceptible de valoración, se considera improcedente valorar tales alegaciones. Y así se decide.-

En cuanto a la documental consistente en C.D.T. emitida por la empresa ALFOMBRAS Y FIELTROS IBERIA C.A (folio 89) no obstante de no ser impugnada o desconocida por la parte demandada, se evidencia que no constituye un hecho controvertido la existencia de la relación de trabajo, por lo que se desecha del proceso. Y así se decide.

Respecto a las documentales relativas a Justificativos médicos, informes médicos, referencias para consultas externas, datos sobre el seguro social, diagnósticos, certificaciones de incapacidad, declaración del trabajador de la orden de la forma de trabajo, se hacen las siguientes consideraciones: Consta a los autos, informes médicos que rielan a los folios 52 y 87 de la primera pieza del presente expediente. Respecto a los mismos, se observa que se trata de documentales emanadas de terceros, que al no ser ratificados en su contenido y firma mediante la prueba testimonial de conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo -amén de tratarse el último de ellos, de copia simple no se le otorgan valor probatorio. Y así se establece.

En cuanto a la declaración del trabajador de la orden de la forma de trabajo marcada “3” (folio 88), no se le otorga valor probatorio por cuanto no esta firmada por su emisor ni refrendada por la parte demandada, razón por la cual no le puede ser oponible, amén de que su contenido quedó inconcluso. Y así se decide.-

Respecto a los Recibos de pago y estado de cuenta de prestaciones sociales, (folios 38 al folio 51 de la primera pieza), en virtud de que no fueron impugnados o desconocidos por la parte demandada, es por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 78 y 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se valoran como prueba. Los mismos serán tomados en consideración a los efectos de determinar los cálculos que procedan en la presente causa.

En cuanto a la CONVENCION COLECTIVA celebrada entre la empresa Alfombras y Filtros Iberia C.A. (ALFICA) y el Sindicato de Trabajadores Bolivarianos de las Empresas Procesadoras de Prolipopileno, Textiles y conexos del Estado Aragua (SINPROTEXTIL) la cual riela inserta del folio 54 al 86 de la primera pieza), es de observar respecto al carácter jurídico de las convenciones colectivas que la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia aclaró en sentencia Nº 535 de 2003 que si bien es cierto que la convención colectiva tiene su origen en un acuerdo de voluntades, también es cierto que una vez alcanzado el mismo debe necesariamente suscribirse y depositarse ante un órgano con competencia pública, concretamente ante el Inspector del Trabajo, quien no sólo puede formular las observaciones y recomendaciones que considere menester, sino que debe suscribir y depositar la convención colectiva sin lo cual ésta no surte efecto legal alguno. Estos especiales requisitos, le dan a la convención colectiva de trabajo un carácter jurídico distinto al resto de los contratos y permite asimilarla a un acto normativo que debido a los requisitos que deben confluir para su formación y vigencia, debe considerarse derecho y no simples hechos sujetos a las reglas generales de la carga de alegación y prueba que rigen para el resto de los hechos aducidos por las partes en juicio, razón por la cual al ser derecho y no hechos sujetos a su alegación y prueba, no es procedente su valoración. Y asi se decide.

Con relación a la prueba de informes al respecto ha sido sostenido por la doctrinaria patria y jurisprudencia que la misma debe realizarse sobre la base de la sana crítica y en este sentido, el Juzgador debe servirse de las reglas de la lógica y de la experiencia que les conduzcan a formar su convicción. Este sistema de valoración probatorio actualmente es recogido en el artículo 10 de la Ley Adjetiva Laboral.

Ahora bien, en cuanto a la respuesta del Oficio dirigido a la Clínica de Rehabilitación El Vifer, consta respuesta al folio 307 de la segunda pieza, donde la mencionada institución informa que carece de registros en cuanto a la historia médica del paciente J.L.M., no obstante a ello alegan que el hoy actor fue atendido por dicho centro asistencial, por lo que al no suministrar pormenorizadamente los puntos solicitados mediante el informe, se desecha como prueba, Y así se establece.-

Respecto a los oficios solicitados y librados al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), al Dr. A.C., al Centro Médico Docente el Paso y al Hospital Central de Maracay (Asodiam), no constan en autos respuesta de los mencionados organismos y centros médicos asistenciales, por lo que nada hay que valorar al respecto. Y así se decide.-

Con relación al Oficio librado a la Clínica Atias, en la oportunidad de la celebración de la Audiencia de Juicio de fecha 25-06-2009 la parte actora y promovente desiste de la mencionada prueba, por lo que nada hay que valorar al respecto. Y así se decide.-

En cuanto al oficio librado al Instituto Nacional de Prevención, Salud, y Seguridad Laboral (INPSASEL), consta respuesta de los folios 88 al folio 107 de la segunda pieza del presente expediente, donde el mencionado organismo remite Certificación de fecha 09 de marzo del año 2009 en la cual se dictamina la discapacidad parcial y permanente para el trabajo del hoy actor y copia certificada del Expediente administrativo Nro. ARA-07-IE-08-0695 donde consta la investigación del origen de la enfermedad realizada por los funcionarios de Inpsasel.

Ahora bien, en cuanto a esta documental, se observa que en la oportunidad de la celebración de la Audiencia de Juicio la parte demandada desconoce e impugna la documental que riela de los folios 95 al folio 107 por no ser cierto el contenido de los mismos -informe de investigación de INPSASEL- y en cuanto a la documental que riela de los folios 91 al 92 (Certificado de INPSASEL) lo tacha de falsedad, alegando que:

1. En cuanto a la certificación de fecha 09 de marzo del año 2009, alega que ha sido suscrita por la Dra. S.S. en su condición de Médica Ocupacional. Que la LOPCYMAT le atribuye al INPSASEL potestad para certificar, teniendo el carácter de documento público, los autorizados al respecto. Pero en este caso, no es un documento público por cuanto el Código Civil dice que para ser público debe ser autorizado por un funcionario que le de fe pública en su presencia y que este facultado por la Ley. Alega que el informe que riela a los autos no se encuentra firmado por el Presidente del órgano u otra persona autorizada, ya que lo suscribe la Dra. S.S. en su condición de Médica Ocupacional, quién no esta autorizada para hacerlo, por lo que la aparente delegación de funciones en la certificación que no lo es, en virtud de que la Médica Ocupacional no está facultada para suscribir dicha certificación, ya que lo debe indicar expresamente la Gaceta. Indica que la Gaceta Oficial consignada a los autos se refiere solo a la designación del Presidente de INPSASEL. Por esas razones es por lo que solicita que este instrumento sea desechado por no ser un instrumento público al no cumplir con lo establecido en el Código Civil para tal fin, oponiendo la TACHA de falsedad de documento consagrada en el Artículo 83 numeral 1° y 84 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y solicita que se declare que dicho instrumento no tiene valor probatorio.

2. En cuanto al Expediente administrativo que forma parte de la certificación, la parte demandada lo niega y lo desconoce por cuanto no hubo intervención de la funcionaria S.S. en la elaboración del documento, señala hechos referenciales, es decir se basa en hechos que suministra el Dr. A.C. como medico particular, ya que el actor fue evaluado por la Dra. M.C. y la certificación se fundamenta en un diagnostico que es de un medico privado (A.C.) que es idéntico al diagnostico de Inpsasel.

Alega que la certificación señala que el actor acudió a Inpsasel el día 16-07-2008 y en la misma dice que presenta cuadros de lumbalgia desde el año 2006, por lo que resulta contradictoria. Asimismo, señala que se debe a un estado patológico contraído con ocasión al trabajo y luego contradictoriamente dice que fue agravada por el trabajo.

Por ultimo, desconoce el expediente administrativo ya que la evaluación del puesto de trabajo tiene como fecha el 22-09-2008 y 23-09-2008 y la presente demanda fue interpuesta el 19-12-2007, casi un año después.

Asimismo, la parte actora, insiste en hacer valer el informe de INPSASEL ya que tiene todo el aporte de un Órgano Administrativo, emana de un organismo público y es un acto administrativo de efectos particulares. Alega que la carga de la prueba en demostrar la falsedad del documento le corresponde al demandado.

Ahora bien, dada la Tacha de falsedad de documentos, planteada por la parte demandada, este Tribunal apertura la incidencia, tal como se desprende del Acta de fecha 25 de junio del año 2009 (folios 112 al 114 de la segunda pieza del presente expediente). Al respecto quién aquí decide hace las siguientes consideraciones: Siendo el mencionado documento (certificado de discapacidad) fundamental a los fines de demostrar la procedencia de las indemnizaciones que por enfermedad ocupacional demanda el actor, considera esta Juzgadora que es de vital importancia para las resultas del presente procedimiento, dilucidar la veracidad o no del mencionado documento.

Así las cosas, en la oportunidad de la celebración de la Audiencia de tacha de documento, la cual tuvo lugar en fecha 03 de julio del año 2009, se evacuaron las siguientes documentales promovidas por las partes en su oportunidad de conformidad con el Artículo 84 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo:

LA PARTE TACHANTE DEL DOCUMENTO (parte demandada en la causa principal) Promovió documental consistente en copia de la Gaceta Oficial Nro. 39.001 de fecha 25-08-2008 contentiva del Decreto Nro. 6347 cuyo original fue consignado en la Audiencia de Juicio Y Gaceta Oficial Nro. 39.070 de fecha 01 de diciembre de 2008. Al respecto, se observa que en cuanto a las mismas no fueron admitidas por este Tribunal en su oportunidad por formar parte del Principio Iuris Novit Curia, tal documental en nada contribuye a la resolución de lo controvertido por la incidencia de tacha, por lo que nada hay que valorar al respecto. Y así se decide.

Respecto a los motivos, alegatos y hechos que soportan la validez de la tacha de falsedad contenidos en el video grabado en fecha 25 de junio de 2009 con ocasión de la celebración de la Audiencia de Juicio y contradicciones o incongruencias en el Expediente Administrativo, en cuanto a los mismos, esta Juzgadora se pronunciará en la resolución de la tacha de falsedad. Y así se decide.-

Con relación al reconocimiento o Confesión espontánea y las máximas de experiencias, no fueron admitidas como prueba, por lo que nada hay que valorar al respecto. Y así se decide.

En cuanto a la declaración de la ciudadana YUSMILA T.M.F., titular de la Cédula de Identidad Nro. 8.814.804, en la oportunidad de la celebración de la Audiencia de Juicio por Incidencia de Tacha de documentos de fecha 01-07-2009 (folios 267 al folio 269 de la segunda pieza) se dejó constancia de la comparecencia de la misma a dar su declaración. No obstante a ello, evidencia esta juzgadora que tanto las preguntas y repreguntas formuladas por las partes se basan en hechos controvertidos en la causa principal y no por la incidencia de tacha de documentos, por lo que se desecha del proceso su declaración. Y así se decide.-

Respecto a la ciudadana A.M.T.S., titular de la Cédula de Identidad Nro. 12.731.064, se dejó constancia en la oportunidad de la celebración de la Audiencia de Juicio por Incidencia de Tacha de documentos, que la misma no compareció a dar su declaración, por lo que nada hay que valorar al respecto. Y así se decide.-

Asimismo, se dejó constancia que la parte presentante del documento tachado (J.L.M.) no promovió pruebas por la incidencia de tacha planteada en la presente causa.-

Ahora bien, en base al Principio de la Adquisición Procesal, que le permite al Juez examinar los elementos probatorios cursantes a los autos que le permitan crear una convicción sobre hechos dudosos u obscuros, se evidencia a los folios 277 al folio 281 documental relativa a la certificación administrativa emanada del INPSASEL de fecha 18 de agosto del año 2009 –consignada por la parte actora en la Audiencia de Juicio de fecha 04 de noviembre del año 2009) donde se puede evidenciar que a la ciudadana S.S., se le delega la competencia para certificar enfermedades ocupacionales a nivel nacional en virtud de la cantidad de solicitudes de investigación de accidentes y de origen de enfermedad.

Ahora bien, la Tacha, como medio de impugnación de un documento público o privado, tiene cabida cuando la parte a la que se opone el documento denuncia la falsedad del mismo, basando su argumento en una cualquiera de las causales previstas en el artículo 83 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1.380 del Código Civil, en caso de que el documento objetado sea un instrumento público.

En el caso de autos, el artículo 76 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo establece lo siguiente:

Artículo 76. El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, previa investigación mediante informe calificara el origen del accidente de trabajo o de la enfermedad ocupacional, dicho informe tendrá el carácter de documento público. Todo trabajador o trabajadora al que se le haya diagnosticado una enfermedad ocupacional, deberá acudir al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales para que realicen las evaluaciones necesarias para la comprobación, calificación y certificación del origen de la misma.

El artículo 77 eiusdem expresa:

Artículo 77. Podrán ejercer los recursos administrativos y judiciales contra las decisiones del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales:

1. El trabajador o trabajadora afectado.

2. El empleador o empleadora del trabajador o de la trabajadora afiliado.

3. Los familiares calificados del trabajador o la trabajadora establecidos en el artículo 86 de la presente ley.

4. La Tesorería de Seguridad Social.

Por su parte, la Disposición Transitoria Séptima de la misma Ley dispone:

Mientras se crea la Jurisdicción Especial del Sistema de Seguridad Social, son competentes para decidir los recurso contenciosos administrativos contenidos en la presente Ley, los Tribunales Superiores con competencia en materia de trabajo de la circunscripción judicial en donde se encuentre el ente que haya dictado el acto administrativo que dio origen al recurso inicial. De estas decisiones se oirá recuso ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.

De los artículos transcritos se desprende que, el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales es el órgano encargado de calificar el origen del accidente de trabajo o la enfermedad ocupacional, cuyo informe tendrá carácter de documento público; contra el mismo se podrán ejercer los recursos administrativos y judiciales respectivos, otorgándole la competencia para conocer de los recursos (mientras se crea la Jurisdicción Especial del Sistema de Seguridad Social), a los Tribunales Superiores del Trabajo.

En este sentido, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 144, de fecha 05 de noviembre de 2008, caso: Industrias Esteller, C.A, ha establecido:

…No obstante, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en relación con la aplicación de la referida norma, estableció mediante sentencia número 29 del 19 de enero de 2007, lo que se indica a continuación:

…El Juzgado Superior (…) del Trabajo (…) expuso como fundamento a la decisión dictada el 10 de abril de 2006, que en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad, debe forzosamente desaplicar en el presente caso, la norma contenida en la Disposición Transitoria Séptima de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, por cuanto el órgano que debe conocer de la presente causa, sin duda alguna, no es otro que el competente en materia contencioso administrativa.

Respecto a ello, el ad quem ordinario indicó que la normativa por él inaplicada, riñe con lo establecido en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, normativa ésta que ya ha sido objeto de estudio por esta Sala, por lo que su interpretación ha quedado establecida en innumerables decisiones (vid sentencias nros. 2353/2001, 131/2006 y 347/2006, entre otras).

En la sentencia de desaplicación cuya revisión se eleva, tomando en consideración una serie de doctrinas de esta Sala Constitucional, así como de la Sala Político Administrativa, el Juez inaplica la disposición normativa contenida en la Ley Orgánica de Prevención y Medio Ambiente de Trabajo, por considerar que efectivamente, dichas decisiones eran las que regulaban correctamente la situación planteada, concluyendo así la inconstitucionalidad de la norma.

Ante la situación planteada, cabe preguntarse: ¿es posible desaplicar una norma en atención al control difuso de la constitucionalidad, cuando ésta colida con una doctrina dictada por la Sala Constitucional?. Tal interrogante, sólo permite una respuesta negativa, por cuanto si bien, las doctrinas de esta Sala, tienen efecto vinculante, por ser interpretaciones que ésta realiza sobre el Texto Fundamental, no es menos cierto, que la institución del control difuso de la constitucionalidad, sólo permite desaplicar una norma en cualquiera de sus formas, cuando (condición sine qua non) colide, riña o sea incompatible con alguna disposición o principio y en general cualquier norma de rango constitucional. Siendo ello así, ¿Cuál sería entonces las solución a la problemática planteada en el presente caso?, vale decir, ante una norma de carácter legal o sublegal, que contraría la doctrina de la Sala.

A dicho cuestionamiento, sólo tiene que aplicarse la doctrina imperante al caso de autos, ya que los canales en que puede bien anularse o derogarse una norma de rango legal o suglegal, retardarían aún más la solución del conflicto ante la instancia ordinaria, por lo que el Juez ad quem, simplemente debe atenerse al criterio expuesto por la Sala en virtud de su supremacía constitucional. Así las cosas, debe reiterarse que esta Sala posee máxima potestad de interpretación de la Constitución y sus decisiones son vinculantes para todos los órganos jurisdiccionales del país, y los mismos están obligados a decidir con base en el criterio interpretativo que esta Sala tenga de las normas constitucionales, pues de no ser así, ello implicaría, además de una violación a la Constitución, una distorsión a la certeza jurídica y, por lo tanto, un quebrantamiento del Estado de Derecho (Vid. Sentencia N° 93/2001)

(…) Con fundamento en lo expuesto, debe indicarse que en ningún sentido el Juez Superior del Trabajo, debió desaplicar la norma in comento, por control difuso, pues lo procedente era que en virtud de la doctrina imperante para el caso, se declinara la competencia a los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo, por lo que la remisión de autos nunca debió efectuarse…

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En igual sentido, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia número 1330 del 14 de junio de 2007, señaló:

…Del fallo precedentemente transcrito se constata que la Sala Constitucional determinó –en un caso similar al que nos ocupa- que el criterio a seguir para establecer la competencia del Juzgado para conocer específicamente de los recursos contenciosos administrativos de nulidad consagrados en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, era aplicando la doctrina imperante y reiterada, relacionada con que la jurisdicción contenciosa administrativa es la competente para conocer y resolver los recursos contenciosos administrativos y no desaplicando la norma transitoria de dicha Ley. En consecuencia, esta Sala de Casación Social, acoge dicho fallo en toda su extensión y ciñéndose rigurosamente a lo allí establecido concluye que los juzgados con conocimiento en materia contencioso administrativo son sin duda alguna quienes ostentan la competencia para sustanciar y decidir los recursos contenciosos administrativos contenidos en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en primer grado de jurisdicción, los Superiores Contenciosos Administrativos regionales, y en apelación, las Cortes en lo Contencioso Administrativo (…)

(…) Por tal razón, se deja sentado a partir de la publicación de la presente decisión, que la jurisdicción contenciosa administrativa es la competente para conocer de los recursos contenciosos administrativos de nulidad contenidos expresamente en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Así se resuelve

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Es por ello, que siendo la certificación de incapacidad un acto administrativo emanado del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, órgano de la administración publica, que fue tachado tomando como fundamento los artículos 83 numeral 1° y 84 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por adolecer de algunos vicios, los cuales, de conformidad con los criterios explanados en las sentencias parcialmente transcritas con anterioridad, estos solo pueden ser denunciados a través del recurso contencioso administrativo de nulidad, para los cuales, los Tribunales del Trabajo resultan incompetentes. Y asì se decide.

Ahora bien, con relación a la tasación de los documentos públicos administrativos, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 285, de fecha 6 de junio del año 2002, ha establecido:

“Con respecto a la denuncia de infracción del artículo 1.360 del Código Civil, por falta de aplicación por entender el formalizante, que debió apreciarse con el valor de público el documento en comentario, ello en razón de que el mismo emanó de la autoridad administrativa supra mencionada, la Sala considera oportuno señalar el criterio que la doctrina ha sostenido sobre la tasación que debe dársele a los documentos administrativos, asi en decisión Nº 416 de la Sala Político Administrativa de la extinta C.S. deJ., de fecha 8 de julio de 1998, en el juicio de Concetta Serino Olivero c/ Arpigra C.A., expediente Nº 7.995, en cuyo texto se señaló:

...En referencia al anterior alegato de la recurrente la Corte considera oportuno señalar lo siguiente: Esta Sala Político-Administrativa ha establecido mediante sentencia de fecha 2 de diciembre de 1993, lo que se entiende por documento público estableciendo que, “En particular define el artículo 1.357 del Código Civil el documento público, como aquél que ha sido autorizado con las formalidades legales por un Registrador, por un Juez o por otro funcionario o empleado público que tenga facultad de darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado. El artículo 1.384 atribuye a los traslados y las copias o testimonios de los documentos públicos o de cualquier otro documento auténtico, la misma fe de los originales si los ha expedido el funcionario competente con arreglo a las leyes”. (Resaltado de la Corte). Por otro lado, para esta Corte son Documentos Administrativos, aquellos documentos emanados de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus competencias específicas, los cuales constituyen un género de la prueba instrumental, que por referirse a actos administrativos de diversa índole, su contenido tiene el valor de una presunción respecto a su veracidad y legitimidad, en razón del principio de ejecutividad y ejecutoriedad, que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y que por tanto, deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario. Estos documentos están dotados de una presunción favorable a la veracidad de lo declarado por el funcionario en el ejercicio de sus funciones, que puede ser destruida por cualquier medio legal. En consecuencia, no es posible una asimilación total entre el documento público y el documento administrativo, porque puede desvirtuarse su certeza por otra prueba pertinente e idónea, y no sólo a través de la tacha de falsedad....”

Criterio que esta Juzgadora comparte, por lo que considera que los documentos administrativos son aquellos emanados de funcionarios de la Administración Pública en el ejercicio de sus funciones y en las formas exigidas por la ley. En sentido estricto, tomando en cuenta la función del documento administrativo, que no se otra cosa sino la documentación de actos de la administración pública y no la función certificadora, con facultad de dar fe pública, que tiene el funcionario en el campo civil. De allí, las siguientes características de los documentos administrativos que ha venido señalando la jurisprudencia: a) Están dotados de una presunción de veracidad y legitimidad de lo declarado por el funcionario en el ejercicio de sus funciones (Presunción de legalidad de los actos administrativos) ; b) La presunción de veracidad y legitimidad puede ser destruida por cualquier medio d prueba; c) La presunción de veracidad y legitimidad de los documentos administrativos, se basa en el Principio de Ejecutividad y Ejecutoriedad que les atribuye la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; d) De no ser destruida la presunción de veracidad y legitimidad, es procedente atribuir al documento administrativo los efectos plenos de los documentos públicos; y e) No es procedente, en cuanto a su virtualidad probatoria, asimilar absolutamente el documento administrativo al documento público, que entre otras diferencias, éste sólo puede ser destruido por la tacha de falsedad, mientras que el administrativo, por cualquier clase de prueba procedente. En todo caso, la impugnación de los actos administrativos por las partes o sujetos de la providencia, no se cumple por la vía de la tacha del documento propia de los documentos públicos o auténticos del Derecho Civil, sino por la vía del recurso contencioso administrativo de anulación.

Por otra parte, de los alegatos esgrimidos por la parte demandada considera esta Juzgadora que la norma que regula al INPSASEL para realizar la respectiva evaluación del puesto de trabajo, no le exige como requisito condicionante la presencia del trabajador, tan es así, que se puede evaluar a otro trabajador que realice las mismas actividades y que incluso pudiera ser el trabajador que lo este sustituyendo. Por otra parte en cuanto a los alegatos de que la certificación se basa en el diagnostico de un médico privado (A.C.), resulta lógico que cuando se acude a una consulta, el medico tratante solicite y tome como referencia los diagnósticos, exámenes y resultados de pruebas de laboratorios realizados previamente o con anterioridad u ordene realizar otras pruebas, a los fines de llegar a un diagnostico.

Asimismo, le correspondía la carga de la prueba a la parte tachante del documento demostrar que la ciudadana S.S. en su condición de Médica Ocupacional no esta autorizada o delegada para suscribir la ya tantas veces mencionada certificación, lo cual no lo hizo.

Así las cosas, concluye esta Juzgadora que al tratarse documentos públicos administrativos, que gozan de una presunción de la veracidad y legitimidad, se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en consecuencia, este Juzgado SEGUNDO declara SIN LUGAR la tacha de falsedad de documentos propuesto por la apoderada judicial de la parte demandada contra la documental consistente en certificado de discapacidad emanado de INPSASEL. Y así se decide.

De su contenido se desprende que el trabajador J.L. realiza tareas predominantes que le exigen la manipulación y levantamiento de cargas, movimientos repetitivos y constante de troncos, con torsión, flexión y extensión del mismo, posturas forzadas. Que la empresa incumplió con la normativa de seguridad y salud laboral vigente. Que la información sobre la prevención de las condiciones inseguras es general y no especifica los riesgos a los cuales está expuesto el trabajador y fue realizada 2 años posteriores a su ingreso. Que empezó a presentar cuadros de lumbalgia en el año 2006 siendo evaluado por el médico especialista en traumatología Dr. A.C.. Que constituye un estado patológico contraído con ocasión al trabajo al que el trabajador se encontraba obligado a trabajar, imputable básicamente a condiciones disergonómicas. Que hay falta de control por parte de la empresa de las condiciones disergonómicas, certificándose Protusiones Discales L4-L5, L5-S1, SINDROME LAMINAR LUMBAR (COD. CIE10-M511) OCUPACIONAL, que le ocasionan al Trabajador una DISCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE para el trabajo que implique actividades de alta exigencia física tales como: levantar, halar, empujar cargas pesadas a repetición e inadecuadamente, flexión y rotación del tronco de manera repetitiva, subir y bajar escaleras constantemente, bipedestación y sedentación prolongada, posturas forzadas y trabajar sobre superficies que vibren.

Asimismo, del contenido del expediente administrativo se desprende que la empresa hizo la notificación de riesgos al trabajador firmada por este en fecha 27-01-2004 pero elaborada en forma general y no especifica para el puesto de trabajo (2 años y 4 meses después de su inducción), que se le hizo notificación del cambio del puesto de trabajo al cargo de operario de recuperadora de conos de polipropileno, firmada por el trabajador de fecha 23-11-2006. Se constató constancia de inducción de puesto de trabajo para el cargo de recuperador de conos firmado por el trabajador en fecha 23-01-2006. Que se le entregaron equipos de protección personal, tales como protectores auditivos, botas de seguridad, uniformes, en los cargos de recuperador de conos y tramero. Que no recibió información en el área de seguridad y salud, que existe un comité de seguridad y salud pero que no cuentan con un programa de seguridad y salud sino un proyecto del mismo y que cuentan con su servicio médico.

Ahora bien, resuelto lo referente a la incidencia por tacha de falsedad de documentos, esta Juzgadora prosigue con la valoración de las pruebas de la parte actora en el juicio principal:

En cuanto a la exhibición de documento y la Inspección Judicial, no fueron admitidas como prueba, por lo que nada hay que valorar al respecto. Y así se decide.-

Respecto a los testigos J.F.R., titular de la Cedulad de Identidad Nro. 12.119.100, R.V., titular de la Cédula de Identidad Nro.11.178.124, V.V., titular de la Cédula de Identidad Nro. 8.065.147, J.H., titular de la Cédula de Identidad Nro. 6.653.540, L.A., titular de la Cédula de Identidad Nro. 8.817.506, D.L., titular de la Cédula de Identidad Nro. 16.011.453, L.D., titular de la Cédula de Identidad Nro.14.830.181, C.S., titular de la Cédula de Identidad Nro. 8.689.737, Y.D., titular de la Cédula de Identidad Nro. 17.019.818, C.M., titular de la Cédula de Identidad Nro. 14.263.955, J.C., titular de la Cédula de Identidad Nro. 14.240.545, J.S., titular de la Cédula de Identidad Nro.12.121.482, D.A.A., titular de la Cédula de Identidad Nro.14.683.773, P.R., titular de la Cédula de Identidad Nro. 8.692.307, W.S., titular de la Cédula de Identidad Nro.8.689.476, R.G., titular de la Cédula de Identidad Nro. 16.346.830, J.M., titular de la Cédula de Identidad Nro. 12.881.578, J.G., titular de la Cédula de Identidad Nro. 17.716.024, J.A., titular de la Cédula de Identidad Nro. 18.610.940, F.C., titular de la Cédula de Identidad Nro. 8.813.267, R.L., titular de la Cédula de Identidad Nro. 16.762.793, J.E., titular de la Cédula de Identidad Nro. 10.362.492, se dejó constancia en la oportunidad de la celebración de la Audiencia de Juicio de fecha 13-04-2009 (folios 133 al 136 de la segunda pieza) que los mismos no comparecieron a declarar, razón por la cual se declara desistida la prueba, por lo que nada hay que valorar al respecto. Y así se establece.-

VALORACION DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA

En cuanto al mérito favorable de los autos, se le concede la misma valoración que al actor. Y así se establece.

Respecto al Principio de la Comunidad de la Prueba, es de observar que el Juez como Rector del proceso está en el deber de aplicarlo de oficio siempre, sin necesidad de alegación de parte. Y así se decide.

Con relación a la documental consistente en SOLICITUD DE EMPLEO suscrito por el ciudadano J.L.M.. De su contenido se desprende que el actor solicitó el empleo a la empresa hoy demandada el 27 de enero del año 2000 a la edad de 33 años sin declarar ningún padecimiento físico, por lo que en virtud de que no fue impugnado o desconocido por la parte actora, es por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 78 y 11 de la Ley Orgánica del Trabajo, se valora como prueba. Y así se establece.

En cuanto al REGISTRO DE ASEGURADO emanado del IVSS, se desprende del mismo, que el trabajador fue inscrito en el IVSS en fecha 02-02-2000, por lo que en virtud de que no fue impugnado o desconocido por la parte actora, es por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 78 y 11 de la Ley Orgánica del Trabajo, se valora como prueba. Y así se establece.

Respecto a la CUENTA INDIVIDUAL emanada del IVSS cuya fuente es Internet, no fue impugnado o desconocido por la parte actora, refleja como fecha de ingreso la alegada en el escrito libelar, por lo que se valora como prueba. Y así se decide

Con relación a la documental denominada ORDEN DE ATENCIÓN MEDICA emanado del Servicio Médico Industrial de ALFOMBRAS Y FIELTROS IBERIA C.A. (ALFICA) que riela al folio 123 de la pieza principal, se desecha por tratarse de copia simple. Y así se establece

En cuanto a la INDUCCION DE PUESTO DE TRABAJO de distintas fechas. Del contenido de los mismos se desprende que el actor en fechas 19-09-2001, 23-11-2006, 30-01-2007, fue instruido de los riesgos y diferentes procesos operativos en la áreas de telares circulares y sacos tubulares, por lo que en virtud de que no fue impugnada o desconocida por la parte actora, es por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 78 y 11 de la Ley Orgánica del Trabajo, se valora como prueba. Y así se establece.

Respecto a las documentales relativas a CONSTANCIA Y COMPROMISO ante la notificación de riesgos laborales, C.D.N.D.R.L. de fechas 27-01-2004 y 07-07-2005 respectivamente y CONSTANCIA DE INDUCCION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL de fechas 23-11-2006 y 30-01-2007 respectivamente. Se desprende de las mismas que la notificación -debidamente firmada por el trabajador- es sobre riesgos generales y no específicos para el puesto de trabajo, por lo que al no ser impugnadas o desconocidas por el actor, se valora como prueba. Y así se decide.-

Con relación al documento relativo a ESTUDIO DE PUESTO DE TRABAJO de fecha 23-11-2006 (folio 149). Se desprende del mismo una evaluación o estudio de los materiales y equipos de trabajo a ser utilizados en el cargo de recuperador de conos de polipropileno, así como os posibles riesgos, el ambiente de trabajo y los equipos de protección personal requeridos, por lo que al no ser impugnado o desconocido por la parte actora de conformidad con lo establecido en el artículo 78 y 11 de la Ley Orgánica del Trabajo, se valora como prueba. Y así se establece.

En cuanto a las documentales consistentes en TARJETAS DE CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (uniformes) folios 150 y 151 y ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO de fechas 23-11-2006 y 30-01-2007 respectivamente. De los mismos se desprende que la empresa accionada hizo entrega de los implementos de protección personal y herramientas de seguridad industrial en los años 2004, 2005, 2006 y 2007 (protección auditivo, franelas, pantalón, delantal, paraguas y botas de seguridad), por lo que en virtud de que no fueron impugnadas o desconocidas por la parte actora, se valoran como prueba. Y así se decide.-

Referente a las documentales relativas a INFORME MEDICO de fecha 18 de enero del 2007 y DECLARACION MEDICA ambas suscritas por el médico cirujano Dr. J.L.G.. Observa esta Juzgadora que se trata de documentales que emanan de un tercero, no obstante fueron ratificadas en su contenido y firma por su suscriptor, tal como se desprende del Acta de fecha 25-06-2009 (folios 112 al folio 114) de la segunda pieza del presente expediente. El mencionado ciudadano da recomendaciones médicas en cuanto al uso de las fajas lumbares, sin embargo se desecha por no aportar nada al caso específico. Y así se decide.-

Respecto a las documentales relativas a CAMBIO DE PUESTO DE TRABAJO y DESCRIPCION DE CARGO en el puesto de tramero con limitaciones, en virtud de que no fueron impugnadas o desconocidas por la parte actora, se valoran como prueba. Y así se decide.-

En cuanto a los SOLICITUD DE PRESTAMOS, RECIBOS DE PAGO de salario semanal, RECIBO POR DISFRUTE DE VACACIONES del período 01-01-2007 al 31-12-2007 y RECIBO DE UTILIDADES del período 01-01-2007 al 31-12-2007, en virtud de que no fueron impugnadas o desconocidas por la parte actora, es por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 77 y 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se valoran como prueba. Y así se decide.

De los mismos se desprende las asignaciones y deducciones realizada al hoy actor. Así mismo, tales documentales serán tomadas en cuenta para determinar los cálculos y conceptos que procedan en la presente causa.

Respecto a los CERTIFICADOS DE INCAPACIDAD emanados del IVSS (reposos médicos) de distintas fechas, no obstante de haber sido consignados en copias simples, al emanar de un organismo administrativo y no haber sido impugnado por la parte actora, se valoran como prueba. Y así se establece.-

Con relación a los ejemplares de la CONVENCION COLECTIVA celebrada entre ALFONBRAS Y FIELTROS IBERIA C,A (ALFICA) y el sindicato, por tratarse derecho y no hechos sujetos a su alegación y prueba, no es procedente su valoración. Y así se decide.

Respecto al ACTA emanada del Tribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de esta Circunscripción Judicial Laboral con sede en La Victoria de fecha 27 de febrero de 2008, nada hay que valorar al respecto por cuanto los instrumentos probatorios a que hace referencia la mencionada Acta no fueron admitidos como pruebas en el presente expediente al no ser el medio probatorio idóneo para promoverlas. Y así se establece.

En cuanto a los INFORMES de las RESONANCIAS MAGNETICAS practicadas por el Hospital Central de Maracay, Asodiam, realizadas entre enero de 2007 a octubre de 2007, PROGRAMA DE PREVENCION, SEGURIDAD SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO DE ALFOMBRAS Y FIELTROS IBERIA C.A. (ALFICA) constante de tres carpetas de 458 folios que rielan al expediente Nro. DP31-L-2007-000428, fue negada como prueba e su oportunidad, por lo que nada hay que valora al respecto. Y así se decide.

Con relación a la prueba de Informes solicitada a la Asociación para el Diagnóstico en Medicina (ASODIAM), consta respuesta al folio 86 de la segunda pieza del presente expediente donde el mencionado instituto señala que en el período de enero 2007 a octubre del año 2007 se realizaron -por cuenta de la empresa demandada- 376 estudios de Resonancias Magnéticas de columna vertebral, resultando 225 personas con alteraciones de la columna vertebral, por lo que se valora como prueba. Y así se establece.

En cuanto al Oficio librado a la Inspectoría del Trabajo de la Victoria, Estado Aragua y al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, se dejó constancia en la oportunidad de la celebración de la Audiencia de Juicio de fecha 26-04-2010 que la parte demandada desiste de la mencionada prueba al no constar las resultas a los autos, no oponiéndose a ello la parte actora, por lo que nada hay que valorar al respecto. Y así se establece.-

Con relación a las pruebas consignadas en otros expedientes, incluyendo el Programa de Prevención, Seguridad, Salud y Bienestar en el trabajo, prueba libre y los indicios y presunciones, no fueron admitidas como pruebas en su oportunidad por lo que nada hay que valorar al respecto. Y así se establece.

Ahora bien, antes de entrar a análisis cuales son los conceptos que proceden en la presente causa, esta Juzgadora considera necesario advertir que el libelo de demanda presenta una serie de inconvenientes e imprecisiones que dificultan a quién aquí decide, determinar los beneficios de ley que se pretenden demandar en el presente asunto, tales como que no indica la fecha en la cual el actor –a su decir- fue despedido injustificadamente, así como también se observa que algunos conceptos demandados como las horas extras diurnas y nocturnas no indican el monto de las mismas.

Sin embargo, no obstante a la falta de precisión del objeto de la demanda que reclama el actor, esta Juzgadora debe entender que en el presente caso se circunscribe únicamente al pago de la antigüedad del artículo 108 de la Ley Orgánica del trabajo, la indemnización del artículo 125 de la LOT (no obstante no señalar la fecha del despido), el pago de las utilidades y vacaciones según Convención Colectiva, bono vacacional, horas extras diurnas y nocturnas (no indica el monto) la indemnización prevista en el artículo 573 de la LOT, daño moral, lucro cesante y la indemnización del artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo.

Aclarado lo anterior, en cuanto a los límites de la controversia y dadas las alegaciones y defensas de las partes, se tienen como hechos no controvertidos y por tanto relevados de prueba, la existencia de la relación de trabajo, la fecha de ingreso, el cargo desempeñado por el actor y el salario devengado. Por argumento en contrario, surgen como hechos controvertidos y por tanto, sujetos al debate probatorio el origen ocupacional de la enfermedad alegada por el actor; la inobservancia del patrono de las normas establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo y en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y el hecho ilícito del patrono, por lo que de conformidad con el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo la carga probatoria se distribuye de la siguiente manera: Corresponde al actor demostrar el nexo de causalidad entre la enfermedad alegada (hernia) y la labor desempeñada para la demandada; la inobservancia del patrono en el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Lopcymat como agente causante del daño y el hecho ilícito del patrono en la ocurrencia del daño. Y así se establece.

Analizadas las pruebas presentadas por las partes y de la confrontación de las mismas quedó suficientemente demostrado que efectivamente el ciudadano J.L.M., titular de la Cédula de Identidad Nro. V-6.283.918 dado los fuertes dolores a nivel lumbar producidos se le diagnosticó Protusiones Discales L4-L5, L5-S1, SINDROME LAMINAR LUMBAR (COD. CIE10-M511) OCUPACIONAL, que le ocasionan al Trabajador una DISCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE para el trabajo que implique actividades de alta exigencia física tales como: levantar, halar, empujar cargas pesadas a repetición e inadecuadamente, flexión y rotación del tronco de manera repetitiva, subir y bajar escaleras constantemente, bipedestación y sedentación prolongada, posturas forzadas y trabajar sobre superficies que vibren.

De acuerdo a la Doctrina Médica Especializada, la Hernia de disco intervertebral es una afección que se presenta cuando todo o parte del centro blando de un disco de la columna es forzado a pasar a través de una parte debilitada del disco. Estos discos se pueden herniar (salirse de su lugar) o romperse a causa de un trauma o esfuerzo. El disco, a su vez, está formado por el núcleo pulposo y el anillo fibroso. Este núcleo pulposo ocupa la parte central y tiene un alto contenido en agua, que va disminuyendo con la edad, lo que hace que con los años pierda elasticidad y capacidad para soportar tensiones. A partir de los 30 años se producen cambios degenerativos en el disco que conducen a una pérdida de resistencia del mismo. El anillo fibroso, puede hacerse incompetente y el núcleo puede desplazarse posteriormente e incluso romperse, de forma que el núcleo se desplace más. Esto es lo que se conoce como hernia de disco. La hernia discal, ocurre con mayor frecuencia en los hombres de mediana edad y de edad avanzada, especialmente en aquellos implicados en actividades físicas vigorosas, sean estas actividades durante el trabajo o en su hogar; en la practica de algún deporte de impacto; e inclusive ocurre por el empleo de una técnica inapropiada para levantar objetos en cualquier momento de la vida de un ser humano. También puede producirse por traumatismos, pero lo más frecuente es que sea degenerativa. Otros factores de riesgo comprenden cualquier tipo de afecciones congénitas que afecten el tamaño del conducto raquídeo lumbar. Esta enfermedad ni ninguna enfermedad se puede considerar como estrictamente ocupacional, o excluirse de tal categoría. Ciertamente, todo ser humano, desde el momento de su concepción en el vientre materno hasta su muerte está propenso a sufrir cualquier enfermedad, y lo que va a determinar que las padezca o no se debe a una infinidad de factores, y por nombrar algunas, las ambientales, de alimentación, condiciones genotípicas y fenotípicas del individuo, de actividad física, inclusive la ubicación del globo terráqueo en donde se encuentre una persona en determinado momento.

Al respecto, debe asentar esta Juzgadora, como ya lo ha señalado la Sala Social en reiteradas oportunidades, que en la actualidad el régimen de indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales está previsto, esencialmente, en cuatro textos normativos distintos, que son: la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley del Seguro Social Obligatorio, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y el Código Civil.

Según las previsiones del articulo 560 de la Ley Orgánica del Trabajo, y siempre que no concurra alguna de las circunstancias eximentes prevista en el articulo 563 eiusdem, el patrono responderá ante la mera ocurrencia del accidente de trabajo o del padecimiento de la enfermedad profesional, sin que se consideren relevantes las condiciones en que se haya producido el mismo. Para que prospere una reclamación del trabajador en estos casos, basta que se demuestre el acaecimiento del accidente de trabajo o la enfermedad ocupacional, a los fines de determinar el monto de la indemnización.

Ha sido criterio pacífico y reiterado de la Sala Social que en materia de infortunios del trabajo (accidentes de trabajo o enfermedad profesional), se aplica la responsabilidad objetiva del empleador o la teoría del riesgo profesional, prevista en el Artículo 560 de la Ley Orgánica del Trabajo, según el cual el patrono debe responder e indemnizar al trabajador por los accidentes de trabajo o por enfermedades profesionales, que provengan del servicio mismo o con ocasión de él, aunque no haya imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos por parte de la empresa o de los trabajadores, para lo cual, el trabajador debe demostrar el acaecimiento del accidente del trabajo y el padecimiento de la enfermedad profesional, así como también la demostración del grado de incapacidad sobrevenida, sólo a los fines de determinar el monto de la indemnización que por concepto de incapacidad debe recibir el trabajador o sus familiares en caso de muerte de aquél, establecidas en la propia Ley Orgánica del Trabajo. Por disponerlo el Artículo 585 eiusdem, este régimen es de naturaleza supletoria, es decir, si el trabajador se encuentra amparado por el Seguro Social, conforme a lo previsto en el artículo 2° de la Ley del Seguro Social Obligatorio, dichas indemnizaciones deben ser canceladas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Ahora bien, acorde esta Juzgadora con las decisiones de la Sala de Casación Social, en cuanto al carácter supletorio de la responsabilidad objetiva prevista en la Ley Orgánica del Trabajo, en virtud de que el actor para el momento del diagnostico de la enfermedad profesional se encontraba asegurado por ante el IVSS, se declara IMPROCEDENTE esta indemnización prevista en el Artículo 585 de la Ley Orgánica del Trabajo reclamada por la parte actora. Y así se decide.-

Por otra parte, de conformidad con la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, el empleador debe indemnizar al trabajador por las incapacidades ocasionadas por enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, cuando éstos se produzcan como consecuencia del incumplimiento de las normas de prevención, siempre que sea del conocimiento del empleador el peligro que corren los trabajadores en el desempeño de sus labores, y no corrija tales situaciones riesgosas. Para la procedencia de esta indemnización el trabajador debe demostrar que el patrono conocía las condiciones riesgosas y que actuó en forma culposa, con negligencia, impericia o imprudencia, pudiendo el patrono eximirse de tal responsabilidad, si comprueba que el accidente fue provocado intencionalmente por la víctima o se debe a fuerza mayor extraña al trabajo sin que hubiere ningún riesgo especial. Igualmente se puede atenuar tal responsabilidad cuando se desprende de los autos que el ente patronal ha demostrado una conducta diligente, como buen padre de familia en las etapas posteriores a la ocurrencia del accidente.

En el presente asunto, tal como lo determinó el INPSASEL en la investigación del accidente, el trabajador J.L.M. realizaba tareas predominantes que le exigían la manipulación y levantamiento de cargas, movimientos repetitivos y constante de troncos, contorción, flexión y extensión del mimo, posturas forzadas, constituyendo un estado patológico con ocasión al trabajo al que se encontraba obligado a realizar, imputable básicamente a condiciones disergonómicas ya que implicaba actividades de alta exigencia física tales como: levantar, halar, empujar cargas pesadas a repetición e inadecuadamente, flexión y rotación del tronco de manera repetitiva, subir y bajar escaleras constantemente, bipedestación y sedestación prolongada, posturas forzadas y trabajar sobre superficies que vibren.

Se desprende del expediente del trabajador llevado por INPSASEL que la empresa hizo la notificación de riesgos al trabajador firmada por este en fecha 27-01-2004 pero elaborada en forma general y no especifica para el puesto de trabajo (2 años y 4 meses después de su inducción), que se le hizo notificación del cambio del puesto de trabajo al cargo de operario de recuperadora de conos de polipropileno, firmada por el trabajador de fecha 23-11-2006. Se constató constancia de inducción de puesto de trabajo para el cargo de recuperador de conos firmado por el trabajador en fecha 23-01-2006. Que se le entregaron equipos de protección personal, tales como protectores auditivos, botas de seguridad, uniformes, en los cargos de recuperador de conos y tramero. Que no recibió información en el área de seguridad y salud, que existe un comité de seguridad y salud pero que no cuentan con un programa de seguridad y salud sino un proyecto del mismo y que cuentan con su servicio médico.

Asimismo, se constata de las documentales valoradas que la empresa accionada participó al actor de los riesgos a que estaba expuesto y fue instruido de los riesgos y diferentes procesos operativos en la áreas de telares circulares y sacos tubulares, así como se le instruyó de los materiales y equipos de trabajo a ser utilizados en el cargo de recuperador de conos de polipropileno. Se le hizo entrega de los implementos de protección personal y herramientas de seguridad industrial en los años 2005, 2006 y 2007 (protección auditivo, franelas, pantalón, paraguas y botas de seguridad. Se observa como circunstancias atenuantes que la empresa tiene el Comité de Seguridad y S.L., que cuenta con delegados de prevención, con un servicio médico, cumple con el Programa de Seguridad y S.L. y que entrega equipos de protección personales y uniforme.

Esta Jugadora observa que, de la carga probatoria que soportaba la parte actora, se logró demostrar que la enfermedad ocupacional sufrida por el trabajador –supra señalado en autos- es contraída con ocasión de la prestación del servicio en la empresa accionada, así como el riesgo especial que se generó en el caso bajo estudio por el uso de la maquinaria, de la cual la empresa accionada es propietaria y por lo tanto asume el riesgo profesional como guardián de la cosa, configurándose con la lesión sufrida inequívocamente una enfermedad contraída con ocasión a la prestación de servicios a la demandada.

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 130, numeral 4°, de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en caso de discapacidad parcial y permanente del trabajador, el empleador está obligado a pagar al trabajador una indemnización equivalente al salario de NO MENOS DE DOS (02) AÑOS NI MAS DE CINCO (05) AÑOS, contados por días continuos, por lo que visto que quedó demostrado en autos que el ente empleador no fue lo suficientemente diligente con motivo de la enfermedad ocupacional, es por lo que esta Juzgadora LO ACUERDA con base en el salario diario de Bs. 28,32 (Bolívares fuertes) por un período de dos (02) años para un total de VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES BOLIVARES FUERTES CON SESENTA CENTIMOS (BsF. 20.673,60).

Respecto a la indemnización por daño moral, ha sido criterio de la Sala a partir de la sentencia N° 116 de fecha 17 de mayo de 2000, que en materia de infortunios de trabajo, demostrado el accidente o enfermedad profesional, se aplica la teoría de la responsabilidad objetiva, también denominada del riesgo profesional, según la cual procede el pago de una indemnización por daño moral a favor del trabajador accidentado, independientemente de la culpa o negligencia del patrono. El Artículo 1.196 del Código Civil, prevé la obligación de reparar a quien haya sufrido un daño material o moral causado por un hecho ilícito, siendo potestad del juez fijar el monto de una indemnización por daño moral, sujeta a la prudencia de éste, demostrada que sea la ocurrencia del daño, proveniente de una lesión corporal, de atentado a su honor, a su reputación, o a los de su familia, a su libertad personal, como también en el caso de violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte lesionada. Puede igualmente conceder una indemnización a los parientes, afines, o cónyuge, como reparación del dolor sufrido en caso de muerte de la víctima.

Para ello, la Sala estableció que al decidirse una reclamación por concepto de daño moral, el sentenciador, necesariamente, ha de sujetarse al proceso lógico de establecer los hechos, de calificarlos y de llegar a través de este examen a la aplicación de la ley y la equidad, analizando para ello los aspectos establecidos en sentencia N° 144 del 07 de marzo de 2002 (caso: José Francisco Tesorero Yánez, contra la empresa Hilados Flexilón, S.A.), referidos a: a) la entidad (importancia) del daño, tanto físico como psíquico (la llamada escala de los sufrimientos morales); b) el grado de culpabilidad del accionado o su participación en el accidente o acto ilícito que causó el daño (según sea responsabilidad objetiva o subjetiva); c) la conducta de la víctima; d) grado de educación y cultura del reclamante; e) posición social y económica del reclamante; f) capacidad económica de la parte accionada; g) las posibles atenuantes a favor del responsable; h) el tipo de retribución satisfactoria que necesitaría la víctima para ocupar una situación similar a la anterior al accidente o enfermedad; y, por último, i) referencias pecuniarias estimadas por el juez para tasar la indemnización que considera equitativa y justa para el caso concreto.

a) En cuanto al daño físico y psíquico sufrido por el actor (escala de los sufrimientos morales): Siguiendo el criterio establecido para la estimación y cuantificación del daño moral, esta Juzgadora observa que en el caso bajo estudio, la enfermedad ocupacional, le trajo como consecuencia afectación en su estado emocional.

b) En cuanto al grado de culpabilidad del accionado: Consta en autos que la demandada no tomó previsiones suficientes para que el demandante, como tramero y recuperador de conos de polipropileno prestara sus labores en condiciones optimas, igualmente se evidencia, que no fue prevenido de los riesgos específicos que podrían ocurrirle en el desempeño de sus funciones, así como consta a los autos que laboraba en condiciones disergonómicas.

c) En relación con la conducta de la víctima: Esta Juzgadora aprecia que no se evidencia de autos que la enfermedad profesional haya sido como consecuencia de la conducta intencional del accionante para considerarlo como una eximente de responsabilidad a favor de la demandada.

d) Respecto del grado de educación y cultura de la víctima: consta de la solicitud de empleo (folio 120 de la primera pieza) el nivel de estudios del trabajador con 1er año de educación secundaria, además el trabajador era el único sostén de su familia, padre de 1 hijo, 3 hijastros y concubina y su condición económica era modesta, lo cual no fue contradicho por la parte demandada.

e) En cuanto a la capacidad económica y condición social del reclamante: De desprende del expediente administrativo emanado de INPSASEL (folio 95 de la segunda pieza) que la empresa mantenía una nómina de personal que superaba los 100 trabajadores, específicamente se evidencia 486 trabajadores de los cuales eran 357 hombres y 129 mujeres, cuestión que no fue contradicha por la reclamada.

f) Con respecto a la capacidad económica de la accionada: No consta en autos el Registro Mercantil de la mencionada empresa sin embargo del expediente administrativo supra mencionado (folio 95 de la segunda pieza se desprende que la empresa poseía 486 trabajadores, por lo que se evidencia la categoría de la empresa, como de gran producción, por lo que dispone de los activos suficientes para cubrir la indemnización que se acordare.

g) Respecto a los posibles atenuantes a favor del responsable: Se aprecian como atenuantes las siguientes: Inscripción del trabajador en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), notificación general de riesgos, la asistencia médica suministrada por la demandada, es decir se toma en consideración el hecho de que la empresa posee un servicio médico, al cual el actor acudió.

h) El tipo de retribución satisfactoria que necesitaría la victima para ocupar una situación similar a la anterior al accidente: Una retribución dineraria como se procederá a condenar a pagar en favor de la víctima, constituye una retribución satisfactoria para la víctima semejante a la que hubiese obtenido antes de la enfermedad.

i) Referencias pecuniarias estimadas por el Juez para tasar la indemnización que considere equitativa y justa para el caso concreto: En atención a las referencias pecuniarias estimadas en casos semejantes, se estima procedente a favor del actor, en base a la lesión sufrida, el concepto de Daño Moral.

Por los motivos antes indicados, esta Juzgadora estima prudente acordar una indemnización de CINCO MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. 5.000,oo) por daño moral derivado de la enfermedad ocupacional. Y ASI SE DECIDE.

En cuanto a la reclamación por LUCRO CESANTE, es necesario traer a colación lo que la Sala de Casación Social ha sentado en reiteradas oportunidades y que a continuación se transcribe:

Por lo tanto como ya se señaló supra, son los Tribunales del Trabajo, los que deben conocer las acciones por indemnización de daños producto de un infortunio laboral, todo en protección de los intereses del trabajador accidentado, por ello, él podrá demandar la indemnización tanto de los daños materiales como de los morales, ejerciendo conjuntamente las acciones previstas tanto en la Ley Orgánica del Trabajo (responsabilidad objetiva), la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo por incumplimiento de la empresa o patrono de las disposiciones ordenadas en dicha Ley, o las provenientes del hecho ilícito del patrono de conformidad con el artículo 1.185 del Código Civil, por cuanto ésta última no está prevista en las leyes especiales, por lo que se aplica supletoriamente la normativa prevista en el Derecho Común.

(Omissis)

Es decir, el trabajador que demande la indemnización de daños materiales superiores a los establecidos en las leyes especiales, deberá probar de conformidad con el artículo 1.354 del Código Civil, los extremos que conforman el hecho ilícito que le imputa al patrón, criterio éste, mantenido por la Sala de Casación Civil, ratificado hoy por esta Sala de Casación Social, el cual a continuación se transcribe:

‘Es criterio de esta Sala que de acuerdo a la acción intentada por el Trabajador con base en los artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil, el Tribunal Superior ajustó su decisión a los extremos que exige el Código Civil en materia de hecho ilícito demandado conforme a esas normas, por lo que correspondía a la parte actora demostrar en la secuela del juicio si el accidente se produjo por intención, negligencia o imprudencia de la empleadora, extremos que configuran el hecho ilícito que da lugar a la acción por daños y perjuicios morales o materiales, a tenor de los citados artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil. En lo que respecta al artículo 1.354 del Código Civil, considera esta Corte que el Juzgado Superior sí le dio correcta aplicación

. (Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 3 de junio de 1987, en el caso I.A.S. contra Manufacturas Orgam, C.A.).’ (Sentencia N° 116, de fecha 17 de mayo de 2000, Sala de Casación Social)

Pues bien, en cuanto al lucro cesante, es deber de los órganos jurisdiccionales ajustar su decisión conforme a los extremos que exige el derecho común, en materia de hecho ilícito, y en tal sentido resulta necesario verificar dentro de la secuela del juicio que el accidente o enfermedad profesional, según sea el caso, se produzca por intención, negligencia o imprudencia del patrono, una vez demostrado el daño sufrido y la relación de causalidad existente entre ellos.

Dicho en otras palabras, quien pretenda ser indemnizado por concepto de lucro cesante, debe demostrar que la existencia de una enfermedad o accidente (el daño) sea consecuencia de la conducta imprudente, negligente, inobservante, imperita del patrono (hecho ilícito), es decir, que además de demostrar el daño sufrido y el hecho ilícito generador, debe comprobar que la primera es producto de un efecto consecuencial de la otra, siendo imperativo para los operadores de justicia justificar, con base a ello, su procedencia a los efectos de establecer la condena…

Criterio que esta Juzgadora hace suyo, ya que en base al análisis de las pruebas presentadas por las partes, y visto el reclamo solicitado en el libelo de demanda por lucro cesante, conforme a la doctrina jurisprudencial transcrita en párrafos anteriores y en aplicación del artículo 1.354 del Código Civil, correspondía en este caso demostrar a la parte actora, los extremos que conforman el hecho ilícito, es decir, la culpabilidad en el patrono, el nexo de causalidad y el hecho dañoso. Circunstancias estas, que en el presente caso, no se probaron, tales como: la responsabilidad directa e inmediata del patrono en la ocurrencia de la enfermedad ocupacional, es decir, el lucro cesante ha sido sólo mencionado por la actora, sin que esta juzgadora pueda derivar su existencia, cuantía ni origen, por lo que no se evidencia prueba alguna tendente a demostrar la presencia de los extremos que involucren la culpa en el patrono o que el ente empleador haya tenido una conducta imprudente, negligente, inobservante o imperita, razón por la cual se declara IMPROCEDENTE la indemnización por LUCRO CESANTE. Y ASI SE DECIDE.-

En cuanto al pago de la antigüedad del artículo 108 de la Ley Orgánica del trabajo, la indemnización del artículo 125 de la LOT ( no obstante no señalar la fecha del despido), el pago de las utilidades y vacaciones según Convención Colectiva, bono vacacional, horas extras diurnas y nocturnas (a pesar de no indicar monto), se procederá a revisar si la petición del demandante es contraria a derecho, por ello, se revisaran las cantidades, montos y conceptos que reclama el actor por concepto de estos beneficios para determinar si encuentran ajustados a lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, a excepción de los siguientes conceptos reclamados por la parte actora los cuales, se declaran IMPROCEDENTES por las razones que a continuación se señalan:

1) Con relación a las HORAS EXTRAS DIURNAS Y NOCTURNAS. A este respecto la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 02 de julio del año 2004 (Caso J.A.B.L. contra la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA POLAR CENTRO OCCIDENTAL) ha señalado en cuanto al pago de los días feriados lo siguiente:

Así, por ejemplo, si se ha establecido que unas relaciones de carácter laboral (sic), con una remuneración y tiempo determinado y bajo condiciones legales, es claro que el riesgo de no quedar demostrados los pagos que derivan de esos supuestos no recae sobre el trabajador demandante, sino sobre el patrono demandado, aunque éste haya rechazado punto por punto lo reclamado. Pero no puede ser igual cuando se han alegado condiciones y acreencias distintas o en exceso de las legales, como un preaviso en monto equivalente a cuatro o seis meses de salario, o especiales, circunstancias de hecho como horas extras o días feriados trabajados, pues a la negación de su procedencia y/u ocurrencia en el mundo de lo convenido o llevado a cabo no hay, salvo algún caso especial, otra fundamentación que dar; siendo necesario analizar y exponer las demostraciones y razones de hecho y de derecho conforme a las cuales sean o no procedentes los conceptos y montos correspondientes.

(Sentencia de la Sala de Casación Social de fecha 09 de noviembre de 2000). (Subrayado de la Sala).

Al respecto, se observa que la parte actora deficientemente no indicó los montos correspondientes a estos conceptos ni las horas reclamadas, así como también se evidencia de los autos que no demostró con las pruebas aportadas la procedencia de tal concepto, por cuanto no hay constancia en autos que la actora haya laborado las horas extras alegadas; por lo que al ser negado por la empresa demandada tales conceptos y acogiendo esta Juzgadora el criterio de la Sala antes trascrito, lo solicitado por el mencionado concepto se declara improcedente. Y así se decide

2) En cuanto a la INDEMNIZACIÓN DEL ARTÍCULO 125 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO, por cuanto existe evidente imprecisión y contradicción en el libelo de demanda respecto a la causa de terminación de la relación de Trabajo, razón por la cual se declara IMPROCEDENTE el referido concepto. Y así se decide.-

3) BONO VACACIONAL previsto en el artículo 123 de la Ley Orgánica del Trabajo, se declara IMPROCEDENTE, por cuanto se desprende de autos que el actor recibía tal beneficio de conformidad con lo establecido en la cláusula 8 de la Convención Colectiva, el cual supera con creces lo pautado en la Ley Orgánica del Trabajo, por ende, al percibir un beneficio mas favorable que el establecido por la ley, debe aplicarse únicamente el beneficio contractual. La misma observación se aplica a la solicitud de pago de VACACIONES ANUALES, las cuales se contemplan en la misma cláusula antes mencionada y cuyos recibos de cancelación rielan a los autos. Y así se establece.-

4) En cuanto a las utilidades, se aclara que de conformidad con la cláusula 10 de la Convención Colectiva consignada en autos, cuya vigencia es 2006-2009, le corresponde al actor la cancelación de 120 días de salario ordinario, sin embargo, riela al folio 604 de la Primera Pieza, recibo de pago de este concepto correspondiente al año 2007, último año de la relación laboral, razón por la cual se declara IMPROCEDENTE.

Aclarado lo anterior, se procede a explanar las operaciones aritméticas realizadas para la obtención de los resultados de los montos y conceptos condenados a cancelar a la parte demandada, para lo cual se hace la siguiente consideración: Para el cálculo de lo que le corresponde al trabajador por concepto de antigüedad, se tomó en cuenta el salario mensual reflejado en los recibos de pago consignados en los autos.

MESES SALARIO 1era Semana del Mes SALARIO 2da Semana del Mes SALARIO 3era Semana del Mes SALARIO 4ta Semana del Mes SALARIO 5ta Semana del Mes PROMEDIO Salario Mensual PROMEDIO Salario Integral PRESTACIÓN DE ANTIGUEDAD

01/01/2000 - - -

01/02/2000 - - -

01/03/2000 - - -

01/04/2000 71.028,92 36.188,40 37.178,80 61.821,63 60.674,47 266.892,22 9.440,08 47.200,38

01/05/2000 37.443,97 57.660,15 46.522,99 54.645,83 196.272,94 6.942,25 34.711,23

01/06/2000 43.701,99 49.352,13 66.367,01 40.873,16 53.689,49 253.983,78 8.983,50 44.917,50

01/07/2000 74.192,87 85.238,68 44.028,05 93.313,25 296.772,85 10.496,97 52.484,83

01/08/2000 49.899,05 87.481,43 66.887,22 83.865,02 69.996,82 358.129,54 12.667,17 63.335,87

01/09/2000 80.252,60 74.560,39 53.714,58 79.641,23 288.168,80 10.192,64 50.963,19

01/10/2000 53.710,60 100.198,03 43.231,65 197.140,28 6.972,92 34.864,62

01/11/2000 63.750,05 34.377,66 80.099,17 53.201,83 92.336,44 323.765,15 11.451,69 57.258,47

01/12/2000 60.293,37 63.216,07 57.293,81 180.803,25 6.395,08 31.975,39

01/01/2001 63.934,99 107.240,24 171.175,23 6.054,53 42.381,72

01/02/2001 71.251,10 108.044,68 78.795,53 64.707,78 322.799,09 11.417,52 57.087,62

01/03/2001 110.171,75 103.587,29 67.198,32 98.743,68 70.541,92 450.242,96 15.925,26 79.626,30

01/04/2001 93.107,54 111.773,03 73.686,34 81.726,14 360.293,05 12.743,70 63.718,49

01/05/2001 90.466,87 107.240,36 72.051,21 108.044,78 78.795,64 456.598,86 16.150,07 80.750,35

01/06/2001 114.787,88 58.477,39 120.579,82 67.930,55 361.775,64 12.796,14 63.980,69

01/07/2001 115.682,43 73.810,89 97.428,51 95.268,49 382.190,32 13.518,21 67.591,07

01/08/2001 92.362,96 85.514,67 75.358,30 89.780,84 74.553,16 417.569,93 14.769,60 73.848,02

01/09/2001 113.015,70 80.745,05 120.906,46 67.144,48 381.811,69 13.504,82 67.524,10

01/10/2001 108.347,69 96.734,21 103.293,14 74.141,39 382.516,43 13.529,75 67.648,74

01/11/2001 98.232,09 78.192,07 92.364,36 100.776,07 74.560,12 444.124,71 15.708,86 78.544,28

01/12/2001 105.032,66 74.557,37 67.349,91 246.939,94 8.734,36 43.671,79

01/01/2002 212.009,61 70.325,15 107.031,37 389.366,13 13.772,02 96.404,17

01/02/2002 57.554,34 150.565,56 80.756,19 288.876,09 10.217,65 51.088,27

01/03/2002 96.496,07 92.106,76 78.685,38 70.796,88 91.155,87 429.240,96 15.182,41 75.912,06

01/04/2002 137.133,81 60.091,21 164.356,44 64.855,12 426.436,58 15.083,22 75.416,10

01/05/2002 126.132,88 73.510,13 107.849,48 72.287,73 79.980,88 459.761,10 16.261,92 81.309,60

01/06/2002 82.609,56 67.289,26 105.245,51 69.875,66 325.019,99 11.496,08 57.480,39

01/07/2002 112.893,01 88.561,67 80.679,48 57.928,81 340.062,97 12.028,15 60.140,77

01/08/2002 51.632,88 64.569,98 55.546,47 51.590,28 80.727,38 304.066,99 10.754,96 53.774,81

01/09/2002 45.576,70 44.220,72 101.021,83 190.819,25 6.749,35 33.746,74

01/10/2002 73.356,97 61.285,11 82.396,67 134.045,58 92.286,49 443.370,82 15.682,19 78.410,95

01/11/2002 136.100,68 94.172,73 136.035,88 77.107,93 443.417,22 15.683,83 78.419,16

01/12/2002 101.852,61 51.613,46 153.466,07 5.428,15 27.140,76

01/01/2003 83.085,61 47.070,11 120.344,45 250.500,17 8.860,28 62.021,99

01/02/2003 111.423,74 118.687,56 112.713,02 162.076,85 504.901,17 17.858,54 89.292,71

01/03/2003 77.695,67 150.070,35 60.715,94 112.703,55 401.185,51 14.190,08 70.950,40

01/04/2003 109.177,90 87.947,11 156.843,12 162.099,73 516.067,86 18.253,51 91.267,56

01/05/2003 96.018,55 60.720,06 79.607,66 70.406,95 60.747,57 367.500,79 12.998,64 64.993,20

01/06/2003 97.535,17 70.400,38 62.040,99 66.528,59 296.505,13 10.487,50 52.437,48

01/07/2003 49.640,60 64.148,00 52.901,27 65.395,89 232.085,76 8.208,96 41.044,80

01/08/2003 69.979,62 90.973,52 95.638,83 186.966,80 115.600,07 559.158,84 19.777,66 98.888,28

01/09/2003 171.366,80 95.638,83 131.320,11 107.581,55 505.907,29 17.894,13 89.470,64

01/10/2003 131.320,11 115.134,91 182.586,79 101.900,64 180.731,63 711.674,08 25.172,18 125.860,88

01/11/2003 121.783,70 180.731,63 140.087,51 237.720,85 680.323,69 24.063,30 120.316,50

01/12/2003 168.591,72 182.586,79 73.318,75 424.497,26 15.014,63 75.073,13

01/01/2004 597.410,87 170.203,55 251.587,74 1.019.202,16 36.049,56 252.346,91

01/02/2004 104.506,18 213.200,36 138.464,37 245.412,20 701.583,11 24.815,25 124.076,27

01/03/2004 99.560,78 124.101,08 92.742,90 66.569,36 382.974,12 13.545,94 67.729,68

01/04/2004 131.939,05 119.883,49 109.241,60 190.482,58 157.855,14 709.401,86 25.091,81 125.459,03

01/05/2004 295.708,74 145.864,72 295.708,74 208.305,06 945.587,26 33.445,77 167.228,86

01/06/2004 293.416,57 181.627,18 295.708,74 243.475,73 1.014.228,22 35.873,63 179.368,14

01/07/2004 298.308,74 154.357,50 180.477,42 184.106,23 225.596,80 1.042.846,69 36.885,87 184.429,37

01/08/2004 162.518,91 295.708,74 209.605,06 295.708,74 963.541,45 34.080,82 170.404,09

01/09/2004 134.541,02 293.416,57 208.305,06 294.716,57 161.218,91 1.092.198,13 38.631,45 193.157,26

01/10/2004 250.589,37 176.908,95 291.124,42 181.627,18 900.249,92 31.842,17 159.210,87

01/11/2004 291.124,42 202.163,39 291.124,42 68.600,29 853.012,52 30.171,37 150.856,84

01/12/2004 295.708,74 161.218,91 172.877,10 629.804,75 22.276,43 111.382,14

01/01/2005 419.733,23 145.637,22 565.370,45 19.997,36 139.981,54

01/02/2005 322.829,68 238.228,48 322.829,68 210.341,26 1.094.229,10 38.703,29 193.516,44

01/03/2005 322.829,68 235.322,81 327.573,89 272.514,21 1.158.240,59 40.967,40 204.836,99

01/04/2005 235.322,81 244.828,46 269.712,34 293.517,97 1.043.381,58 36.904,79 184.523,96

01/05/2005 167.310,87 323.212,49 194.118,75 370.758,92 1.055.401,03 37.329,93 186.649,63

01/06/2005 255.507,98 319.135,87 171.343,52 404.943,83 1.150.931,20 40.708,86 203.544,31

01/07/2005 246.953,02 404.943,83 171.343,52 379.926,10 171.343,52 1.374.509,99 48.616,93 243.084,64

01/08/2005 376.597,24 193.586,40 371.143,02 186.986,86 1.128.313,52 39.908,87 199.544,34

01/09/2005 376.595,24 189.675,56 253.576,88 193.586,40 319.135,87 1.332.569,95 47.133,49 235.667,46

01/10/2005 207.274,32 228.001,75 175.332,21 319.135,87 929.744,15 32.885,39 164.426,97

01/11/2005 171.343,52 329.890,67 163.355,28 664.589,47 23.506,78 117.533,88

01/12/2005 171.343,52 359.082,28 115.369,67 645.795,47 22.842,02 114.210,12

01/01/2006 778.068,99 277.089,11 326.172,98 1.381.331,08 61.648,29 431.538,06

01/02/2006 275.696,50 398.364,15 292.868,03 398.364,15 1.365.292,83 60.932,51 304.662,57

01/03/2006 259.213,24 433.452,43 155.284,99 114.237,64 203.986,80 1.166.175,10 52.045,96 260.229,81

01/04/2006 155.284,99 133.783,99 387.756,99 165.284,99 842.110,96 37.583,10 187.915,50

01/05/2006 114.237,63 155.189,43 225.521,58 133.784,00 628.732,64 28.060,10 140.300,52

01/06/2006 325.288,71 155.284,99 133.784,00 204.880,62 170.284,99 989.523,31 44.162,06 220.810,29

01/07/2006 163.353,08 204.136,80 141.186,97 161.353,08 670.029,93 29.903,19 149.515,94

01/08/2006 197.443,83 163.409,99 140.784,00 209.136,80 136.186,97 846.961,59 37.799,58 188.997,91

01/09/2006 150.784,00 204.136,80 161.255,13 163.672,01 679.847,94 30.341,36 151.706,81

01/10/2006 238.703,85 190.992,34 153.672,01 238.703,85 822.072,05 36.688,77 183.443,86

01/11/2006 209.041,83 228.179,65 307.344,01 158.611,46 903.176,95 40.308,45 201.542,26

01/12/2006 267.866,28 205.353,36 153.672,01 163.672,01 790.563,66 35.282,56 176.412,82

01/01/2007 153.672,01 189.284,00 342.956,01 15.306,00 107.142,00

01/02/2007 205.353,36 179.284,01 206.060,18 590.697,55 26.362,61 131.813,06

01/03/2007 208.097,50 189.284,01 238.703,85 208.097,50 189.284,01 1.033.466,87 46.123,24 230.616,22

01/04/2007 303.758,32 199.041,83 179.866,09 238.703,85 921.370,09 41.120,41 205.602,03

01/05/2007 237.032,07 179.284,01 259.961,80 173.429,83 849.707,71 37.922,14 189.610,70

01/06/2007 189.284,01 278.186,78 252.683,83 189.784,00 262.683,83 1.172.622,45 52.333,71 261.668,53

01/07/2007 249.192,81 262.003,83 228.410,01 225.534,90 965.141,55 43.073,91 215.369,55

01/08/2007 295.336,78 228.410,01 196.784,00 262.003,83 235.398,01 1.217.932,63 54.355,88 271.779,41

01/09/2007 375.456,00 365.456,01 365.456,00 365.456,00 1.471.824,01 65.686,96 328.434,80

01/10/2007 375.456,00 365.456,00 196.784,00 176.547,00 225.052,00 1.339.295,00 59.772,24 298.861,20

01/11/2007 233.765,84 214.890,00 185.940,00 634.595,84 28.321,78 141.608,89

01/12/2007 - - -

01/01/2008 - - -

T O T A L E S 60.407.312,82 2.336.864,47 12.007.698,46

Cantidad ésta a la que se le deben descontar los anticipos recibidos por el actor y que constan en el expediente (folios 158 al 219), y que hacen un total de Bolívares Diez mil Ochocientos treinta y seis con cincuenta y cinco céntimos (Bsf.10.836,55 )

Montos a cancelar:

1. - De conformidad con lo establecido en el Artículo 130, numeral 4°, de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo la cantidad de BsF. 20.673,60.

2. - Por concepto de Daño Moral la cantidad de Bsf. 5.000,oo

3. - Por concepto de Antigüedad, la cantidad de Bsf. 1.171,14

Total: Bsf. 26.844,74

III

DISPOSITIVA

Por todas las evidencias y razones aquí expuestas, este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO CON COMPETENCIA EN TRANSICIÓN Y NUEVO RÉGIMEN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL LABORAL DEL ESTADO ARAGUA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR, la demanda que por Enfermedad Ocupacional y Beneficios Laborales incoara el ciudadano: J.L.M., titular de la Cédula de Identidad Nro. V-6.283.918 en contra de la Sociedad de Comercio: ALFOMBRAS Y FIELTROS IBERIA C.A. (ALFICA), plenamente identificados en autos. SEGUNDO: SIN LUGAR LA INCIDENCIA DE TACHA DE DOCUMENTALES propuesta por la parte demandada ALFOMBRAS Y FIELTROS IBERIA C.A. (ALFICA), plenamente identificados en autos. En consecuencia, se condena a la parte demandada a pagar la cantidad de: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (BSF. 26.844,74).

En cuanto a los INTERESES MORATORIOS y la CORRECCIÓN MONETARIA, los mismos deberán ser calculados por el Juez encargado de ejecutar el presente fallo, de la siguiente manera:

En lo que respecta a los INTERESES MORATORIOS, los mismos son acordados y serán cuantificados a través de una experticia complementaria del fallo, conforme lo indicado en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la cual será practicada según lo dispuesto en la norma antes indicada, rigiéndose la experticia complementaria del fallo in comento bajo los siguientes parámetros: 1º) Será realizada por un único perito designado por el Tribunal, siendo sufragados sus emolumentos por la parte accionada. 2º) Para la cuantificación el perito se regirá por lo dispuesto en el artículo 108, literal c) de la Ley Orgánica del la Ley Orgánica del Trabajo, es decir, utilizará la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, 3º) La cuantificación de los intereses moratorios se realizará a partir del mes de Diciembre de 2007. 4º) Para el cálculo de los enunciados intereses de mora no operará el sistema de capitalización de los propios intereses ni serán objeto de indexación. 5º) El experto adecuará su actuación a la normativa prevista en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reconversión Monetaria. Y ASI SE DECIDE.

En cuanto a la CORRECCION MONETARIA, siendo procedente la corrección monetaria para preservar el valor de lo debido, y de conformidad con el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se condena la indexación de las cantidad ordenada a pagar, cuyo monto se determinará mediante experticia complementari