Decisión nº PJ0082013000367 de Juzgado Octavo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 29 de Octubre de 2013

En fecha 23-10-2013, se recibió en este Circuito Judicial de Primera Instancia Civil el presente libelo contentivo de la acción de a.c. interpuesta por el abogado Wiliem Asskoul, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte presuntamente agraviada, ciudadano M.M., suficientemente identificado, en contra de la sentencia dictada en fecha 26-09-2013 por el JUZGADO VIGÉSIMO SEGUNDO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, mediante la cual, entre otras cosas, declaró SIN LUGAR LA CUESTIÓN PREVIA CONTENIDA EN EL ORDINAL 11° DEL ARTICULO 346 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL y CON LUGAR la acción de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR VENCIMIENTO DE LA PRORROGA LEGAL, incoada por los ciudadanos D.M.D.A., A.M.D.A., J.M.M.D.A. y O.F.M.D.A., contra el ciudadano M.M. (hoy accionante en amparo), ambas partes suficientemente identificadas en el cuerpo de esa decisión.

II

DE LA ACCIÓN DE A.C.

La parte presuntamente agraviada fundamenta su acción en las siguientes violaciones a sus derechos constitucionales, supuestamente infringidos en la sentencia accionada:

1. - Violación al debido proceso:

   Al respecto, señala el abogado accionante que la decisión recurrida en amparo admitió, sustanció y decidió una acción contraria a la Ley; tal como fue denunciado por dicha representación a través de la interposición de la cuestión previa contenida en el numeral 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil y que fuera demostrado con los diversos medios probatorios aportados en la secuela del proceso, lo cual fue desestimado por la sentencia cuestionada, inobservando los preceptos legales que rigen la materia arrendaticia.

2. - Violación al derecho a la defensa:

   Igualmente, manifiesta el abogado de la parte presuntamente agraviada que la recurrida violó flagrantemente el derecho a la defensa de su representado, materializado concretamente en las siguientes actuaciones:

   • Al inadmitir injustificadamente la reconvención por él propuesta.

   • Al no dictar la aclaratoria de la sentencia interlocutoria dictada por el A-quo el 25-07-2013.

   • Al omitir pronunciamiento sobre los medios de prueba producidos o falta de apreciación de los mismos.

   • Al omitir pronunciamiento sobre todo lo alegado y probado en autos; es decir, no valoró el contenido del escrito de informes y de conclusiones consignado por su representado.

   Adicionalmente, la representación judicial de la parte accionante solicitó medida cautelar innominada de suspensión de efectos de la ejecución del fallo recurrido, para lo cual invocó que se encuentran plenamente satisfechos los presupuestos legales inmersos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es decir:

1. “Que exista presunción grave del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, y,

2. Que exista presunción grave del derecho que se reclama”. (sic)

   Finalmente, la representación judicial accionante solicitó la admisión de la presente acción de a.c., así como su sustanciación y declaratoria con lugar en la sentencia definitiva; fundamentando la misma en los artículos 25, 26, 27, 49, 257 y 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 4, 5, 17, y 22 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

   III

   COMPETENCIA

   El artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el derecho que tiene toda persona a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Este derecho de amparo se hace valer mediante un Recurso que es de naturaleza extraordinaria, y según la norma antes citada, se tramita mediante un procedimiento que se caracteriza por su oralidad, publicidad, brevedad, gratuidad, y sin sujeción a formalidades. De este modo, la Constitución configura que es la autoridad judicial a quien competente el conocimiento de la solicitud que se haga en este sentido, y en ejercicio de esa atribución puede restablecer la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Para esto, el constituyente previó que todo tiempo es útil y su trámite es preferente a cualquier otro asunto.

   Considera menester este Juzgado pronunciarse acerca de su competencia para conocer la presente acción de A.C.. En este orden de ideas, el Articulo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dispone:

   Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia a fin con la naturaleza del Derecho o de las Garantías Constitucionales violados o amenazados de violación en la Jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivare la acción de amparo

   .

   En caso de duda, se observaran, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón a la materia.

   Sí un Juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia.

   Del Amparo de la Libertad y seguridad personal conocerán los Tribunales de Primera instancia en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en esta ley”. (Subrayado del Tribunal).

   Del contenido del artículo anteriormente transcrito, se evidencia que este Juzgado es competente para conocer acerca de la presente acción de amparo, en virtud que tiene competencia en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrió el hecho, acto u omisión que motivó a la presente solicitud de amparo. En consecuencia, y establecida como ha sido la competencia de este Tribunal, conforme al contenido del artículo 7 de la ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pasa este Despacho a decidir el fondo de este asunto. Y así se declara.

   IV

   CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

   Recientemente, la Sala Constitucional del M.T. mediante sentencia número 993 de fecha 16 de julio de 2013, dispuso “con carácter vinculante” para todos los tribunales de la República que bajo el supuesto en que se interpongan acciones de a.c. en contra de decisiones judiciales definitivamente firmes, el juez constitucional -al momento de revisar la admisibilidad de las mismas- podrá decretar su trámite como de “mero derecho” y pasará inmediatamente a decidir el fondo del asunto, sin necesidad de convocar o celebrar audiencia oral en aras de restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida; todo ello en obsequio a los artículos 26 y 27 del Texto Constitucional.

   Así, la sentencia en referencia señaló lo siguiente:

   (…) la autoridad judicial competente tendrá la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella; de allí que pueda o no hacerse exigible el contradictorio en el procedimiento de amparo, dependiendo ello del hecho de que el juez constitucional estime el procedimiento más conveniente para el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida que es lo medular en la vía del amparo; si ello no fuese así, el amparo carecería de eficacia. Por lo tanto, cuando el mandamiento de amparo se fundamente en un medio de prueba fehaciente constitutivo de presunción grave de la violación constitucional, debe repararse inmediatamente, en forma definitiva, y sin dilaciones la situación infringida, sin que se haga necesario abrir el contradictorio, el cual, sólo en caso de duda o de hechos controvertidos, justificará la realización de una audiencia oral contradictoria. Si ello no fuera así se desvirtuaría la inmediatez y eficacia del amparo.

   En efecto, existen situaciones de mero derecho o de tan obvia violación constitucional que pueden ser resueltas con inmediatez y sin necesidad del previo debate contradictorio porque se hace obvia igualmente la situación jurídica infringida; ¿por qué demorar entonces la restitución de los derechos constitucionales infringidos?

   La Sala considera que el procedimiento de a.c., en aras de la celeridad, inmediatez, urgencia y gravedad del derecho constitucional infringido debe ser distinto, cuando se discute un punto netamente jurídico que no necesita ser complementado por algún medio probatorio ni requiere de un alegato nuevo para decidir la controversia constitucional. En estos casos, a juicio de la Sala, no es necesario celebrar la audiencia oral, toda vez que lo alegado con la solicitud del amparo y lo aportado con la consignación del documento fundamental en el momento en que se incoa la demanda, es suficiente para resolver el amparo en forma inmediata y definitiva.

   Así pues, la Sala considera que la celebración de la audiencia oral en estos tipos de acciones de a.c., en las que se planteen la resolución de puntos de mero derecho, sería antagónico con lo señalado en el artículo 27 de la Carta Magna,

   (Omissis…)

   De modo que, condicionar la resolución del fondo del amparo a la celebración de la audiencia oral sería inútil en aquellos casos en los cuales se intenta el amparo contra una decisión judicial por un asunto de mero derecho o de obvia violación constitucional, toda vez que ello ocasionaría la violación del derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 26 eiusdem, que se concreta en materia de a.c. en el artículo 27 ibidem, debido a que el Estado no garantizaría, en estos casos, una justicia “expedita”.

   Por lo tanto, a pesar de que en anterior oportunidad la Sala, con base en la necesidad de celebrar la audiencia oral contradictoria, negó una solicitud de declaratoria de mero derecho en un procedimiento de amparo (vid. sentencia N° 988 del 15 de octubre de 2010, caso: Clarense D.R.P.), se impone en el presente caso un complemento de la sentencia N° 7/2000 y se establece, con carácter vinculante, que, en las demandas de amparos en las cuales se ventile la resolución de un punto de mero derecho, el Juez constitucional podrá, en la oportunidad de la admisión de la solicitud de amparo, decretar el caso como de mero derecho y pasar a dictar, sin necesidad de convocar y celebrar la audiencia oral, la decisión de fondo que permita restablecer inmediatamente y en forma definitiva la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Así se establece.

   (sic) [Sentencia número 993 de fecha 16-07-2013, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el Expediente Nº 13-0230, con la ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchan].

   En atención a ello, quien suscribe -dando estricto cumplimiento a los principios recogidos en la jurisprudencia precedentemente comentada- procede in continenti a ADMITIR la presente acción de a.c., la cual será tramitada y resuelta como un asunto de MERO DERECHO, pasando seguidamente a sentenciar la misma en los términos siguientes:

   El thema decidendum se circunscribe a determinar si la sentencia dictada el 26 de septiembre de 2013 por el JUZGADO VIGÉSIMO SEGUNDO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, viola o menoscaba los derechos constitucionales denunciados por la parte presuntamente agraviada.

   En este sentido, dicha sentencia textualmente indicó:

   (…) La parte actora, con la presente acción pretende el CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR VENCIMIENTO DEL TERMINO Y PRORROGA LEGAL suscrito entre los ciudadanos M.D.J.D.A. y M.M., el día 1° de febrero de 2009, sobre un inmueble constituido por: “Local Comercial "A", ubicado en San A.d.N., Esquina Callao, Casa Nro. 61, Municipio Libertador del Distrito Capital, "ZAPATERIA EL CALLAO C.A.", cuya naturaleza es determinada, pues alega que el contrato con una duración de un (1) año fijo a partir del 1° de febrero de 2009 hasta el 31 de enero de 2010, tal como lo establece la cláusula segunda de dicho contrato, venció su prórroga legal en fecha 31 de enero de 2013, pues le correspondía tres (03) años conforme al literal “D” del artículo 38 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, al tener más de diez (10) años la relación arrendaticia, siendo que a su vencimiento expiraba el contrato sin necesidad de notificación alguna entre las partes., pidiendo como consecuencia la entrega material de la cosa arrendada.

   A los fines de demostrar sus alegatos, la parte actora trajo a los autos Contrato de Arrendamiento privado suscrito entre las partes, el cual quedó reconocido por la parte demandada, quedando demostrado con el mismo que existe una relación locativa entre las partes, así como las obligaciones asumidas en el contrato y la naturaleza determinada de la relación arrendaticia. Asimismo, la actora trajo a los autos documentos públicos que la acreditan como propietaria del inmueble arrendado, a los cuales se les otorgó valor probatorio. Trajo además Notificaciones practicadas por una Notaría Pública, mediante la cual se le notificó al arrendatario que se encontraba dentro del periodo de prorroga legal, aún cuando según la cláusula segunda de dicho contrato no existía la obligación de notificación alguna.

   Con las pruebas aportadas la actora dio cumplimiento a su carga probatoria, que no es más que demostrar la existencia de la relación de la cual se derivan las obligaciones de la demandada, conforme a lo establecido en los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil que copiados a la letra son del siguiente tenor: Artículo 1.354: “Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación”. Artículo 506: “Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación”.

   Por su parte, la parte demandada en su Escrito de Contestación a la demanda negó, rechazó y contradijo la demanda tanto los hechos como el derecho, admitiendo la relación arrendaticia y la existencia del contrato de arrendamiento fundamento de la presente acción. Rechazó la acción como cumplimiento de contrato por cuanto señala que la relación que une a las partes se indeterminó por tener más de veintitrés (23) años, y que además las notificaciones realizadas fueron írritas, correspondiéndole tres (03) años de prórroga legal, no trayendo a los autos prueba alguna que le favoreciera y enervara la acción instaurada, pues las mismas fueron desechadas por impertinentes.

   Ahora bien, de los hechos alegados por las partes se desprende que la relación arrendaticia entre las partes tuvo una duración de más de diez (10) años y del análisis del contrato traído a los autos, último suscrito por las partes, tal como ambas lo señalan, se desprende que este comenzó a regir el 1° de febrero de 2009, con una duración de un (01) año y culminó en fecha 31 de enero de 2010, sin necesidad de notificación, tal y como se desprende de la cláusula Segunda del contrato sucrito y, del cual se pide su cumplimiento, que señala textualmente: “La duración del presente contrato será de un (1) año fijo contado a partir del primero (1°) de febrero de 2009 al treinta y uno (31) de enero de 2010. Con el vencimiento de dicho periodo, expirará el contrato sin necesidad de notificación alguna entre las partes. En el caso de que el ARRENDATARIO permaneciera ocupando el inmueble, aún vencido el término de duración del contrato, no operará la tacita reconducción, ya que la voluntad de las partes es contratar a tiempo determinado, y si EL ARRENDATARIO continuare ocupando el inmueble, esta ocupación será considerada ilícita y los pagos y las consignaciones que se hicieren a favor de la arrendadora, no serán considerados cánones de arrendamiento de un nuevo contrato, ni tampoco como prorroga de este, sino como parte de pago de los daños y perjuicios causados por el uso indebido e ilegal del inmueble”.

   Analizada la cláusula temporal y el tiempo de la relación locativa bajo estudio se desprende que conforme a la cláusula temporal del contrato de marras le correspondía al arrendatario-demandado, tres (03) años de prórroga legal que comenzó en fecha 1° de febrero de 2010 y culminó el 31 de enero de 2013, pues la relación arrendaticia duró más de diez (10) años Y ASI SE ESTABLECE.

   Establecido como ha quedado y siendo que la parte demandada no trajo a los autos prueba alguna que le favoreciera y enervara la acción instaurada, y, siendo que en el literal “D” del artículo 38 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, que establece: “En los contratos de arrendamiento que tengan por objeto alguno de los inmuebles indicados en el Artículo 1º de este Decreto-Ley, celebrados a tiempo determinado, llegado el día del vencimiento del plazo estipulado, éste se prorrogará obligatoriamente para el arrendador y potestativamente para el arrendatario, de acuerdo con las siguientes reglas:

   d) Cuando la relación arrendaticia haya tenido una duración de diez (10) años o más, se prorrogará, por un lapso máximo de tres (3) años. (…)

   ., siendo entonces evidente que fue superado con creces el tiempo de permanencia en el inmueble por parte del arrendatario, luego de vencida la prórroga legal, y, que además el arrendatario-demandado no trajo a los autos prueba alguna que demostrara ni que la relación arrendaticia se hubiera indeterminado ni que se hubiera prorrogado el contrato de arrendamiento, tal y como lo sostuvo en su contestación, resulta procedente en derecho la acción ejercida.

   De igual manera y siendo que, según lo dispuesto en el Artículo 1.159 del Código Civil el cual señala lo siguiente: “Los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la Ley”, en concordancia con el Artículo 1.167 ejusdem, el cual reza: “En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello”, debiendo el arrendatario al finalizar el arrendamiento la obligación de restituir al arrendador la cosa arrendada en las mismas condiciones que la recibió, tal y como lo dispone el “Artículo 1.594 que señala: “ El arrendatario debe devolver la cosa tal como la recibió de conformidad con la descripción hecha por él y el arrendador, excepto lo que haya perecido o se haya deteriorado por vetustez o por fuerza mayor, debiendo la presente demanda debe prosperar en derecho, Y ASI SE DECIDE.

   V

En mérito a los anteriores razonamientos, este Juzgado VIGÉSIMO SEGUNDO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR LA CUESTIÓN PREVIA CONTENIDA EN EL ORDINAL 11° DEL ARTICULO 346 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y CON LUGAR la acción de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR VENCIMIENTO DE LA PRORROGA LEGAL, incoada por los ciudadanos D.M.D.A., A.M.D.A., J.M.M.D.A. y O.F.M.D.A., contra el ciudadano M.M., ambas partes suficientemente identificadas en el cuerpo de esta decisión. En consecuencia, se condena a la parte demandada a: