Decisión nº 826 de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 27 de Marzo de 2012

Fecha de Resolución27 de Marzo de 2012
EmisorJuzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo
PonenteMiguel Angel Colmenares Chacon
ProcedimientoCobro De Prestaciones Sociales Y Otros Conceptos

-II-

PARTE NARRATIVA

Se inician las presentes actuaciones, mediante escrito presentado para su distribución en fecha 21.1.2011, por el abogado J.R.A., asistiendo a los ciudadanos Z.R., É.G.G.S. y J.C.V.C., por ante los Juzgados de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, cuya pretensión se circunscribe al cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales.

En fecha 25.1.2011, el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, admite la demanda y ordena la comparecencia de la demandada Alcaldía del municipio Michelena del estado Táchira, para la celebración de la audiencia preliminar, dicha audiencia se inició el día 31.5.2011 y finalizó el día 7.11.2011, ordenándose la remisión del expediente en fecha 15.11.2011, para su distribución a los Juzgados de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, correspondiendo la misma a este Juzgado Primero de Primera Instancia Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, el cual después de la celebración de la audiencia oral, pública y contradictoria pasa de seguida al análisis de la controversia en los siguientes términos:

-II-

PARTE MOTIVA

Alegatos de la demanda:

Con respecto a la ciudadana Z.R.:

Que comenzó a prestar sus servicios personales, subordinados e ininterrumpidos desde el día 1.10.2004, para la Alcaldía del Municipio Michelena del Estado Táchira, asignada en principio para el Instituto Autónomo Municipal del Deporte y Recreación, hasta el día 27.3.2007, realizando funciones tales como: coordinar los eventos en todas las disciplinas de deportes planificadas por la directiva, entre otras.

Que devengó el salario mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional durante los años 2004 y 2005; para enero 2006 de Bs. 500; a partir de mayo 2007 la asignaron como fiscal de obras a la oficina de sindicatura, devengando Bs. 600, hasta el 27.9.2007 y posteriormente hasta el 31.12.2007 percibió Bs. 790, hasta septiembre 2008, devengando Bs. 1.190, con un horario de trabajo de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m. y 2:00 p. m. a 5:30 p. m.

Que el día 9.12.2008, fue despedido sin causa justa por el ciudadano alcalde mediante carta de despido, por lo que acudió a la Subinspectoría del Trabajo en La Fría, en fecha 18.12.2008, a los fines de solicitar el reenganche por despido injustificado, alegando que se encontraba amparado por el decreto de inamovilidad vigente, y se le apertura expediente administrativo n.° 035-2008-01-00068, y se decidió en fecha 2.3.2009, por el inspector del trabajo mediante p.a. n.° 255-09, en la que ordenaron el reenganche inmediato, así como el pago de los conceptos patrimoniales y salariales dejados de percibir, desde el 9.12.2008.

Que luego de notificada la Alcaldía de la orden de la Inspectoría, en la persona del ciudadano alcalde y del síndico procurador municipal en fechas 20.4.2009 y 17.4.2009, respectivamente, no fue reincorporada a sus funciones.

Que por lo anteriormente expuesto demanda los siguientes conceptos: 1) Antigüedad más intereses; 2) Bono vacacional vencido; 3) Vacaciones vencidas; 4) Diferencia de utilidades; 5) Despido injustificado e indemnización sustitutiva de preaviso; 6) Salarios dejados de percibir, para un total a demandar de Bs. 61.427,00.

Con respecto al ciudadano É.G.G.S.:

Que comenzó a prestar sus servicios personales, subordinados e ininterrumpidos desde el día 13.8.2000, para la Alcaldía del Municipio Michelena del Estado Táchira, como obrero, asignado en principio como chofer del camión recolector de aseo urbano, posteriormente como ayudante de mecánica y por último como jefe de mantenimiento y vialidad, realizando funciones propias al cargo.

Que devengaba para los años 2000, 2001 y 2002 un salario de Bs. 470; para los años 2003 y 2004 de Bs. 520; años 2005 y 2006 de Bs. 634; año 2007 de Bs. 800 y año 2008 de Bs. 1.300, con un horario de trabajo de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 12:00 m. y de 1:30 p. m. a 5:00 p. m.

Que el día 9.12.2008, fue despedido sin causa justa por el ciudadano alcalde mediante carta de despido, por lo que acudió a la Subinspectoría del Trabajo en La Fría, en fecha 18.12.2008, a los fines de solicitar el reenganche por despido injustificado, alegando que se encontraba amparado por el decreto de inamovilidad vigente, y se le apertura expediente administrativo n.° 035-2008-01-00068, el cual se decidió en fecha 2.3.2009, por el inspector del trabajo mediante p.a. n.° 255-09, en la que ordenó el reenganche inmediato, así como el pago de los conceptos patrimoniales y salariales dejados de percibir, desde el 9.12.2008.

Que luego de notificada la alcaldía de la orden de Inspectoría, en la persona del ciudadano alcalde y del síndico procurador municipal en fechas 20.4.2009 y 17.4.2009, respectivamente, no fue reincorporado a sus funciones.

Que por lo anterior expuesto demanda los siguientes conceptos: 1) Antigüedad más intereses; 2) Bono vacacional vencido; 3) Vacaciones vencidas; 4) Diferencia de utilidades; 5) Despido injustificado e indemnización sustitutiva de preaviso; 6) Salarios dejados de percibir, para un total a demandar de Bs. 97.537, 07.

Con respecto al ciudadano J.C.V.C.:

Que comenzó a prestar sus servicios personales, subordinados e ininterrumpidos desde el día 1.9.2000, para la Alcaldía del Municipio Michelena del Estado Táchira, como obrero contratado, posteriormente como ayudante de herrería y por último como jefe de parques y jardinería, realizando funciones propias al cargo.

Que devengaba desde el inicio de la relación laboral hasta el año 2005 el salario mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional; para el año 2006 de Bs. 750; año 2007 de Bs. 1 000; y en el año 2008 de Bs. 1 300, con un horario de trabajo de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 12:00 m. y de 1:30 p. m. a 5:00 p. m.

Que el día 9.12.2008, fue despedido sin causa justa por el ciudadano alcalde mediante carta de despido, por lo que acudió a la Subinspectoría del Trabajo en La Fría, en fecha 18.12.2008, a los fines de solicitar el reenganche por despido injustificado, alegando que se encontraba amparado por el decreto de inamovilidad vigente, y se le apertura expediente administrativo n.° 035-2008-01-00068 , el cual se decidió en fecha 2.3.2009, por el inspector del trabajo mediante p.a. n.° 255-09, en la que ordenó el reenganche inmediato, así como el pago de los conceptos patrimoniales y salariales dejados de percibir, desde el 9.12.2008.

Que luego de notificada la alcaldía de la orden de Inspectoría, en la persona del ciudadano alcalde y del síndico procurador municipal en fechas 20.4.2009 y 17.4.2009, respectivamente, no fue reincorporado a sus funciones.

Que por lo anterior expuesto demanda los siguientes conceptos: 1) Antigüedad más intereses; 2) Bono vacacional vencido; 3) Vacaciones vencidas; 4) Diferencia de utilidades; 5) Despido injustificado e indemnización sustitutiva de preaviso; 6) Salarios dejados de percibir, para un total a demandar de Bs. 88.637,04.

Por lo que se estima como cuantía de la demanda un total general de Bs. 247.601,11.

Alegatos del demandado:

Con respecto a la ciudadana Z.R.:

Como hechos admitidos como ciertos, la prestación de servicio, cargo desempeñado como fiscal de obras, horario de trabajo de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 5:30 p. m. y terminación de la relación de trabajo en fecha 9.12.2008.

Como hechos controvertidos, niega, rechaza y contradice, la fecha de inicio de la relación de trabajo.

Niega, rechaza y contradice, que la demandante haya sido despedida injustificadamente el día 9.12.2008.

Niega, rechaza y contradice, que se le deba la suma de Bs. 12.750,63, por concepto de antigüedad.

Niega, rechaza y contradice, que su representada deba la suma de Bs. 2.275, por concepto de vacaciones vencidas.

Niega, rechaza y contradice, que su representada deba la suma de Bs. 3.333,33, por concepto de bono vacacional.

Niega, rechaza y contradice, que su representada deba la suma de Bs. 1.773,08, por concepto de diferencia de utilidades.

Niega, rechaza y contradice, que su representada deba pagar la suma de Bs. 5.999,20, por concepto de indemnización por despido injustificado.

Niega, rechaza y contradice, que su representada deba pagar la suma de Bs. 2.184, por concepto de indemnización por preaviso.

Niega, rechaza y contradice, que su representada deba pagar la suma de Bs. 28.028, por concepto de salarios dejados por percibir.

Niega, rechaza y contradice, que su representada deba pagar la suma de Bs. 61.427, por concepto de cuantía de la pretensión total de la ciudadana Z.R..

Con respecto al ciudadano É.G.G.S.:

Como hechos admitidos como ciertos, la prestación de servicio, fecha de inicio de la relación de trabajo 13.8.2000, cargo desempeñado jefe de mantenimiento y vialidad, horario de trabajo de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 12:00 m. y de 1:30 p. m. a 5:00 p. m. y terminación de la relación de trabajo en fecha 9.12.2008.

Como hechos controvertidos, niega, rechaza y contradice, que el demandante haya sido despedido injustificadamente el día 9.12.2008.

Niega, rechaza y contradice, que se le deba la suma de Bs. 24.513,28 por concepto de antigüedad.

Niega, rechaza y contradice, que su representada deba la suma de Bs. 2.804,78, por concepto de diferencia de utilidades.

Niega, rechaza y contradice, los montos demandados por vacaciones y bono vacacional.

Niega, rechaza y contradice, que su representada deba pagar la suma de Bs. 11.071,50, por concepto de indemnización por despido injustificado.

Niega, rechaza y contradice, que su representada deba pagar la suma de Bs. 3.120, por concepto de indemnización de preaviso.

Niega, rechaza y contradice, que su representada deba pagar la suma de Bs. 40.040, por concepto de salarios dejados de percibir.

Niega, rechaza y contradice, que su representada deba pagar la suma de Bs. 116.743,49, por concepto de cuantía de la pretensión total del ciudadano É.G.G.S..

Con respecto al ciudadano J.C.V.C.:

Como hechos admitidos como ciertos, la prestación de un servicio, el horario de trabajo de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 12:00 m. y de 1:30 p. m. a 5:00 p. m., fecha de la terminación de la relación de trabajo 9.12.2008 y cargo de jefe de parques y jardinería.

Como hechos controvertidos, niega, rechaza y contradice, que la fecha de inicio de la relación de trabajo haya sido el día 1.9.2000.

Niega, rechaza y contradice, que haya sido despedido injustificadamente el día 9.12.2008.

Niega, rechaza y contradice, que se le deba la suma de Bs. 24.513,28, por concepto de antigüedad.

Niega, rechaza y contradice, que su representada deba pagar la suma de Bs. 2.337, por concepto de diferencia de utilidades.

Niega, rechaza y contradice, que se le adeude la suma de Bs. 4.333,33, por concepto de vacaciones.

Niega, rechaza y contradice, que se le adeude la suma de Bs. 7.467,06, por concepto de bono vacacional.

Niega, rechaza y contradice, que su representada deba pagar la suma de Bs. 11.824,80, por concepto de indemnización por despido injustificado.

Niega, rechaza y contradice, que su representada deba pagar la suma de Bs. 97.537,07, por concepto de de salarios dejados de percibir.

Alega como fundamento de la improcedencia del cobro de los salarios dejados de percibir, según p.a. n.° 255-09, que las Inspectorías del Trabajo, son autónomas para ejecutar sus propias decisiones, a tal efecto una vez concedido el lapso de cumplimiento voluntario de una p.a., durante los tres días hábiles siguientes debe intentarse el cumplimiento forzoso de la misma y en caso de no ser acatada debe abrirse el procedimiento de multa por parte de las unidades de supervisión. Es a partir de que se inicia el procedimiento de multas sucesivas que el trabajador puede recurrir a los tribunales del trabajo.

Que los demandantes nunca solicitaron la ejecución forzosa de la providencia, por lo tanto no agotaron la vía administrativa, por tal motivo considera que este tribunal es incompetente para conocer sobre el reenganche y cobro de salarios caídos.

Que es improcedente el cobro de salarios caídos hasta la fecha 20.1.2011, por cuanto el dispositivo de la p.a. particular segundo, ordena el pago de salarios caídos desde el día 9.12.2008 y aquellos que se le hayan privado con ocasión del proceso y ese proceso no ha terminado por cuanto no agotaron la vía administrativa.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:

En un fracatán de sentencias emanadas de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, se ha establecido que la distribución de la carga de la prueba en materia laboral se fijará de acuerdo con la forma en la que el accionando dé contestación a la demanda, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el artículo 135 eiúsdem.

Planteados, como han quedado los hechos alegados por la parte actora, así como las excepciones y defensas opuestas por la demandada, se infiere que la controversia queda delimitada a comprobar: Con respecto a los codemandantes Z.R. y J.C.V.C.: a) Fecha de inicio de la relación laboral; b) Causa de terminación de la relación de trabajo y procedencia o no de la indemnizaciones del 125 de la Ley Orgánica del Trabajo; c) Salarios dejados de percibir; y d) La procedencia o no de los conceptos reclamados. Con respecto al accionante É.G.G.S.: a) Causa de terminación de la relación de trabajo y procedencia o no de la indemnizaciones del 125 de la Ley Orgánica del Trabajo; b) Salarios dejados de percibir; y c) La procedencia o no de los conceptos reclamados.

Establecidos, como han quedado los términos del presente contradictorio, este juzgado, pasa a analizar las pruebas promovidas y evacuadas por las partes.

Pruebas de la parte demandante

1) Pruebas documentales:

1.1) Copia del expediente de reenganche y pago de salarios caídos de la Subinspectoría de La Fría del estado Táchira, signado con el n.° 035-2008-01-00068, de la sala de fueros, marcado “A”, inserto en los folios del 177 al 239. Por tratarse de documentos públicos administrativos emanados de la autoridad competente para ello, no impugnados en la audiencia oral, pública y contradictoria de juicio por la parte contra quien se opone, se les reconoce pleno valor probatorio como tal, de conformidad con lo establecido el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en cuanto al reclamo realizado por los accionantes, con motivo del cobro de prestaciones sociales por despido injustificado, contra la Alcaldía del Municipio Michelena del Estado Táchira.

1.2) P.a. n.° 255-2009, dictada por la Subinspectoría del Trabajo del estado Táchira, en el expediente n.° 035-2008-01-00068, de fecha 2.3.2009, inserta en los folios del 215 al 228. Por tratarse de documentos públicos administrativos emanados de la autoridad competente para ello, no impugnados en la audiencia oral, pública y contradictoria de juicio por la parte contra quien se opone, se les reconoce pleno valor probatorio como tal, de conformidad con lo establecido el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en cuanto a la orden de reenganche y pago de salarios dejados de percibir, emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Táchira, a favor de los accionantes, contra la Alcaldía del Municipio Michelena del Estado Táchira.

1.3) Constancias de trabajo, emitida por la directora de Recurso Humanos de la Alcaldía del Municipio Michelena, de la ciudadana Z.R., insertas en los folios 240 y 241. Por tratarse de documentos que emanan de la parte contra quien se oponen y no impugnadas en la audiencia oral, pública y contradictoria de juicio, por estar en copias simples, se les reconoce valor probatorio de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en cuanto a la prestación del servicio y el salario devengado en las fechas indicadas en las constancias por parte de la accionante Z.R..

1.4) Copia de la libreta de ahorro, correspondientes a la cuenta n.° 0007-005-25-40010060562, de la entidad financiera Bicentenario, banco universal C. A., a nombre del ciudadano J.C.V.C., correspondiente al año 2006, inserta en el folio 242. Por tratarse de una documental que se encuentra en copia simple y emanada de un tercero ajeno al proceso, no ratificada en juicio, en principio no debería otorgarle valor probatorio alguno, sin embargo, al ser concatenado con la planilla o nómina de pago que esta suscrita por el extrabajador, que corre al f. ° 283, el número de cuenta coinciden, en consecuencia se le otorga valor probatorio, en cuanto a los salarios depositados a favor del accionante.

1.5) Copia de la libreta de ahorro, correspondientes a la cuenta n.° 0007-005-25-10010058210, de la entidad financiera Bicentenario, banco universal C. A., a nombre del ciudadano É.G.G.S., correspondiente a los años 2003 al 2008, inserta en los folios del 243 al 258. Por tratarse de una documental que se encuentra en copia simple y emanada de un tercero ajeno al proceso, no ratificada en juicio, en principio no debería otorgarle valor probatorio alguno, sin embargo, al ser adminiculada con la planilla o nómina de pago que esta suscrita por el extrabajador, que corre al f ° 283, el número de cuenta coinciden, en consecuencia se le otorga valor probatorio, en cuanto a los salarios depositados a favor del accionante.

1.6) Convención colectiva celebrada entre la alcaldía del municipio Michelena y el Sindicato Único de Empleados y Obreros de la Alcaldía del Municipio Michelena del Estado Táchira, del año 1997, vigente para la fecha, inserta en los folios del 80 al 112. No se valora por cuanto no constituyen medio de prueba de los establecidos en la Ley, sino fuente de derecho, la cual debe ser conocida y aplicada por el juez.

1.7) Expediente de la sala de reclamos de la Subinspectoría del Trabajo de La Fría del estado Táchira, signado con el n.° 035-2020-03-00231, instaurado por los ciudadanos Z.R., É.G.G.S. y J.C.V.C. contra la alcaldía del municipio Michelena, inserto en los folios del 259 al 271. Por tratarse de documentos públicos administrativos emanados de la autoridad competente para ello, no impugnados en la audiencia oral, pública y contradictoria de juicio por la parte contra quien se opone, se les reconoce pleno valor probatorio como tal, de conformidad con lo establecido el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en cuanto al reclamo realizado por los accionantes, con motivo del cobro de prestaciones sociales por despido injustificado, contra la Alcaldía del Municipio Michelena del Estado Táchira.

1.8) Acta conciliatoria de fecha 28.7.2010, levantada por la sala de reclamos de la Subinspectoría del Trabajo de La Fría del estado Táchira, en el expediente n.° 035-2020-03-00231, inserta en los folios 272 y 273. Por tratarse de documentos públicos administrativos emanados de la autoridad competente para ello, no impugnados en la audiencia oral, pública y contradictoria de juicio por la parte contra quien se opone, se les reconoce pleno valor probatorio como tal, de conformidad con lo establecido el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en cuanto al reclamo realizado por los accionantes, con motivo del cobro de prestaciones sociales por despido injustificado, y la inasistencia de la Alcaldía del Municipio Michelena del Estado Táchira, al acto conciliatorio.

2) Prueba de exhibición: Esta prueba no fue admitida y pasado el lapso correspondiente, la parte interesada no ejerció el recurso de apelación, en consecuencia, nada tiene este juzgador que pronunciar al respecto.

3) Prueba de informes:

3.1) A la Inspectoría del Trabajo del estado Táchira, sala de contratos, conciliación y conflictos, ubicada en la avenida 19 de Abril, centro comercial El Tamá, planta baja, San Cristóbal, estado Táchira, a los fines de que informe sobre los siguientes particulares:

 De la existencia de la convención colectiva, celebrada entre la Alcaldía del Municipio Michelena y el Sindicato Único de Empleados y Obreros de la Alcaldía del Municipio Michelena del estado Táchira, del año 1997 vigente para la fecha y que se encuentra en el expediente signado con el n.° 056-1995-04-00003.

Se recibió respuesta a esta prueba en fecha 29.2.2012, la cual corre inserta al folio 13, de la segunda pieza, donde informa el inspector la existencia de la convención colectiva solicitada y la misma se encuentra contenida en el expediente n.° 056-1995-04-00003, en consecuencia se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del trabajo.

3.2) A la entidad financiera Bicentenario, banco universal C. A. Para la fecha de la celebración de la audiencia oral, pública y contradictoria de juicio no se había recibido respuesta a esta prueba, sin embargo la misma no es imprescindible para la resolución del proceso.

4) Pruebas testimoniales:

De los ciudadanos: Marleyin Zambrano Chacón, venezolana, con cédula de identidad n.° V-13.171.565; A.F.C. de Ramírez, venezolana, con cédula de identidad n.° V-13.171.752; J.C.M.R., venezolano, con cédula de identidad n.° V-17.677.648; L.S.M.R., venezolana, con cédula de identidad n.° V-13.536.689; D.E.C., venezolana, con cédula de identidad n.° V-5.124.239; C.J.P., venezolana, con cédula de identidad n.° V-5.124.239; J.d.J.C.L., venezolano, con cédula de identidad n.°. V-8.090.058.

En la oportunidad procesal de la evacuación de esta prueba, se dejó constancia de la incomparecencia de los prenombrados ciudadanos a la audiencia oral, pública y contradictoria de juicio, a los fines de rendir su declaración testimonial, por lo tanto nada tiene que valorar este juzgador.

Pruebas de la parte demandada

1) Pruebas documentales:

1.1) Copia certificada de diversas nóminas de pago del personal de la Alcaldía del Municipio Michelena del Estado Táchira, desde abril 2006 hasta la segunda quincena del 2008, incluyendo la nómina de aguinaldos del 2008, donde se encuentran los pagos realizados a la ciudadana Z.R., marcado “A”, inserta en los folios del 279 al 288. En cuanto a los folios del 279 hasta el 284 y 288, por tratarse de documentos que emanan de la propia parte que los promueve y suscritos por la accionante, se le reconoce valor probatorio, de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en cuanto a los salarios recibidos correspondientes al 15.4.2006, 15.8.2007, 30.12.2007, 15.1.2008, 15.7.2008, aguinaldos del periodo 2007 y un mes de aguinaldos periodo 2008, por los montos señalados, a favor de la extrabajadora Z.R.. Con respecto a los folios 285, 286 y 287, no se le otorga valor probatorio alguno por cuanto no están suscritos por la extrabajadora.

1.2) Copia certificada de diversas nóminas de pago del personal de la Alcaldía del Municipio Michelena del Estado Táchira, desde el 15.10.2000, hasta la segunda quincena del 2008, incluyendo la nómina de aguinaldos del 2008, donde se encuentran los pagos realizados al ciudadano É.G., marcado “B”, inserta en los folios 294 al 330. Por tratarse de documentos que emanan de la propia parte que los promueve y suscritos por el accionante, se le reconoce valor probatorio, de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en cuanto a los salarios y aguinaldos recibidos en los periodos y por los montos señalados, a favor del extrabajador É.G..

1.3) Copia certificada de diversas nóminas de pago del personal de la Alcaldía del Municipio Michelena del Estado Táchira, desde el 1.1.2001 hasta la segunda quincena del 2008, incluyendo la nómina de aguinaldos del 2008, donde se encuentran los pagos realizados al ciudadano J.C.V., marcado “C”, inserta en los folios del 332 al 366. En cuanto a los folios del 332 hasta el 340, del 342 al 364 y 366, por tratarse de documentos que emanan de la propia parte que los promueve y suscritos por el accionante, se le reconoce valor probatorio, de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en cuanto a los salarios y aguinaldos recibidos en los periodos y por los montos señalados, a favor del extrabajador. Con respecto a los folios 341 y 365, no se le otorga valor probatorio alguno por cuanto no están suscritos por el extrabajador.

1.4) CD contentivo de la memoria y cuenta de la alcaldía del municipio Michelena del estado Táchira, del año 2009, marcado “D”, inserto en el folio 368. Por cuanto, esta es una prueba que no trae nada al proceso, no se le otorga valor probatorio alguno.

1.5) Acto administrativo de retiro de la alcaldía del municipio Michelena del estado Táchira, de la ciudadana Z.R., marcado “E”, inserto en el folio 369. Por tratarse de un documento que emana de la propia parte que lo promueve y suscrito por la accionante, se le reconoce valor probatorio, de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en cuanto al despido ordenado de la extrabajadora.

1.6) Copia del recibo de pago, de fecha 23.9.2006, por concepto de pago de bono vacacional correspondiente al año 2006, copia del cheque librado del banco Banfoandes, de fecha 23.9.2006, n.° 62791170, a nombre la ciudadana Z.R., recibo de pago de fecha 31.12.2006, por concepto de anticipo de prestaciones sociales a nombre de Z.R. y copia del cheque n.° 95501058, de fecha 29.12.2006 del banco Banfoandes, marcados “F”, insertos en los folios del 371 al 375. Por cuanto estas documentales son promovidas por la parte accionada y suscritas por la extrabajadora Z.R., se les otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en cuanto al pago de vacaciones del año 2006 y anticipo de prestaciones sociales al 31.12.2006, por los montos señalados, a favor de la accionante.

1.7) Acto administrativo de retiro de la Alcaldía del Municipio Michelena del Estado Táchira, del ciudadano É.G.G.S., marcado “G”, inserto en el folio 377. Por tratarse de un documento que emana de la propia parte que lo promueve y suscrito por el accionante, se le reconoce valor probatorio, de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en cuanto al despido ordenado del extrabajador.

1.8) Orden de pago n.° 2757, de fecha 9.11.2011, por concepto de cancelación de prestaciones sociales a nombre del ciudadano É.G., marcado “H”, inserto en el folio 379. Por cuanto es un documento promovido por la parte accionada y suscrita por el extrabajador E.G., se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en cuanto al pago de prestaciones sociales al 9.11.2001, por el monto señalado, a favor del accionante.

1.9) Constancia del disfrute de las vacaciones correspondiente al período 2005-2006 y 2007, del ciudadano E.G., marcado “I”, inserto en los folios 381 y 382. Por cuanto estas documentales son promovidas por la parte accionada y suscritas por el extrabajador E.G., se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en cuanto al disfrute de los periodos vacacionales 2005-2006, 2006-2007, en las fechas indicadas, a favor del accionante.

1.10) Orden de pago n.° 2739, de fecha 9.11.2011, por concepto de cancelación de prestaciones sociales a nombre del ciudadano J.C.V., marcado “J”, inserto en el folio 384. Por cuanto es un documento promovido por la parte accionada y suscrita por el extrabajador J.C.V., se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en cuanto al pago de prestaciones sociales al 9.11.2001, por el monto señalado, a favor del accionante.

1.11) Constancia del disfrute de las vacaciones del período 2006-2007 y pago de las vacaciones correspondientes al período 2006 y 2007, del ciudadano J.C.V., marcado “K”, inserto en los folios 386 y 387. Por cuanto estas documentales son promovidas por la parte accionada y suscritas por el extrabajador E.G., se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en cuanto al disfrute del periodo vacacional 2006-2007, y el pago de vacaciones periodo 2006-2007, por el monto y en las fechas indicadas, a favor del accionante.

2) Pruebas testimoniales:

Del ciudadano J.G.M.M., venezolano, con cédula de identidad n.° V-5.642.514.

En la oportunidad procesal de la evacuación de esta prueba, se dejó constancia de la incomparecencia del prenombrado ciudadano a la audiencia oral, pública y contradictoria de juicio, a los fines de rendir su declaración testimonial, por lo tanto nada tiene que valorar este juzgador.

Efectuado el análisis de todo el acervo probatorio que antecede entra, este juzgador, a decidir la presente controversia, en los siguientes términos:

  1. ) Referente a los ciudadanos Z.R., E.G.G.S. y J.C.V.C.:

    Con respecto a la fecha de inicio de la relación laboral, señala la representación judicial de los accionantes Z.R. y J.C.V.C., que comenzaron a prestar sus servicios personales, subordinados e ininterrumpidos para la Alcaldía del Municipio Michelena del Estado Táchira desde el 1°.10.2004 y del 1°.9.2000, respectivamente. Sin embargo, en el escrito de contestación de la demanda la accionada niega, rechaza y contradice que la fecha de inicio de la relación laboral haya sido la indicada en el escrito de demanda, en cuanto a la ciudadana Z.R., alega:

    No es cierto que iniciara el Primero (01) de octubre (02) del año 2004, lo cierto es que inició el día 02 de enero del año 2006, tal como consta RESOLUCIÓN No 07, de fecha 27 de marzo de 2007, que anula la Resolución No 03 de fecha 02 de enero de 2006.

    Con respecto al extrabajador J.C.V.C., alega la accionada:

    …lo verdaderamente cierto es que la relación se inicio el día primero (01) de enero del 2001.

    Ahora bien, la carga de la prueba le correspondía a la accionada, de conformidad con el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; sin embargo, la misma no aporta pruebas a los fines de demostrar que en efecto la relación laboral comenzó en las mencionadas fechas; y la prueba que invoca, es decir la resolución n. ° 7, de fecha 27.3.2007, con respecto a Z.R., que corre inserta al f. ° 35, sirve para indicar la fecha en que fue nombrada la accionante como fiscal de obras, en calidad de contratada, sin embargo, cursa en los folios 373 y 374, pago de anticipo de prestaciones sociales, suscrita por la extrabajadora Z.R., y agregada por la parte demandada, donde se evidencia, en el cuadro de cálculo de prestaciones sociales, que la fecha de inicio es el día 31 de enero del 2005.

    Con respecto al accionante J.C.V., la representación judicial de la accionada no aportó prueba alguna que indique una fecha de inicio de la relación laboral, contraria a la argumentada en el escrito de demanda, aunado al hecho que en el cúmulo probatorio aportado al expediente por la accionada, corre inserta al f ° 387, planilla de liquidación de vacaciones del extrabajador y suscrita por él, en la cual indica fehacientemente que la fecha de inicio de la relación laboral es el 1° de septiembre del 2000.

    En consecuencia, es forzoso, para este juzgador determinar, que con respecto a la ciudadana Z.R., la fecha de inicio de la relación laboral fue el 31 de enero del 2005; y la del ciudadano J.C.V., la indicada en el escrito de demanda, es decir el 1°.9.2000. Así se decide.

    En cuanto al punto controvertido referente a la causa de terminación de la relación de trabajo y procedencia o no de la indemnizaciones del 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, En el escrito de demanda, alegan los accionantes que fueron despedidos de manera injustificada por la accionada, mediante cartas de despidos, de fecha 9 de diciembre del 2008. Ahora bien, en el escrito de contestación a la demanda la accionada negó, rechazó y contradijo el despido injustificado, alegando que los accionantes, son funcionarios públicos, de libre nombramiento y remoción.

    En tal sentido, corresponde a quien afirme hechos nuevos la carga de probar, de conformidad con el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en consecuencia, la carga de probar la causa del despido le corresponde a la accionada, debido a que su representación judicial reconoció que efectuó el despido, argumentando que los extrabajadores son funcionarios públicos, alegando hechos nuevos y queriendo concordar su pretensión de de que los accionantes son de libre nombramiento y remoción.

    Ahora bien, tal y como se desprende del contenido de las pruebas aportadas por los accionantes [p.a. 255-2009 de fecha 2.3.2009 inserta del folio 215 al 239}; empero la accionada al no haber aportado prueba alguna a los autos que respalde el alegado argüido, en consecuencia, considera este juzgador, que la culminación de la relación laboral, se debió a un despido injustificado, por ende, es procedente el pago por los conceptos de indemnización por despido injustificado e indemnización sustitutiva de preaviso, de conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.

    En lo que respecta a los salarios dejados de percibir por los extrabajadores, la representación judicial de los accionantes alega en su escrito de demanda que fueron beneficiados por la p.a. n.° 255-2009, de fecha 2.3.2009, en la cual se ordenó el reenganche y el pago de los conceptos patrimoniales y salariales dejados de percibir. Sin embargo en el escrito de contestación de la demanda, la representación judicial de la accionada niega, rechaza y contradice lo alegado por los demandantes referente a este punto de la siguiente forma:

    […] que las inspectorías del trabajo son autónomas para ejecutar sus propias decisiones […], y en caso de no ser acatada debe abrirse el procedimiento de multa […]. Como puede observarse de los autos, los demandantes nunca solicitaron la ejecución forzosa de la providencia, por lo tanto no se agotó la vía administrativa, por tal motivo este Tribunal es incompetente para conocer sobre el reenganche y cobro de salarios caídos.

    Por otra parte, una vez que el procedimiento de cobro de salarios caídos se encuentra en curso y el trabajador decide acudir a la jurisdicción de los Tribunales del Trabajo, para reclamar sus prestaciones sociales, tácitamente está renunciando al cobro de los mismos y así lo invoco.

    Ahora bien, es importante para este juzgador precisar, que la representación judicial de la accionada en sus alegatos de defensa, contenida en el escrito de contestación de la demanda referente a los salarios dejados de percibir por los extrabajadores, se sirve de dos elementos diferentes, es decir:

    1. Que el Tribunal es incompetente para conocer sobre el reenganche y cobro de salarios caídos, al respecto, es de señalar que la presente demanda es por cobro de prestaciones sociales y otros derechos laborales, es decir, los accionantes demandan es el cobro de montos por derechos causados, que son adeudados por la Alcaldía del Municipio Michelena del Estado Táchira, a los extrabajadores, aunado a ello existe p.a. que decidió lo concerniente a la estabilidad de los accionantes, es decir, este Tribunal no está in cognition de un proceso de reenganche y pago de salarios caídos, en consecuencia nada tiene que decidir este juzgador sobre la competencia. Así se decide.

    2. En lo que respecta a los salarios dejados de percibir por los extrabajadores, es importante señalar y resaltar lo indicado en decisión n.° 0113 de fecha 16.2.2006 de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, que señala la procedencia del cobro de salarios dejados de percibir por la vía judicial ordinaria, en los siguientes términos:

    En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 453 y siguientes de la Ley Orgánica de Trabajo, corresponde al Inspector del Trabajo realizar la calificación del despido de un trabajador amparado por inamovilidad laboral, y en caso de que constatare que ha sido despedido sin el cumplimiento del procedimiento establecido en dicho artículo, puede ordenar el reenganche y pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta su definitiva reincorporación al puesto de trabajo. Asimismo, el precitado decreto de inamovilidad remite al artículo mencionado. Sin embargo, la Inspectoría del Trabajo no tiene competencia para hacer ejecutar forzosamente la obligación del patrono de pagar los salarios caídos, y el trabajador que obtenga una p.a. que ordene su reenganche y pago de salarios caídos no puede acudir al juez de estabilidad para obtener un pronunciamiento que tutele su derecho a conservar su puesto de trabajo, ya que en los supuestos de inamovilidad laboral, el órgano judicial carecería de jurisdicción frente a la administración pública (artículo 59 del Código de Procedimiento Civil).

    En consecuencia, frente al incumplimiento del patrono de reenganchar al trabajador amparado por inamovilidad, si éste decide finalmente abandonar su derecho de reincorporación a su puesto de trabajo, sólo mediante el procedimiento laboral ordinario podría obtener el cumplimiento forzoso de la obligación de pagar los salarios dejados de percibir y el resto de las prestaciones derivadas de la terminación de la relación de trabajo por despido injustificado, lo que pone en evidencia que si el Juzgador declara la improcedencia de esta pretensión, fundamentado en que el procedimiento ordinario no es el medio a través del cual debe resolverse esta controversia, está cercenando el derecho a una tutela judicial efectiva del trabajador.

    Asimismo, en decisión n.° 576 de fecha 29.4.2008 de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, indica:

    La sentencia proferida por el Juzgado Superior Primero del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 30 de mayo del año 2007, en su parte pertinente, expresa:

    Declarado lo anterior, corresponde a esta Alzada, determinar si procede o no el pago de lo reclamado por concepto de salarios caídos: Así tenemos que disentimos del criterio de (sic) a quo, en cuanto a que lo reclamado por concepto de salarios caídos, corresponde solicitarlo ante la autoridad administrativa, por cuanto en este caso, se evidencia que la etapa de ejecución del reenganche que es lo principal, ya se agotó, incluso se apertura un procedimiento de multa a la demandada, y la indemnización correspondiente a los salarios caídos del procedimiento, es un derecho adquirido por el demandante, que puede ser solicitado mediante el procedimiento ordinario, ante los Tribunales Laborales, en virtud que ya es un Derecho causado, desde el punto de vista patrimonial, que puede ser reclamado conjuntamente con las prestaciones sociales, tal como lo ha señalado la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 02482, de fecha 09.11.2006 (caso M.S. Pire y otros contra Vigas Metálicas de Venezuela C.A., con ponencia de la Magistrado Yolanda Jaimes Guerrera). A todo evento, no consta en el expediente, que se hayan suspendido los efectos de la p.a., en virtud del recurso de nulidad interpuesto por la demandada, por lo que se mantienen firmes sus efectos, y mal podemos sustraerse (sic) la demandada de estos efectos del acto administrativo. En consecuencia, se modificará la sentencia recurrida en este sentido, y se condena a la demandada al pago de los salarios caídos a favor del demandante, desde 07.09.2004 hasta el 30.11.2005. Así se decide.

    Observa la Sala, que el sentenciador de alzada condenó correctamente a la parte demandada al pago de los salarios caídos dejados de percibir por el hoy demandante, por considerar que es un derecho adquirido que puede ser solicitado mediante el procedimiento ordinario ante los tribunales laborales, por ser desde el punto de vista patrimonial, un derecho causado que puede ser peticionado conjuntamente con las prestaciones sociales, y por cuanto, aun y cuando se encuentra pendiente una decisión sobre un recurso de nulidad interpuesto contra la p.a. que declaró el pago de los salarios caídos, no consta en el expediente, que se hayan suspendido los efectos de dicha providencia, quedando por lo tanto firmes sus efectos, y por ende, perfectamente condenado por los órganos jurisdiccionales.

    Asimismo, en decisión n.° 1790 de fecha 4.6.2009 de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, que ha venido indicando de manera pacifica y reiterada lo siguiente:

    Demanda la parte actora la cantidad de siete millones doscientos noventa y ocho mil quinientos sesenta y ocho bolívares (Bs. 7.298.568,00) por concepto de salarios caídos, desde el día 4 de julio de 2005 –fecha de terminación de la relación de trabajo- al 4 de noviembre de 2006 (la presente demanda fue interpuesta en fecha 1º de diciembre de 2006), a razón de cuatrocientos cincuenta y seis mil ciento sesenta bolívares (Bs. 456.160,00) por cada mes, con ocasión a la P.A. Nº 558 emanada de la Inspectoría del Trabajo de Maracaibo, Estado Zulia, de fecha 2 de diciembre de 2005, en la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos presentada por la trabajadora demandante ante dicha Inspectoría, en fecha 7 de julio de 2005.

    Al respecto, se observa a los folios 29 al 87 del expediente, copias fotostáticas certificadas del procedimiento de estabilidad laboral instaurado por la ciudadana M.J.U.J., ante la Inspectoría del Trabajo de Maracaibo, Estado Zulia, contra el Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario de Maracaibo (IMAU), en el cual, dicho órgano administrativo, mediante P.A. Nº 558, de fecha 2 de diciembre de 2005 –folios 78 al 82- declaró con lugar la solicitud presentada por la actora y ordenó al mencionado Instituto, el reenganche y el pago de los salarios caídos hasta la efectiva reincorporación de la parte accionante, instrumentales a las que se les otorgó pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

    En razón de ello, el Instituto demandado no demostró haber efectuado el reenganche o el pago de los salarios caídos, dejados de percibir durante el procedimiento administrativo, por lo que no quedó demostrado que se haya liberado de esa obligación.

    Ahora bien, el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo establece:

    Artículo 125. Si el patrono persiste en su propósito de despedir al trabajador, deberá pagarle adicionalmente a lo contemplado en el Artículo 108 de esta Ley, además de los salarios que hubiere dejado de percibir durante el procedimiento, una indemnización equivalente a: (...). (Negrillas de la Sala).

    Adicionalmente, la Sala de Casación Social, en sentencia Nº 576 del 29 de abril de 2008 […]. —Esta última sentencia, fue citada ut supra—.

    En consecuencia, siendo consecuente con las decisiones antes señaladas, emanadas de nuestro Supremo Tribunal de Justicia, es forzoso para este juzgador, determinar que es procedente el pago salarios dejados de percibir por los extrabajadores Z.R., É.G.G.S. y J.C.V.C..

    En todo caso, considera menester este juzgador delimitar, el alcance de la condenatoria por salarios caídos a pagar a los demandantes, motivado a que de conformidad con la p.a. de fecha 2 de marzo del 2009, notificada a la demandada en fecha 17 de abril del 2009, estableció un lapso de cumplimiento voluntario que espiró el 22.4.2009. Ahora bien, transcurrido el lapso del cumplimiento voluntario, el solicitante del reenganche debe solicitarle al inspector del trabajo, que fije fecha y hora para llevar a cabo la ejecución forzosa o el inspector del trabajo deberá fijar de oficio el día y hora en el cual deberá llevar a cabo la ejecución forzosa de la providencia, ya que se trata en este caso, de un reenganche que solo puede cumplirse si el trabajador acompañado de la autoridad administrativa o motu proprio acude a la sede de la empresa para ser reincorporado sus funciones.

    En el presente caso, no consta en el expediente, que el inspector haya ordenado la ejecución forzosa de la p.a., que los demandantes se lo hayan solicitado o que voluntariamente estos últimos hayan acudido a la sede de la Alcaldía demandada a solicitarles el cumplimiento voluntario de la misma, tomando en cuenta lo argüido por el demandado en su escrito de contestación, en la audiencia de juicio y las pruebas aportadas al proceso. De manera que considera quien suscribe, que los demandantes incurrieron en abandono o inacción al no solicitar la ejecución forzosa de la providencia o a presentarse en la Alcaldía para lograra su reincorporación, la cual era imposible para la demandada de cumplirla, ya que no pudiere en su caso, obligar por ningún medio a los beneficiarios del reenganche a reincorporarse y forzarlos a comparecer a su sede.

    Por consiguiente, y por cuanto no consta en autos la ejecución forzosa de la p.a. n. ° 255-2009 de fecha 2.3.2009, considera quien juzga, que fue imposible para la Alcaldía del Municipio Michelena cumplir con lo ordenado en la señalada p.a., es decir, con el reenganche y el pago de los salarios dejados de percibir que le corresponden a los accionantes, en tal sentido se condena al pago de los salarios caídos a partir de la fecha del despido hasta la fecha del vencimiento del lapso para el cumplimiento voluntario de la p.a., es decir del 9.12.2008 al 22.4.2009, con base al ultimo salario percibido por los demandantes, al término de la relación de trabajo. Así se decide.

    Si bien es cierto, la aplicación del convenio colectivo vigente que rigió toda la relación laboral que existió entre las partes, señalado como fundamento legal en los cálculos por el representante del accionante al momento de elaborar su escrito de demanda, sin embargo, la representación judicial de la accionada no hace mención alguna del mismo. En consecuencia, debe este juzgador, aplicar la contratación colectiva en toda su extensión a los fines de la resolución de la presente causa. Así se decide.

    Finalmente, para resolver sobre la procedencia o no de los conceptos demandados, debe este juzgador precisar que la representación judicial de la parte demandada promovió pruebas en las cuales se evidencia algunos pagos realizados, de los pedidos por los accionantes en su escrito de demanda, por algunos de los siguientes conceptos: 1) Antigüedad mas intereses; 2) Bono vacacional vencido; 3) Vacaciones vencidas; 4) Diferencia de utilidades; 5) Despido injustificado e indemnización sustitutiva del preaviso; 6) Salarios dejados de percibir. En este sentido se condenarán todos estos conceptos con base al salario establecido en los acápites anteriores; y por cuanto constan pagos recibidos por los extrabajadores, los mismos serán descontados de la condenatoria total que arroje la sentencia.

    Ahora bien, considera este juzgador pertinente dejar claro, que conforme al criterio pacífico de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en los procesos de estabilidad, todo el tiempo que dure el proceso será tomado en cuenta para la antigüedad del trabajador, ya que el vínculo laboral sigue incólume durante el proceso y, en el presente caso, al haber ordenado el inspector del trabajo el reenganche de los trabajadores, nunca se rompió el mismo.

    Sin embargo, por cuanto el reenganche y el pago de los salarios caídos no operó por inacción de los demandantes, motivado a que no consta en autos que le hayan solicitado la ejecución forzosa de la providencia al ente administrativo, no se puede tomar en cuenta el lapso pedido en el libelo de la demanda, desde la fecha del despido hasta la presentación de la demanda, ya que el incumplimiento no derivó del desacato por parte del demandado sino por la inacción y el abandono de la pretensión por parte de los demandantes, en consecuencia, se tendrá como fecha de terminación definitiva del vínculo laboral el día 22 de abril del año 2009 de la p.a. n. ° 254-2009 de fecha 2.3.2009; fecha aquella en la cual concluyó el lapso para el cumplimiento voluntario por parte de la Alcaldía demandada, ya que no existe a partir de allí, ninguna actuación tendiente a ejecutar la p.a. de reenganche de la cual eran beneficiarios los demandantes en la presente causa. Así se decide.

    Por ende pasa este juzgador a determinar el monto de los conceptos demandados y su procedencia en derecho:

    Para la ciudadana Z.R., le corresponde los siguientes conceptos:

  2. ) Prestación de antigüedad e intereses:

    De conformidad con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo y la Convención Colectiva del Trabajo, que rigió a las partes durante la relación laboral, le corresponde al accionante la cantidad de Bs. 4 616,72 y por intereses la cantidad de Bs. 903,85 que se expresan y que fueron calculadas conforme se puede observar en el cuadro siguiente:

  3. ) Vacaciones no disfrutadas y fraccionadas:

    De conformidad los artículos 219 y 225 de la Ley Orgánica del Trabajo y cláusula 30 de la Convención Colectiva del Trabajo celebrada entre la Alcaldía del Municipio Michelena y el Sindicato Único de Empleados y Obreros de la Alcaldía del Municipio Michelena del Estado Táchira, y la doctrina de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, le corresponden a razón del último salario a la fecha de la terminación de la relación laboral, de conformidad con el último salario diario indicado en la tabla Excel de la antigüedad, es decir:

  4. ) Bono vacacional cumplido y fraccionado:

    De conformidad con el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo y cláusula 30 de la Convención Colectiva del Trabajo celebrada entre la Alcaldía del Municipio Michelena y el Sindicato Único de Empleados y Obreros de la Alcaldía del Municipio Michelena del Estado Táchira, y la doctrina de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, le corresponden a razón del último salario a la fecha de la terminación de la relación laboral, de conformidad con el último salario diario indicado en la tabla Excel de la antigüedad, es decir:

  5. ) Diferencia de aguinaldos y fracción:

    De conformidad con el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo y la doctrina de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, asimismo de conformidad con los decretos presidenciales publicados en la Gaceta Oficial de la 39 046 y 39 283, le corresponden a razón del salario promedio del año en el cual se causaron las utilidades reclamadas, de conformidad con los salarios diarios indicados en la tabla en Excel de la antigüedad, es decir:

    1. Indemnizaciones por despido injustificado:

      De conformidad con el artículo 125 de la Ley Orgánica del trabajo y la doctrina de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, le corresponden a razón del último salario integral recibido en el último mes de labores, de conformidad con los salarios diarios indicados en la tabla en Excel de la antigüedad, es decir:

    2. Salarios dejados de percibir:

      Al haber sido condenado al pago de los salarios dejados de percibir por los extrabajadores conforme a la p.a. n.° 255-2009 de fecha 2.3.2009 y de acuerdo a los razonamientos anteriormente expuestos, el calculo se efectuará desde la fecha del despido hasta la fecha de la terminación del lapso para el cumplimiento voluntario de la misma, es decir del 9.12.2008 al 22.4.2009, con base al ultimo salario percibido por el extrabajador, de conformidad con el último salario diario indicado en la tabla Excel de la antigüedad, es decir:

      De acuerdo a las consideraciones anteriores, este Tribunal condena a la demandada a pagar a la ciudadana, Z.R., identificado con la cédula de identidad n. ° V.- 5.989.515, por los conceptos demandados la cantidad de Bs. 25 275,06 especificados así:

      Para el ciudadano É.G.G.S.:

  6. ) Prestación de antigüedad e intereses:

    De conformidad con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo y la Convención Colectiva del Trabajo, que rigió a las partes durante la relación laboral, le corresponde al accionante la cantidad de Bs. 19 518,97 y por intereses la cantidad de Bs. 8 520,34 que se expresan y que fueron calculadas conforme se puede observar en cuadro anexo:

  7. ) Vacaciones no disfrutadas y fraccionadas:

    De conformidad los artículos 219 y 225 de la Ley Orgánica del Trabajo y cláusula 30 de la Convención Colectiva del Trabajo celebrada entre la Alcaldía del Municipio Michelena y el Sindicato Único de Empleados y Obreros de la Alcaldía del Municipio Michelena del Estado Táchira, y la doctrina de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, le corresponden a razón del último salario a la fecha de la terminación de la relación laboral, de conformidad con el último salario diario indicado en la tabla Excel de la antigüedad, es decir:

  8. ) Bono vacacional cumplido y fraccionado:

    De conformidad con el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo y cláusula 30 de la Convención Colectiva del Trabajo celebrada entre la Alcaldía del Municipio Michelena y el Sindicato Único de Empleados y Obreros de la Alcaldía del Municipio Michelena del Estado Táchira, y la doctrina de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, le corresponden a razón del último salario a la fecha de la terminación de la relación laboral, de conformidad con el último salario diario indicado en la tabla Excel de la antigüedad, es decir:

  9. ) Diferencia de aguinaldos y fracción:

    De conformidad con el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo y la doctrina de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, asimismo de conformidad con los decretos presidenciales publicados en la Gaceta Oficial de la 39 046 y 39 283, le corresponden a razón del salario promedio del año en el cual se causaron las utilidades reclamadas, de conformidad con los salarios diarios indicados en la tabla en Excel de la antigüedad, es decir:

  10. ) Indemnizaciones por despido injustificado:

    De conformidad con el artículo 125 de la Ley Orgánica del trabajo y la doctrina de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, le corresponden a razón del último salario integral recibido en el último mes de labores, de conformidad con los salarios diarios indicados en la tabla en Excel de la antigüedad, es decir:

  11. ) Salarios dejados de percibir:

    Al haber sido condenado al pago de los salarios dejados de percibir por los extrabajadores conforme a la p.a. n.° 255-2009 de fecha 2.3.2009 y de acuerdo a los razonamientos anteriormente expuestos, el calculo se efectuará desde la fecha del despido hasta la fecha de la terminación del lapso para el cumplimiento voluntario de la misma, es decir del 9.12.2008 al 22.4.2009, con base al ultimo salario percibido por el extrabajador, de conformidad con el último salario diario indicado en la tabla Excel de la antigüedad, es decir:

    De acuerdo a las consideraciones anteriores, este Tribunal condena a la demandada a pagar al ciudadano, É.G.G.S., identificado con la cédula de identidad n. ° V.- 13.172.121, por los conceptos demandados la cantidad de Bs. 60 117,24 especificados así:

    Para el ciudadano J.C.V.C.:

  12. ) Prestación de antigüedad e intereses:

    De conformidad con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo y la Convención Colectiva del Trabajo, que rigió a las partes durante la relación laboral, le corresponde al accionante la cantidad de Bs. 16 517,82 y por intereses la cantidad de Bs. 4 952,94 que se expresan y que fueron calculadas conforme se puede observar en cuadro anexo:

  13. ) Vacaciones no disfrutadas y fraccionadas:

    De conformidad los artículos 219 y 225 de la Ley Orgánica del Trabajo y cláusula 30 de la Convención Colectiva del Trabajo celebrada entre la Alcaldía del Municipio Michelena y el Sindicato Único de Empleados y Obreros de la Alcaldía del Municipio Michelena del Estado Táchira, y la doctrina de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, le corresponden a razón del último salario a la fecha de la terminación de la relación laboral, de conformidad con el último salario diario indicado en la tabla Excel de la antigüedad, es decir:

  14. ) Bono vacacional cumplido y fraccionado:

    De conformidad con el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo y cláusula 30 de la Convención Colectiva del Trabajo celebrada entre la Alcaldía del Municipio Michelena y el Sindicato Único de Empleados y Obreros de la Alcaldía del Municipio Michelena del Estado Táchira, y la doctrina de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, le corresponden a razón del último salario a la fecha de la terminación de la relación laboral, de conformidad con el último salario diario indicado en la tabla Excel de la antigüedad, es decir:

  15. ) Diferencia de aguinaldos y fracción:

    De conformidad con el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo y la doctrina de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, asimismo de conformidad con los decretos presidenciales publicados en la Gaceta Oficial de la 39 046 y 39 283, le corresponden a razón del salario promedio del año en el cual se causaron las utilidades reclamadas, de conformidad con los salarios diarios indicados en la tabla en Excel de la antigüedad, es decir:

  16. ) Indemnizaciones por despido injustificado:

    De conformidad con el artículo 125 de la Ley Orgánica del trabajo y la doctrina de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, le corresponden a razón del último salario integral recibido en el último mes de labores, de conformidad con los salarios diarios indicados en la tabla en Excel de la antigüedad, es decir:

  17. ) Salarios dejados de percibir:

    Al haber sido condenado al pago de los salarios dejados de percibir por los extrabajadores conforme a la p.a. n.° 255-2009 de fecha 2.3.2009 y de acuerdo a los razonamientos anteriormente expuestos, el calculo se efectuará desde la fecha del despido hasta la fecha de la terminación del lapso para el cumplimiento voluntario de la misma, es decir del 9.12.2008 al 22.4.2009, con base al ultimo salario percibido por el extrabajador, de conformidad con el último salario diario indicado en la tabla Excel de la antigüedad, es decir:

    De acuerdo a las consideraciones anteriores, este Tribunal condena a la demandada a pagar al ciudadano, J.C.V.C., identificado con la cédula de identidad n. ° V.- 13.172.121, por los conceptos demandados la cantidad de Bs. 46 976,83 especificados así:

    De los intereses de mora y la indexación o corrección monetaria

    Asimismo se condena a pagar:

    De conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en aplicación del criterio asentado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia n. º 1841 de fecha 11 de noviembre de 2008, se ordena el pago del interés de mora de las cantidades condenadas a pagar a la parte demandada a favor de los ciudadanos Z.R., É.G.G.S. y J.C.V.C., por antigüedad más intereses, bono vacacional, vacaciones, aguinaldos, indemnizaciones por despido injustificado y salarios dejados de percibir, contados a partir de la fecha de terminación del vínculo laboral, es decir, desde el 22 de abril del 2009, hasta la oportunidad del pago efectivo; cuyo cálculo se efectuará de conformidad con lo previsto en el artículo 108 literal c) de la Ley Orgánica del Trabajo, aplicándose las tasas fijadas por el Banco Central de Venezuela. Dichos intereses no serán objeto de capitalización, ni indexación. Así se decide.

    En aplicación del referido criterio jurisprudencial, se ordena el pago de la indexación judicial de la cantidad condenada a favor de los ciudadanos Z.R., É.G.G.S. y J.C.V.C., por concepto de prestación de antigüedad, contada a partir de la fecha de terminación del vínculo laboral, 22 de abril del 2009, hasta la oportunidad del pago efectivo; excluyendo el lapso de inactividad procesal por acuerdo entre las partes, y aquellos en los cuales la causa estuviere paralizada por motivos no imputables a ellas, es decir, caso fortuito o fuerza mayor, tales como vacaciones judiciales. Así se decide.

    De igual manera, se ordena la indexación judicial por concepto de indemnización de antigüedad e indemnización sustitutiva de preaviso, vacaciones, bono vacacional, aguinaldos y salarios dejados de percibir desde la fecha de notificación de la demanda, es decir, desde el 22 de marzo del 2011 hasta el pago efectivo, excluyendo el lapso de inactividad procesal por acuerdo entre las partes, y aquellos en los cuales la causa estuviere paralizada por motivos no imputables a ellas, es decir, caso fortuito o fuerza mayor y vacaciones judiciales. Así se decide.

    En caso de no cumplimiento voluntario de la sentencia, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente, aplicará lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.

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