Decisión nº 3C-3020-10 de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 12 de Septiembre de 2010
| Fecha de Resolución | 12 de Septiembre de 2010 |
| Emisor | Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control |
| Ponente | Norka del Rosario Mirabal Rangel |
| Procedimiento | Aud. De Presentación Y Libertad Sin Restricciones |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE
TRIBUNAL TERCERO DE CONTROL
San F. deA., 12 de Septiembre del 2010.
200º y 151º
AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN DE IMPUTADO
CAUSA N° 3C-3020-10
JUEZ : DRA. NORKA MIRABAL RANGEL
PROCEDENCIA: FISCALIA 1° DEL MINISTERIO PÚBLICO.
DEFENSOR PRIVADO: ABG. G.B.
VÍCTIMA : ESTADO VENEZOLANO
SECRETARIA: ABG. D.C.
IMPUTADO BOHÓRQUEZ L.C.A., Natural de San Fernando, titular de la cedula de identidad N° 21.292.605, residenciado en Jaime lusinche detrás de la escuela S.B.C. s/n. Fecha de nacimiento 02-06-1988, Hijo de L.J.L. (v) y C.J.B. (v). Lugar de Trabajo: comerciante
DELITO (S) RESISTENCIA A LA AUTORIDAD
En el día de hoy, doce (12) de Septiembre de 2.010, siendo las 5:00 horas de la tarde, se constituyó este Tribunal de Primera Instancia Penal en función de Control N 3° del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, a los fines de celebrar la Audiencia de presentación del Imputado, C.A. BOHORQUEZ LUNA, titular de la cedula de identidad Nº 21.292.605, por la presunta comisión de uno del delito de Resistencia a la Autoridad; en consecuencia de conformidad con lo previsto en el artículo 137 del Código Orgánico Procesal Penal, se le informa al imputado que tienen derecho a nombrar un abogado de su confianza como su defensor y sino lo hace el Juez le designará un defensor publico de guardia; el imputado manifiesta que si tiene defensor y encontrándose presente el Defensor Privado G.B., a quienes se les toma el juramento de ley, y juran cumplir bien y fielmente con el cargo para el cual han sido designados. Se declara abierta la audiencia, y la Fiscal expone: “El Ministerio Publico presenta en este acto al ciudadano C.A. BOHORQUEZ LUNA, titular de la cedula de identidad Nº 21.292.605, en virtud de las circunstancias de modo, tiempo y lugar plasmadas en el acta de Investigación, (Da lectura a dicha acta) En base a ello, el Ministerio Publico precalifica los hechos como Resistencia a la Autoridad previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal Venezolano, solicita se decrete la aprehensión en flagrancia conforme a lo estipulado en el articulo 44.1 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y 248 del Código Orgánico Procesal Penal. Así mismo solicito que la presente investigación se siga por la vía del procedimiento ordinario, conforme a lo estipulado en el artículo 373 ejusdem, toda vez que aun faltan diligencias por practicar. Por ultimo se solicita que se decrete Medidas Cautelares Sustitutivas de Privación de Libertad, conforme a lo establecido en el artículo 256 ordinal 3º del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en presentaciones por ante el área de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal. Es todo. Seguidamente conforme a lo establecido en los artículos 125 ordinales 1° y 9° del Código Orgánico Procesal Penal articulo 49 numeral 5° de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, y 131 y 133 del Código Orgánico Procesal Penal, se hace la advertencia preliminar al imputado, en el sentido de que no esta obligado a declarar en causa propia y en caso de consentirlo a no hacerlo bajo juramento, se les explico el hecho que se le atribuye con las circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión, se les comunica el derecho que tienen a declarar quienes libres de juramento, presión, coacción y apremio, expone: “es mentira yo no me resistí, la cosa fue así; yo venia de hacer un retiro en el Banco de cien (100) mil bolívares fuertes, fui y busque a mi hermano luego me percate que venían dos chamo detrás de mi agarre la Carabobo, mi sorpresa fue que eran unos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas me vio con una mira rara y le pregunte ¿Qué me ves? ¿Te gusto? y me pego. Es todo. De seguida La defensa expone: “me adhiero a lo apegado a la vindicta pública. Es todo”. De seguida la ciudadana Juez expone: Oída la intervención de las partes, ante de entrar a decir el fondo de lo peticionado, se considera necesario en esta jurisdicción hacer una reflexión acerca del delito de resistencia a la autoridad: Creo sinceramente que el no respetar los mandatos de la Autoridad y el actuar contra sus decisiones cuando están revestidas de las formalidades legales y dictadas dentro de las competencias de cada una de ellas, como cuando esas mismas conductas son ejercitadas contra los funcionarios públicos o los agentes de la autoridad actuando en el ejercicio de sus funciones, suponen un ataque a bienes esenciales de un Estado de Derecho que sin duda debe dar lugar a una repuesta por parte del mismo, la que debe concretarse, en atención a la relevancia de los bienes jurídicos atacados, en la tipificación penal de tales acciones para que sean castigadas con sanciones de esa naturaleza, estando más que justificada la intervención del derecho penal como último recurso de una sociedad que fundamenta su convivencia en el respeto a las normas democráticamente adoptadas.
En ese orden de ideas el respeto a los actos de las fuerzas policiales en general y a los practicados por la policía judicial en el ejercicio de las funciones constitucionalmente asignadas, de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, debe ser máxima, porque los agentes garantizan el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas y porque sencillamente son los garantes de la seguridad personal y de los bienes de los ciudadanos, por tanto los ataques que en el uso de sus funciones puedan sufrir los policías van a ir en detrimento de los derechos más elementales de cada persona que vive en sociedad y ello, como apuntamos anteriormente, merece una respuesta penal ya que se ponen en riesgo los pilares de la convivencia social fundada en el derecho.
Queremos con lo expuesto manifestar que las conductas tipificadas en el Código Penal contra los agentes de la autoridad, policías que se hallan en el ejercicio de sus funciones, deben ser sancionadas de la forma que prescribe el citado Código sin llevar a cabo interpretaciones que rebajen su gravedad, sin tender a quitarles relevancia por su frecuencia o a buscar en las mismas una finalidad diferente a la que realmente se contiene en el tipo penal que pueda excluir su incriminación. Sin embargo debemos tener presente que para el ejercicio de esa función que el mismo estado esta garantizando a través del Ministerio Publico, los funcionarios deben cumplir con las reglas mínimas de actuación policial que están contempladas en el articulo 117 del Código Orgánico Procesal Penal. Resulta preocupante para ésta jurisdiscente que cualquier funcionario con el solo manifestar que se encuentra en ejercicio de una supuesta profilaxis social, arremeten y están criminalizando las reuniones y/o cualquier actuación de cualquier sujeto o que no les ven bien, etc. Por eso me he atrevido en la tarde de hoy a hacer ésta reflexión, porque están llevando tanto al Ministerio Publico como al organismo jurisdiccional a legalizar situaciones que pudieran en principio llevar consigo actuaciones personales no acorde con la función propia de su obligación de funcionario. La conducta a la que se refiere la norma penal es la referida a la función publica desplegada por los agentes por ejemplo en un caso de investigación: la determinación de la comisión de un hecho punible, la individualización de posibles autores o participes y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos utilizados en su comisión, así como la de todos aquellos elementos que tengan interés para descubrir la verdad, aquellos de interés criminalistico, y si, en ésta tarea cualquier persona hiciere oposición a su actividad, si, pudiéramos decir, que estamos ante el delito de resistencia a la Autoridad; esa es la naturaleza del articulo del Código Penal Venezolano, no puede ser que amparados en el artículo 218 cualquier funcionario que no estuviera de acuerdo en una reunión o sospeche y al no determinarse la ocurrencia del delito, de cualquier sospecha no derivada de la comisión de un hecho que arroje un resultado negativo, faculte al funcionario para presentarlo detenido por resistencia a la autoridad. Por estas razones, insto a la ciudadana fiscal y a la defensa como integrantes del sistema de justicia, que tengamos presente y hagamos eco de la criminalización que estamos legitimando siendo garantes del estado de derecho en Venezuela. Para ello, se sanciono el artículo 218 del Código Penal, precisamente para garantizar que el funcionario en ejercicio de sus funciones se le respete, constituyendo en consecuencia, cualquier actuación en su contra, esta es, del buen funcionamiento de la función publica, y del principio de autoridad; pero ello no debe ser desnaturalizado, ni permitido por quienes tenemos en nuestras manos la administración de justicia en el estado Apure, y para ello insto al Ministerio Publico a estar atento ante esta situación.
Entrando en la materia propia de ésta audiencia, y visto la insipiencia de la investigación, por la que la representante fiscal a solicitado su prosecución conforme al procedimiento ordinario, estima ésta jurisdiscente, que es el Ministerio publico como titular de la acción penal quien deberá determinar en el marco de la investigación, la efectividad de los hechos imputados. Razón por la cual, prima facie, previo a las consideraciones precedentemente determinadas que se acoge con lugar los pedimentos fiscales, entre ellos la calificación de flagrancia en la aprehensión del ciudadano BOHORQUES L.C.A., en la comisión del delito de resistencia a la autoridad, conforme al articulo 218 del Código Penal por los hechos expuestos por los funcionarios actuantes. Estos son que la comisión policial integrada por los funcionarios suscribientes del acta se trasladaban por las calles de la ciudad con fines de profilaxis social, para cooperar en la disminución del índice delictivo, y que concretamente por la avenida Carabobo avistaron a un individuo que se conducía en una moto a quien le pidieron por favor que detuviera la marcha, les permitiera los papeles de la moto y su identidad, a fin de verificar por su sistema de Información Integrar Policial (SIPOL), sus posibles registros policiales, antecedentes penales, o solicitud alguna, tomando el ciudadano una actitud agresiva contra la comisión, vociferando palabras obscenas, por lo que procedieron a detenerlo… En fuerza de lo anteriormente expuesto, esta jurisdiscente tomando en cuanta la reflexión hecha en esta sala, acoge el tipo penal que se a postulado en la tarde de hoy, razón por la que se acoge a los fines de permitir que el Ministerio Publico realice la Investigación, no obstante debe asumir el proceso sin restricciones de manera que se le acuerda su libertad plena, el procedimiento a seguir es el ordinario conforme a sido solicitado. Así se decide.
DISPOSITIVA.
Por todos los razonamientos de hecho y de derecho precedentemente expuesto, este Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA:
Se acuerda con lugar la aprehensión en flagrancia en contra del ciudadano C.A. BOHORQUEZ LUNA, titular de la cedula de identidad Nº 21.292.605, conforme a lo estipulado en el articulo 44.1 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y 248 del Código Orgánico Procesal Penal.
Que se prosiga la investigación por el procedimiento ordinario.
se admite las precalificaciones dadas en este acto por el Ministerio Publico, por el delito de Resistencia a la Autoridad previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal Venezolano, en contra del ciudadano C.A. BOHORQUEZ LUNA .
Se acuerda la libertad sin restricciones del ciudadano C.A. BOHORQUEZ LUNA, desde esta misma sala de audiencias, dada las consideraciones expuestas en el contexto de la presente decisión.
Quedan notificadas las partes conforme a lo establecido en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal. Líbrese la correspondiente Boleta de Libertad. Ofíciese lo conducente. Es todo. Termino se leyó y conforme firman.
DRA. NORKA MIRABAL RANGEL.
JUEZ TERCERO DE CONTROL.
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE
TRIBUNAL TERCERO DE CONTROL
San F. deA., 12 de Septiembre de 2.010
200º y 151º
DECISION
CAUSA N° 3C-3020-10
JUEZ : DRA. NORKA MIRABAL RANGEL
PROCEDENCIA: FISCALIA 1° DEL MINISTERIO PÚBLICO.
DEFENSOR PRIVADO: ABG. G.B.
VÍCTIMA : ESTADO VENEZOLANO
SECRETARIA: ABG. D.C.
IMPUTADO BOHÓRQUEZ L.C.A., Natural de San Fernando, titular de la cedula de identidad N° 21.292.605, residenciado en Jaime lusinche detrás de la escuela S.B.C. s/n. Fecha de nacimiento 02-06-1988, Hijo de L.J.L. (v) y C.J.B. (v). Lugar de Trabajo: comerciante
DELITO (S) RESISTENCIA A LA AUTORIDAD
Vista la solicitud interpuesta por la ciudadana Fiscal Primera del Ministerio Público de ésta Circunscripción Judicial ABG. J.R., en audiencia oral de ésta misma fecha, mediante la cual, requiere la aplicación del procedimiento ordinario, la calificación de flagrancia, y medidas cautelares sustitutivas de privación de Libertad al imputado C.A. BOHORQUEZ LUNA, titular de la cedula de identidad Nº 21.292.605, a quien se les atribuye la comisión del delito de Resistencia a la Autoridad; a tal efecto el Tribunal para decidir observa:
Que presuntamente existe la comisión de hechos punibles de acuerdo a lo expresado por ellos y que el Ministerio Publico postulo como Resistencia a la Autoridad previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal Venezolano, para quien aquí decide, no se encuentra suficientemente acreditados en autos, toda vez que para que pueda existir el delito de Resistencia a la Autoridad, debe necesariamente existir un delito principal mediante el cual haya sido sorprendido el imputado de autos y en base a este oponga resistencia a su detención, lo que presume que el funcionario actuó de manera inoperante. De allí que Oída la intervención de las partes, ante de entrar a decir el fondo de lo peticionado, se considera necesario en esta jurisdicción hacer una reflexión acerca del delito de resistencia a la autoridad: Creo sinceramente que el no respetar los mandatos de la Autoridad y el actuar contra sus decisiones cuando están revestidas de las formalidades legales y dictadas dentro de las competencias de cada una de ellas, como cuando esas mismas conductas son ejercitadas contra los funcionarios públicos o los agentes de la autoridad actuando en el ejercicio de sus funciones, suponen un ataque a bienes esenciales de un Estado de Derecho que sin duda debe dar lugar a una repuesta por parte del mismo, la que debe concretarse, en atención a la relevancia de los bienes jurídicos atacados, en la tipificación penal de tales acciones para que sean castigadas con sanciones de esa naturaleza, estando más que justificada la intervención del derecho penal como último recurso de una sociedad que fundamenta su convivencia en el respeto a las normas democráticamente adoptadas.
En ese orden de ideas el respeto a los actos de las fuerzas policiales en general y a los practicados por la policía judicial en el ejercicio de las funciones constitucionalmente asignadas, de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, debe ser máxima, porque los agentes garantizan el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas y porque sencillamente son los garantes de la seguridad personal y de los bienes de los ciudadanos, por tanto los ataques que en el uso de sus funciones puedan sufrir los policías van a ir en detrimento de los derechos más elementales de cada persona que vive en sociedad y ello, como apuntamos anteriormente, merece una respuesta penal ya que se ponen en riesgo los pilares de la convivencia social fundada en el derecho.
Queremos con lo expuesto manifestar que las conductas tipificadas en el Código Penal contra los agentes de la autoridad, policías que se hallan en el ejercicio de sus funciones, deben ser sancionadas de la forma que prescribe el citado Código sin llevar a cabo interpretaciones que rebajen su gravedad, sin tender a quitarles relevancia por su frecuencia o a buscar en las mismas una finalidad diferente a la que realmente se contiene en el tipo penal que pueda excluir su incriminación. Sin embargo debemos tener presente que para el ejercicio de esa función que el mismo estado esta garantizando a través del Ministerio Publico, los funcionarios deben cumplir con las reglas mínimas de actuación policial que están contempladas en el articulo 117 del Código Orgánico Procesal Penal. Resulta preocupante para ésta jurisdiscente que cualquier funcionario con el solo manifestar que se encuentra en ejercicio de una supuesta profilaxis social, arremeten y están criminalizando las reuniones y/o cualquier actuación de cualquier sujeto o que no les ven bien, etc. Por eso me he atrevido en la tarde de hoy a hacer ésta reflexión, porque están llevando tanto al Ministerio Publico como al organismo jurisdiccional a legalizar situaciones que pudieran en principio llevar consigo actuaciones personales no acorde con la función propia de su obligación de funcionario. La conducta a la que se refiere la norma penal es la referida a la función publica desplegada por los agentes por ejemplo en un caso de investigación: la determinación de la comisión de un hecho punible, la individualización de posibles autores o participes y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos utilizados en su comisión, así como la de todos aquellos elementos que tengan interés para descubrir la verdad, aquellos de interés criminalistico, y si, en ésta tarea cualquier persona hiciere oposición a su actividad, si, pudiéramos decir, que estamos ante el delito de resistencia a la Autoridad; esa es la naturaleza del articulo del Código Penal Venezolano, no puede ser que amparados en el artículo 218 cualquier funcionario que no estuviera de acuerdo en una reunión o sospeche y al no determinarse la ocurrencia del delito, de cualquier sospecha no derivada de la comisión de un hecho que arroje un resultado negativo, faculte al funcionario para presentarlo detenido por resistencia a la autoridad. Por estas razones, insto a la ciudadana fiscal y a la defensa como integrantes del sistema de justicia, que tengamos presente y hagamos eco de la criminalización que estamos legitimando siendo garantes del estado de derecho en Venezuela. Para ello, se sanciono el artículo 218 del Código Penal, precisamente para garantizar que el funcionario en ejercicio de sus funciones se le respete, constituyendo en consecuencia, cualquier actuación en su contra, esta es, del buen funcionamiento de la función publica, y del principio de autoridad; pero ello no debe ser desnaturalizado, ni permitido por quienes tenemos en nuestras manos la administración de justicia en el estado Apure, y para ello insto al Ministerio Publico a estar atento ante esta situación.
Entrando en la materia propia de ésta audiencia, y visto la insipiencia de la investigación, por la que la representante fiscal a solicitado su prosecución conforme al procedimiento ordinario, estima ésta jurisdiscente, que es el Ministerio publico como titular de la acción penal quien deberá determinar en el marco de la investigación, la efectividad de los hechos imputados. Razón por la cual, prima facie, previo a las consideraciones precedentemente determinadas que se acoge con lugar los pedimentos fiscales, entre ellos la calificación de flagrancia en la aprehensión del ciudadano BOHORQUES L.C.A., en la comisión del delito de resistencia a la autoridad, conforme al articulo 218 del Código Penal por los hechos expuestos por los funcionarios actuantes. Estos son que la comisión policial integrada por los funcionarios suscribientes del acta se trasladaban por las calles de la ciudad con fines de profilaxis social, para cooperar en la disminución del índice delictivo, y que concretamente por la avenida Carabobo avistaron a un individuo que se conducía en una moto a quien le pidieron por favor que detuviera la marcha, les permitiera los papeles de la moto y su identidad, a fin de verificar por su sistema de Información Integrar Policial (SIPOL), sus posibles registros policiales, antecedentes penales, o solicitud alguna, tomando el ciudadano una actitud agresiva contra la comisión, vociferando palabras obscenas, por lo que procedieron a detenerlo… En fuerza de lo anteriormente expuesto, esta jurisdiscente tomando en cuanta la reflexión hecha en esta sala, acoge el tipo penal que se a postulado en la tarde de hoy, razón por la que se acoge a los fines de permitir que el Ministerio Publico realice la Investigación, no obstante debe asumir el proceso sin restricciones de manera que se le acuerda su libertad plena, el procedimiento a seguir es el ordinario conforme a sido solicitado. Así se decide.
DISPOSITIVA.
Por todos los razonamientos de hecho y de derecho precedentemente expuesto, este Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA:
Se acuerda con lugar la aprehensión en flagrancia en contra del ciudadano C.A. BOHORQUEZ LUNA, titular de la cedula de identidad Nº 21.292.605, conforme a lo estipulado en el articulo 44.1 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y 248 del Código Orgánico Procesal Penal.
Que se prosiga la investigación por el procedimiento ordinario.
se admite las precalificaciones dadas en este acto por el Ministerio Publico, por el delito de Resistencia a la Autoridad previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal Venezolano, en contra del ciudadano C.A. BOHORQUEZ LUNA .
Se acuerda la libertad sin restricciones del ciudadano C.A. BOHORQUEZ LUNA, desde esta misma sala de audiencias, dada las consideraciones expuestas en el contexto de la presente decisión.
Quedan notificadas las partes conforme a lo establecido en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal. Líbrese la correspondiente Boleta de Libertad. Ofíciese lo conducente. Es todo. Termino se leyó y conforme firman.
DRA. NORKA MIRABAL RANGEL.
JUEZ TERCERO DE CONTROL.
LA SECRETARIA
ABG. D.C.
Seguidamente se dio cumplimiento a lo acordado en el auto que antecede.
LA SECRETARIA
ABG. D.C.
Asunto Penal 3C-3020-10
NMR
