Decisión de Tribunal Trigésimo Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de Caracas, de 21 de Noviembre de 2013
| Fecha de Resolución | 21 de Noviembre de 2013 |
| Emisor | Tribunal Trigésimo Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución |
| Ponente | Karla González |
| Procedimiento | Prestaciones Sociales |
ASUNTO: Nº AP21-L-2013-001421
PARTE ACTORA: J.N.B., titular de la cédula de identidad N° 11.302.497.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: F.M.P., abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 102.953.
PARTE DEMANDADA: BAR RESTAURANT LA VILLA ORIENTAL, C.A.
APODERADOS JUDICIALES DE LA DEMANDADA: NO CONSTITUYÓ
MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES.
Se recibió el presente expediente por distribución en fecha 14 de noviembre de 2013, a los fines de la celebración de la Audiencia Preliminar, correspondiendo a este Tribunal celebrar la misma. Iniciada la Audiencia, se dejó constancia que no hizo acto de presencia ni por si ni por medio de apoderado judicial alguno la parte demandada, la empresa BAR RESTAURANT LA VILLA ORIENTAL, C.A., igualmente se dejó constancia de la comparecencia del ciudadano J.N.B., titular de la cédula de identidad N° 11.302.497, en su carácter de parte actora, representado por la abogada F.M.P., inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 102.953, una vez verificado que se hubieren cumplido con todos los requisitos de ley, a los fines de garantizar el debido proceso se presumió la admisión de los hechos, en tal sentido este Tribunal, estando dentro de la oportunidad para decidir la presente causa y de conformidad con el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a hacerlo tomando en cuenta las siguientes consideraciones:
Adujo la parte actora en su escrito libelar que, comenzó a prestar servicios personales subordinados e ininterrumpidos para la empresa BAR RESTAURANT LA VILLA ORIENTAL, C.A., como Mesonero, en fecha 01 de octubre de 2008, devengando como último salario DOS MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS (Bs. 2.200,00) con una jornada de lunes a domingo (rotativo) en el horario de 12:00 a.m. a 09:00 p.m., hasta el 06 de septiembre de 2009, fecha en la cual fue despedida injustificadamente; que ante el despido el trabajador acudió a la Inspectoría del Trabajo e intentó el procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos, obteniendo una providencia administrativa a su favor Nº 530-12, en fecha 12 de julio de 2012, cuya providencia no fue cumplida por la parte aquí demandada, procediendo a reclamar el pago de los salarios caídos mediante la presente demanda en fecha 22 de abril de 2013.
Ahora bien, a este punto es pertinente hacer referencia a los artículos 509 y 512 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores:
Artículo 509. Son obligaciones del Inspector o Inspectora del trabajo para el cumplimiento de la ley dentro de su jurisdicción:
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Dictar las Providencias Administrativas que la normativa indique que son de su competencia, y aquellas que sean necesarias para cumplir y hacer cumplir las disposiciones de las leyes, reglamentos, decretos y resoluciones laborales.
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Cumplir y hacer cumplir las instrucciones dictadas por el Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social.
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Aprobar o negar las solicitudes que, con base a las obligaciones establecidas en la ley, realicen los patronos y patronas.
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Decidir y hacer cumplir la norma en los casos de reclamos interpuestos por trabajadores y trabajadoras por incumplimiento de la ley.
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Intervenir en los casos, de oficio o a petición de parte, en los casos donde haya peligro de extinción de la fuente de trabajo o de modificación de las condiciones de trabajo conforme a lo establecido en la ley y en los casos de cierres de entidades de trabajo en protección del trabajo, del salario y de las prestaciones sociales.
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Dictar medidas en protección del ejercicio de la libertad sindical, del derecho a la negociación colectiva y del derecho de los trabajadores y trabajadoras a la huelga.
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Determinar la organización sindical mas representativa en caso de conflicto intersindical para la negociación colectiva, mediante los procedimientos establecidos.
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Sustanciar y decidir sobre la calificación de las faltas en que pudiera haber incurrido un trabajador o trabajadora.
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Garantizar el reenganche y sustitución de derechos de los trabajadores y trabajadoras a quienes se le haya violentado su fuero o inamovilidad laboral.
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Intervenir y mediar para facilitar los acuerdos en la negociación de la convención colectiva de trabajo, en los pliegos de peticiones y en la solución de los conflictos colectivos de trabajo.
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Sustanciar y decidir en los procedimientos de sanción por incumplimiento de la Ley dentro de su jurisdicción.
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Las demás que le asignen la Constitución, las leyes y el ministro o ministra del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social
Artículo 512. Cada Inspectoría del Trabajo tendrá Inspectores o Inspectoras de Ejecución con la suficiente jerarquía, facultad y competencia para ejecutar y hacer cumplir todos los actos administrativos de efectos particulares, que hayan quedado firmes y que requieran medios y procedimientos para hacer cumplir el contenido de los mismas, que garanticen la aplicación de las normas de orden público del trabajo como hecho social y protejan el proceso social de trabajo.
Serán facultades y competencias de los Inspectores o Inspectoras de Ejecución:
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Ejecutar los actos administrativos de efectos particulares que le sean aplicables a los patronos y las patronas.
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Dictar medidas cautelares en los supuestos en que el acto administrativo no se cumpla en el plazo de ley, ni acatadas sus condiciones, pudiendo ordenar el procedimiento de sanción por reincidencia o rebeldía del patrono o patrona.
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Solicitar la revocatoria de la Solvencia Laboral hasta que se demuestre el cumplimiento del acto administrativo de que se trate.
A los efectos de ejecutar las previsiones mencionadas y en caso de necesidad, cuando exista obstrucción por parte del patrono o patrona o de sus representantes, los Inspectores e Inspectoras de Ejecución podrán solicitar el apoyo de la fuerza pública que estará en la obligación de prestarlo. El Inspector o Inspectora de Ejecución podrá solicitar, además, la actuación del Ministerio Público para el procedimiento de arresto del patrono, patrona o sus representantes que obstaculicen la ejecución de la medida, de lo cual informará al ministro o ministra del Poder Popular en materia de trabajo y seguridad social.
En razón de los hechos anteriormente expuestos por la parte demandante en el libelo de demanda, y en atención al criterio de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en relación al carácter de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos, tal como lo prevé la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y, en aplicación de las normas antes transcritas, esta Juzgadora considera que es la Inspectoría del Trabajo quien debe agotar el procedimiento de ejecución del acto administrativo Nº 530-12, en fecha 12 de julio de 2012, de reenganche y pago de salarios caídos, máxime cuando no ha sido cumplido ni siquiera con el reenganche, tal como lo indicó la parte actora, en virtud que la ley sustantiva laboral establece el procedimiento para ello, dado que con la presente demanda, lo que busca la parte actora es la ejecución de la providencia administrativa, en virtud que la Ley les otorga las facultades que pueden adoptar en estos casos los Funcionarios del Trabajo, como dictar medidas cautelares, solicitar la revocatoria de la solvencia laboral, e incluso solicitar el apoyo de la fuerza publica para el procedimiento de arresto, hasta lograr el cumplimiento de la providencia, pues entiende quien aquí decide que, no basta con el procedimiento de multa, ante la actitud contumaz de la empresa, dado que ese es precisamente el avance en la nueva ley sustantiva, en tal sentido, se plantea para el presente caso La Falta de Jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública. Así de establece.
DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Trigésimo Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: LA FALTA DE JURISDICCIÓN PARA CONOCER EL PRESENTE ASUNTO, correspondiendo su conocimiento a la Inspectoría del Trabajo. Publíquese y Regístrese. Déjese copia certificada de la presente decisión.
Se declara la remisión por consulta obligatoria a la SALA POLITICO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, de conformidad con el artículo 62 del Código de Procedimiento Civil.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Tribunal Trigésimo Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, al veintiún (21) día del mes de noviembre del año dos mil trece (2013). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
La Jueza,
Abg. K.G.M.
El Secretario,
Abg. H.M.
NOTA: En esta misma fecha y previo cumplimiento de las formalidades legales, se dictó y publicó la presente decisión.
El Secretario,
Abg. H.M.
