Decisión de Juzgado Quinto De Primera Instancia De Juicio Del Trabajo de Caracas, de 8 de Abril de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 288068390

Decisión de Juzgado Quinto De Primera Instancia De Juicio Del Trabajo de Caracas, de 8 de Abril de 2011

Procedimiento:Amparo Constitucional
Ponente:Oswaldo Farrera
Número de Expediente:AP21-O-2011-000035
Fecha de Resolución: 8 de Abril de 2011
Emisor:Juzgado Quinto De Primera Instancia De Juicio Del Trabajo
RESUMEN

Por los razonamientos que anteceden, este Juzgado Quinto (5°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, declara: Primero: Inadmisible la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por el ciudadano Lorena Maikelys Iglesias Albarran contra... (ver resumen completo)

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Quinto (5°) de Primera Instancia de Juicio del

Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas

200º y 152º

Caracas, 8 de abril de 2011

AP21-O-2011-000035

En el Amparo Constitucional Autónomo interpuesto por la ciudadana Lorena Maikelys Iglesias Albarran, titular de la cédula de identidad Nº V- 17.693.106, asistido por los abogados Jhuan Antonio Medina Marrero y Jhuan Jhuan Medina-Marrero, inscritos en el I.P.S.A. bajo los Nº 36.193 y 156.574, contra la Asociación Civil Herrera Lynch y Asociados, A.C. (conocido como Clínica Herrera Lynch y Asociados, A.C.); el cual se recibió por distribución en fecha 5 de abril de 2011, y de un análisis de las actuaciones que conforman el presente asunto se observa lo siguiente:

I

Alegatos de la parte querellante

Aduce la parte querellante que comenzó a prestar servicios para la Asociación Civil Herrera Lynch y Asociados, A.C. (conocido como Clínica Herrera Lynch y Asociados, A.C.); en fecha 11 de junio de 2008, desempeñando el cargo de enfermera, devengado un salario básico mensual de Bsf. 1.200,00, hasta el día 17 de noviembre de 2008, cuando fue despedida de forma injustificada a pesar de encontrarse amparada de la inamovilidad decretada por el Ejecutivo Nacional, por lo que acudió en fecha 18 de noviembre de 2008, a la Inspectoría del Trabajo del Municipio Libertador del Distrito Capital, sede Norte (Inspectoría Competente) a los fines de solicitar el reenganche y pago de salarios caídos, lo cual fue acordado mediante la Providencia Administrativa Nº 208-09, de fecha 27 de abril de 2009, siendo notificadas la parte actora y demandada, en fecha 28 de abril y 6 de mayo de 2009, respectivamente.

Señala que el apoderado judicial de la parte accionada solicitó mediante diligencia que se fijará la oportunidad para dar cumplimiento a la Providencia Administrativa, lo cual fue acordado mediante auto en fecha 4 de junio de 2009 fijando en tal sentido un acto de partes, para el día 23 de junio de 2009, sin embargo la representación de la accionada se negó a estar presente en el acto y se retiró del despacho, negándose a reengancharla y pagarle los salarios caídos, por lo que en fecha 6 de julio de 2009, se inició el procedimiento de multa Nº 023-2010-06-00696, que concluyó con la Providencia Administrativa Nº 00034-11, de fecha 11 de marzo de 2011, notificada a la accionada en fecha 23 de marzo de 2011, mediante la cual se le impuso una multa de dos (2) salarios mínimos.

Por todo lo anterior, interpone el presente amparo constitucional, por la presunta violación de los artículos 448 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo, así como de los artículos 75, 87, 89, 91, 93 y 95 de nuestra Carta Magna, para se restablezca la situación jurídica infringida y se ordene a la Asociación Civil Herrera Lynch y Asociados, A.C., acatar en forma inmediata la decisión emanada de la Inspectoría del Trabajo, y se cumpla la reincorporación del demandante a su puesto de trabajo, en las mismas condiciones que se encontraba antes de su ilícito despido, así como la cancelación de los salarios caídos, así como el pago de los aumentos decretados por el Ejecutivo Nacional desde la fecha del irrito despido hasta el momento de su definitiva reincorporación, ordenando la indexación de los mismos.

II

De la competencia

Tenemos que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como máximo intérprete de la norma constitucional y por criterio vinculante, de acuerdo a lo previsto en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en decisión Nº 955, de fecha 23 de septiembre de 2010 (ponencia del magistrado Francisco A. Carrasquero López), en cuanto a la competencia por la materia para conocer de las acciones intentadas contra las providencias administrativas, dictadas por las Inspectorías del Trabajo, resolvió que corresponde a los Juzgados de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia a los Tribunales Superiores del Trabajo, de la siguiente manera:

“Por todo lo anterior, esta Sala Constitucional, actuando como máximo intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estima...

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