Decisión de Juzgado Primero de Juicio del Trabajo de Aragua, de 26 de Septiembre de 2013

Copias certificadas emanadas del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, Expediente N° ARA-07-IE-10-1025, folios 77 al 95: Observa el Apoderado Judicial de la demandada que el contenido de la investigación nunca se le practicó al demandante. La Apoderada Judicial de la parte actora manifiesta que la investigación se efectuó para varios trabajadores y la demandada no lo impugnó en su debido momento. El Tribunal, conforme a los artículos 10 y 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, otorga pleno valor probatorio a las documentales, quedando demostrados los siguientes hechos:

1. - Que el 14 de septiembre de 2009 el ciudadano R.T., hoy demandante, solicitó ante el INPSASEL la investigación del origen de su enfermedad;

2. - Que a través de Acta levantada el 17 de febrero de 2010 la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Aragua, dejó constancia de entrevista con el ciudadano R.T., hoy demandante, dándose por reproducida la valoración precedentemente efectuada sobre la documental, acompañada en original al Libelo de Demanda (folios 28 y 29);

3. - Que a través de Oficio N° 0202-11 de fecha 28 de junio de 2011, emanado de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de Aragua, Guárico y Apure del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), la Dra. G.R., Médico adscrita a esa Dirección, Certificó la enfermedad del hoy demandante, dándose por reproducida la valoración precedentemente efectuada sobre la documental, acompañada en original al Libelo de Demanda (folios 21 y 22). Así se decide.

Informes Médicos ASODIAM, folios 98 al 100: Observa el Apoderado Judicial de la demandada que se evidencia un problema lumbar y degenerativo. La Apoderada Judicial de la parte actora manifiesta que al folio 100 está firmado por el médico. Con respecto a las documentales cursantes a los folios 98 y 99, se da por reproducido el valor precedentemente otorgado a las documentales cursantes a los folios 27 y 31, que fueron acompañadas al Libelo de Demanda. Asimismo, conforme a los artículos 10 y 77 se otorga valor probatorio a la documental cursante al folio 100, como demostrativa de los estudios de resonancia magnética y reposo médico ordenados al demandante por médico adscrito a la Corporación de S.d.E.A., el 06/10/2009. Así se decide.

Reposos Médicos Forma 14-73, folios 101 al 110: La parte accionada impugna las documentales indicando que deben ser ratificadas. Sin observaciones de la Apoderada Judicial de la parte actora. Conforme a los artículos 10 y 77 de la ley adjetiva laboral, el Tribunal otorga valor probatorio a las documentales que emanan de organismo público, como demostrativas de los períodos de reposos médicos del hoy demandante, ciudadano R.T., avalados por el Departamento de Traumatología del Hospital J.M. Carabaño Tosta, del I.V.S.S. años 2009, 2010 y 2011. Así se decide.

Solicitud de prórroga de prestaciones, folios 111 al 118: Sin observaciones de la parte demandada. Conforme a los artículos 10 y 77 de la ley adjetiva laboral, el Tribunal otorga valor probatorio a las documentales, como demostrativas de los períodos de reposos médicos del hoy demandante, ciudadano R.T., avalados por el Departamento de Traumatología del Hospital J.M. Carabaño Tosta, del I.V.S.S. Así se decide.

Informes Médicos, folios 119 al 121: El Apoderado Judicial de la demandada impugna las documentales cursantes a los folios 119 y 120 indicando que no se evidencia de quién emanan; e impugna la documental cursante al folio 121 por ser copia simple. Sin observaciones de la Apoderada Judicial de la parte actora. Conforme a los artículos 10 y 77 de la ley adjetiva laboral, el Tribunal otorga valor probatorio a las documentales cursantes a los folios 119 y 120, como demostrativas que el Departamento de Traumatología del Hospital J.M. Carabaño Tosta, del I.V.S.S. solicitó la Evaluación de Discapacidad del hoy demandante, ciudadano R.T.; quien acudió a consulta de fisiatría y recibió terapia de rehabilitación en el S.R.I. San F.d.A.. Asimismo, en atención a la impugnación efectuada por la accionada, el Tribunal desecha del debate probatorio la documental inserta al folio 121. Así se decide.

Denuncia por ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Caja Regional, folios 122 al 125: El Apoderado Judicial de la demandada manifiesta que al folio 122 sólo se evidencia que los trabajadores están inscritos en el I.V.S.S. La Apoderada Judicial de la parte actora manifiesta que con esta prueba se evidencia que son tres (03) los trabajadores que denunciaron ante el I.V.S.S. que no estaban inscritos. Observa el Tribunal que la documental no coadyuva al esclarecimiento de la controversia bajo estudio. En razón de ello, no se le otorga valor probatorio y se desecha del debate en atención al artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente por mandato del artículo 11 de la ley adjetiva laboral. Así se decide.

SÉPTIMO y

C.d.M. y Partidas de Nacimiento, folios 126 al 128: El Apoderado Judicial de la demandada impugna las Partidas de Nacimiento por tratarse de copias simples. Conforme a los artículos 10 y 77 de la ley adjetiva laboral se otorga valor probatorio al Acta de Matrimonio, como demostrativa de la carga familiar del accionante. Asimismo, en atención a la impugnación efectuada por la accionada, el Tribunal desecha del debate probatorio las documentales insertas a los folios 127 y 128. Así se decide.

Solicitud de evaluación de discapacidad de fecha 20 de octubre de 2011, Forma 14-08 I.V.S.S., folios 129 al 131: Sin observaciones de la accionada. Conforme a los artículos 10 y 77 de la ley adjetiva laboral se otorga valor probatorio a la documental, como demostrativa que el Departamento de Traumatología del Hospital J.M. Carabaño Tosta, del I.V.S.S., solicitó a la Comisión Evaluadora de Discapacidad, evaluación de discapacidad del hoy demandante, en fecha 20 de octubre de 2011. Así se decide.

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA

DE LOS MÉRITOS FAVORABLES

En lo que respecta a lo invocado sobre el mérito favorable de los autos, debe puntualizar este Tribunal que tal alegación no es un medio de prueba ya que se trata del principio de comunidad de la prueba que rige en todo el sistema probatorio venezolano y que el Juez está en el deber de aplicar de oficio siempre, sin necesidad de alegación de parte, razón por la cual al no ser promovido un medio probatorio susceptible de valoración, se considera improcedente valorar tales alegaciones; tal y como lo ha establecido reiteradamente en sus fallos la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (sentencia N° 0576 del 08/06/2010). Así se decide.

DE LOS INSTRUMENTALES

(Insertas en la Pieza Separada N° 1, Anexo de Pruebas Parte Demandada)

Marcados con la letra B:

Notificación de Riesgo y Análisis de Riesgo en Tarea Específica, ARETE, folios 02 al 217: La parte actora impugna las documentales cursantes a los folios 02 al 216, indicando que se trata de notificaciones generales. Asimismo, impugna la documental cursante al folio 217, señalando que se trata de un control de asistencia y no un control de riesgo. La parte accionada insiste y ratifica su valor probatorio. Conforme a los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se otorga pleno valor probatorio a las documentales que se encuentran suscritas en original por el ciudadano R.T., hoy demandante, como demostrativas que la empresa accionada le notificó los riesgos inherentes a sus funciones. Así se decide.

Marcadas con las letras B y C, Registro de Asegurado y Constancia de egreso I.V.S.S., folios 218 y 219: Sin observaciones de la parte actora. Conforme a los artículos 10 y 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se otorga pleno valor probatorio a las documentales como demostrativas que la empresa accionada inscribió al hoy demandante ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y notificó el egreso por terminación de contrato. Así se decide.

Marcado con la letra D, Liquidación de Prestaciones Sociales, folio 220: Observa la Apoderada Judicial de la parte actora que la documental fue llevada a un Tribunal. El Apoderado Judicial de la demandada insiste y ratifica su valor probatorio y señala que con la documental se prueba que el accionante recibió sus prestaciones sociales. Constata el Tribunal que la documental no coadyuva al esclarecimiento de la controversia bajo estudio, razón por la cual no se le otorga valor probatorio y se desecha del debate en atención al artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente por mandato del artículo 11 de la ley adjetiva laboral. Así se decide.

Marcado con la letra E, Constancia de entrega de implementos de seguridad, folio 221: Documental impugnada por la parte actora por tratarse de instrumento privado. La parte accionada insiste y ratifica su valor probatorio. Conforme a los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se otorga pleno valor probatorio a la documental que se encuentra suscrita en original por el ciudadano R.T., hoy demandante, como demostrativa le dotó uniformes y mascarilla. Así se decide.

PRUEBA DE INFORME

De conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el Tribunal requirió información a la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores del Estado Aragua (I.N.P.S.A.S.E.L.), a los fines que enviase copia certificada del expediente signado bajo el N° 1574-09, referente al ciudadano R.A.T.R., titular de la cédula de identidad N° V-13.770.521, cuyo oficio de certificación de Discapacidad es el N° 0202-11, de fecha 28 de junio de 2011.

Se libró Oficio N° 0300/2013 en fecha 18 de enero de 2013. Consta a los folios 171 al 174 del expediente, Oficio N° OFSS/0114-13 de fecha 10 de junio de 2013, y anexo copia certificada de la Certificación N° 0202-11. El Tribunal, de conformidad con el artículo 81 de la ley adjetiva laboral, otorga valor probatorio a la información suministrada, dándose por reproducido el análisis efectuado respecto a la documental cursante a los folios 21 y 22 del expediente. Así se decide.

Asimismo, en vista de solicitud efectuada por la parte demandada, mediante diligencia que cursa al folio 177 de la pieza principal del expediente, el Tribunal libró Oficio N° 3.294-13 el 26 de junio de 2013, ratificando lo solicitado en el Oficio antes referido; y consta a los folios 183 al 210, Oficio N° OFSS/0148-13 de fecha 17 de julio de 2013, y anexo copias certificadas de los expedientes Nros. ARA-07-IE-10-0124 y ARA-07-IE-10-0125. El Tribunal, de conformidad con el artículo 81 de la ley adjetiva laboral, otorga valor probatorio a la información suministrada, evidenciándose que el ciudadano R.T., hoy demandante, tiene como nivel educativo Primaria (sexto grado); y que la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores del Estado Aragua (I.N.P.S.A.S.E.L.), dejó establecido que en visita de inspección, se constató los siguientes aspectos:

- existencia del certificado de registro del Comité de Seguridad y S.L.

- existencia de servicio de seguridad y salud en el trabajo

- existencia de registro digitalizado de los accidentes ocurridos en el año 2008, así como un registro manual de accidentes y morbilidad;

- existencia del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Proyecto “Ingeniería, Procura y Construcción del Trasvase de Agua de 3.000 l/s desde la Represa de Taiguaiguay hasta el Valle del Río Tucutunemo, Municipio Z.d.E.A.; aprobado por el Comité de Seguridad y S.L.;

- existencia de Análisis de Riesgos por Tareas Específicas. Así se decide.

Analizado como ha sido el total del acervo probatorio aportado por las partes en el proceso, es importante destacar que el artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el derecho al trabajo y además obliga a todo patrono o patrona a garantizar a sus trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuadas.

Asimismo, tal y como lo precisa la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en su artículo 70, se entiende por enfermedad ocupacional los estados patológicos contraídos o agravados con ocasión del trabajo o exposición al medio en el que el trabajador o la trabajadora se encuentra obligado a trabajar, tales como los imputables a la acción de agentes físicos y mecánicos, condiciones disergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, biológicos, factores psicosociales y emocionales, que se manifiesten por una lesión orgánica, trastornos enzimáticos o bioquímicos, trastornos funcionales o desequilibrio mental, temporales o permanentes; de lo cual se colige que aquellos estados patológicos contraídos con anterioridad a la prestación del servicio pero agravados por la naturaleza de las funciones ejercidas, encuadran en el concepto de enfermedad ocupacional previsto por el legislador venezolano.

Es por ello que para que una demanda por enfermedad ocupacional prospere, el actor debe alegar y demostrar tanto la enfermedad o el hecho de haberse agravado la misma, como la relación existente entre el estado patológico aducido y el trabajo desempeñado, no como una relación de causalidad, sino como la producida en el lugar y tiempo del trabajo, es decir, asociada en gran medida al servicio personal prestado, que lleve al Juez a la convicción de que si el trabajador no hubiese desarrollado la labor no habría contraído la afección, o no la habría desarrollado en la misma medida, pues ha sido esa la intención del Legislador. Se establece así como elementos que deben concurrir a los fines de determinar la existencia de una enfermedad ocupacional: 1.- Que el trabajador presente una enfermedad contraída o que se haya agravado una enfermedad anterior; 2.- Que tal afección sea con ocasión a la prestación del servicio o exposición al medio en el que el trabajador o la trabajadora se encuentra obligado a trabajar; y 3.- Que se manifieste por una lesión orgánica, sea temporal o permanente.

Ahora bien, esta Juzgadora ha analizado y valorado el cúmulo probatorio de autos, especialmente la CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD PARCIAL Y PERMANENTE, emitida por el mencionado Organismo, en fecha 28 de junio de 2011 (folios 21 y 22), documental de la cual no consta sentencia definitivamente firme de Recurso de Nulidad alguno ejercido en su contra, y que crea convicción respecto a que ciertamente el demandante logró demostrar en el juicio la existencia de una enfermedad agravada por el trabajo, CERTIFICADA por el INPSASEL en los términos siguientes: “(omissis) CERTIFICO que se trata de Discopatía Lumbar: con Espondilosis y Hernia Discal Posterior L4-L5 y Protrusión (COD. CIE10-M51.0) considerada como Enfermedad Agravada Por el Trabajo que le ocasionan al trabajador una DISCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE, con limitaciones para el trabajo que implique actividades de alta exigencia física tales como: levantar, halar, empujar cargas pesadas a repetición e inadecuadamente, flexión y rotación del tronco de manera repetitiva, subir y bajar escaleras constantemente, bipedestación y sedestación prolongada así como trabajar en superficies y con herramientas que vibren. Fin del Informe (omissis)”. Así se decide.

Ahora bien, en cuanto al NEXO CAUSAL entre el padecimiento orgánico descrito, y las labores efectuadas por el demandante en la prestación de sus servicios para la demandada, se precisa que éste constituye el elemento sine qua non para ordenar la indemnización correspondiente, por responsabilidad subjetiva del ente patronal; es decir, que para que una demanda por enfermedad ocupacional prospere, el demandante debe alegar y demostrar tanto la enfermedad como la relación existente entre el estado patológico y el trabajo desempeñado, es decir, asociada en gran medida al servicio personal prestado, que lleve al Juez la convicción de que si el trabajador no hubiese desarrollado la labor no habría contraído la afección, o no la habría desarrollado en la misma medida; tal y como lo ha establecido reiteradamente la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (Sentencia N° 352 del 17/12/2001; Sentencia N° 505 del 17/05/2005; Sentencia N° 2395 del 29/11/2007; Sentencia N° 505 del 22/04/2008).

En este orden de ideas, es importante señalar, que conforme con los criterios doctrinarios sobre el tema, la relación de causalidad es una cuestión de orden físico material, más que jurídico, en la que se trata de determinar si un daño es consecuencia de un hecho anterior y para su estudio es necesario definir los conceptos de causa, concausa y condición. En este orden de ideas, la causa, es el origen, antecedente o fundamento de algo que ocurre, es el hecho que ocasiona algo, una cosa o acontecimiento que puede producir uno o más efectos; la concausa, es aquello que actuando conjuntamente con una determinada causa, contribuye a calificar el efecto, es un estado o circunstancia independiente que actúa con la causa, que puede ser preexistente, concomitante o sobreviniente, en medicina la concausa preexistente se llama “estado anterior” que se refiere a estados patológicos de la víctima y la concausa concomitante o sobreviniente se llama complicación; la condición es empleado en el sentido de condicionar, es decir, hacer depender alguna cosa de una condición.

Así, para definir la relación de causalidad que debe existir entre la enfermedad y el trabajo realizado, es menester considerar como causa sólo la que mayor incidencia ha tenido en la génesis del daño (ésta sería la causa principal) y considerar o llamar concausa a otras causas o condiciones que han influido en la producción y la evolución del daño. Es así, que serían causa las condiciones y medio ambiente del trabajo (si es que fueron el principal desencadenante de la lesión) y concausa la predisposición del trabajador a contraer la enfermedad. En este sentido, se hace necesario tener en cuenta si la causa incriminada (las condiciones de prestación del servicio) es capaz de provocar el daño denunciado y en caso de producirse una complicación evolutiva, poder establecer si alguna otra causa (concausa), alteró esa evolución, de esta manera el juez podrá decidir si hubo o no vinculación causal o concausal con las tareas realizadas por un trabajador; tal y como quedó establecido en sentencia N° 487 del 19/05/2010, emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado Dr. L.E.F..

Resulta entonces indispensable en el juicio, determinar la vinculación a la que se ha hecho referencia, pues no resultará indemnizable el daño sufrido por el trabajador ocasionado conjuntamente por la tarea realizada y por la acción de una concausa preexistente, en la medida en que esta última (concausa) haya incidido.

En este orden de ideas, aprecia esta Juzgadora de Primera Instancia, que el demandante logró demostrar que su padecimiento orgánico se agravó por las condiciones en que se llevó a cabo la prestación de sus servicios, es decir, quedó demostrada la vinculación o nexo causal respectivos, tal y como lo Certificó el organismo competente. Así se decide.

Determinado lo anterior y dada la naturaleza ocupacional de la enfermedad de la cual adolece el actor, corresponde al Tribunal emitir pronunciamiento respecto a los conceptos demandados, teniendo como hechos ciertos: La existencia de relación de trabajo; la fecha de inicio el 27 de junio de 2007 y la fecha de culminación el 27 de noviembre de 2008; el cargo ejercido por el demandante durante la prestación de sus servicios como cabillero; el motivo de culminación de la relación de trabajo por despido injustificado y el salario devengado. Así se decide.

INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD OBJETIVA

ARTÍCULOS 573, 575 y 577 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO (1997)

La Teoría de la Responsabilidad Objetiva del empleador, establece al patrono la obligatoriedad de responder e indemnizar al trabajador por los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, provengan del servicio mismo o con ocasión de él, aún cuando no se haya materializado imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos por parte de la empresa o de los trabajadores. Siendo ello así, para que prospere la reclamación del trabajador, bastaría que se demuestre el acaecimiento del infortunio de trabajo, y el grado de incapacidad sobrevenida sería el elemento relevante a los fines de determinar el monto de la indemnización. No obstante ello, conforme a lo preceptuado por el artículo 585 de la Ley Orgánica del Trabajo, este régimen tiene una naturaleza meramente supletoria, respecto de lo no previsto en las leyes de seguridad social, básicamente en la Ley del Seguro Social Obligatorio, cuando el trabajador esté amparado por el Organismo respectivo. En tal sentido, considera oportuno señalar esta sentenciadora, lo que ha dejado establecido la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia:

(…) En caso que el trabajador que sufrió un accidente de trabajo o padece una enfermedad profesional, esté cubierto por el seguro social obligatorio, conforme a lo previsto en el artículo 2 de la Ley del Seguro Social Obligatorio, quien pagará las indemnizaciones debe ser el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, cuya responsabilidad está prevista en el Título III, de las Prestaciones en Dinero, concretamente en los artículos 9 al 26 ejusdem (…)

. (Sentencia N° 722 del 01 de Julio de 2004, Expediente 04-383, caso: J.G.Q.H. vs. Costa Norte Construcciones, C.A. y otra, bajo la Ponencia del Magistrado J.R.P.).

Criterio reiterado en sentencia N° 0315 del 17 de Marzo de 2009, con Ponencia del Magistrado Dr. L.E.F.G., en el juicio que por indemnización de enfermedad profesional, lucro cesante, daño moral, daño emergente y cobro de diferencia de acreencias laborales, instauró la ciudadana YUVIRASOL J.N.R., contra la sociedad mercantil BLINDADOS CENTRO OCCIDENTE C.A. (BLINCOSA), que estableció:

(…) Asimismo, por cuanto se evidencia del material probatorio cursante en autos que la trabajadora se encontraba inscrita en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en lo que respecta a la responsabilidad objetiva, es dicho ente quien asume el cumplimiento de la misma (…)

Destacado del Tribunal.

En consecuencia, es forzoso declarar la IMPROCEDENCIA de estas reclamaciones, toda vez que quedó demostrado en el expediente que el trabajador se encontraba debidamente inscrito ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, como se verifica de las documentales cursantes a los folios 218 y 219 del Anexo de Pruebas de la parte demandada; correspondiéndole así al Organismo cancelar las referidas Indemnizaciones, ya que el empleador se subroga en el Sistema de Seguridad Social. Así se decide.

INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD SUBJETIVA

ARTÍCULO 130, NUMERAL 4, DE LA LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN, CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

Demanda el ciudadano R.T. la cancelación de Bs. 72.503,60 por concepto de la indemnización prevista en el artículo 130, numeral 4, de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, indicando que se hace procedente como consecuencia de la violación de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador.

Al respecto, indica quien decide que la responsabilidad subjetiva del patrono, prevista en el referido texto legal, obliga al patrono a indemnizar al trabajador por las discapacidades ocasionadas por enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, cuando dichos infortunios se produzcan como consecuencia del incumplimiento de las normas de prevención; por lo cual el empleador responde por haber actuado en forma culposa, con negligencia, imprudencia o impericia, y siempre será preciso que en caso de reclamación el trabajador demuestre que el patrono conocía de las situaciones riesgosas, incurriendo en HECHO ILÍCITO; criterio éste que ha sido reiterado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, como se estableció en Sentencia N° 1248 del 12/06/2007 Exp. 06-2156 con Ponencia de la Magistrada Dra. C.E.P. y Sentencia N° 448 del 26/04/2011, con Ponencia del Magistrado dr. J.R.P..

Es decir, que no es suficiente que se haya demostrado la relación de causalidad entre el padecimiento orgánico (en este caso agravado) y las labores efectuadas; sino que debe ser asimismo demostrado el nexo causal entre la enfermedad y el incumplimiento de las reglas de seguridad e higiene en el trabajo por parte del patrono, que en definitiva es lo que haría prosperar el pago de la indemnización en estudio, tal y como lo precisó la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nro. 1787, de fecha 09/12/2005.

En este sentido, conforme al criterio que antecede, que este Tribunal comparte a plenitud, se precisa que no consta en autos que la parte patronal haya incurrido en incumplimiento de normas sobre prevención, higiene y seguridad industrial, por lo que la CERTIFICACIÓN cursante a los folios 21 y 22, antes analizada, no constituye prueba suficiente de que el patrono haya actuado de manera negligente con las obligaciones previstas en la ley, a fin de establecer la procedencia de la indemnización por responsabilidad subjetiva que se ha demandado; evidenciándose del cúmulo probatorio de autos que el demandante estuvo inscrito ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) desde la fecha de inicio de la relación laboral alegada, como trabajador activo de la empresa; existencia del certificado de registro del Comité de Seguridad y S.L.; existencia de servicio de seguridad y salud en el trabajo; existencia de registro digitalizado de los accidentes ocurridos en el año 2008, así como un registro manual de accidentes y morbilidad; existencia del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Proyecto “Ingeniería, Procura y Construcción del Trasvase de Agua de 3.000 l/s desde la Represa de Taiguaiguay hasta el Valle del Río Tucutunemo, Municipio Z.d.E.A.; aprobado por el Comité de Seguridad y S.L.; existencia de Análisis de Riesgos por Tareas Específicas. Así se decide.

Por tanto, debe concluirse que no fueron demostradas en el juicio que hayan existido durante la relación laboral que unió a las partes, condiciones determinantes para la demostración del hecho ilícito, toda vez que es necesario que los incumplimientos o infracciones del patrono hayan repercutido en la ocurrencia de la enfermedad o en el agravamiento de la misma. Criterio este que ha sido desarrollado por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, entre otras en sentencias de fechas 13/02/2012, asunto N° DP11-R-2012-000460 y 05/03/2013 asunto N° DP11-R-2012-000331; y asimismo por el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, entre otras en sentencia de fecha 13/04/2012, asunto N° DP11-R-2012-000037; que este Tribunal acoge para la solución de la presente controversia. Así se decide.

En atención a ello, considera esta Juzgadora de Primera Instancia que el demandante incumplió con su carga procesal de demostrar que la sociedad mercantil demandada incurrió en hecho ilícito, es decir, no se demostró durante el proceso la relación existente entre el agravamiento del mal que lo aqueja y la prestación personal del servicio, y en consecuencia de ello se declara IMPROCEDENTE la indemnización reclamada por la parte actora con fundamento en el artículo 130, numeral 4, de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Así se decide.

AGRAVANTE POR SECUELAS

ARTÍCULO 130 LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN,

CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

Demanda el ciudadano R.T. la cancelación de Bs. 183.384,00 por concepto de la agravante prevista en el artículo 130, de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, respecto a SECUELAS. Al respecto, indica quien decide que la responsabilidad subjetiva del patrono, prevista en el referido texto legal, obliga al patrono a indemnizar al trabajador por las discapacidades ocasionadas por enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, cuando dichos infortunios se produzcan como consecuencia del incumplimiento de las normas de prevención; por lo cual el empleador responde por haber actuado en forma culposa, con negligencia, imprudencia o impericia, y siempre será preciso que en caso de reclamación el trabajador demuestre que el patrono conocía de las situaciones riesgosas, incurriendo en HECHO ILÍCITO. Por tanto, vista la declaratoria que antecede, respecto a que no quedó demostrado en el juicio el hecho ilícito de la empresa demandada, se declara IMPROCEDENTE el concepto. Así se decide.

LUCRO CESANTE

Demanda el ciudadano R.T. la cancelación de Bs. 453.147,50 por concepto de la indemnización prevista por concepto de LUCRO CESANTE, conforme al artículo 1273 del Código Civil.

Al respecto, se indica que, conforme al Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, del autor M.O. (1.986), se conceptualiza como lo que una persona deja de ganar, o ganancia que se ve privada por el incumplimiento de la obligación que incumbe al deudor.

Ahora bien, en los casos como el de autos, donde la parte demandante reclama el concepto de lucro cesante proveniente de un hecho ilícito, el Juez tiene el deber de verificar la ocurrencia del acto antijurídico, a tenor de lo establecido en el artículo 1.185 eiusdem y de expresamente motivar el proceso lógico que lo conduce a estimar o desestimar lo peticionado, so pena de incurrir en la infracción del ordinal 3° del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Siendo ello así, al haberse demandado el pago de indemnizaciones derivadas de una enfermedad ocupacional, por el hecho ilícito del patrono, el sentenciador debe en consecuencia decidir la procedencia de dicha pretensión conforme a la normativa del derecho común.

Sobre tal premisa, la Sala de Casación Social ha sentado en reiteradas oportunidades la doctrina que a continuación se transcribe:

Por lo tanto como ya se señaló supra, son los Tribunales del Trabajo, los que deben conocer las acciones por indemnización de daños producto de un infortunio laboral, todo en protección de los intereses del trabajador accidentado, por ello, él podrá demandar la indemnización tanto de los daños materiales como de los morales, ejerciendo conjuntamente las acciones previstas tanto en la Ley Orgánica del Trabajo (responsabilidad objetiva), la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo por incumplimiento de la empresa o patrono de las disposiciones ordenadas en dicha Ley, o las provenientes del hecho ilícito del patrono de conformidad con el artículo 1.185 del Código Civil, por cuanto ésta última no está prevista en las leyes especiales, por lo que se aplica supletoriamente la normativa prevista en el Derecho Común. (Omissis)

Es decir, el trabajador que demande la indemnización de daños materiales superiores a los establecidos en las leyes especiales, deberá probar de conformidad con el artículo 1.354 del Código Civil, los extremos que conforman el hecho ilícito que le imputa al patrón, criterio éste, mantenido por la Sala de Casación Civil, ratificado hoy por esta Sala de Casación Social, el cual a continuación se transcribe:

‘Es criterio de esta Sala que de acuerdo a la acción intentada por el Trabajador con base en los artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil, el Tribunal Superior ajustó su decisión a los extremos que exige el Código Civil en materia de hecho ilícito demandado conforme a esas normas, por lo que correspondía a la parte actora demostrar en la secuela del juicio si el accidente se produjo por intención, negligencia o imprudencia de la empleadora, extremos que configuran el hecho ilícito que da lugar a la acción por daños y perjuicios morales o materiales, a tenor de los citados artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil. En lo que respecta al artículo 1.354 del Código Civil, considera esta Corte que el Juzgado Superior sí le dio correcta aplicación

. (Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 3 de junio de 1987, en el caso I.A.S. contra Manufacturas Orgam, C.A.).’ (Sentencia N° 116, de fecha 17 de mayo de 2000, Sala de Casación Social)

Criterios también contenidos en sentencia N° 1246 con ponencia del Magistrado Dr. L.E.F., de fecha 29 de septiembre de 2005. Ahora bien, en el caso bajo estudio, no se configuró el hecho ilícito, por lo que se concluye que el concepto reclamado es IMPROCEDENTE. Así se decide.

DAÑO MORAL

El demandante pretende que la empresa accionada indemnice el daño moral sufrido con ocasión de la enfermedad ocupacional agravada que le ha sido Certificada, conforme a los artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil, en la cantidad de Bs. 50.000,00.

Al respecto, establece esta juzgadora que en la esfera laboral, la reparación del daño moral tiene como objetivo la protección de la dignidad del trabajador, compensarlo por el daño sufrido, y por otra parte es un castigo al patrono, que no puede ofender en vano la esfera jurídica ajena, ya que resulta reprochable la conducta de la empresa que no providenció las medidas adecuadas a la seguridad y a la salud de los trabajadores; conforme a lo cual observa esta sentenciadora, de acuerdo con la reiterada doctrina jurisprudencial establecida sobre la responsabilidad objetiva del patrono por la TEORIA DEL RIESGO OCUPACIONAL, en casos de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, que aún cuando no sea posible establecer que los daños experimentados en la salud o integridad física del trabajador estén ligados causalmente a una conducta culposa o dolosa del empleador, éste queda obligado a indemnizar los perjuicios sufridos con ocasión de la prestación de servicios, en virtud de que el daño –en el caso que nos ocupa la enfermedad ocupacional agravada- constituye la materialización de un riesgo introducido por el empresario en el tráfico jurídico mediante la explotación de una actividad económica que le reporta un lucro.

Respecto de la procedencia de la indemnización por daño moral, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 1788 de fecha 9 de diciembre de 2005 (caso: E.R.M.), determinó:

(…) Es en virtud de la satisfacción de este interés particular del empresario, y de la correlativa creación de riesgos sociales derivada de la actividad económica que realiza, así como de la extrema dificultad de probar el elemento subjetivo que fundamenta la noción clásica de responsabilidad civil por daños -fundamentada en la existencia de la culpa en sentido amplio-, que la doctrina, la legislación y la jurisprudencia se ha visto en la necesidad de establecer una imputabilidad a priori de los daños sufridos por el trabajador durante la prestación del servicio, reconociendo una responsabilidad objetiva del patrono que hace nacer en su patrimonio una obligación indemnizatoria sin necesidad de establecer el vínculo causal entre su conducta culposa o dolosa y la producción del daño (…)

. (Destacado del Tribunal)

Se aplica el anterior criterio al caso que nos ocupa, y establecida como fue la enfermedad que padece el demandante, certificada por el Organismo competente como enfermedad agravada por el trabajo que le ocasionó una discapacidad parcial y permanente, pasa quien decide a considerar los parámetros que conforme a la reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Social de Nuestro M.T. deben tenerse en consideración para tarifar el mismo (sentencia del 03 de noviembre de 2004, bajo la Ponencia del Magistrado Omar Mora Díaz, (caso: Germinia S.d.U. y otra vs. S.H. Fundiciones, C.A.), a saber:

1. La entidad (importancia) del daño, tanto físico como psíquico (la llamada escala de los sufrimientos morales). Se observa que el demandante se encuentra afectado por: Discopatía Lumbar: con Espondilosis y Hernia Discal Posterior L4-L5 y Protrusión (COD. CIE10-M51.0) considerada como Enfermedad Agravada Por el Trabajo que le ocasionan al trabajador una DISCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE, con limitaciones para el trabajo que implique actividades de alta exigencia física tales como: levantar, halar, empujar cargas pesadas a repetición e inadecuadamente, flexión y rotación del tronco de manera repetitiva, subir y bajar escaleras constantemente, bipedestación y sedestación prolongada así como trabajar en superficies y con herramientas que vibren.

2. El grado de culpabilidad del accionado o su participación en el accidente o acto ilícito que causó el daño (según sea responsabilidad objetiva o subjetiva). No quedó demostrado en la causa el hecho ilícito de la sociedad mercantil demandada.

3. La conducta de la víctima. De las pruebas que constan en autos, no se puede evidenciar que la víctima haya desplegado una conducta negligente o imprudente que haya contribuido a causar el daño.

4. Posición social y económica del reclamante. Estableció el INPSASEL en la documental cursante al folio 189 de la pieza principal del expediente, que el hoy demandante tiene como grado de instrucción: Primaria (6to. Grado).

5. Los posibles atenuantes a favor del responsable. Quedó demostrado en el juicio que el demandante estuvo inscrito ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) desde la fecha de inicio de la relación laboral alegada, como trabajador activo de la empresa demandada; existencia del certificado de registro del Comité de Seguridad y S.L.; existencia de servicio de seguridad y salud en el trabajo; existencia de registro digitalizado de los accidentes ocurridos en el año 2008, así como un registro manual de accidentes y morbilidad; existencia del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Proyecto “Ingeniería, Procura y Construcción del Trasvase de Agua de 3.000 l/s desde la Represa de Taiguaiguay hasta el Valle del Río Tucutunemo, Municipio Z.d.E.A.; aprobado por el Comité de Seguridad y S.L.; existencia de Análisis de Riesgos por Tareas Específicas.

6. Capacidad económica de la accionada. No consta en autos elemento alguno que desvirtúe que está en capacidad económica de cumplir sus obligaciones.

Por lo que, observando de igual modo este Tribunal, que el ciudadano R.T. ha resultado afectado en su salud (el más importante de los bienes jurídicos, después de la vida) por la enfermedad agravada que le ha sido Certificada por el INPSASEL, lo cual se aprecia, según las máximas de la experiencia, que ello es susceptible de generar una intensa aflicción moral y del estudio de los parámetros base para determinar la cuantificación de la indemnización reclamada, este Tribunal considera justa y equitativa acordar una indemnización por daño moral a su favor equivalente a BOLIVARES FUERTES CINCUENTA MIL SIN CENTIMOS (Bs. 50.000,00), conforme a lo previsto en los artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil. Así se decide.

En razón de lo antes expuesto, esta Juzgadora declara: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano R.A.T.R. contra la sociedad mercantil TRABAJOS INDUSTRIALES Y MECANICOS (TRIME C.A.), como se hará más adelante. Así se decide.

IV

DECISIÓN

Por todas las razones antes expuestas, este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MARACAY; administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA que por ENFERMEDAD OCUPACIONAL intentara el ciudadano R.A.T.R., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 13.770.521 y de este domicilio, contra la sociedad mercantil TRABAJOS INDUSTRIALES Y MECÁNICOS C.A. (TRIME C.A.), constituida mediante Documento inscrito ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, bajo el N° 37, Tomo 15-B, en fecha 12 de Febrero de 1976; y en consecuencia SE CONDENA a la demandada, antes identificada, a cancelarle a la parte actora la cantidad de BOLIVARES FUERTES CINCUENTA MIL SIN CÉNTIMOS (Bs. 50.000,00); por concepto de daño moral, como se ha detallado en la parte motiva de este fallo. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas, por cuanto la parte demandada no resultó totalmente vencida en juicio, conforme a lo previsto en el Parágrafo Único del artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Publíquese, regístrese, déjese copia certificada de la presente Decisión.

Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. En Maracay a los veintiséis (26) días del mes de septiembre del año dos mil trece (2013). Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

LA JUEZ,

ABG. Z.D.C.

LA SECRETARIA,

ABG. E.M.B.

En esta misma fecha, siendo las doce horas y cuarenta y dos minutos de la tarde (12:42 p.m.), se publicó y registró la anterior sentencia.

LA SECRETARIA,

ABG. E.M.B.

ASUNTO N° DP11-L-2011-001829

ZDC/EMB/Abogado Asistente P.M..