Decisión nº PJ0102013000060 de Tribunal Segundo de Juicio del Trabajo Nuevo Regimen de Monagas, de 13 de Mayo de 2013

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL NUEVO REGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS

EN SU NOMBRE

203° y 154°

Expediente Nro.: NP11-L-2011-001516

Demandantes: W.A.P.T., J.L.L.P., M.J.C.Z., I.J.U.S., L.D.P., L.A.U.R., H.D.J.R., J.R.B., S.A.G., C.E.M., L.A.C.N., J.A.F.M., H.J.G.J., J.G.B.M. y G.E.R.D., titulares de las cédulas de identidad Nros. 4.024.271, 11.781.937, 9.291.813, 6.498.243, 10.839.045, 8.975.985, 9.295.885, 9.952.745, 8.446.092, 10.838.554, 1.194.565, 10.065.456, 6.959.287, 8.367.318, respectivamente.

Apoderado

Judicial: H.L.R. y Otros, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 22.484

Demandada: GUARDIAN DE VENEZUELA, C.A.

Apoderada

Judicial:

A.C.S., y Otros, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 36.086

Motivo: COBRO DE DIFERENCIAS DE PRESTACIONES SOCIALES.

Se inicia el presente proceso en fecha 09 de noviembre de 2011, con la interposición de demanda por concepto de COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, incoada por los ciudadanos W.A.P.T., J.L.L.P., M.J.C.Z., I.J.U.S., L.D.P., L.A.U.R., H.D.J.R., J.R.B., S.A.G., C.E.M., L.A.C.N., J.A.F.M., H.J.G.J., J.G.B.M. y G.E.R.D., en contra de la empresa GUARDIÁN DE VENEZUELA, C.A., plenamente identificados. La demanda es recibida por declinatoria de competencia efectuada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, quien procede conforme a la ley a realizar todos los tramites pertinentes a los fines de la notificación de la empresa demandada para la realización de la Audiencia Preliminar, dejándose constancia al inicio de la misma, que las partes intervinientes consignaron sus correspondientes escrito de promoción de pruebas; prolongándose sucesivamente la audiencia, hasta la fecha 17 de abril de 2012, sin ser posible la mediación, una vez recibida la contestación de la demanda, se remite la causa a los Juzgados de Juicio de esta Coordinación del Trabajo. Recibida la causa por este Tribunal, se fijó la oportunidad para la celebración de la Audiencia de Juicio.

SEÑALAMIENTOS DE LOS APODERADOS DE LOS DEMANDANTES EN EL LIBELO DE DEMANDA: Señalan que sus poderdantes prestaron servicios para la empresa demandada, en distintos años, y que a dichos extrabajadores se le adeudan cantidades de dinero por concepto de diferencias de prestaciones sociales. Señalan que fueron contratados para prestar servicios por tiempo indeterminado para la empresa Guardián de Venezuela, S.A., que esta les adeuda montos por los domingos trabajados, así como por las horas extras laboradas; señalan que en fecha 28 de agosto de 2006, la Inspectoría del Trabajo del Estado Monagas emitió un auto en la cual se procedió a tramitar la reclamación interpuesta por la organización sindical que representaba a la masa trabajadora hoy los accionantes, debido al incumplimiento por parte de la demandada a cumplir con los pagos que les correspondían. Demanda el pago de las diferencias que por prestaciones y otras indemnizaciones sociales le corresponden.

DE LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA: La accionada opuso como punto previo la prescripción de la acción propuesta en la presente causa, argumentando las razones en las que se sustenta para oponer tal defensa perentoria de fondo. Así mismo reconoció como hecho cierto que los actores: W.A.P., trabajó para la demandada desde la fecha 12 de junio de 1990, culminando sus servicios el 28 de septiembre de 2006; J.L.L. trabajó para la demandada desde la fecha 17 de marzo de 1998, culminando sus servicios el 02 de agoto de 2007; M.J.C., trabajó para la demandada desde la fecha 24 de septiembre de 1992, culminando sus servicios el 28 de septiembre de 2006; I.J.U., trabajó para la demandada desde la fecha 10 de febrero de 1994, culminando sus servicios el 02 de enero de 1998; L.D.P., trabajó para la demandada desde la fecha 25 de abril de 1994, culminando sus servicios el 05 de noviembre de 2005; L.A.U., trabajó para la demandada desde la fecha 14 de febrero de 1992, culminando sus servicios el 26 de febrero de 1994, H.d.J.R., trabajó para la demandada desde la fecha 01 de octubre de 1990, culminando sus servicios el 26 de noviembre de 1995; J.R.B., inicio la prestación de sus servicios en fecha 10 de febrero de 1993, culminando el 28 de julio de 2005; S.A.G., inicio la prestación de sus servicios en fecha 01 de mayo de 1992, culminando el 28 de septiembre de 1996; C.E.M., inicio la prestación de servicios en fecha 19 de enero de 1994, culminando 13 de agosto de 1996, L.A.C.N., inicio la prestación de servicios en fecha 14 de octubre de 1991, culminando el 09 de julio de 1998, J.A.F.M., inicio la prestación de servicios en fecha 19 de julio de 1994, culminando el 13 de noviembre de 2004. H.G., inicio la prestación de servicios en fecha 18 de julio de 1990, culminando 26 de septiembre de 2006, J.G.B., inicio la prestación de servicios en fecha 06 de enero de 1998, culminando el 20 de noviembre de 2006, G.E.R., inicio la prestación de servicios en fecha 07 de febrero de 2002, culminando el 25 de enero de 2006. Así mismo, a los fines de desvirtuar los alegatos fundamentales expuestos por los demandantes, niega y rechaza que se les adeude a estos ex trabajadores, cantidad alguna por los conceptos laborales esgrimidos en el libelo de la demanda, los cuales ascienden la cantidad de Bs. 569.094,01.

AUDIENCIA DE JUICIO

En fecha 12 de junio de 2012, se da inicio a la Audiencia de Juicio asistiendo a la misma las partes involucradas en el presente procedimiento, dándose los trámites regulares de la audiencia, procediéndose a la evacuación de las pruebas promovidas y admitidas; una vez realizada la audiencia oral de juicio en fecha 06 de mayo de 2013, y una vez finalizada la evacuación de las pruebas, las partes expusieron las conclusiones generales del proceso, difiriéndose la oportunidad para dictar el dispositivo del fallo; y en la oportunidad fijada el Tribunal señaló que con vista de las pruebas promovidas, admitidas y evacuadas se Declara: 1) CON LUGAR, la Prescripción de la Acción alegada por la parte accionada. 2) SIN LUGAR, la demanda incoada por los ciudadanos W.P., J.L.L., M.C., I.J.U., L.D.P., L.U., H.R., J.B., S.A.G., C.E.M., L.C., J.F., H.G., J.G.B. y G.E.R., contra la empresa Guardián De Venezuela, C.A. La Sentencia será publicada dentro del lapso legal correspondiente.

DE LOS LÍMITES DE LA CONTROVERSIA

Contestes con el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el régimen de distribución de la carga probatoria en materia laboral se fijará de acuerdo con la forma en la que el accionado de contestación a la demanda. En el presente caso, la demandada en su escrito de contestación alega la prescripción de la acción, señalamiento éste que fue ratificado por su apoderada judicial durante el desarrollo de la audiencia de juicio, por ende, le corresponde a la parte demandada probar que efectivamente esta prescrita la demanda, para lo cual se considera necesario pasar a revisar las pruebas aportadas a la causa, a los fines de verificar la procedencia de la defensa de fondo opuesta en primer lugar; en caso de que no resultare procedente, se pasará a revisar el fondo de lo debatido, como lo es la procedencia de los conceptos y montos demandados. Pasa este Tribunal a analizar las pruebas aportadas al proceso.

DE LA PRUEBA DE LOS ACCIONANTES:

.- Promueve el mérito favorable de los autos. El mismo no es un medio de prueba, por consiguiente no hay prueba que valorar.

.- Promueve marcado “A” constancias de trabajos expedidas por la empleadora a nuestros patrocinados.

.- Prueba de Exhibición:

.- Solicita la exhibición de todas las constancias de trabajos de todos los accionantes; de todos aquellos documentos e instrumentos que posee el patrono de todos los trabajadores producto de la relación laboral: a) Contratos de Iniciación de la relación de trabajo; b) Comprobantes de pagos salario semanal; c) Comprobantes de pago de prestaciones sociales; d) Comprobantes de pagos del Nuevo Régimen de Prestaciones Sociales; e) Comprobantes de Inscripción en el Instituto de los Seguros Sociales; f) Comprobantes de pagos de Vacaciones; g) Comprobantes de Pagos de Utilidades; h) Comprobantes de pagos de Horas extras; i) Comprobantes de pagos de los días Domingos Trabajados; j) Comprobantes de lo Descuentos Sindicales; k) Constancia de los cargos desempeñados por los actores; l) Esquema de Trabajo realizado por los actores; m) Todas las remuneraciones percibidas por los actores de acuerdo a las distintas Convenciones Colectivas; n) Esquema de Pago de las horas extras laboradas.

La parte demandada no exhibió las documentales solicitadas argumentando que dichas solicitud no cumple con los requisitos extremos exigidos por la Ley, además que dado el tiempo transcurrido desde las diferentes fechas de finalización de la relación laboral, han transcurrido mas de diez años, que es el tiempo que establece la ley para mantener dichos archivos. Este tribunal no le aplica consecuencia jurídica alguna a la no exhibición, en virtud de que efectivamente no fueron promovidas de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se señala.

De las Documentales:

.- Promueve marcado con la letra “A”, Constancias de Trabajos de todos los accionantes. Fueron reconocidas, Se valoran de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De las mismas se evidencia la fecha de culminación de las diferentes relaciones laborales. Así se señala.

.- Promueve marcado con la letra “B”, Constancia expedida por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Se solicitó informe, No se recibió respuesta y se desistió de la misma. Esta documental a todo evento no fue objeto de impugnación. De ella se desprende que se planteó por ante la Asamblea Nacional reclamo de extrabajadores de la empresa accionada.

.- Promueve marcado con la letra “C”, Listado de trabajadores pertenecientes al Frente de Trabajadores Bolivarianos (folios 206 al 219). Fue impugnada por estar promovida en copia simple; la parte accionante insistió en su valor probatorio. Al ser consignadas en copias simples y siendo impugnadas las copias marcadas “C”, carecen de valor probatorio. Así se señala.

.- Promueve marcado con la letra “D”, constante de 104 folios útiles, expediente y actuaciones realizadas por ante la Inspectoria del Trabajo del Estado Monagas. Fueron reconocidas por la demandada. Se evidencia que a partir del folio 220 del presente expediente al folio 325, corresponden a las copias certificadas emanadas de la Inspectoria del Trabajo del expediente administrativo Nro. 044-06-03-01669, en el cual se sustanció como un Pedimento de Citación la solicitud de Pliego Conciliatorio interpuesto en fecha 23 de agosto de 2006, por la Representación del Sindicato de Trabajadores del Vidrio de la empresa Guardian de Venezuela C.A., en su propio nombre y nombre de todos los trabajadores afiliados y no afiliados al sindicato amparados por dicho convenio colectivo. Al ser consignadas en copias simples y siendo impugnadas las copias marcadas “D”, carecen de valor probatorio

.- Promueve marcado con la letra “E”, Informe expedido por la Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo. El mismo no fue objeto de impugnación, con respecto a la prueba de informes la misma no se insistió en la misma y fue presentada en copias certificadas las cuales al ser un documento Publico Administrativo el mismo fue presentado de forma extemporánea por lo que se desecha, sin embargo al no haber sido impugnada las copias simples presentadas, Se valora de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo

.- Promueve marcado con la letra “F”, Informes expedidos por la Defensoria del P.d.E.M.. No fue objeto de impugnación Se desprende que las acciones realizadas por ante dicho ente por parte de ex trabajadores de la empresa Guardián de Venezuela. Se valora de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

.- Promueve marcado con la letra “G”, Recortes de Diario de Prensa. Fueron impugnados. Se desechan del proceso.

.- Promueve Convención Colectiva de Trabajo de la empresa demandada. Se valora de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

.- Promueve marcado con la letra “H”, Comunicación enviada a la Vice-Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela constante de 07 folios. Fue impugnada por ser promovida en copia simple y no cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Carecen de valor probatorio al emanar de la misma parte y ser desconocida por la contraria. Se desecha del proceso.

INFORMES: La parte accionante, solicito prueba de informes a los siguientes organismos:

.- Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. No se recibió respuesta, la parte promovente no insistió en la misma. No hay prueba que valorar

.- Inspectoria del Trabajo del Estado Monagas. Se recibió respuesta, que riela al folio 455. Dicho organismo señala de manera expresa que. “UNICO: Se pasa a informar que no existe por la sala de reclamo ninguna información o reclamo incoado por los ciudadanos W.A.P.T., J.L.L.P., M.J.C.Z., I.J.U.S., L.D.P., L.A.U.R., H.D.J.R., J.R.B., S.A.G., C.E.M., L.A.C.N., J.A.F.M., H.J.G.J., J.G.B.M., en contra de la empresa Guardián de Venezuela, C.A…”. Se valora de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Se evidencia que no existe reclamo particularizado y pormenorizado de los actores contra la empresa accionada por ante la Inspectoria del trabajo del Estado Monagas. Así se señala.

.- Consultoria Jurídica del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, ubicada en Caracas. No se recibió respuesta, la parte promovente no insistió en la misma. No hay prueba que valorar.

.- Defensoria del P.d.E.M.. No se recibió respuesta, la parte promovente no insistió en la misma. No hay prueba que valorar.. Así se señala.

Con respecto a la solicitud de la parte demandada de que se valorará como medio de prueba el informe presentado junto con el libelo de demanda, este Tribunal considera que el mencionado informe es parte integrante de dicho libelo de demanda y que el mismo no puede ser considerado como medio probatorio ya que no fue reflejado de tal forma en el escrito de promoción de pruebas, razón por la cual este Tribunal al no someterlo al debate probatorio lo valorará como parte integrante del libelo de demanda y no dentro del debate probatorio. Así se decide

DE LA PRUEBA DE LA DEMANDADA:

.- La parte demandada no presento pruebas. No hay pruebas que valorar. Así se señala.

.-Alega como punto previo la Prescripción de la Acción. Es una defensa perentoria de fondo, la cual será resuelta como punto previo en la presente sentencia.

PUNTO PREVIO

DE LA PRESCRIPCIÓN

En el libelo de la demanda la representación judicial de la parte accionate señala que: “…ocurrimos ante su competente autoridad a los fines de interponer la acción laboral por Diferencias de Prestaciones y otras Indemnizaciones Sociales adeudadas a nuestros patrocinados con ocasión a la relación de trabajo sostenida por los mismos con la sociedad mercantil GUARDIAN DE VENEZUELA, S.A.…”; así mismo la representación judicial de la demandada, alegó: “…determinada como ha sido las diferentes fechas que terminó la relación laboral entre los actores y mi representada, es c.C.J., que la presente demanda debe ser declarada improcedente en virtud de haber operado la PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 61 y 64 de la Ley Orgánica del Trabajo…”.

Ahora bien, la prescripción es un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una obligación, por el transcurso del tiempo y bajo las demás condiciones que fije la Ley. La prescripción supone la inercia del acreedor para exigir el cumplimiento del crédito por parte del deudor. De conformidad con el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, el lapso de la prescripción de las acciones por conceptos laborales, excepto utilidades y reclamos de indemnización por accidentes o enfermedades profesionales, es de un (1) año, contado a partir de la terminación de la prestación de servicios. De igual forma establece el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, otras formas de interrupción de la prescripción en materia del Trabajo, las cuales amplían las ya establecidas por el Código Civil, señalando que se interrumpirá la prescripción mediante la introducción de una demanda judicial aunque se haga ante un Juez incompetente siempre que la demanda sea introducida y admitida antes del vencimiento del lapso de prescripción; que el demandado sea citado o notificado antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos meses siguientes; por la reclamación intentada por ante el organismo ejecutivo competente cuando se trate de reclamaciones contra la República u otras entidades de carácter público; por la reclamación intentada por ante una autoridad administrativa del trabajo, siempre que se efectúe la notificación del demandado o de su representante antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos meses siguientes. Así se señala.

En el presente caso, quedo plenamente reconocido que las relaciones laborales de los actores para con la demandada finalizaron en las fechas: W.P., el 28 de septiembre de 2006; J.L.L., el 02 de agosto de 2007; M.J.C., el 28 de septiembre de 2006; I.J.U., el 02 de enero de 1998; L.D.P., el 05 de noviembre de 2005; L.A.U., 26 de febrero de 1994; H.d.J.R., el 26 de noviembre de 1995; J.R.B., el 28 de julio de 2005; s.A.G., el 26 de septiembre de 1996; C.E.M., el 13 de Agosto de 1996, L.A.C.N., el 09 de julio de 1998; J.A.F.M., el 13 de noviembre de 2004. H.J.G., el 26 de septiembre de 2006, J.G.B., el 20 de noviembre de 2006 y G.E.R., el 25 de enero de 2006.

Así mismo, de la revisión de las actas del expediente se constata, que la presente demanda se introdujo el 23 de septiembre de 2011, siendo admitida en fecha 23 de septiembre de 2011, y notificándose de manera tácita la empresa demandada en fecha 21 de octubre de 2011. Por lo que puede colegirse sin duda alguna que el lapso de un año contado desde la fecha de culminación de la relación laboral, hasta la fecha de interposición de la demanda, ha transcurrido con creces. Así se señala.

No obstante a ello, dados los planteamientos esgrimidos, debe verificarse si los actores efectuaron algún acto a través del cual se haya interrumpido la prescripción de conformidad con lo pautado en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo; o si verificada la misma, la empresa demandada haya renunciado algún modo (expreso o tácito) esgrimir dicha defensa; para ello debe dejarse claramente establecido que un acto interruptivo de la prescripción debe reunir ciertos requisitos como lo son: que el acto interruptivo sea realizado dentro del lapso que otorga la ley antes de que prescriban las acciones, que se establezca claramente el objeto que se pretende reclamar, que la reclamación sea individualmente particularizada, y que el acreedor tenga conocimiento indubitable de lo que le están reclamando. Así se señala.

Ahora bien, tenemos que el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, establece los diferentes modos de interrupción de la prescripción, en el se señala:

Artículo 64. La prescripción de las acciones provenientes de la relación de trabajo se interrumpe:

1. Por la introducción de una demanda judicial, aunque se haga ante un juez incompetente, siempre que el demandado sea notificado o citado antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes;

2. Por la reclamación intentada por ante el organismo ejecutivo competente cuando se trate de reclamaciones contra la República u otras entidades de carácter público;

3. Por la reclamación intentada por ante una autoridad administrativa del Trabajo. Para que la reclamación surta sus efectos deberá efectuarse la notificación del reclamado o de su representante antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes; y

4. Por las otras causas señaladas en el Código Civil.

De la revisión del contenido del articulo transcrito, podemos observar que en lo que respecta al literal a), no se evidenció de autos que los actores hayan presentado demanda judicial de reclamo por diferencias de prestaciones sociales, dentro del año siguiente a la terminación de la relación laboral, por lo que no encuadra el contenido de dicho literal a la situación jurídica planteada. Así se decide.

En lo que atañe al contenido del literal c), tenemos que consta de autos que en fecha 23 de agosto de 2006, la organización sindical que representaba a la masa trabajadora de la empresa demandada, interpuso por ante la Inspectoria del Trabajo del Estado Monagas, pliego de peticiones interpuesto, al cual el Inspector del Trabajo le modificó la calificación jurídica que le habían dado los representantes sindicales y la masa trabajadora, por los motivos allí expresados, para admitirlo como “Pedimento de Citación”, y como tal fue tramitado por el órgano administrativo, llevándose a cabo una serie actuaciones en el mismo, sin que las partes intervinientes lograran acuerdo alguno. Debe señalarse que el devenir de los trámites del pedimento de citación, la Inspectora del Trabajo dado la situación que se había planteado por el pronunciamiento efectuado por la Inspectoria del Trabajo en el Pedimento de Citación Nro. 044-06-03-01669, donde el funcionario de la Inspectoria manifestó que: “vista las exposiciones de las partes y del análisis de lo expuesto por las mismas estamos en presencia DE UN CONFLICTO de derecho y en el caso de que las partes no logren acuerdo como lo es el presente reclamo este Despacho exhorta a la parte que considere violentado su derecho a acudir ante los tribunales competentes a los fines de que se emita un pronunciamiento sobre el conflicto jurídico planteado…”; decide para la fecha 14 de marzo de 2007 remitir comunicación a la Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, solicitándole como Órgano Asesor, su opinión para el caso, (ver folios 296 y 297); ante dicha solicitud el órgano asesor, es decir, la Consultaría Jurídica del Ministerio de del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, emitió un Dictamen en fecha 24 de agosto de 2007. (ver folio 307 al 311); el cual tiene sólo fines consultivos, y en ningún caso puede ser calificado como una providencia administrativa de obligatorio cumplimiento, a través de la cual se haya decidido el conflicto planteado en fecha 23 de agosto de 2006, ya que como fue indicado anteriormente, se trató de un pedimento de citación, en el cual no hubo acuerdo entre las partes, y dicho dictamen jurídico es de los denominados por la doctrina actos administrativo de mero trámite, en los cuales las partes no tienen injerencia para su formación, y por lo tanto no pueden ser impugnados, y lógicamente no son de obligatorio acatamiento. Así se señala.

Ahora bien, evidentemente se observa que los ciudadanos: W.P., el 28 de septiembre de 2006; J.L.L., el 02 de agosto de 2007; M.J.C., el 28 de septiembre de 2006; I.J.U., el 02 de enero de 1998; L.D.P., el 05 de noviembre de 2005; L.A.U., 26 de febrero de 1994; H.d.J.R., el 26 de noviembre de 1995; J.R.B., el 28 de julio de 2005; s.A.G., el 26 de septiembre de 1996; C.E.M., el 13 de Agosto de 1996, L.A.C.N., el 09 de julio de 1998; J.A.F.M., el 13 de noviembre de 2004. H.J.G., el 26 de septiembre de 2006, J.G.B., el 20 de noviembre de 2006 y G.E.R., el 25 de enero de 2006; por lo que es evidente que habiendo transcurrido con creces el lapso de un año establecido en la ley, obviamente no puede ser considerada como interruptiva de la prescripción, esta actuación efectuada por ante la Inspectoría del Trabajo en fecha 23 de agosto de 2006, por cuanto como ya se señalo, no encuadra dentro del supuesto de hecho contemplado en la norma. Así se señala.

A todo evento, y en lo que respecta a los actores que culminaron sus relaciones laborales a partir del 23 de agosto de 2006; es decir, a los ciudadanos W.P., el 28 de septiembre de 2006; J.L.L., el 02 de agosto de 2007; M.J.C., el 28 de septiembre de 2006; L.D.P., el 05 de noviembre de 2005; J.R.B., el 28 de julio de 2005. H.J.G., el 26 de septiembre de 2006, J.G.B., el 20 de noviembre de 2006 y G.E.R., el 25 de enero de 2006., considera éste Juzgador que dicha actuación administrativa no puede ser tenida como un acto interruptivo de la prescripción de la acción de conformidad con el literal c) del artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, ya que no esta individualizado, no se particulariza el reclamo, ni se hace indicación precisa de lo adeudado por la empresa a cada uno de los actores reclamantes, por el que dicha actuación por si sola no puede ser considera como interruptiva de la prescripción. Así se decide.

Por último, y visto literal d) que señala: Por las otras causas señaladas en el Código Civil: tenemos que el artículo 1.969 del Código Civil establece las causas genéricas que interrumpen la prescripción: y señala que se interrumpe civilmente en virtud de una demanda judicial, aunque se haga ante un Juez incompetente, de un decreto o de un acto de embargo notificado a la persona respecto de la cual se quiere impedir el curso de la prescripción, o de cualquiera otro acto que la constituya en mora de cumplir la obligación. Si se trata de prescripción de créditos, basta el cobro extrajudicial. Para que la demanda judicial produzca interrupción, deberá registrarse en la Oficina correspondiente, antes de expirar el lapso de la prescripción, copia certificada del libelo con la orden de comparecencia del demandado, autorizada por el Juez, a menos que se haya efectuado la citación del demandado dentro de dicho lapso. Respecto, a este supuesto, se constata que no demostraron los accionantes, haber intentado una demanda judicial antes del lapso de expiración, ya tantas veces analizado, ni mucho menos haber protocolizado por ante la Oficina de Registro correspondiente demanda alguna. No se constata igualmente, notificación a la parte demandada, de algún acto capaz de interrumpir la prescripción, y por último, tampoco se constata, acto capaz de constituir a la demandada en mora, dentro del lapso correspondiente de prescripción. Así se señala.

Ahora bien, al estar evidentemente prescrita la acción incoada, es menester verificar si antes de la interposición de la presente demanda, la empresa demandada efectuó acto alguno a través del cual de manera expresa o tácita renunciara a la prescripción. De conformidad con lo establecido en el 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, “la prescripción de las acciones provenientes de la relación de trabajo se interrumpe (…) d) Por las otras causas señaladas en el Código Civil”.

Por su parte, dispone el artículo 1973 del Código Civil, que la prescripción se interrumpe civilmente cuando el deudor hace reconocimiento del derecho de aquél contra quien ella había comenzado a correr; asimismo, prevé el artículo 1957 eiusdem que la renuncia de la prescripción puede ser expresa o tácita. “la tácita resulta de todo hecho incompatible con la voluntad de hacer uso de esta defensa”.

Ahora bien, resulta necesario señalar que a través de la renuncia a la prescripción, el deudor manifiesta su voluntad de no hacer uso de la misma, según los términos empleados por el legislador en los citados artículos 1.954 y 1.957 del Código Civil. Conteste con lo anterior, la Sala de Casación Social afirmó, en sentencia N° 116 del 17 de mayo de 2000 (caso: José Francisco Tesorero Yánez contra Hilados Flexilón S.A.), que:

La renuncia a la prescripción hace perder al renunciante los beneficios del ejercicio de un derecho (el derecho a alegar dicha prescripción) (…).

(Omissis)

‘La renuncia debe resultar de un hecho voluntario del deudor del que aparezca a la vez su voluntad de no aprovecharse de la prescripción que tenga a su favor (…)’.

SCS – 1058 – 10/10/2012 Caso Z.G.d.M. contra Contraloría del Estado Anzoátegui

o Cursa en el expediente original de comunicación dirigido por la demandada a la demandante dando respuesta al reclamo efectuado sobre el pago de intereses de mora, mediante el cual se le informa que se ordenó una revisión de los cálculos de prestaciones sociales. Asimismo, se indicó que de no estar conforme con los recibos suscritos al momento de recibir la prestación de antigüedad y su liquidación, podrá ejercer ante los órganos jurisdiccionales “las acciones a que haya lugar”.

o De conformidad con lo establecido en el artículo 1973 del Código Civil, que la prescripción se interrumpe civilmente cuando el deudor hace reconocimiento del derecho de aquél contra quien ella había comenzado a correr; asimismo, prevé el artículo 1957 eiusdem que la renuncia de la prescripción puede ser expresa o tácita. “la tácita resulta de todo hecho incompatible con la voluntad de hacer uso de esta defensa”.

Respecto a la renuncia tácita de la prescripción de a acción, esta Sala en sentencia Nº 508 de fecha 20 de marzo de 2007 (caso: Bexa C.A.O., contra Gobernación del Estado Apure), estableció:

(…)se observa que esta voluntad de renuncia se presenta como algo evidente, en el caso del reconocimiento que realice el deudor favorecido por la prescripción ya consumada respecto del derecho que correspondería al acreedor, ya que si tal acto es considerado por el legislador como susceptible de interrumpir la prescripción en curso, debe igualmente valorarse esta conducta como un acto concluyente de carácter abdicativo respecto de la prescripción ya verificada, y en consecuencia, debe apreciarse como un signo inequívoco de renuncia a esta excepción, y al no haberlo establecido así el Juzgador de alzada incurrió en el vicio que le imputa la formalización, lo que hace forzoso declarar la procedencia de esta denuncia. Así se decide.

El Juzgado Superior de Carabobo estableció en sentencia de fecha 20/12/ caso Jakcson duarte:

En este orden de ideas, para que opere la renuncia tácita de la prescripción, debe existir un acto o acción del deudor que contraríe la voluntad de hacer uso de la prescripción, como lo es la consignación de un pago efectuado al acreedor estando ya prescrita la acción de cobro, hipótesis no aplicable al presente caso, pues el reconocimiento de la acreencia del actor por parte de la demandada fue expresada a todo evento al momento de dar contestación al fondo a la demanda, es decir, en caso de ser desechada tal defensa opuesta como punto previo, por lo que al declarar prescrita la acción debió declarar sin lugar la demanda. Así se establece

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Juzgado Superior Sexto del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los nueve (09) días del mes de mayo del año dos mil doce (2012), asunto: ASUNTO Nº: AP21-R-2012-000353, en el cual se señaló:

…Del simple cálculo del lapso de prescripción, la fecha para interponer la última de las demandas vencía el día 07 de marzo del año 2009, sin embargo corresponde a quien aquí decide verificar si los demandantes efectuaron acto alguno que interrumpa la prescripción de conformidad con lo señalado anteriormente.

…Omissis…

Observa esta alzada que de las documentales presentadas por la parte actora en la oportunidad de promover pruebas no se evidencia dicha interrupción por lo siguiente:

Respecto a la reclamación ante la Comisión de desarrollo Social (Subcomisión de asuntos laborales y sindicales) de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo informe cursa a los folios (81 al 124) del cuaderno de recaudos Nro. 1, no se evidencia que sea un acto que interrumpa la prescripción es decir, ya que para constituir un acto capaz de interrumpir la prescripción, la reclamación ha debido interponerse como máximo el día 07 de marzo de 2009, (en el caso de la ciudadana E.P.D.M.), lo cual no ocurrió, pues la misma se interpuso en fecha 23 de marzo de 2009, ya consumada la prescripción, en tal sentido no constituye un acto interruptivo válido. Así se decide.

Por otra parte, dispone el artículo 1957 del Código Civil que la renuncia a la prescripción puede ser expresa o tácita, la tácita resulta de un hecho que sea incompatible con la voluntad de aprovecharse de la prescripción. La renuncia a la prescripción, nunca se presume, F.R. nos enseña que en “la duda, debe mas bien rechazarse que admitirse la renuncia. Así pues, la voluntad de renunciar debe resultar del modo más manifiesto del hecho que se alega para establecerlo, y éste debe ser tal, que no puede en manera alguna armonizarse con la intención de oponer la prescripción”.

Planiol- Ripert en su clásico tratado de Derecho Civil Francés señala “la renuncia implica la intención de abandonar el derecho adquirido, los jueces no deben admitir a la ligera esa intención, induciéndola de actos equívocos, la renuncia no puede presumirse”.

Josserand afirma “el deudor no puede ser considerado fácilmente como renunciante tácitamente a la prescripción, tal renuncia sólo puede resultar de actos realizados voluntariamente con pleno conocimiento de causa y manifestado de modo inequívoco, la intención del supuesto renunciante no puede inferirse de un olvido, de una abstención, de una omisión…”.

Mazeaud señala “los actos de abandono deben manifestarse de manera inequívoca necesariamente la intención del renunciante”.

Para F.V.R. “la renuncia, mediante manifestación de voluntad tácita requiera que “la voluntad se infiera indubitablemente de una actitud o de circunstancias de comportamiento que revelen su existencia (…) debe deducirse de un acto de una facta concludentia, incompatible con la voluntad del prescribiente de favorecerse con la prescripción y que permita inferir de manera indubitable la renuncia”.

Tanto la doctrina como nuestra jurisprudencia nos ofrecen los siguientes ejemplos de renuncias tácitas a la prescripción: el pago, pactos nuevos, plazo para el pago, renovación de documento contentivo de la deuda, constitución de hipoteca, ofrecimiento de garantías, como la fianza, y cualquier otro hecho que de manera inequívoca expresa la voluntad del prescribiente de favorecerse con la prescripción que operó a su favor.

Ahora bien analizadas las pruebas traídas a los autos, específicamente las que cursan a los folios 81 al 124, no se evidencia que la demandada renuncia o reconoce expresa o tácitamente derechos a favor de los accionantes, bien, porque no determinan específicamente los derechos reclamados, bien porque no determina individualmente los sujetos reclamantes, o bien, porque no es el deudor de la obligación el que reconoce derecho alguno a los accionantes, véase por ejemplo, los informes emanados del expediente que curso ante la Comisión de desarrollo Social (Subcomisión de asuntos laborales y sindicales) de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Cabe destacar que las reuniones en el marco de la convocatoria efectuada por la Asamblea Nacional, en si misma tampoco implican renuncias ni expresa, ni tacita a la prescripción, mas aun cuando la demandada en las distintas reuniones afirmaba la prescripción de la acción (ver sentencia N° 4 de fecha 03 de febrero de 2005 de la Sala de Casación Social). Así se decide.

Finalmente, no hay evidencia en autos de acuerdos entre las partes (ni el 15 de agosto de 2008, ni en ninguna otra fecha) mediante el cual la parte demandada haya reconocido a los actores pago o deuda alguna derivada de la relación de trabajo que los vinculó. Así se decide.

La conducta asumida por la demandada en el presente juicio no constituye ninguno de los ejemplos de renuncia tácita de la prescripción que ha dado la doctrina y jurisprudencia, y a juicio de quien decide tampoco un caso similar, ya que la demandada no pagó, ni ofreció pagar, ni constituyó u ofreció alguna garantía ni pidió un plazo para pagar a favor de los demandantes. En consecuencia y con fundamento en las anteriores consideraciones, este Juzgador estima que no hubo una renuncia tácita de la prescripción por parte de la demandada, en consecuencia habiendo transcurrido el lapso para la prescripción de la acción, y no constando en auto acto alguno capaz de interrumpirla, ni manifestación de renuncia de la prescripción consumada, debe forzosamente esta alzada confirmar la decisión del Juzgado A quo que estableció que la presente acción esta prescrita. Así se decide.

En un caso similar, el Juzgado Tercero (3º) Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil doce (2012), en el asunto AP21-R-2012-001106, consideró lo siguiente:

… Alegó la parte demandada que desde la fecha en la cual concluye la relación de trabajo que ha unido a las partes del presente juicio, hasta la fecha de la notificación de la demandada en el presente procedimiento transcurrió sobradamente más de un año. Ahora bien, de la revisión de las actas procesales, se evidencia que según señala el propio escrito libelar, el cese de la terminación de la relación laboral de los siguientes ciudadanos: Z.E.R.C.: Fecha de egreso: 23/03/2007, F.G.R.M.: Fecha de egreso: 30/07/1996, G.E.R.: Fecha de egreso 03/04/2003, M.J.R.B.: Fecha de egreso: 24/11/2006, J.P.R.V.: Fecha de egreso: 18/06/1997, A.J.S.: Fecha de egreso: 09/06/2006, L.S.J.: Fecha de egreso: 01/10/1997, A.A.S.R.: Fecha de egreso: 13/02/2004, A.J.S.: Fecha de egreso: 21/06/2007, M.M.S., Fecha de egreso: 16/10/1998, J.M.T.: Fecha de egreso: 27/10/1998, C.R.U.D.D.: Fecha de egreso: 23/02/1994, N.H.V.D.: Fecha de egreso: 23/06/2006, G.D.L.A.V.: Fecha de egreso: 01/08/1997,C.D.V.V.A.: Fecha de egreso: 14/05/1996, R.T.Z.G.: Fecha de egreso: 20/02/1998,P.M.Z.: Fecha de egreso: 01/10/1997, debidamente reconocido por la parte demandada en la audiencia de juicio y en su escrito de contestación a la demanda, por lo que es a partir de las mencionadas fechas que se comienza a computar el lapso de prescripción de la acción.

Siendo así y establecido expresamente los modos de interrupción de la prescripción, comparte el criterio utilizado por el a quo en cuanto a que no son actos interruptivos de la prescripción las actuaciones realizadas ante la Comisión de desarrollo Social (Subcomisión de asuntos laborales y sindicales) de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela los folios (88 al 130) del cuaderno de recaudos No. 1, por tratarse de un órgano legislativo más no ejecutivo y no versar sobre reclamaciones contra la República, de acuerdo a lo contemplado en el artículo en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, máxime cuando se aprecia del referido expediente, que no están identificados los trabajadores que acudieren a realizar sus reclamos, además se observa que la demanda fue interpuesta en fecha 10 de mayo de 2011 y lograda la notificación de la demandada en fecha 15 de junio de 2011, se entiende, que la interposición de la demanda se realizó después de haber transcurrido con creces la expiración del lapso de prescripción previsto en el Artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, no existiendo ningún elemento probatorio a los autos que evidencie la existencia de algún acto mediante el cual los demandantes hayan procedido a interrumpir la prescripción, en consecuencia, se confirma la procedencia de la defensa de prescripción de la acción opuesta por la demandada y así se determinará en la parte dispositiva de la presente decisión. Así se decide…

De igual manera el Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nro 793 fechada 08 de julio de 2011 señaló:

…En sintonía con lo anterior, para que opere la renuncia de la prescripción debe existir un reconocimiento voluntario por parte del demandado respecto a la acreencia que tenga con el demandante, el cual trae como consecuencia la pérdida del derecho a oponer la prescripción de la acción. Dicho reconocimiento voluntario, puede ser expreso o tácito, siendo este último el que deviene de todo hecho incompatible con la voluntad de hacer uso de la prescripción.

En el caso de autos, se verifica, que con posterioridad a la terminación del vínculo laboral existente entre la empresa demandada y los ciudadanos demandantes, en el mes de noviembre del año 2007, la accionada mediante “CIRCULAR A NUESTRA FUERZA DE VENTA DE COMERCIALIZADORA SNACKS AMÉRICA LATINA S.R.L.”, le notifica a los trabajadores activos al 30 de octubre del año 2007 “beneficiarios del Sistema de Compensación Variable”, que ocupaban el cargo de vendedor y cuyo “salario normal no superaba los parámetros de Ley”, el pago de cantidades dinerarias que se han originado por la incorporación de las variables vinculadas al concepto de Compensación Variable, generada durante el período 01 de enero del año 2000 al 31 de julio del año 2004, en el cálculo del salario normal.

En tal sentido, al estar dirigido dicho acto a los trabajadores activos, quienes debían cumplir con ciertos requisitos para optar dicho beneficio, no puede considerarse que tal circunstancia especial sea extensiva a los extrabajadores de dicha empresa, ni que del mismo se deduzca la voluntad de la demandada de no hacer uso del derecho a oponer la prescripción de la acción. Por consiguiente, tal manifestación no constituye un reconocimiento de acreencia alguna a favor de los accionantes, ni denota la voluntad del patrono de cumplir con la obligación que se le reclama, de lo que se constata que en el presente caso no operó la renuncia tácita de la prescripción de la acción. Así se establece…

De la revisión de las actas que conforman el presente expediente se desprende que la representación sindical que actuó por ante la Inspectoria del Trabajo en fecha 26 de agosto de 2006 (pliego de Peticiones o Pedimento de Citación), para el año 2008 acudió por ante la Defensoria del P.d.E.M., abriendo dicha institución expediente del caso Nro. P-08-01456 ; de igual forma se evidencia que en el año 2010, acudieron por ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a través de la Comisión Permanente de de Desarrollo Social de dicha Asamblea; en todos éstos organismos formularon el reclamo relativo a la violación de normas contenidas en las diferentes convenciones colectivas suscritas por la masa trabajadora y la empresa demandada (pago de días domingos laborados como feriados), sin que se evidencia que se haya suscrito algún acuerdo de pago de monto o concepto alguno. Ahora bien, de la revisión detallada de cada una de las actuaciones realizadas por la empresa accionada no evidencia éste Juzgador que haya habido renuncia ni expresa ni tacita por parte de ésta a su derecho a oponer la prescripción de la acción haciéndolo en la oportunidad procesal correspondiente como en efecto lo hizo, así mismo, no puede considerarse, que acudir al llamado de los Órganos Administrativos a los cuales fue convocada la demandada, pueda considerarse una manifestación de voluntad que implique una renuncia tacita a la prescripción, por último considera este Juzgador que tampoco puede considerarse una renuncia tacita a la prescripción el hecho que no se haya alegado la misma ante los Órganos Administrativos a los cuales fue convocada, en razón que ninguno de ellos puede pronunciarse sobre dicha prescripción y la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia a indicado en innumerables sentencias cual es la oportunidad para alegar la prescripción y ninguna de ellas se establece la posibilidad que sea a través de una reclamación administrativa de llamado de citación ante el Ministerio del trabajo o una averiguación por ante la Asamblea Nacional siendo su oportunidad al inicio de la Audiencia Preliminar, con el escrito de promoción de pruebas, y en la oportunidad de la contestación de la demanda por lo que considerar que al no haber sido alegada la prescripción ante los entes administrativos sería contrariar la reiterada Jurisprudencia de nuestro M.T.. Así se señala.

Es de señalar, que todo particular o empresa que preste un servicio publico o privado dentro de la República Bolivariana de Venezuela, esta sometido a sus leyes, y como tal debe comparecer ante el llamado que le haga cualquier órgano de Poder Público Nacional, Estadal o Municipal, en cualquiera de sus ramas Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y Ciudadano, por cuanto, la falta de atención al llamado que se le haga, podría ocasionarle consecuencias (multas y otras sanciones) previstas en las leyes que rigen el funcionamiento del ente que hace el llamado; así tenemos que, para el caso de la Defensoria del Pueblo, la ley que rige sus funciones establece sanciones en su art. 59 para las personas que no presten la debida colaboración, o que obstaculicen el desarrollo de las investigaciones que ésta adelante; y en el caso de la Asamblea Nacional, se da una situación similar; así mismo, la empresa que no comparezca ante una citación o notificación emanada de la Inspectoría del Trabajo, igualmente será objeto de sanción por su incomparecencia; por lo que considera este Juzgador que el hecho de haber comparecido la empresa accionada a los diferentes llamados realizados por la Inspectoria del Trabajo, Defensoria del Pueblo y Asamblea Nacional, no constituyen por si mismos, renuncia tácita a la prescripción. Así se señala.

considera éste juzgador que los diferentes reclamos propuestos por ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, o la Defensoria del Pueblo, no pueden ser considerados como interruptivos de la prescripción alegada, ya que ni se efectuaron dentro del tiempo establecido, ni están particularizados en modo alguno; y no se alcanzo ni fue suscrito acuerdo alguno. Así se señala.

Por lo tanto, visto que no se dio el supuesto de renuncia de la prescripción ni expresa ni tacita en la presente causa, ya que de los ejemplos de renuncias tácita que ha señalado la doctrina tales como: el pago, pactos nuevos, solicitud de plazo para el pago, renovación de documento contentivo de la deuda, constitución de hipoteca, ofrecimiento de garantías como la fianza, y cualquier otro hecho que de manera inequívoca exprese la voluntad del prescribiente de favorecerse con la prescripción, que operó a su favor; ni ejemplos como los señalados en la sentencia Nro. 1525 del 14 de octubre de 2008, se dieron en la presente causa, considera éste Juzgador que no hubo renuncia ni expresa ni tácita a la prescripción. Así se decide.

En consecuencia, por todas las motivaciones y argumentaciones debe forzosamente este Tribunal declarar que prospera la defensa perentoria de fondo opuesta, y por lo tanto se declara PRESCRITA LA ACCION PROPUESTA. Así se decide

DECISIÓN

Por las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: 1) CON LUGAR, la Prescripción de la Acción alegada por la parte accionada. 2) SIN LUGAR, la demanda incoada por los ciudadanos W.P., J.L.L., M.C., I.J.U., L.D.P., L.U., H.R., J.B., S.A.G., C.E.M., L.C., J.F., H.G., J.G.B. Y G.E.R., contra la empresa GUARDIÁN DE VENEZUELA, C.A. Todos plenamente identificados en autos, en consecuencia SIN LUGAR LA DEMANDA. No hay condenatoria en costas.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, Y DÉJESE COPIA PARA SU ARCHIVO.

Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. En Maturín, a los Trece (13) días del mes de Mayo del año dos mil trece (2013). Año 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

El Juez,

Abg. V.E.B.G.

Secretaria (o),