Decisión nº PJ0072014000032 de Juzgado Noveno de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Cabimas. de Zulia (Extensión Cabimas), de 20 de Febrero de 2014

Asunto: VP21-N-2013-007

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

TRIBUNAL NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Vistos: Los antecedentes.

Recurrentes: A.A.R., R.A.A.M., N.D.R.R., J.P.H., J.M.M.M. y A.L.B.B., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V- 12.713.345, V- 11.947.560, V- 18.065.747, V- 5.713.521 y V- 13.402.029, domiciliados en el municipio Cabimas del estado Zulia.

Recurrido: INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS LAGUNILLAS, BARALT, VALMORE RODRÍGUEZ Y S.B.D.E.Z., domiciliada en el municipio Lagunillas del estado Zulia.

Tercero Interesado: P & T SERVICIOS PETROLEROS, CA, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, el día 30 de mayo de 1984 bajo el No. 30, Tomo 40-A, domiciliada en el municipio Lagunillas del estado Zulia.

ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL ESCRITO DE NULIDAD

1. - Que ejercen recurso contencioso administrativo de nulidad absoluta contra la P.A. número 050-2011 dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS LAGUNILLAS, BARALT, VALMORE RODRÍGUEZ Y S.B.D.E.Z. el día 17 de noviembre de 2011 la cual declaró sin lugar la pretensión de solicitud de reenganche y pago de los salarios caídos incoada contra de la sociedad mercantil P & T SERVICIOS PETROLEROS, CA.

2. - Que dicho procedimiento se inició el día 09 de agosto de 2011 cuando solicitaron sus reenganche a sus labores habituales de trabajo, refiriendo que comenzaron a prestar sus servicios personales los días 01 de mayo de 1997; 15 de octubre de 2001; 24 de enero de 2008; 01 de mayo de 1986 y 01 de octubre de 2010 para la sociedad mercantil P & T SERVICIOS PETROLEROS, CA, desempeñando los cargos de operador de llaves hidráulicas el primero, segundo, cuarto y quinto, y obrero el tercero, devengando una remuneración de un mil trescientos treinta y un bolívares con diez céntimos (Bs.1.331,10) mensuales, equivalente a la suma de cuarenta y cuatro bolívares con treinta y siete céntimos (Bs.44,37) diarios, hasta el día 15 de julio de 2011 cuando les comunicaron verbalmente que estaban despedidos, sin que mediara causa o justificación legal alguna de las establecidas en la derogada Ley Orgánica del Trabajo, específicamente en su artículo 453, pese a encontrarse amparado por la inamovilidad laboral decretada por la Presidencia de la República, y signada con el número 7.914, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela con el No. 39.575 de fecha 16 de diciembre de 2010, aun cuando ante la Sala de Contratos, Conciliación y Conflictos de la Inspectoría del Trabajo, cursa un pliego de peticiones con carácter conciliatorio, incoado por el sujeto colectivo legitimado en contra de la sociedad mercantil P & T SERVICIOS PETROLEROS, CA, por flagrante violación a la Contratación Colectiva del Trabajo de la Industria Petrolera de la cual están amparados, siendo firmantes del mismo, presentado el día 29 de junio de 2011, contenido en el expediente 042-2011-05-00013 de la referida Sala.

3. - Que el procedimiento incoado en contra de la sociedad mercantil P & T SERVICIOS PETROLEROS CA, fue admitido por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS LAGUNILLAS, BARALT, VALMORE RODRÍGUEZ Y S.B.D.E.Z. el día 11 de agosto de 2011, quedando signado con el expediente número 075-2011-01-248 y posteriormente el día 19 de septiembre de 2011 mediante acto de contestación, el representante de la patronal, ciudadano C.P., el representante de la patronal, ciudadano C.P., reconoció la relación de trabajo arguyendo que era de forma eventual e irregular, y solo en tal sentido, reconoció la inamovilidad que se desprende del conflicto planteado mediante la solicitud del pliego conflictivo celebrado en la ciudad de Maracaibo, pues negó que estén investido de la misma y que por ende haya efectuado sus despidos.

4. - Denuncia la violación del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al haber sido coartado su derecho a la defensa, al no valorar las pruebas promovida, específicamente la denominada notificación de voluntad de elegir delegados de prevención y acta de fecha 04 de agosto de 2011, las cuales merecieron de la autoridad pleno valor probatorio, de las cuales ha debido desprenderse que el tratamiento y las exigencias que recibían de la patronal era de trabajadores permanentes y no eventuales como pretendió hacer la patronal, incurriendo en un error grave la autoridad administrativa no solo por la falta de valoración de este hecho sino también, por su falta de vinculación con los hechos por ellos expuestos.

5. - Que incurre en violación al principio de congruencia y denuncia el vicio del falso supuesto de hecho, toda vez que el ciudadano Inspector del Trabajo en su providencia fundamenta su decisión en un hecho que nunca probó la patronal, que sería el carácter de trabajadores eventuales, desnaturalizando con ello un procedimiento cuyo propósito es el reenganche y pago de los salarios caídos y no la calificación que se hizo, en tal sentido, hubo una errada apreciación de los hechos y una falta de interpretación y aplicación de los artículos 454 y 455 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, lo que trae como consecuencia la nulidad del acto recurrido a tenor de lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

6. - Solicita se nulidad absoluta de la p.a. en cuestión y consecuencialmente ordene sus reenganches y pagos de los salarios caídos.

   DEL PROCEDIMIENTO EN SEDE ADMINISTRATIVA

   El día 31 de enero de 2013, se admitió el Recurso de Nulidad del Acto Administrativo conforme a las previsiones establecidas en el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, practicándose todas las notificaciones allí ordenadas.

   El día 08 de octubre de 2013, se llevó a cabo la celebración de la audiencia de juicio de este asunto, donde los profesionales del derecho J.D.G., C.G.R. y J.J.G., en su carácter de representantes judiciales de los ciudadanos A.A.R., R.A.A.M., N.D.R.R., J.P.H., J.M.M.M. y A.L.B.B., ratificaron en todas y cada una de sus partes los argumentos de hecho y de derecho vertidos en su escrito recursivo.

   Por su parte, la representación judicial de la sociedad mercantil P & T SERVICIOS PETROLEROS CA, ratificó las copias certificadas del expediente administrativo signado con el número 075-2011-01-248 sustanciado ante la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS LAGUNILLAS, BARALT, VALMORE RODRÍGUEZ Y S.B.D.E.Z., específicamente la p.a. número 050-2011 dictada el día 17 de noviembre de 2011, en cuanto a la declaratoria sin lugar de la solicitud de reenganche por los motivos expresados en la misma; expresando además, que su presencia en el presente acto es con motivo del recurso de nulidad intentado en contra de dicha p.a. y argumenta con relación a los supuestos vicios en que incurrió la misma los cuales rechazan lo siguiente: que debe haber una confusión en cuanto al planteamiento contenido en la solicitud del recurso de nulidad, puesto que plantean los recurrentes la solicitud de nulidad absoluta cuando bien sabemos que en materia en sede administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, los supuestos son taxativos para declarar la nulidad absoluta, sin embargo, creen que el recurso que pretendieron dirigir los recurrentes es a obtener una nulidad relativa, pues, entonces cualquier decisión del tribunal no podría conllevar a la declaratoria de una nulidad absoluta y la consecuencia de orden de reenganche y pago de salarios caídos, porque basta decir, que estaría en una eminente desviación de competencia, ya que corresponde netamente al órgano administrativo los supuestos de inamovilidad; en este sentido, pasan a determinar lo que ocurrió en el procedimiento administrativo en relación con la solicitud y los puntos controvertidos en el interrogatorio celebrado en el acto; saben que la Ley que rigió fue le derogada Ley Orgánica del Trabajo bajo cuyos supuestos se intento el procedimiento y las preguntas formuladas, eran conforme al artículo 454 ejusdem, haciendo las preguntas al representante de la empresa quien manifestó en la primera pregunta, que era referida a si los reclamantes prestaban sus servicios, que efectivamente sí los prestaban, pero condicionó su respuesta señalando que prestaban sus servicios personales de forma no permanente o eventual, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 ejusdem, lo que quiere decir, que no estaban sujetos al procedimiento de reenganche, puesto que el propio Decreto de inamovilidad los excluía del mismo; que en la segunda pregunta, en la cual se basa el presente recurso de nulidad para alegar una supuesta admisión por parte de la sociedad mercantil P & T SERVICIOS PETROLEROS, CA, la empresa manifestó que reconocía una inamovilidad legal derivada de la aplicación de una disposición legal que era el artículo 506 ejusdem, con relación a un pliego de carácter conciliatorio, que fue introducido ante la Inspectoría del Trabajo, sin embargo, de las propias pruebas aportadas por la parte en aquel momento accionante, comportaba un Acta de fecha 04 de agosto de 2011, de la cual negó la representación legal de la patronal el carácter de permanente de los trabajadores y en ningún momento, la solicitud de pliego fue aceptada, fue rechazada argumentando diversas razones que fueron tramitadas en ese procedimiento que nada tenían que ver con el procedimiento de reenganche solicitado; cuando la patronal expresa que reconoce la inamovilidad, se refería a la inamovilidad del pliego, mas no que los trabajadores estaban sujetos a inamovilidad, porque bajo el principio del iura novit curia, el Inspector del Trabajo, en ejercicio de su conocimiento del derecho, sabe que bajo el decreto de inamovilidad laboral, los trabajadores temporeros, eventuales y no permanentes, no son sujetos de aplicación de ese Decreto, y por ende, no deviene la inamovilidad invocada; en la tercera pregunta que manifiesta si se efectuó el despido, enfática y categóricamente la representación de la empresa negó la ocurrencia del mismo, dicho esto, el órgano administrativo como bien debió hacerlo, apertura la articulación probatoria conforme al artículo 454 y 455 manifestando que tendrían ocho (08) días para que las partes promovieran y evacuaran las pruebas respectivas en cuanto a los hechos controvertidos, los cuales eran el carácter de permanente o no de los trabajadores, y obviamente el despido o no; con relación a la existencia del despido le correspondía la carga de la prueba en aquel procedimiento demostrar que efectivamente fueron despedidos; en cuanto al carácter permanente la representación patronal aportó los medios de pruebas que demostraron, que si bien era la antigüedad que invocan, con recibos de pago que estaban debidamente suscrito por los trabajadores, pero no prestaban sus servicios personales de forma regular, y la parte actora yerro en el mecanismo de ataque a las documentales impugnándolas, cuando se trataban de documentos originales que de conformidad con lo establecido en los artículos 429 y 444 del Código de Procedimiento Civil debieron ser desconocidos; dicho esto se observa que la decisión se ajustó a las pruebas aportadas bajo los supuestos y defensas esgrimidas por la representación patronal y la parte accionante, hoy recurrentes en sede contencioso administrativa y la conclusión a la que allegó el órgano administrativo, fue precisamente que los trabajadores eran de carácter eventual no permanente y no se demostró lo que era carga probatoria de los solicitantes del reenganche, el despido invocado. Que en el presente recurso de nulidad se expresa que la patronal tenía la carga de demostrar que no hubo el despido y no es así, el despido como tal, le corresponde como carga probatoria demostrarlo de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a la patronal, siempre y cuando este controvertida la naturaleza del mismo, es decir, si fue justificado o injustificado, pero, cuando se niega de forma total y absoluta su ocurrencia, la parte que lo invoca es quien la carga de demostrarlo; en relación a los supuestos vicios en los que incurre la p.a. según el decir de los recurrentes, es bien sabido, que no puede haber confesión cuando se trata de puntos de derecho, es decir, la confesión en cuanto a la inamovilidad no acarrea, ni comporta la aceptación de los otros hechos que conforman las tres (03) preguntas del artículo 454 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, con relación a la prestación del servicio y el despido; el vicio del falso supuesto que se alega, según la doctrina administrativa es la apreciación de los supuestos materiales y el enfoque que se le da en el recurso de nulidad, esta mas dirigido a un error de juzgamiento de parte del órgano administrativo en la valoración y apreciación de las pruebas, mas no un falso supuesto, ya que no puede haber falso supuesto, cuando lo que se pretende es que el órgano administrativo tome una decisión basada en una apreciación distinta porque sencillamente no le favoreció, y afirma el recurrente, que el órgano administrativo debió decidir de otra manera, obviamente eso no constituye un falso supuesto, sino un error de juzgamiento, que tiene que ser alegado bajo otra óptica dentro de lo que es el derecho administrativo; otro de los vicios que alega el recurso de nulidad, es en relación al principio de congruencia, y por ende, la violación del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual esta muy lejos de la realidad, ya que este principio de congruencia denominado también, principio de globalidad o exhaustividad de la decisión, y que comporta el análisis de todos los elementos de prueba en cuanto a lo relacionado de lo alegado y probado, y en efecto, del análisis del acervo probatorio que cursó en el expediente administrativo, fue debidamente analizado por la Inspectora del Trabajo, estableciendo las razones y motivaciones por las cuales las desechaba y cuales fueron los elementos probatorios que consideró para enervar la acción ejercida por los solicitantes, en este sentido, estableció que de las pruebas se evidenció que fueron los propios recibos de pago, los cuales no fueron desconocidos sino impugnados erróneamente, bajo la óptica del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, los valoró y de ellos se desprendió que los trabajadores eran de carácter eventual; el otro aspecto es el despido, y del análisis de las testimoniales rendidas, se demostró que la persona a la que los solicitantes le imputan el hecho material del despido, ni siquiera trabajaba para la empresa en la época o periodo en el que alegan ocurrieron los hechos, esto es el día 15 de julio de 2011, y de las propias declaraciones se evidencia que para esa fecha ciudadano LIDOLFO NAVA no prestaba sus servicios para la sociedad mercantil P & T SERVICIOS PETROLEROS, CA, sino a partir del 01 de octubre del 2011; obviamente ante esta situación no quedaba otra alternativa al Inspector del Trabajo, aún basándose en los principios del in dubio pro operario, y todos los elementos que apoyan a los trabajadores en las decisiones administrativas, que declarar sin lugar la solicitud de reenganche como en efecto lo hizo, y dicha decisión está totalmente ajustada a derecho y cumple con todos los requerimientos y los principios de responsabilidad y de eficacia jurídica, y la legalidad del acto administrativo está totalmente cumplida en el presente caso, por lo que solicita se declare sin lugar el presente recurso de nulidad.

   Por su parte, el profesional del derecho F.J.F.C., en su condición de FISCAL VIGÉSIMO SEGUNDO DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO ZULIA, en términos generales, solicitó conocer si los ciudadanos A.A.R., R.A.A.M., N.D.R.R., J.P.H., J.M.M.M. y A.L.B.B., harían uso de la promoción de pruebas para poder producir en el escrito de informes correspondiente la motivación sobre la procedencia o no de los vicios denunciados, y al manifestar estos su disposición a promoverlas en este asunto, solicitó darle prosecución al procedimiento legalmente contemplado en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

   Se deja expresa constancia que la representación judicial de los ciudadanos A.A.R., R.A.A.M., N.D.R.R., J.P.H., J.M.M.M. y A.L.B.B., así como la representación judicial del tercero interesado sociedad mercantil P & T SERVICIOS PETROLEROS, CA, no promovieron ningún medio de prueba que requiera de su evacuación, únicamente ratificaron, en todas y cada una de sus partes las copias certificadas del expediente administrativo ventilado ante la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS LAGUNILLAS, BARALT, VALMORE RODRÍGUEZ Y S.B.D.E.Z..

   Se dejó constancia de la incomparecencia de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS LAGUNILLAS, BARALT, VALMORE RODRÍGUEZ Y S.B.D.E.Z..

   El día 10 de octubre de 2013 se providenció la prueba promovida por la representación judicial de los ciudadanos A.A.R., R.A.A.M., N.D.R.R., J.P.H., J.M.M.M. y A.L.B.B. discriminándose de la siguiente manera:

1. - Promovió “expediente administrativo”, cursantes a los folios 13 al 435 de la primera pieza del expediente.

   Con respecto a este medio de prueba, este juzgador le otorga valor probatorio y eficacia jurídica conforme al alcance contenido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, no obstante su especialidad, en virtud de no haber sido cuestionado bajo ninguna forma de derecho, es decir, no fueron tachadas, impugnadas ni mucho menos desconocido en el presente asunto, demostrándose que la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS LAGUNILLAS, BARALT, VALMORE RODRÍGUEZ Y S.B.D.E.Z. declaró sin lugar la solicitud de Reenganche a las Labores Habituales de Trabajo y pago de los salarios caídos instaurado por los ciudadanos A.A.R., R.A.A.M., N.D.R.R., J.P.H., J.M.M.M. y A.L.B.B. contra la sociedad mercantil P & T SERVICIOS PETROLEROS, CA. Así se decide.

   Vencido el lapso para la evacuación de pruebas, se fijó oportunidad para la presentación de informes conforme al alcance contenido en el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

   Con fecha 10 de octubre de 2013 y 15 de octubre de 2013, la representación judicial de la FISCALÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL MINISTERIO PÚBLICO y de la sociedad mercantil P & T SERVICIOS PETROLEROS, CA, presentaron sus respectivos informes.

   Siendo la oportunidad legal para dictar sentencia en el presente recurso de nulidad de acto administrativo, y vistos los hechos y las pruebas aportadas por las partes en conflicto, este juzgador pasa a realizar las siguientes consideraciones:

   La representación judicial de los ciudadanos A.A.R., R.A.A.M., N.D.R.R., J.P.H., J.M.M.M. y A.L.B.B., denunció que la p.a. número 050-2011 dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS LAGUNILLAS, BARALT, VALMORE RODRÍGUEZ Y S.B.D.E.Z. el día 17 de noviembre de 2011 en el expediente administrativo 075-2011-01-248, incurrió en la violación del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relativa al “derecho a la defensa y al debido proceso porque la apreciación de las pruebas por ella aportadas se consideran un punto necesario para la valoración probatoria”, en especial la denominada “notificación de voluntad de elegir delegados de prevención” y “acta de fecha 04 de agosto de 2011”, las cuales merecieron de la autoridad pleno valor probatorio, de las cuales ha debido desprenderse que el tratamiento y las exigencias que recibían de la sociedad mercantil P & T SERVICIOS PETROLEROS, CA, era de trabajadores permanentes y no eventuales, incurriendo en un error grave la autoridad administrativa no solo por la falta de valoración de este hecho sino también, por su falta de vinculación con los hechos por ellos expuestos.

   Bajo esta postura, debemos tomar como punto de partida las denuncias sobre la presunta violación de los derechos a la defensa y al debido proceso previstos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como implicaciones del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.

   En este sentido, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 100, expediente 02-607, de fecha 28 de enero de 2003, caso: TINTORERÍA DE LUJO ALTO PRADO, SRL, estableció que el “derecho a la tutela judicial efectiva” se transforma en el primer y principal instrumento que asegura la justa, confiable y pacífica resolución de los conflictos entre particulares inherentes a la vida en sociedad, así como, la primera línea de protección de las libertades ciudadanas ante las eventuales actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado. Dos de las más importantes implicaciones del derecho a la tutela judicial efectiva, lo conforman el derecho a la defensa y al debido proceso. El primero, entendido como la libertad de formular los alegatos, aportar las pruebas y ejercer los recursos que el ciudadano estime más convenientes para la causa que sostiene en resguardo de sus derechos e intereses y, el segundo, como la garantía de que todo juicio se ventile siguiendo un procedimiento previamente establecido por la ley, sin dilaciones indebidas, de carácter público, en fin, con respeto a todas las garantías procesales.

   Partiendo de esta definición, es importante destacar que la jurisprudencia patria se ha encargado de esclarecer que la providencias administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo son decisiones administrativas producto de una reclamación de tipo laboral planteada, y que al ser netamente administrativas, han sido denominados por la jurisprudencia y la doctrina patria, como “actos cuasi jurisdiccionales”, los cuales no constituyen una categoría intermedia entre las sentencia dictadas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial y los actos emanados de la Administración, donde ésta manifiesta su voluntad en virtud de una facultad decisoria otorgada por la Ley para las relaciones jurídicas entre los particulares, las cuales pueden ser objeto de la potestad de autotutela o revisión en sede administrativa y que están sometidas, sin excepción, al control llevado a cabo por los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, que aunque tienen cuerpo de fallo no revisten el carácter de sentencias y que por ser actos administrativos, la normativa legal aplicable es la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

   Dicho lo anterior, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 1623, expediente 02-819, de fecha 22 de octubre de 2003, caso: G.E. MONTAÑEZ Y OTROS, dejó sentando que el procedimiento administrativo si bien se encuentra regido por los “principios fundamentales del derecho a la defensa y al debido proceso”, no puede ser “confundido con la función jurisdiccional”, en la cual el Juez se encuentra sometido a reglas procesales distintas, dependiendo del tipo de proceso de que se trate. Por lo tanto, en el procedimiento administrativo basta para entender que se ha realizado una motivación suficiente, el análisis y apreciación global de todos los elementos cursantes en el expediente administrativo correspondiente, no siendo necesario que el ente administrativo realice una relación precisa y detallada de todos y cada uno de los medios probatorios aportados.

   En este orden de ideas, de la revisión del expediente administrativo y una lectura, estudio y análisis minucioso de la providencia o acto impugnado por la representación judicial de los ciudadanos A.A.R., R.A.A.M., N.D.R.R., J.P.H., J.M.M.M. y A.L.B.B. se observa que la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS LAGUNILLAS, BARALT, VALMORE RODRÍGUEZ Y S.B.D.E.Z. hizo alusión a todos los medios de pruebas aportadas por las partes al proceso administrativo >, así como también expresó los razonamientos y/o fundamentos de hecho y de derecho sobre las cuales basó su decisión; razón por la cual, este juzgador considera que no existe una infracción constitucional de los derechos a la defensa y al debido proceso previstos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como implicaciones del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva en los términos invocados en el escrito recursivo. Así se decide.

   La segunda vertiente de este punto, está circunscrito al hecho de que la representación judicial de los ciudadanos A.A.R., R.A.A.M., N.D.R.R., J.P.H., J.M.M.M. y A.L.B.B. sostiene que la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS LAGUNILLAS, BARALT, VALMORE RODRÍGUEZ Y S.B.D.E.Z. no apreció las pruebas denominada “notificación de voluntad de elegir delegados de prevención” y “acta de fecha 04 de agosto de 2011”, de la misma manera en que ellos las aprecian, de las cuales ha debido desprenderse que el tratamiento y las exigencias que recibían de la sociedad mercantil P & T SERVICIOS PETROLEROS, CA, eran de “trabajadores permanentes y no eventuales”, incurriendo en un error grave no solo por la falta de valoración de este hecho sino también por su falta de vinculación con los hechos por ellos expuestos, lo cual ocasionó la configuración del vicio de silencio de prueba.

   Respecto al “vicio de silencio de pruebas”, este juzgador debe señalar que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 1383, de fecha 30 de septiembre de 2009, caso: A.Y.F., estableció que la obligación de a.t.l.p. cursantes en el expediente administrativo no significa que la autoridad administrativa deba hacer una valoración exhaustiva de todos y cada uno de los elementos cursantes en el expediente, pues lo relevante de tales elementos es su capacidad para probar algo que guarde relación con los hechos debatidos en el curso del proceso, por tanto, existe “silencio de prueba cuando la autoridad administrativa deja de juzgar, apreciar o valorar algún medio de prueba capaz de afectar la decisión”.

   En este mismo sentido, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 815, expediente 07-647, de fecha 04 de junio de 2009, caso: SERENOS NACIONALES ZULIA, CA, (SENAZUCA), ratificada en sentencia número 1107, de fecha 10 de noviembre de 2010, caso: ADMINISTRADORA DE PLANES DE SALUD CLÍNICAS RESCARVEN, CA, han dejado sentado que en los procedimientos administrativos la valoración de las pruebas se realiza con base en un “formalismo moderado” en virtud del “principio de flexibilidad probatoria”; no estando la Administración atada a un régimen tan riguroso como el que se exige en la función jurisdiccional.

   De la misma forma, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia, 1533, expediente 05-2153, de fecha 28 de octubre de 2009, caso: CONSORCIO COTECICA – INTEVEN, destacó que la valoración de las pruebas en el procedimiento administrativo no puede ser confundida con la regulación de la valoración de las pruebas en función jurisdiccional contemplada en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil.

   Bajo esta postura argumentativa, se debe expresar que el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil establece la obligación del Juez de analizar todos los elementos probatorios cursantes en el expediente, pero en ningún momento puede interpretarse como una obligación de apreciación en uno u otro sentido; es decir, el hecho de que el Juez le de un sentido determinado a los medios probatorios para llegar a una conclusión tendente a la resolución final del asunto debatido, no puede ser considerado como un silencio de prueba, en la medida en que ese sentido resultado del análisis jurídico se aparte de la posición de alguna de las partes; muy por el contrario, sólo podrá hablarse de “silencio de pruebas”, cuando el Juez en su decisión, “ignore por completo, sin atribuir sentido o peso específico de ningún tipo, algún medio de prueba cursante en el expediente y que quede demostrado que dicho medio probatorio podría afectar el resultado del juicio”.

   De una minuciosa lectura, estudio y análisis del expediente administrativo y de su providencia o acto, no observa este órgano jurisdiccional que la decisión de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS LAGUNILLAS, BARALT, VALMORE RODRÍGUEZ Y S.B.D.E.Z. haya dejado de apreciar algún elemento de prueba fundamental en el presente que pudiera afectar el resultado del mismo, incluyendo dentro de éstas, las denominadas “notificación de voluntad de elegir delegados de prevención” y “acta de fecha 04 de agosto de 2011” que supuestamente tenían por objeto demostrar que la sociedad mercantil P & T SERVICIOS PETROLEROS, CA, les daba a los ciudadanos A.A.R., R.A.A.M., N.D.R.R., J.P.H., J.M.M.M. y A.L.B.B. el tratamiento de trabajadores permanentes y no eventuales, las cuales fueron desechadas porque solo demostraban la existencia de una discusión de un pliego conciliatorio y no aportaban ningún elemento sustancial para la resolución de los hechos controvertidos en virtud de haber quedado demostrado en el procedimiento mediante la consignación de los “recibos de pagos”, que ellos prestaron sus servicios como “trabajadores no permanentes y de manera irregular e inconstante”, y por tanto, excluidos de la inamovilidad laboral.

   Sobre la base de los razonamientos antes expresados, se debe rechazar el argumento de silencio de prueba esgrimido por la representación judicial de los ciudadanos A.A.R., R.A.A.M., N.D.R.R., J.P.H., J.M.M.M. y A.L.B.B., y en ese sentido, se declara su improcedencia. Así se decide.

   En segundo lugar, la representación judicial de los ciudadanos A.A.R., R.A.A.M., N.D.R.R., J.P.H., J.M.M.M. y A.L.B.B. denunció que la p.a. número 050-2011 dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS LAGUNILLAS, BARALT, VALMORE RODRÍGUEZ Y S.B.D.E.Z. el día 17 de noviembre de 2011 en el expediente administrativo 075-2011-01-248 incurrió en la “violación al principio de congruencia”, denunciando al mismo tiempo que había incurrido en el “vicio del falso supuesto de hecho”, toda vez que en su decisión se fundamentó en un hecho que nunca probó la sociedad mercantil P & T SERVICIOS PETROLEROS, CA, que sería el carácter de trabajadores eventuales, y que por ende, había desnaturalizado el procedimiento cuyo propósito era el reenganche y pago de los salarios caídos y no la calificación que se hizo, por lo que, erró en apreciación de los hechos y una falta de interpretación y aplicación de los artículos 454 y 455 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, lo que trae como consecuencia, la nulidad del acto a tenor de lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

   En relación al “Principio de Congruencia”, también denominado “Principio de Globalidad de la Decisión”, o “Principio de la Exhaustividad de la Decisión” debemos establecer que está referido a la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado por las partes y la decisión que sobre él tome la Administración, pudiendo tomar dos modalidades, a saber: a) la externa: que se refiere a la concordancia o armonía entre la demanda y la sentencia que se pronuncia sobre ella, y b) la interna: que mira a la concordancia entre la parte motiva y la resolutiva de la p.a..

   Este “Principio de Globalidad de la Decisión” se encuentra contenido en el artículos 62 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos >, y el artículo 89 ejusdem, >, que establecen la obligación de la Administración de analizar y pronunciarse sobre todas las cuestiones >, que surjan del expediente, aun cuando no hayan sido expuestas por los interesados, respetando siempre los derechos de los administrados, y en caso contrario, produce la anulabilidad del acto.

   Cónsono con lo anterior, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 105, de fecha 29 de enero de 2009, caso: N.A.F.C., ratificado en sentencia número 011, de fecha 13 de enero de 2010, caso: J.R.B.A. estableció que la Administración se encuentra obligada a tomar en cuenta y analizar todos los alegatos y defensas opuestas por las partes >, para poder dictar su decisión.

   De lo anteriormente expuesto, se colige, que el “principio de globalidad administrativa”, está referido a la obligación por parte de la Administración de resolver dentro del ámbito de su competencia, todos los pedimentos o cuestiones planteadas tanto al inicio como en la tramitación de las causas puestas a su conocimiento.

   En el caso sometido a la consideración de esta jurisdicción, este juzgador de una minuciosa lectura, estudio y análisis del expediente administrativo y su providencia o acto, observa que la decisión proferida por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS LAGUNILLAS, BARALT, VALMORE RODRÍGUEZ Y S.B.D.E.Z. tomó en consideración todos los argumentos vertidos en la solicitud de reenganche a las labores habituales de trabajo y pago de salarios caídos y su contestación, así como también, todos los medios de pruebas promovidos y evacuados por las partes > para su emisión.

   Lo anterior quiere decir, que la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS LAGUNILLAS, BARALT, VALMORE RODRÍGUEZ Y S.B.D.E.Z. expresó las consideraciones pertinentes sobre todo el material probatorio promovido por cada una de las partes dentro de procedimiento administrativo, valorando aquellas que formaron su convicción sobre los hechos sometidos a su consideración, y desechando aquellas que en nada coadyuvaron a probar o desvirtuar los hechos invocados; esto es, que no hubo falta de motivación, y por ende, vulneración alguna del derecho a la defensa de los ciudadanos A.A.R., R.A.A.M., N.D.R.R., J.P.H., J.M.M.M. y A.L.B.B., ya que existió pronunciamiento expreso sobre cada una de probanzas aportadas y las mismas fueron ajustadas a las normas laborales y procedimentales respectivas, razón por la cual, debe declararse la improcedencia de la denuncia delatada. Así se decide.

   En tercer lugar, la representación judicial de los ciudadanos A.A.R., R.A.A.M., N.D.R.R., J.P.H., J.M.M.M. y A.L.B.B., denunció que la p.a. número 050-2011 dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS LAGUNILLAS, BARALT, VALMORE RODRÍGUEZ Y S.B.D.E.Z. el día 17 de noviembre de 2011 en el expediente administrativo 075-2011-01-248 incurrió en el “vicio del falso supuesto de hecho”, toda vez que fundamentó su decisión en un hecho que nunca probó la sociedad mercantil P & T SERVICIOS PETROLEROS, CA, que sería el “carácter de trabajadores eventuales”, y al mismo tiempo, que desnaturalizó con ello un procedimiento cuyo propósito es el reenganche y pago de los salarios caídos y no la calificación que se hizo, por lo que, hubo una errada apreciación de los hechos y una falta de interpretación y aplicación de los artículos 454 y 455 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, lo que trajo como consecuencia la nulidad del acto recurrido a tenor de lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

   En atención a la denuncia enunciada, podemos conceptualizar que el “falso supuesto” sucede cuando la Administración se fundamenta en hechos inexistentes o que ocurrieron de manera distinta a como fueron apreciados por ésta al dictar un acto administrativo, así como cuando la Administración se fundamenta en una norma que no le es aplicable al caso concreto.

   La anterior definición comprende dos formas a través de las cuales se manifiesta el falso supuesto, a saber, el “falso supuesto de hecho” y el “falso supuesto de derecho”.

   El “falso supuesto de hecho” ocurre cuando la Administración fundamenta su actuación en hechos que nunca ocurrieron o sucedieron de manera distinta a como fueron apreciados por la Administración. De esta forma, el falso supuesto de hecho consiste en la falta de correspondencia entre las circunstancias fácticas invocadas por la Administración y los hechos que realmente ocurrieron en la realidad, lo cual conlleva, también, a que no se correspondan tales hechos invocados con el supuesto de hecho de la norma en la cual la Administración funda su actividad.

   El “falso supuesto de derecho” consiste en la aplicación errada de una norma a unos hechos determinados. También ocurre cuando la Administración se niega aplicar una norma a unas circunstancias que se corresponden con el supuesto de hecho abstracto que ésta regula por considerar que no tienen relación.

   Así, en todos los casos en que la Administración aplique de manera errada una norma a un caso concreto se configurará un falso supuesto de derecho que acarreará la nulidad del acto que lo adolezca.

   Cónsono con lo anteriormente esbozado, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 465, expediente 13906, de fecha 27 de marzo de 2011, caso: L.A.V.; en sentencia número 1117, expediente 16312, de fecha 19 de septiembre de 2002, caso: F.A.G.M.; en sentencia número 148, expediente 2000-446, de fecha 04 de febrero de 2009, caso: F.C.O.; en sentencia número 1217, expediente 2004-3254, de fecha 12 de agosto de 2009, caso: CORPORACIÓN SIULAN, CA, entre otras que se ratifican en esta oportunidad, establecieron que el “vicio de falso supuesto” se patentiza de dos maneras: cuando la Administración, al dictar un acto administrativo, fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con el o los asuntos objeto de decisión, incurriendo de esta manera en el “vicio de falso supuesto de hecho” y cuando los hechos que dan origen a la decisión administrativa existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero la Administración al dictar el acto los subsume en una norma errónea o inexistente en el universo normativo para fundamentar su decisión, lo cual incide decisivamente en la esfera de los derechos subjetivos del administrado y, en ese sentido, en presencia de un “falso supuesto de derecho” que acarrearía la anulabilidad del acto.

   En el caso sometido a la consideración de esta jurisdicción, este juzgador de una minuciosa lectura, estudio y análisis del expediente administrativo y la p.a. dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS LAGUNILLAS, BARALT, VALMORE RODRÍGUEZ Y S.B.D.E.Z. no se desprenden los hechos invocados por los ciudadanos A.A.R., R.A.A.M., N.D.R.R., J.P.H., J.M.M.M. y A.L.B.B. en su escrito de solicitud de reenganche a las labores habituales de trabajo y pago de salarios caídos, argumentando en su decisión, que en ningún momento había quedado demostrada la ocurrencia del despido porque la sociedad mercantil P & T SERVICIOS PETROLEROS, CA, probó mediante la consignación de los “recibos de pagos” que ellos no tenían el carácter de trabajadores sino que la prestación de sus servicios fue de carácter irregular e inconsistente, y que al no haber sido desvirtuado tal alegato por la parte contraria y no existir prueba alguna, quedaba como cierto el carácter eventual u ocasional de la prestación del servicio de los trabajadores.

   Sobre la base de las consideraciones anteriormente expresadas, considera este juzgador que no existe la falta de correspondencia entre las circunstancias fácticas invocadas por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS LAGUNILLAS, BARALT, VALMORE RODRÍGUEZ Y S.B.D.E.Z. y los hechos que realmente ocurrieron en la realidad, razón por la cual, se declara la improcedencia de la denuncia en cuestión. Así se decide.

   En cuarto lugar, la representación judicial de los ciudadanos A.A.R., R.A.A.M., N.D.R.R., J.P.H., J.M.M.M. y A.L.B.B., denunció que la p.a. número 050-2011 dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS LAGUNILLAS, BARALT, VALMORE RODRÍGUEZ Y S.B.D.E.Z. el día 17 de noviembre de 2011 dictada en el expediente administrativo 075-2011-01-248 incurrió en la violación del artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

   El artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresa que todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los deberes garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirva de excusa órdenes superiores.

   La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 242, expediente 14671, de fecha 13 de febrero de 2002, caso: J.L.F.M., estableció que el vicio de inconstitucionalidad de un acto administrativo se produce cuando el mismo vulnera directamente una norma, principio, derecho o garantía establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que, en esos casos, el acto sería inconstitucional y susceptible de ser anulado. Esta vulneración de la Constitución puede producirse en dos supuestos: cuando se viola una norma sustantiva del texto fundamental, >, o cuando se viola una norma atributiva de competencia a los órganos estadales, en cuyo caso, estaríamos en presencia de un acto viciado de incompetencia, aun cuando sea de orden constitucional. En el primero de los casos, esto es, en los supuestos en los que se ha violado un derecho o garantía constitucional, la propia norma constitucional establece que el acto es nulo.

   De una revisión del acto administrativo dictado por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS LAGUNILLAS, BARALT, VALMORE RODRÍGUEZ Y S.B.D.E.Z. el día 17 de noviembre de 2011 dictada en el expediente administrativo 075-2011-01-248, considera este órgano jurisdiccional que no violó ni menoscabó ninguna norma, principio, derecho o garantía establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por tanto, el acto administrativo resulta ajustado a derecho. Así se decide.

   Sobre la base de las consideraciones expresadas anteriormente, se declara la improcedencia del presente recurso de nulidad de la p.a. número 050-2011 dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS LAGUNILLAS, BARALT, VALMORE RODRÍGUEZ Y S.B.D.E.Z. el día 17 de noviembre de 2011 en el expediente administrativo 075-2011-01-248. Así se decide.

   A los fines de salvaguardar y preservar los derechos que le corresponden a la República Bolivariana de Venezuela en este proceso, se ordena la notificación del Procurador General de la República conforme lo estatuye el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República por remisión expresa del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y a tales fines se comisiona en forma amplia y suficiente a cualquier Tribunal de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Así se decide.

   De igual forma, se ordena la notificación a la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS LAGUNILLAS, BARALT, VALMORE RODRÍGUEZ Y S.B.D.E.Z., una vez firme la presente decisión. Así se decide.

   DISPOSITIVO

   Sobre la base de las consideraciones antes expresadas, este TRIBUNAL NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: