Decisión nº 217 de Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo, Tránsito y Agrario de Barinas, de 26 de Septiembre de 2005
| Fecha de Resolución | 26 de Septiembre de 2005 |
| Emisor | Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo, Tránsito y Agrario |
| Ponente | José Gregorio Andrade |
| Procedimiento | Indemnizacion De Daños Materiales Y Morales |
República Bolivariana de Venezuela
En su nombre
Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas
195° y 146°
De una revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente, quien aquí suscribe observa que en el auto de fecha 08 de Junio de 2005, se acordó citar mediante cartel a la empresa demandada “EXPRESOS MERIDA C.A.”, y realizar la fijación en la oficina o negocio de la Empresa demandada, así como la publicación en los diarios “DE FRENTE” y “LA PRENSA”, de ésta ciudad de Barinas; y por cuanto se observa que la empresa demandada se encuentra domiciliada en la ciudad de San C.E.T., lo que hace necesaria la publicación del cartel en dos diarios de circulación de la localidad donde se encuentra domiciliada dicha empresa; por lo que se aprecia una subversión del orden procesal establecido en la ley, y en consecuencia, se vulneró los derechos del debido proceso de acuerdo con lo establecido en la Constitución Bolivariana de Venezuela y en la ley procesal común, en concordancia con el sagrado deber que como operadores de justicia poseemos los Jueces de la República al momento de admitir, tramitar y decidir las controversias sometidas a nuestra consideración, de actuar ajustados a lo dispuesto en las disposiciones adjetivas aplicables al caso, ya que en caso contrario estaríamos vulnerando el principio de legalidad de las formas procesales, y juzgando fuera de nuestra competencia, con evidente abuso de poder.
En razón a los motivos de hecho y consideraciones expuestas, este Tribunal considera necesario reponer la causa a fin de corregir el error cometido, que acarrea la nulidad de lo actuado, teniendo en cuenta para ello, lo señalado por el Tribunal Supremo de Justicia en sala de casación social en sentencias de fechas 17 de Febrero y 24 de Mayo de 2000 en las que expuso:
" … Las reposiciones deben perseguir una finalidad útil para corregir así los vicios ocurridos en el trámite del proceso. Ello conduce a que los jueces deben examinar exhaustivamente y verificar la existencia de algún menoscabo de las formas procesales, que impliquen violación del derecho a la defensa y del debido proceso, para acordar una reposición”.
Siendo que la reposición es una institución procesal creada con el fin práctico de corregir los errores de procedimiento, que afecten o menoscaben el derecho de las partes con infracción de normas legales que señalen las condiciones que deben seguirse en el trámite del proceso, ya que había sido jurisprudencia reiterada de la antigua Corte Suprema de Justicia y del actual Tribunal Supremo de Justicia el que la reposición no puede tener por objeto subsanar desaciertos de las partes, sino corregir vicios procesales, faltas del Tribunal que afecten el orden público o que perjudiquen los intereses de las partes sin culpa de éstas.
Vista ella dentro del conjunto de garantías que conforman la compleja noción del debido proceso, entendido en su sentido formal, se encuentra el derecho de toda persona a ser juzgada de acuerdo con el procedimiento judicial establecido con anterioridad en la ley, ello en virtud del principio de legalidad de las formas procesales que rige en ordenamientos jurídicos como el venezolano, donde está excluido el principio de libertad de las formas procesales. Tal garantía, atiende al mismo tiempo al principio de seguridad jurídica que ha de regir las relaciones jurídicas existentes entre los particulares y entre éstos y el Estado, específicamente, en cuanto a la determinación previa de las vías judiciales que deberán seguirse en aquellos casos en los que surjan conflictos con motivo de dichas relaciones, que deban ser dirimidos en definitiva por los órganos jurisdiccionales competentes.
Ciertamente, el artículo 24 de la Constitución Española no incluye un derecho fundamental a procesos determinados; son los órganos judiciales los que aplicando las normas competenciales o de otra índole han de encausar (sic) cada pretensión por el procedimiento adecuado, sea o no el elegido por la parte actora (STC 2/1986). Pero si el seleccionado por el demandante objetivamente cumple el presupuesto de la adecuación, no puede imponerse un cause (sic) procesal distinto
. (Cursiva del Tribunal).
En consecuencia, es criterio vinculante de dicha Sala que la admisión de una demanda y el obviar los requisitos para la admisión del procedimiento por uno distinto al establecido de manera expresa en la ley para el trámite de la misma, resulta contrario al debido proceso, actuación ésta que podría ser susceptible de tutela constitucional por vía de amparo. (Crf. S.S.C. nº 2403 del 09 de octubre de 2002, caso: J.D.R.).
Pues bien, al haberse ordenado la publicación de los carteles en los Diarios “DE FRENTE” y “LA PRENSA”, siendo que la empresa demandada se encuentra domiciliada en la ciudad de San C.E.T., razón por la cual se debió realizar la publicación del cartel en dos diarios de circulación de esa localidad; lo que trajo como consecuencia evidente la violación del debido proceso y del derecho a la defensa, por tal motivo se hace necesario corregir las faltas cometidas tal como lo establece el Artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, el cual es del tenor siguiente:
Artículo 206.- Los Jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.
En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado.
Por todo lo anteriormente expuesto, se hace procedente la reposición de la causa, conforme a la jurisprudencia citada y al artículo anteriormente transcritos.- En consecuencia, este Tribunal de Primera Instancia del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, Administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: SE REPONE LA CAUSA AL ESTADO de citar mediante cartel, conforme a lo establecido en el Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, a la demandada, empresa “EXPRESOS MERIDA C.A”, en la persona del ciudadano: ANGULO J.H., en su carácter de Presidente de la misma; fíjese uno en la morada, oficina o negocio de la empresa demandada y otro cartel igual se publicará en los Diarios “LA NACION” y “EL DIARIO”, de la localidad de San Cristóbal, Estado Táchira, con intervalo de tres (3) días entre una y otra publicación. Para la fijación del cartel en la morada, oficina o negocio de la demandada, se comisiona suficientemente al Juzgado de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. Se revoca por contrario imperio el auto de fecha 08 de Junio de 2005, declarándose la nulidad de lo actuado con posterioridad a dicho auto, quedando vigente el avocamiento de éste juzgador así como las notificaciones practicadas al respecto.
PUBLIQUESE Y REGISTRESE
Dado, firmado y sellado en la sala del Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. En Barinas, a los Veintiséis (26) días del mes de Septiembre de dos mil Cinco Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.
Abg. J.G.A..
JUEZ TEMPORAL.
Abg. J.W.S.P.
SECRETARIA.
Nota: En la misma fecha, siendo las 8:45 am, se publicó la presente Sentencia y se ordenó el correspondiente registro del mismo. Conste.
La Scria.
JGAP/JWSP/nh.
Exp. 3.929.
