Decisión de Tribunal Primero de Juicio del Trabajo de Yaracuy, de 2 de Mayo de 2012
| Fecha de Resolución | 2 de Mayo de 2012 |
| Emisor | Tribunal Primero de Juicio del Trabajo |
| Ponente | Elvira Chabareh Tabback |
| Procedimiento | Amparo Constitucional |
República Bolivariana de Venezuela
EN SU NOMBRE
Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del
Estado Yaracuy
Años: 202º y 153º
Asunto: UP11-O-2011-000046.
Querellante: M.R.Á., titular de la cédula de identidad N° 5.456.086.
Apoderada Judicial: Mimile Silva, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 74.201.
Presunto agraviante: Instituto Autónomo contra la Pobreza y Exclusión Social del estado Yaracuy (Iapesey), en la persona de su Directora ciudadana Y.L..
Motivo: Amparo constitucional.
Sentencia: Definitiva.
Conoce este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, la acción de amparo constitucional ejercida en fecha 11 de julio de 2011 por la abogado Mimile Silva, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 74.201, en nombre y representación de la ciudadana M.R.Á., titular de la cédula de identidad N° 5.456.086, contra el Instituto Autónomo contra la Pobreza y Exclusión Social del estado Yaracuy (Iapesey), en la persona de su Directora ciudadana Y.L., por la presunta violación de su derecho al trabajo, derecho al salario justo y otros beneficios laborales, consagrados en los artículos 87, 91 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El 20 de enero de 2012, se admitió a sustanciación la presente acción de amparo, ordenándose la notificación del presunto agraviante Iapesey, en la persona de su Directora, así como del Procurador General del estado Yaracuy y del Fiscal Octogésima Primera Nacional con competencia Constitucional y Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Valencia del estado Carabobo, para que concurran a este juzgado a conocer día y hora en que tendrá lugar la audiencia oral y pública.
El día 20 de abril de 2012 habiéndose verificado la práctica de todas las notificaciones ordenadas, se procedió a fijar para el día 25-4-2012 a las 9:30 de la mañana, la oportunidad para celebrar la audiencia oral y pública, la cual efectivamente se realizó en la fecha pautada, declarándose CON LUGAR la pretensión de amparo constitucional ejercida por la ciudadana M.R.Á..
Estando dentro de la oportunidad para publicar el texto íntegro de la sentencia, el tribunal procede hacerlo de la siguiente manera:
I
DE LA PRETENSIÓN CONSTITUCIONAL DEDUCIDA
1 La apoderada judicial de la peticionaria de tutela constitucional alegó:
1.1 Que su representada ciudadana M.R., en fecha 7-1-2005 comenzó a prestar servicios para el Instituto Autónomo de la Pobreza y Exclusión Social del estado Yaracuy (Iapesey) como secretaria I, siendo despedida injustificadamente el día 31-12-2009, a pesar de encontrarse amparada de inamovilidad laboral.
1.2 Que el 15-1-2010 su patrocinada inició un procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos por ante la Inspectoría del Trabajo del estado Yaracuy.
1.3 Que se cumplieron todas y cada una de las etapas del proceso administrativo de reenganche y pago de salarios caídos, según el artículo 454 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo.
1.4 Que en fecha 5-10-2010 fue dictada la p.a. N° 323/2010 mediante la cual declaró con lugar dicho procedimiento.
1.5 Que la ciudadana M.R. solicitó la ejecución de la mencionada providencia pero la misma no fue acatada por el referido ente patronal.
1.6 Que solicitó de conformidad con el artículo 625 de la LOT el procedimiento de las sanciones por desacato.
1.7 Que desde el 26-10-2010 oportunidad en que fue notificado el referido Instituto de la citada providencia, sus representantes se han negado a cumplir con dicha orden.
2 Denunció la violación del derecho al trabajo, derecho al salario justo y otros beneficios laborales, previstos en los artículos 87, 91 y 92 del Texto Fundamental, toda vez que la parte presuntamente agraviante se niega a cumplir la orden de reenganche y pago de salarios caídos emanada de la Inspectoría del Trabajo.
3 Pidió a este tribunal ordene al Instituto Autónomo de la Pobreza y Exclusión Social del estado Yaracuy, reenganche inmediatamente a su patrocinada a sus labores habituales y le efectúe el pago de los salarios caídos dejados de percibir desde la fecha de su despido el 31-12-2009 hasta su definitiva reincorporación con el propósito de que se restablezca la situación jurídica infringida.
II
DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL
En primer término, debe este tribunal pronunciarse sobre su competencia por la materia para conocer de la presente pretensión autónoma de amparo constitucional.
En tal sentido, dispone el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que la acción de amparo procede contra “cualquier hecho, acto u omisión provenientes de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal. También procede contra el hecho, acto u omisión originados por ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta Ley” (destacado del tribunal). En tanto que, el encabezamiento y primer aparte del artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales señala:
Artículo 7.- Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo.
En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia
.
Al respecto, el numeral 3 del Art. 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo dispone que: “Los Tribunales del Trabajo son competentes para conocer de las solicitudes de amparo por violación o amenaza de violación de los derechos y garantías constitucionales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
En sintonía con lo anterior, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº de fecha 23 de septiembre de 2010 caso: B.J.S.T. y otros, luego de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, estableció la competencia de los tribunales laborales para conocer de las pretensiones procesales que se propongan con ocasión a actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo.
Asimismo, dicho fallo precisó que “los órganos jurisdiccionales especializados en los conceptos debatidos en las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo (derecho al trabajo y a la estabilidad en el trabajo), sea que se trate, entre otras, de la pretensión de nulidad a través del recurso contencioso administrativo, sean las pretensiones relativas a la inejecución de dichos actos como consecuencia de la inactividad de la Administración autora o bien del sujeto obligado -el patrono o el trabajador- para su ejecución o, por último, sea que se trate de pretensiones de amparo constitucional con fundamento en lesiones que sean causadas por el contenido o por la ausencia de ejecución de dichos actos administrativos; son los tribunales del trabajo”.
Del mismo modo, estableció con carácter vinculante y de forma general que: “1) La jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, es la jurisdicción laboral” y que “2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo”.
En abundamiento de lo señalado, la Sala de Constitucional en sentencia N° 108 de 25.02.11, caso L.T., declaró que “es la jurisdicción laboral la competente para conocer de las acciones de amparo ejercidas contra acciones u omisiones de las Inspectorías del Trabajo, y siendo este criterio vinculante para todos los conflictos de competencia en esta materia, incluso los que hayan surgido antes de este fallo”.
Ahora bien, visto que el derecho invocado por la presunta agraviante es un derecho de carácter laboral por antonomasia, previsto en el artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este tribunal, atendiendo al contenido de las citadas normas y acatando el referido criterio jurisprudencial con carácter vinculante sentado por la Sala Constitucional, se declara competente por la materia para conocer de la presente acción autónoma de amparo constitucional. Así se decide.
III
DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORAL Y PÚBLICA
El día 25-4-2012 oportunidad fijada para la realización de audiencia oral y pública constitucional, ésta se llevó a cabo con la presencia de la querellante ciudadana M.R., asistida por el Abg. J.J. y del Abg. J.R.M., en su condición carácter de Fiscal Nº 81 del Ministerio Público con competencia Constitucional y Contencioso Administrativo.Asimismo, se dejó constancia de la presente de la Abg. M.C.P., apoderada judicial del Iapesey y la Abg. I.M.S. en representación de la Procuraduría General del estado Yaracuy.
La parte presuntamente agraviada a través de su abogado asistente J.J., expuso los argumentos de hecho y de derecho en los que apoya la pretensión. En tal sentido, solicitó se declare con lugar la acción de amparo y se ordene a la empresa accionada dar cumplimiento a la p.a. dictada por la Inspectoría del Trabajo del estado Yaracuy.
Seguidamente, intervino la representación de la parte querellada expuso los argumentos en los que se fundamenta la defensa, en tal sentido adujo que opero la caducidad en el procedimiento de multa de conformidad con el Art. 6 numeral 4° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y pidió que el tribunal verifique el lapso transcurrido desde la fecha que se dictó la p.a. hasta la notificación hecha al instituto. Del mismo modo señaló que el procedimiento aplicado por la Inspectoría del Trabajo está errado, ya que la trabajadora no se encuentra amparada por la Ley Orgánica del Trabajo sino que se rige bajo el Estatuto de la Función Pública. En último lugar, expresó que el instituto no violentó los derechos constitucionales de la ex trabajadora, por cuanto, el contrato de ella venció y no le fue renovado. Seguidamente, hizo uso del derecho de palabra la representación de la Procuraduría General del estado Yaracuy, quien ratificó cada uno de los alegatos expuestos por la parte querellada.
Posteriormente, las partes hicieron uso del derecho a réplica y contrarréplica.
Por último, ejerció el derecho de palabra el profesional del Derecho J.R.M., quien obrando como parte de buena fe en representación del Ministerio Público, expuso su opinión sobre el presente amparo constitucional en los términos que seguidamente se detalla en capítulo separado.
Expuestos los alegatos y conclusiones, la ciudadana Juez pronunció oralmente el dispositivo del fallo, declarando con lugar el amparo ejercido, con base a las razones que de seguida se desarrollan en la presente sentencia.
IV
DE LA OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
Por su parte, la representación del Ministerio Público, opinó que la presente acción debe ser declarada CON LUGAR, toda vez que no existe ningún recurso de nulidad y que la misma se intentó dentro de los seis meses siguientes al momento en que se notificó al Instituto Autónomo contra la Pobreza y Exclusión Social del estado Yaracuy (Iapesey) de la p.a. que resolvió el procedimiento sancionatorio, pues la sanción fue interpuesta el 8-4-2011 y el amparo fue interpuesto el 11-7-2011 estando obviamente dentro de los seis meses a que establece el artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En este sentido, quien juzga procede a descender al análisis de los elementos de mérito del expediente, en relación con los requisitos de procedencia del presente amparo constitucional; en tal sentido:
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra en el artículo 27 el derecho de amparo constitucional, es decir, la tutela que todos los tribunales competentes deben garantizar respecto a los ciudadanos, en el goce y ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales. Así, esta garantía ha sido desarrollada en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, mediante el establecimiento de una acción breve, gratuita, pública, oral y sin formalismos.
Ahora bien, esa acción de amparo tutela sólo un aspecto de la situación jurídica del ciudadano, como es la violación de sus derechos fundamentales. Las demás situaciones jurídicas son protegidas mediante las acciones judiciales ordinarias. Por lo tanto, la acción de amparo constitucional, tiene naturaleza extraordinaria, pues sólo procede cuando el ordenamiento jurídico no dispone de un mecanismo procesal ordinario, breve y eficaz con el que se logre, de manera efectiva, la tutela judicial deseada pues, hacer uso del amparo constitucional cuando existen mecanismos idóneos para garantizar la vigencia de los derechos constitucionales, haría nugatorio el ejercicio de las acciones correspondientes.
Examinado el caso subiudice, observa este tribunal constitucional que la parte recurrente en amparo, expresa que el Instituto Autónomo contra la Pobreza y Exclusión Social del estado Yaracuy (Iapesey), le conculcó su derecho al trabajo, derecho al salario justo y otros beneficios laborales, consagrados en los artículos 87, 91 y 92 del Texto Fundamental, respectivamente, toda vez que dicho Instituto se niega a cumplir la p.a. número 323/2010 dictada en fecha 5 de octubre de 2010, por la Inspectoría del Trabajo en el estado Yaracuy, mediante la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por la aquí accionante en amparo en contra de la querellada, ordenando a esta última incorporar a la trabajadora a sus labores habituales y pagarle los salarios caídos dejados de percibir.
Ahora bien, la parte querellante pretende mediante la presente acción de amparo constitucional, el restablecimiento de su situación jurídica infringida y para ello, solicita a este tribunal ordene al Instituto Autónomo contra la Pobreza y Exclusión Social del estado Yaracuy (Iapesey), el reenganche inmediato a sus labores habituales y le efectúe el pago de los salarios caídos dejados de percibir desde la fecha de su despido 31-12-2009 hasta su definitiva reincorporación.
Al respecto, este tribunal observa que la jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido que cuando se pretende el cumplimiento de una p.a., que hubiere sido dictada por la Inspectoría del Trabajo ordenando un reenganche y el pago de salarios caídos, si bien esos actos administrativos, deben ser siempre ejecutados por la misma Inspectoría del Trabajo que los dicta, no obstante, solo por vía excepcional, puede lograrse su efectivo acatamiento por parte del obligado, a través de la intervención jurisdiccional competente, mediante el empleo del amparo constitucional.
Ese carácter excepcional del amparo constitucional en casos como el presente, viene dado por el hecho que, en principio, los actos administrativos tienen que ser ejecutados por su órgano emisor, en virtud del carácter de ejecutoriedad del que se encuentran dotados y sólo, una vez agotada íntegramente la vía administrativa sin obtener la ejecución del mismo, puede optarse por la vía del amparo constitucional.
Por su parte, según la jurisprudencia patria, el hecho que marca el agotamiento de la vía administrativa para acceder, excepcionalmente, y dejando a salvo el examen de los demás requisitos de admisibilidad y procedencia, a la vía del amparo constitucional, es la notificación de la providencia que resuelve el procedimiento sancionatorio previsto en el artículo 647 de la Ley Orgánica del Trabajo. (Vid. Sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia del 18 de mayo de 2009, recaída en el caso Embotelladora Terepaima, C.A)
Así las cosas, tenemos que a los folios 117 y 118 del expediente, se constata que en fecha 8-4-2011, Instituto Autónomo contra la Pobreza y Exclusión Social del estado Yaracuy (Iapesey), fue notificado de la providencia sancionatoria de imposición de multa, por el incumplimiento de la p.a. número 323/2010, dictada por ese mismo Despacho en el expediente signado con el número 057-2010-01-00069, por lo que habiendo sido iniciada la presente causa el día 11 de julio de 2011, resulta evidente que el presente amparo constitucional no resulta inadmisible, pues el mismo fue incoado luego de haberse agotado íntegramente la vía administrativa previa y antes de la consumación del lapso de seis (6) meses de caducidad siguientes al momento que marca el dicho agotamiento, no estando incursa por tanto, en ninguno de los supuestos previstos en los ordinales 4 y 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; en consecuencia, se desecha el alegato de caducidad invocado por la parte querellada y por la representación judicial de la Procuraduría General del Estado Yaracuy. Así se decide.
Igualmente, resulta improcedente el alegato explanado por la parte querellada respecto a que el procedimiento aplicado por la Inspectoría del Trabajo está errado, por considerar este tribunal constitucional que el Iapesey dispone de los medios ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, específicamente, del recurso contencioso administrativo de nulidad para rebatir la legalidad o no de la p.a. dictada por dicho órgano administrativo del trabajo conforme a los vicios que a su juicio estime pertinente imputarle. Así se decide.
Ahora bien, en relación a la procedencia del presente amparo constitucional, podría decirse que la jurisprudencia patria, precisa como requisitos de atendibilidad de la pretensión de amparo constitucional, como mecanismo excepcional tendiente a lograr la ejecución de una p.a. emanada de la Inspectoría del Trabajo, los siguientes:
1) Que exista una p.a. emanada de la Inspectoría del Trabajo conociendo de los procedimientos administrativos, tanto de reenganche y pago de salarios caídos como sancionatorio.
2) Que la p.a. haya sido debidamente notificada al empleador a los fines de su cumplimiento e impugnación, sin que hubiere realizado dicho cumplimiento, no obstante haberse realizado todas las diligencias pertinentes ante la administración emisora del acto a los fines de lograr la ejecución forzosa del mismo, aun cuando las mismas hayan resultado infructurosas.
3) Que no hayan sido suspendidos los efectos del acto cuya ejecución se solicita.
4) Que el incumplimiento de la p.a. cuya ejecución se pretende obtener por vía de amparo constitucional, implique la trasgresión de un derecho constitucionalmente protegido. (Vid. Sentencia número 2308/2006, de fecha 14/12/06, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caso Guardianes Vigiman S.R.L).
A tal fin, corresponde a este órgano jurisdiccional examinar si en el caso subiudice, se encuentran satisfechos el cumplimiento de tales extremos. Veamos:
Respecto a la existencia de una p.a. emanada de la Inspectoría del Trabajo conociendo de los procedimientos administrativos, tanto de reenganche y pago de salarios caídos como sancionatorio, como primer requisito, este juzgador observa que a los folios 92 al 95 de este expediente, riela inserta la copia certificada de la P.A. Nº 323/2010 de fecha 5-10-2010, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Yaracuy en el expediente N° 057-2010-01-00069, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos formulada por la aquí querellante en amparo ciudadana M.R.Á..
De igual forma, a los folios 113 y 114 del expediente, riela inserta una P.A. N° 069/2011 de fecha 25-3-2011, dictada por el mencionado organismo administrativo del trabajo, mediante la cual impone la sanción de multa al Instituto Autónomo contra la Pobreza y Exclusión Social del estado Yaracuy (Iapesey), por incumplimiento de p.a. N° 323/2010 dictada en fecha 5 de octubre de 2010 en el expediente signado con el N° 057-2010-01-00069.
Con la existencia de las referidas providencias administrativas, este sentenciador considera satisfecho el primer requisito de los señalados ut supra y Así se decide.
Con relación al segundo requisito, esto es, i).- que la p.a. haya sido debidamente notificada al empleador a los fines de su cumplimiento e impugnación, ii).- sin que hubiere realizado dicho cumplimiento, no obstante haberse realizado todas las diligencias pertinentes ante la administración emisora del acto a los fines de lograr la ejecución forzosa del mismo, aun cuando las mismas hayan resultado infructuosas.
Consta al folio 96, que la querellante en fecha 8-10-2010 se dio por notificada de la referida P.A. Nº 323/2010 dictada en fecha 5 de octubre de 2010 por la Inspectoría del Trabajo del Estado Yaracuy en el expediente N° 057-2010-01-00069.
Por su parte, del folio 115 del expediente, se constata que fue librada planilla de liquidación de multa, dirigida al instituto querellado en este procedimiento, en cumplimiento a la P.A. N° 069/11 de fecha 25-3-2011 que fuere dictada por la Inspectoría del Trabajo del estado Yaracuy, mediante la cual impuso la sanción de multa a ese instituto, por el incumplimiento de la p.a. N° 323/2010 dictada por ese mismo Despacho en el expediente signado con el N° 057-2010-01-00069, constando igualmente a los folios 117 y 118 del expediente, que en fecha 8-4-2011, el Instituto Autónomo contra la Pobreza y Exclusión Social del estado Yaracuy (Iapesey), fue notificado de la mencionada providencia sancionatoria de imposición de multa.
En otro orden de ideas, al folio 99 del expediente, obra acta levantada en fecha 25-10-2010 por el Jefe de la Sala de Fuero de la Inspectoría del Trabajo del estado Yaracuy, suscrita por la ciudadana M.R.Á., en la que se deja constancia que siendo la oportunidad para verificar el cumplimiento voluntario de la p.a. N° 323/2010, la demandada Iapesey no compareció ni por si ni por medio de apoderado judicial, por tal motivo la Inspectoría del Trabajo acordó aperturar el procedimiento sancionatorio.
En sintonía con lo anterior, a los folios 101 y 102 del expediente, riela inserta un acta de ejecución forzosa, suscrita el 28-10-2010 por las ciudadanas M.R.Á., Yolimar Pinto Mendoza y Williana Escalona, en su condición de trabajadora solicitante del reenganche, Jefe de Sala Laboral de la Inspectoría del Trabajo y Consultor Jurídico de Iapesey, dejándose expresa constancia que “el centro de trabajo supra identificado: se negó, a dar cumplimiento a lo ordenado por este Despacho en cuanto al cumplimiento de la P.A. anteriormente referida”. Asimismo, consta en dicha acta que la representación patronal manifestó que “El Instituto no está presto para reenganchar a la trabajadora en vista de que la posición del mismo Instituto es que no fue un despido”.
De tal manera, que con la notificación del ente patronal de las mencionadas providencias administrativas (esto es, de la p.a. del reenganche y de la que impuso la multa, agotándose con ello el procedimiento sancionatorio previsto en el artículo 647 de la Ley Orgánica del Trabajo), así como del inequívoco interés demostrado por la parte accionante de materializar el cumplimiento de su reenganche y la conducta contumaz desplegada por la parte accionada, se considera satisfecho el segundo de los requisitos indicados y Así se resuelve.
En cuanto al tercer requisito, atinente a la inexistencia de alguna sentencia cautelar que hubiere acordado la suspensión de los efectos del acto administrativo cuya ejecución se solicita a través del amparo constitucional.
De una revisión minuciosa y exhaustiva en los libros de causa de los dos Tribunales de Juicio del Trabajo de este Circuito Judicial del Trabajo, no se observa la existencia de un expediente contentivo de alguna acción de nulidad incoada por el instituto querellado en esta causa, solicitando por vía de una medida cautelar, la suspensión de los efectos de la P.A. Nº 323/2010 que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos intentada por la ciudadana M.R.Á. (folios 92 al 95), ni consta en autos, ninguna sentencia cautelar que hubiera sido dictada por un Tribunal Contencioso Administrativo, antes que de la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa le atribuyera esa competencia a los Tribunales Laborales, así como tampoco consta en autos la existencia de alguna sentencia definitiva que hubiera eventualmente declarado la nulidad de la p.a. que ordenara el reenganche de la aquí accionante en amparo. Por lo tanto, necesario es considerar cumplido el tercer requisito de los señalados anteriormente y así se decide.
Por último, en lo atinente al cuarto requisito, referido al hecho que del incumplimiento de la P.A. cuya ejecución se solicita, se verifique la trasgresión de un derecho constitucionalmente protegido, el mismo se encuentra vinculado con la misma razón de existencia de la institución jurídica del amparo constitucional pues, como es sabido, el amparo constitucional, es una institución tendiente a proteger y garantizar la efectividad de los derechos y garantías estrictamente de naturaleza y rango constitucional.
Al respecto, este sentenciador observa que al existir una P.A., mediante la cual se ordenó el reenganche de la ciudadana M.R.Á. a su puesto de trabajo, así como el correspondiente pago de los salarios caídos, concatenado, con el hecho que la orden contenida en el referido acto administrativo ha sido incumplida por el Instituto Autónomo contra la Pobreza y Exclusión Social del estado Yaracuy (Iapesey), aquí accionado en amparo, incumplimiento éste que se efectuó, tanto en la oportunidad fijada para el cumplimiento voluntario como para el del cumplimiento forzoso, tal y como evidencia de las actas levantadas por la Inspectoría del Trabaja que obran a los folios 99, 101 y 102 del expediente, resulta objetivamente evidenciado en autos, que esa contumacia de la parte querellada Instituto Autónomo contra la Pobreza y Exclusión Social del estado Yaracuy (Iapesey), en dar cumplimiento a la orden contenida en la referida P.A. Nº 323/2010 dictada en fecha 5 de octubre de 2010, le ha sido infringido a la accionante su derecho al trabajo y a la obtención de un salario justo como contraprestación de su trabajo, los cuales se encuentran consagrados en los artículos 87 y 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela respectivamente, pues esa conducta contumaz ha hecho nugatorios los efectos de aquél acto administrativo que ordena su reenganche para que continúe laborando y percibiendo un salario justo en contraprestación a ello. En consecuencia, resulta satisfecha la última de las exigencias de fondo de procedencia del presente amparo constitucional. Así se declara.
Bajo la égida de toda la motivación anteriormente consignada en esta sentencia, con base en los elementos probatorios concretos de autos, y considerando que se cumplen todas las condiciones requeridas para la procedencia de la tutela constitucional solicitada, resulta menester para esta sentenciadora declarar CON LUGAR la presente acción de amparo constitucional, como en efecto se hará de manera expresa, positiva y precisa en su parte dispositiva. Así se decide.
VI
DECISIÓN
En mérito de las anteriores consideraciones este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, actuando en sede constitucional, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
CON LUGAR la acción de amparo constitucional ejercida en fecha 11 de julio de 2011 por la abogado Mimile Silva, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 74.201, en nombre y representación de la ciudadana M.R.Á., titular de la cédula de identidad N° 5.456.086, contra el Instituto Autónomo contra la Pobreza y Exclusión Social del estado Yaracuy (Iapesey), en la persona de su Directora ciudadana Y.L., por la violación de su derecho al trabajo, derecho al salario justo y otros beneficios laborales, consagrados en los artículos 87, 91 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Se ordena al Instituto Autónomo contra la Pobreza y Exclusión Social del estado Yaracuy (Iapesey), como fórmula reestablecedora de la situación jurídica infringida, proceder a cumplir con la P.A. Nº 323/2010 dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Yaracuy.
Se acuerda realizar la notificación, anexándole una copia certificada de la presente sentencia, a la Procuraduría General del estado Yaracuy, con base a lo establecido en el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado Yaracuy, acordándose la suspensión de la causa hasta el momento en que transcurran cuatro (4) días hábiles contados a partir del momento en que conste en autos dicha notificación, luego de lo cual comenzará a computarse el lapso recursivo de ley.
Se acuerda remitir, copia certificada de la misma al Instituto Autónomo contra la Pobreza y Exclusión Social del estado Yaracuy (Iapesey), para que proceda en un lapso no mayor a quince días continuos, contados a partir del momento que conste en autos su notificación y haya vencido el lapso de suspensión arriba mencionado, a realizar los trámites administrativos pertinentes para dar cumplimiento voluntario al presente mandamiento de amparo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el presente mandamiento de amparo deberá ser acatado por todas autoridades de la República.
De conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no hay condenatoria en costas.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy. En San Felipe, a los dos (2) días del mes de mayo del año dos mil doce (2012).
La Juez,
E.C.T.
Noraydeé Reverol
La Secretaria;
En la misma fecha siendo la 11:55 minutos de la mañana, se publicó y registró la anterior decisión, consignándose al expediente con el que se encuentra relacionada.
Noraydeé Reverol
La Secretaria;
