Decisión de Juzgado Primero de Juicio del Trabajo de Lara (Extensión Barquisimeto), de 28 de Enero de 2014
| Fecha de Resolución | 28 de Enero de 2014 |
| Emisor | Juzgado Primero de Juicio del Trabajo |
| Ponente | José Manuel Arraiz Cabrices |
| Procedimiento | Nulidad De Acto Administrativo |
P O D E R J U D I C I A L
En su nombre, el
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE JUICIO DEL TRABAJO
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA
dicta sentencia interlocutoria con fuerza definitiva
ASUNTO: KP02-N-2012-000227 / MOTIVO: NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS
PARTE DEMANDANTE: NESTLÉ VENEZUELA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 26 de junio de 1957, bajo el Nº 23, tomo 22-A.
APODERADA JUDICIAL DE LA DEMANDANTE: A.V., inscrita en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el Nº 117.626.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO: P.A. S/N, emanada de la Inspectoría del Trabajo P.P.A.d.E.L., de fecha 29 de febrero de 2012 en procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos intentado por el ciudadano C.A.P. contra NESTLÉ VENEZUELA, C.A., en expediente Nº 025-2011-01-195.
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M O T I V A
En fecha 04 de mayo del 2012, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos No Penal de Barquisimeto, escrito contentivo de demanda de nulidad de acto administrativo de efectos particulares (folios 1 al 23 de la primera pieza), el cual lo remitió previa distribución por el sistema informático JURIS 2000 a éste Tribunal, que lo dio por recibido el 08 de mayo de 2012 (folio 153 de la primera pieza) y ordenó subsanar el libelo, cumplido el mismo, lo admitió el 11 del mismo mes y año con todos los pronunciamientos de Ley (folios 105 y 106 de la primera pieza).
Consignadas en autos las compulsas respectivas, se libraron las notificaciones que ordena la Ley (folios 158 al 165 de la primera pieza), estando el asunto en fase de notificación.
Posteriormente, en razón de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, este Tribunal dictó sentencia el 18 de mayo de 2012 declarando la existencia de una cuestión prejudicial, hasta que el actor consigne la certificación del cumplimiento de la p.a. impugnada, a los fines de continuar con el presente juicio, conforme lo previsto en el Artículo 425, Nº 9, eiusdem (folios 166 al 168 de la primera pieza).
De dicha decisión la parte actora apeló, lo cual se oyó en un solo efecto y se remitieron las actuaciones correspondientes al Juzgado Superior Segundo del Trabajo de esta Circunscripción Judicial que declaró el 28 de septiembre de 2012 sin lugar el recurso ejercido (folios 45 al 48 de la segunda pieza).
Transcurrido más de un año, luego que se decretara la cuestión prejudicial (18/05/2012), la parte actora en fecha 11 de noviembre de 2013 (folio 106 de la segunda pieza), presentó escrito señalando que ha solicitado en varias oportunidades a la autoridad administrativa del trabajo se traslade para constatar el reenganche del trabajador, de lo cual no consignó prueba en el que se verifique lo afirmado; posteriormente, consignó copias de los escritos presentados ante la Inspectoría del Trabajo (folio 115 de la segunda pieza), pero no se demuestra la omisión del Inspector de cumplir con la verificación del mismo, ni existe prueba de que el trabajador se incorporó a su puesto de trabajo y se mantiene actualmente ejerciendo sus funciones dentro de la entidad de trabajo, no cumpliendo con la carga prevista en la sentencia de prejudicialidad decretada.
De igual forma, en fecha 15 de noviembre de 2013 la representación del Ministerio Público consignó escrito solicitando se decretara la perención de la instancia, ante la falta de interés del actor en la continuación del juicio por más de un año contados desde el 18 de mayo de 2012 (fecha en la que se dictó la sentencia) y el recurso ejercido por la demandante (folio 187 de la primera pieza), hasta su posterior diligencia en fecha 11 de noviembre de 2013.
En razón de ello, el Tribunal insistió del actor consignara en autos las pruebas en la que se verifique las actuaciones realizadas ante la Inspectoría del Trabajo, las cuales no fueron suficientes para verificar la omisión de la autoridad administrativa del trabajo en verificar el reenganche, ni elementos que indiquen que el trabajador se encuentra actualmente laborando en la entidad de trabajo (folio 107 de la segunda pieza).
Al respecto, el Artículo 29 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, establece que las partes para actuar en la Jurisdicción Contencioso Administrativa deben tener un interés jurídico actual; situación similar a la prevista en el Artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, que señala el interés procesal del actor para proponer una demanda.
Ahora bien, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en numerosas sentencias (ver por todas: Sentencia Nº 956-01, 01-06, ratificadas en las decisiones Nº 1.153, de 8 de junio de 2006 y Nº 292 de 27 de abril de 2010), se ha pronunciado sobre el interés procesal de las partes en juicio, señalando que:
Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez.
Sin embargo, al ejercerse la acción puede fingirse un interés procesal, o éste puede existir y luego perderse, por lo que no era necesario para nada la intervención jurisdiccional.
En ambos casos, la función jurisdiccional entra en movimiento y se avanza hacia la sentencia, pero antes de que ésta se dicte, se constata o surge la pérdida del interés procesal, del cual el ejemplo del bien asegurado es una buena muestra, y la acción se extingue, con todos los efectos que tal extinción contrae, muy disímiles a los de la perención que se circunscribe al procedimiento.
Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.
Se trata de una situación distinta a la de la perención, donde el proceso se paraliza y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de parte, se declare tal extinción del procedimiento, quedándole al actor la posibilidad de incoar de nuevo la acción. El término de un año (máximo lapso para ello) de paralización, lo consideró el legislador suficiente para que se extinga la instancia, sin que se perjudique la acción, ni el derecho objeto de la pretensión, que quedan vivos, ya que mientras duró la causa la prescripción quedó interrumpida.
[…]
La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesta la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
[…]
La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Es indiscutible que ese actor no quiere que lo sentencien, por ello ni incoa un amparo a ese fin, ni una acción disciplinaria por denegación de justicia, ni pide en la causa que le fallen.
[…]
Para que se declare la perención o el abandono del trámite […], es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?.
Entonces, de lo anterior se desprende que el interés de las partes para actuar en juicio se puede medir, bien al momento de la introducción de la pretensión; o en el transcurso del proceso, tomando en cuenta su actividad en el impulso de la causa para que sea decidida dentro de los lapsos legales, criterio que acogió la Sala Político Administrativa en la sentencia Nº 339, de 16 de marzo de 2011.
Así las cosas, es necesario diferenciar entre la inactividad de las partes para la consecución de los actos procesales –cuya consecuencia es la perención-; y la apatía del actor en cumplir con exigencias legales, generando una suspensión del proceso en beneficio propio. No obstante, el Juez tiene el deber de impulsar los trámites en todo momento; y en su defecto decretar su falta de interés, conforme al Artículo 16 eiusdem.
Al respecto los Juzgados Superiores del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, se han manifestado sobre la falta de interés de las partes en los juicios laborales, señalando que la suspensión por cuestión prejudicial decretada ante la necesidad de tramitar un procedimiento administrativo, no debe eternizarse en perjuicio de la contraparte, siendo necesario establecer un lapso para su consignación, y en caso de incumplimiento, aplicarse las consecuencias de Ley (sentencia Nº KP02-R-2011-1361, ratificada en los asuntos KP02-R-2012-1424 y KP02-R-2012-1426).
En el presente juicio, se evidencia que la parte actora, desde que se decretó la cuestión prejudicial (18/05/2012), no manifestó interés en cumplir con los requisitos legales, ya que después de casi un año y seis meses fue que denunció la omisión del Inspector de verificar el reenganche; denotando con su actitud: (1) La intención del empleador de no cumplir con la p.a. impugnada, al no consignar en autos pruebas en el que se verifique tal hecho, violando lo principios previstos en la nueva Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores; (2) eternizar el juicio de nulidad a los fines de suspender otros procesos laborales, verbigracia, el pago de los salarios caídos del trabajador; y (3) en caso de existir medida cautelar a su favor de suspensión de efectos del acto administrativo, conservar dicha situación, generando graves perjuicios a la contraparte.
Ahora bien, transcurriendo más de un (1) año desde que se requirió el cumplimiento de la p.a., hasta la presente fecha, sin mostrar el actor signos que realmente evidencien su interés jurídico en continuar con el juicio, se declara extinguido el procedimiento, conforme a lo previsto en el Artículo 16 del Código de Procedimiento Civil; y lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en conexión con lo previsto en el Artículo 425, Nº 9, de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, decisión de carácter formal que no produce cosa juzgada material. Así establece. Así se decide.
D I S P O S I T I V A
Por todos los razonamientos de hecho y de Derecho expuestos, el Juez Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por la autoridad que le confieren la Constitución, la Ley y el Derecho, DECIDE:
TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, por falta de interés del actor en la continuación del juicio, al existir inactividad por más de un año en el impulso del procedimiento, conforme a la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo de Justicia y a lo previsto en el Artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, en conexión con lo preceptuado en el Artículo 425, Nº 9, de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.
No hay condenatoria en costas, porque esta decisión se dictó de oficio y no se pronunció sobre el fondo de la controversia.
Se ordena notificar de la presente decisión a la Inspectoría del Trabajo, al Ministerio del Trabajo y al Procurador General de la República, en razón de las prerrogativas procesales.
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.
Dictada en Barquisimeto, Estado Lara, el 28 de enero de 2014.-
ABG. J.M.A.C.
JUEZ
LA SECRETARIA
En esta misma fecha se publicó la sentencia, a las 02:38 p.m. agregándola al expediente físico y al asunto informático del Juris 2000.-
LA SECRETARIA
JMAC/eap.-
