Decisión nº 1 de Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 25 de Noviembre de 2008

Valor y mérito jurídico del Escrito de denuncia presentada por el Abogado A.S., en su carácter de Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Civil M.C.C., todo lo cual consta a los folios 1 al 3 y sus vueltos, correspondientes al Expediente Penal Nº LPO1-S-2001-001931, del extinto Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal y Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, por el cual se evidencia que el Ciudadano A.S., en su carácter de Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Civil M.C.C., presentó en fecha 21 de mayo de 1.997, denuncia por ante el Cuerpo Técnico de Policía Judicial del Estado Mérida, en el cual le imputan un desfalco, abriéndose averiguación en su contra.

Valor y Mérito jurídico de los anexos presentados por el Abogado A.S., en su carácter de Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Civil M.C.C., con la denuncia, que corre a los folios 4 al 10 de las copias certificadas, documento público de fecha 22 de julio de 1996. (Acta 72), registrada por ante la Oficina Subalterna del Registro Público del Distrito Libertador del Estado Mérida, bajo el Nº 39, Protocolo Primero, Tomo 9, 3er Trimestre y que evidencia la situación de la administración para el momento en que ingresó a trabajar en M.C.C..

Valor y Mérito jurídico de la Ratificación de la denuncia, realizada por el Abogado A.S., en su carácter de Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Civil M.C.C., como consta a los folios 11 al 12 de las respectivas copias certificadas presentadas, correspondientes al Expediente Penal Nº LPO1-S-2001-001931 actualmente, que corre a los folios 21 al 22 del presente expediente, en la que se evidencia su responsabilidad e imputaciones de desfalco, contra la Asociación Civil M.C.C..

Valor y Mérito jurídico de la Auditoria realizada por Lic. TIBISAY GONALEZ BORRERO, acompañada de la ratificación de la denuncia, realizada por el Abogado A.S., en su carácter de Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Civil M.C.C., cuyo original corre inserto en el Expediente Penal Nº LPO1-S-2001-001931, l a cual fue realizada exclusivamente por la denunciante – acusadora, donde no se presentó balance del activo circulante, no solicitándose estados de cuenta de las distintas entidades financieras de la Empresa Auditada, quienes tampoco solicitaron estados de cuenta en las distintas entidades financiera de la Empresa Auditada, no conciliaron dichas cuentas contra las anotaciones contables. Reconociéndose la impericia y negligencia del Tesorero y la Junta Directiva de la Asociación Civil M.C.C., en el manejo de los recursos de los asociados al no tener controles internos, que es lo mínimo que pueden tener los que manejan dinero de otros, por lo que son responsables conforme a los artículos 52, 57.b, c, d, m, 59, 63, de los Estatutos Sociales de M.C.C., si existiese algún faltante.

Valor y Mérito jurídico de la EXPERTICIA CONTABLE realizada por Lic. ELIZABETH MARQUEZ PEÑA y LINDA IRENE MEDINA BELLO, expertos contables adscritas a la Delegación de M.d.C.T.d.P.J., practicada en M.C.C.; que consta en original en el Expediente Penal Nº LPO1-S-2001-001931.

Valor y Mérito Jurídico de las Declaraciones rendidas ante el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, en el Expediente Penal Nº LPO1-S-2001-001931, por los ciudadanos: Y.J.T.C., quien es yerna del denunciante Á.S., el cual a pesar de ser PRESIDENTE de la Junta Directiva, permitió la contratación de esta en contravención al literal k, artículo 57 de los Estatutos Sociales.

Valor y Mérito Jurídico de la Acusación formal realizada por la Abogada en ejercicio L.C., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad V- 3.524.029, inscrita en el Inpreabogado 10.556, de este domicilio y jurídicamente hábil, actuando como Apoderada Judicial del M.C.C., quien en tal carácter le acuso formalmente por los delitos de estafa y apropiación indebida calificada.

Valor y Mérito Jurídico del Acta del Acto público de Cargos, de fecha 14 de julio de 1998, en la cual se dejo constancia de los presentes y que no estuvo presente la parte acusadora, Abogada L.C. en nombre y representación de M.C.C.. Lo que evidencia un desistimiento de la acusación penal presentada.

Valor y Mérito Jurídico de la Sentencia pronunciada por el Tribunal de la causa (Penal), que consta a los folios 393 al 395 y vueltos de las copias certificadas, del Expediente Penal Nº LPO1-S-2001-001931, sobre la apelación interpuesta por la Abogado L.C., en su carácter de Apoderada Judicial del M.C.C., en la cual se declara: A) Desistida la acción penal; B) No hay materia sobre la cual decidir y C)Niega la solicitud hecha por la Abogada L.C. (Folio 135 al 139 del expediente).

NOVENA (SIC): Valor y Mérito Jurídico del Recurso de hecho ejercido por Abogada L.C., en su carácter de Apoderada Judicial del M.C.C., en fecha 28 de julio de 1998, el cual fue declarado sin lugar en fecha 31 de julio de 1998.

Valor y Mérito Jurídico de la Decisión del Recurso de Hecho, intentado por la Abogado L.C., en su carácter de Apoderada Judicial del M.C.C., emitida por el Juzgado Superior Segundo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, de fecha 31 de julio de 1998, en la que se declaró “NO HA LUGAR EL RECURSO DE HECHO”… (Omissis)… POR NO EXISTIR MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR.

Valor y Mérito Jurídico de la Acusación Privada realizada por el abogado Á.S.B., asistido por el Abogado L.C., en su contra por el delito de Apropiación Indebida Calificada Continuada, en fecha 6 de agosto de 1998, siendo aceptado como acusador privado por el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal y Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 14 de agosto de 1998.

Valor y Mérito Jurídico de los Permisos solicitados y presentados en diferentes fechas ante el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal y Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, por estar sometida a medida limitativa de libertad.

Valor y Mérito Jurídico del Poder Apud Acta, de fecha 27 de septiembre de 1998, otorgado por el Ciudadano A.S., como persona natural a la Abogado L.C.d.M., para que lo represente en la acusación penal que por apropiación indebida calificada continuada tenía intentada contra la ciudadana M.d.l.M.R., donde se evidencia y ratifica su voluntad de acusarme penalmente.

Valor y Mérito Jurídico de la Constancia, emitida por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Penal y Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, que evidencia la limitación a la cual dice haber estado sometida.

Valor y Mérito Jurídico de Acto público de informes, en la cual se hace una explicación importante a su defensa, ante el reiterado hecho que los Codemandados en la contestación a la demanda, continúan atribuyéndole el delito de supuesto desfalco, continuando cometiendo un ilícito que amerita reparo, por abuso del derecho que les fue conferido, por la sola circunstancia de tener dinero y poder, a pesar de existir sentencia definitivamente firme, donde se le declaró absuelta de los hechos imputados.

Valor y Mérito Jurídico de la Sentencia dictada en Primera Instancia de Jurisdicción por el Juzgado Primero de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio Subrogado, en fecha 21 de marzo de 2001, en la cual se le absuelve del supuesto delito imputado en su contra

Valor y Mérito Jurídico de la Apelación de la sentencia de fecha 29 de marzo de 2001, interpuesta por la abogado L.C., donde presenta escrito de contestación a la apelación, la cual fue declarada inadmisible, intentando contra esa decisión recurso de revocación, el cual fue igualmente declarado inadmisible.

Valor y Mérito Jurídico de la declaración rendida en fecha 4 de febrero de 1998, ante el Cuerpo Técnico de Policia Judicial (PTJ), donde consta su declaración, donde consta su declaración como supuesto testigo, donde igualmente quedo demostrado que no presentaba Registros Policiales ni antecedentes penales.

DÉCIMA OCTAVO (SIC): Valor y Mérito Jurídico de la Sentencia de la Corte de Apelaciones declarando inadmisible la apelación de L.C., lo que evidencia el abuso del derecho alegado, ya que si bien es cierto han hecho uso de un Derecho, se han extralimitado de acuerdo a la finalidad social del derecho otorgado.

Valor y Mérito Jurídico de la Sentencia por el Recurso de Nulidad interpuesto por la abogado L.C., siendo declarado inadmisible por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

Valor y Mérito Jurídico del Recurso intentado por el abogado Á.S., en su propio nombre, en fecha 15 de abril de 2002, ante la Sala de Casación Penal, el cual fue declarado improcedente, en fecha 14 de mayo de 2002, como consta de copia certificada anexa, donde se demuestra una vez mas el abuso de derecho por parte del abogado A.S., en intentar distintos recursos, legales pero improcedentes e inadmisibles, con la sola intención de prorrogar un juicio que tenía perdido, pero debido a sus aspiraciones de presidir nuevamente el M.C.C., pretendía mantener activo.

Valor y Mérito Jurídico del ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS PROPIETARIOS, Nº 074, de fecha 16 de Julio de 1998, registrada por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Libertador del Estado Mérida, bajo el Nº 15, Tomo 12, Protocolo Primero, 3er Trimestre, en la cual consta que realizada la Asamblea de Socios, sobre los aspectos legales, no se indicó nada sobre la denuncia y acusación presentada por el Presidente saliente contra M.R., además el Tesorero del Club, Dr. J.B., presentó Balance, presentó el Balance General y Estado de Ganancias y Perdidas, en la cual no se reflejo, ningún faltante o desfalco, siendo aprobado por amplía mayoría.

Valor y Mérito Jurídico del ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS PROPIETARIOS, Nº 083, de fecha 17 de Julio de 2002, Registrada por ante la Oficina Subalterna del Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, bajo el Nº 20, folios 102 al 107, Tomo 7, Protocolo Primero, 3er Trimestre, documento público que evidencia la conformación de la Junta Directiva, y la aprobación de la gestión administrativa, el informe, las cuentas y los estados financieros presentados por la junta directiva.

Valor y Mérito Jurídico del ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS PROPIETARIOS, Nº 086, de fecha 14 de Diciembre de 2004, registrada por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, donde se evidencia la reunión de socios para tratar el punto relacionado con la acción judicial intentada contra el Club, donde reconocen haber denunciado y acusado a M.R., por un supuesto desvío de dinero, en la caja de ahorros del club, que según ellos arrojó un faltante.

Valor y Mérito Jurídico del ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE (SIC) EXTRAORDINARIA SOCIOS PROPIETARIOS, Nº 079, de fecha 27 de Abril de 2000, registrada por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, bajo el Nº 7, folio 36 al 53, Tomo 15, Protocolo Primero, 3er Trimestre, donde consta la reforma de los Estatutos Sociales de la Asociación Civil M.C.C..

Valor y Mérito Jurídico de los recibos relacionados con la asistencia jurídica por parte de sus abogados asistentes.

Valor y Mérito Jurídico de la venta de un vehiculo de su propiedad, realizada en fecha 25 de Enero de 2002, otorgado por ante la Notaria Pública Cuarta del Estado Mérida quedando inserto bajo el Nº 24, Tomo 4, de los libros respectivos, por la cantidad de DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 2.000.000), para cubrir los gastos de manutención de sus hijos.

Valor y Mérito Jurídico del Auto de fecha 03 de Abril de 1998, del extinto Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal y Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en la cual se tiene como parte acusadora a la Abogado L.C..

Valor y Mérito Jurídico del Informe pericial Contables, presentado por E.M.P., funcionaria de CTPJ, Expediente Penal Nº LPO1-S-2001-001931, así como la prueba grafotécnica que corre agrega a determinados folios del mismo expediente; done se puede constatar que no existe desfalco alguno, por cuanto la funcionaria determinó claramente como eran hechos los depósitos y que los supuestos faltantes eran depositados por cheques canjeados por caja, pero en todo caso depositados a M.C.C., determinándose igualmente que otras diferencias corresponden a gastos de oficina.

Valor y Mérito Jurídico de la Intimación de Honorarios Profesionales, realizada por el abogado A.E.P.C., por haber fungido como defensor en algunas actuaciones del juicio penal, donde se demuestra la cantidad de dinero por la cual me encuentro demandada, por motivo de Cobro de Honorarios pertenecientes al abogado defensor en razón de una falsa denuncia.

Al respecto es importante señalar, que aún cuando de trata de procesos judiciales relacionados con el área penal, las mismas pueden ser trasladadas a los procesos civiles para ser apreciadas, siempre que se haya respetado el derecho constitucional de la defensa traducida en contradicción y control de la prueba. En este sendito y por cuanto el Tribunal observa que las pruebas documentales promovidas por la parte actora son perfectamente válidas, razón por la cual este Tribunal le otorga pleno valor probatorio, a tenor de lo establecido en los artículos 1357, 1359 y 1924 del Código Civil,, para dar por demostrado su objeto, el cual es la presentación y tramitación de denuncia presentada por el Abogado A.S., en su carácter de Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Civil M.C.C., todo lo cual consta a los folios 1 al 3 y sus vueltos, correspondientes al Expediente Penal Nº LPO1-S-2001-001931, del extinto Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal y Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, la cual finalizó con sentencia donde se declaró absuelta a la demandante de autos. Y así se decide

CAPITULO II. TESTIFICALES:

Promueve la declaración de los ciudadanos CIOLY J.Z., W.V.V., L.M.P., J.B.F. Y D.M.P.D.F., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad V- 8.080.441, 8.089.958, 8.024.789, 4.811.930 y 4.491.374, domiciliados en la ciudad de M.E.M. y hábiles, quienes depondrán sobre el daño moral y material que le fue causado por los Abogados Á.S. y M.C.C. y la situación en que se encontraba para 1998.

1. - A la testigo CIOLY J.Z., no se valora como testigo por cuanto no rindió su declaración correspondiente. Y así de declara

2. - W.V.V., rindió su declaración por ante el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 19 de Mayo de 2005. (Vuelto del folio 946 y folio 947). Al mencionado testigo este Tribunal no le otorga valor probatorio, pues al analizar su declaración, se constató que el mismo incurrió en contradicción y no fue conteste en las respuestas dadas, sobre las circunstancias de lugar, modo y tiempo alegada por la parte actora, así tenemos: Al preguntarle si conocía a la Señora M.R., contestó: “Si la conocí en Marzo de 1.998, me la presentó un amigo.” Al preguntarle si logró conseguir el dinero prestado a la señora M.R., respondió; “Si, logre conseguirle TRES MILLONES y puso en garantía un carrito SIERRA NEGRO y firmo unas letras”. A la pregunta relativa a sí la señora M.R. canceló el préstamo del que habla, respondió: “Si lo canceló dio un carro y unas prendas o joyas que es lo mismo y lo (sic) volví (sic) haber (sic) angustiadas y desesperada” Al preguntarle si sabía que la señora M.R. estuvo detenida por un delito que no cometió, respondió: “No le se decir porque ella no me hablo de que (sic) estuvo detenida solo fue a pedirme un favor para un problema que tenía o que estaba pasando en ese momento la vi muy angustiada y deprimida lloro” Y así de declara

3. - L.M.P., rindió su declaración por ante el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 19 de Mayo de 2005. (Vuelto del folio 947 y folio 948). Al mencionado testigo este Tribunal no le otorga valor probatorio, pues al analizar su declaración, se constató que el mismo incurrió en contradicción y no fue conteste en las respuestas dadas, sobre las circunstancias de lugar, modo y tiempo alegada por la parte actora, así tenemos: Al preguntarle si conocía a la Señora M.R., contestó: “Si la conozco.” Al preguntarle de donde conocía a la Señora M.R., manifestó: “La conocí porque coincidimos en varias ocasiones en la oficina de la DOCTORA ROSA RINALDI”. Al repreguntarle en que fecha conoció a la señora M.R., contestó: “Yo la conocí entre los años 88 y 89, pero tuve trato realmente en el año noventa y uno y noventa y dos.” Y así de declara

4. - J.B.F., rindió su declaración por ante el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 23 de Mayo de 2005 y 26 de Mayo de 2005. (Vuelto 949 al 950, y folio 952). Al mencionado testigo este Tribunal no le otorga valor probatorio, pues al analizar su declaración, de constató que el mismo incurrió en contradicción y no fue conteste en las respuestas dadas, sobre las circunstancias de lugar, modo y tiempo alegada por la parte actora, así tenemos: Al preguntarle si conocía a la Señora M.R., contestó: “Si la conozco.” Al preguntarle cuando conoció a la señora M.R., porque motivo la conoció y en que estado de ánimo la vió, contestó: “Yo la conocí a través de un amigo que me la presentó y me pregunto si yo le podía prestar un dinero que ella necesitaba para pagar, al preguntarle yo que porque cantidad me comentó que era tres MILLONES DE BOLVARES y era para salir de un problema”. A la repregunta del nombre del amigo que lo llevo a conocer a la señora M.R., respondió: “WILLIAN GONZALEZ”. A la repregunta relacionada con la forma como la señora M.R., cancelo el dinero del préstamo, respondió: “De la misma manera como yo se lo entregue en efectivo”. A la pregunta si la abogado R.R. es su asesor legal y es quien elabora y redacta sus documentos, señalo: “Si en estos momentos es mi asesora legal, es mi abogada y tengo un juicio” Y así de declara

5. - D.M.P.D.F., rindió su declaración por ante el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 02 de Junio de 2005. (Folio 954 al 955). A la anterior declaración este juzgado no la valora, por cuanto del computo dictado por este Tribunal en fecha 20 de junio de 2005, que obra a los folios 963 y 964, se desprende que su declaración fue hecha extemporáneamente, pues se encontraba totalmente vencido el lapso de evacuación de pruebas. Y así se declara

CAPITULO III. PRUEBA DE INFORMES

De conformidad con lo establecido en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, solicita requerir de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, asunto Nº LGO1-R2001-000013, legajo 43, el cual se encuentra con orden de Archivo en dicho Tribunal, a fin que informe a este Tribunal sobre la Auditoria realizada por la Lic. TIBISAY GONZALEZ BORRERO, en su carácter de Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Civil M.C.C., igualmente que informe a este Tribunal sobre la Auditoria o Informe Pericial Contable realizada en M.C.C., en el lapso comprendido desde el 01-07-96 al 06-02-97, realizado por E.M.P. y L.I.M.B.. Y así se declara

A los folios 761 al 878, y de los folios 977 al 1061, obran copias debidamente certificadas procedentes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, asunto Nº LGO1-R2001-000013, legajo 43, relacionado con la Auditoria realizada por la Lic. TIBISAY GONZALEZ BORRERO, en su carácter de Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Civil M.C.C., así como la Auditoria o Informe Pericial Contable realizada en M.C.C., en el lapso comprendido desde el 01-07-96 al 06-02-97, realizado por E.M.P. y L.I.M.B., razón por la cual de conformidad con lo establecido en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, se le otorga pleno valor probatorio para dar por demostrado el objeto alegado por la parte actora. Y así de declara

De conformidad con el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, solicita oficiar al Juzgado de Transición Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, para que informe sobre el estado en que se encuentra el Juicio Laboral Nº 24.486, legajo Nº 161, que cursaba por ante el Juzgado de Primera Instancia del Transito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, quiénes son sus partes y cuál es el motivo del mismo y de haberse producido sentencia que envié las resultas del mismo.

El tribunal de la revisión de las actas que conformen el presente expediente observa que la mencionada prueba, fue debidamente admitida por este Tribunal, tal como se desprende del auto de admisión que obra a los folios 715 al 719, ordenándose oficiar al Juzgado de Transición Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con oficio Nº 275, sin embargo la misma nunca llegó, y tomando en consideración que la carga de la prueba le correspondía a las partes en el juicio, para demostrar o debatir los hechos alegados por la parte promovente, es por lo que este Tribunal no valora la mencionada prueba. Y así se decide

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDA:

DOCUMENTALES

1. - Declaración rendida ante el Cuerpo Técnico de Policía Judicial por parte de los ciudadanos: Y.J.T.C., A.Z.G., N.J.P.D.O., J.R.R., R.O.M.V., I.T.G.B., J.O.R., en cuyos testimonios de evidencia que la actora Morelia de la M.R., en su carácter de Administradora y Jefe de Oficina, sí manejaba dinero en efectivo y no permitía el acceso a ninguna otra persona para revisar los ingresos del M.C.C.; igualmente se evidencia que en la Administración del Club a cargo de la demandante, se comprobó la existencia de recibos de pago que no habían sido ingresados a caja y por ello se procedió a realizar un Informe de Auditoria donde se detectó un faltante de dinero.

2. - Declaración rendida por la demandante, M.d.l.M.R., ante el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, donde consta la contradicción en la cual incurre la actora, al manifestar inicialmente que ella nunca manejó dinero en efectivo y posteriormente al ser interrogada expreso que ella sí recibía dinero en efectivo y cheques de manos del mensajero que éste le entregaba como parte de pago que le hacían al M.C.C..

3. - Actuaciones inherentes al auto de detención dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, dictado en fecha 18/02/1998, contra la ciudadana M.d.l.M.R., que demuestra la existencia de pruebas fehacientes y fundados indicios de culpabilidad de la ciudadana M.d.l.M.R., en la comisión del delito de apropiación indebida calificada, que condujeron a la Jueza Primera de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida a decretar su detención, por lo que se debe concluir que en ningún caso se trató de una falsa denuncia contra la demandante, como errónea y temerariamente lo afirma ésta.

4. - Escrito de formulación de cargos contra M.d.l.M.R., presentado por el Fiscal Primero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, cuyo escrito demuestra que dicho funcionario encontró pruebas suficientes que involucran a la actora como culpable del delito de apropiación indebida, por lo que el Fiscal del Ministerio Público no sólo formuló cargos sino que solicitó además aumento de pena, ello evidencia que la denuncia formulada tenía fundamentos reales y serios.

5. - Recibos suscritos por la abogada R.R.C., que demuestran los artificios de que (sic) se vale la actora M.R., cuyo hábito es utilizar la mentira para defenderse, pues la totalidad de los recibos inherentes al cobro de honorarios profesionales están únicamente suscritos por su abogado R.R.C., pese a que en el Juicio Penal actúo además de ésta, otro abogado, cuyos recibos están elaborados con un mismo tipo de letra a pesar que existe diferencia en cuanto a la supuesta fecha de expedición, sin especificar.

6. - Escritos presentados ante los tribunales penales por el abogado A.E.P.C., que al igual que lo señalado anteriormente prueban los artificios usados por la actora, quien ante la exigencia del mencionado abogado para que le cancelara lo correspondiente a sus honorarios profesionales, aquella en ningún momento se los canceló sino que le entregó como parte de pago, un vehiculo de su propiedad posteriormente denunció ante la Fiscalía del Ministerio Público, que dicho abogado se había apropiado en forma indebida del mencionado vehiculo.

Al respecto es importante señalar, que aún cuando de trata de procesos judiciales relacionados con el área penal, las mismas pueden ser trasladadas a los procesos civiles para ser apreciadas, siempre que se haya respetado el derecho constitucional de la defensa traducida en contradicción y control de la prueba. En este sentido y por cuanto el Tribunal observa que las pruebas documentales promovidas por la parte actora son perfectamente válidas, es por lo que este Tribunal le otorga pleno valor probatorio, a tenor de lo establecido en los artículos 1357, 1359 y 1924 del Código Civil,, para dar por demostrado su objeto, que la denuncia que se presentó por ante el Tribunal Penal no fue infundada, sino en base a fundamentos responsables y serios, por tanto no se trata de una falsa denuncia. Y así se decide

Valor probatorio del documento consistente en la renuncia presentada y suscrita por la actora, en fecha 06/02/1997, la cual se produjo después que se detecto y determino un faltante en los ingresos del Club, por lo cual Á.S. procedió a entrevistarse con ésta, a quien le reclamo tales irregularidades cometidas por ella como Administradora y Jefa de Oficina, con esa renuncia se refleja una conducta de mea culpa de la actora y demuestra las innumerables contradicciones en las que incurre la misma al citar en el libelo de demanda diferentes fechas de su reclamar y además evidencia lo contradictorio del pedimento de la actora al reclamar por concepto de daños materiales que titula: “privación de un incremento ulterior” de su patrimonio, cuando ella misma, al verse descubierta del desfalco cometido en perjuicio del M.C.C. procedió a renunciar del Trabajo el 06 de febrero de 1997, y no el 12 de febrero de 1999, como lo afirma en la demanda, lo que hace improcedente la reclamación por tal concepto.

A la anterior prueba este Tribunal no le otorga valor probatorio, por ser una prueba capciosa e impertinente al merito de la causa, toda vez que la parte demandada no puede deducir ni probar el hecho que la parte actora ciudadana M.R., al verse descubierta del desfalco cometido en perjuicio del M.C.C. procedió a renunciar del Trabajo el 06 de febrero de 1997, y no el 12 de febrero de 1999, demostrando con esa renuncia una conducta de mea culpa de la actora, así como las innumerables contradicciones en las que incurre la misma. Y así se declara.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

V

El daño moral es, por exclusión, el daño no patrimonial que recae en los valores espirituales o en valores que pertenecen más al campo de la afección que de la realidad material económica. El daño moral es la lesión ocasionada en los bienes no económicos de una persona o la repercusión afectiva desfavorable producida por los daños materiales, es la lesión a los sentimientos del hombre que por su inmaterialidad no son susceptibles de una valoración económica. Por su parte hablamos de daño material, aquel que directa o indirectamente afecte su patrimonio, vale decir, aquellos bienes (cosas o derecho) susceptibles de valoración económico.

El artículo 1.185 del Código Civil establece:

El que con intención, o por negligencia, o por imprudencia, ha causado un daño ha otro, está obligado a repararlo.

Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo, en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho

Por su parte el artículo 1.196, señala:

La obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito.

El Juez puede, especialmente, acordar una indemnización a la víctima en caso de lesión corporal, de atentado a su honor, a su reputación, o a los de su familia, a su libertad personal, como también en el caso de violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte lesionada.

El Juez puede igualmente, conceder una indemnización a los parientes, afines, o cónyuge, como reparación del dolor sufrido en caso de muerte de la víctima

En relación al caso de autos es oportuno señalar que la Sala de Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 10 de Octubre de 2007, en el caso A.J. Santos contra C.A. Hidrológica de la Región Capital (DIFROCAPITAL), recopilada en la Jurisprudencia Ramírez & Garay, Tomo CCXLVIII 2007, Octubre, (1766-07 b.), se estableció lo siguiente:

En cuanto al supuesto daño causado con ocasión a la detención preventiva efectuada por los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas (CICPC), en virtud de la denuncia interpuesta por la representante de HIDROCAPITAL, esta Sala observa:

El apoderado actor expone en su escrito de demanda, lo siguiente:

Por su parte, la representación judicial de HIDROCAPITAL, en la oportunidad de dar contestación a la demanda, alego que su mandante “…no tiene injerencia ni jerárquica alguna en los actos que despliegue el Cuerpo Técnico de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas, institución adscrita a autoridades de otro Poder Público, distinto (…) de esta empresa.”

Al respecto, esta Sala mediante sentencia Nº 02259 del 18 de octubre de 2006, Caso: A.J.M.E. contra la sociedad mercantil PDVSA Petróleo, S.A., estableció lo siguiente:

…la conducta expuesta como dañosa está referida concretamente a la denuncia realizada por la empresa ante los órganos de investigación penal por la presunta comisión de un hecho punible.

En la misma línea argumentativa, se observa que (…) en el vigente Código Orgánico Procesal Penal (…) se establece la competencia de los órganos de administración penales como los encargados de investigar los hechos punibles, así como de establecer su autoría y las responsabilidades a que hubiera lugar.

Así, para el momento en que se presentó la acusación, ya era el Ministerio Público el titular de la acción penal, el cual, con la participación de los órganos jurisdiccionales con competencia en la materia penal, se encargaba de sustanciar y tramitar el procedimiento jurisdiccional, a efectos de obtener una sentencia condenatoria o una absolutoria conforme a los requerimientos sociales de castigo a las conductas delictuosas, o declaratoria de inocencia de los imputados.

A tal efecto, el Código Orgánico Procesal Penal, actualmente vigente, establece lo siguiente:

Artículo 11. Titularidad de la acción penal…

Artículo 24. Ejercicio…

Artículo 283. Investigación del Ministerio Público…

Artículo 284. Investigación de la Policía…

Al respecto, la jurisprudencia de esta Sala ha sido pacífica y consistente en lo referente a la procedencia de indemnización por daños derivados de denuncias penales; en este sentido ha establecido:

Del análisis de las citadas normas, se desprende que tanto bajo el amparo del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal como del vigente Código Orgánico Procesal Penal, ha sido intención del legislador exonerar de todo género de responsabilidad al denunciante, frente al denunciado, cuando de su parte no haya mediado mala fe o no se haya comprobado la falsedad de los señalamientos que haya realizado.

En este sentido, observa la Sala que, de acuerdo a las anteriores precisiones, en el presente caso a la parte actora no le asiste el derecho de recibir indemnización alguna de la demanda, toda vez que la denuncia que formulara en su oportunidad, no ha sido declarada jurisdiccionalmente como falsa o como efectuada de mala fe, así como tampoco implicó imputación directa de un delito al hoy demandante; en consecuencia, el actor no podía, bajo el contexto planteado en el escrito libelar, reclamarle a la empresa CANTV el pago de los daños y perjuicios que dice haber sufrido

. (Caso: Chazali Abodon Fandy vs. CANTV, del 9 de noviembre de 2005.)

En armonía con lo anteriormente expuesto, es una condición prejudicial para la declaración de la responsabilidad civil de un denunciante, que sea declarada la mala fe en la denuncia o, en su caso, demostrada la simulación de un hecho punible para que prospere la solicitud de indemnización.

(Vid. Sentencia Nº 02259 del 18 de octubre de 2006)

(..).

Partiendo del anterior criterio jurisprudencial, esta Sala observa que en el caso de autos no consta de las actas que conforman el expediente, prueba alguna de que (sic) la denuncia interpuesta por la Asesora Jurídica de HIDROCAPITAL, ciudadana…, hubiese sido de mala fe, maliciosa o que se hubiese simulado la comisión de un hecho punible, lo cual, se reitera, es fundamental para sostener la responsabilidad de la accionada en el caso de autos.

Asimismo, la parte actora tampoco aportó al proceso prueba alguna tendente a corroborar que el supuesto hostigamiento y trato inhumano recibido con ocasión a su detención haya sido responsabilidad de la referida empresa hídrica. Por lo tanto, esta Sala declara improcedente el alegato del apoderado judicial de la parte demandada sobre ese particular. Así se declara…

Exp. Nº 2003-1103 – Sent. Nº 01663.

Ponente: Magistrado Dr. Hadel Mostafá Paolini

Como se puede apreciar, la citada jurisprudencia señala que para accionar cualquier reclamación como indemnización por daños y perjuicios causados con ocasión de una acción penal, debe haber sido declarada por la Jurisdicción Penal, la mala fe en la denuncia o, en su caso, demostrada la simulación de un hecho punible para que prospere la solicitud de indemnización por presuntos daños y perjuicios, así como prueba alguna que tienda a corroborar que el hostigamiento y trato inhumano que dice haber recibido con ocasión a su detención, haya sido responsabilidad de la parte demandada en el presente juicio; elementos que como quedo demostrado en los autos no se encuentran cumplidos, razones suficientes para este Juzgador para declarar improcedente la presente acción de Cobro de Bolívares por Daños y Perjuicios, como será establecido en la dispositiva del presente fallo.

En merito de las consideraciones que anteceden este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, LA CONSTITUCION Y SUS LEYES, resuelve:

IMPROCEDENTE la demanda por RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS, incoada por la ciudadana M.D.L.M.R., asistida por el abogado R.R.C., contra la Sociedad Civil M.C.C. EN LA PERSONA DE SU PRESIDENTE LIC. L.R. MORAN Y SOLIDARIAMENTE EL ABG. A.S.B.. Y ASI SE DECIDE

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal no hace mención especial sobre la condenatoria en costas. Y ASI SE DECIDE

Por cuanto la presente decisión se pública fuera del lapso legal establecido, de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, se ordena notificar a las partes mediante boleta, haciéndoles saber que los lapsos para que ejerzan los recursos que consideren pertinentes, comenzaran a discurrir en el primer día de despacho siguiente, pasados que sean diez días consecutivos a tenor de lo previsto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil; una vez obren agregadas a los autos la última de las notificaciones ordenadas. Líbrense las correspondientes boletas. Y ASÍ SE DECIDE

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y DEJESE COPIA CERTIFICADA PARA LA ESTADISTICA DEL TRIBUNAL. DADA, FIRMADA, SELLADA Y REFRENDADA EN LA SALA DEL DESPACHO DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA, en Mérida, a los 25 de Noviembre de 2008. (FDO) EL JUEZ ABG. J.C. GUEVARA (FDO) LA SECRETARIA ABG. AMAHIL ESCALANTE NEWMAN