Decisión nº 69-2012 de Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 13 de Junio de 2012

Procedimiento:Prescripcion Adquisitiva
Ponente:Yittza Yorley Contreras Barroeta
Número de Expediente:5666
Fecha de Resolución:13 de Junio de 2012
Emisor:Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario
RESUMEN

V DISPOSITIVO En consideración al cúmulo de lo alegado, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: INADMISIBLE LA ACCIÓN DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA, por ser contraria a disposición expresa de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, interpuesta por JUANA MARIA MENDEZ, contra del Patrimonio Autónomo Herencia YACENTE DEL PRESBITERO PABLO ANTONIO MORALES Y HEREDEROS DESCONOCIDOS. SEGUNDO: SE ORDENA al Instituto Nacional de Tierras del Estado Táchira, que inmediatamente quede definitivamente la presente decisión, aperture procedimiento DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, a la ciudadana JUANA MARIA MENDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 5.735.538, s..... (ver resumen completo)

 
CONTENIDO

REPUBLICANA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA.

I

IDENTIFICACION DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

DEMANDANTE: MENDEZ JUANA MARIA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 5.735.538, domiciliada en San Cristóbal, Estado Táchira.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: HILDEMAR ROJAS BALZA, abogado, inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 6.691, representación que consta en poder especial, otorgado en fecha 13 de mayo de 1997, inserto a los folios 05 y 06 del expediente.

DOMICILIO PROCESAL: Avenida los Agustinos, Conjunto Residencial Paramillo, Quinta N° 3, Parroquia San Juan Bautista, San Cristóbal, Estado Táchira.

DEMANDADOS: PATRIMONIO AUTONOMO HERENCIA YACENTE DEL PRESBITERO PABLO ANTONIO MORALES (CURADOR UNET) y HEREDEROS DESCONOCIDOS.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADAS: Abogado José Rafael Román Pernia y/o Rodrígo Casanova Morales.

MOTIVO: PRESCRIPCION ADQUISITIVA.

EXPEDIENTE No: Agrario 5.666/2004

II

RELACIÓN DE LOS HECHOS

Se inicia por ante el extinto Juzgado de Primera Instancia Agraria y Laboral de esta Circunscripcion Judicial, la presente causa, mediante libelo de demanda presentado por el abogado Hildemar Rojas Balza, actuando en nombre y representación de la ciudadana Juana María Méndez, alegando entre otras cosas:

Que su representada adquirió un Fundo Agropecuario formado por ciento cincuenta hectáreas (150hect) de pastos ratifícales, conucos. Rastrojos, montañas y cercas de alambre de púas; sobre terrenos que son o fueron de la Comunidad Morales, y que se denominaba Finca la Rubiera, hoy se llama Finca San Judas Tadeo, en jurisdicción de San Joaquín de Navay, Distrito Libertador del Estado Táchira, y que se alindera así: NORTE, con mejoras de Amable Zambrano; SUR, con pertenencias de Miguel Ángel Gil Contreras y mejoras de Juan de Dios Sánchez Oeste; OESTE, con mejoras de Francisco Moncada; y Un Fundo Agropecuario de aproximadamente Cien Hectáreas (100 hect) en terrenos de la misma Comunidad Morales, en San Joaquín de Navay, Distrito Libertador del Estado Tachira, consistentes en partos artificiales , conucos de diferentes clases, cercas de alambre de púas, árboles frutales y una casa para habitación construida con materiales mixtos, todo alinderado asi: NORTE, con el Rio Navay, SUR, con mejoras de Amadeo Contreras, divide cerca medianera; ESTE, con mejoras de Miguel Ángel Gil Contreras; OESTE, con mejoras de Bernardino Contreras, con cerca medianera, este Fundo también se denomina San Judas Tadeo.-

Que la posesión ejercida por su representada sobre el Fundo San Judas Tadeo, lo es a través de su trabajo de organización, mantenimiento y desarrollo de la actividad agrícola y pecuaria, como lo son la siembra de pastos artificiales, la crianza, engorde y control sistemático y comercialización de ganado vacuno; mantenimiento de potreros, arreglos de cercas, vías de penetración, sistemas de riego, construcción de manga para el baño de ganado, mantenimiento de la casa de habitación y la de los obreros.

Que las mejoras agropecuarias antes descritas, fueron vendidas a su representada Juana María Méndez, por el ciudadano Marcelo Carrillo Ramírez, quien a su vez adquiere tal propiedad de las mejoras de Eugenio Sánchez Barreto, según documento registrado por ante la oficina Subalterna de Registro Publico del Distrito Libertador, Estado Táchira, inserto bajo el N° 92, folios 186 al 187, Protocolo Primero en fecha 14 de noviembre de 1980…...

Que por ante la oficina Subalterna de Registro Publico del Distrito Libertador del Estado Táchira, la persona que aparece como propietaria de la mayor extensión de tierras de la cual es parte, donde están enclavadas las mejoras agropecuarias, denominadas “SAN JUDAS TADEO, objeto material de esta acción, lo es el Presbítero Pablo Antonio Morales, tierras estas denominadas GRAN GLOBO DE URIBANTE o COMUNIDAD MORALES, de aproximadamente 220.000 hectáreas y cuyo documento de propiedad se encuentra registrado en la oficina de Registro antes indicado, bao el N° 8 de fecha 1852, protocolo Primero, Situado este Globo de tierra en los Montes del Río Uribante hasta los confines con el llano, dándole de frente el citado río arriba, con las tierras que posee el Sr. Francisco Noguera; por abajo el precitado Río hasta desembocadura e el Río Caparo, divisorio con la Provincia de Barinas.

Que por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Agrario y Laboral de esta Circunscripción Judicial, se tramitó solicitud de Declaratoria de Herencia Yacente de los bienes quedantes al fallecimiento del Presbítero Pablo Antonio Morales….

Que con fundamento en los hechos antes narrados y la normativa jurídica ya invocada, se concluye en este caso, que Juana María Méndez, en la actualidad y hacia atrás en el tiempo, a través de sus causantes a titulo particular por las enajenaciones hechas en el tiempo y sin interrupción, ha venido poseyendo por mas de veinte (20) años, las tierras donde están enclavadas las mejoras agropecuarias denominadas SAN JUDAS TADEO, fundadas sobre terrenos de la Comunidad Morales… dedicándose en el fundo a la actividad de Cría y ceba de ganado, la siembre de pastos artificiales, la construcción de cercas, de vaqueras, manga para el baño de ganado y vacunación, bebederos, comederos, el uso de maquinaria agrícola para el desarrolla y mantenimiento de potreros y vías de acceso a los mismos. Esta actividad ha sido constante, ininterrumpida en el tiempo para el logro de la actividad agropecuaria que allí se desarrollo actualmente.

Que con fundamento en lo anterior, a nombre de Juana María Méndez, demanda por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA VEINTENAL AGRARIA al Patrimonio Autónomo “HERENCIA YACENTE DEL PRESBITERO PABLO ANTONIO MORALES y a sus herederos desconocidos, para que reconozcan a favor de su representada, su derecho de propiedad sobre las tierras donde están enclavadas las mejoras agropecuarias y descritas denominadas SAN JUDAS TADEO, por haberse operado a su favor la prescripción adquisitiva o a ello sean condenados por el Tribunal y como consecuencia de lo anterior se le confiera el titulo formal que la acredita como propietaria, libre de todo gravamen.

Que la presente demanda sea tramitada conforme a los señalamientos contenidos en los artículos 690 al 596 del Código de Procedimiento Civil, sin que sea utilizado el procedimiento ordinario, sino la normativa contenida en la Ley de Tribunales y Procedimientos Agrarios.

ANEXÓ AL LIBELO DE DEMANDA:

1.- Instrumento Poder Otorgado por la demandante, debidamente notariado por ante la Notaria Publica Primera de San Cristóbal.

2.- Copia Simple del documento de propiedad de las mejoras objeto de la presente acción.

3.- Copia Simple del Titulo de Propiedad sobre el inmueble donde se encuentra enclavada las mejoras cuya prescripción solicitan.

4.- Constancia de propiedad de mejoras objeto de la presente demanda, expedida por el Ministerio de l Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables.

5.- Constancias de Registro de Productores y Empresas Agropecuarias y de Inscripción de Predios en el Registro de la Propiedad Rural, expedida por el Ministerio de Agricultura y Tierras.

6.- Copia simple de Constancia, emitida por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Transito de esta Circunscripción Judicial.

7.- Constancia emitida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y Agrario del Estado Tachira..

En fecha 04 de junio de 1997, se admitió la demanda, ordenándose el emplazamiento de la demandada Herencia Yacente del Presbítero Pablo Antonio Morales, a través de su Curador Universidad Experimental del Táchira (UNET) y a todos los Sucesores y Herederos Desconocidos del Presbítero Pablo Antonio Morales y a Todas Aquellas Personas que se Crean con Derechos sobre el inmueble descrito en la demanda, por medio de Edicto.

En fecha 30 de junio de 1997, se agrego a los autos boleta de citación debidamente firmada por la parte demandada.

Corre al folio 39, diligencia de fecha 30 de julio 1997, suscrita por la Secretaria del Tribunal, mediante la cual deja constancia de haber fijado en las puertas del Juzgado, el Edicto ordenado.

Mediante diligencias, el apoderado de la parte demandante consigna ejemplares del diario la Nación y Diario los Andes, donde consta la publicación del Edicto Ordenado, los cuales fueron agregados a los autos previo su desglose (f- 40 al 119).

En fecha 16 de abril de 1998, mediante escrito, la parte actora en la persona de su apoderado judicial, consigna copia fotostática del documento de propiedad de la Finca SAN JUDAS TADEO, registrado por ante la Oficina de Registro Publico del Distrito Libertador del Estado Tachira, en fecha 18 de abril de 1986

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Por auto de fecha 20 de octubre de 1998, el Tribunal designó defensor judicial de los Herederos Desconocidos del Presbítero Pablo Antonio Morales y a Todas Aquellas Personas que se Crean con Derechos a la abogada MORELLA SANCHEZ, quién luego de cumplidas todas las formalidades de la citación, en fecha 24 de Marzo de 1999, presentó Escrito de Contestación en los siguientes términos (f- 147/148):

“ … Hasta el día de hoy, no he logrado comunicarme con persona alguna de las cuales el despacho a su digno cargo me ha dado su representación y la defensa de sus derechos en esta causa, y habiendo revisado las actas procesales y relacionando unas con otras entre si, encuentro que el acción de Prescripción Adquisitiva intentada por la demandante, ciudadana JUANA MARIA MENDEZ, suficientemente identificadas en autos, no hay violaciones relativas a la ley sustantiva ni relativas a normas procedimentales, que constituyan actuaciones que yo pueda alegar en beneficio y defensa de mis representados, en tal razón, ejerceré, en el curso del juicio la representación de los demandados conforme a la ley...

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE (FOLIOS 150 AL 171):

En fecha 30 de marzo de 1994, el abogado HILDEMAR ROJAS BALZA, presentó escrito de pruebas, en el cual promueve:

PRIMERO: El valor y mérito probatorio de las actuaciones contenidas en las actas del expediente.

SEGUNDO: Valor y merito probatorio de los documentos anexo a la demanda, de los cuales aparece plenamente demostrado el tracto sucesivo del traspaso de propiedad a posesión de las mejoras agropecuaria que componen el fundo SAN JUDAS TADEO, a través de más de veinticinco años sucesivamente en el transcurso del tiempo.

TERCERO: el Valor y merito probatorio de la Inspección Judicial practicada por el juzgado de los municipios Jáuregui, Antonio Rómulo Costa, Seboruco, José María Vargas y Francisco de Miranda del Estado Táchira, el cual consigna en fotocopia simple, tomada del expediente N° 3012-97.

CUARTO: Prueba de Testimoniales:

• LUDWIN GUEVARA ROMERO

• RAFAEL ENRICO ZENINE CONTRERAS

• CARLOS HERNAN GARCIA AGELVIS

. Y consigna copia de registro de hierro propiedad de la ciudadana Juana María Méndez, constancia de registro de productores y empresas agropecuarias, dichas pruebas fueron admitidas en su oportunidad legal

EVACUACION DE LAS TESTIMONIALES.

A los folios 73, 75 y 78, rielan declaraciones de los ciudadanos LUDWIN GUEVARA ROMEROCARLOS HERNAN GARCIA AGELVIS Y RAFAEL ENRICO ZENINI CONTRERAS, quienes al interrogatorio que les formuló el apoderado judicial de la parte demandante, abogado HILDEMAR ROJAS BALZA, fueron contestes al manifestar:

- Que conocen suficientemente, de vista, trato y comunicación a la ciudadana JUANA MARIA MENDEZ.

- Que saben y les constan que la señora Juana María Méndez, es propietaria y poseedora de las mejoras agropecuarias que constituyen el fundo San Judas Tadeo.

- Que saben y les constan que el Fundo San Judas Tadeo, desde hace mas de veinticinco años, ha venido siendo explotado por sus poseedores en la actividad de ceba y cría de ganado y actualmente en la producción de leche.

- Que les constan lo anteriormente declarado, porque se dedican a la explotación ganadera

En fecha 08 de junio de 1999, el abogado JOSE RAFAEL ROMAN PERNIA, apoderado de la Curadora UNET, mediante diligencia consideran la reposición de la causa al estado de admisión, por haberse obviado la notificación del Procurador General de la Republica y al Fiscal del Ministerio de Hacienda.

En fecha 22 de febrero de 2000, se fijo término para la presentación de informes.

Vencido el lapso para presentar informes, ninguna de las partes lo hizo, por lo que a partir del 17 de marzo de 2000, comienza a contarse sesenta (60) días, para dictar sentenciada.

En fecha 02 de junio de 2003, se niega la reposiciona de la causa y se acuerda notificar al Procurador General de la Republica y al fiscal del Ministerio de Finanzas y se suspende la causa por un término de noventa (90) días.

A los folios 206 al 208, corre comunicación emitida por la Gerente General de la Procuraduría General de la Republica, y entre otros informan que por cuanto se obvio notificar a esa Procuraduría de la admisión de la demanda, debe declararse la nulidad de todo lo actuado y en consecuencia ordenar la reposición de la causa al estado de admisión de la demanda.

En fecha 16 de Junio de 2006, la abogada YITTZA Y. CONTRERAS BARRUETA, Juez Temporal, se ABOCA al conocimiento de la causa, acordando la notificación de las partes, quienes en su debida oportunidad fueron notificados.

En 27 de mayo de 2010, el abogado Pablo Enrique Ruiz Márquez, apoderado judicial de la Procuraduría General de la Republica, solicita la extinción o perención de la causa, y se notifique a dicha Procuraduría. Consigna copia de instrumento poder que le fuera otorgado

En fecha 11 de junio de 2010, se dicto sentencia Interlocutoria, mediante la cual se dictaminó:

“…..En base a todos los razonamientos expuestos este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECIDE:

PRIMERO: SE DECLARAN NULAS TODAS las actuaciones corrientes al expediente, a partir del auto de admisión inclusive.

SEGUNDO: SE REPONE la presente causa al estado de que el Tribunal se pronuncie sobre la Admisibilidad de la demanda.

TERCERO: De conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 233 del Código de Procedimiento Civil, se ordena Notificar de la presente decisión a la parte actora y a LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, con sede en Caracas, Para la práctica de la notificación a través de oficio se comisiona amplia y suficientemente al Juzgado (Distribuidor) de los Municipios del Área Metropolitana de Caracas.

CUARTO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de la presente decisión…….”

III

DE LA COMPETENCIA DE ESTE JUZGADO PARA CONOCER LA PRESENTE PRESCRIPCION ADQUISITIVA.

Corresponde a este Tribunal pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente acción de Prescripción Adquisitiva, y en tal sentido, observa lo siguiente:

El objeto de la presente acción, ante este órgano jurisdiccional tiene como fin una Acción de Condena contra el Patrimonio Autónomo Herencia Yacente del Presbítero Pablo Antonio Morales

En este sentido, conforme al artículo 208 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario “Los Juzgados de primera instancia agraria conocerán de las demandas entre particulares que se promuevan con ocasión de la actividad agraria, sobre los siguientes asuntos: 1) … acciones declarativas, petitorias, reivindicatorias y posesorias en materia agraria.”

En consecuencia este Tribunal Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira se declara competente para conocer y decidir la presente demanda. ASI SE DECIDE.

IV

DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

PUNTO PREVIO

DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCION

El petitorio principal de la parte demandante es: demandar por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA VEINTENAL AGRARIA ORDINARIA al Patrimonio Autónomo “HERENCIA YACENTE DEL PRESBITERO PABLO ANTONIO MORALES y a sus herederos desconocidos, para que reconozcan a favor de su representado, la propiedad de la parte, ya descrita del Fundo “SAN JUDAS TADEO” y en consecuencia:

Primero: Se declare el derecho a la propiedad a favor de su representada, de la parte del Fundo San Judas Tadeos ...

Segundo: Como derivación de esa declaratoria, el conferimiento del título formal que lo acredite como propietaria libre de todo gravamen y con las demás menciones de rigor, ordenando por vía de ejecución instrumental su protocolización por ante la Oficina Subalterna de Registro Publico correspondiente.

Por lo que esta juzgadora evidencia, que LA PRETENSIÓN DE LA ACTORA es adquirir la propiedad de un inmueble con vocación de uso agrario (mejoras), por el transcurso del tiempo, determinado éste por la Ley y bajo los requisitos que ésta establezca, convirtiendo su posesión en el derecho de propiedad bajo la figura jurídica de prescripción adquisitiva. Y así queda establecido.

No obstante, todos los alegatos esgrimidos la representación judicial de la accionante, este juzgado debe advertir precisar algunas apreciaciones acerca de la naturaleza de los juicios agrarios y los principios que rigen la materia Agraria y del procedimiento aplicable en el casos de marras, que el previsto para las demandas contra entes agrarios en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, resulta imperioso aclarar varios puntos a saber:

Sentado es, que las todas disposiciones de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario son de orden público en consecuencia son de obligatorio cumplimiento a tenor de lo consagrado en el Artículo 271 que establece:

“…Artículo 271: La interpretación y ejecución de los contenidos de las normas de la presente Ley, estarán sometidas al principio constitucional de seguridad y soberanía nacional, y privarán sobre cualquier otra disposición sustantiva o adjetiva que verse sobre la materia…”.

De esta disposición se desprende, UNA SUPREMACÍA MATERIAL, de las normas sustantivas y adjetivas que conforman la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en cuanto a su interpretación y ejecución, al consagrar el mandato “…y privarán sobre cualquier otra disposición sustantiva o adjetiva que verse sobre la materia..” a todos los jueces de la República, los entes y órganos de la administración publica, infiriéndose a criterio de este Juzgador, un carácter orgánico no declarado de la precitada Ley.

Esta Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, con este carácter superior, consagra el carácter imprescriptible de las tierras, con vocación de uso agrario, propiedad de la República, los Estados, los Municipios y demás entidades, órganos y entes de la Administración Pública descentralizados funcionalmente, en los siguientes términos:

“…Artículo 95. Las tierras propiedad de la República, los Estados, los Municipios y demás entidades, órganos y entes de la Administración Pública descentralizados funcionalmente, conservan y serán siempre del dominio público e igualmente, conservan y mantendrán siempre su carácter de imprescriptibles….”

De tal manera que, este artículo de la Ley, contiene una norma capaz de transformar profundamente el histórico problema de la tenencia de la tierra en nuestro país, que, como es notorio ha estado signado por un conjunto de ambigüedades, imprecisiones doctrinales y polémicas jurídicas, regístrales y catastrales que muchas veces hicieron imposible el efectivo ejercicio de los derechos de la República y sus entes y órganos sobre sus bienes y el cumplimiento cabal de los fines del Estado, en particular los referidos a la justicia social en el campo.

Como consecuencia del artículo 95 ejusdem, dicho carácter de imprescriptibilidad, es una premisa que impacta transversalmente a todo el cuerpo normativo, como por ejemplo:

“…Artículo 11. Las parcelas adjudicadas por el Instituto Nacional de Tierras pueden ser objeto de garantía crediticia sólo bajo la modalidad de prenda sobre la cosecha, previa aprobación de las Oficinas Regionales de Tierras. Sobre las mismas no podrán constituirse hipotecas o gravámenes de cualquier naturaleza. Debe expedirse por escrito el certificado para constituir prenda agraria…………………………………………………….”

Artículo 64. Los usufructuarios de un fundo estructurado, que hayan mantenido su eficiencia productiva por un término no menor de tres (3) años consecutivos, tendrán derecho a recibir título de adjudicación permanente, sólo transferible por herencia a sus descendientes o en su defecto a sus colaterales. Dichos fundos no podrán ser objeto de enajenación.

Artículo 65. Sobre la parcela y la estructura productiva queda excluida cualquier negociación a terceros no autorizada por el Instituto Nacional de Tierras, a través de acta de transferencia.

En el acta respectiva, el sujeto beneficiario de la transferencia deberá comprometerse a mantener la eficiencia productiva del fundo estructurado por un término no menor de tres (3) años, al cabo de los cuales le podrá ser adjudicado título de adjudicación permanente.

Artículo 66. Se considera título de adjudicación permanente, el documento emanado del Instituto Nacional de Tierras, mediante acto administrativo, a través del cual se transfiere la posesión legítima de las tierras productivas ocupadas y trabajadas por el adjudicatario, que le confiere el derecho a transferir por herencia el goce y disfrute de las mismas. Los derechos emanados del título de adjudicación no podrán ser enajenados.

Artículo 67. El Instituto Nacional de Tierras podrá revocar la adjudicación otorgada, cuando el adjudicatario no haya cumplido con el compromiso de trabajo de la tierra.

De todas las normas anteriormente citadas, se desprende inequívocamente el atributo de imprescriptibilidad de las tierras, con vocación de uso agrario, propiedad de la República, los Estados, los Municipios y demás entidades, órganos y entes de la Administración Pública descentralizados funcionalmente. .

La Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nro. 4997 de fecha 15 de diciembre de 2005, ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, al pronunciarse de sobre la inembargabilidad de los bienes del Instituto Nacional de Tierras y delineó la razón teleológica de la disposición prevista en el artículo 25 ejusdem:

“…Al efecto, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el cual dispone:

“Artículo 95. Las tierras propiedad de la República, los Estados, los Municipios y demás entidades, órganos y entes de la Administración Pública descentralizados funcionalmente, conservan y serán siempre del dominio público e igualmente, conservan y mantendrán siempre su carácter de imprescriptibles”.

En igual sentido, se observa que la antigua Ley de Reforma Agraria, establecía en su artículo 154, que el Instituto Agrario Nacional, gozaba de los mismos privilegios del Fisco Nacional, razón por la cual éste se hacía efectivo acreedor del privilegio procesal de inembargabilidad, ante lo cual el Tribunal agraviante debía aplicar el procedimiento especial para ejecutar lo juzgado, establecido en la entonces Ley Orgánica de Régimen Municipal.

En atención a los razonamientos expuestos, se observa conforme a las disposiciones mencionadas, que efectivamente el acta de remate y la consecuente tramitación del procedimiento resultan de relevancia nacional, en primer lugar, porque se encuentran ejecutados y adjudicados a un particular bienes de un Instituto Autónomo, como es actualmente el Instituto Nacional de Tierras y, en segundo lugar, se observa que este Instituto tiene asignada una función social al desarrollo sustentable de la actividad agrícola y alimentaria del país, lo cual no agota su interés en la conservación de los bienes de su patrimonio, sino que repercute en un sin número de ciudadanos que pudieran ver conculcado su interés en el desarrollo agrario y ambiental de las futuras generaciones, tal como lo establece el artículo 1 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el cual dispone: :

“Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable; entendido este como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario dentro de una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa, eliminando el latifundio como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo, asegurando la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones…”.

De otra parte este Juzgado con otras competencias Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, por SENTENCIA DEFINITIVAMENTE FIRME dictada el 26 de Enero de 2006, DECIDIÓ en el EXPEDIENTE 5.648 sobre HERENCIA YACENTE, que cursó por ante este mismo Juzgado:

PRIMERO: Sin lugar la pretensión de HERENCIA YACENTE contenida en el Escrito de denuncia fechado Marzo de 1.992 suscrito por los Abogados JOSE RAFAEL ROMAN PERNIA y RODRIGO CASANOVA MORA, titulares de la Cédula de Identidad Nos. V-1.909.511 y 3.618.787 en su orden, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 13.073 y 11.319 respectivamente, domiciliados en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, obrando en representación propia.

SEGUNDO: Conforme a lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 14 y 233 ejusdem, y en aplicación de los principios rectores del proceso agrario tales como la brevedad, economía y celeridad procesal, se acuerda hacer una única NOTIFICACIÓN por medio de la imprenta con la publicación de un CARTEL en el DIARIO LA NACIÓN de San Cristóbal, para que vencidos que sean diez (10) días de despacho, luego de la publicación y consignación que se haga en el Expediente del referido Cartel, se tendrán por notificados las personas allí indicadas, de la presente decisión. De las actuaciones practicadas conforme a lo dispuesto en este artículo dejará expresa constancia en el Expediente la Secretaria del Tribunal; hecho lo cual comenzarán a correr los lapsos respectivos. De igual forma, líbrense los Oficios correspondientes a la Fiscalía General de la República, Procuradoría General de la República, Contraloría General de la República, Ministerio de Finanzas – Región General Sectorial de Rentas, SENIAT Región Los Andes, Procuradoría Agraria del Estado Táchira, INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI), JUECES DEL ESTADO TÁCHIRA, REGISTRADORES SUBALTERNOS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR, FERNÁNDEZ FEO, JÁUREGUI, URIBANTE y SAN CRISTÓBAL, así como a las NOTARÍAS PÚBLICAS de los referidosunicipios.

TERCERO: Como consecuencia del primer dispositivo, se declaran TIERRAS BALDÍAS todas las tierras que se encuentren dentro de los siguientes límites que aparecen en la supuesta compra que de las mismas realizó el Presbítero Pablo Antonio Morales, esto es, que se encuentren ubicadas: En Los Montes del Río Oribante de esta Jurisdicción (Estado Táchira), hasta confines con los Llanos, dándole de frente al citado Río, por arriba con las tierras que posee el señor Francisco Noguera; por abajo el precitado Río hasta su desembocadura en el Río Caparo y por el frente el expresado Río Caparo divisorio, bien inmueble éste que es de DOSCIENTAS VEINTE MIL HECTÁREAS (220.000 ha) aproximadamente; ajustados que sean estos límites a la realidad actual histórico-político-territorial del Estado Táchira, ubicadas en LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR, FERNÁNDEZ FEO, JÁUREGUI, URIBANTE del Estado Táchira, y/o en los Municipios donde se encuentren más extensiones de las comprendidas en el denominado “Gran Globo de Uribante”, que resulten determinadas del Catastro correspondiente que de éstas se haga.

CUARTO: El Instituto Nacional de Tierras (INTI) administrará las tierras que comprenda el denominado “Gran Globo de Uribante” y en consecuencia ajustándose a la normativa que lo rige y a las Leyes vigentes, así como a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en su carácter de ente rector en la administración, redistribución y regularización de la posesión de las mismas

QUINTO: Todo traspaso de derechos y acciones sobre mejoras y bienhechurías, así como de propiedad de éstas, será autorizado por el Estado bajo la normativa legal vigente. Así como: La Autorización para la tramitación ante organismos financieros públicos o privados de créditos agropecuarios. Y la Autorización para la tramitación ante organismos públicos para gestionar la permisa a fin de afectar los recursos ubicados sobre los terrenos declarados como baldíos.

SEXTO: Igualmente los Organismos competentes velarán por el respeto de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), que hubieren dentro del “Gran Globo de Uribante”, como figura jurídica que consiste en conservar en el tiempo el Patrimonio Natural del país, por lo que los usos permitidos están asociados con la investigación integral, el aprovechamiento comercial de especies de flora y fauna en forma racional, las reforestaciones y plantaciones, la producción forestal permanente, con planes de previos, y el aprovechamiento hidroeléctrico.

La conservación y uso racional de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial garantizan la preservación de los recursos naturales esenciales para desarrollar actividades que conlleven al beneficio del ambiente y de la seguridad agroalimentaria del país, comprometiéndose a cumplir con el Plan de Manejo de las ABRAE, si lo hubiere, o el Condicionamiento de Uso establecido por las Gerencias de Riego y Conservación de Suelos. ”

Conforme a los razonamientos anteriormente expuestos, en virtud de que pretensión de la accionante es adquirir la propiedad del Fundo Agropecuario San Judas Tadeo, con vocación de uso agrario, tal como se desprende de la documentación presentada que corre a los folios 07 al 23, tomando en cuenta la declaratoria de TIERRAS BALDÍAS de lo que comprendió la COMUNIDAD MORALES; ” y tomando en consideración que es claro el legislador al señalar en el artículo 95 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la imprescriptibilidad de las tierras, con vocación de uso agrario, propiedad de la República, los Estados, los Municipios y demás entidades, órganos y entes de la Administración Pública descentralizados funcionalmente, concluye este Juzgado Agrario que la acción por PRESCRIPCION ADQUISITIVA VEINTENAL, interpuesta por la ciudadana JUANA MARIA MENDEZ, en contra del Patrimonio Autónomo Herencia YACENTE DEL PRESBITERO PABLO ANTONIO MORALES Y HEREDEROS DESCONOCIDOS. sobre un fundo Agropecuario denominado “SAN JUDAS TADEO”, debe declararla INADMISIBLE a tenor de lo también claramente señalado en el artículo 95 eiusdem, la presente acción de prescripción adquisitiva, por cuanto se configuró los supuestos previstos en los ordinales 1 y 11 del artículo 173 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. ASÍ SE DECIDE.

DE LA MEDIDA CAUTELAR

A pesar de decretar la INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA, y visto el carácter de orden público que encierran los principios y derechos fundamentales de seguridad agroalimentaria y derecho ambiental, respectivamente, consagrados en el artículo 305, 306 y 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bienes jurídicos tutelados por la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en su artículo 1, y fundamento de la medida acordada, resulta imperioso para este Juzgador, entrar a analizar los artículos 207 y 254 de la Ley de Tierras y Desarrollo agrario, que establecen:

Artículo 207. El Juez Agrario debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental. En tal sentido, el juez agrario, exista o no juicio, deberá dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de asegurar la no interrupción de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales renovables, haciendo cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción. Dichas medidas serán vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento del principio constitucional de seguridad y soberanía nacional.

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Artículo 254. El Juez Agrario podrá dictar oficiosamente medidas cautelares provisionales orientadas a proteger el interés colectivo, las cuales tendrán por finalidad la protección de los derechos del productor rural, de los bienes agropecuarios, la utilidad pública de las materias agrarias, así como también la protección del interés general de la actividad agraria, cuando considere que se amenaza la continuidad del proceso agroalimentario o se pongan en peligro los recursos naturales renovables.

En este contexto, pasamos a reproducir parcialmente, jurisprudencia de la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la que se hace un análisis del artículo 207 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, así:

(…) resulta constitucionalmente legitima la actuación oficiosa de los órganos jurisdiccionales cuando el bien tutelado así lo amerite y exista disposición legal que lo faculte, como es el caso de la adopción de medidas que desde el punto de vista material, pudieran calificarse de funciones administrativas, tomadas en ejercicio de la potestad jurisdiccional para la salvaguarda de la seguridad agroalimentaria y de la biodiversidad.

Por tanto, siendo que la competencia contenida en el artículo 211 del Decreto con fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, solamente puede ser ejercida por el juez agrario con fundamento en la salvaguarda de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental, lo cual presenta su justificación constitucional en los artículos 305 y 306 del Texto Fundamental y que del mismo modo, dicho artículo resulta aplicable únicamente con dos objetivos específicos a saber, evitar la interrupción de la producción agraria y garantizar la preservación de los recursos naturales renovables y finalmente, que la medida preventiva sólo podrá tomarse cuando estos fines se encuentren amenazados de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción, debe concluir esta Sala que, la actuación analizada, se encuentra ciertamente delimitada por un entorno normativo.

En consecuencia de lo anterior, la norma circunscribe el poder preventivo a la adopción de medidas en cuatro supuestos específicos, para obtener dos resultados perfectamente delimitados, con lo cual debe desestimarse el argumento según el cual el artículo recurrido es una norma en blanco, que propugna la actuación arbitraria, pues no sólo se encuentran delimitadas las circunstancias que llevarían al juez agrario a actuar en un determinado sentido, sino que además están preestablecidos los dos objetivos que debe perseguir dicho órgano jurisdiccional con su proveimiento, el cual a todo evento, debe observar el deber de motivación a la que hizo referencia supra y así se declara.

Ciertamente, del análisis de la norma impugnada se evidencia que, el legislador al referirse a la posibilidad de la adopción de la medida “exista o no juicio”, se refiere a que el juez no se encuentra sujeto a la pendencia de un procedimiento previo, que es justamente la diferencia entre el artículo hoy impugnado y la disposición contenida en el artículo 167 eiusdem.

Lo expuesto evidencia que, tal como señaló la representación de la Procuraduría General de la República, el artículo 211 del Decreto con fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, actualmente artículo 207 de la Ley de Tierras y desarrollo Agrario de 2005, recoge una visión axiológica de la función jurisdiccional, que se compadece con el referido carácter subjetivo del contencioso administrativo y con el derecho a la tutela judicial efectiva, contexto en el cual la medida adoptada por el juez agrario, se desarrolla conforme a la celeridad e inmediatez necesarias para salvaguardar una eventual transgresión a los principios de la seguridad agroalimentaria y al derecho a la biodiversidad, siguiendo a tal efecto, el procedimiento pautado en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; ello ante la ausencia de un iter indicado expresamente por la Ley, conforme a la previsión contenida en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. (Sentencia N˚ 962, del 09 de mayo de 2006, Caso: Cervecerías Polar Los Cortijos C.A. y otros., Magistrado Ponente Francisco Antonio Carrasquero López). (Subrayado Nuestro).

De la sentencia parcialmente transcrita, en concomitancia con la norma en análisis, a juicio de este Juzgador, resulta concluyente que:

En primer lugar, la norma en comentario, confiere al Juez Agrario como garante del mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación, y del aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental, principio y derechos fundamentales, consagrados en los artículos 305, 306 y 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, trasladados (artículo 1) y desarrollados en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; un poder para acordar las medidas que estime pertinentes, en el entendido, que tal actuación del Juez Agrario se encuentra ciertamente delimitada por el texto normativo.

En segundo lugar, de la norma en comentario se desprenden: Cuales son las situaciones jurídicas objeto de las medidas, así: 1. “la interrupción de la producción agraria” y 2. “La preservación de los recursos naturales renovables”. Los supuestos de peligro que la medida está destinada a contrarrestar, como son: “se encuentren amenazados de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción” y finalmente, los efectos jurídicos, que se traducen en el dictado de medidas pertinente para hacer cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción.

En tercer lugar, la medida adoptada por el juez agrario, se desarrolla conforme a la celeridad e inmediatez necesarias para salvaguardar una eventual transgresión del principio de la seguridad agroalimentaria y al derecho a la biodiversidad, siguiendo a tal efecto, el procedimiento pautado en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, ante la ausencia de un iter indicado expresamente por la Ley.

En este sentido, advierte la jurisprudencia, que la medida a ser acordada comporta celeridad e inmediatez en su dictado, vale decir, una urgencia, que a nuestro juicio, su graduación esta implícita en las situaciones jurídicas a tutelar, asimismo, son decretadas inaudita parte, quedando el ejerció de la defensa a quien se vea afectado por la misma, a su oposición.

En sustentación con lo arriba señalado, compartimos la afirmación de Marcela García Sola, que “existe una serie de situaciones fácticas en las que se conjuga la mayor dosis de urgencia y la necesidad de prevenir y asegurar derechos o libertades medulares, aquellos que registran reforzada protección constitucional: la vida, la salud, la calidad de ella (…) Las situaciones que plantean estas hipótesis registran la máxima tensión entre el valor eficacia y el valor igualdad de las partes. La balanza se inclina decididamente a favor del primero: la urgencia es extrema, la restricción del contradictorio es inevitable, la calidad de los derechos afectados es evidente y especialísima” (Medidas Autosatisfactivas: La Excepcionalidad de su procedencia. Aproximaciones para su caracterización. Particularidades de su Trámite, Buenos Aires: Argentina, p. 276).

Esta medida conlleva la necesidad de prevenir y asegurar el principio de la seguridad agroalimentaria y al derecho ambiental, consagrados en nuestra carta magna, y vista su fundamental importancia, comportan una gran dosis de urgencia. Muestra de ello, pasamos a ilustrar acerca del principio de la seguridad agroalimentaria, así:

“se trata de un cometido estatal el cual se debe lograr en corresponsabilidad con el sector agroalimentario nacional, la disponibilidad, acceso, intercambio y distribución equitativa de los alimentos de manera estable, que aseguren las condiciones físicas y emocionales adecuadas para el desarrollo humano integral y sustentable, considerando el intercambio, la complementariedad y la integración económica entre los pueblos y naciones como elemento esencial que garantiza el derecho a la alimentación, a la población venezolana”. (Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No. 1258 del 31 de julio de 2008).

Así, este principio se encuentra íntimamente unido al de la Soberanía y Seguridad Nacional, a derechos humanos de tercera generación tales como el Derecho al Desarrollo, al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, asimismo, al Derecho a la Alimentación que tiene cada ser Humano y que pertenece a la clasificación de los derechos humanos de segunda generación.

Importa destacar es, que el Sistema Socio Económico de la República Bolivariana de Venezuela, se funda entre otros principios en justicia social, eficiencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la humanidad (Articulo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), que precisamente, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en ejecución de parte de los mismo, implanta como su objeto establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable, entendido este, como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario…asegurando la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones (artículo 1), y a tales fines la ley impone a los Jueces Agrarios el deber de velar por su resguardo, dotándolos de unos poderes para el dictado de las medidas que estime pertinentes en su amparo.

La expresión “debe dictar oficiosamente las medidas pertinentes”, a juicio de este Tribunal, son claros rasgo de consagración de poder discrecional. Y es precisamente, en el marco de estas potestades o poderes, que el Juez Agrario cuando su prudencia lo aconseje, podrá fijar un límite temporal a la medida que dicte.

Se observa, que la discrecionalidad en el marco de esta norma, viene dada para interpretar razonablemente y de modo finalista, si se relacionan los presupuestos que la condicionan, principalmente por tratarse de la evaluación de situaciones que configuran conceptos amplios, jurídicamente indeterminados. Asimismo, se encuentra extendida esta discrecionalidad, a la selección de la medidas mas adecuadas –medidas pertinentes- para asegurar la tutela dispensable -evitar la interrupción de la producción agraria y garantizar la preservación de los recursos naturales renovables-, por lo que, el Juez Agrario, podría dictar una medida distinta de la que se propone, o limitarla para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios a quien debe soportarla. Empero, esta discrecionalidad que implica apreciación subjetiva y cierta dosis de flexibilidad, bajo ningún concepto justifica la arbitrariedad, para ello, la decisión debe contener las razones en que sustenta la convicción suficiente del juez.

En el mismo orden de ideas, el poder del Juez Agrario para la adopción de la medida a objeto de “evitar la interrupción de la producción agraria” y “garantizar la preservación de los recursos naturales renovables”, que se traducen en resguardo de la seguridad agroalimentaria y el derecho ambiental, solo procede en cuatro supuestos específicos de peligro, a saber, “paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción”. Al expresar la posibilidad de la adopción de la medida “exista o no juicio”, se refiere a que el juez no se encuentra sujeto a la pendencia de un procedimiento previo (…). Asi, nos encontramos con medidas que por la naturaleza del bien tutelado, son un fin en si mismo, se agotan con su dictado, toda vez que, no penden de la existencia de un procedimiento previo. .

Vale señalar que, exista o no un juicio, el Juez Agrario en resguardo de la situación jurídica tutelada por la norma, de oficio o a solicitud de instancia de parte, se encuentra en el “deber” de decretar la medida que estime pertinente para hacer cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción. En el entendido, que la Ley impone al Juez Agrario el deber de velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación, y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental, que constituyen principios y derechos fundamentales, consagrados en los artículos 305, 306 y 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Así, al observar esta Jueza que la parte demandante demandó ante el Juzgado de Primera Instancia en los Civil, Mercantil, del Transito y Agrario de esta Circunscripción Judicial, desde el año 1997, y que afirmó tener posesión de dichas tierras desde hace mas de veinte años, este Juzgado no puede pasar por alto la situación social que ha vivido el Estado Táchira, en el sentido de que la no regularización de las Tierras (antes de la promulgación de la novísima y revolucionaria Ley de Tierras y Desarrollo Agrario) era un problema con carácter gravoso que atentaba contra la producción agroalimentaria. Razón por la cual esta Juzgadora considera necesario ordenar al Instituto Nacional de Tierras, que inmediatamente quede definitivamente la presente decisión, aperture procedimiento DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, a la Ciudadana JUANA MARIA MENDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 5.735.538, sobre el inmueble con vocación agraria denominado FUNDO AGROPECUARIO SAN JUDAS TADEO, para lo cual se remitirá en su oportunidad, copia certificada de la presente decisión. Y ASÍ SE DECIDE.

V

DISPOSITIVO

En consideración al cúmulo de lo alegado, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: INADMISIBLE LA ACCIÓN DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA, por ser contraria a disposición expresa de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, interpuesta por JUANA MARIA MENDEZ, contra del Patrimonio Autónomo Herencia YACENTE DEL PRESBITERO PABLO ANTONIO MORALES Y HEREDEROS DESCONOCIDOS.

SEGUNDO: SE ORDENA al Instituto Nacional de Tierras del Estado Táchira, que inmediatamente quede definitivamente la presente decisión, aperture procedimiento DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, a la ciudadana JUANA MARIA MENDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 5.735.538, sobre el inmueble con vocación agraria denominado FUNDO AGROPECUARIO SAN JUDAS TADEO, ubicados en terrenos de la llamada comunidad Morales, ante en Jurisdicción del Municipio Libertador, Estado Táchira; Descritos de la siguiente manera: A) Uno formado por Ciento Cincuenta hectáreas de pastos ratifícales, conucos, rastrojos, montañas y cercas de alambre de púas; y se denominaba Finca la Rubiera, hoy San Judas Tadeo, en Jurisdicción de San Joaquina de Navay, Distrito Libertador del Estado Táchira, y alinderada Asia: Norte: con mejoras de Amable Zambrano; SUR: con pertenencias de Miguel Ángel Gil Contreras y mejoras de Juan de Dios Sánchez; OESTE; Con Mejoras de Francisco Miranda; y B) Un Fundo Agropecuario de aproximadamente Cien Hectáreas, consistentes de pastos artificiales, conucos de diferentes clases, cercas de alambre púas, árboles frutales y una casa para habitación construida en materiales mixtos, alinderado así: Norte, con el río Navay; Sur, con mejoras de Amadeo Contreras, divide cerca medianera; Este, con mejoras de Miguel Angel Gil Contreras; Oeste, con mejoras de Bernardino Contreras, con cerca medianera, denominado también fundo San Judas Tadeo, para lo cual se remitirá en su oportunidad, copia certificada de la presente decisión.

TERCERO: Notifíquese de la presente decisión al ciudadano PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, con sede en Caracas, Para la práctica de la entrega del oficio se comisiona amplia y suficientemente al Juzgado (Distribuidor) de los Municipios del Área Metropolitana de Caracas.

CUARTO: No se hace condenatoria en costas por la naturaleza del fallo

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE.-

Déjese copia certificada por Secretaria de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 148 del Código de Procedimiento Civil y a los fines de los Ordinales 3° y 9° del Artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, en San Cristóbal a los trece (13) días de mes de Junio de dos mil doce (2012). Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.-

ABG. YITTZA Y. CONTRERAS B.

LA JUEZ (T)

ABG. NELITZA CASIQUE MORA

LA SECRETARIA