Decisión de Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de Zulia (Extensión Maracaibo), de 9 de Diciembre de 2011

Fecha de Resolución 9 de Diciembre de 2011
EmisorJuzgado Agrario Primero de Primera Instancia
PonenteLuis E Castillo
ProcedimientoEjecución De Prenda Sin Desplazamiento De Posesión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

Maracaibo; 09 de Diciembre de 2011

201° y 152°

-I-

DE LAS PARTES PROCESALES

PARTE DEMANDANTE: Sociedad Mercantil BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, domiciliada en la ciudad de Maracaibo del estado Zulia, inscrita cuya última modificación estatutaria quedo inscrita en fecha 29 de Noviembre de 2002, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, bajo el No. 79 y 80, Tomo 51-A.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: O.T., A.M., M.I., J.R., A.G., E.H., M.F.P., L.M., Cristina campelo, K.P.G., Lianeth Quintero, R.R.M., A.M., R.P., J.C.P., W.S., S.O.S., I.F., J.R.S.T., P.G.R., J.V., D.C.S. y C.D.C., inscritos; el Inpreabogado con los Nros. 20.487, 48.523, 70.411, 98.945, 75.079, 123.2796, 117.853, 145.145, 123.501, 89.805, 82.976, 109.235, 142.935, 143.345, 68.640, 133.732, 110.909, 125.368, 81.083, 106.350, 139.002, 103.040 y 120.225.

PARTE DEMANDADA: ciudadanos P.P.P.M. y YAMELIS B.L.D.P., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-7.634.414 y 7.687.772, domiciliado en la Villa del Rosario, Municipio R.d.P. del estado Zulia en su carácter de deudores principales y los ciudadanos A.P.M. y V.C.M.G., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos.V-7.630.763 y 7.686.999, domiciliados en la Villa del Rosario, Municipio Perijá del estado Zulia en su carácter de fiadores solidarios y principales pagadores.

-II-

BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES

En fecha 01 de Agosto de 2011, los abogados H.B.R. y A.E.M.N., identificados en las actas procesales, actuando en nombre y representación de la Sociedad Mercantil BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, banco universal, previamente identificada, introdujeron formal escrito de demanda por Ejecución de Hipoteca, acompañado con sus recaudos probatorios en contra de los ciudadanos P.P.P.M. y YAMELIS B.L.D.P., identificados anteriormente, por ser estos deudores principales del banco y de los ciudadanos A.P.M. y V.C.M.G., identificados anteriormente, por ser estos fiadores solidarios y principales pagadores, en virtud de un contrato de préstamo protocolizado por ante el Registro de los Municipios Rosario y Machiques de Perijá del estado Zulia, en fecha 08 de Octubre de 2007, y quedó anotado con el Nro. 45, Tomo 43, de los libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, por la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL BOLIVARES DOSCIENTOS BOLIVARES FUERTES EXACTOS (Bs. 556.200,oo) así mismo, el deudor para garantizar el cumplimiento de la obligación constituyó Prenda Sin Desplazamiento de la Posesión a favor de la Sociedad Mercantil BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, banco universal, sobre bienes identificados: Un tractor A.M.F., modelo: 298/4WD, serial: 298-235965Un tractor Agrícola marca: MASSEY FERGUSSON, modelo: 298/aWD, serial 298-235966, y un tractor Agrícola marca MASSEY FERGUSSON, modelo 298/4WD, serial: 298-235967 y por ultimo estimó su demanda en la cantidad de TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS BOLIVARES FUERTES CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS (Bs. 309.586,64);

En fecha 03 de Agosto de 2011 se admitió la demanda anteriormente señala y se ordenó librar boleta de Intimación de los ciudadanos P.P.P.M. y YAMELIS B.L.D.P., A.P.M. y V.C.M.G., identificados anteriormente, en ese mismo acto se decreto Medida de Secuestro, sobre el bien anteriormente identificado.

En fecha 10 de Agosto de 2011. el abogado en ejercicio R.A.P.Y., consignó copias certificadas, indicó dirección y canceló los emolumentos para la citación.

En fecha 10 de Agosto de 2011, el Alguacil Natural expuso, que recibió de manos del abogado R.P., los emolumentos necesarios y la dirección para el traslado a fin de practicar las Citaciones correspondientes.

En fecha 01 de Noviembre de 2011, los abogados H.B.R. Y A.E.M.N., presentaron escrito de reforma junto con anexos.

No hay más actuaciones.

-I-

DEL PROCEDIMEINTO

En el Código de Procedimiento Civil , Capitulo V, del Título II el Libro Cuarto, artículos 666 al 672, se establece el Procedimiento de Ejecución de P renda sin Desplazamiento a la Posesión; pero primero, quien aquí juzga, estima que debe realizarse una definición idónea de lo que puede entender como Ejecución de Prenda sin Desplazamiento a la Posesión que en el Código Civil en su articulo 1837 define la prenda como: “un contrato por el cual el deudor o un tercero da al acreedor una cosa mueble en seguridad de su crédito, la cual deberá restituirse al quedar extinguida la obligación”. Se trata por tanto de una garantía convencional, que al contrario de las garantías legales y judiciales, tiene como fundamento la autonomía de la voluntad de las partes.

De lo anteriormente señalado, A.S.N. en su Manual de Procedimientos Especiales Contenciosos establece que: Solo podrán ser objeto de prenda las cosas muebles corporales que estén en el comercio y sean susceptibles de ser poseídas y de ejecución forzosa, de modo que tales cosas quedan específicamente afectadas, creando a favor del acreedor un derecho de preferencia para el cumplimiento de la obligación principal, con lo cual la satisfacción de la misma privará sobre cualquiera otra obligación del deudor para acreedores quirografarios. Ello no significa que la cosa dada en prenda deje de ser prenda común de los acreedores, puesto que con la garantía prendaria solo se garantiza que ha llegado el caso de sacarse a remate, el acreedor privilegiado hará efectivo el pago de la obligación correspondiente con carácter previo, quedando a favor de los demás acreedores el derecho a pagarse sus créditos con el saldo del precio del remate, una vez satisfecho el crédito del acreedor prendario.

Pues bien, constituida legalmente la prenda, concede al acreedor el derecho a poseer la prenda, el derecho de retención , el derecho de ejecución, el derecho a cobrarse preferentemente de su precio y el derecho de persecución de la cosa de manos de quién tenga en su poder.

Atendiendo a tales ideas, la ejecución de prenda es el procedimiento contencioso ejecutivo, conforme a la cual se hace efectiva la garantía sobre las cosas muebles que el deudor ha dado en prenda al acreedor, encontrándose regulado en el Capítulo V del Título II del Libro Cuarto del Código de procedimiento Civil (Artículos 666 al 672).

Así mismo, y con respecto a la aplicación o no de este Procedimiento Especial en la Jurisdicción Agraria se tiene que traer a colación lo establecido por el artículo 186 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en cual reza lo siguiente:

Las controversias que se susciten entre particulares con motivo de las actividades agrarias serán sustanciadas y decididas por los tribunales de la jurisdicción agraria, conforme al procedimiento ordinario agrario, el cual se tramitará oralmente, a menos que en otras leyes se establezcan procedimientos especiales

Realizando un análisis del artículo anterior, se podría inferir, que el legislador se está refiriendo específicamente a los procedimientos especiales contenciosos, de orden patrimonial, establecidos en el Código de Procedimiento Civil, como son: el arbitramiento, artículos 608 al 629; la Vía Ejecutiva, artículos 640 al 665; la Ejecución de Hipoteca, Artículos 660 al 665, la Ejecución de la Prenda, artículos 666 al 672; el juicio declarativo de prescripción, artículos 690 al 696, los interdictos en general, artículos 697 al 719, el deslinde de propiedades contiguas, artículos 720 al 725, la partición de fundos agrarios, artículos 777 al 788, así como los establecidos en el Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión., artículos 69 al 73.

El procedimiento que se aplica a dichos procedimientos especiales, es el escrito y no el procedimiento oral, en razón que la Ley Especial en este caso, remite la tramitación de dichos procedimientos a los que establezcan las leyes. Al respecto, la Ley Especial establece en su artículo 252, las acciones petitorias, el juicio declarativo de prescripción y la acción de deslinde de propiedades contiguas, se tramitarán conforme a los procedimientos especiales establecidos en el Código de Procedimiento Civil adecuándose a los principios rectores del Derecho Agrario.

Ahora bien, el asunto está en determinar si el procedimiento por Ejecución de Prenda sin Desplazamiento de la Posesión, es aplicable a este caso en concreto. Al respecto se hacen las siguientes consideraciones:

Con la entrada en vigencia de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, como Ley especial, se pretende implementar en materia de procedimiento agrario, los valores contenidos en el artículo 257 de la Constitución, relativos a la simplicidad, oralidad, celeridad, uniformidad y eficacia. En nuestro país se constitucionalizó el Principio de la Oralidad en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela promulgada en el año 1.999, dado que en el contenido de la misma, se encuentra establecido el artículo in comento, que textualmente reza:

Art. 257. "El Proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la Justicia. Las leyes Procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un Procedimiento breve, ORAL (subrayado propio) y público. No se sacrificará la Justicia por la omisión de formalidades no esenciales".

En virtud de la norma constitucional up supra, el legislador patrio ha orientado la creación de leyes adjetivas que introducen el principio de oralidad como norma rectora de los nuevos procedimientos judiciales creados en dichas leyes, en concatenación con otros principios, tales como la inmediación, la brevedad, la publicidad entre otros.

De manera que, desde la perspectiva del enfoque constitucional, se puede deducir que la instauración progresiva del principio de oralidad, en concatenación con otros principios tales como la inmediación, la brevedad, la publicidad entre otros, en los diferentes procesos judiciales de nuestro ordenamiento jurídico, es simplemente el adoptar y aplicar los procedimientos que contengan estos preceptos constitucionales in comento.

En resumen, se puede colegir que en los procesos judiciales y más en los procesos llevados por los Tribunales con competencia en materia Agraria la oralidad constituye un principio "necesario" por medio del cual el juez tiene contacto directo con las partes intervinientes, y por ende tiene una mejor apreciación del material probatorio aportado al proceso, esto con la finalidad de alcanzar el perfeccionamiento del principio de la inmediación, aunado a los principios de brevedad y publicidad contenidos en el articulo 257 de nuestra Carta Magna.

Nuestra ley agraria, desarrolla, el Principio de la Oralidad, a través de la realización de las audiencias y las convierte en elemento fundamental del proceso, obligando a que los actos cruciales del mismo se materialicen en forma oral, especialmente en la audiencia preliminar y en la audiencia de pruebas. Tal como lo afirma el autor uruguayo E.C., quien señala que este principio de oralidad ‘surge de un derecho positivo en el cual los actos procesales se realizan de viva voz, normalmente en audiencia, y reduciendo las piezas escritas a lo estrictamente indispensable’. (Couture, 1981).

En el marco de esta Ley (Ley de Tierras y Desarrollo Agrario), el proceso oral agrario es un proceso mixto, con predominio de la palabra hablada sobre la escritura; de ahí el nombre de proceso oral, donde el juez agrario asume un papel protagónico en su condición de director del proceso, en concordancia con la plena vigencia del principio de inmediación y en el que se experimenta una concentración de los actos procesales en la audiencia pública, la cual constituye la actividad central del proceso. La importancia del proceso oral agrario radica, en que se trata de un proceso ágil y dinámico, en donde puedan ver cumplidos sus anhelos de justicia los justiciables.

En este sentido, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establece en su artículo 155 que, los principios de inmediación, concentración, brevedad, oralidad publicidad y carácter social que regirán y se aplicarán a los procedimientos previstos en ella, respecto a la Jurisdicción Especial Agraria, en cumplimiento del mandato constitucional establecido en el artículo 257, que la oralidad es un principio rector de los procedimientos jurisdiccionales establecidos en ese cuerpo normativo.

Ahora bien, el proceso de ejecución de hipoteca mobiliaria pertenece, como juicio especial, al género de los procesus executivus, y más concretamente a la forma de procesos monitorios, cuya característica fundamental consiste en que los acreedores que disponen de un titulo que reúne determinados requisitos, pero que no constituye un verdadero titulo ejecutivo, puedan conseguirlo al transformar su naturaleza a través de un requerimiento judicial, con sentencia definitiva o falta de oposición del deudor al decreto intimatorio. Este requerimiento en el juicio de Ejecución de Prenda sin Desplazamiento de la Posesión es la intimación bajo el apercibimiento de ejecución prevista en el Capitulo V del Título II del Libro Cuarto, artículos 666 al 672, del Código de Procedimiento Civil.

Así mismo, si la acción de Ejecución de Prenda sin Desplazamiento de la Posesión, a través de la activación del Órgano Jurisdiccional que su garantía hipotecaria se transforme a ejecutiva por la no oposición del deudor, de conformidad en la disposición del Capitulo V, del Título 2 del Libro Cuarto, artículos 666 al 672, del Código de procedimiento Civil, se procedería al Secuestro y se procederá a realizar la subasta de los bienes muebles otorgados en garantía, estando este proceder en contravención a lo estatuido en el artículo 8 de la Ley de Tierras y desarrollo Agrario el cual estatuye lo siguiente:

…(omisis) La Unidad de Producción constituida de acuerdo con los términos de esta Ley será indivisible e inembargable; podrá ser mejorada mediante la incorporación de nuevas técnicas, condiciones de producción, transformación y mercadeo de los productos agroalimentarios.

De lo anterior se desprende, que la Unidad de producción es indivisible, y entiendase unidad de Producción según Pérez (1997) como el conjunto de terreno, infraestructura, maquinarias, equipos, semovientes y otros bienes, que son utilizados durantes las actividades agropecuarias y no agropecuarias, por el grupo familiar que vive bajo un misma administración y que normalmente comparte una misma vivienda.

Es por ello, que la acción propuesta en el presente expediente es incompatible completamente, en virtud que se trastocaría el principio de Oralidad que reviste el proceso agrario, aunado al hecho que la mismísima Ley de Tierras y Desarrollo Agrario prohíbe que se divida la unidad de producción, quedando totalmente imposible darle cumplimiento integro a lo establecido en el Procedimiento de Ejecución de Hipoteca Mobiliaria.

Visto lo anterior, establece el Artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:

"Los jueces procuraran la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez...".

Esta disposición legal, establece en nuestro derecho procesal dos tipos de nulidades; la nulidad textual, es decir aquella que se encuentra expresamente establecida en la ley, y la nulidad virtual, es decir, aquella que no se encuentra taxativamente prefijada en la ley, sino que queda su declaratoria por parte del juez a la trascendencia o importancia del acto procesal que se haya viciado o se haya omitido.

Así mismo, el Tratadista Venezolano A.R.R., en su conocida obra tratado de derecho procesal civil venezolano, explica en acervo a lo establecido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil que "de conformidad con esta disposición solo en dos casos podrán los jueces declarar la nulidad de un acto procesal: a) cuando la nulidad haya sido establecida expresamente por la ley; b) cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial para su validez.

Pues bien, de lo anteriormente expuesto se trasluce que en el primer caso, el juez no tiene facultad de apreciación acerca del vicio que afecta al acto y debe declarar, sin más, la nulidad expresamente consagrada en la ley; en el segundo caso, el juez ha de apreciar si la forma o requisito omitido en el acto es o no esencial para su validez. En varios casos, la ley sanciona expresamente la nulidad. Fuera de los casos de nulidad textuales los jueces solo pueden declarar la nulidad de un acto procesal cuando haya dejado de llenarse en el acto un requisito esencial de su validez. No expresa la ley cuando debe considerarse que ha sido omitido un requisito esencial para la validez del acto. Esta cuestión queda a la libre apreciación del juez. Sin embargo, es de doctrina y así lo tiene admitido también la jurisprudencia que falta un requisito esencial del acto, cuando la omisión de la formalidad desnaturaliza al acto y le impide alcanzar el fin para el cual ha sido preordenado por la ley.

Es por ello que al existir una prohibición taxativa en la Ley, y al existir violación a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, al admitir la acción de Ejecución de prenda sin Desplazamiento a la Posesión, este Tribunal Repone la causa al estado que el sujeto activo de la relación procesal reformule su escrito libelar y lo tramita por el Procedimiento Agrario, de conformidad al artículo 206 del Código de Procedimiento civil.

Aunado a esto, y visto lo anteriores consideraciones de hecho y de derecho se puede dilucidar, que el procedimiento de Ejecución de prenda sin Desplazamiento a la Posesión es absolutamente incompatible con el principio de oralidad del derecho agrario por mandato del articulo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 187 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, así como, con la prohibición de la LTDA en su artículo 8 de cumplir con el fin que tiene el procedimiento de Ejecución de prenda sin Desplazamiento a la Posesión ejercido por el acreedor en el caso de no haber oposición, la cual es el secuestro de bien otorgado en garantía por el deudor y consecuencialmente su posterior remate, lo que dividiría tajantemente la Unidad de Producción .

Es por ello que los jueces y juezas de la Republica por disposición del articulo 334, deben para asegurar la integridad y cumplimiento de la Constitución y desaplicar en este caso en concreto el procedimiento de Ejecución de prenda sin Desplazamiento a la Posesión previsto en el Código de Procedimiento Civil y subsiguientemente aplicar el procedimiento ordinario agrario establecido en los articulo 186, 197 y siguientes de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, procedimiento éste, garante de los ya mencionados principios en su artículo 155.

Así pues, nuestro sistema de control jurisdiccional de la constitucionalidad y legalidad, está orientado a preservar la supremacía y estricta observancia de las disposiciones constitucionales respecto de las legales que pudieran amenazar la Constitución; en tal sentido, conforme a dicho mecanismo de control, todos los jueces de la República, cualquiera sea su competencia, están investidos, en el ámbito de sus funciones, del deber de velar por la integridad de nuestra Carta Magna; así dicho sistema de control, puede ser ejercido de dos maneras a tenor de lo previsto en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bien a través del denominado control concentrado o por medio del llamado control difuso, este último también previsto en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil; disposiciones normativas éstas que resultan del siguiente tenor:

El artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución. En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente….” (Cursivas del tribuna)

Aunado a esto el Artículo 20 dispone que: Cuando la ley vigente, cuya aplicación se pida, colidiere con alguna disposición constitucional, los jueces aplicaran ésta con preferencia…” (Fin de la cita).

El denominado control difuso, radica en la posibilidad que tiene todo juez de causa en los asuntos sometidos a su consideración, de señalar que una norma jurídica de cualquier categoría, bien legal o sub legal, es incompatible con el texto constitucional, procediendo dicho juzgador, bien de oficio o a instancia de parte, a desaplicar y dejar sin efecto legal la señalada norma en el caso concreto, tutelando así la disposición constitucional que resultaba vulnerada. La norma sólo deja de tener aplicación para el caso en concreto porque esta a dirigida en contravención con la Constitución.

En este mismo orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 833 del 25 de mayo de 2001 (criterio confirmado en sentencia de fecha 28 de noviembre de 2008, con ponencia de la Magistrada CARMEN ZULETA DE MERCHÁN analiza el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estableció lo siguiente:

…(omisis) “la consecuencia de dicha norma es que corresponde a todos los jueces (incluso los de la jurisdicción alternativa) es su deber asegurar la integridad de la Constitución, mediante el llamado control difuso. Dicho control se ejerce cuando en una causa de cualquier clase que está conociendo el juez, y éste reconoce que una norma jurídica de cualquier categoría (legal, sublegal), es incompatible con la Constitución. Caso en que el juez del proceso, actuando a instancia de parte o de oficio, la desaplica (la suspende) para el caso concreto que está conociendo, dejando sin efecto la norma en dicha causa (y sólo en relación a ella), haciendo prevalecer la norma constitucional que la contraría. Por lo tanto, el juez que ejerce el control difuso, no anula la norma inconstitucional, haciendo una declaratoria de carácter general o particular en ese sentido, sino que se limita a desaplicarla en el caso concreto en el que consideró que los artículos de la ley invocada, o hasta la propia ley, coliden con la Constitución.

De la sentencia antes indicada se infiere, que el control difuso o desaplicación de una norma por prevalecía de la norma constitucional, consiste en una facultad del juez o jueza en el desempeño de su labor jurisdiccional; y cuyo ejercicio está dirigido a facilitar la obtención de una tutela judicial efectiva; sin embargo, su uso no puede ser indiscriminado, por lo que es indispensable que la confrontación de la norma desaplicada con el texto constitucional sea clara, precisa y motivada...”.

Dicho esto, y en virtud de lo anteriormente expuesto, este juzgador, se ve en el deber de desaplicar por control difuso de la constitucionalidad, en este caso concreto el procedimiento especial de Ejecución de prenda sin Desplazamiento a la Posesión previsto en los artículos 666 al 672 Prenda sin Desplazamiento de posesión en el Titulo V, por cuanto colidan con las garantías constitucionales previstas en los artículos 2, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cada vez que la misma obre en desmedro de las garantías supremas del estado social, debido proceso y derecho a la defensa, del juez natural; y por ende la aplicación de los principios rectores de la materia agraria, especialmente el principio “oralidad”, de inmediación, celeridad, economía procesal, de la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Así se decide.

-II-

DISPOSITIVO

Por las razones antes expuestas y los fundamentos antes transcritos, este Órgano Jurisdiccional en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:

PRIMERO

Declara la Nulidad de todo lo actuado.

SEGÚNDO: Repone la causa al estado que el Sujeto Activo de la Relación procesal BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, suficientemente identificada en autos, reformule la acción propuesta y la tramita por el procedimiento ordinario agrario.

TERCERO

Este Tribunal de conformidad con el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desaplica por control difuso de la constitucionalidad para el caso en concreto el procedimiento de Ejecución de Prenda sin Desplazamiento de Posesión, previsto en los artículos 666 al 672 Capitulo V del Código de procedimiento Civil.

CUARTO

Se ordena Notificar a la parte demandante de conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil sobre la presente resolución. ASÍ SE DECIDE.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

Déjese copia certificada por secretaria de la presente resolución de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el Articulo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del Articulo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los nueve (09) días del mes de Diciembre de dos mil once (2011). Años: 201° de la Independencia y 152° de la Federación.-

EL JUEZ SUPLENTE ESPECIAL.-

DR. L.E.C.S..-

LA SECRETARIA ACCIDENTAL.

ABOG. M.B.M.M..

En la misma fecha se libró las boleta de Notificación ut-supra ordenada.-

LA SECRETARIA ACCIDENTAL

LECS/mbmm/lore

EXP: 3756

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