Decisión nº PJ0072014000046 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Falcon (Extensión Coro), de 10 de Junio de 2014

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SEGUNDO DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO FALCON

EXPEDIENTE: IP01-P-2013-001093

CON DETENIDA

Corresponde a este Tribunal de Juicio, emitir sentencia en la presente causa, seguida contra la ciudadana R.C.R.M., a quien este Tribunal, condenó a cumplir la pena de CINCO (5) AÑOS de PRISIÓN, por la comisión del delito de Cómplice no necesario en el Tráfico Ilegal de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en la modalidad de Transporte, previsto y castigado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en concordancia con el artículo 84.3 del Código Penal, todo conforme al procedimiento especial por admisión de los hechos previsto en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal; a tal efecto, este Juzgado hace las siguientes consideraciones previas:

I

IDENTIFICACIÓN PLENA DE LA ACUSADA

1) R.C.R.M., Venezolana, Mayor de edad Titular de la Cédula de Identidad Nº 11.295.618, nacida en Maracaibo, estado Zulia, en fecha 24-03-74, de 40 años de edad, casada, de ocupación Encargada de tienda, domiciliada en la Urb. San Jacinto, sector 08, vereda 01, casa N° 08, Maracaibo, Estado Zulia, (actualmente recluida en la comunidad penitenciaria).

II

DE LOS HECHOS OBJETO DEL PROCESO

En esta fecha, se llevó a efecto el acto de apertura del Juicio Oral y Público, acto en el cual la Fiscalía al tomar uso de la palabra, ratificó el contenido de su acusación.

Los hechos contenidos en ella y por los que los acusados admitieron los hechos son los siguientes:

El día 10 de febrero 2013, funcionarios adscritos al Destacamento de Seguridad Urbana, Segunda Compañía de la Guardia Nacional Bolivariana del estado Falcón, se encontraban realizando labores de control y prevención en el punto de control móvil en la carretera Morón-Coro, específicamente a la altura de la Población de Píritu, cuando aproximadamente a las 10:00 horas de la mañana lograron avistar un vehículo MARCA: MAZDA, MODELO: 323, TIPO: SEDAN, AÑO: 2002, COLOR: BLANCO, SERIAL DE CARROCERÍA 9FCBF428X200005785, PLACAS: VBK-301, que era conducido por el ciudadano A.E.M.R., quien es el propietario del referido vehículo, y quien para el momento se encontraba en compañía de su esposa, la ciudadana R.C.R.M., quien viajaba en el asiento del copiloto, asimismo en el referido vehículo se encontraba el n.A.A.M.R., quien a su vez es hijo de los dos imputados, así, los funcionarios haciendo uso de las atribuciones de control, prevención y seguridad conferidas por el Estado venezolano, procedieron a indicarle al los tripulantes del vehículo que se iba a proceder a la revisión del mismo, seguidamente los funcionarios se percataron que las tapas de tapicería de las puertas se encontraban desajustadas, por lo que procedieron a destornillar la tapa tapicería de la puerta delantera del piloto, quedando al descubierto CUATRO ENVOLTORIOS, DE FORMA RECTANGULAR, en vista de esto y en presencia de los ciudadanos testigos J.L.L. CORTEZ Y O.J.O., ubicados entre las personas que transitaban el lugar, procedieron a realizar una revisión exhaustiva del vehículo, lográndose constatar que al ser removidas las tapas de tapicería de las cuatro puertas del vehículo, las misma presentaban un compartimiento secreto que ocultaba cada una CUATRO ENVOLTORIOS, DE FORMA RECTANGULAR, para un total de DIECISÉIS (16) ENVOLTORIOS, TIPOPANELAS, DE FORMA RECTANGULAR, ELABORADOS EN MATERIAL / SINTÉTICO AZUL, todos contentivos en su interior de una sustancia que al serle practicada la respectiva experticia botánica arrojó como resultado UN PESO NETO TOTAL DE CATORCE COMA NOVECIENTOS TREINTA KILOGRAMOS (14,930KG) DE CANABIS SATIVA LYNNE (MARIHUANA), de igual manera se incautó un teléfono celular marca blackberry, modelo 8900 y un teléfono celular, marca blackberry modelo Curve.

Seguidamente la Representante Fiscal, expuso sucintamente los medios de pruebas en los que soportaba su acusación y los ofreció a los fines de demostrar la culpabilidad de las sindicadas y las acusó formalmente del delito de Tráfico Ilegal de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en la modalidad de Transporte, previsto y castigado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas.

Acto seguido la defensa hizo el uso de palabra a los efectos de exponer su discurso de apertura.

Acto seguido se le impuso a la acusado de sus derechos contemplados en el artículo 127 del COPP, y se les informó que su declaración era un instrumento para su defensa por lo que se le impuso del contenido de los artículos 132 y 134 eiusdem, así como del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, manifestando no querer declarar.

Acto seguido, el Juez anunció un cambio de calificación jurídica, y en tal sentido señaló que la nueva calificación jurídica era Cómplice no necesario en el Tráfico Ilegal de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en la modalidad de Transporte, previsto y castigado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en concordancia con el artículo 84.3 del Código Penal. Seguidamente le impuso a la acusada de las medidas alternativas de prosecución del proceso penal, a saber, Principio de Oportunidad, Acuerdos Reparatorios y Suspensión Condicional del Proceso, aún y cuando es claro que dichas medidas no proceden respecto al delito imputado. También se les explicó detalladamente del procedimiento especial por admisión de hechos, previsto en el artículo 375 del COPP, indicándole de manera detallada y clara en que consistía y los beneficios que procuraban tanto a ella como al Estado. Se le concedió el derecho de palabra a la acusada y libre y de forma voluntaria, manifestó admitir los hechos y en consecuencia su responsabilidad en el delito advertido, solicitó la imposición de la pena bajo la institución de la admisión de los hechos. Se dejó constancia en acta que las partes manifestaron su absoluta conformidad con el cambio de calificación jurídica advertido por el Tribunal.

III

HECHOS QUE QUEDAN ACREDITADOS

Basado en la admisión de los hechos efectuada por el acusado quien asumió plenamente la responsabilidad de los hechos, el Tribunal cumpliendo con su función sentenciadora y los requisitos de la sentencia conforme al contenido del artículo 364.3 del COPP, estima acreditados los hechos que el Ministerio Público planteó como objeto del debate en su escrito de acusación, esto es que:

Queda acreditado con fundamento a la admisión de hechos rendida por la ciudadana R.C.R.M., que ella fue detenida El día 10 de febrero 2013, funcionarios adscritos al Destacamento de Seguridad Urbana, Segunda Compañía de la Guardia Nacional Bolivariana del estado Falcón, se encontraban realizando labores de control y prevención en el punto de control móvil en la carretera Morón-Coro, específicamente a la altura de la Población de Píritu, cuando aproximadamente a las 10:00 horas de la mañana lograron avistar un vehículo MARCA: MAZDA, MODELO: 323, TIPO: SEDAN, AÑO: 2002, COLOR: BLANCO, SERIAL DE CARROCERÍA 9FCBF428X200005785, PLACAS: VBK-301, que era conducido por el ciudadano A.E.M.R., quien es el propietario del referido vehículo, y quien para el momento se encontraba en compañía de su esposa, la ciudadana R.C.R.M., quien viajaba en el asiento del copiloto, asimismo en el referido vehículo se encontraba el n.A.A.M.R., quien a su vez es hijo de los dos imputados, así, los funcionarios haciendo uso de las atribuciones de control, prevención y seguridad conferidas por el Estado venezolano, procedieron a indicarle al los tripulantes del vehículo que se iba a proceder a la revisión del mismo, seguidamente los funcionarios se percataron que las tapas de tapicería de las puertas se encontraban desajustadas, por lo que procedieron a destornillar la tapa tapicería de la puerta delantera del piloto, quedando al descubierto CUATRO ENVOLTORIOS, DE FORMA RECTANGULAR, en vista de esto y en presencia de los ciudadanos testigos J.L.L. CORTEZ Y O.J.O., ubicados entre las personas que transitaban el lugar, procedieron a realizar una revisión exhaustiva del vehículo, lográndose constatar que al ser removidas las tapas de tapicería de las cuatro puertas del vehículo, las misma presentaban un compartimiento secreto que ocultaba cada una CUATRO ENVOLTORIOS, DE FORMA RECTANGULAR, para un total de DIECISÉIS (16) ENVOLTORIOS, TIPOPANELAS, DE FORMA RECTANGULAR, ELABORADOS EN MATERIAL / SINTÉTICO AZUL, todos contentivos en su interior de una sustancia que al serle practicada la respectiva experticia botánica arrojó como resultado UN PESO NETO TOTAL DE CATORCE COMA NOVECIENTOS TREINTA KILOGRAMOS (14,930KG) DE CANABIS SATIVA LYNNE (MARIHUANA), de igual manera se incautó un teléfono celular marca blackberry, modelo 8900 y un teléfono celular, marca blackberry modelo Curve.

Consideró el Tribunal que la conducta desplegada por la acusada de acuerdo a la narración de los hechos objeto del debate contenidos en la acusación penal presentada por la Fiscalía, que la conducta de R.C.R.M., se compadece más bien con la de la complicidad no necesaria, toda vez que su acción fue el acompañamiento del acusado A.A.M., de modo que no aportó una condición indispensable a la empresa criminal que pudiera equipararla a la del autor principal o un cooperador necesario, de allí que, el Tribunal luego de una discusión legal con las partes advirtió el cambio de calificación jurídica desde el inicio del deba y de conformidad con las atribuciones legales conferidas por el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, manifestando las partes, su conformidad con la decisión.

IV

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

La institución de la admisión de hecho se encuentra contemplada en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal y fundamentalmente es un mecanismo de auto composición procesal tendiente a la conclusión anticipada del procedimiento penal producto del reconocimiento voluntario que el acusado expresa respecto a su participación y culpabilidad en los hechos que el Estado por intermedio del Ministerio Público le imputa. Tal reconocimiento que contribuye a la efectiva tutela de los derechos de las victimas, la ciudadanía en general y del propio Estado conlleva a un conjunto de beneficio, entre los cuales está, la celeridad judicial lo cual comporta además de una pronta Justicia y el ejercicio efectivo del ius puniendi por parte del Estado, igualmente conlleva a una recompensa para el acusado que ha reconocido su culpabilidad y responsabilidad en el delito de manera anticipada, es precisamente, la formula prevista en el artículo 375 del COPP, la admisión de los hechos, que prevé una rebaja especial que va desde 1/3 a 1/2 de la pena que por el delito cometido normalmente se le aplicaría, según sea el caso, a la luz del encabezamiento de dicho artículo y su primer aparte, es decir, tomando en cuenta las circunstancias del caso, el bien jurídico afectado y el daño social causado. Pero, en el caso que los hechos se subsuman en los presupuestos del primer aparte de dicho artículo el juez sólo podrá rebajar 1/3 de la pena.

Sobre esta novísima Institución -La Admisión de los hechos- el Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado de manera reiterada y entre las sentencias más recientes encontramos la número 78 del 25 de enero de 2006, expediente 2228 con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta Merchan, (sala Constitucional) igualmente y más reciente en sentencia del 23 de mayo de 2006, sentencia 1106, expediente 1422, expresó lo siguiente:

“De acuerdo con la norma reseñada, el procedimiento por admisión de los hechos es una de las formas de autocomposición procesal, mediante la cual el legislador creó una manera especial de terminación anticipada del proceso, con prescindencia del juicio oral y público, que, a pesar de no estar incluida dentro de las alternativas a la prosecución del proceso previstas en el Capítulo III, Título I del Libro Primero del Código Orgánico Procesal Penal (como lo son el principio de oportunidad, la suspensión condicional del proceso y los acuerdos reparatorios), cumple la misma función, es decir, pone fin al proceso, toda vez que se trata de una “negociación procesal” que asume voluntariamente el acusado, con el objeto de terminar la causa penal.

Se trata, además, de un mecanismo establecido en el Texto Penal Adjetivo que le permite al acusado obtener una rebaja de pena, cuando declara en forma anticipada su culpabilidad, lo que trae como consecuencia un ahorro económico para el Estado, en virtud de que se evita la celebración del juicio oral y público, el cual, por su propia naturaleza, contiene una serie de gastos de índole pecuniario. Permite, igualmente, la obtención de una justicia expedita, la cual es originada por la propia voluntad del acusado, al aceptar los hechos que le son atribuidos, estando ello en concordancia con la tutela judicial efectiva establecida en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En tal sentido, del análisis del señalado artículo 376 se coligen los requisitos para que proceda la admisión de los hechos, el primero de ellos, es la admisión por parte del juez de control, en la audiencia preliminar, de la acusación presentada por el Ministerio Público, cuando se trate del procedimiento ordinario, o en el caso del procedimiento abreviado -delitos flagrantes-. El segundo de dichos requisitos es la admisión por parte del acusado de los hechos objeto del proceso -los comprendidos dentro de la acusación- y la solicitud de la imposición inmediata de la pena.

Así pues, respecto a la oportunidad para realizar la admisión de los hechos se debe distinguir del tipo de proceso que se trate, pues en el procedimiento ordinario, regulado por las normas contenidas en el Libro Segundo del Código Orgánico Procesal Penal, el acusado sólo podrá admitir los hechos objeto del proceso en la audiencia preliminar y una vez que el juez de control haya admitido la acusación presentada en su contra por el Ministerio Público; y en el caso del procedimiento abreviado -Título II del Libro Tercero- la admisión de los hechos sólo procederá en la audiencia del juicio oral, una vez presentada la acusación por el Ministerio Público y antes que el juez de juicio unipersonal haya dado inicio al debate.

Por tanto, no puede el acusado admitir los hechos en otras oportunidades, ya que esa circunstancia sería contradictoria con la naturaleza propia de la intención del legislador procesal penal, que se basó en la figura del “plea guilty”, tomada del derecho anglosajón, que permite la declaración de culpabilidad anticipada, ahorrándole al Estado tiempo y dinero, para invertirlos en otros juicios.

Así pues, dicha institución procesal está acorde con el derecho de toda persona a obtener una tutela judicial efectiva, pero necesariamente esa posibilidad de ofrecimiento al acusado de culminar anticipadamente el proceso, debe hacerse dentro de los parámetros y exigencias establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal.

Además, cabe resaltar el procedimiento de admisión de los hechos no es contrario, en la forma como se encuentra contemplada en el Código Orgánico Procesal Penal, al derecho constitucional que tiene el imputado –como parte del debido proceso- de reconocer, en forma voluntaria, su culpabilidad dentro del proceso penal. La institución de la admisión de los hechos, simplemente es una oportunidad que se le ofrece al imputado, con un beneficio para su persona, para que reconozca voluntariamente su responsabilidad del hecho que le es imputado, lo que no quiere decir que, en el caso que no lo haga en ese instante, pueda declarar posteriormente y aceptar su participación o coparticipación del hecho que le es atribuido. Pero en este último caso, su declaración de la aceptación de la culpabilidad no le trae beneficio procesal alguno, por haber precluido la oportunidad para hacerlo, la cual es, el procedimiento ordinario, en la audiencia preliminar, y en el procedimiento abreviado, una vez presentada la acusación y antes de iniciarse el debate oral y público.

Asimismo, el derecho al debido proceso, y el consecuente derecho a la defensa, en plenitud, no se encuentran mermados por la figura de la admisión de los hechos, toda vez que al imputado que se le ofrece la oportunidad de concluir el proceso de acuerdo con su declaración de reconocimiento, previamente tuvo la oportunidad, durante el iter procesal, ya sea ordinario o abreviado, de alegar todo aquello que lo beneficie y que pueda desvirtuar la imputación fiscal (alegar excepciones de forma y de fondo, ser oído, ofrecer medios de pruebas, interponer recursos ordinarios, ser notificado de los “cargos” por los cuales se le investiga, entre otros mecanismos de defensa)….”

Hechas previamente las consideraciones de derecho respecto a la Admisión de los Hechos, se observa que la acusada admitió su participación y responsabilidad en el delito de Cómplice no necesario en el Tráfico Ilegal de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en la modalidad de Transporte, previsto y castigado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en concordancia con el artículo 84.3 del Código Penal,, en consecuencia, será a partir de dicho tipo penal que habrá de hacerse el calculo de la pena para aplicarle la rebaja especial por admisión de hechos y finalmente imponerle la pena que deberá cumplir.

En relación a la pena que se le debe imponer a la acusada por el delito de Cómplice no necesario en el Tráfico Ilegal de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en la modalidad de Transporte, previsto y castigado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en concordancia con el artículo 84.3 del Código Penal, la norma establece para ese delito una pena que va desde los 15 años a 25 años de prisión, cuyo término medio en aplicación de la dosimetría penal establecida en el artículo 37 eiusdem, es 20 años de prisión, la cual, el Tribunal decide atenuarla a la pena mínima, es decir, 15 años de prisión, ello en aplicación al artículo 74 ordinal 4º, por una parte, porque el grado de participación de la referida ciudadana es irrelevante frente al autor principal, de modo que, la pena que debe aplicarse a ella debe estar atenuada frente a la pena que se le impuso al autor principal responsable, quien fue que ideó, organizó, planificó, tenía conocimiento del hecho y sus consecuencias, etc, por otra parte, se observa a favor de la acusada que es una ciudadana que nunca ha estado involucrada en asunto legales de índole penal, por lo tanto, no posee antecedentes penales, que si bien es cierto, no consta en auto, la Fiscalía no acreditó tal situación, si existiera, contrariamente, el tribunal valora el dicho de la acusada al advertir que jamás ha estado involucrada en hechos de esta naturaleza.

A partir de allí, entonces se aplicaría el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece:

El Procedimiento por admisión de los hechos tendrá lugar desde la audiencia preliminar una vez admitida la acusación, hasta antes de la recepción de pruebas.

El Juez o Jueza deberá informar al acusado o acusada respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. El acusado o acusada podrá solicitar la aplicación del presente procedimiento, para lo cual admitirá los hechos objeto del proceso en su totalidad y solicitará al tribunal la imposición inmediata de la pena respectiva.

En estos casos; el Juez o Jueza podrá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, pudiendo cambiar la calificación jurídica del delito, atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado y motivando adecuadamente la pena impuesta.

Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas, cuya pena exceda de los ocho años en su límite máximo, y en los casos de delitos de: homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, delito de corrupción, delitos que causen graves daños al patrimonio público y la administración público; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financieros y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra, el Juez o Jueza sólo podrá rebajar hasta un tercio de la pena aplicable

(Subrayado del Tribunal).

De la inteligencia de la norma antes transcrita se evidencian unas series de circunstancias que merecen ser analizadas a los efectos de imponer adecuadamente la pena que el acusado deberá cumplir. Así observamos que el legislador adjetivo penal en la parte in fine del encabezamiento autoriza al juez de la causa a rebajar la pena aplicable desde un tercio a la mitad atendiendo todas las circunstancias, el bien jurídico afectado y el daño social causado, lo que exige independientemente de la rebaja una motivación adecuada al caso en concreto.

Sin embargo, observamos que el primer aparte trae una excepción a aquella regla donde establece que sólo podrá rebajarse la pena en 1/3 en los siguientes casos:

1. - En delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas.

2. - En los delitos contra el patrimonio público, y

3. - En los delitos contemplados en Ley Orgánica de Drogas, siempre que sea Tráfico en mayor cuantía, sin embargo, es argumento en contrario de lo anterior, que en el caso de delitos relacionado con el tráfico en menor cuantía el juez o jueza puede rebajar la pena normalmente aplicable hasta la mitad.

Es claro decir, que a partir de aquellos 15 años de prisión procedería la rebaja que por concepto le corresponde por la admisión de hechos, que en este caso, quien aquí decide, rebaja la pena a 1/3, conforme a lo que dispone el Código Orgánico Procesal Penal.

Por lo tanto, al aplicar la rebaja de 1/3 a aquellos 15 años, queda una pena a imponer de DIEZ (10) AÑOS de prisión, la que debe ser rebajada por mitad de conformidad con el artículo 84.3 del Código Penal, que es una rebaja específica por el grado de participación de la acusada en el delito señalado, en consecuencia, la pena definitiva que deberá cumplir R.C.R.M., es de CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, por el delito de Cómplice no necesario en el Tráfico Ilegal de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en la modalidad de Transporte, previsto y castigado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en concordancia con el artículo 84.3 del Código Penal.

Igualmente se le condenada a cumplir las penas accesorias establecidas en el artículo 16 del Código Penal vigente. Y así se decide.

De conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código Orgánico Procesal Penal, se exime del pago de las costas procesales contempladas en el artículo 276 eiusdem, en virtud del principio de la gratuidad de la justicia consagrado en el artículo 254 de la Constitución Nacional. Y así se decide.

DECISIÓN

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal 2º en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley de conformidad con lo establecido en los artículos 346 del Código Orgánico Procesal Penal, en armonía con el artículo 375 eiusdem, resuelve: Primero: CONDENA a la ciudadana R.C.R.M., a cumplir la pena de CINCO (5) AÑOS de PRISIÓN, por la comisión del delito de Cómplice no necesario en el Tráfico Ilegal de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en la modalidad de Transporte, previsto y castigado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en concordancia con el artículo 84.3 del Código Penal. Segundo: Se le condena a cumplir las penas accesorias establecidas en el artículo 16 del Código Penal vigente. Tercero: De conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código Orgánico Procesal Penal, se exime del pago de las costas procesales contempladas en el artículo 276 eiusdem, en virtud del principio de la gratuidad de la justicia consagrado en el artículo 254 de la Constitución Nacional. Cuarto: Se ordena la CONFISCACIÓN definitiva del vehículo clase: automóvil, marca: Mazda, modelo: 323, color: Blanco, tipo: sedan, año: 2002, placas VBK-301, serial de carrocería *9FCBF428X20005785*, serial motor: *B3826225* el cual se ordena colocar a la orden de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA). Quinto: Se fija como fecha provisional de cumplimiento de pena el 10 de febrero de 2.018, ello de conformidad con el artículo 349 del Código Orgánico Procesal Penal.

Regístrese, déjese copia, inclúyase en diario. Remítase en su oportunidad legal al Tribunal de Ejecución. Líbrese oficio a la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) conforme al texto de la sentencia.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias del Tribunal 2º de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Falcón. En Coro a los 10 días del mes de junio de dos mil catorce (2014). Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

EL JUEZ,

J.C.P.G.

LA SECRETARIA,

ELYCELIS RODRÍGUEZ

JCPG/ER/jcpg

Exp. IP01-P-2013-0001093

Resolución Nº PJ07-2014-00046