Decisión nº J100563 de Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio de Merida (Extensión Mérida), de 4 de Mayo de 2011
| Fecha de Resolución | 4 de Mayo de 2011 |
| Emisor | Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio |
| Ponente | Alirio Osorio |
| Procedimiento | Amparo Constitucional |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida
Mérida, cinco (05) de mayo de dos mil once (2011)
201º y 152º
ASUNTO PRINCIPAL Nº LP21-0-2011-0000013
SENTENCIA INTERLOCUTORIA
MOTIVO: A.C.
ACCIONANTE: MOTIVO: A.C.
ACCIONANTE: O.A.G., cédula de identidad número: V- 1.687.450, domiciliado en Mérida, Estado Mérida.
ABOGADO DEL QUEJOSO: asistido por el C.A.B.M., Inscrito en el Inpreabogado número: 119.805, domiciliado en Mérida, Estado Mérida.
ACCIONADA: Junta Directiva del Sindicato de Profesores del Instituto Universitario Tecnológico de Ejido SI.PRO.I.U.T.E, sin representación legal en el expediente.
-I-
FUNDAMENTO DE LA PRESENTE ACCIÓN DE A.C.
Señala el presunto agraviado que “La Junta Directiva del Sindicato de Profesores del Instituto Universitario Tecnológico de Ejido (SI.PRO.I.U.T.E.) … convocó para el 09 de febrero de 2011 a partir de las 10:00 A.M. y cumpliendo con los lapsos establecidos en los estatutos internos una asamblea extraordinaria, que se realizó en la biblioteca del Instituto Universitario Tecnológico de Ejido, con participación de todos los profesores agremiados al Sindicato de Profesores del Instituto Universitario Tecnológico de Ejido (SI.PRO.I.U.T.E.) la cual tenía como única pretensión discutir la propuesta de aumento salarial y 'presentación de la propuesta para la tabla de sueldos de los profesores Universitarios y proceder todos los agremiados a firmar el documento final que sería enviado al C.N. de la Federación Nacional de Sindicatos de Profesores de Educación Superior (FENASINPRES) quien a su vez presentaría un pronunciamiento público unos días después. Para el momento de la asamblea me presente en el horario y el sitio convenido para el evento y al finalizar la asamblea me acerque a la mesa para proceder y estampar mi firma en la planilla y fue cual mi sorpresa que mis datos como agremiado habían sido borrados del listado sin causa aparente y todos los miembro de la junta directiva mantenían un silencio en cuanto a mi pregunta, en este momento se acercó el profesor O.E.F., cedula de Identidad N°8.000.617, docente agremiado al SI.PRO.I.U.T.E. con domicilio fiscal desconocido para mi persona y me notificó que la actual directiva del SI.PRO.I.U.T.E., ha venido excluyendo a los docentes en condición de jubilados y que él de manera unipersonal había introducido ya varios escritos ante la directiva del SI.PRO.I.U.T.E. y al no recibir respuesta alguna acudió a la Inspectora del Trabajo y esta dependencia tampoco había dado respuesta. Inmediatamente me traslade a 'la oficina sede del sindicato y proceder a revisar nuevamente el listado de afiliados ratificando mi exclusión como agremiado. En virtud de mi condición de salud fisica que me impide movilizarme y conducir continuamente, comisioné posteriormente de manera verbal como mandatario al abogado C.A.B.M., antes descrito para que en mi representación me asistiera, revisara y solicitara formalmente en la sede administrativa de la Inspectora del Trabajo en la ciudad de Mérida el expediente del SI.PRO.I.U.T.E., identificado en esa dependencia con las siglas S-157 a fin de cotejar la nómina completa de profesores jubilados y la nómina de los miembros afiliados SI.PRO.I.U.T.E., depositada en esa dependencia oficial, (anexo marcado con la letra "B"). Efectuada la revisión se constató en la referida nómina haberme excluido de forma arbitraria, sin cumplimiento de trámite, procedimiento, y además sin notificación alguna, como también a un considerable número de profesores agremiados, todos ellos en idéntica condición de docentes jubilados. Posteriormente de manera verbal el abogado C.A.B.M. actuando en mi nombre notificó de forma verbal a la directiva provisional del SI.PRO.I.U.T.E. sobre el atropello cometido y al carácter anticonstitucional que han sido expuestos los profesores en condición de jubilados y las implicaciones de esta situación, haciendo mención al dictamen de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia quien sentó jurisprudencia en el sentido de que es legítima la inclusión de los trabajados jubilados en los sindicatos, Sentencia N° 44 de Sala Electoral, Expediente N° 0~203 de fecha 07/03/2002, (anexo marcado con la letra "C") y que la exclusión arbitraria c*xneiida en perjuicio de los docentes jubilados del SI.PRO.I.U.T.E. sin razón aig~. paoe en evidencia la violación de los derechos constitucionales de cada uno de los ecchridass~ por cuaow se nos está negando su participación en los asuntos públicos, su derecho a eme; su derecho al sufragio, su derecho a la legítima defensa, su derecho a la sindicalización, además que hemos sido discriminados por nuestra condición laboral
Debo señalar que la actual directiva del SI.PROI.U.T.E. quienes a la fecha están vencidos en su gestión de representación, ciertamente se han venido oponiendo en reiteradas ocasiones a la reinserción de los agremiados en condición de jubilados y estando en conocimiento pleno de la jurisprudencia de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia obviando la majestad del dictamen niegan un derecho constitucional a un grupo numeroso de ciudadanos quienes han sido separados del sindicato sin causa ni notificación alguna. Cabe señalar que en varias oportunidades docentes jubilados han exigido su reinserción al SI.PRO.I.U.T.E., pero su petitorio ha sido desechado sin razón alguna y destruidas sus planillas en presencia de los solicitantes, acción cometida por el profesor T.F.P. de la FENASINPRES y en presencia de la profesora M.G.M.P.d.S. de SI.PRO.I.U.T.E., sin que- esta interviniera para evitar la situación.”
- II -
CONSIDERACIONES ACERCA DE LA PROCEDENCIA O NO DEL PRESENTE RECURSO DE A.C.
En este estado, este operador de justicia considera realizar una serie de apreciaciones de orden legal y doctrinario sobre la acción de A.C., y especialmente sobre lo referente al amparo en materia laboral.
En tal sentido, debe acotarse que la Acción de Amparo, tiende a garantizar la protección de los derechos fundamentales que nuestra Constitución contempla y reconoce a todo ciudadano, a través de un p.e. que posee características peculiares y especiales que lo diferencia de otros recursos similares existentes. El nacimiento de este recurso extraordinario se encuentra consagrado en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece textualmente que: “Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
El procedimiento de la acción de a.c. será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto”.
En materia de amparo ha sostenido la doctrina predominante, que el mismo se trata de un recurso extraordinario, autónomo y no subsidiario, con respecto a otro al cual se puede recurrir, aún existiendo otras vías ordinarias, pero no lo suficientemente idóneas o eficaces para lograr la protección de ese derecho o garantía constitucional infringida, o que se encuentre en inminente peligro de serlo con la debida urgencia que en esos casos se amerita. Específicamente, el A.L., es una acción que igualmente tiende a la protección tanto de los derechos fundamentales como de las garantías constitucionales establecidas a favor de los trabajadores, y más aún ampara de igual forma los no contemplados expresamente en nuestra Carta Magna.
En cuanto a el aspecto adjetivo o procesal, es entendido que las normas y procedimientos para la tramitación de la acción de a.l., son de orden público, en lo principal y en lo incidental, y su finalidad es subsanar de manera urgente y expedita las violaciones ocasionadas, en virtud de una relación de trabajo, para de esta manera, restaurar una situación jurídica lesionada y, consecuencialmente, reconocer al agraviado como titular de un derecho laboral constitucional que le había sido lesionado.
Con respecto a la naturaleza de la materia in comento, ésta es extraordinaria, porque cuando los medios procesales ordinarios estipulados a favor de los trabajadores o patronos son defectuosos o no aptos para evitar el daño, el A.L. es viable, sin embargo éste no puede ser recurrido sobre la interpretación y aplicación de convenios contractuales.
Por otra parte, la Jurisprudencia Nacional ha asentado el criterio en materia de A.L. que este debe versar necesaria y exclusivamente sobre los derechos establecidos en la Constitución para trabajadores y patronos, es decir, que el sujeto agraviante debe ser el patrono o el trabajador, en cada caso.
Ahora bien, considera este Sentenciador oportuno examinar, cuales elementos son necesarios para que proceda la admisión o no de la Acción de A.C.; y determina que para que la acción pueda ser admitida, es un requisito indispensable de parte del quejoso demostrar ante el Juez, los hechos ocurridos que dieron lugar, a la presunta violación de normas de rango constitucional por parte de los entes o personas a quienes se les atribuya tal infracción. En este sentido, siempre que al Juez se le consignen los documentos fundamentales de la acción y que de éstos pueda verdaderamente apreciarse la presunta vulneración de derechos y garantías constitucionales, es que podrá decidir de acuerdo a lo solicitado, admitir o declarar inadmisible la acción de A.C. intentada.
En este orden de ideas, analizada como ha sido por este Tribunal la acción de A.C. incoada, se determina que el presunto agraviado encuadra su solicitud, en que está solicitando una constancia de trabajo como requisito para introducirla por ante el Seguro Social a fin de tramitar su pensión de vejez, y esta le fue previamente negada por el patrono.
En todo caso, tienen el quejoso distintas vías incluso hasta nivel interno de la propia empresa en aras de la solución de este tipo de problemas, independientemente del resultado obtenido, pero en ningún caso acudir a la vía de A.C..
En el presente caso, los hechos narrados por el quejoso no demuestran que hubo una violación directa, real y efectiva de las normas constitucionales invocadas.
Difícilmente puede plantearse una controversia, sin que salga a relucir el tema del carácter extraordinario que posee la acción de Amparo, ya que la misma como ha sido sostenido reiteradamente por la doctrina, debe ser intentada cuando ya no exista o se hayan agotado todos los recursos ordinarios existentes sin que haya habido restitución o restablecimiento del orden jurídico infringido.
Es importante mantener un sano equilibrio entre la institución que nos ocupa y el resto de los mecanismos judiciales legalmente previstos, ya que es vital para el sano funcionamiento de la administración de justicia.
Antes tales circunstancias, la presente acción de Amparo interpuesta resulta Improcedente, ya que tramitarla implicaría convertir dicha acción constitucional en una simple vía ordinaria, utilizada contra aquellos actos en los cuales los quejosos se sientan presuntamente agraviados. Así se decide.
En los casos como en el caso bajo examen, el Juez constitucional puede desechar in limine litis una acción de A.C., cuando en su criterio no existan dudas de que se disponen de otros mecanismos eficaces e idóneos para dilucidar dicha pretensión.
En virtud de lo anteriormente dicho, considera este Tribunal Constitucional oportuno señalar: La Sentencia emitida en fecha 20 de febrero de 2001 (Alimentos Delta, C.A.) que ratificó el criterio expuesto en sentencia de fecha 27 de julio de 2000 (caso Mercantiles Seguros Corporativos C.A., Agropecuaria Sefín S.A. y el ciudadano F.C.), se estableció: “…Para que el amparo proceda, es necesario que exista una infracción por acción u omisión a una norma constitucional, sea esta realizada mediante desconocimiento, mala praxis o errada interpretación de normas legales o sub legales, siempre que ella enerve el goce y ejercicio pleno de un derecho constitucional”.
En este mismo sentido, en Sentencia N° 1240 de la Sala Constitucional del 19 de Mayo de 2003, con ponencia del magistrado Antonio García García, expediente N° 02-1062, lo siguiente:
… Observa la Sala que la sentencia consultada declaró expresamente inadmisible in limine litis la acción propuesta cuando obviamente el pronunciamiento sobre la admisibilidad o no de una acción de amparo, a la luz del examen del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por ser realizado al inicio del proceso, es precisamente in limine litis, por lo cual no se hace necesario referirlo.
Diferente es el caso, cuando la Sala precisa la improcedencia in limine litis de la acción, pues por razones de economía y celeridad procesal, tal pronunciamiento que correspondería a la oportunidad procesal última del proceso, se adelanta al momento de la admisión cuando resulta evidente la ausencia de violaciones constitucionales; supuesto en el que se hace necesario utilizar el término para precisar que se ha realizado el examen de fondo, al inicio del proceso, sin oír a la otra parte
.
De igual manera en sentencia más reciente de fecha 09 de Octubre de 2003 de la Sala Constitucional sobre las declaraciones in limine litis en las decisiones la Sala hizo las siguientes reflexiones:
…En consecuencia, al poseer el accionante otra vía idónea ordinaria, para atacar la medida decretada, esta Sala considera que, la acción de amparo debió ser declarada inadmisible.
Debe expresar la Sala que, en la sentencia consultada, la Corte de Apelaciones erró al declarar improcedente in limine litis la acción de a.c..
Ante tales circunstancias, debe esta Sala reiterar el criterio sostenido con relación a las declaraciones in limine litis, en el sentido de que resulta inoficioso y contrario a los principios de celeridad y economía procesal, sustanciar un procedimiento cuyo único resultado final es la declaratoria sin lugar, para lo cual de verificarse durante el estudio de la admisión de la acción, que resulta inoficioso iniciar ese procedimiento, puede declararse in limine litis la improcedencia de la acción; lo cual es distinto a la inadmisibilidad de la acción, que se configura cuando se da alguno de el supuesto establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, cuando no se cumple con alguno de los requisitos que prevé el artículo 18 ejusdem, o cualquier otro supuesto previsto expresamente por la referida ley.
Por lo que, la declaración in limine litis va dirigida únicamente a la improcedencia y en la oportunidad de la admisión, mientras la inadmisibilidad puede ser revisada en cualquier estado y grado de la causa por obedecer a las causales de orden público, o a vicios esenciales.
En este sentido, se determina que la decisión objeto de la presente consulta debió ser declarada inadmisible por cuanto el caso de autos se subsume en la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, razón por la cual, esta Sala constitucional confirma en los términos expuestos, la decisión dictada por la Corte de apelaciones del circuito Judicial Penal del Estado Vargas, ya que a pesar del yerro al haber declarado la improcedencia y no la inadmisibilidad, la motivación del fallo es congruente con el de la presente decisión, y así expresamente se decide
.
En tal virtud, visto que no han sido violadas de manera directa normas de orden constitucional, y en miras a salvaguardar el principio de celeridad y economía procesal debe este Tribunal declara la improcedencia in limine litis de la acción de a.c. propuesta. Así se establece.
-IV-
DISPOSITIVO
Por los fundamentos antes expuestos, este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL NUEVO REGIMEN Y DEL REGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL TRABAJO DEL ESTADO MÉRIDA, actuando en sede constitucional, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:
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- IMPROCEDENTE la acción de A.C. intentada por el ciudadano O.A.G., en contra de la Junta Directiva del Sindicato de Profesores del Instituto Universitario Tecnológico de Ejido SI.PRO.I.U.T.E.
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- NO HAY CONDENATORIA en costas en virtud de la naturaleza del fallo dictado.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión por secretaría.
Dada, Firmada, Sellada y Refrendada en la Sala del Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en Mérida a los cinco (05) de mayo de dos mil once (2011).
Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.
El Juez.
Abg. A.O..
La Secretaria.
Abg. Y.G..
En la misma fecha, siendo las tres y quince de la tarde (03:15 a.m.), se publicó y registró el fallo que antecede.
La Secretaria.
Abg. Y.G..
