Decisión nº 009 de Tribunal Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Puerto Ordaz de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 28 de Enero de 2014

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Quinto (5°) de Juicio del Trabajo de Puerto Ordaz

Puerto Ordaz, 28 de enero de 2014

Años: 202º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL : FP11-O-2014-000003

ASUNTO : FP11-O-2014-000003

IDENTIFICACION DE LAS PARTES:

PRESUNTOS (AS) AGRAVIADOS (AS): La sociedad mercantil MARITIME PERSONNEL CONTRACTOR, C. A. (MPC), domiciliada en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 29 de junio de 1998, bajo el N° 5, Tomo A-No.43.;

APODERADA JUDICIAL DE LA PRESUNTA AGRAVIADA: Ciudadana L.E.F.G., venezolana, mayor de edad, abogada en ejercicio, domiciliada en Puerto Ordaz, estado Bolívar, titular de la cédula de identidad Nº V- 9.112.963, debidamente inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 29.034;

PRESUNTOS (AS) AGRAVIANTE (S): Los ciudadanos K.R.G.M., titular de la cédula de identidad N° 19.041.353; A.J.L., titular de la cédula de identidad N° 11.532.209; M.A.M.M., titular de la cédula de identidad N° 13.121.713; LORAN TOMÁS, titular de la cédula de identidad N° 5.900.086; O.A.C.G., titular de la cédula de identidad N° 20.137.477; J.G.J.Y., titular de la cédula de identidad N° 5.900.017; J.A.A., titular de la cédula de identidad N° 25.746.577; C.J.A.R., titular de la cédula de identidad N° 2.907.715; N.D.J.A.M., titular de la cédula de identidad N° 8.976.366; E.B.S., titular de la cédula de identidad N° 6.429.813; A.J.B.B., titular de la cédula de identidad N° 16.311.889; J.D.P.B.Z., titular de la cédula de identidad N° 6.651.766; C.B.C., titular de la cédula de identidad N° 6.643.229; H.M.C.G., titular de la cédula de identidad N° 18.337.404; R.J.D., titular de la cédula de identidad N° 13.981.821; N.E.F.G., titular de la cédula de identidad N° 14.440.289; W.G.G., titular de la cédula de identidad N° 12.124.488; M.A.G.L., titular de la cédula de identidad N° 8.704.248; H.J.G.Z., titular de la cédula de identidad N° 19.674.435; J.F.G.B., titular de la cédula de identidad N° 12.124.607; B.J.H., titular de la cédula de identidad N° 12.652.999; E.J.H.D., titular de la cédula de identidad N° 16.008.060; B.I.I.A., titular de la cédula de identidad N° 22.592.103; J.R.L., titular de la cédula de identidad N° 9.948.892; LEOMEDIS M.M.C., titular de la cédula de identidad N° 8.529.414; C.R.M.M., titular de la cédula de identidad N° 8.941.565; A.N.O., titular de la cédula de identidad N° 9.940.790; ROJAS NIX JHONATAN, titular de la cédula de identidad N° 15.908.457; D.J.S.G., titular de la cédula de identidad N° 16.162.028; F.B.S.R., titular de la cédula de identidad N° 2.637.372; L.J.S.R., titular de la cédula de identidad N° 22.818.031; G.T.T.B., titular de la cédula de identidad N° 12.428.154; H.A.U.Z., titular de la cédula de identidad N° 18.220.602; y E.J.O.A., titular de la cédula de identidad N° 17.020.223;

CAUSA: A.C. contra la violación de los artículos 49, 50, 112 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relativos al derecho a un debido proceso, derecho al libre tránsito de sus bienes, derecho a la propiedad y a la libertad económica de la sociedad mercantil MARITIME PERSONNEL CONTRACTOR, C. A. (MPC).

I

De la pretensión de a.c.

Los peticionantes interpusieron en fecha 24 de enero de 2014 ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) pretensión de a.c., y en fecha 28 de enero de 2014 este Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, procedió a darle entrada y anotación en el Libro de causas correspondiente.

En el presente recurso, la quejosa pretende mandamiento de amparo debido a que “…, el AGRAVIANTE O.J.F. y el grupo de trabajadores, mantiene obstaculizada la salida y la entrada a los trabajadores de la empresa así como a los vehículos, que transportan bienes necesarios para la producción y comercialización, por parte de sus respectivos propietarios, todo ello en compañía del aludido grupo de trabajadores activos, impidiendo el tránsito de los vehículos de carga pesada de la empresa así como de los trabajadores, violando de esta forma el derecho a un debido proceso, al libre tránsito de sus bienes, a la propiedad y a la libertad económica de MPC, FAPCO y otras empresas que tienen retenidos ilegalmente sus bienes en las instalaciones del Puerto, …” (Cursivas añadidas).

Siendo la oportunidad para proveer la admisión de la pretensión de amparo, debe forzosamente este Tribunal seguir los lineamientos que de manera vinculante ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia N° 971 del 28 de mayo de 2007, bajo la ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, al establecer:

“La demanda de amparo se propuso el 16 de mayo de 2006 y no fue sino el 31 de ese mes y año que el Juzgado Superior Segundo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia se pronunció sobre su inadmisibilidad, es decir, luego del transcurso de más de 11 días hábiles; ciertamente, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no establece, expresamente, el lapso dentro del cual debe pronunciarse el juzgador sobre la admisibilidad de la pretensión de amparo; sin embargo, le es aplicable supletoriamente, por remisión del artículo 48 de ese instrumento normativo, lo que dispone el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, el cual consagra el principio de celeridad procesal. En razón de ello, el juzgador debe pronunciase a ese respecto dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se haya propuesto la pretensión.

En consecuencia, en razón de que el Juzgado Superior Segundo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia declaró la inadmisión de la pretensión de tutela constitucional de forma extemporánea, debió ordenar la notificación del supuesto agraviado para que éste, en ejercicio de sus derechos constitucionales, pudiese ejercer, si lo considerara necesario, el medio de impugnación pertinente.

En conclusión, esta Sala Constitucional, en virtud de que el juzgado a quo constitucional no ordenó que se notificara al legitimado activo el pronunciamiento jurisdiccional por medio del cual se le desestimó su pretensión no obstante su extemporaneidad y ya que su primera actuación en autos, luego de tal acto procesal, se produjo en la oportunidad cuando ejerció el recurso de apelación, debe tenerse éste como válido y así se decide.

Por tanto, esta Sala declara con lugar el recurso de hecho que fue incoado contra la negativa, del Juzgado Superior Segundo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia a oír la apelación que interpuso el demandante de autos contra el fallo del 31 de mayo de 2006. Así se decide.

La declaratoria de aplicabilidad supletoria del lapso a que se refiere el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil para el pronunciamiento acerca de la admisión de la demanda de amparo, a falta de disposición expresa al respecto en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se establece en acatamiento al derecho al debido proceso de los justiciables que exige la mayor certeza posible acerca de la oportunidad en que deben producirse todos los actos procesales. Se fija así interpretación conforme a la Constitución que, como tal, tendrá carácter vinculante desde la publicación de este fallo, razón por la cual se publicará su texto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y que se informe a su respecto en el sitio web de este Tribunal Supremo de Justicia. (Cursivas y negrillas añadidas).

Así las cosas, en consonancia con el criterio jurisprudencial de carácter vinculante precedentemente expuesto, procede este Tribunal a pronunciarse en cuanto a la admisión de la pretensión de amparo propuesta dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la interposición de la pretensión, lo cual hace en los términos siguientes:

II

De la competencia de este Tribunal

Antes de considerar la admisión o no de la pretensión propuesta, es necesario pronunciarse sobre la competencia para conocer de la presente causa. En la determinación de la competencia por la materia, se atiende a la naturaleza de la relación jurídica objeto de la controversia (artículo 28 del Código de Procedimiento Civil) y, sólo en consideración a ella, se distribuye el conocimiento de las causas entre diversos jueces.

En materia de amparo debemos observar dos reglas relativas a éste que son fundamentales para establecer la competencia; a saber: la competencia territorial y la competencia material. En este sentido, estos dos elementos son concurrentes e inseparables, es decir, que para que un Tribunal sea competente es imprescindible que en razón de la materia sea afín con la naturaleza del derecho o garantía constitucional violada o infringida, y, en caso que no exista en la localidad donde se produjeron los hechos un Tribunal de Primera Instancia, el Juzgado de la localidad debe, sin embargo, tener competencia en razón de la materia afín.

De esta manera, sólo si los derechos que se dicen violados caben plenamente en la materia laboral, el amparo corresponderá a los Tribunales del Trabajo. En este sentido, en sentencia de la Sala Constitucional del 24 de enero de 2001, con ponencia del magistrado Iván Rincón Urdaneta, en el Expediente Nº 00-1188, sentencia Nº 03, estableció que: “El criterio fundamental utilizado en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, para determinar la competencia de los órganos jurisdiccionales en materia de A.c. es la afinidad o identidad entre la materia que está atribuida a los Jueces y los derechos y garantías denunciados como violados. Así lo dispone expresamente la mencionada ley, al consagrar en su artículo 7° que: “Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo”. (Cursivas añadidas).

Es de hacer notar, que en el criterio antes mencionado el legislador buscó que fueran los Jueces que más conocieran y que estuvieran más familiarizados con los derechos constitucionales denunciados como lesionados, los que tuvieran la competencia para conocer de la pretensión de amparo, circunstancia ésta que redundaría en la eficacia y desarrollo de la institución.

Así las cosas, cuando en materia de a.c. se denuncie la violación de algunos de estos derechos, se debe determinar –a los fines de conocer el Tribunal competente- el tipo de relación existente entre el solicitante y el presunto agraviante, para lo cual debe tomarse en consideración los valores e intereses envueltos en la violación o violaciones denunciadas, así como la naturaleza de las actividades realizadas y del órgano del cual emana la presunta lesión.

De manera pues, que la competencia en razón de la materia, establece que son competentes para tener conocimiento de la pretensión de amparo los Tribunales de Primera Instancia, que lo sean en la materia afín o análoga con la naturaleza de la norma constitucional infringida o que se encuentre amenazada de violación. En consecuencia, dicha afirmación constituye una limitación a los Tribunales de Primera Instancia en razón de la materia que conozcan, ya que no pueden tener conocimiento de otra que no sea la atribuida a ellos.

En relación a la competencia de los Tribunales de Primera Instancia, la sentencia Nº 1.719 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia fechada 30 de julio de 2002, establece que: “En atención a las disposiciones antes transcritas, puede afirmarse que la regla general atributiva de la competencia sobre las acciones de amparo, consiste en otorgarle al conocimiento de las mismas a los Tribunales de Primera Instancia que conozcan en materias afines con los derechos o garantías constitucionales lesionados o amenazados de violación. Con ello quiso el legislador que los amparos fuesen resueltos por Jueces de Primera Instancia que aplicaran sus conocimientos y experiencia especializada para resolver amparos de una forma rápida y acertada, lo cual evidentemente repercutiría en la efectividad de la institución. Sin embargo, la referida regla encuentra sus excepciones en la Ley Orgánica de Amparo, siendo una de ellas precisamente la contenida en el mencionado artículo 9, conforme al cual en caso de lesión denunciada se produzca en un lugar donde no funcionen Tribunales de Primera Instancia, la acción de A.C. podrá ser interpuesta ante cualquier Juez de la localidad” (Cursivas añadidas).

Por otra parte, el autor R.C.G. comenta que, algunas posiciones doctrinales anteriores a la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, habían también entendido que la afinidad debía ser el criterio fundamental para determinar la competencia en materia de amparo. Asimismo, afirmaba Araujo Juárez, al comentar sobre las diversas teorías existentes sobre la competencia en materia de amparo que “una posición más moderada y actual y que compartimos es la que sostiene que si bien cualquier Tribunal de la República tiene jurisdicción para conocer del Amparo, habrán de regirse por las disposiciones generales sobre competencia, en razón de la materia; esto es, la competencia corresponderá a los Jueces que tengan asignada dentro de su competencia ordinaria la materia sobre la cual versa el derecho fundamental cuya violación se alega” (Cursivas añadidas).

Por tal motivo, es que en relación a la competencia, el legislador lo que hizo fue recopilar todos esos principios que jurisprudencialmente se venían desarrollando hasta la promulgación de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y en este mismo sentido, esta Ley especial lo que vino fue a conceder la competencia en materia de acción de amparo al Juez que tuviera un mejor conocimiento de los derechos o normas constitucionales sobre las que versare el p.d.a. constitucional.

Este criterio de afinidad, tantas veces mencionado, y que comúnmente denominan material, no es otra cosa que el criterio que rige y que se encuentra establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, mencionado ut supra y que consiste como ya se dijo antes, en designar la competencia y el conocimiento de las pretensiones de amparo intentadas a los Tribunales que tengan más familiaridad por la competencia ordinaria atribuida con las normas o garantías constitucionales presuntamente violadas.

El artículo in comento, textualmente dispone que: “Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo. En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia” (Cursivas añadidas).

Congruente con las consideraciones precedentemente expuestas, es el fallo recientemente pronunciado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, contenido en la sentencia Nº 723 del 13 de junio de 2013, caso: CERÁMICAS C.C.A., contra los ciudadanos E.R.G.C. y otros, en el cual dispuso:

“Corresponde a esta Sala pronunciarse respecto del conflicto negativo de competencia que surgió entre el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy y el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial y, por tanto, la determinación del tribunal competente para el juzgamiento de la demanda de a.c. que incoó la representación judicial de la sociedad mercantil Cerámicas C.C.A., contra los ciudadanos E.R.G.C., Kervis A.R.E., M.J.R.E., Yanset A.C.S., R.J.C.M., R.D.P.C., Makerson A.G.M., H.R.P.S. y H.J.S.O., directivos del Sindicato Único Socialista de Trabajadores de la Empresa Cerámicas Caribe (SINUSTRAECECAR), con fundamento en que “la toma inconstitucional e ilegal” de la planta de producción de Cerámicas Caribe C.A., por parte de los supuestos agraviantes antes referidos, ha incrementado el nivel de inseguridad dentro de las instalaciones de la empresa, no sólo por falta de supervisión -requerida de manera continua- de las máquinas que producen cerámica sino de la turbina principal generadora de electricidad que podría colapsar, con altas implicaciones económicas contra la empresa y contra la seguridad y salud laboral, así como en la preservación de los puestos de trabajo, que se verían afectados con una catástrofe energética de pronósticos reservados; todo lo cual habría lesionado los derechos y garantías constitucionales a la seguridad jurídica, a la l.d.t., a la libertad económica y a la propiedad de su representada, que reconocen los artículos 50, 112 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De autos se evidencia que la demanda de tutela constitucional fue interpuesta ante la jurisdicción laboral, correspondiéndole el conocimiento al Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, el cual, una vez declarada su incompetencia para conocer de dicha acción, declinó el conocimiento de la misma en un tribunal civil. Es el caso que, el juzgado con competencia civil al cual le correspondió dicho conocimiento, a saber, Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial se declaró, a su vez, incompetente para ello, y consideró que correspondía la competencia para el conocimiento de la presente causa a los juzgados laborales, razón por la cual planteó el conflicto negativo de competencia ante esta Sala Constitucional.

Esta Sala Constitucional estima oportuno citar parcialmente la sentencia n.° 1.535, del 8 de julio de 2002 (caso: C.S.L.), mediante la cual se estableció lo siguiente:

…en materia de a.c. lo que determina la afinidad entre la naturaleza del derecho al trabajo invocado y la competencia de los Juzgados Laborales, es la existencia de la relación laboral -con sus tres elementos: subordinación, prestación personal y salario- entre el ente agraviante y el accionante en amparo…

. (subrayado propio).

Ahora bien, mediante sentencia n.° 2.510 del 29 de octubre de 2004 (ratificada, entre otras, vid. sentencias n.ros 2.115 del 9 de noviembre de 2007 y 1.120 del 10 de agosto de 2009), esta Sala estableció que:

…en el presente caso, los derechos alegados como presuntamente cercenados, el derecho a la libertad económica y el derecho a la propiedad, tienen afinidad con la materia mercantil y civil, y se encuentran contemplados en el capítulo VII de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, correspondientes a los derechos económicos. Sin embargo, los presuntos causantes de la violación son una organización sindical y su junta directiva, y se constata que existe un nexo de carácter laboral entre la presunta agraviada y los presuntos agraviantes, y a pesar de que la accionante no denunció la violación de ningún derecho que constituya la especialidad del derecho laboral, los artículos 396 de la Ley Orgánica del Trabajo y 193 de su Reglamento disponen que en los conflictos colectivos de trabajo, involucren o no el ejercicio de la huelga, se regirán por lo dispuesto en los instrumentos legales previamente señalados…

. (Negritas y subrayado nuestro).

Asimismo, mediante sentencia n.° 2.115, del 9 de noviembre de 2007 (caso: Dsd de Venezuela C. A.), esta Sala cambió el criterio respecto de la competencia de los tribunales civiles para conocer de causas como la de autos, por protección constitucional de la actividad empresarial de los actores establecido en las decisiones nros. 1.092 del 19 de mayo de 2006 y 1.899 del 30 de octubre de 2006, y asentó que la competencia correspondía a los tribunales laborales, con base en la siguiente motivación:

La accionante denunció básicamente, la violación de los artículos 112 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales contemplan los derechos a la propiedad privada y a la libertad económica. Ello así, la Sala observa que, en el presente caso, los derechos alegados como presuntamente cercenados -derecho a la libertad económica y el derecho a la propiedad-, tienen afinidad con la materia mercantil y civil, y se encuentran contemplados en el Capítulo VII de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, correspondientes a los derechos económicos.

Sin embargo, los presuntos causantes de la violación son una organización sindical y su junta directiva, y se constata que existe un nexo de carácter laboral entre la presunta agraviada y los presuntos agraviantes, y a pesar de que la accionante no denunció la violación de ningún derecho que constituya la especialidad del derecho laboral, los artículos 396 de la Ley Orgánica del Trabajo y 193 de su Reglamento disponen que ‘(…) Los trabajadores tienen el derecho de huelga y lo ejercerán en los términos establecidos en este Título’, es decir, que los conflictos colectivos de trabajo, que involucren o no el ejercicio de la huelga, se regirán por lo dispuesto en los instrumentos legales previamente señalados (Vid. Decisión de la Sala N° 2.510 del 29 de octubre de 2004).

Con esta sentencia esta Sala Constitucional, cambia el criterio sostenido en decisiones de esta Sala Nros. 1.092 del 19 de mayo de 2006 y 1.899 del 30 de octubre de 2006, sobre la competencia de los tribunales civiles para conocer de causas como la de autos, por protección constitucional de la actividad empresarial de los actores, y establece que la competencia corresponde a los tribunales laborales, y así se decide

.

En este orden de ideas, esta Sala mediante sentencia n.° 1.120, del 10 de agosto de 2009 (caso: “Scomi Oil Tools de Venezuela”), concluyó que:

…no le asiste la razón al Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, cuando estimó que el caso de autos se circunscribe estrictamente al fuero civil y mercantil, pues si bien la peticionaria de tutela constitucional no alegó la violación a derechos constitucionales de naturaleza laboral, denunció la vulneración a su derecho al libre ejercicio de la actividad económica, el cual, per se, no constituye una actividad de naturaleza mercantil, pues ésta puede presentarse en el desarrollo de relaciones jurídicas de distinta naturaleza, de la cual no escapa la laboral; en consecuencia, sólo el juez laboral es el llamado a conocer de cualquier conflicto obrero-patronal dado que es el único que posee las herramientas técnicas para ponderar de forma ajustada a la Constitución esa controversia de intereses que trasciende en mucho a la simple lesión del derecho a la actividad económica

. (Cf. ss.S.C. n.ros 2.510/2004 y 2.115/2007).

Con base en la doctrina de esta Sala, establecida mediante las sentencias parcialmente transcritas supra, y que hoy se reitera, se observa que, en el caso bajo examen, nos encontramos en presencia de una situación análoga a la planteada ut supra; esto es, i) la representación judicial de la empresa accionante denunció la violación de los derechos constitucionales a la l.d.t., a la libertad económica y a la propiedad de su representada; ii) los presuntos causantes de la violación son una organización sindical y su junta directiva; y c) se presume que existe un nexo de carácter laboral entre la supuesta agraviada y los supuestos agraviantes.

Con fundamento en el criterio de esta Sala, que en esta oportunidad se ratifica, se concluye que el juzgado competente para el juzgamiento de la pretensión de tutela constitucional de autos, de acuerdo con la materia debatida, es un tribunal laboral, en vista de la supuesta relación laboral existente entre la presunta agraviada y los presuntos agraviantes. En consecuencia, se ordena la remisión inmediata del expediente continente de dicha causa al Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en resguardo del derecho de las partes a ser juzgado por su juez natural. Así se establece” (Cursivas y negrillas añadidas).

De manera que, en el caso de autos, al examinar detenidamente los hechos narrados por los quejosos, que dieron origen a la pretensión de amparo interpuesta, surgen aspectos de carácter laboral que se originan de la relación existente entre las partes, al señalar concretamente que “…, el AGRAVIANTE O.J.F. y el grupo de trabajadores, mantiene obstaculizada la salida y la entrada a los trabajadores de la empresa así como a los vehículos, que transportan bienes necesarios para la producción y comercialización, por parte de sus respectivos propietarios, todo ello en compañía del aludido grupo de trabajadores activos, impidiendo el tránsito de los vehículos de carga pesada de la empresa así como de los trabajadores, violando de esta forma el derecho a un debido proceso, al libre tránsito de sus bienes, a la propiedad y a la libertad económica de MPC, FAPCO y otras empresas que tienen retenidos ilegalmente sus bienes en las instalaciones del Puerto, …”, conducta presuntamente violatoria de sus derechos y garantías constitucionales contenidos en los artículos 49, 50, 112 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relativos al derecho a un debido proceso, derecho al libre tránsito de sus bienes, derecho a la propiedad y a la libertad económica de la sociedad mercantil MARITIME PERSONNEL CONTRACTOR, C. A. (MPC), presunta agraviada.

Ello así, se puede concluir que la situación jurídica infringida, señalada como conculcada por la quejosa, plenamente identificada en autos, guarda relación con la materia conocida por este Tribunal del Trabajo; y es por ello que este Juzgador, por todos los razonamientos antes expuestos, se declara competente en razón de la materia, para conocer de la presente pretensión de a.c.. Así se decide.

III
De la admisibilidad de la pretensión propuesta

Siendo la oportunidad para pronunciarse sobre la admisión o no de la indicada demanda constitucional, el Tribunal pasa a hacerlo sobre la base de las siguientes consideraciones:

En efecto, sostiene este despacho que, para que la pretensión de amparo pueda ser admitida, es necesario examinar una serie de condiciones imprescindibles, cuales son las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; de estricta sujeción al orden publico, a los fines de poder dictaminar sobre este aspecto.

Así pues, en lo que respecta a las causales de inadmisibilidad de la pretensión de amparo previstas en el artículo 6 antes señalado, ha sido criterio p.d.T.S.d.J. el considerar impertinente el empleo del amparo para el logro de un propósito que puede ser alcanzado mediante la implementación de otros recursos procesales, por cuanto tal proceder implica la subversión del orden legal establecido y la consecuente esterilidad del resto de herramientas procedimentales previstas en la ley para tales efectos.

Ahora bien, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se ha pronunciado en relación a la admisibilidad de la pretensión de amparo indicando que la misma procede en los siguientes supuestos: a) Una vez que la vía judicial haya sido instada y que los medios recursivos hayan sido agotados, siempre y cuando la invocación formal del derecho fundamental presuntamente vulnerado, en la vía o a través del medio correspondiente, no haya sido satisfecha; o b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de la urgencia de la restitución, no dará satisfacción a la pretensión deducida. La disposición del literal a) apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano, tal como se afirmó en líneas anteriores, por lo que, en consecuencia ante la interposición de una pretensión de a.c., los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos. (Sentencia del 09 de noviembre de 2001, caso: Oly Henríquez de Pimentel).

En esta tendencia, la referida Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 13 de agosto de 2001 (caso G.R.R.), estableció: “… El a.c. opera bajo las siguientes condiciones: “a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida” (Cursivas añadidas).

En atención a las sentencias comentadas, puede afirmarse que ante la interposición de una pretensión de a.c., los tribunales deberán examinar previamente si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos pertinentes, pues de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la pretensión, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente. Por lo tanto, sólo puede proponerse inmediatamente la pretensión de amparo sin agotar los medios o recursos adjetivos disponibles, cuando se desprenda de las circunstancias fácticas o jurídicas que rodean la pretensión, que el uso de los medios procesales ordinarios resulta insuficiente para el restablecimiento de los derechos lesionados, sin que pueda alegarse la lentitud del proceso o sus consecuentes incidentes.

En este orden de ideas, advierte este jurisdicente que la pretensión de a.c. que se intenta está dirigida contra la actuaciones presuntamente lesivas cometidas por un grupo de trabajadores activos, identificados en el encabezado de este fallo, conducta presuntamente violatoria de sus derechos y garantías constitucionales contenidos en los artículos 49, 50, 112 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relativos al derecho a un debido proceso, derecho al libre tránsito de sus bienes, derecho a la propiedad y a la libertad económica de la sociedad mercantil MARITIME PERSONNEL CONTRACTOR, C. A. (MPC), presunta agraviada. Es por ello que este juzgador procede a admitir la pretensión propuesta con la finalidad de que en el marco del procedimiento constitucional puedan las partes demostrar sus respectivas afirmaciones de hechos y así ilustren al juzgador para formar la regla particular que dirima la controversia suscitada. Y así se decide.

IV
De la medida cautelar solicitada

La doctrina pacífica y reiterada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Vid. Decisión N° 269/2000, caso: ICAP), concibe la tutela cautelar como un elemento esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y, por tanto, un supuesto fundamental del proceso que tiene por objeto, garantizar las resultas de un juicio o, en otras palabras, salvaguardar la situación jurídica de los justiciables, a los fines de impedir que sufran una lesión irreparable o de difícil reparación mientras se tramita la causa (Vid. Sentencia N° 2370 del 1° de agosto de 2005, caso: Línea S.T.C.A.).

En términos estrictamente adjetivos, son providencias que persiguen un fin preventivo de modo explícito y directo (La Roche. H, 1983. Medidas Cautelares. Maracaibo, Venezuela. Colegio de Abogados del Estado Zulia), lo cual, las erige en garantías contra la materialización de una lesión a la situación jurídica ventilada en juicio.

Al mismo tiempo, son una parte consustancial de las potestades de los órganos jurisdiccionales que no se encuentra sujeta al principio dispositivo y, por tanto, opera incluso de oficio. Además, responden a circunstancias de necesidad y urgencia, con lo cual, se encuentran excluidas del principio de tempestividad de los actos procesales y, ello, determina que son procedentes en cualquier estado y grado de la causa, siempre que se requieran para la salvaguarda de la situación controvertida.

De lo expuesto, se deduce que las medidas cautelares presentan como rasgos esenciales, en primer lugar, su instrumentalidad, esto es, que no constituyen un fin por sí mismas, sino que están preordenadas a la emanación de una ulterior providencia definitiva. En segundo lugar, son provisionales y, en consecuencia, fenecen cuando se produce la sentencia que pone fin al proceso principal, sin menoscabo de la posibilidad que tiene el juez de modificarlas o revocarlas por razones sobrevenidas, aún cuando no haya finalizado el proceso principal. En tercer lugar, se encuentra la idoneidad según la cual, deben servir para salvaguardar la efectividad de la tutela judicial invocada, pues si se conceden providencias que no garantizan los resultados del proceso, la tutela cautelar se verá frustrada en la medida en que no será idónea para la realización de esta. Por ello, Calamandrei (1984. Providencias Cautelares, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires) afirmaba que, como un efecto del matiz servicial de las medidas cautelares, éstas deben ser idóneas y, por tanto, homogéneas al petitorio de fondo, ya que alcanzan su mayor eficacia en cuanto más similares sean a las medidas que habrán de adoptarse para la satisfacción de la pretensión definitiva, pues se reitera, constituyen la garantía de la ejecución del fallo definitivo.

De este modo, el proveimiento cautelar, si bien representa una aproximación al thema decidendum del juicio principal, resulta esencialmente distinto en cuanto a la declaración de certeza de la decisión de fondo, pues, como afirma Gordillo (2001. Tratado de Derecho Administrativo. Caracas. Fundación de Derecho Administrativo), no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un conocimiento periférico o superficial encaminado a obtener un pronunciamiento de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido.

De allí que resulte suficiente la comprobación de la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por el actor, en forma tal que, de conformidad con un cálculo de probabilidades, sea factible prever que en el juicio principal se declarará la certeza de ese derecho, sin que ello importe prejuzgar sobre la existencia o no del derecho sustancial alegado.

Como puede observarse, se trata de un análisis probabilístico y no de una declaración de certeza y, por tanto, no implica un pronunciamiento anticipado sobre el mérito de la controversia, sino un análisis de verosimilitud, que podrá o no ser confirmado en la sentencia definitiva, cuando se reconozca con fuerza de cosa juzgada y sobre la base de todos los elementos de convicción. En otras palabras, se trata de una apreciación anticipada, pero somera del derecho controvertido, basada en la impresión prima facie de la pretensión.

Volviendo sobre los rasgos esenciales de las medidas cautelares, éstas responden, tal como se afirmó supra, a condiciones de necesidad y urgencia, lo cual conlleva a que se concedan en aquellos casos en que se requiere de manera inmediata la prevención de perjuicios graves o de tal naturaleza que no pueden repararse por la sentencia que pongan fin al proceso principal. La urgencia es asimismo la razón de que las medidas cautelares del proceso se adopten inaudita parte, sin menoscabo del ulterior contradictorio.

Conforme a los rasgos enunciados y a la naturaleza garantista de la tutela cautelar, el legislador patrio reconoció en la legislación de estas medidas, a saber, su carácter innominado (artículo 588 Parágrafo Primero del Código de Procedimiento Civil), el cual consiste, en que el poder de resguardo que tienen los jueces, sobre las situaciones llevadas a juicio se extiende a cualquier medida positiva o negativa que sea necesaria para la protección efectiva de los justiciables.

De este modo, los tribunales, pueden adoptar cualquiera de las medidas cautelares expresamente recogidas en el ordenamiento jurídico, como ocurre con la suspensión de efectos, la prohibición de enajenar y gravar, etc., o dictar alguna providencia que sin estar expresamente mencionada en la ley, permita la protección a los intereses y derechos ventilados en juicio.

Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia Nº 156/2000 del 24 de marzo de 2000, caso: Corporación L’ Hotels C. A., estableció que el juez del amparo tiene un amplio criterio para decretar medidas cautelares, permitiéndole valorar los recaudos que se acompañan, con la mayor flexibilidad, de acuerdo a las circunstancias urgentes de cada caso y con base en las reglas de lógica y las máximas de experiencia; sin que sea necesario que el accionante pruebe la existencia del fumus boni iuris, ni el periculum in mora, dada la celeridad y brevedad que caracterizan al p.d.a. constitucional.

Así pues, conforme al criterio jurisprudencial antes citado, la referida Sala ha señalado, en reiteradas decisiones, que el juez constitucional está facultado (en tal sentido vid. sentencia Nº 1636/2002 del 17 de julio de 2002, caso: W.C.G.H. y otro), al momento de admitir la pretensión, para determinar la procedencia o no de la tutela cautelar solicitada, con el fin de evitar la consumación de violaciones a los derechos o garantías que se denuncian amenazados o conculcados; por tanto, la misma puede ser acordada cuando se estime que tal proveimiento sea necesario para garantizar la reparación o pleno restablecimiento de la situación subjetiva denunciada como lesionada, por ser tal proceder compatible con la obligación de los órganos de administración de justicia de brindar tutela judicial efectiva, en los términos previstos en los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ahora bien, este Tribunal observa que los hechos que constituyen la pretensión de amparo, se resumen de la siguiente forma:

Que “MPC, es una empresa que se dedica a la carga y descarga de Buques en el Puerto de Palúa (instalación propiedad de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA C.V.G.), tanto para empresas del estado venezolano como del sector privado” (Cursivas añadidas).

Que “Los hechos que hacen procedente el presente A.C. tienen por antecedente algunos reclamos de tipo laboral y la acción legalmente tramitada que permitió el despido del ciudadano O.J.F., con fundamento en lo siguiente: En fecha 14 de octubre de 2013, en horas de la mañana, el ciudadano O.J.F., paralizó sus actividades laborales, y además de ello actuó como líder frente al resto de los trabajadores incitándolos a asumir la misma actitud” (Cursivas añadidas).

Que “OSWALDO J.F., conjuntamente con otros trabajadores, en acción de reclamo por algunas reivindicaciones laborales cerraron el Portón de acceso al Muelle y obstaculizaron la vía de acceso a fin de evitar el ingreso o salida de personas y vehículos al muelle, abandonando de esa manera la labor de carga y descarga de buques. Con dicha paralización de labores, se detuvieron los envíos de cargas destinadas a cubrir los trabajos de los proyectos que viene desarrollando el Gobierno Nacional, específicamente el Proyecto Ferroviario que servirá a Siderúrgica Nacional, proyecto que adelanta la entidad de trabajo CHINA RAILWAY N° 10, en Ciudad Piar, generando la obligación para FERROMINERA ORINOCO de pagar una multa por la paralización de las actividades de descarga del buque THORCO-ALLIENCE” (Cursivas añadidas).

Que “Asimismo, se paralización las actividades del buque KOZA, contratado por la empresa HORNOS ELECTRICOS DE VENEZUELA (HEVENSA), para cargar Ferro Sílico Manganeso, que debe ser enviado a Canadá, generando para dicha compañía el pago de una multa, como consecuencia de los retrasos en el despacho y arribo de la carga para el cliente” (Cursivas añadidas).

Que “Adicional ello, el día de la huelga, se encontraban en el puerto cargas importantes de varios consignatarios, los cuales se vieron afectados al no poder retirarlas, entre estos consignatarios, destacan:

• Empresa de Producción Social Servicios de Laminación, C.A., la cual tenía depositado en el puerto, una muy importante cantidad de partes que componen el proyecto “Ciudad del Aluminio Caicara”, objetivo de considerable valor, dentro de la planificación estratégica que el Ejecutivo Nacional adelanta, para el desarrollo del Eje Orinoco-Apure, región Caicara-Cabruta.

• Siderúrgica del Orinoco, A.M., tenía almacenado en el puerto 150 electrodos de grafito, destinados al proceso de fundición del acero en los hornos de arco eléctrico de la Siderúrgica, así mismo, tenía almacenados productos refractarios, destinados a proteger las paredes de los hornos de fusión, hornos de afino, máquinas de colada continua y laminadores, sin los cuales es imposible la producción.

• Constructora A.G., C.A., debía despachar con destino a Ciudad Piar, partes importantes , para la construcción de la Ciudad del Acero, destinada a fabricar los aceros que actualmente no se producen en el país y así sustituir importaciones por producción nacional. Se afectó el proyecto de producción de tubos sin costura para uso de PDVSA y PEQUIVEN, entre otros y una fábrica de rieles, para el plan ferroviario nacional. Así como, un transformador de 155.000 kilogramos, seis cilindros de laminación para la fábrica de planchones de la nueva siderúrgica, entre otros componentes menores.

• Empresa mixta Petrocarabobo S.A., tenía en el puerto los elementos principales de una planta desalinizadora, compuesta por dos equipos de 72.000 kilogramos cada uno y un tercero de 108.000 Kilogramos, entre otros elementos menores, todos provenientes de Houston, USA. Vale aclarar que estos componentes forman parte del plan de desarrollo del bloque Carabobo 1, de la faja petrolífera del Orinoco” (Cursivas añadidas).

Que “De manera que el daño ocasionado, no solo afectó a mi representada la empresa MPC, sino también afectó a otras empresas privadas y a las obras que desarrolla el Gobierno Nacional” (Cursivas añadidas).

Que “Las acciones anteriores pretendieron justificarse con reclamos de índole laboral derivados de divergentes interpretaciones de normas convencionales y legales que desde hace cierto tiempo viene protagonizando el AGRAVIANTE principal O.J.F., derivado de la petición de pago de una supuesta diferencia de Utilidades, que además está siendo tramitada en vía jurisdiccional, como puede verificarse en Expediente No. FP11-L-2013-000733, hasta ahora en el Juzgado Séptimo de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta circunscripción judicial, así como el grupo de trabajadores inicialmente identificados” (Cursivas añadidas).

Que “A lo anterior, se suma que MPC como entidad de trabajo y patrono, solicitó en fecha 08 de Noviembre de 2014 a la Inspectoría del Trabajo correspondiente, la calificación de faltas y autorización para el despido del ciudadano O.J.F. entre otros, siendo acordado en fecha 17 de Enero de 2014, mediante P.A.N.. 2041-0032 la autorización para el despido del mencionado ciudadano. Providencia que fue notificada a O.J.F. en fecha 21 de Enero de 2014” (Cursivas añadidas).

Que “En fecha 22 de Enero de 2014, se presentó el AGRAVIANTE O.J.F. en el portón de la empresa y luego conversar con algunos trabajadores se reunieron en el Portón de acceso principal del puerto impidiendo el acceso al mismo de personas y bienes. Bloquearon el acceso a las instalaciones del Puerto, procediendo a apostarse frente al portón” (Cursivas añadidas).

Que “Acto seguido, el AGRAVIANTE O.J.F. y el grupo de trabajadores, mantiene obstaculizada la salida y la entrada a los trabajadores de la empresa así como a los vehículos, que transportan bienes necesarios para la producción y comercialización, por parte de sus respectivos propietarios, todo ello en compañía del aludido grupo de trabajadores activos, impidiendo el tránsito de los vehículos de carga pesada de la empresa así como de los trabajadores, violando de esta forma el derecho a un debido proceso, al libre tránsito de sus bienes, a la propiedad y a la libertad económica de MPC, FAPCO y otras empresas que tienen retenidos ilegalmente sus bienes en las instalaciones del Puerto, así se solicita sea declarado” (Cursivas añadidas).

Acompañaron a la solicitud de amparo:

1) Original de inspección extrajudicial practicada por la Notaría Pública Cuarta de Puerto Ordaz en fecha 23 de Enero de 2014, con la cual pretenden evidenciar la obstaculización del acceso al Puerto en los términos siguientes: a) al apostarse personas (trabajadores) para asegurar la obstaculización; b) la actitud de no laborar de los trabajadores quienes se encontraban reunidos en el portón de entrada al Muelle impidiendo por la fuerza el acceso al mismo; c) la actitud de impedir la salida de las cargas que se encuentran en el puerto listas para ser despachadas así como la demora en el zarpe del buque que se encontraba atracado en el muelle; d) la gran cantidad de equipos y cargas que quedaron estacionados en el Puerto y, además la identificación de las personas que incitan y lideran las acciones descritas, encontrándose entre ellas el ciudadano O.J.F.;

2) Original de comunicación de reclamo emitida por la empresa PDVSA INDUSTRIAL, VHICOA. Con la referida documental pretenden demostrar que la mencionada empresa posee bienes que se encuentran ilegalmente retenidos en el muelle, no puede disponer libremente de los mismos;

3) Original de comunicación de reclamo emitida por la empresa A.G.. Con la referida documental pretenden demostrar que la mencionada empresa posee bienes que se encuentran ilegalmente retenidos en el muelle, no puede disponer libremente de los mismos;

4) P.A. Nº 2014-0032, de fecha 17 de enero de 2014, por medio de la cual la Inspectoría del Trabajo “A.M.” de Puerto Ordaz, autorizó a MPC el despido del ciudadano O.J.F.; y

5) Copia del libelo de demanda laboral presentada por el ciudadano O.J.F., en fecha 09/12/2013, contra la empresa MPC, en reclamo de conceptos de índole laboral.

Considera este Juzgado, que luego de un análisis preliminar y no definitivo del asunto, sobre la base de los argumentos esgrimidos por la solicitante del amparo y los medios documentales consignados, se desprende, cuando menos en principio, la presunción de verosimilitud de los hechos alegados en la pretensión de amparo, lo que se traduce en la posibilidad de que las pretensiones de la demandante tenga el suficiente sustento fáctico y jurídico como para ser satisfechas en la decisión definitiva que recaiga en el presente proceso y así, se establece.

De igual modo, observa quien suscribe que en el presente asunto existe un fundado temor de ocurrencia de daños de difícil reparación que pudieran producirse hasta tanto se dicte la correspondiente decisión de fondo; y considerando que la medida solicitada persigue la protección de los derechos constitucionales cuya violación se denuncia, mediante la suspensión de actos presuntamente lesivos o amenazantes y dado el carácter reversible de la medida solicitada, en el sentido de que si la solicitante no tuvieren razón, la medida no perjudicaría en modo alguno a los presuntos agraviantes, mientras que el no acordarla sí pudiese causar un daño a los derechos constitucionales de los demandantes; además, tomando en cuenta que los presuntas agraviados se constituyen como trabajadores de una empresa que presta servicios a distintas empresas del Estado Venezolano, donde indirectamente gravitan intereses de orden público de la sociedad en general, y dada que la paz social en sus instalaciones implica garantía para que el sistema complejo de producción continua de las mercancías que por ese puerto ingresan no se vea afectado negativamente hasta el punto de no poder cumplir con obligaciones tanto en el orden interno con el grueso número de trabajadores que componen su nómina de servicio, así como con los compromisos comerciales (entrega de las mercancías negociadas), cuyo incumplimiento produciría consecuencias jurídicas en detrimento del patrimonio público en ella representado, lo cual redundaría en un perjuicio generalizado y con posibles perjuicios de imposible resarcimiento, es por lo que este Juzgador, luego de ponderar los intereses en conflicto en el caso sub iudice, estima procedente acordar la medida cautelar innominada solicitada, de conformidad con lo previsto en la citada disposición procesal (artículo 588), así como lo establecido por la doctrina jurisprudencial comentada, en los términos señalados en la parte dispositiva de la presente decisión. Así se decide.

V

Decisión

Por las motivaciones que anteceden, este JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, EXTENSIÓN TERRITORIAL PUERTO ORDAZ, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que:

PRIMERO

Es COMPETENTE y ADMITE la pretensión de a.c. interpuesta por la sociedad mercantil MARITIME PERSONNEL CONTRACTOR, C. A. (MPC), domiciliada en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 29 de junio de 1998, bajo el N° 5, Tomo A-No.43.; a través de su apoderada judicial ciudadana L.E.F.G., venezolana, mayor de edad, abogada en ejercicio, domiciliada en Puerto Ordaz, estado Bolívar, titular de la cédula de identidad Nº V- 9.112.963, debidamente inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 29.034, contra los ciudadanos K.R.G.M., titular de la cédula de identidad N° 19.041.353; A.J.L., titular de la cédula de identidad N° 11.532.209; M.A.M.M., titular de la cédula de identidad N° 13.121.713; LORAN TOMÁS, titular de la cédula de identidad N° 5.900.086; O.A.C.G., titular de la cédula de identidad N° 20.137.477; J.G.J.Y., titular de la cédula de identidad N° 5.900.017; J.A.A., titular de la cédula de identidad N° 25.746.577; C.J.A.R., titular de la cédula de identidad N° 2.907.715; N.D.J.A.M., titular de la cédula de identidad N° 8.976.366; E.B.S., titular de la cédula de identidad N° 6.429.813; A.J.B.B., titular de la cédula de identidad N° 16.311.889; J.D.P.B.Z., titular de la cédula de identidad N° 6.651.766; C.B.C., titular de la cédula de identidad N° 6.643.229; H.M.C.G., titular de la cédula de identidad N° 18.337.404; R.J.D., titular de la cédula de identidad N° 13.981.821; N.E.F.G., titular de la cédula de identidad N° 14.440.289; W.G.G., titular de la cédula de identidad N° 12.124.488; M.A.G.L., titular de la cédula de identidad N° 8.704.248; H.J.G.Z., titular de la cédula de identidad N° 19.674.435; J.F.G.B., titular de la cédula de identidad N° 12.124.607; B.J.H., titular de la cédula de identidad N° 12.652.999; E.J.H.D., titular de la cédula de identidad N° 16.008.060; B.I.I.A., titular de la cédula de identidad N° 22.592.103; J.R.L., titular de la cédula de identidad N° 9.948.892; LEOMEDIS M.M.C., titular de la cédula de identidad N° 8.529.414; C.R.M.M., titular de la cédula de identidad N° 8.941.565; A.N.O., titular de la cédula de identidad N° 9.940.790; ROJAS NIX JHONATAN, titular de la cédula de identidad N° 15.908.457; D.J.S.G., titular de la cédula de identidad N° 16.162.028; F.B.S.R., titular de la cédula de identidad N° 2.637.372; L.J.S.R., titular de la cédula de identidad N° 22.818.031; G.T.T.B., titular de la cédula de identidad N° 12.428.154; H.A.U.Z., titular de la cédula de identidad N° 18.220.602; y E.J.O.A., titular de la cédula de identidad N° 17.020.223;

SEGUNDO

Se ordena la notificación por boleta de los presuntos agraviantes, los ciudadanos K.R.G.M., titular de la cédula de identidad N° 19.041.353; A.J.L., titular de la cédula de identidad N° 11.532.209; M.A.M.M., titular de la cédula de identidad N° 13.121.713; LORAN TOMÁS, titular de la cédula de identidad N° 5.900.086; O.A.C.G., titular de la cédula de identidad N° 20.137.477; J.G.J.Y., titular de la cédula de identidad N° 5.900.017; J.A.A., titular de la cédula de identidad N° 25.746.577; C.J.A.R., titular de la cédula de identidad N° 2.907.715; N.D.J.A.M., titular de la cédula de identidad N° 8.976.366; E.B.S., titular de la cédula de identidad N° 6.429.813; A.J.B.B., titular de la cédula de identidad N° 16.311.889; J.D.P.B.Z., titular de la cédula de identidad N° 6.651.766; C.B.C., titular de la cédula de identidad N° 6.643.229; H.M.C.G., titular de la cédula de identidad N° 18.337.404; R.J.D., titular de la cédula de identidad N° 13.981.821; N.E.F.G., titular de la cédula de identidad N° 14.440.289; W.G.G., titular de la cédula de identidad N° 12.124.488; M.A.G.L., titular de la cédula de identidad N° 8.704.248; H.J.G.Z., titular de la cédula de identidad N° 19.674.435; J.F.G.B., titular de la cédula de identidad N° 12.124.607; B.J.H., titular de la cédula de identidad N° 12.652.999; E.J.H.D., titular de la cédula de identidad N° 16.008.060; B.I.I.A., titular de la cédula de identidad N° 22.592.103; J.R.L., titular de la cédula de identidad N° 9.948.892; LEOMEDIS M.M.C., titular de la cédula de identidad N° 8.529.414; C.R.M.M., titular de la cédula de identidad N° 8.941.565; A.N.O., titular de la cédula de identidad N° 9.940.790; ROJAS NIX JHONATAN, titular de la cédula de identidad N° 15.908.457; D.J.S.G., titular de la cédula de identidad N° 16.162.028; F.B.S.R., titular de la cédula de identidad N° 2.637.372; L.J.S.R., titular de la cédula de identidad N° 22.818.031; G.T.T.B., titular de la cédula de identidad N° 12.428.154; H.A.U.Z., titular de la cédula de identidad N° 18.220.602; y E.J.O.A., titular de la cédula de identidad N° 17.020.223;

TERCERO

Se ordena la notificación del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar;

CUARTO

Se establece a las partes, que una vez conste en autos la práctica de la última de las notificaciones ordenadas supra, debidamente certificada por la Secretaria del Tribunal, deberán concurrir a este Tribunal a conocer el día en que se celebrará la audiencia oral, la cual tendrá lugar, tanto en su fijación como para su práctica, dentro de las noventa y seis (96) horas a partir de la última notificación efectuada.

QUINTO

Se DECRETA la MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA solicitada en el escrito de libelo de a.c. que antecede y por tanto SE ORDENA a los ciudadanos K.R.G.M., titular de la cédula de identidad N° 19.041.353; A.J.L., titular de la cédula de identidad N° 11.532.209; M.A.M.M., titular de la cédula de identidad N° 13.121.713; LORAN TOMÁS, titular de la cédula de identidad N° 5.900.086; O.A.C.G., titular de la cédula de identidad N° 20.137.477; J.G.J.Y., titular de la cédula de identidad N° 5.900.017; J.A.A., titular de la cédula de identidad N° 25.746.577; C.J.A.R., titular de la cédula de identidad N° 2.907.715; N.D.J.A.M., titular de la cédula de identidad N° 8.976.366; E.B.S., titular de la cédula de identidad N° 6.429.813; A.J.B.B., titular de la cédula de identidad N° 16.311.889; J.D.P.B.Z., titular de la cédula de identidad N° 6.651.766; C.B.C., titular de la cédula de identidad N° 6.643.229; H.M.C.G., titular de la cédula de identidad N° 18.337.404; R.J.D., titular de la cédula de identidad N° 13.981.821; N.E.F.G., titular de la cédula de identidad N° 14.440.289; W.G.G., titular de la cédula de identidad N° 12.124.488; M.A.G.L., titular de la cédula de identidad N° 8.704.248; H.J.G.Z., titular de la cédula de identidad N° 19.674.435; J.F.G.B., titular de la cédula de identidad N° 12.124.607; B.J.H., titular de la cédula de identidad N° 12.652.999; E.J.H.D., titular de la cédula de identidad N° 16.008.060; B.I.I.A., titular de la cédula de identidad N° 22.592.103; J.R.L., titular de la cédula de identidad N° 9.948.892; LEOMEDIS M.M.C., titular de la cédula de identidad N° 8.529.414; C.R.M.M., titular de la cédula de identidad N° 8.941.565; A.N.O., titular de la cédula de identidad N° 9.940.790; ROJAS NIX JHONATAN, titular de la cédula de identidad N° 15.908.457; D.J.S.G., titular de la cédula de identidad N° 16.162.028; F.B.S.R., titular de la cédula de identidad N° 2.637.372; L.J.S.R., titular de la cédula de identidad N° 22.818.031; G.T.T.B., titular de la cédula de identidad N° 12.428.154; H.A.U.Z., titular de la cédula de identidad N° 18.220.602; y E.J.O.A., titular de la cédula de identidad N° 17.020.223; y a cualquier trabajador o no de la empresa MARITIME PERSONNEL CONTRACTOR, C. A. (MPC), se abstengan de obstaculizar el Muelle de Palúa donde ésta funciona; perturbar, amenazar y/o paralizar el normal desarrollo de sus actividades; así como la del resto de personas que laboran para la misma, hasta tanto se decida la presente causa. Para la materialización de esta medida, se acuerda el traslado de este despacho hasta la sede de la empresa presuntamente agraviada, para esta misma fecha (28/01/2014) a las once horas de la mañana (11:00 a.m.);

SEXTO

De conformidad con lo establecido en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 21 ejusdem, SE ORDENA a la Guardia Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, ubicada en el Destacamento 88, velar por el cumplimiento de la medida innominada decretada en este fallo, mediante el uso de mecanismos pacíficos pertinentes o, en caso de ser necesario el uso de la fuerza pública, se haga mediante el uso de mecanismos proporcionales y legalmente aceptados para controlar el orden público, salvaguardando la integridad física y los derechos humanos tanto de los afectados como de los presuntos agraviantes, de los demás trabajadores, personal directivo, bienes e instalaciones de la empresa MARITIME PERSONNEL CONTRACTOR, C. A. (MPC); ello con el objeto de disipar cualquier tipo de manifestación agresiva o violenta, protegiendo así la integridad de los presuntos agraviados de cualquier otro trabajador activo de la empresa, de civiles, transeúntes, o de los mismos presuntos agraviantes, en consecuencia, se ordena que de manera inmediata a que se practique la notificación del referido Comando de la Guardia Nacional, deba apostarse una comisión de efectivos en las inmediaciones de la sede la empresa MARITIME PERSONNEL CONTRACTOR, C. A. (MPC), ubicada en el Muelle de Palúa, Sector El Roble por fuera, San Félix, estado Bolívar; impidiendo cualquier actitud hostil o de alteración de orden público y garantizando el libre acceso a la misma de los trabajadores activos de la empresa, personas autorizadas, personal directivo, obrero y administrativo, así como los vehículos autorizados, entrada y salida de bienes propios o de terceros, derivados de su actividad mercantil, a las instalaciones de la referida empresa. EXPRESAMENTE SE DECIDE.

Publíquese y regístrese, cúmplase lo ordenado. Asimismo, déjese copia de la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la sede constitucional del JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, EXTENSIÓN TERRITORIAL PUERTO ORDAZ, en Puerto Ordaz, a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2014. Años: 202º de la Independencia y 154º de la Federación.

El Juez 5º de Juicio,

Abg. Esp. P.C.A.R..

La Secretaria,

Abg. A.N.M..

En la misma fecha se libraron boletas de notificación y oficios ordenados en la presente decisión. Conste.

La Secretaria,

Abg. A.N.M..

PCAR.