MARTIN JOSÉ MELENDEZ REVEROL CONTRA SOCIEDAD MERCANTIL BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A.

Fecha23 Octubre 2014
Número de expediente47549
EmisorTribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito
PartesMARTIN JOSÉ MELENDEZ REVEROL CONTRA SOCIEDAD MERCANTIL BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

EXPEDIENTE No. 47.549

PARTE ACTORA: ciudadano M.J.M.R., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V- 7.889.456, domiciliado en esta Ciudad y Municipio autónomo Maracaibo del Estado Zulia.

APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: abogados en ejercicio J.L.C.A. y J.E.B., inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 56.920 y 51.767, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 13 de junio de 1997, anotada bajo el N° 1, Tomo 16-A, cuya transformación en Banco Universal consta de documento inscrito en la citada Oficina de Registro en fecha 04 de septiembre de 1997, bajo el N° 63, Tomo 70-A, y posteriormente inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el día 19 de septiembre de 1997, bajo el N° 63, Tomo 152-A Qto. y reformados íntegramente sus estatutos sociales en asamblea extraordinaria de accionistas celebrada en fecha 21 de marzo de 2002, cuya acta quedó inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunstancia Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 28 de junio de 2002, bajo el N° 8, Tomo 676-A Qto., en la persona de su Presidente J.C.E.R., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V- 11.734.102, y domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital.

MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL.

FECHA DE ENTRADA: cuatro (04) de mayo de 2010.

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I

PARTE NARRATIVA

Ocurrieron los ciudadanos J.L.C.A. y J.E.B., abogados en ejercicio, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 56.920 y 51.767, respectivamente, actuando en este acto con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano M.J.M.R., antes identificado, a demandar por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL a la Sociedad Mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A., en la persona de su Presidente J.C.E.R., antes identificado.

Por auto de fecha cuatro (04) de mayo de 2010, éste Tribunal admitió la demanda propuesta cuanto ha lugar en Derecho, ordenando citar a la parte demandada, Sociedad Mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A., en la persona de su Presidente J.C.E.R., antes identificado, para que compareciera ante este Tribunal dentro de los veinte días (20°) de despacho siguiente, después de que constara en actas su citación, a los fines de dar contestación a la demanda.

Por diligencia de fecha once (11) de mayo de 2010, suscrita por los apoderados judiciales de la parte actora J.C. y J.B., supra identificados, solicitaron se libraran los recaudos de citación de la parte demandada y consignaro en el acto las copias simples del libelo de la demanda del auto de admisión.

En fecha catorce (14) de mayo de 2010, el Alguacil Accidental de este Despacho ciudadano, GELVIS SÁNCHEZ, expuso haber recibido los emolumentos necesarios para llevar a cabo la citación correspondientes.

Por auto de fecha diecisiete (17) de mayo de 2010, este Tribunal ordenó citar a la Sociedad Mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A., en la persona de su Presidente J.C.E.R., para que compareciera dentro de los veinte (20) días siguientes, contados a partir de la constancia en actas de su citación.

Por auto de fecha cuatro (04) de junio de 2010, el Alguacil Accidental de este Tribunal ciudadano, GELVIS SÁNCHEZ, expuso sobre la imposibilidad de citar a la parte demandada, siendo agregada a las actas la boleta de citación y su compulsa certificada.

Por diligencia de fecha nueve (09) de junio de 2010, el abogado en ejercicio J.B., antes identificado, ocurrió para solicitar que se practicara la citación por carteles en vista de la imposibilidad de efectuar la citación personal del ciudadano J.C.E.R., Presidente de la Sociedad Mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A.

Por auto de fecha once (11) de junio de 2010, este Tribunal se abstuvo de proveer la anterior solicitud ya que la parte actora omitió la identificación del representante de la parte demandada Sociedad Mercantil BANESCO, BANCO UNIVERSAL C.A., hasta tanto la parte demandante no consignara los datos de identificación del representante de la parte demandada antes señalada.

Por diligencia de fecha veintiocho (28) de junio de 2010, el apoderado judicial de la parte actora J.B., antes identificado, expuso que el ciudadano J.C.E.R., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Número V-11.734.102, domiciliado en la Ciudad de Caracas, Distrito Capital, era el Presidente de dicha Sociedad Mercantil.

Por auto de fecha veinte (20) de julio de 2010, este Tribunal ordenó citar por medio de Carteles a la Sociedad Mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A, en la persona de su Presidente, ciudadano J.C.E.R. .

Por diligencia de fecha veintiocho (28) de septiembre de 2010, el abogado en ejercicio J.B., antes identificado, solicitó que fueran consignados los periódicos en este expediente previo desglose para así dar cumplimiento a las formalidades de ley.

Por auto de fecha veintinueve (29) de septiembre de 2010, este Tribunal ordenó agregar a las actas los periódicos consignados.

Por diligencia de fecha diez (10) de diciembre de 2010, el abogado en ejercicio J.B., antes identificado, solicitó fuera colocado el cartel en las oficinas de la parte demandada, BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A.

Por auto de fecha trece (13) de diciembre de 2010, este Tribunal proveyó de conformidad con lo solicitado, en consecuencia se instó a la Secretaria del Tribunal a los fines de que fijara el cartel de citación en la morada de la parte demandada y así se diera cumplimiento a las formalidades de Ley.

Por diligencia de fecha veintidós (22) de febrero de 2011, los abogados en ejercicio J.C. y J.B., antes identificados, expusieron que el cartel de citación original se extravió, en consecuencia solicitaron se certificara una copia del cartel de citación personal de la parte demandada, a fin de que la secretaria de este Tribunal volviera a fijar ficho cartel en las oficinas de la parte demandada.

Por auto de fecha veinticuatro (24) de febrero de 2011, este Tribunal instó a la Secretaria del Tribunal a los fines de que fijara nuevamente el cartel de citación en la morada de la parte demandada.

Por auto de fecha primero (1°) de marzo de 2011, la Secretaria de este Tribunal, ciudadana K.O.F., titular de la cédula de identidad Número V-15.523.904; expuso haber fijado copia certificada de un ejemplar del cartel de citación librado a Sociedad Mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A. en la persona de su Presidente ciudadano J.C.E.R., antes identificado, dándose por cumplidas las formalidades de Ley.

Por decisión de fecha treinta (30) de marzo de 2011, este Tribunal ordenó reponer la causa al estado de admitir la presente demanda, ordenándose la citación de la parte demandada y otorgándosele el término de distancia correspondiente, dejándose sin efecto jurídico alguno el auto de admisión de fecha cuatro (04) de mayo de 2010, así como las actuaciones subsiguientes; asimismo, se libró boleta de notificación a la parte demandandte.

Por auto de fecha dieciséis (16) de junio de 2014, el ciudadano M.A.C.F., antes identificado, en su condición de Alguacil de este Tribunal, colocó en la cartelera de dicho Tribunal, boleta de notificación dirigida al ciudadano M.J.M.R., plenamente identificado en actas, y/o a sus Apoderados Judiciales ciudadanos J.C.A. y J.E.B., antes identificados, para dar cumplimiento conforme a lo ordenado en la decisión de fecha treinta (30) de marzo de 2011 y a lo establecido en el Artículo 174 del Código de Procedimiento Civil.

Por auto de fecha cinco (05) de agosto de 2014,vista la resolución de fecha treinta (30) de marzo de 2011, mediante la cual se ordenó reponer la presente causa al estado de admitir la misma concediendo el término de la distancia a la parte demandada, éste Tribunal admitió la demanda propuesta cuanto ha lugar en Derecho, ordenando citar a la parte demandada, Sociedad Mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A., en la persona de su Presidente J.C.E.R., antes identificado, para que compareciera por ante este Tribunal, dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes, más ocho (08) días que se le conceden como término de distancia, contados a partir de la constancia en actas de su citación a fin de que diera contestación a la demanda incoada en su contra.

II

MOTIVA

Planteada la cuestión en los términos expresados precedentemente, y en ejercicio que le confiere a este Juzgador el Artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, considera este Tribunal necesario destacar la importancia de fijar algunos conceptos previos o prelimares a los fines de abordar el análisis del caso, tales como el origen o fundamento del instituto de la perención de instancia, como modo anormal de conclusión del proceso e impuesto por razones de orden público.

Al respeto, este Juzgador comparte y hace propios los argumentos del autor L.E.P., cuando expresa que "... Desde un punto de vista subjetivo, el fundamento de la institución estriba, por un lado, en la presunción de abandono de la instancia que configura el hecho de la inactividad judicial prolongada y por otro lado, en la conveniencia de que, en tales circunstancias el órgano judicial quede liberado de los deberes que, eventualmente, le impone la subsistencia indefinida de la instancia. En cambio, apreciada la caducidad de la instancia desde un punto de vista objetivo, -que es el que primordialmente interesa-, parece claro que su fundamento radica en la necesidad de evitar la duración indeterminada de los procesos judiciales. ...".

Similares términos son usados por el procesalista a.M.A.F., para quien la institución sub examine, “... es la extinción de un proceso (principal o incidental) o de alguna de sus instancias, producida por la ausencia de actividad impulsoria idónea para su desarrollo, durante los términos que establece la Ley” (MODOS ANORMALES DE TERMINACIÓN DEL PR0CESO. Tomo III. Caducidad de la Instancia. Edit. DEPALMA, Buenos Aires, Argentina. 1991), para J.G., la caducidad de la instancia, “...es, pues, la extinción del proceso que se produce por su paralización durante cierto tiempo en que no se realizan actos procesales de parte,” (DERECHO PROCESAL CIVIL. Tomo I. Edic. 4ª. Pág. 502. Las cursivas son del autor); la ratio essendi de la institución procesal de la perención, evoca razones de orden público y seguridad jurídica, para H.D.E.:

La perención es una sanción al litigante moroso, y responde a un principio de economía procesal y de certeza jurídica, para impulsar la terminación de los pleitos, razón por la cual se aplica inclusive cuando se trate de menores e incapaces...

. (COMPENDIO DE DERECHO PROCESAL CIVIL, Tomo I. Teoría General del Proceso. Edic. 10ª. Edit. ABC, Bogotá, Colombia.1985. Pág. 584).

Idéntico cometido le reconoce a la Institución FORNACIARI, en la página 18 de su obra ya citada:

...La caducidad de la instancia encuentra fundamento en diversos componentes que se equilibran en la confluencia de lo público con lo privado. Es cierto que cada una de las partes enfrentadas en el proceso tiene la expectativa de beneficiarse con el error o la inacción del adversario. La inactividad no hace presumir su desinterés. Pero también es cierto que por razones de seguridad jurídica hacen prevalecer el interés comunitario de restablecer el orden jurídico. En la rápida y correcta terminación de los procesos está comprometido el orden público

Ese equilibrio que tiene su fundamento en el superior interés de la comunidad, determina que si bien el juez está facultado a dictar medidas tendientes a evitar la paralización de los procesos...no enerva con esa posibilidad la de decretar de oficio la caducidad de la instancia...

.

Al respecto, nuestra legislación civil contempla en su artículo 267, las diversas modalidades de extinción de la instancia por la inactividad de las partes, señalando en su ordinal 1°, la perención por causa de la falta de impulso de la citación del demandado.

Artículo 267, Ordinal 1º, ejusdem:

Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. También se extingue la instancia: 1º. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...

, (Subrayado en negrita del Tribunal).

La norma in comento, busca por medio del temor a la imposición de una sanción, el mantenimiento del interés procesal por las partes intervinientes en este, operando en consecuencia dicha norma como un estimulo permanente a las partes, a los fines de que estas cumplan sus cargas de impulsar el proceso. Es así pues, que si la demanda es la ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto por cuanto, la función publica del proceso exige que este, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente hasta su meta natural que es la sentencia.

Ahora bien, del análisis del artículo 267, en su Ordinal Primero, del Código de Procedimiento Civil, anteriormente transcrito, observa esta Jurisdicente la aparente colisión con la garantía constitucional de la gratuidad de la justicia establecida en el primer aparte del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece:

Artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.

El M.T. de la República, en su Jurisprudencia más reciente al respecto ha señalado que la gratuidad de la justicia es simplemente una cuestión de excepción por medio de la cual el Estado asume los gastos a plenitud de aranceles y tasas del proceso, para evitar que no pueda ejercerse el derecho constitucional de acceso a la justicia. Tal planteamiento comporta que la actuación jurisdiccional de los Tribunales de la República no está sometida a ningún tipo de tasa, arancel o pago, lo que originó la derogación de las normas que los imponían, tales como la Ley de Arancel Judicial. (Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 16 de junio de 2004. Exp. Nº 03-2512, caso: I.T.L.).

Las obligaciones arancelarias contempladas en la Ley de Arancel Judicial, correspondientes a los derechos o emolumentos concernientes a los funcionarios judiciales, ya sean permanentes o de carácter accidental, por determinadas actuaciones cumplidas en la tramitación de los juicios, perdieron toda validez ante el principio de gratuidad contemplado en nuestra Carta Magna en su artículo 26.

Pero es el caso, que en lo referente al Artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, el cual establece: “Cuando haya de cumplirse un acto o evacuarse alguna diligencia fuera de la población en que tenga asiento el Tribunal, Registro Mercantil y Notarías Públicas la parte promovente o interesada proporcionará a los funcionarios y auxiliares de justicia que intervengan en ellos, los vehículos necesarios y apropiados para su traslado, y proveerá los gastos de manutención y hospedaje que ocasione. Igualmente se proporcionará vehículo, cuando el acto o diligencia se efectúe en la misma población en que resida el Tribunal, Registros Mercantiles y Notarías Públicas en lugares que disten más de quinientos (500) metros de su recinto.”, ha establecido el M.T. de la Republica en sentencia de fecha 6 de julio de 2004, en el Expediente No. AA20-C-2001-000436, con ponencia del Magistrado CARLOS OBERTO VÉLEZ, constituye una obligación que el demandante debe satisfacer cuando la citación del demandado haya de practicarse en un sitio que diste más de 500 metros del lugar de recinto del Tribunal, indicado en este mismo sentido que de ninguna manera se podría imputar dicho contenido económico al pago de Arancel Judicial, siendo que, dicho aporte no está destinado a coadyuvar logro de la mayor eficiencia del Poder Judicial, ni facilitará el acceso a la justicia, el pago de dichas cantidades de dinero tal como lo menciona el artículo 12 ejusdem, van dirigidos proporcionar a los funcionarios y auxiliares de justicia, los vehículos necesarios y apropiados para su traslado, y proveerá los gastos de manutención y hospedaje que ocasione. Siendo absurdo a criterio de quien expone, la imposición a los funcionarios y auxiliares de justicia la carga de sufragar los gastos ocasionados por la evacuación de una diligencia o la realización de un acto determinado, por cuanto la consumación de dichas diligencias por parte de los funcionarios o auxiliares de justicia son de único y exclusivo interés del requirente de la diligencia a efectuarse.

El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en su Ordinal 1°, contempla las obligaciones o cargas impuestas a la parte requirente a los fines de la obtención de la citación del demandado, señalando: 1) en primer término la referente al pago por concepto de elaboración de las compulsa del libelo, libramiento de boleta de citación, etc., la cual se realizaba mediante la liquidación de las respectivas planillas de arancel judicial, obligación que perdió total y absoluta vigencia de conformidad con lo expuesto en el numeral segundo de la presente sentencia, por cuanto contrariar la garantía de la justicia gratuita contemplada en el artículo 26 de la carta magna; 2) y en segundo término, la que concierne al suministro del domicilio del demandado, así como el transporte o traslado y gastos de manutención y hospedaje, cuando haya que cumplirse en lugares que disten más de quinientos metros de la sede del Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, los cuales se cubren de diferente manera, pero, jamás mediante liquidación de recibos o planillas, acarreando en consecuencia el incumplimiento de las cargas impuestas en este numeral la perención a que se refiere el artículo 267, ejusdem, en su ordinal 1°.

En consecuencia, en atención a lo anteriormente expuesto, observa esta Juzgadora, la inequívoca pérdida de total y absoluta vigencia de las obligaciones arancelarias contenidas en la Ley de Arancel Judicial, en atención al principio de gratuidad establecido en el artículo 26 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, quedando incólume todo lo referente a la proporción a los funcionarios o auxiliares de justicia del transporte, manutención y hospedaje, contempladas en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial.

Conciliada como ha sido la figura de la perención a que se refiere tanto la doctrina anteriormente transcrita, como nuestro ordenamiento procesal civil vigente, con el principio de gratuidad a que se refiere nuestra Constitución Bolivariana; y expuestos como han sido los presupuestos fácticos, a los cuales la norma y la doctrina vinculan la sanción de la perención, solo resta verificar su acaecimiento en el caso que nos ocupa:

En el caso sub-examine, se desprende del análisis de las actas que componen el presente expediente, que en fecha cinco (05) de agosto de 2014, se admitió la demanda propuesta, ordenándose citar a la parte demandada, Sociedad Mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. en la persona de su Presidente J.C.E.R., antes identificados, a fin de que diera contestación a la demanda dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes, más ocho (08) días de término de la distancia, contados a partir de la constancia en actas de su citación a fin de dar contestación a la demanda incoada en su contra

Ahora bien, de un simple cómputo matemático observa esta Jurisdicente que desde la fecha que se admitió la presente demanda, es decir el cinco (05) de agosto de 2014, hasta el día de hoy, han transcurrido más de treinta (30) días, sin que la parte demandante por sí o por medio de apoderado cumpliera con la carga de impulsar la citación de la parte demandada; razón por la cual, la parte actora incumplió con las cargas anteriormente expuestas, así como las impuestas en el Artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, establecidos en Sentencias dictadas en el Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil de fechas 6 de julio de 2004, Exp. Nº. AA20-C-2001-000436; criterio éste reiterado en fecha 29 de octubre de 2004, Exp. N°. AA20-C-2002-Sent. N°01291. ASÍ SE DECLARA.-

Este Órgano de Administración de Justicia de conformidad con lo establecido en los artículos 199, 197 y 267, en su Ordinal 1°, y 269 del Código de Procedimiento Civil, en concatenación con el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, observa que el presente proceso operó la Perención de la instancia. ASÍ SE DECLARA.-

En consecuencia, observando que el principio de la gratuidad de la justicia se encuentra circunscrito a la incompetencia de los Órganos que componen el sistema de Administración de Justicia para solicitar pagos por concepto de su actuación procesal; siendo que de conformidad con la jurisprudencia reiterada emanada del m.T. de la República dicho principio de gratuidad no se extiende en modo alguno a los efectos económicos del proceso que no se revisten de carácter impositivo los cuales deben cumplirse en virtud de las cargas procesales que representan para los accionantes; y considerando que transcurrieron mas de treinta (30) días sin que el demandante hubiere cumplido con las obligaciones que le impone la ley en el artículo 267, Ordinal 1°, del Código de Procedimiento Civil que se refiere a la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 06 de Julio de 2004, en el Expediente No. AA20-C-2001-000436, con ponencia del Magistrado CARLOS OBERTO VÉLEZ, esta jurisdicente debe formalmente declarar la perención breve en la presente causa. ASÍ SE DECIDE.-

III

PARTE DISPOSITIVA

En fuerza de los argumentos procedentemente expuestos, y en ejercicio de las Potestades Jurisdiccionales atribuidas por el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN BREVE en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, DAÑOS PATRIMONIALES Y DAÑOS MORALES intentare el ciudadano M.J.M.R. contra la Sociedad Mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A., en la persona de su Presidente J.C.E.R., antes identificados, de conformidad con el artículo 12 de la ley de Arancel Judicial, y con la Jurisprudencia emanada del M.T. de la República en Sala de Casación Civil, de fecha 6 de julio de 2004, Exp. N°. AA20-C-2001-000436; criterio reiterado por la Sala de Casación Civil en fecha 29 de octubre de 2004, Exp. N°. AA20-C-2002-Sent. N° 01291. En consecuencia, se DECLARA LA EXTINCIÓN del proceso. ASÍ SE DECIDE.-

Déjese por secretaría copia certificada del presente fallo. Devuélvase originales.

No hay condenatoria de costas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE y NOTIFÍQUESE.-

Dada, firmada y sellada en la sala del Despacho del JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. Maracaibo 23 de octubre de 2014. Años 204º de la Independencia y 155º de la Federación.

LA JUEZA:

DRA. GLORIMAR SOTO ROMERO

LA SECRETARIA:

ABOG. LORENA RODRÍGUEZ

En la misma fecha se dicto y público la anterior decisión, bajo el No. 241-14.-

LA SECRETARIA:

ABOG. LORENA RODRÍGUEZ

GSR/np

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