Decisión nº 2544 de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de Cojedes, de 13 de Noviembre de 2012

Fecha de Resolución13 de Noviembre de 2012
EmisorJuzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario
PonenteAlfonso Elias Caraballo
ProcedimientoDivorcio

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

PODER JUDICIAL.

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES.

Años: 202º y 153º.

  1. Identificación de las partes y la causa.-

    Parte demandante: C.M.A., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número V-10.985.690 y de este domicilio.

    Apoderado judicial de la parte demandante: D.R.B., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo el número 136.246 y de este domicilio

    Parte demandada: Á.A.M., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número V-8.439.377, domiciliado en el barrio Las Palomas, casa Nº 114, Cumaná, estado Sucre.

    Motivo: Divorcio.

    Decisión: Interlocutoria (Perención).

    Expediente Nº 5277.-

  2. Recorrido procesal de la causa.-

    Por ante el Juzgado Distribuidor de Primera Instancia de esta Circunscripción Judicial, fue presentada en fecha tres (3) de febrero del año 2009, la demanda de Divorcio por la ciudadana C.M.A., debidamente asistida por el abogado D.R.B., ambos debidamente identificados. Efectuado el sorteo correspondiente, fue asignada a este Juzgado y en fecha cuatro (4) de febrero del año 2009, se le dio entrada bajo el Nº 5277.

    En fecha seis (6) de febrero del año 2009, el Tribunal admitió la precitada demanda, acordando emplazar a las partes a un primer acto conciliatorio y notificar a la Fiscal IV del Ministerio Público con competencia en el Sistema de Protección del Niño y del Adolescente, así mismo acordó librar la respectiva compulsa una vez que la parte interesada proveyese los fotostatos respectivos.

    En fecha doce (12) de febrero del año 2009, la ciudadana C.M.A., confirió poder Apud acta al abogado D.R.B., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número V-7.563.455 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo el número 136.246, tal como consta de diligencia inserta en el folio doce (12).

    Consignados como fueron los emolumentos, en fecha dieciséis (16) de febrero del año 2009, el Tribunal acordó librar la respectiva compulsa a fin de practicar la citación del demandado de autos y la notificación de la Fiscal IV del Ministerio Público con competencia en el Sistema de Protección del Niño y del Adolescente.

    En fecha cuatro (4) de marzo del año 2009, el Alguacil de este Juzgado mediante diligencia, consignó la compulsa haciendo constar que habiéndose trasladado el día 03/03/2009 a la dirección que indicara la parte actora, en solicitud del ciudadano Á.A.M., no pudo localizarlo.

    En fecha cuatro (4) de marzo del año 2009, el Alguacil de este Juzgado consignó Boleta de Notificación debidamente firmada por la Fiscal IV del Ministerio Público con competencia en el Sistema de Protección del Niño y del Adolescente.

    En fecha treinta y uno (31) de marzo del año 2009, el abogado D.R.B., en su carácter de autos, señaló una nueva dirección a los fines de agotar la citación personal del demandado de autos, la cual fue acordada por auto de fecha dos (2) de abril del año 2009 y se ordenó librar nueva orden de comparencia. Asimismo, consignados como fueron los emolumentos en fecha veinticuatro (24) de abril del año 2009, el Tribunal acordó librar la respectiva compulsa a fin de practicar la citación del demandado de autos.

    En fecha doce (12) de mayo del año 2009, el Alguacil de este Juzgado mediante diligencia, consignó la compulsa haciendo constar que habiéndose trasladado el día tres (3) de marzo del año 2009 a la dirección que indicara la parte actora, en solicitud del ciudadano Á.A.M., no pudo localizarlo.

    Mediante diligencia de fecha tres (3) de junio del año 2009, el abogado D.R.B., en su carácter de autos, solicitó al Tribunal, oficiar lo conducente a la Oficina Regional Electoral del estado Cojedes (CNE) y a la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX), a los fines de que informen el último domicilio y movimiento migratorio del demandado de autos y se le designara Correo Especial. Por auto de fecha ocho (8) de junio del año 2009, se acordó lo solicitado y se libró oficios Nros. 05-343-388 y 05-343-389.

    En fecha 11 de junio de 2009, se efectuó acto de juramentación como correo especial al abogado D.R.B., quien estando presente aceptó el cargo y prestó el juramento de Ley. Se le hizo entrega de los oficios números 05-343-388 y 05-343-389.

    Mediante diligencia de fecha veintidós (22) de junio del año 2009, el abogado D.R.B., en su carácter de autos, consignó copia simple, el acuse de recibo de los oficios librados por este Despacho a la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX), adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia (MPPRIJ) y a la Dirección de Identificación y Extranjería Departamento de Migración (DIEX), adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia (MPPRIJ), los cuales fueron agregados a los autos en esa misma fecha.

    En fecha veintiuno (21) de septiembre del año 2009, el abogado D.R.B., en su carácter de autos, solicitó se ratificara nuevamente los oficios librados a la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX), adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia (MPPRIJ) y a la Dirección de Identificación y Extranjería – Departamento de Migración (DIEX), adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia (MPPRIJ). Por auto de fecha veintitrés (23) de septiembre del año 2009, se acordó lo solicitado y se libraron oficios números 05-343-563 y 05-343-564.

    En fecha veinte (20) de noviembre del año 2009, se recibió oficio Nº 00002521, de fecha veintidós (22) de octubre del año 2009, emanado de la Dirección de Migración – Departamento de Movimientos Migratorios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia (MPPRIJ), en esa misma fecha se ordenó agregarlo a los autos.

    Por auto de fecha dieciocho (18) de noviembre del año 2010, el Tribunal en virtud de que no constaba en actas respuesta alguna del oficio Nº 05-343-563 de fecha veintitrés (23) de septiembre del año 2009, librado al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia (MPPRIJ), acordó nuevamente ratificar el mismo, a los fines de que informara sobre el último domicilio y movimiento migratorio del demandado de autos. Se libró oficio Nº 05-343-433.

    En fecha nueve (9) de marzo del año 2011, se recibió oficio Nº RIIE-1-0501-1719, de fecha diecisiete (17) de enero del año 2010, emanado de la Dirección de Dactiloscopia y Archivo Central del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia (MPPRIJ), en esa misma fecha se ordenó agregarlo a los autos.

    En fecha catorce (14) de marzo del año 2011, el Tribunal instó a la parte actora para que agotara la citación personal del demandado ciudadano Á.A.M.. A tal efecto se libró nueva orden de comparecencia.

    En fecha veintiséis (26) de septiembre del año 2011, el abogado D.R.B., en su carácter de autos, solicitó a este Tribunal, se comisionara un Juzgado de municipio de la circunscripción judicial del estado Sucre, que a los fines de agotar la citación personal del demandado de autos, asimismo solicitó, se le designara como correo especial.

    Por auto de fecha veintisiete (27) de septiembre del año 2011, el Tribunal acordó librar compulsa a los fines de la citación del demandado ciudadano Á.A.M., acordándose comisionar suficientemente al Juzgado de los municipios Sucre y C.S. de la circunscripción judicial del estado Sucre. Igualmente, se acordó la designación como correo especial del abogado D.R.B., plenamente identificado en actas; sin haberse producido desde la indicada fecha, acto procesal tendente a dar impulso a la presente causa por parte de la actora, por lo que habiendo transcurrido más de un (1) año de inactividad procesal imputable a la parte, pasa a analizar este Tribunal de seguidas la configuración de la Perención de la Instancia, como desde ya se vislumbra.

  3. Consideraciones para decidir: Acerca de la perención de la instancia.-

    Ahora bien, no existiendo en el caso de marras actuación alguna por parte del interesado a partir del día veintiséis (26) de septiembre del año 2011, fecha en la que el abogado D.R.B., en su carácter de autos, solicitó a este Tribunal, se comisionara un Juzgado de municipio de la circunscripción judicial del estado Sucre, que a los fines de agotar la citación personal del demandado de autos, asimismo solicitó se le designara como correo especial, lo cual fue acordado el día veintisiete (27) del mismo mes y año, transcurriendo sobradamente más de un (1) año calendario de tales actuaciones, sin haber ejecutado ningún acto tendente a impulsar el presente procedimiento, se verifica P.F. (A primera vista) el supuesto contemplado en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece los casos en que ha operado la Perención de la Instancia, como desde ya avizora este jurisdicente sucede en el presente caso. Así se advierte.-

    Previo su pronunciamiento acerca de la declaratoria de extinción de la instancia por perención, debe este Órgano Subjetivo Pro Tempore Ex Necesse (por el tiempo que sea necesario), realizar las siguientes consideraciones doctrinarias y legales acerca de esa institución, realizando un análisis sobre los orígenes históricos de esta figura jurídica, encontramos al jurista patrio oriundo del estado Cojedes Dr. A.B., quien en sus comentarios al Código de Procedimiento Civil de 1916 (T.II., 1973; pp.239-241) indicaba lo siguiente:

    Tanto en los antiguos como en los modernos tiempos, ha sido reconocida la necesidad de evitar que los litigios se prolonguen indefinidamente y que perdure así la incertidumbre respecto del dominio y de los demás derechos que tiene el hombre sobre las cosas. La negligencia de las partes en agitar el curso de los procesos y la de los Jueces de dictar las decisiones que les pongan término, han sido siempre parte que ese estado anormal de las relaciones humanas, pues no otra cosa son las controversias judiciales, se alargue en el tiempo y se agrave con él, ahondando divisiones y resentimientos

    .

    Se ha debatido entre los eruditos en la materia si en las legislaciones de la edad antigua era conocida la institución de la perención, tal como existe en el Derecho de nuestros días, es decir, si en aquéllas consistía, como en éste, en la extinción de la instancia a causa del abandono en que las partes dejan el juicio, por no ejecutar durante determinado tiempo acto alguno de procedimiento

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    En Roma, bajo el imperio del sistema formulario, los judicia legitima, es decir, los juicios que se ventilaban entre ciudadanos romanos, en el propio recinto de la urbe capitolina o dentro del perímetro de una milla alrededor de sus murallas, competían al conocimiento de Jueces romanos de duración permanente, y en ellos la instancia subsistía mientras no llegase, más o menos tardíamente, a dictar la sentencia definitiva. Pero la Lex Julia judiciorum privatorum dispuso que, transcurrido que fuese un año y medio después de promovido el juicio, sin que hubiere recaído dicho fallo, la instancia debía quedar extinguida de pleno derecho, y no podría ser intentada nuevamente. Respecto de todos los demás juicios, llamados judicia quae imperio continentur, porque estaban fundados en la potestad jurisdiccional del Pretor, y cuyo conocimiento competía al Juez designado al efecto por éste, se extinguía al cesar los poderes anuales de dicho Magistrado tamdiu valent quandiù, is, qui ea praecepit, imperium habebit. No era el hecho de que el Juez o de la parte la que hacia cesar la instancia, y por ello ésta podía ser instaurada nuevamente obteniéndose para el mismo negocio otra formula del nuevo Magistrado

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    Cuando el sistema de la cognitio extraordinaria sustituyó completamente al formulario, todos los juicios se hicieron imperio continentia, y dejó de tener aplicación la lex Julia; pero como al mismo tiempo los Magistrados, aunque elegidos anualmente, se convirtieron casi en vitalicios, el limite de la instancia no quedó, como antes, circunscrito a la duración anual de los poderes de aquél, y las causas todas pudieron caer en indefinida paralización por culpa de los litigantes, sin que por ello se extinguiesen la instancia ni el derecho de volverla a proponer. Para remediar tal estado de las cosas, dictó Justiniano su Constitución Properandum, que pasó a ser en el Códex la ley 13 del Titulo De judiciis, con la cual, para evitar que los litigios se hiciesen eternos, durando más que la vida del hombre, se ordenó que fuesen indefectiblemente sentenciados dentro de tres años después de su comienzo: non ultra trienni metas, post litem contestatam, esse protrahendas. Los jueces debían allanar todos los obstáculos que se opusieran a ello, y si el actor, llamado por tres veces durante los seis últimos meses del trienio, dejaba de comparecer, debían dictar el fallo con los recaudos, aún insuficientes, que tuvieran a mano, y hasta podían absolver de la instancia al demandado, condenando en las costas al demandante, non solum parten fugientem observatione judicii relaxare, sed etiam in omnes expensas eam condemnare

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    Es evidente que la ley Properandum no instituía la genuina perención de la instancia, y, limitándose a fijar un lapso de tres años de actividad procesal que no debía ser excedido para la definición del litigio por sentencia, no determinaba qué efectos producía el transcurso de ese lapso sin que el pleito estuviere sentenciado, al paso que la perención actual extingue la instancia si, durante un tiempo determinado, llega a cesar completamente la actividad del proceso, aunque ello no obsta a que las partes, interrumpiendo ese término cada vez que esté a punto de vencerse, impidan que se consuma la extinción de la instancia y logren hacer interminable el estado de paralización procesal

    .

    En el Derecho canónico y las legislaciones medievales se imitó la expresada Constitución de Justiniano, con ligeras variantes relativas al lapso que ella fijaba; pero como en las antiguas Ordenanzas francesas el transcurso del lapso de inactividad procesal, que al principio fue de un año y se elevó hasta tres posteriormente, extinguía la instancia, y aun se llegó a establecer que la instancia perimida debía tenerse por no intentada y sin virtualidad bastante para interrumpir la prescripción que estuviere corriendo, los expositores, al sondear los orígenes de la moderna perención, sostienen diferentes pareceres, atribuyéndoles unos al Derecho romano anterior a Justiniano, otros a la Constitución Properandum y otros al antiguo Derecho francés, a jure verè gallico

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    Ciertamente, aun cuando el verdadero origen de la Perención es debatido por la Doctrina, indudablemente, que nuestro Código de Procedimiento Civil de 1916 en su artículo 201, acogió como lapso de Perención para la extinción de la instancia el de los tres (3) años, reformando el término de cuatro (4) que había sido establecido en nuestra norma adjetiva procesal desde el Código de 1873 y sucesivamente reiterado en los Códigos de 1880, 1897 y 1904. Nuestro vigente Código de Procedimiento Civil de 1986 modificó nuevamente el lapso de perención y lo redujo a un (1) año e introdujo además como una novedad inexistente hasta el momento, que la inactividad del juez después de vista la causa no produce tal perención, estableciendo en su Libro Primero, Capítulo IV, artículo 267 lo siguiente:

    Artículo 267. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención

    .

    Aunada a la perención por inactividad de las partes por más de un (1) año cuando tenían la carga de ejecutar algún acto de procedimiento, nuestra norma adjetiva Civil agregó otras tres (3) formas novedosas y distintas a la inactividad anual de extinguir la instancia, las dos (2) primeras por inactividad del demandante por más de treinta (30) días continuos al momento de cumplir con su obligación de impulsar la citación del demandado, en el primer caso, una vez admitida la demanda y en el otro, una vez reformada la demanda antes de la citación; y un tercer caso, cuando suspendido el proceso por muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados dejasen transcurrir más de seis (6) meses sin realizar las gestiones legales para su continuación o prosecución, indicando el citado artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en sus apartes lo siguiente:

    “También se extingue la instancia:

    “1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.

    “2º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.

    3º Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla

    .

    Agrega que la indicada institución opera de pleno derecho, precisando:

    Artículo 269. La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente

    .

    En ese orden de ideas, según el autor patrio R.H.L.R.e.s.o.C. de Procedimiento Civil (T.II, 2004; pp.344-346), al referirse a la perención indica:

    Un proceso puede extinguirse anormalmente, n o por actos, sino por omisión de las partes. Perención (de perimire, destruir) de la instancia es la extinción del proceso que se produce por su paralización durante un año, en el que no se realiza acto de impulso procesal alguno. La perención es el correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso. Toda paralización contiene el germen de la extinción de la instancia, que puede llegar o no a producirse según se den o no las condiciones legales que la determinan

    .

    Omissis…

    “El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios. > (cfr. CHIOVENDA, JOSÉ: Principios…, II p.428).

    La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses (uti singulis) y cumple adicionalmente la función publica de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir

    .

    El interés procesal está llamado a operar como estimulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso (cfr comentario al Art. 14)-sic- exige que éste, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural que es la sentencia

    .

    Por ello, el juez puede denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la instancia. Pero esta potestad del juez tiene dos límites, a saber: a) cuando las partes están de acuerdo en continuar el juicio, pues el interés público no reside en la caducidad del proceso sino en la pendencia indefinida; luego, si hay garantía de que el proceso continuará, porque así lo desean ambas partes de consuno-sic-, el juez no debería declarar extinguido el proceso aunque ya haya pasado el año de inactividad. B) El interés público en la perención de la instancia no significa que no exista un momento preclusivo para la perención de la instancia en lo que a las partes se refiere. Si uno de los litigantes actúa en el proceso después de un año de inactividad, sin solicitar la perención, se apropia de los efectos de la pendencia de la litis y por tanto revalida tácitamente el proceso (Art. 213); por lo que no habría deber en el juez de atender positivamente la solicitud de perención que ese litigante haga posteriormente. Por eso creemos que no es del todo exacto el criterio sustentado por la Corte en Sentencia 16-3-89 (Pierre Tapia, O.: ob. Cit. Nº 3, p.94) transcrita abajo

    .

    En base a tales asertos, podemos con plena certeza concluir, que nuestro legislador concibió distintas formas de extinguir la instancia por perención, como sanción establecida a la inactividad de las partes, instituyendo como norma general en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil la Perención Anual (Encabezado de la norma); y en los apartes, las perenciones breves de treinta (30) días (ordinales 1º y 2º) y la de sesenta (60) días (ordinal 3º); todas ellas como causales de extinción de la instancia por inactividad de la parte demandante en los apartes 1º y 2º y de ambas en el encabezado y 3º aparte que le corresponde impulsar el proceso, la cual trae como consecuencia la sanción de no poder interponer nuevamente la demanda pasados que sean noventa (90) días de declarada tal perención de la instancia, como sanción a esta falta de diligencia. Así se analiza.-

    Así las cosas, no existiendo en el caso de marras actuación alguna por la parte demandante desde el día veintiséis (26) de septiembre del año 2011, fecha en que este Tribunal acordó librar compulsa a los fines de la citación del demandado ciudadano Á.A.M., al igual que comisionar suficientemente al Juzgado de los municipios Sucre y C.S. de la circunscripción judicial del estado Sucre y la designación como correo especial del abogado D.R.B., plenamente identificado en actas, evidenciándose de actas que ha transcurrido más de un (1) año sin que haya cumplido con ningún acto del procedimiento tendente a impulsar la continuación del presente juicio, obligación ésta que le establece la ley y siendo que la falta de actuación procesal, es uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la perención, cuya consumación es deber de la parte accionante evitar, en consecuencia, se verifica el supuesto de Perención de la Instancia, como desde ya lo avizoraba este jurisdicente, por lo que forzosamente debe este Tribunal declarar extinguida la instancia en virtud de haber operado en el presente proceso la perención anual, contemplada en el encabezado del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, lo cual hará de forma expresa en la dispositiva del presente fallo. Así se establece.-

  4. DECISIÓN.-

    Por las razones expuestas, éste Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley, conforme a derecho, declara: EXTINGUIDA LA INSTANCIA POR HABER OPERADO LA PERENCIÓN ANUAL en el juicio que por DIVORCIO, intentó la ciudadana C.M.A., contra el ciudadano Á.A.M., identificados en actas. No hay condenatoria en costas conforme a lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.-

    Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión, conforme a lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.-

    Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la circunscripción judicial del estado Cojedes, en San C.d.A., a los trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil doce (2012). Años: 202º de la Declaración de Independencia y 153º de la Federación.-

    El Juez Provisorio,

    Abg. A.E.C.C.. La Secretaria Titular,

    Abg. S.M.V.R..

    En la misma fecha de hoy, se publicó y registró la anterior decisión, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 a.m.).

    La Secretaria Titular,

    Abg. S.M.V.R..

    Expediente Nº 5277.

    AECC/SMVR/marcolina.-

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