Decisión de Juzgado Primero de Juicio del Trabajo de Aragua, de 17 de Febrero de 2012

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA

Maracay, Diecisiete (17) de Febrero de Dos Mil Doce (2012)

201° y 152°

ASUNTO Nº DP11-L-2009-001544

PARTE ACTORA: Ciudadanas R.D.C.J.D.G. y M.G.J.V., venezolanas, mayores de edad, titulares de cédulas de identidad números V-3.081.429 y V-2.970.583, respectivamente, y de este domicilio.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: Abogados J.G.G.R., M.Z.M.S. y M.V.T., Inpreabogado Nros. 99.757, 99.688 y 101.066, respectivamente, y de este domicilio; conforme Poderes Autenticados que rielan a los folios 26 al 30 del expediente.

PARTE DEMANDADA: CORPORACIÓN DE S.D.E.A. (CORPOSALUD-ARAGUA), por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD, Instituto Autónomo creado mediante la Ley de S.d.E.A., sancionada por la Asamblea Legislativa del Estado Aragua en fecha 31/10/1995, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria del Estado Aragua N° 338, de fecha 12/01/1996.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: Abogados N.M., L.M.H., ALEIDI DELGADO, YULYMAR SÁNCHEZ, M.G.F., E.U., J.N., E.D., RUTH RENGIFO, MARYORIE HENRIQUEZ, YNNIRIDA ACEVEDO, N.C., M.M. y YOSUELIN MEDINA, Inpreabogado números 63.995, 64.910, 100.983, 115.411, 82.554, 123.421, 107.896, 74.377, 132.223, 86.870, 88.145, 56.649, 94.528 Y 162.876, respectivamente, de este domicilio; conforme consta de Poder que corre inserto a los folios 76 al 78 del expediente.

MOTIVO: COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES.

I

DEL ITER PROCESAL

En fecha 22/10/2009 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial Laboral del Estado Aragua, demanda incoada por las ciudadanas R.D.C.J.D.G. y M.G.J.V. contra CORPORACIÓN DE S.D.E.A. (CORPOSALUD-ARAGUA), por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD, ambas partes identificadas, por motivo de cobro de diferencia de prestaciones sociales, cuya cuantía asciende a la cantidad de Bs. 66.682,78 por los conceptos que se detallan en el escrito libelar y que el Tribunal da por reproducidos.

Distribuido el asunto a través del Modelo Organizacional Sistema Juris 2000, recayó para su conocimiento en el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral del Estado Aragua, en el que se dio por recibido y se admitió la demanda, ordenándose la notificación de la accionada y de la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, que fueron cumplidas por la Unidad de Actos de Comunicación del Servicio de Alguacilazgo, de conformidad con lo establecido en los artículos 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, 81 y 82 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, dejándose transcurrir el lapso de suspensión previsto en la norma.

Una vez verificadas las notificaciones y cumplidas las previsiones de Ley, tuvo lugar la Audiencia Preliminar en fecha 18 de Mayo de 2011 (folios 55 y 56) dejándose constancia de la comparecencia de la Apoderada Judicial de la parte actora y de la incomparecencia de la parte demandada, ni por si ni por medio de Apoderado Judicial alguno, dándose por concluido el acto, se ordenó agregar pruebas y se abrió el lapso de contestación a la demanda, que tuvo lugar el 25 de Mayo de 2011 (folios 70 al 75). Se ordenó la remisión del expediente para su distribución entre los Juzgados de Primera Instancia de Juicio, correspondiendo su conocimiento a este Tribunal, recibido el 15/06/2011. Fueron admitidas las pruebas aportadas por la parte actora al proceso y se fijó oportunidad para celebración de audiencia de juicio; acto que se llevó a cabo el 10 de Febrero de 2012, dejándose constancia de la comparecencia de los Apoderados Judiciales de ambas partes, quienes expusieron sus alegatos y defensas; efectuándose la evacuación de las pruebas, y culminada la misma el Tribunal se reservó el lapso de sesenta (60) minutos para decidir, concluido el cual, se pronunció como sigue: “(omissis) encuentra este Juzgado Primero de Primera instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua administrando justicia por autoridad de la Ley y en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela declarar: CON LUGAR, la demanda que por COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES, intentaran las Ciudadanas R.D.C.J.D.G. y M.G.J.V., venezolanas, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-3.081.429 y V-2.970.582, respectivamente, contra CORPORACIÓN DE S.D.E.A. (CORPOSALUD), por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD. (omissis)”.

El Tribunal se reservó el lapso de cinco (05) días de despacho para la publicación de la sentencia; y estando dentro de la oportunidad legal, se procede en los términos siguientes:

II

DE LOS ALEGATOS DE LAS PARTES

DE LA PARTE ACTORA en su LIBELO DE DEMANDA (folios 01 al 25):

• Que en fecha 26 de marzo de 2009 presentaron ante la accionada CORPORACIÓN DE S.D.E.A., escrito de reclamación por diferencias de prestaciones sociales, con el objeto de agotar la vía administrativa previa, y hasta la fecha de la demanda no se había recibido ninguna respuesta. Invoca al efecto sentencia de fecha 17/05/2007, caso: C.V.G. BAUXILUM C.A., Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, conforme a la cual no se está en la obligación de agotar la referida vía administrativa.

• Que prestaron servicios personales y directos, en forma regular y permanente, con salario estipulado por unidad de tiempo con relación de trabajo, en forma subordinada y por tiempo indeterminado, en calidad de obreras, a la accionada.

• Que en el mes de agosto de 2004, el Departamento de Recursos Humanos de la CORPORACIÓN DE S.D.E.A., les dirige resuelto a cada una de ellas, informándoles que a partir del 01 de noviembre de 2004 se acuerda otorgar su Jubilación de derecho.

• Que en Enero de 2009, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, según presentación de los cálculos por la CORPORACIÓN DE S.D.E.A., emite los comprobantes de pagos, señalando la cancelación de prestaciones sociales por concepto de jubilación, y anexa un recibo de liquidación de Prestaciones Sociales, donde solamente especifica de manera general, los siguientes conceptos: a) Última remuneración percibida por el trabajador; b) Montos globales por concepto de Indemnización de Antigüedad; Intereses Acumulados, Intereses de Prestación de Antigüedad, Compensación por Transferencia, Prestación de Antigüedad, Intereses sobre el saldo al 18/06/1997, según establece el artículo 668 parágrafo segundo de la Ley Orgánica del Trabajo, e intereses según el parágrafo primero eiusdem; c) el monto que le corresponde recibir; violentando así el MINISTERIO y CORPOSALUD el principio de informar al trabajador de manera clara y específica los salarios percibidos por cada uno de los trabajadores durante la relación laboral; los intereses mes por mes aplicados, según el artículo 668 parágrafos primero y segundo de la Ley Orgánica del Trabajo; y los cálculos realizados de manera clara y específica.

• Que luego de recibir el pago de sus prestaciones sociales por concepto de jubilación, y estando inconformes con el monto, solicitaron a la Dirección de Recursos Humanos una relación detallada de los salarios/sueldos percibidos desde su ingreso hasta la finalización de la relación laboral; y que una vez les fue entregada, efectuaron los cálculos respectivos y evidenciaron una marcada diferencia con lo cancelado por la accionada.

• Que la diferencia es producto que CORPOSALUD al momento de realizar las liquidaciones no tomó en cuenta para el cómputo de los intereses de la prestación de antigüedad, los intereses acumulados, lo cual debe formar parte integral del capital para calcular los nuevos intereses que se generen, y además el interés por mora en el pago transcurrido desde el 19/02/2002, fecha ésta en que la Administración Pública debió efectuar el pago de los pasivos laborales correspondientes al viejo régimen hasta el día 15/01/2009, fecha ésta en la que se efectuó el pago de las prestaciones sociales.

• Que además la accionada no tomó los salarios y otras remuneraciones tal como lo establece la Ley Orgánica del Trabajo, es decir abonos mensuales a salario integral, y así determinar el verdadero monto de la prestación de antigüedad que le corresponde a cada uno de los demandantes.

• Detallan los cálculos que consideran correctos, para cada uno de los demandantes, con indicación de los salarios respectivos, lo cual el Tribunal da por reproducido; resultando diferencias a su favor, por concepto de: indemnización de antigüedad régimen anterior, compensación por transferencia, intereses régimen anterior, prestación de antigüedad e intereses régimen nuevo, pago por lo establecido en el artículo 668 de la Ley Orgánica del Trabajo, e intereses de mora artículo 92 Constitucional; por los montos siguientes: Para M.G.J.V. la suma de Bs. 32.137,33; y para R.D.C.J.D.G. la suma de Bs. 34.545,45; para un total demandado de BOLIVARES FUERTES 66.682,78; más intereses moratorios y corrección monetaria.

DE LA PARTE ACCIONADA EN LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

(folios 70 al 75)

ADMITE COMO HECHOS CIERTOS: la existencia de relación laboral entre las partes; los cargos ejercidos como obreras; el tiempo de servicio: la ciudadana R.D.C.J.D.G., desde el 23/10/1978 hasta el 31/10/2004; y M.G.J.V. desde el 09/11/1978 hasta el 31/10/2004; que a partir del 31 de Octubre de 2004 las demandantes cesaron en sus funciones, por cuanto fueron beneficiarias de la aplicación de la cláusula 63 contenida en el Acta Convenio suscrita en fecha 29/05/1996 entre la Federación Venezolana de Trabajadores de la Salud (FETRASALUD) y el Ministerio del Poder Popular para la Salud; quienes, como indemnización, continuaron percibiendo su salario, con exclusión del bono vacacional, hasta el efectivo pago de sus prestaciones sociales; que el Ministerio de Finanzas, por orden del Ministerio del Poder Popular para la Salud, emitió comprobantes de pago a favor de cada uno de las reclamantes.

HECHOS QUE SE NIEGAN:

• Que los cálculos de las prestaciones sociales de las reclamantes hayan sido emitidos por CORPOSALUD ARAGUA, ya que fueron emitidos por el Ministerio de Finanzas, por orden del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

• Que haya violación a los derechos laborales, ya que el patrono liquidó y pagó todos y cada uno de los conceptos que correspondían a las reclamantes, conforme a la Ley Orgánica del Trabajo.

• La procedencia de los cálculos efectuados en el Libelo de Demanda; ya que los cálculos efectuados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud están basados en los salarios devengados mensualmente por las trabajadoras, respetando el dispositivo legal del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, las tasas de interés aplicadas para el cálculo de cada uno de los intereses señalados tanto en el artículo 41 de la Ley del Trabajo de 1975, artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1991 y posterior reforma en 1997, y el artículo 668 eiusdem, parágrafos primero y segundo; y fueron utilizadas las tasas establecidas por el Banco Central de Venezuela.

• Que el Ministerio del Poder Popular para la Salud deba tomar en cuenta en las liquidaciones, para el cómputo de los intereses de prestación de antigüedad, los intereses acumulados como parte integral del capital para calcular los nuevos intereses que se generen, pues no opera el sistema de capitalización de los propios intereses.

• Que el Ministerio del Poder Popular para la Salud no haya tomado en consideración los abonos mensuales a salario integral para la prestación de antigüedad.

• La procedencia de diferencia alguna tal y como lo establecen las demandantes, especialmente en cuanto al período señalado para el cálculo de los intereses acumulados (del 18/06/1997 al 31/10/2004), por cuanto la fecha de vencimiento que otorga la Ley en el literal b) del artículo 668 de la Ley Orgánica del Trabajo es de cinco años, contados a partir de la entrada en vigencia de la Ley de 1997, es decir: 18/06/2002, y no como lo pretenden hacer valer las reclamantes al calcular los intereses hasta el 18/12/2003 y luego calcular los intereses de mora, evidenciándose el doble cálculo de intereses sobre intereses, dentro del período establecido por la parte actora.

• Que no se haya tomado en cuenta la capitalización de los intereses, ya que fueron capitalizados anualmente, tal como lo dispone la norma, en caso que no sean pagados.

• Que las trabajadoras hayan devengado los salarios señalados en el Libelo de demanda, siendo los correctos los establecidos por la accionada en hojas de cálculos promovidas, así como los que reposan en hojas de cálculos que reposan en la Dirección de Recursos Humanos.

• La procedencia de los cálculos efectuados por las demandantes, ya que existen irregularidades, tales como: se toma como salario integral un salario que no es cónsono con el salario real; capitalización mensual de los intereses generados por la prestación de antigüedad de cada uno de los regímenes.

• La procedencia de los intereses de mora, ya que si bien es cierto no se canceló oportunamente las prestaciones sociales, se aplicó la indemnización prevista y continuaron percibiendo su salario, con exclusión del bono vacacional. Sostiene la accionada que en caso que resulte procedente el pago de intereses de mora, deben ser calculados conforme a lo dispuesto en el artículo 668 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Solicita sea declarada SIN LUGAR la demanda.

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Del análisis de las argumentaciones y defensas de las partes, el Tribunal concluye que la controversia de marras versa sobre la determinación como correcto o incorrecto del pago que la accionada efectuó a las reclamantes al momento de la terminación de la relación de trabajo, por concepto de diferencia de prestaciones sociales: Indemnización por Antigüedad Régimen Anterior, Compensación por Transferencia, Intereses Acumulados Régimen Anterior, Prestaciones Acumuladas al Régimen Anterior, Intereses de Mora Régimen Anterior, Prestación de Antigüedad Régimen Nuevo, Intereses Acumulado Régimen Nuevo e Intereses de Mora Régimen Actual; durante la relación laboral por los servicios prestados por los demandantes para la hoy demandada; y en razón de ello se concluye que la demandada tiene la carga de la prueba de demostrar que canceló correctamente los conceptos referidos. Así se decide.

A fin de dilucidar los hechos controvertidos en la causa, pasa esta sentenciadora al análisis y valoración del material probatorio aportado al proceso por ambas partes, orientando fundamentalmente su actuación conforme a lo pautado por los artículos 2, 5 y 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dándose así preeminencia a la realidad de los hechos sobre las formas o apariencias, teniendo como norte la verdad y la apreciación de las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, asumiendo el deber de analizar y juzgar todas las pruebas que hayan sido promovidas y evacuadas en la oportunidad legal prevista para ello, aún aquellas que, a juicio de quien decide, no aporten ningún elemento de convicción sobre los hechos controvertidos en el proceso, tal y como se establece en sentencia N° 0265 del 23 de marzo de 2010, Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrado Ponente Dr. J.R.P., caso: Carmine Tedino Francesca contra ASEA BROWN BOVERI S.A. Y así se establece.

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA

DE LOS MERITOS FAVORABLES

En lo que respecta a lo invocado sobre el mérito favorable de los autos, debe puntualizar este Tribunal que tal alegación no es un medio de prueba ya que se trata del principio de comunidad de la prueba que rige en todo el sistema probatorio venezolano y el Juez está en el deber de aplicar de oficio siempre, sin necesidad de alegación de parte, razón por la cual al no ser promovido un medio probatorio susceptible de valoración, se considera improcedente valorar tales alegaciones. Y así se decide.

MEDIOS PROBATORIOS

DEL INTERROGATORIO DE LA PARTE CONTRARIA: Con respecto a lo solicitado por la parte actora, promueve prueba de declaración de parte para que este Tribunal haga comparecer a la parte contraria según lo establecido en el Capitulo IX de la Declaración de Parte, articulo 103 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; éste Juzgado negó su admisión, por no ser un medio de prueba empleado por las partes, es un mecanismo procesal de uso potestativo y exclusivo del Juez quien podrá formularle a las partes, las preguntas que estime pertinente, sobre los hechos controvertidos; que en su oportunidad si es necesario y pertinente hará uso de esa facultad de conformidad con el artículo 103 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.

TESTIMONIALES

En relación a la prueba testimonial de la ciudadana: Z.M.B.G., venezolana, mayor de edad, Contador Público Colegiada bajo el Nro. 32.738, este Tribunal negó su admisión, por ser impertinente e inoficiosa su evacuación. Así se decide.

DE LA EXPERTICIA

En relación a la prueba de Inspección Judicial promovida, el Tribunal negó su admisión, por considerar que los hechos que pretende demostrar con la misma pueden perfectamente demostrarse con otros medios de pruebas conducentes para ello. Así se establece.

DE LAS DOCUMENTALES

De la ciudadana J.V.M.G.:

Marcado “A”, Resuelto emitido por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Nro. DRH-2034, de fecha 10 de Agosto de 2005, folio 60. Observa este Tribunal que los hechos que se desprenden de dicha documental no forman parte del controvertido en el presente asunto, razón por la cual se desecha del debate probatorio, conforme al artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía conforme al artículo 11 de la ley adjetiva laboral. Así se decide.

Marcado “B”, copia fotostática de cheque Nro. 00603511 del Banco Central de Venezuela, folio 61. Documental reconocida por la parte demandada. El Tribunal otorga pleno valor probatorio a la documental conforme a los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, quedando demostrado que el Ministerio de Finanzas canceló con cheque N° 00603512 del Banco Central de Venezuela, cuenta corriente N° 0001-0001-30-0039002001, de fecha 15 de enero de 2009; la cantidad de Bs. 19.188,98, a favor de la ciudadana J.V.M.G.A. se decide.

Marcado “C”, copia fotostática de la Hoja de Resumen para el pago de Prestaciones Sociales, folio 62. Documental reconocida por la parte demandada. El Tribunal otorga pleno valor probatorio a la documental, conforme a los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, quedando demostrado, con relación a la ciudadana M.G.J.V., que la accionada canceló a su favor la cantidad de Bs. 19.188,98; por saldo de prestaciones al 18/06/1997 (Art. 668 Ley Orgánica del Trabajo), prestación de antigüedad (Art. 108 Ley Orgánica del Trabajo desde el 19/06/1997), intereses por fideicomiso desde el 19/06/1997, debitando los anticipos recibidos. Así se decide.

Marcado “D”, Copia fotostática de la Carta emitida por J.V.M.G. dirigida a Corposalud, de fecha 26 de Marzo de 2009, folio 63. Documental reconocida por la parte demandada. El Tribunal otorga pleno valor probatorio a la documental, conforme a los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, quedando demostrado, con relación a la ciudadana M.G.J.V., que solicitó a la accionada la información detallada y desglosada en días y montos de los conceptos relativos a su liquidación de prestaciones sociales. Así se decide.

Marcada “E”, Carta emitida por J.V.M.G., dirigida al Ministerio del Poder Popular para la Salud, de fecha 11 de Mayo de 2009, folio 64. Documental reconocida por la parte demandada. El Tribunal otorga pleno valor probatorio a la documental, conforme a los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, quedando demostrado, con relación a la ciudadana M.G.J.V., que solicitó a la accionada una revisión detallada de los días y montos de los conceptos relativos a su liquidación de prestaciones sociales. Así se decide.

Marcada “F”, Carta emitida por J.V.M.G., dirigida al Ministerio del Poder Popular para la Salud, de fecha 10 de Marzo de 2009, folio 65. Documental reconocida por la parte demandada. El Tribunal otorga pleno valor probatorio a la documental, conforme a los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, quedando demostrado, con relación a la ciudadana M.G.J.V., que manifestó su inconformidad con la cantidad de dinero recibida el 09/03/2009, y solicitó fotocopia del cálculo de sus prestaciones. Así se decide.

De la ciudadana J.D.G.R.D.C.

Marcado “A”, Resuelto emitido por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Nro. DRH-2034, de fecha 14 de Junio de 2005, folio 66. Observa este Tribunal que los hechos que se desprenden de dicha documental no forman parte del controvertido en el presente asunto, razón por la cual se desecha del debate probatorio, conforme al artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía conforme al artículo 11 de la ley adjetiva laboral. Así se decide.

Marcado “B”, copia fotostática de cheque Nro. 00603480 del Banco Central de Venezuela, folio 67. Documental reconocida por la parte demandada. El Tribunal otorga pleno valor probatorio a la documental conforme a los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, quedando demostrado que el Ministerio de Finanzas canceló con cheque N° 00603480 del Banco Central de Venezuela, cuenta corriente N° 0001-0001-30-0039002001, de fecha 15 de enero de 2009; la cantidad de Bs. 20.311,15, a favor de la ciudadana J.D.G.R.D.C.A. se decide.

Marcado “C”, copia fotostática de la Hoja de Resumen para el pago de Prestaciones Sociales, folio 68. Documental reconocida por la parte demandada. El Tribunal otorga pleno valor probatorio a la documental, conforme a los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, quedando demostrado, con relación a la ciudadana J.D.G.R.D.C., que la accionada canceló a su favor la cantidad de Bs. 20.311,15; por saldo de prestaciones al 18/06/1997 (Art. 668 Ley Orgánica del Trabajo), prestación de antigüedad (Art. 108 Ley Orgánica del Trabajo desde el 19/06/1997), intereses por fideicomiso desde el 19/06/1997, debitando los anticipos recibidos. Así se decide.

Marcado “D”, Copia fotostática de la Carta emitida por J.D.G.R.d.C. dirigida a Corposalud, de fecha 25 de Marzo de 2009, folio 69. Documental reconocida por la parte demandada. El Tribunal otorga pleno valor probatorio a la documental, conforme a los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, quedando demostrado, con relación a la ciudadana R.D.C.J.D.G., que solicitó a la accionada la información detallada y desglosada en días y montos de los conceptos relativos a su liquidación de prestaciones sociales. Así se decide.

DE LA EXHIBICIÓN

De conformidad al artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el Tribunal ordenó a la parte demandada, presentar en la oportunidad de llevarse a efecto la Audiencia de Juicio, los siguientes documentos:

a.- Carta emitida por M.G., Juárez, a la Institución CORPOSALUD (Dir. De Recursos Humanos, Licenciada Stella Carrasquel), en fecha 25 de Marzo de 2009, recibido en fecha 26 de Marzo de 2009.

b.- Carta emitida por M.G., Juárez, al Ministerio del Poder Popular para la S.D.d.R.H., Licenciado José Leonardo Pirela Vitoria, en fecha 11 de mayo de 2009.

C.- Carta emitida por M.G., Juárez, al Ministerio del Poder Popular para la S.D.d.R.H., Licenciado Leda Estela Carrasquel, en fecha 10 de Marzo de 2009.

d.- Carta emitida por R.d.C.J., dirigido a CORPOSALUD, en fecha 25 de Marzo de 2009, recibido el 26 de Marzo de 2009.

La parte accionada manifiesta que las documentales cuya exhibición se solicita fueron promovidas por la parte actora y reconocidas por la demandada, en razón de lo cual no las exhibe. La parte actora, no formula observación. El Tribunal, conforme a lo planteado, reitera el valor probatorio de las documentales ut supra a.A.s.d.

DE LOS INFORMES

De conformidad a lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se ordenó oficiar al BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, a los fines que informase a este Despacho sobre los pagos realizados a través de los cheques 00603512 por la cantidad de Bs. 19.188, 98, y el cheque Nro. 00603480 por la cantidad de Bs. 20.311,15, girados en fecha 15 de Enero de 2009 contra la Cuenta Nro. 0001-0001-30-0039002001, del Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas a favor de las ciudadanas R.D.C.J.D.G. Y M.G.J.V.; instándose a la parte promovente a consignar la dirección exacta a fin de librarse el Oficio respectivo. En la oportunidad de Audiencia de Juicio la ciudadana Juez precisó que en al auto de admisión de las pruebas, se le instó a la parte actora y promovente a consignar la dirección de dicha institución a los fines de librar el oficio respectivo, lo cual no fue cumplido por lo cual se tiene como DESISTIDA la prueba de informes. Así se decide.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PARTE ACCIONADA NO PROMOVIÓ PRUEBAS.

Es así, que dadas las argumentaciones de ambas partes, y analizado el acervo probatorio aportado al juicio por la parte actora, este Tribunal puede concluir que encuentra PROCEDENTE lo peticionado por la parte actora, por lo que corresponde la aplicación de la normativa laboral vigente en cuanto al cálculo de las prestaciones sociales y los respectivos intereses, que, al igual que la indexación, tienen carácter indemnizatorio por la falta de pago oportuno en que incurre el patrono, aunado al factor devaluación del dinero; ello en atención a las documentales ut supra valoradas, tales como: planillas de cálculos de prestaciones sociales y hojas de cálculo de intereses sobre prestaciones sociales y relación de salarios; montos cancelados a los reclamantes; donde se demuestra que la accionada incumplió con el deber de detallar discriminadamente los salarios percibidos por los reclamantes durante toda la relación laboral para proceder al calculo de los conceptos reclamados, no precisó los días tomados en consideración para su cálculo, ni las operaciones aritméticas respectivas. Y así se decide.

En consecuencia de ello, debe pronunciarse esta Juzgadora sobre la procedencia de lo peticionado, a sabiendas que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la preeminencia que debe tenerse en consideración respecto a la cancelación correcta y oportuna de las prestaciones sociales del trabajador, en sentencia del 10 de febrero de 2009, caso: D.E. Castillo en Amparo, con Ponencia de la Magistrada Dra. C.Z.d.M., equiparando un caso de retención de las prestaciones sociales de una trabajadora a la vulneración de sus derechos humanos. Así se establece.

Sostiene el Tribunal, que es deber de todo Juez transitar por un proceso lógico para arribar a la solución de los casos que debe decidir, proceso éste en el cual deben enlazarse, entre otros, las directrices constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, así como las orientaciones jurisprudenciales vinculantes. En este orden, se aplican para la solución de lo debatido, los criterios contenidos en la anteriormente citada sentencia N° 1521 emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia el 06 de octubre de 2006, en el caso M.C.C.D.S. contra CORPORACIÓN DE S.D.E.A. (CORPOSALUD-ARAGUA), con Ponencia del Magistrado Dr. L.E.F.G., y se indica:

EN RELACIÓN A LOS SALARIOS DEVENGADOS POR LAS DEMANDANTES:

Alegan las reclamantes en su libelo de demanda que la accionada no tomó en consideración para el cálculo de sus prestaciones sociales, los salarios y otras remuneraciones realmente devengados, tal como lo establece la Ley Orgánica del Trabajo, es decir abonos mensuales a salario integral; mientras que la accionada sostiene que no es cierto que hayan devengado los salarios señalados, siendo los correctos los establecidos en hojas de cálculos promovidas por la demandada, así como los que reposan en hojas de cálculos de la Dirección de Recursos Humanos; además que los trabajadores tomaron en cuenta un salario integral que no es cónsono con el salario real.

Ahora bien; visto lo controvertido del salario aplicable al presente asunto, a los fines de determinar como correcto o incorrecto del pago que la accionada efectuó a los reclamantes al momento de la terminación de la relación de trabajo, a los fines de proceder a realizar el calculo de diferencia de prestaciones sociales: Indemnización por Antigüedad Régimen Anterior, Compensación por Transferencia, Intereses Acumulados Régimen Anterior, Prestaciones Acumuladas al Régimen Anterior, Intereses de Mora Régimen Anterior, Prestación de Antigüedad Régimen Nuevo, Intereses Acumulado Régimen Nuevo e Intereses de Mora Régimen Actual; en razón de que no constan en el presente asunto, la totalidad de los recibos de pagos que reflejen los salarios devengados por cada uno de los trabajadores hoy reclamantes, en el lapso comprendido: Para la ciudadana: M.G.J.V.: Desde el 09/11/1978 hasta el 31/10/2004; y para la ciudadana R.D.C.J.D.G.: Desde el 23/10/1978 hasta el 31/10/2004; a los efectos de determinar el calculo de los conceptos hoy reclamados; es por lo que para su cálculo se ordena EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO, realizada por un único perito que será designado por el Tribunal de Ejecución, quien deberá tener a la vista los libros contables de la accionada, o cualquier otro instrumento mediante el cual pueda determinar los ingresos obtenidos por los trabajadores en los lapsos up supra mencionados; establecidos éstos mes por mes, a los fines de efectuar los cálculos aritméticos respectivos sobre las diferencias de los conceptos antes indicados; tal y como se resolvió en sentencia del 30 de octubre de 2009, Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado Dr. A.V.C., caso: C.A.P. contra Transporte Mendoza S.R.L. y otros. Así se decide.

INTERESES DE LA PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD:

Las demandantes argumentan que los intereses acumulados debieron tomarse en cuenta para el cálculo; que deben formar parte integral del capital para calcular los nuevos intereses que se generen, mientras que la accionada alega en su defensa que no opera el sistema de capitalización mensual de los intereses.

Encuentra el Tribunal procedente el planteamiento de la parte actora, en base a la normativa laboral, que dispone:

El artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo, establece que los trabajadores tienen derecho a percibir por indemnización de antigüedad hasta la entrada en vigencia de la Ley, la prevista en el artículo 108 de la Ley promulgada el 17 de noviembre de 1990, calculada con base en el salario normal de mayo de 1997; y, una compensación por transferencia equivalente a treinta días de salario normal por cada año de servicio, calculada con base en el salario de diciembre de 1996. El salario base para esta compensación no excederá de Bs. 300.000,00, y el período para su cálculo no excederá de 10 años.

Asimismo, en relación a los intereses correspondientes a la indemnización de antigüedad calculada con base en la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, de conformidad con el artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, establece el Parágrafo Primero del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, que la indemnización de antigüedad irá siendo depositada cada año en una cuenta en la contabilidad de la empresa y devengará intereses a la tasa que fije el Banco Central de Venezuela, y serán pagados anualmente o podrán ser capitalizados.

El artículo 668 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, establece que lo adeudado en virtud del artículo 666 eiusdem, deberá ser pagado en un plazo no mayor a cinco (5) años contados a partir de la vigencia de la Ley.

El parágrafo segundo del mismo artículo, dispone que durante el plazo establecido en el encabezado para pagar las cantidades adeudadas, éstas devengarán intereses a la tasa promedio entre la tasa activa y la pasiva determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia a los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país.

El parágrafo primero del mismo artículo consagra que vencidos los plazos establecidos para pagar las cantidades adeudadas, el saldo pendiente devengará intereses a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia a los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país.

Así, para calcular los intereses devengados por las cantidades adeudadas a partir de junio de 1997, se suma el monto pagado por antigüedad de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, el bono de transferencia y los intereses devengados al corte de cuenta. A este monto deben descontarse los abonos que debieron realizarse en el primer año. Al resultado mensual, de conformidad con el Parágrafo Segundo del artículo 668 antes referido, deben calcularse los intereses devengados a la tasa promedio entre la tasa activa y la pasiva determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia a los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país, capitalizados anualmente desde junio de 1997 hasta julio de 2002, cuando terminó el plazo de cinco (5) años establecido en el mismo artículo.

INTERESES DE MORA: Sostiene la parte demandante la procedencia de los intereses, por mora en el pago, desde el 18/06/2002, fecha ésta en que la Administración Pública debió efectuar el pago de los pasivos laborales correspondientes al viejo régimen hasta el día: 06/03/2009 (para la ciudadana M.G.J.V., folio 61) y hasta el día: 06/03/2009 (para la ciudadana R.D.C.J.D.G., folio 67)); fecha esta en la que se efectuó el pago de las prestaciones sociales a las reclamantes, a través de cheques identificados en autos; mientras que la accionada sostiene que tales intereses son improcedentes porque cumplió con la indemnización prevista, es decir, con el pago de los salarios, sin inclusión del bono vacacional.

Al respecto, resulta aplicable el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala:

Artículo 92: Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal.

Es así que el Tribunal considera procedente el pago de intereses de mora, como un derecho adquirido y no disponible, y se establece que para calcular los intereses establecidos en el parágrafo primero del artículo 668 de la Ley Orgánica del Trabajo, debe aplicarse mensualmente la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia a los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país a los abonos que debieron realizarse en el primer año y al saldo no pagado al terminar el plazo de cinco (5) años otorgado por el artículo 668 eiusdem capitalizándose anualmente.

PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD: Para calcular la prestación de antigüedad prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, es necesario calcular previamente el salario normal. El artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, define el salario como:

La remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, que corresponda al trabajador por la prestación de su servicio y, entre otros, comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas extras o trabajo nocturno, alimentación y vivienda.

El parágrafo segundo del artículo parcialmente trascrito, consagra que el salario normal es aquella remuneración devengada por el trabajador en forma regular y permanente por la prestación de su servicio, que no incluye las percepciones accidentales, la prestación de antigüedad y las consideradas por esta Ley que no tienen carácter salarial.

El salario normal para calcular la prestación de antigüedad establecida en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, se obtiene sumando al salario pagado mensualmente a la parte actora lo correspondiente a bono vacacional y utilidades.

El artículo 108 eiusdem establece que después de tres meses de trabajo ininterrumpido, el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a cinco (5) días de salario por cada mes y dos (2) días de salario adicionales y acumulativos hasta treinta (30) días, después del primer año de servicio o fracción superior a seis (6) meses.

El artículo 665 de la misma Ley dispone que cuando la relación de servicio sea superior a seis (6) meses para la fecha de su entrada en vigencia, el primer año el trabajador tendrá derecho a sesenta (60) días de antigüedad, es decir, no se deben esperar los tres (3) meses de trabajo establecidos en el encabezado del artículo 108 antes referido para empezar a depositar los cinco (5) días de salario por cada mes, sino que debe hacerse inmediatamente después de la entrada en vigencia de la Ley.

Por otra parte, el mismo artículo 108 establece que las cantidades depositadas por prestación de antigüedad devengarán intereses a la tasa promedio entre la activa y la pasiva determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia a los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país, si el depósito fuere realizado en la contabilidad de la empresa. Estos intereses se calcularán mensualmente y se pagarán al trabajador anualmente a menos que éste decida capitalizarlos.

En el caso concreto, deberá calcularse la prestación de antigüedad con base en el salario normal que será previamente determinado y acreditando cinco (5) días mensuales a partir de julio de 1997 y dos (2) días adicionales acumulativos a partir de junio de 1999, lo que dará un resultado al cual deberá debitarse la cantidad cancelada por la accionada a cada una de las reclamantes, a saber:

PARA M.G.J.V.: Bs. 19.188,98 (folio 61)

PARA R.D.C.J.D.G.: Bs. 20.311,15 (folio 67)

Se ordena EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO conforme lo indicado en el artículo 159 de la Orgánica Procesal del Trabajo, para el cálculo de:

• Intereses sobre Prestación de Antigüedad: 1°) Será realizada por un único perito designado por el Tribunal, siendo sufragados sus emolumentos por la parte accionada 2º) Para la cuantificación el perito se regirá por lo dispuesto en el artículo 108, literal c) de la Ley Orgánica del Trabajo, es decir, utilizará la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela de conformidad con el literal c) del artículo 108 de la Ley orgánica del Trabajo 3º) La cuantificación de los intereses sobre la prestación de antigüedad se realizará desde la fecha en que la misma es exigible, vale decir, desde la fecha de finalización de la relación de trabajo para cada una de las demandantes: 31 de octubre de 2004, hasta la fecha efectiva de pago, considerándose el salario integral percibido en cada período, y serán capitalizados anualmente los intereses acumulados. 4º) El experto adecuará su actuación a la normativa prevista en el Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley de Reconversión Monetaria. Así se decide.

• Intereses de mora: De conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sobre la cantidad condenada, causados desde la fecha en la cual terminó la relación de trabajo 31 de octubre de 2004 hasta la fecha de ejecución del presente fallo, se deberá tomar en consideración la tasa de interés fijada por el Banco Central de Venezuela. Así se decide.

• Corrección Monetaria: Este Tribunal acoge el criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en decisión N° 2191 de fecha 06/12/2006, que dejó establecido que la indexación o ajuste inflacionario opera en virtud del incumplimiento o retardo en el que incurre una de las partes que se ha comprometido en una obligación, de modo que comporta una justa indemnización capaz de reparar la pérdida material sufrida y compensar el daño soportado, con la finalidad de que la tardanza en el cumplimiento no comporte una disminución en el patrimonio del acreedor. Asimismo, se hace referencia a la sentencia N° 1521 del 06/10/2006, Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado Dr. L.E.F.G., en el juicio por cobro de diferencia de prestaciones sociales seguido por la ciudadana M.C.C.d.S. contra Corporación de S.d.E.A. (Corposalud-Aragua), en la que se acordó la cancelación de corrección monetaria para preservar el valor de lo debido. Se condena la indexación de las cantidades ordenadas a pagar, cuyo monto se determinará mediante experticia complementaria del fallo, la cual se debe practicar considerando: 1º) Será realizada por un único perito designado por el Tribunal Ejecutor, si las partes no lo pudieran acordar. 2ª) El perito, a los fines del cálculo de la indexación, ajustará su Dictamen sobre la base del promedio de la tasa pasiva anual de los seis (6) primeros bancos comerciales del país; conforme a lo previsto en el articulo 89 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. (Art. 87 LOPGR Derogada). Así se decide.

• Intereses generados por la indemnización de antigüedad y compensación por transferencia conforme a los parágrafos primero y segundo del artículo 668 de la Ley Orgánica del Trabajo: 1º) Será realizada por un único perito designado por el Tribunal Ejecutor, siendo sufragados sus emolumentos por la parte accionada. 2°) Para la cuantificación de los intereses previstos en el parágrafo segundo del artículo 668 de la Ley Orgánica del Trabajo el perito utilizará la tasa promedio entre la activa y la pasiva, fijada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis principales bancos comerciales y universales. Asimismo, el perito hará su cuantificación a partir del mes de julio de 19997 hasta el término de la relación de trabajo para cada uno de los reclamantes, considerando la suma que se determine a través de la experticia. El perito hará sus cálculos tomando en consideración las pautas legales. 3°) Para la cuantificación de los intereses previstos en el parágrafo primero del artículo 668 de la Ley Orgánica del Trabajo, el perito utilizará la tasa activa, fijada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis principales bancos comerciales y universales. 4º) El experto adecuará su actuación a la normativa prevista en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reconversión Monetaria. Así se decide.

En base a los razonamientos que anteceden, se indica que se ha creado convicción en esta sentenciadora de Primera Instancia y se declara CON LUGAR la demanda incoada. Así se decide.

Ahora bien, en vista de esta declaratoria, es importante aclarar que ciertamente las costas procesales son la indemnización debida al vencedor en el proceso, por los gastos que le ha ocasionado el vencido al obligarlo a litigar, y es procedente cada vez que una parte resulte totalmente vencida en un proceso o en una incidencia o haya apelado de una sentencia que sea confirmada en todas sus partes.

Siendo ello así, el principio que rige en materia de costas es el vencimiento total, y el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece al Juez de Primera Instancia la obligación de condenar en costas al vencido.

Sobre la institución de marras se ha pronunciado Nuestro M.T.:

Sala de Casación Civil, Sentencia Nro. 363 del 16/11/2001

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"La Sala entra a considerar que existe vencimiento total, cuando el demandado es absuelto totalmente o el actor obtiene en la definitiva todo lo que pide en el libelo; lo único que debe tenerse en cuenta para determinar el vencimiento total a los fines de la condenatoria en costas es la correspondencia de la pretensión deducida con el dispositivo de la sentencia definitiva. (subrayado de la Sala)....Asimismo, a juicio de esta Sala y con fundamento en reiterada doctrina, el concepto de vencimiento total debe encontrarse en el dispositivo del fallo y, concretamente, en el examen de la pretensión procesal ejercida mediante la interposición de la acción correspondiente. Es decir, "el vencimiento total no es afectado por el hecho de que alguno o algunos de los fundamentos o medios defensivos empleados por la parte que los opone haya prosperado. Por lo que, si luego del examen de la pretensión procesal ejercida mediante la interposición de la acción correspondiente, el juez la declara con lugar, habrá vencimiento total y debe condenar en costas de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil." (Sentencia de 5 de mayo de 1999). "

Sala de Casación Civil, Sentencia Nro. 186 del 08/06/2000

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"Las costas procesales no forman ni pueden formar parte de la pretensión deducida, desde luego que ellas no son sino la sanción que se impone al litigante que resulta totalmente vencido en el proceso o en una incidencia. De allí que su pronunciamiento está supeditado al acontecimiento futuro e incierto del vencimiento total. En este sentido, las costas son un accesorio del fracaso absoluto y es deber del juez pronunciarse sobre su declaratoria sin necesidad de que se le exija y sin posibilidad de exoneración dado el supuesto dicho."

Ahora bien, en el caso de marras se constata que la parte accionada goza de prerrogativas procesales, y en este orden de ideas, la Sala de Casación Social se ha pronunciado reiteradamente sobre la prohibición de condenatoria en costas, criterio que se acoge; y asimismo se observa la norma que rige la prohibición de condenatoria en costas a la República, contenida en el artículo 76 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: “Artículo 76: La República no puede ser condenada en costas, aún cuando sean declaradas sin lugar las sentencias apeladas, se nieguen los recursos interpuestos, se dejen perecer o se desista de ellos.”

En base a ello, se declara IMPROCEDENTE la condenatoria en costas a la accionada. Así se decide.

IV

DECISIÓN

Por todas las razones y motivos aquí expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: PRIMERO: CON LUGAR la demanda por COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES incoada por las ciudadanas R.D.C.J.D.G. y M.G.J.V., venezolanas, mayores de edad, titulares de cédulas de identidad números V-3.081.429 y V-2.970.583, respectivamente, y de este domicilio, contra CORPORACIÓN DE S.D.E.A. (CORPOSALUD-ARAGUA), por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD; Instituto Autónomo creado mediante la Ley de S.d.E.A., sancionada por la Asamblea Legislativa del Estado Aragua en fecha 31/10/1995, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria del Estado Aragua N° 338, de fecha 12/01/1996; y en consecuencia de ello; SE CONDENA a la accionada a cancelar a favor de las demandantes ciudadanas R.D.C.J.D.G. y M.G.J.V., antes identificadas, las diferencias de prestaciones sociales reclamadas, conforme a las cantidades que resulten de la experticia complementaria del fallo ordenada, por concepto de diferencias de prestaciones sociales: Indemnización por Antigüedad Régimen Anterior, Compensación por Transferencia, Intereses Acumulados Régimen Anterior, Prestaciones Acumuladas al Régimen Anterior, Intereses de Mora Régimen Anterior, Prestación de Antigüedad Régimen Nuevo, Intereses Acumulado Régimen Nuevo e Intereses de Mora Régimen Actual. SEGUNDO: Se ordena practicar experticia complementaria del fallo, en cuanto al cálculo de los salarios de las reclamantes, conforme a los parámetros establecidos en la parte motiva del fallo, para el posterior cálculo de las diferencias de Prestaciones Sociales: Indemnización por Antigüedad Régimen Anterior, Compensación por Transferencia, Intereses Acumulados Régimen Anterior, Prestaciones Acumuladas al Régimen Anterior, Intereses de Mora Régimen Anterior, Prestación de Antigüedad Régimen Nuevo, Intereses Acumulado Régimen Nuevo e Intereses de Mora Régimen Actual. TERCERO: Asimismo se acuerda cancelar a las demandantes los intereses moratorios y la corrección monetaria; que deberán ser calculados conforme a lo previsto en la motiva de la presente decisión. CUARTO: No proceden las costas en atención a lo previsto en el artículo 76 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que prohíbe expresamente condenar en costas a la República.

Notifíquese de la presente Decisión a la Procuraduría General de la República; de conformidad con lo establecido en el Artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y una vez que conste en autos su notificación, déjense transcurrir el lapso procesal para el ejercicio de los recursos legales correspondientes, conforme a lo previsto en el Artículo 73 eiusdem. Líbrese Oficio correspondiente.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la sentencia para ser agregada al libro respectivo.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. En Maracay, a los Diecisiete (17) días del mes de Febrero del año Dos Mil Doce (2012).- Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.

LA JUEZ,

ABG. Z.D.C..

LA SECRETARIA,

ABG. LISENKA CASTILLO.

En esta misma fecha se publicó la anterior Sentencia siendo las doce horas y treinta y tres minutos de la tarde (12:33 p.m.)

LA SECRETARIA,

ABG. LISENKA CASTILLO.

Asunto N°: DP11-L-2009-001544

ZDC/LC/Abogado Asistente P.M..