Decisión nº 3304 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Maracaibo), de 18 de Abril de 2011

Procedimiento:Divorcio
Ponente:Glorimar Soto Romero
Número de Expediente:38553
Fecha de Resolución:18 de Abril de 2011
Emisor:Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito
RESUMEN

este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en ejercicio de la Potestad Jurisdiccional atribuida por el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, DECLARA PERIMIDA la instancia en el juicio que por DIVORCIO, interpusiera la ciudadana MARIA ALEJANDRA CELIMEN ORTEGA, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad No. V- 13.876.766 y domiciliado en el Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia en contra del ciudadano RAMON GERARDO CASTILLO DUNO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V.- 11.609.648, del mismo domicilio, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, se DECLARA LA EXTINCIÓN DEL PROCESO. ASI SE DECIDE.

 
CONTENIDO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

EXPEDIENTE No. 38.553

PARTE ACTORA: MARIA ALEJANDRA CELIMEN ORTEGA, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad No. V- 13.876.766 y domiciliado en el Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia.

PARTE DEMANDADA: RAMON GERARDO CASTILLO DUNO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V.- 11.609.648, del mismo domicilio.

MOTIVO: DIVORCIO ORDINARIO.

FECHA DE ENTRADA: veintiséis (26) de Enero de 2000.

I

PARTE NARRATIVA

Ocurre la ciudadana MARIA ALEJANDRA CELIMEN ORTEGA, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad No. V- 13.876.766 y domiciliado en el Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, asistida por el abogado ROBERT ENRIQUE CELIMENE ORTEGA, inscrito en el inpreabogado bajo el No. 63.929 a demandar por DIVORCIO ORDINARIO al ciudadano RAMON GERARDO CASTILLO DUNO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V.- 11.609.648, del mismo domicilio.

Por auto de fecha veintiséis (26) de Enero de 2000, este Tribunal admitió la demanda propuesta en cuanto ha lugar en Derecho, ordenando notificar al Fiscal Treinta y Uno (31) del Ministerio Público en materia de familia, emplazando a las partes involucradas en el presente proceso, para que comparecieran por ante este tribunal, en el cuadragésimo sexto (46) día siguiente y consecutivo, a las diez de la mañana, después de que fuere citado el demandado ciudadano RAMON GERARDO CASTILLO DUNO, anteriormente identificado, para llevar a efecto el primer acto conciliatorio, haciéndole saber que si la reconciliación no se lograse en dicho acto, quedarían emplazados para que comparecieran nuevamente a la señalada hora del cuadragésimo sexto (46) día siguiente y consecutivo, a la celebración del acto conciliatorio anterior, a los fines de realizar el segundo acto conciliatorio, dejando constancia que si en caso de no haber reconciliación ambas partes quedaban emplazadas para la contestación de la demanda, la cual se efectuaría en el quinto día de despacho siguiente, después de verificado el segundo acto conciliatorio, en horas fijadas para despachar.

En fecha veintidós (22) de Febrero de 2000, el alguacil expuso la notificación del Fiscal Treinta y uno del Ministerio Público.

En fecha tres (03) de Mayo de 2000, el Alguacil consigna a las actas procesales los recaudos de citación en virtud de no haber podido localizar al demandado.

Según diligencia de fecha nueve (09) de Junio de 2000, el apoderado actor solicitó la citación por carteles.

Por auto de fecha dieciséis (16) de Junio de 2000, el Tribunal ordenó la notificación por carteles de conformidad con lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, librándose los respectivos carteles para su publicación.

En fecha cuatro (04) de Julio de 2000, el Tribunal ordenó agregar a las actas información que le fuera requerida al Instituto de Desarrollo Social (IDES).

II

PARTE MOTIVA

La caducidad o Perención de la Instancia, es una de las modalidades de extinción procesal, que no comporta la solución autónoma o heterónoma del conflicto subyacente al Proceso, en tanto se manifiesta como una auténtica sanción, a la inactividad de las partes, aunada al transcurso del tiempo previsto ex lege, en obsequio a la seguridad y estabilidad de las relaciones jurídico sustanciales.

Similares términos son usados por el Procesalista argentino MARIO ALBERTO FORNACIARI, para quien la institución sub examine, “... es la extinción de un proceso (principal o incidental) o de alguna de sus instancias, producida por la ausencia de actividad impulsora idónea para su desarrollo, durante los términos que establece la Ley” (MODOS ANORMALES DE TERMINACIÓN DEL PR0CESO. Tomo III. Caducidad de la Instancia. Edit. DEPALMA, Buenos Aires, Argentina. 1991), para JAIME GUASP, la caducidad de la instancia, “...es, pues, la extinción del proceso que se produce por su paralización durante cierto tiempo en que no se realizan actos procesales de parte,” (DERECHO PROCESAL CIVIL. Tomo I. Edic. 4ª. Pág. 502. Las cursivas son del autor); la ratio essendi de la institución procesal de la Perención, evoca razones de orden público y seguridad jurídica, para HERNANDO DEVIS ECHANDIA:

“La Perención es una sanción al litigante moroso, y responde a un principio de economía procesal y de certeza jurídica, para impulsar la terminación de los pleitos, razón por la cual se aplica inclusive cuando se trate de menores e incapaces...”. (COMPENDIO DE DERECHO PROCESAL CIVIL, Tomo I. Teoría General del Proceso. Edic. 10ª. Edit. ABC, Bogotá, Colombia.1985. Pág. 584).

Idéntico cometido le reconoce a la Institución FORNACIARI, en la página 18 de su obra ya citada:

“...La caducidad de la instancia encuentra fundamento en diversos componentes que se equilibran en la confluencia de lo público con lo privado. Es cierto que cada una de las partes enfrentadas en el proceso tiene la expectativa de beneficiarse con el error o la inacción del adversario. La inactividad no hace presumir su desinterés. Pero también es cierto que por razones de seguridad jurídica hacen prevalecer el interés comunitario de restablecer el orden jurídico. En la rápida y correcta terminación de los procesos está comprometido el orden público

Ese equilibrio que tiene su fundamento en el superior interés de la comunidad, determina que si bien el juez está facultado a dictar medidas tendientes a evitar la paralización de los procesos...no enerva con esa posibilidad la de decretar de oficio la caducidad de la instancia...”.

La procedencia en derecho de la Institución de la Preclusión, requiere, como bien lo advierte HUGO ALSINA, en su TRATADO TEORICO PRACTICO DE DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL. Tomo IV. Juicio Ordinario. Edit. EDIAR SOC. ANON. EDITORES, Buenos Aires, Argentina. 1961, Pág. 429, de la concurrencia de tres condiciones: 1ª. La existencia de Instancia Procesal, 2ª. La Inactividad Procesal de Parte y 3ª. El transcurrir del tiempo previsto en la norma. Pasemos someramente a analizar cada una de ellas.

1ª. La existencia de Instancia Procesal.

La instancia, es manifestación del aspecto nomo dinámico del Proceso, esto es de la posibilidad jurídica de desplegar la actividad jurisdiccional, en un proceso concreto, de ello, que su inicio coincida con el acto de formalización de la demanda, como acto introductivo, que apertura las situaciones jurídico procesales futuras.

HUGO ALSINA, entiende por instancia: “...el conjunto de actos de procedimiento que realizan las partes para obtener la decisión judicial de una litis, desde la interposición de una demanda hasta el llamamiento de autos para sentencia”. (Opus. Cit. Pág. 429).

Para FORNACIARI:

C) Instancia.

En su común acepción, la voz “instancia” significa acción y efecto de instar, utilizándosela como sinónimo de requerimiento, petitorio o solicitud.

En el plano jurídico se ha tomado en muchas oportunidades la significación descrita para conceptuar el vocablo cuando se lo refiere al proceso. Así, se ha dicho que la instancia es toda petición que se hace valer en justicia; o, en forma mas simplificada: toda petición inicial de un proceso.

Esta formulación conceptual permite atisbar la idea de impulso o puesta en movimiento, En este orden, instancia significa ejercicio de la acción procesal.

Empero, existe una acepción que, si bien es mas restringida, tiene mayor depuración y es apropiada a nuestro propósito. En mi sentido se denomina instancia al conjunto de actos comprensivos de una etapa del proceso; idea, esta, que permite establecer entre ambas nociones, es decir, instancia y proceso, la relación de la parte al todo. Conforme a lo expuesto podemos hablar de primera o segunda instancia principal o incidental.

En este orden, la instancia es la sumatoria de actos procesales realizados desde su apertura hasta la notificación del pronunciamiento final que era su objetivo.

Precisando un tanto el concepto precedente, diremos que la instancia tiene comienzo en el proceso principal o incidental con la interposición de la respectiva demanda; en las etapas recursivas se inicia con la resolución que concede el recurso, ya sea este ordinario o extraordinario”. (Opus. Cit. Pág. 7).

En referencia a la génesis de la instancia, la extinta Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, en fallo del 05 de Marzo de 1992, afirmó:

“...Con la presentación del libelo de demanda, se genera la > en sus sentidos antes explicados, y por ello es a partir de ese momento cuando debe computarse el lapso de Perención.

Lo dicho anteriormente queda evidenciado, al tomar en consideración el señalamiento que formula el Dr. Luis Loreto en su citada obra monográfica, en el sentido de que , lo que entonces significa que sí existe instancia en su sentido técnico procesal, aun antes de que se trabe la litis, bien sea que se adopte el criterio de que ello ocurre por la contestación de la demanda, bien sea que se asuma la posición de quienes consideran que ello acontece por virtud de la citación, con independencia de que se haya conformado o no plenamente la relación procesal, porque ella ya existe, en su manifestación entre el demandante y el órgano jurisdiccional ante quien se propone la demanda...”

2ª. La Inactividad Procesal de Parte.

La instancia, entendida como potencial despliegue de actividad procesal, exige de los sujetos partícipes en el Proceso, la actualización de conductas procedimentales, que tiendan a la consecución de los fines de la estructura procesal, puesta al servicio de los órganos jurisdiccionales del Estado. Históricamente la institución de la Perención, emerge como vía o mecanismo para asegurar la celeridad y economía procesal, pero es solo hasta el Código de Procedimiento Civil Francés de 1806, cuando adquiere los rasgos sancionatorios que actualmente, con modificaciones le definen.

La excesiva y extensa paralización del discurrir procedimental de la instancia, es elemento objetivo que exige del juzgador, un mero acto de constatación temporal, aunado al presupuesto imputacional de la actualización de actividad procesal por las partes, suplido por los denominados actos de impulso procesal, entendidos como manifestaciones volitivas verificadas en el procedimiento, capaces de comportar el antecedente necesario del siguiente acto procesal. JAIME GUASP (Opus. Cit. Pág. 434), entiende por acto de impulso procesal: “...aquella actividad que tiende a hacer avanzar el proceso a través de cada uno de los momentos de tiempo: trámites, períodos o fases, que lo componen”, en conclusión la ausencia prolongada de actividad procedimental por quienes son partes en el proceso, y a quienes compete en esa particular fase procesal la carga de impulsarlo, son las condiciones a constatar por el órgano jurisdiccional.

3ª. El transcurrir del tiempo previsto en la norma.

La instancia, como acepción nomodinámica del Proceso, despliega su ámbito de validez, en un módulo temporal delimitado por las normas procedimentales, las cuales inspiradas en particulares valoraciones de iure condendo, realizadas por el legislador prevén lapsos y términos, que de manera idónea, permitan la consecución de una rápida justicia, y hagan efectiva la tutela. La paralización o suspensión en el tiempo del despliegue procesal, por el discurrir de un año, tal como lo preceptúa el artículo 267 encabezamiento del Código de Procedimiento Civil, es considerada por el legislador como razón suficiente para develar, la ineptitud de ese proceso, para lograr la efectiva tutela del interés sustantivo subyacente al juicio.

Admitida la demanda en fecha veintiséis (26) de Enero de 2000 y analizadas las diversas actuaciones que constan en actas, se verifica que desde el día cuatro (04) de julio de 2000 y hasta la presente fecha las partes no han realizado ningún tipo de actuación en este proceso, es por lo que de un simple cómputo matemático se observa que ha transcurrido más de un (01) año de inactividad de las partes, sin que el proceso se hubiese impulsado, razón por la cual, la presente causa se halla en estado de Perención, a tenor de lo preceptuado en el articulo 267 del Código de Procedimiento Civil. ASI SE DECLARA.

III

PARTE DISPOSITIVA

En fuerza de los argumentos precedentemente expuestos, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en ejercicio de la Potestad Jurisdiccional atribuida por el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, DECLARA PERIMIDA la instancia en el juicio que por DIVORCIO, interpusiera la ciudadana MARIA ALEJANDRA CELIMEN ORTEGA, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad No. V- 13.876.766 y domiciliado en el Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia en contra del ciudadano RAMON GERARDO CASTILLO DUNO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V.- 11.609.648, del mismo domicilio, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, se DECLARA LA EXTINCIÓN DEL PROCESO. ASI SE DECIDE.

No hay condenatoria en costas, por expresa previsión del artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. ASI SE DECIDE.

Déjese por secretaría copia certificada del presente fallo.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE y NOTIFÍQUESE.

Dada, firmada y sellada en la sala del Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los dieciocho (18) días del mes de Abril del Dos Mil Once (2011). Años 200º de la Independencia y 152º de la Federación.

LA JUEZA:

MSc. GLORIMAR SOTO ROMERO

LA SECRETARIA:

MSc. KARLA OSORIO FERNANDEZ.

En esta misma fecha, previo el cumplimiento de ley y siendo las nueve y quince minutos de la mañana (9:15 a.m.), se publicó la anterior sentencia, quedando anotada bajo el No._________________

LA SECRETARIA:

MSc. KARLA OSORIO FERNANDEZ

GS/ggu.