Decisión nº PJ0072008000055 de Juzgado Noveno de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Cabimas. de Zulia (Extensión Cabimas), de 14 de Abril de 2008

Reprodujo el mérito favorable de las actas procesales del expediente. Esta invocación tiene vinculación con los principios de adquisición procesal y comunidad de la prueba, según los cuales, todo cuanto se afirme, se aprehenda, se exhiba, y en general todas aquellas pruebas aportadas en la causa, pertenecen al proceso y no a las partes, por lo que las mismas serán utilizadas para demostrar las pretensiones y excepciones, sin importar la persona de su promovente. Sin embargo, esta instancia judicial considera que tal invocación no constituye ningún medio de prueba, acogiendo de esta manera la doctrina de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No. 1161, de fecha 04 de julio de 2006, expediente 06-158. Caso: W.S. contra la sociedad mercantil METALMECÁNICA CONSOLIDADA (METALCON) y OTROS con ponencia del Magistrado Dr. L.E.F.G.. Así se decide.

Ratificó y se adhirió a todas y cada una de las pruebas promovida por la sociedad mercantil PERFORACIONES DELTA C.A. Con relación a este medio de prueba, esta instancia judicial considera inútil y estéril al proceso volver a analizar dichas probanzas pues sobre ellas fue emitida una valoración, incluso con las observaciones formuladas en la audiencia de juicio oral y público llevada a cabo en este proceso. Así se decide.

DECLARACIÓN DE PARTE

Cabe recordar que este Juzgador en la oportunidad de llevarse a cabo la celebración de la audiencia de juicio oral, pública y contradictoria, hizo uso de la facultad conferida en el artículo 103 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a los efectos de tomar la declaración de parte, por lo que formuló una serie de preguntas sobre los hechos controvertidos en este proceso, quedando registrada en reproducción audiovisual grabada por el Tribunal a los fines establecidos en el artículo 105 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y las cuales versan en lo siguiente:

En esa oportunidad el ciudadano F.R.R.V. manifestó que tenía un supervisor de 24 horas, que era el que les daba una charla para realizar las operaciones junto con todo el personal. Que el personal está compuesto por tres (3) cuñeros, un (1) encuellador y los limpiadores que estaban abajo, un total de ocho (8) personas. Que había que hacerle mantenimiento a las bombas, cuñas, tuberías, válvulas y muchas cosas cuando se estaba perforando. Que no era supervisor, que tenía funciones de obrero las cuales eran apretar las llaves de fuerza, sacar las cuñas, por lo menor cuando se estaba perforando y cuando se iba a hacer las conexiones.

En este sentido, de conformidad con los artículos 103 y 106 de la ley procesal del trabajo, quién suscribe le otorga pleno valor probatorio a las declaraciones emitidas por el ciudadano F.R.R.V., pues atendiendo a la doctrina procesal sostenida al respecto por el insigne maestro y procesalista colombiano H.D.E., quién señala que una confesión judicial para que sea valida y tenga eficacia debe cumplir con algunos requisitos a saber:

a.- la pertinencia del hecho confesado en relación en el litigio o el proceso voluntario; b.- que el hecho haya sido alegado por la parte; c.- que la confesión tenga causa y objeto licito; d.-que el hecho confesado no este en contra de las máximas de experiencia; e.- que se haga en un proceso judicial; f.- que el juez sea competente.

De manera que en el caso in comento, la confesión hecha por las partes durante su declaración de parte, es atinente no solamente a la tarifa legal del articulo 103 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo sino a la doctrina procesal antes señalada, siendo valida y eficaz para hacer plena prueba.

De las declaraciones rendidas con anterioridad, se evidencia con meridiana claridad que el ciudadano F.R.R.V. durante la relación de trabajo que lo unió con la sociedad mercantil PERFORACIONES DELTA C.A., se encargaba de realizar actividades mecánicas en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y motores instalados en la Gabarra de Perforación distinguida con las siglas GP-28, en los cuales predomina el esfuerzo físico y manual en el área mecánica; que no tenía personal a su cargo, ya que, se encontraba sometido a las órdenes y directrices del Supervisor de 24 horas, quién era el que señalaba las operaciones que se debían ejecutar cuando el quipo de perforación se encontraba operando. Así se decide.

CONCLUSIONES

De una lectura, revisión, estudio detallado y exhaustivo del libelo de la demanda interpuesto por el ciudadano F.R.R.V., debidamente asistido por la profesional del Derecho M.V.R., el Tribunal observa que el punto neurálgico de esta controversia, versa en el hecho de reclamar el cobro de bolívares por diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales derivados de la Convención Colectiva de Trabajo Petrolero a la sociedad mercantil PERFORACIONES DELTA C.A., una vez que finalizó la relación de trabajo.

La base de su pretensión se sostiene en el hecho que laboró como Supervisor de Personal y Mecánico para la sociedad mercantil PERFORACIONES DELTA C.A., en la Gabarra de Perforación distinguida con las siglas GP-28, siendo ésta contratista de la sociedad mercantil PDVSA, PETRÓLEO S.A., y por tanto, teniendo una actividad inherente y conexa con la rama petrolera lo cual trae como consecuencia directa, la aplicación de los beneficios económicos contenidos en la Convención Colectiva de Trabajo Petrolero desde el inicio de su relación de trabajo, esto es, desde el día 12 de octubre de 2000 hasta el día 19 de septiembre de 2003, fecha en la cual terminó la prestación del servicio en virtud de haber sido despedido injustificadamente.

Por su parte, la sociedad mercantil PERFORACIONES DELTA C.A., corrigió tanto en su escrito de la demanda como en la audiencia de juicio oral, pública y contradictoria que, la fecha de inicio de la relación de trabajo fue el día 20 de junio de 2000, lo cual es cónsono con el material probatorio ofrecido por las partes en conflicto, trayendo como consecuencia que no es un hecho controvertido. De tal manera que, debe tenerse como un hecho cierto la mencionada fecha como inicio de las labores por el ciudadano F.R.R.V..

De la misma forma, afirmó que le pagó todos los conceptos que legalmente le correspondían conforme a lo normado a la Ley Orgánica del Trabajo, pues en ningún momento la actividad y/o funciones que desempeñaba eran consideradas como una actividad petrolera y por ende, nada queda a deberle por ningún concepto laboral ni ningún otro.

Trabada así la controversia, hemos dicho con anterioridad que, habiéndose admitido la prestación del servicio en este asunto, es evidente que le corresponde al ciudadano F.R.R.V. la carga de la prueba de los hechos nuevos invocados en su escrito de la demanda, esto es, que realizó las funciones inherentes y conexas con la actividad petrolera pese a ocupar el cargo de Supervisor Mecánico y de todos aquellos hechos rechazados por la sociedad mercantil PERFORACIONES DELTA C.A., y a esta última, le corresponde demostrar que las funciones ejercidas por el ciudadano F.R.R.V. en ningún momento eran cónsonas con la actividad petrolera y por ende, la aplicación de los beneficios económicos establecidos en la Contratación Colectiva de Trabajo Petrolero vigente para la época en que se desarrolló la relación de trabajo, pues es ella quién tiene todas las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicio, vacaciones pagadas, utilidades, entre otros, así como todos aquellos alegatos nuevos que le sirven de fundamento para rechazarla, tal como lo disponen los artículos 135 y 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en concordancia con la doctrina sentada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.

Procedamos entonces a analizar los hechos controvertidos en este proceso, de la siguiente manera:

En primer orden, debemos determinar si la relación de trabajo que vinculó a las partes en conflicto, culminó por renuncia del ciudadano F.R.R.V. ó por despido injustificado de la sociedad mercantil PERFORACIONES DELTA C.A.

En ese sentido, se observa que la sociedad mercantil PERFORACIONES DELTA C.A., invocó en su descargo, tanto en el escrito de la contestación de la demanda como en la audiencia de juicio oral, pública y contradictoria que, la relación de trabajo que lo unió con el ciudadano F.R.R.V. había culminado por su renuncia voluntaria y no por despido injustificado.

Al efecto, se desprende de las actas que conforman este asunto que, la sociedad mercantil PERFORACIONES DELTA C.A., no demostró en forma fehaciente la renuncia del ciudadano F.R.R.V. a las labores habituales de trabajo dentro de la Gabarra de Perforación distinguida con las siglas GP-28, a lo que estaba obligado en virtud de haberse revestido en él la carga de la prueba en base a lo que dispone el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y la doctrina sentada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia sobre la materia y, en ese sentido, debe tenerse como admitido que la prestación del servicio terminó efectivamente por despido injustificado. Sin embargo tal circunstancia no tiene mayor peso ni relevancia jurídica en este asunto por las razones que se desarrollarán mas adelante, específicamente en el momento de emitir una opinión relativa a la procedencia o no de los beneficios devenidos de la convención colectiva de trabajo petrolero. Así se decide.

En segundo orden, debemos determinar si el ciudadano F.R.R.V. realizó funciones inherentes y conexas con la actividad petrolera pese a ocupar el cargo de Supervisor Mecánico dentro de la Gabarra de Perforación distinguida con las siglas GP-28 y, si le corresponden o no la aplicación de los beneficios económicos establecidos en la Contratación Colectiva de Trabajo Petrolero vigente para la época en que se desarrolló la relación de trabajo.

Con respecto a la primera vertiente, es un hecho no controvertido el cargo desempeñado por el ciudadano F.R.R.V. como Supervisor de Personal y Mecánico dentro de la sociedad mercantil PERFORACIONES DELTA C.A., en la Gabarra de Perforación distinguidas con las siglas GP-28.

Sin embargo, durante la celebración de la audiencia de juicio oral, pública y contradictoria, se realizaron un cúmulo de observaciones tendientes a variar o alterar sus apreciaciones jurídicas o de derecho sobre las funciones que realizaba el ciudadano F.R.R.V. dentro de la sociedad mercantil PERFORACIONES DELTA C.A., y en las instalaciones de la Gabarra de Perforación GP-28, propiedad de la sociedad mercantil PDVSA, PETRÓLEO S.A., considerando este juzgador prudente, conforme a lo establecido en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 5 y 9 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, determinar cuál era el cargo real desempeñado por el ciudadano F.R.R.V., para poder establecer si era o no un empleado de dirección o un trabajador de confianza, pues ese hecho puede ser desvirtuado por otros elementos del proceso, como por ejemplo, la propia prueba de éste último (léase: declaración de parte).

El artículo 42 de la ley Orgánica del Trabajo, expresa lo siguiente:

Se entiende por empleado de dirección el que interviene en la toma de decisiones u orientaciones de la empresa, así como el que tiene el carácter de representante del patrono frente a otros trabajadores o terceros y puede sustituirlo, en todo o en parte, en sus funciones

. (Negrillas son de la jurisdicción).

Por su parte, dispone el artículo 45 de la Ley Orgánica del Trabajo, lo siguiente:

Se entiende por trabajador de confianza aquél cuya labor implica el conocimiento personal de secretos industriales o comerciales del patrono o su participación en la administración del negocio, o en la supervisión de otros trabajadores

. (Negrillas son de la jurisdicción).

De las normas transcritas, se evidencia que la determinación de un empleado de dirección o trabajador de confianza debe orientarse conforme a las funciones y actividades que éste desarrolla, como el cargo que ejerce, que de manera explícita aparecen enunciados en las referidas normas.

Pues bien, considera quién suscribe el presente fallo, que la diatriba se encuentra encaminada a determinar quienes desarrollan actividades que se puedan catalogar como propias de empleados de confianza.

En ese sentido el artículo 47 de la Ley Orgánica del Trabajo prevé, lo siguiente:

La calificación de un cargo como de dirección, confianza, inspección o vigilancia dependerá de la naturaleza real de los servicios prestados, independientemente de la denominación que haya sido concebida por las partes o de las que únicamente hubiese establecido el patrono

. (Negrillas son de la jurisdicción).

De lo anterior, se concluye que es el principio de la realidad de los hechos el que opera al momento de verificar la condición de un trabajador como de confianza, y en definitiva será la naturaleza real del servicio prestado lo que determine tal condición de esos trabajadores y esa se verifica adminiculando las funciones, actividades y atribuciones que legalmente definen a los mismos con las que efectivamente desarrollan, independientemente de la denominación del cargo o puesto de trabajo.

En otras palabras, no importa la autonomía de la voluntad sino la demostración de la realidad que reina sobre la relación entre un trabajador y un empleador. Así, ambos pueden contratar una cosa, pero si la realidad es otra cosa, es esta última la que tiene efecto jurídico, pues ella tiene su fundamento en la buena fe, en la dignidad humana, y en la desigualdad económica y cultural entre los contratantes.

Al respecto, el insigne profesor mexicano M.D.L.C., en su obra EL NUEVO DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO. Tomo I, Editorial Porrúa, México 1998, página 195, expresó lo siguiente:

… Hoy podemos decir que la relación de trabajo es una realidad viva que consiste en el hecho real de la prestación de un trabajo personal subordinado, prestación diaria que reafirma todos los días la independencia de la relación respecto del acto o causa que le diera origen; o expresado en una fórmula mas simple: una relación jurídica, expresión de una realidad. Es condición, a su vez, confirma la característica primera porque la realidad de la prestación de un trabajo no puede destruirse ni aherrojarse por un acuerdo de voluntades lejano, pues la realidad no se niega por una declaración…

. (Negrillas son de la jurisdicción).

Cónsono con la doctrina anteriormente expresada, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No. 294 de fecha 13 de noviembre de 2001, Caso: J.C.H.G. contra la sociedad mercantil FOSTER WHEELER CARIBE CORPORATION, C.A., con ponencia del Magistrado Dr. O.A.M.D., dejó sentado

lo siguiente:

...la determinación de un trabajador como de dirección o confianza debe orientarse conforme a las funciones y actividades que éste desarrolla, como del cargo que ejerce, y que de manera explícita aparecen enunciados en las referidas normas [artículos 42 y 45 de la Ley Orgánica del Trabajo].

No hay duda, con relación al ámbito de aplicación subjetivo de las convenciones colectivas de trabajo, que las partes que celebren las mismas, pueden excluir a los empleados de dirección y trabajadores de confianza, según lo prevé el artículo 509 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Sin embargo, la diatriba se encamina en determinar, quiénes realmente desarrollan actividades que se puedan catalogar como propias de empleados de dirección o trabajadores de confianza.

Tal categorización, sin duda alguna obedece a una situación de hecho, más no de derecho. En efecto, es la Ley Orgánica del Trabajo la que instruye en este sentido, cuando en su artículo 47, contempla:

La calificación de un trabajador como de dirección, confianza, inspección o vigilancia, dependerá de la naturaleza real de los servicios prestados, independientemente de la denominación que haya sido convenida por las partes o de la que unilateralmente hubiese establecido el patrono.

Como se podrá entender, es el principio de la realidad de los hechos el que opera al momento de verificar la condición de un trabajador como de dirección o confianza, y no la calificación que convencional o unilateralmente se le confiera.

Ante tal postulado, será en definitiva la naturaleza real del servicio prestado, lo que determine la condición de dichos trabajadores, y esto sólo se podrá verificar adminiculando las funciones, actividades y atribuciones que legalmente definen a los mismos, con las que efectivamente estos desarrollan, independientemente de la denominación del cargo o puesto de trabajo…

. (Negrillas son de la jurisdicción).

Sobre la base de los razonamientos anteriormente expresados, considera oportuno quién suscribe el presente fallo que, debe darle una calificación jurídica al ciudadano F.R.R.V.d. acuerdo con la doctrina y el criterio de nuestra jurisprudencia judicial, dada por su propia y verdadera sustancia, independientemente de la denominación que le den las partes o una sola de ellas.

Sobre este particular, debe acotar quién suscribe que, al ser llamado el ciudadano F.R.R.V. a rendir la declaración de parte, requerida conforme lo establecido en el artículo 103 de Ley Orgánica Procesal del Trabajo, hizo algunas confesiones que hacen plena prueba contra la sociedad mercantil PERFORACIONES DELTA C.A., en cuanto a la naturaleza de sus servicios prestados, evidenciándose en franca aplicación de los principios de la “primacía de la realidad de los hechos” e “indubio pro operario” previstos en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con los artículos 47 de la Ley Orgánica del Trabajo y 9 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que, la labor ejecutada por él predominaba el esfuerzo físico y manual, tal como está contemplado en el artículo 43 de la norma sustantiva laboral como característico de la función de un obrero (léase: mecánico), conteste con el artículo 44 ibidem, debido a los conocimientos requeridos para desplegar su labor dentro de la Gabarra de Perforación distinguida con las siglas GP-28, pues manifestó en esa oportunidad que, sus funciones consistían en el mantenimiento a las bombas, cuñas, tuberías, a las válvulas, apretar las llaves de fuerza, esto es, ejerciendo las labores de mantenimiento correctivo y preventivo de las máquinas cuando se estaba perforando en el pozo, teniendo supervisores y sin tener personal a su cargo y, esas labores las ejecutaba conjuntamente con otras personas.

Por su parte, la sociedad mercantil PERFORACIONES DELTA C.A., tenía la carga de probar que la actividad ejecutada por el ciudadano F.R.R.V. permitían calificarlo como un empleado de dirección o un trabajador de confianza pues no proporcionó ningún elemento que lleve al ánimo ni a la convicción de esta instancia judicial sobre la labor que ejecutaba implicara la participación en la administración del negocio, conocimientos personal de secretos industriales o comerciales, el carácter de representante del patrono frente a otros trabajadores ni la supervisión de otros trabajadores, trayendo como consecuencia jurídica que no puede dársele tal carácter en el presente asunto. Así se decide.

En relación a la segunda vertiente de este punto, hemos establecido con anterioridad, específicamente en el punto previo de este fallo relativo a la “Prescripción de la Acción Laboral” que es un hecho notorio público y judicial que no necesita comprobación que la sociedad mercantil PERFORACIONES DELTA C.A., es una empresa propiedad de la República Bolivariana de Venezuela y a su vez, contratista de la industria petrolera estatal dedicada a la prestación de servicios de mantenimiento en los pozos que contienen yacimientos petroleros (léase: hidrocarburos) y la prestación de servicios para su perforación y explotación, por lo que, de conformidad con la ley se presume la inherencia y conexidad de la actividad realizada por la sociedad mercantil PDVSA, PETRÓLEO S.A., lo cual trae como consecuencia jurídica para esta instancia judicial que, la actividad desarrollada por la sociedad mercantil PERFORACIONES DELTA C.A., va en beneficio directo de las actividades desarrolladas por la sociedad mercantil PDVSA, PETRÓLEO S.A., resultando solidariamente responsable de las obligaciones asumidas por esta última frente a sus trabajadores.

Al respecto, es importante señalar que la cláusula 3 del Contrato Colectivo de Trabajo Petrolero 2000-2002 y 2002-2004 expresaron lo siguiente:

Están amparados por esta Convención todos los trabajadores de la Empresa comprendidos en las denominadas Nómina Diaria y Nómina Mensual Menor; no así aquellos que realmente desempeñen los puestos o trabajos contemplados en los Artículos 42, 45, 47, 50, 51 y 510 de la Ley Orgánica del Trabajo, que pertenecen a la categoría conocida en la Industria Petrolera como Nómina Mayor, quienes serán exceptuados de la aplicación de la presente convención.

No obstante a esta excepción, los trabajadores de la Nómina Mayor no serán afectados en los derechos sindicales que les consagra la Ley orgánica del Trabajo y su Reglamento. En este sentido no podrán ser impedidos, si fuere su voluntad, de participar en las actividades sindicales del Sindicato de la región donde efectúan sus labores.

A los efectos de la aplicación de los artículos de la Ley Orgánica del Trabajo, cualquier trabajador que no estuviere de acuerdo con su exclusión, podrá acogerse al procedimiento de arbitraje estipulado en el numeral cuarto de la Cláusula 57 de esta Convención.

Si la decisión fuere favorable al trabajador, éste comenzaría a disfrutar de todos los beneficios de la presente Convención Colectiva a partir de la fecha de la sentencia del Tribunal o del Laudo Arbitral, sin que ello implique duplicación con los beneficios distintos que le han venido siendo aplicados como parte del personal no cubierto por la Convención Colectiva, ni retroactividad de los beneficios contractuales. En cuanto a los Trabajadores de Contratistas y Subcontratistas que ejecuten para la empresa, obras inherentes o conexas con las actividades a que se refiere los artículos 54, 55, 56 y 57 de la Ley Orgánica del Trabajo, la Empresa les garantizará el disfrute de las mismas condiciones de trabajo y beneficios legales y contractuales que le corresponden a sus trabajadores directos, salvo aquellos trabajadores que realmente desempeñen los puestos o trabajos contemplados en los artículos 42, 45, 50, 51 y 510 de la Ley Orgánica del Trabajo.

A tales efectos, cualquier trabajador de las Contratistas y Subcontratistas que no estuvieren de acuerdo con su exclusión, podrá presentar su reclamo por ante la Unidad de Relaciones Laborales de la Empresa, la cual, conjuntamente con un representante del Sindicato local y otro de Contratistas o Subcontratistas, según fuere el caso, decidirán sobre el reclamo del Trabajador…

. (Negrillas son de la jurisdicción).

Del mismo modo, la cláusula 69 del Contrato Colectivo de Trabajo Petrolero 2000-2002 y 2002-2004 expresaron lo siguiente:

Toda persona jurídica de las contempladas en el artículo 55 de la vigente Ley Orgánica del Trabajo y en los artículos 4, 6 ,7, 8, 9 y 11 del Reglamento de la derogada Ley del Trabajo, contratada por la Empresa para realizar las finalidades indicada en dichos artículos, está obligada a pagar los mismos salarios y a dar los mismos beneficios legales y contractuales que la Empresa concede a sus propios trabajadores en la zona donde efectúe las operaciones, de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo, su reglamentación vigente y la presente Convención…

. (Negrillas son de la jurisdicción).

Del análisis de la cláusula 3 de la Convención Colectiva parcialmente transcrita, se desprende que los trabajadores de la Empresa como de las Contratistas o Subcontratistas de la Nómina Mayor, están excluidos del ámbito de aplicación subjetiva de la Contratación Colectiva de Trabajo Petrolero, ya que éstos gozan de beneficios laborales que en su conjunto son superiores, o como mínimo iguales a los contemplados en dicha contratación colectiva, y todos aquellos Trabajadores de Contratistas y Subcontratistas que ejecuten para la empresa, obras inherentes o conexas con las actividades a que se refiere los artículos 54, 55, 56 y 57 de la Ley Orgánica del Trabajo, la Empresa les garantizará el disfrute de las mismas condiciones de trabajo y beneficios legales y contractuales que le corresponden a sus trabajadores directos, salvo aquellos trabajadores que realmente desempeñen los puestos o trabajos contemplados en los artículos 42, 45, 50, 51 y 510 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Del mismo modo, su cláusula 69 prevé que todas las personas jurídicas consideradas contratistas por la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, están obligadas a pagar los mismos salarios y beneficios legales y contractuales que la sociedad mercantil PDVSA, PETRÓLEO S.A., paga a sus trabajadores conforme con la Ley Orgánica del Trabajo, su Reglamento y la presente Convención.

Aplicando el contenido de las cláusulas 3 y 69 de las convenciones colectivas de trabajo petrolero 2000-2002 y 2002-2004 al caso en concreto, nos encontramos que al ciudadano F.R.R.V. le corresponden los beneficios laborales contenidos en ella por no estar excluido del ámbito de su aplicación, pues como se dejara sentado anteriormente, la labor ejecutada por él en la Gabarra de Perforación distinguida con las siglas GP-28 era de un obrero (léase: mecánico) el cual se encuentra inscrito en el Tabulador Único de la Nómina Diaria (véase: Anexo 1 de la Convención Colectiva de Trabajo Petrolero). Así se decide.

En tercer orden, debemos determinar si le corresponden o no al ciudadano F.R.R.V. las diferencias de las prestaciones sociales y demás conceptos laborales reclamados, y al efecto se observa lo siguiente:

Hemos establecido anteriormente que, al ciudadano F.R.R.V. le corresponden los beneficios otorgados por las convenciones colectivas de trabajo petroleras 2000-2002 y 2002-2004, y siendo que las indemnizaciones laborales se calculan de acuerdo con la normativa contractual o legal en que se fundamentan (las cuales a tenor de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo son de orden público), en función del tiempo de servicio efectivamente prestado y del salario devengado; se procederá de seguidas a determinarle el monto que debe pagársele por cada concepto reclamado y procedente en derecho, previa la comprobación de los salarios que han de tomarse en consideración para tales fines.

Ahora bien, con respecto a los salarios que deben ser tomados en cuenta para determinar el monto de las sumas de dinero que le puedan corresponder al ciudadano F.R.R.V., observa esta instancia judicial que deben ser realizados atendiendo al alcance contenido en las cláusulas 4 y 5 de la Convención Colectiva de Trabajo Petrolero 2000-2002 y 2002-2004, siendo esta última aplicable para los efectos de la liquidación por terminación de los servicios personales, y como quiera que éstos no fueron pagados conforme al mencionado contrato y la doctrina sentada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, esto es, no fueron pagados de acuerdo al salario integral, normal y básico devengado por el trabajador ni tampoco fueron calculados correctamente en el escrito de la demanda al incluirse conceptos laborales no aplicables a los salarios normal e integral, se procede a recalcular los conceptos reclamados, y para su determinación se tomarán en consideración el salario y los conceptos laborales establecidos en la Contratación Colectiva del Trabajo Petrolero 2002-2004 generados durante las últimas cuatro (4) semanas efectivamente laboradas en el sistema de guardia diurna de siete (7) días de trabajo, en jornadas ordinarias de ocho (8) horas cada una mas cuatro (4) horas extraordinarias de trabajo por siete (7) días de descanso por haberlo así confesado el ciudadano F.R.R.V., tanto en el escrito de la demanda como en su declaración de parte ante la jurisdicción, tomando como método y forma de cálculo lo dispuesto en las cláusulas 09 y 68 del texto contractual y los adelantos de prestaciones sociales pagados por la sociedad mercantil PERFORACIONES DELTA C.A., previamente pasando a determinar los diferentes salarios que deberán ser tomados en cuenta para tales fines, y lo hace de la siguiente manera:

1. - La suma de veintinueve mil trescientos treinta y tres bolívares con treinta y tres céntimos (Bs.29.333,33) como salario básico diario admitido por las partes del proceso, en el cual está incluido el bono compensatorio y ser el mas beneficioso para el trabajador.

2. - Para la estimación del salario normal, debemos tomar en consideración lo establecido en las cláusulas 4, 8, 9 y 68 del Contrato Colectivo de Trabajo Petrolero 2002-2004, esto es, se tomarán en consideración los conceptos laborales que a continuación se especificarán dado que la labor cumplida por el ciudadano F.R.R.V. se realizó bajo un sistema de guardia diurna de siete (7) días de trabajo por siete (7) días de descanso, en el horario comprendido desde las siete horas de la mañana (07:00 a.m.) hasta las siete horas de la tarde (07:00 p.m.), a saber:

   a.- El salario básico en la suma de veintinueve mil trescientos treinta y tres bolívares con treinta y tres céntimos (Bs.29.333,33) como salario básico diario admitido por las partes del proceso;

   b.- La alícuota parte de la ayuda especial única en la suma de cinco mil ciento cuarenta y dos bolívares con ochenta y cinco céntimos (Bs.5.142,85);

   c.- La alícuota parte de la comida en extensión de la jornada en la suma de un mil ochocientos treinta y tres bolívares con treinta y tres céntimos (Bs.1.833,33);

   d.- La alícuota parte del tiempo de viaje en la suma de un mil ciento noventa y cuatro bolívares con veintiocho céntimos (Bs.1.194,28) tomando en consideración el tiempo de hora y media de viaje para la ida a la Gabarra de Perforación distinguida con las siglas GP-28 y para la vuelta o llegada al mueble de la empresa;

   e.- La alícuota parte del bono dominical en la suma de dos mil noventa y cinco bolívares con veintitrés céntimos (Bs.2.095,23);

   f.- La alícuota parte de la prima dominical adicional en la suma de dos mil noventa y cinco bolívares con veintitrés céntimos (Bs.2.095,23) y;

   g.- La alícuota parte de la Comida por Extensión de Jornada en la suma de dos mil doscientos cincuenta bolívares (Bs.2.250,oo).

   Los conceptos anteriormente discriminados ascienden a la suma de cuarenta y tres mil novecientos cuarenta y cuatro bolívares con veinticinco céntimos (Bs.43.944,25).

   De manera que, el salario normal que debe tomarse en consideración a los efectos del pago de los beneficios laborales con ocasión de la culminación de la relación de trabajo, es la suma de cuarenta y tres mil novecientos cuarenta y cuatro bolívares con veinticinco céntimos (Bs.43.944,25).

3. - A los efectos de la determinación del salario integral debemos tomar en consideración lo establecido en las cláusulas 4, 8, 9 y 68 del Contrato Colectivo de Trabajo Petrolero 2002-2004, esto es, se tomarán en consideración los conceptos laborales que a continuación se especificarán dado que la labor cumplida por el ciudadano F.R.R.V. se realizó bajo un sistema de guardia diurna de siete (7) días de trabajo por siete (7) días de descanso, en el horario comprendido desde las siete horas de la mañana (07:00 a.m.) hasta las siete horas de la tarde (07:00 p.m.), es decir, siete (7) días de trabajo en jornadas ordinarias de ocho (8) horas cada una mas cuatro (4) horas extraordinarias de trabajo, a saber:

   a.- El salario normal, constituido en la suma de cuarenta y tres novecientos cuarenta y cuatro bolívares con veinticinco céntimos (Bs.43.944,25);

   b.- La alícuota parte del descanso legal en la suma de seis mil doscientos treinta y tres bolívares con ochenta y siete céntimos (Bs.6.233,87);

   c.- La alícuota parte del descanso contractual en la suma de seis mil doscientos treinta y tres bolívares con ochenta y siete céntimos (Bs.6.233,87);

   d.- La alícuota parte del descanso contractual compensatorio en la suma de seis mil doscientos treinta y tres bolívares con ochenta y siete céntimos (Bs.6.233,87);

   e.- La alícuota parte del descanso legal compensatorio en la suma de seis mil doscientos treinta y tres bolívares con ochenta y siete céntimos (Bs.6.233,87);

   f.- La alícuota parte de las cuatro (4) horas extraordinarias en la suma de catorce mil trescientos setenta y siete bolívares con quince céntimos (Bs.14.377,15);

   g.- La alícuota parte del bono vacacional ó ayuda de vacaciones en la suma de tres mil seiscientos sesenta y seis bolívares con sesenta y seis céntimos (Bs.3.666,66) el cual es obtenido tomando en consideración el salario básico devengado por el trabajador multiplicados por los cuarenta y cinco (45) días que establece el literal “b” de la cláusula 8 del Contrato Colectivo de Trabajo Petrolero y su resultado fue dividido entre los doce (12) meses del año y a la vez dividido entre treinta (30) días,;

   h.- La alícuota parte de las utilidades en la suma de catorce mil quinientos veintidós bolívares con treinta y siete céntimos (Bs.14.522,37) el cual fue obtenido tomando en consideración el monto bonificable durante el año 2003, es decir, el equivalente a ciento (120) días de salario multiplicados por el salario normal devengado por el trabajador y su resultando fue dividido entre los doce (12) meses del año y a la vez dividido entre treinta (30) días.

   Los conceptos anteriormente discriminados ascienden a la suma de ciento un mil cuatrocientos tres bolívares con noventa y tres céntimos (Bs.101.403,93), dejándose establecido que no se incluye el concepto laboral denominado “descanso convenido pernocta” para el cálculo de las prestaciones sociales por efecto de la terminación del contrato de trabajo por disposición de la cláusula 68 de la convención colectiva petrolera.

   De manera que, el salario integral que debe tomarse en consideración a los efectos del pago de los beneficios laborales con ocasión de la culminación de la relación de trabajo, es la suma de ciento un mil cuatrocientos tres bolívares con noventa y tres céntimos (Bs.101.403,93).

   Le corresponden entonces al ciudadano F.R.R.V. las siguientes sumas de dinero:

1. - Treinta (30) días por concepto de preaviso, de conformidad con lo establecido en el literal “a” ordinal 1º de la cláusula 9 del Contrato Colectivo de Trabajo Petrolero 2002-2004 en concordancia con los artículos 104 y 106 de la Ley Orgánica del Trabajo, correspondiente al período comprendido entre el día 20 de junio de 2000 hasta el día 19 de septiembre de 2003, a razón del salario integral devengado por el trabajador en la suma de de ciento un cuatrocientos tres bolívares con noventa y tres céntimos (Bs.101.403,93), lo cual asciende a la suma de tres millones cuarenta y dos mil ciento diecisiete bolívares con noventa céntimos (Bs.3.042.117,90).

2. - Noventa (90) días por concepto de antigüedad legal prevista en el literal “b” ordinal 1º de la cláusula 9 del Contrato Colectivo de Trabajo Petrolero 2002-2004, correspondiente al período comprendido entre el día 20 de junio de 2000 hasta el día 19 de septiembre de 2003, a razón del salario integral devengado por el trabajador en la suma de de ciento un cuatrocientos tres bolívares con noventa y tres céntimos (Bs.101.403,93), lo cual asciende a la suma de nueve millones ciento veintiséis mil trescientos cincuenta y tres bolívares con setenta céntimos (Bs.9.126.353,70).

3. - Cuarenta y cinco (45) días por concepto de antigüedad adicional prevista en el literal “c” ordinal 1º de la cláusula 9 del Contrato Colectivo de Trabajo Petrolero 2002-2004, correspondiente al período comprendido entre el día 20 de junio de 2000 hasta el día 19 de septiembre de 2003, a razón del salario integral devengado por el trabajador en la suma de ciento un cuatrocientos tres bolívares con noventa y tres céntimos (Bs.101.403,93), lo cual asciende a la suma de cuatro millones quinientos sesenta y tres mil ciento setenta y seis bolívares con ochenta y cinco céntimos (Bs.4.563.176,85).

4. - Cuarenta y cinco (45) días por concepto de antigüedad contractual prevista en el literal “d” ordinal 1º de la cláusula 9 del Contrato Colectivo de Trabajo Petrolero 2002-2004, correspondiente al período comprendido entre el día 20 de junio de 2000 hasta el día 19 de septiembre de 2003, a razón del salario integral devengado por el trabajador en la suma de ciento un cuatrocientos tres bolívares con noventa y tres céntimos (Bs.101.403,93), lo cual asciende a la suma de cuatro millones quinientos sesenta y tres mil ciento setenta y seis bolívares con ochenta y cinco céntimos (Bs.4.563.176,85).

5. - Cinco (05) días por concepto de vacaciones fraccionadas prevista en el literal “c” de la cláusula 8 del Contrato Colectivo de Trabajo Petrolero 2002-2004, correspondiente al período comprendido entre el día 20 de junio de 2003 hasta el día 20 de agosto de 2003, a razón del salario normal devengado por el trabajador, esto es, la suma de cuarenta y tres mil novecientos cuarenta y cuatro bolívares con veinticinco céntimos (Bs.43.944,25), lo cual asciende a la suma de doscientos diecinueve mil setecientos veintiún bolívares con veinticinco céntimos (Bs.219.721,25).

6. - Siete punto cincuenta (7,50) días por concepto de bono vacacional o ayuda de vacaciones fraccionada previsto en el literal “b” de la cláusula 8 del Contrato Colectivo de Trabajo Petrolero 2002-2004, correspondiente al período comprendido entre el día 20 de junio de 2003 hasta el día 20 de agosto de 2003, a razón del salario básico devengado por el trabajador, esto es, la suma de veintinueve mil trescientos treinta y tres bolívares con treinta y tres céntimos (Bs.29.333,33), lo cual asciende a la suma de doscientos diecinueve mil novecientos noventa y nueve bolívares con noventa y siete céntimos (Bs.219.999,97).

7. - ochenta (80) días por concepto de utilidades fraccionadas correspondientes al año 2003, a razón del salario normal devengado por el trabajador en la suma de cuarenta y tres mil novecientos cuarenta y cuatro bolívares con veinticinco céntimos (Bs.43.944,25), lo cual asciende a la suma de tres millones quinientos quince mil quinientos cuarenta bolívares (Bs.3.515.540,oo).

8. - veintiséis (26) tarjetas de comisariato prevista en el literal “a” de la cláusula 14 del Contrato Colectivo de Trabajo Petrolero 2002-2004 en concordancia con el Anexo No. 2 de la cláusula 69 ejusdem, correspondiente al período comprendido entre el día 20 de junio de 2000 hasta el día 19 de septiembre de 2003, por cuanto la sociedad mercantil PERFORACIONES DELTA C.A., no trajo a las actas del expediente prueba alguna tendiente a desvirtuar la improcedencia de la pretensión sobre la ficha de comisariato, esto es, el pago o el hecho extintivo de la obligación, en virtud del mandato legal contenido en los artículos 135 y 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a razón de la ciento cincuenta mil bolívares (Bs.150.000,oo), lo cual asciende a la suma de tres millones novecientos mil bolívares (Bs.3.900.000,oo).

9. - Tres (3) días pendientes, a razón del salario normal devengado por el trabajador en la suma de cuarenta y tres mil novecientos cuarenta y cuatro bolívares con veinticinco céntimos (Bs.43.944,25), lo cual alcanza a la suma de ciento treinta y un mil ochocientos treinta y dos bolívares con setenta y cinco céntimos (Bs.131.832,75).

   No se incluye las indemnizaciones que le pudieran corresponder al ciudadano F.R.R.V. por efecto de la aplicación del artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo habida consideración que se encuentran incluidas en las indemnizaciones contractuales establecidas en la cláusula 9 del Contrato Colectivo de Trabajo Petrolero, tal como lo prevé su Nota de Minuta No. 5 en su ordinal 3º ibidem, dejándole a salvo el ejercicio de las acciones que puedan corresponderle conforme al derecho común.

   Todos estos conceptos ascienden a la suma de veintinueve millones doscientos ochenta y un mil novecientos diecinueve bolívares con cincuenta céntimos (Bs.29.281.919,50), lo cual hay que descontarle la suma de dieciséis millones ciento cuarenta y cinco mil quinientos setenta bolívares con cincuenta y ocho céntimos (Bs.16.145.570,58) reconocidos por la parte actora tanto en el escrito de la demanda como en la audiencia de juicio oral y pública, siendo en consecuencia que estos pagos realizados productos de la relación de trabajo deben tenerse como un adelanto de sus prestaciones sociales, tal como lo expresa el artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, cuando estatuye que el pago recibido se considerará como un anticipo de lo que en definitiva le corresponda al terminar la relación de trabajo, lo cual hace un total a favor del ciudadano F.R.R.V., de la suma de trece millones ciento treinta y seis mil trescientos cuarenta y ocho bolívares con noventa y dos céntimos (Bs.13.136.348,92), y como quiera que a partir del 01 de enero de 2008 entró en vigencia la Ley de Reconversión Monetaria, lo cual implica que esta suma de dinero debe dividirse entre un mil bolívares (Bs.1000,oo), es evidente que de una simple operación aritmética nos da un total de la suma de trece mil ciento treinta y seis bolívares con treinta y cuatro céntimos (Bs.13.136,34) los cuales deben ser pagados por la sociedad mercantil PERFORACIONES DELTA C.A. solidariamente con la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A. Así se decide.

   Con relación a la diferencia de salarios reclamadas, esta instancia judicial los considera procedente habida consideración que no existen en las actas del expediente que la sociedad mercantil PERFORACIONES DELTA C.A., haya traído algún medio de prueba para desvirtuarla, esto es, que haya probado el pago o el hecho extintivo de la obligación. Sin embargo, para el cálculo de los mismos, vale decir, la obtención de las sumas de dinero específicas que le corresponden al ciudadano F.R.R.V., esto se logrará a través de la designación de un perito contable, mediante una experticia complementaria del fallo, tomando en cuenta los siguientes hechos:

1. - El sistema de guardia diurna de siete (7) días de trabajo por siete (7) días de descanso, en el horario comprendido desde las siete horas de la mañana (07:00 a.m.) hasta las siete horas de la tarde (07:00 p.m.), es decir, siete (7) días de trabajo en jornadas ordinarias de ocho (8) horas cada una mas cuatro (4) horas extraordinarias de trabajo;

2. - Los conceptos laborales que serán pagados por efectos del sistema de guardia diurna de siete (7) días de trabajo por siete (7) días de descanso, son los siguientes:

   a.- Siete (7) días de salario básico por tiempo ordinario;

   b.- Veintiocho (28) días por horas extraordinarias de trabajo;

   c.- Un (1) día de salario normal por descanso legal;

   d.- Un (1) día de salario normal por descanso contractual;

   e.- Un (1) día de salario normal por descanso legal compensatorio;

   f.- Un (1) día de salario normal por descanso contractual compensatorio;

   g.- Medio (1/2) día de salario básico por prima dominical;

   h.- Medio (1/2) día de salario básico por prima dominical adicional;

   i.- Siete (7) días de salario normal por descanso convenidos pernocta;

   j.- Una hora y media (1 1/2) de tiempo de viaje;

   k.- Comida por extensión de jornada;

   l.- Media (1/2) hora de reposo y comida;

   m.- Ayuda de ciudad.

3. - El método de cálculo se realizará conforme lo establece el numeral 4 de la cláusula 68 del Contrato Colectivo de Trabajo Petrolero 2000-2002 y 2002-2004, en cuanto le sean aplicables, tomándose en cuenta los salarios básicos devengados por el ciudadano F.R.R.V. durante la relación de trabajo y que constan en los documentos denominados “Recibos de Pago”.

4. - se tomarán en cuenta las siguientes semanas:

   a.- desde el día 20 de junio de 2000 hasta el día 27 de junio de 2000; desde el día 28 de junio de 2000 hasta el día 11 de julio de 2000; desde el día 12 de julio de 2000 hasta el día 25 de julio de 2000; desde el día 26 de julio de 2000 hasta el día 08 de agosto de 2000; desde el día 09 de agosto de 2000 hasta el día 22 de agosto de 2000; desde el día 23 de agosto de 2000 hasta el día 05 de septiembre de 2000; desde el día 06 de septiembre de 2000 hasta el día 19 de septiembre de 2000; desde el día 20 de septiembre de 2000 hasta el día 03 de octubre de 2000; desde el día 04 de octubre de 2000 hasta el día 17 de octubre de 2000; desde el día 18 de octubre de 2000 hasta el día 31 de octubre de 2000; desde el día 01 de noviembre de 2000 hasta el día 14 de noviembre de 2000; desde el día 15 de noviembre de 2000 hasta el día 28 de noviembre de 2000; desde el día 29 de noviembre de 2000 hasta el día 12 de diciembre de 2000; desde el día 13 de diciembre de 2000 hasta el día 26 de diciembre de 2000.

   b.- desde el día 27 de diciembre de 2000 hasta el día 09 de enero de 2001; desde el día 10 de enero de 2001 hasta el día 23 de enero de 2001; desde el día 24 de enero de 2001 hasta el día 06 de febrero de 2001; desde el día 07 de febrero de 2001 hasta el día 20 de febrero de 2001; desde el día 21 de febrero de 2001 hasta el día 06 de marzo de 2001; desde el día 07 de marzo de 2001 hasta el día 20 de marzo de 2001; desde el día 21 de marzo de 2001 hasta el día 04 de abril de 2001; desde el día 05 de abril de 2001 hasta el día 18 de abril de 2001; desde el día 19 de abril de 2001 hasta el día 02 de mayo de 2001; desde el día 03 de mayo de 2001 hasta el día 16 de mayo de 2001; desde el día 17 de mayo de 2001 hasta el día 30 de mayo de 2001; desde el día 31 de mayo de 2001 hasta el día 13 de junio de 2001; desde el día 14 de junio de 2001 hasta el día 27 de junio de 2001; desde el día 28 de junio de 2001 hasta el día 11 de julio de 2001; desde el día 12 de julio de 2001 hasta el día 25 de julio de 2001; desde el día 26 de julio de 2001 hasta el día 08 de agosto de 2001; desde el día 09 de agosto de 2001 hasta el día 22 de agosto de 2001; desde el día 23 de agosto de 2001 hasta el día 05 de septiembre de 2001; desde el día 06 de septiembre de 2001 hasta el día 19 de septiembre de 2001; desde el día 20 de septiembre de 2001 hasta el día 04 de octubre de 2001; desde el día 05 de octubre de 2001 hasta el día 18 de octubre de 2001; desde el día 19 de octubre de 2001 hasta el día 01 de noviembre de 2001; desde el día 02 de noviembre de 2001 hasta el día 15 de noviembre de 2001; desde el día 16 de noviembre de 2001 hasta el día 29 de noviembre de 2001; desde el día 30 de noviembre de 2001 hasta el día 13 de diciembre de 2001; desde el día 14 de diciembre de 2001 hasta el día 27 de diciembre de 2001;

   c.- desde el día 28 de diciembre de 2001 hasta el día 10 de enero de 2002; desde el día 11 de enero de 2002 hasta el día 24 de enero de 2002; desde el día 25 de enero de 2002 hasta el día 08 de febrero de 2002; desde el día 09 de febrero de 2002 hasta el día 22 de febrero de 2002; desde el día 23 de febrero de 2002 hasta el día 07 de marzo de 2002; desde el día 08 de marzo de 2002 hasta el día 21 de marzo de 2002; desde el día 22 de marzo de 2002 hasta el día 04 de abril de 2002; desde el día 05 de abril de 2002 hasta el día 18 de abril de 2002; desde el día 19 de abril de 2002 hasta el día 02 de mayo de 2002; desde el día 03 de mayo de 2002 hasta el día 16 de mayo de 2002; desde el día 17 de mayo de 2002 hasta el día 30 de mayo de 2002; desde el día 31 de mayo de 2002 hasta el día 13 de junio de 2002; desde el día 14 de junio de 2002 hasta el día 27 de junio de 2002; desde el día 28 de junio de 2002 hasta el día 11 de julio de 2002; desde el día 12 de julio de 2002 hasta el día 25 de julio de 2002; desde el día 26 de julio de 2002 hasta el día 08 de agosto de 2002; desde el día 09 de agosto de 2002 hasta el día 22 de agosto de 2002; desde el día 23 de agosto de 2002 hasta el día 05 de septiembre de 2002; desde el día 06 de septiembre de 2002 hasta el día 19 de septiembre de 2002; desde el día 20 de septiembre de 2002 hasta el día 03 de octubre de 2002; desde el día 04 de octubre de 2002 hasta el día 17 de octubre de 2002; desde el día 18 de octubre de 2002 hasta el día 31 de octubre de 2002; desde el día 01 de noviembre de 2002 hasta el día 14 de noviembre de 2002; desde el día 15 de noviembre de 2002 hasta el día 28 de noviembre de 2002; desde el día 29 de noviembre de 2002 hasta el día 12 de diciembre de 2002; desde el día 13 de diciembre de 2002 hasta el día 26 de diciembre de 2002;

   No debe incluirse el período comprendido entre el día 26 de marzo de 2002 hasta el día 23 de abril de 2002, ambas fechas inclusive, por encontrarse disfrutando de sus vacaciones legales.

   d.- desde el día 27 de diciembre de 2002 hasta el día 09 de enero de 2003; desde el día 10 de enero de 2003 hasta el día 23 de enero de 2003; desde el día 24 de enero de 2003 hasta el día 06 de febrero de 2003; desde el día 07 de febrero de 2003 hasta el día 20 de febrero de 2003; desde el día 21 de febrero de 2003 hasta el día 06 de marzo de 2003; desde el día 07 de marzo de 2003 hasta el día 20 de marzo de 2003; desde el día 21 de marzo de 2003 hasta el día 04 de abril de 2003; desde el día 05 de abril de 2003 hasta el día 18 de abril de 2003; desde el día 19 de abril de 2003 hasta el día 01 de mayo de 2003; desde el día 02 de mayo de 2003 hasta el día 15 de mayo de 2003; desde el día 16 de mayo de 2003 hasta el día 29 de mayo de 2003; desde el día 30 de mayo de 2003 hasta el día 12 de junio de 2003; desde el día 13 de junio de 2003 hasta el día 26 de junio de 2003; desde el día 27 de junio de 2003 hasta el día 10 de julio de 2003; desde el día 11 de julio de 2003 hasta el día 24 de julio de 2003; desde el día 25 de julio de 2003 hasta el día 07 de agosto de 2003; desde el día 08 de agosto de 2003 hasta el día 21 de agosto de 2003; desde el día 22 de agosto de 2003 hasta el día 04 de septiembre de 2003; desde el día 05 de septiembre de 2003 hasta el día 18 de septiembre de 2003 y el día 19 de septiembre de 2003.

5. - Efectuada dicha operación, el experto deberá descontarle a la suma que arroje dicha experticia, la cantidades de dinero que fueron recibidas por el ciudadano F.R.R.V. durante toda la relación de trabajo, y serán aquellos que se señalen en la contabilidad de la sociedad mercantil PERFORACIONES DELTA C.A., pues ella tiene la carga probatorio respecto a los mismos y, en caso contrario, se realizarán las deducciones en los documentos denominados “Recibos de Pagos”. Así se decide.

6. - Esta experticia complementaria del fallo con la designación de un experto contable que acordarán las partes de común acuerdo o en su defecto será nombrado por el Tribunal, y en caso de que las partes no dispongan de recursos económicos para la realización de la experticia en referencia, se tendrá en consideración el nombramiento de un experto funcionario público, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 94 y 95 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y aplicando el método de calculo ampliamente expuesto. Así se decide.

   Con relación a la demora en el pago de las prestaciones sociales que le pudieran corresponder al ciudadano F.R.R.V., prevista en la cláusula 65 y el numeral 11º de la cláusula 69 del Contrato Colectivo de Trabajo Petrolero 2002-2004, considera esta instancia judicial que los mismos son improcedente, pues las sumas de dinero reclamadas por el pago o diferencias de prestaciones sociales no fueron verificadas por el Centro de Atención Integral de Contratistas de Relaciones Laborales de la sociedad mercantil PDVSA, PETRÓLEO S.A, así como tampoco quedó demostrado en el proceso que la falta de pago de estas prestaciones y/o diferencias fueran concebidas por razones imputadas a la contratista, siendo estos requisitos concurrentes y de fiel cumplimiento para su procedencia.

   Además la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de No. 1666 de fecha 30 de julio de 2007, caso: L.F.M. contra la sociedad mercantil INTERNATIONAL LOGGING SERVICIOS S.A., con ponencia del Magistrado Dr. L.E.F.G. y en sentencia No. 230 de fecha 04 de marzo de 2008, caso: H.S.B.P. contra la sociedad mercantil TBC BRINADD DE VENEZUELA C.A., con ponencia del Magistrado Dr. J.R.P., dejaron sentado que la penalidad establecida en la citadas cláusulas sólo procede en los casos de ausencia de la liquidación; no así, en el supuesto en que realice un pago parcial de lo adeudado, aunque se discutan los conceptos laborales incluidos en dicha liquidación y sus montos.

   En ese sentido, se ratifica una vez más, la improcedencia de las sumas de dinero reclamadas por este concepto laboral. Así se decide.

   Con respecto a las horas extraordinarias de trabajo reclamadas por el ciudadano F.R.R.V. por estar a disposición de la sociedad mercantil PERFORACIONES DELTA C.A., las doce (12) horas restantes cuando realizaba el turno por guardia diurna, por lo que, éste último le debía la cantidad de cinco mil ochocientas ochenta (5880) horas extraordinarias trabajadas entre el inicio y culminación de la relación de trabajo, ascendiendo a la suma de cuarenta y un millones seiscientos diez mil setecientos cincuenta y nueve bolívares (Bs.41.610.759,oo), esta instancia judicial observa lo siguiente

   Establece el artículo 189 de la Ley orgánica del Trabajo, lo siguiente:

   Se entiende por jornada de trabajo el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrono y no puede disponer libremente de su actividad y de sus movimientos.

   Se considera que el trabajador está a disposición del patrono desde el momento en que llega al lugar donde deba efectuar su trabajo, o donde deba recibir órdenes o instrucciones respecto al trabajo que se ha de efectuar en cada día hasta que pueda disponer libremente de su tiempo y de su actividad

   . (Negrillas son de la jurisdicción).

   Por su parte, el artículo 79 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, prevé lo siguiente:

   Se entiende por jornada ordinaria de trabajo, el tiempo durante el cual, de modo normal o habitual, el trabajador o trabajadora se encuentra a disposición del patrono o patrona, en los términos del artículo 189 de la Ley orgánica del Trabajo. No se considerará parte de la jornada ordinaria, el trabajo ejecutado en sobretiempo de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Trabajo

   . (Negrillas son de la jurisdicción).

   De las normas transcritas anteriormente, se desprende que el trabajador a disposición o al servicio del patrono, debe interpretarse en el sentido de que éste debía estar en todo tiempo a la orden de aquél sin disponer libremente de su tiempo y realizar sus actividades personales, para el caso de que hubiese necesidad de que trabajase algún tiempo extraordinario, caso en el cual tiene derecho a reclamar ese tiempo extra de trabajo, previa comprobación de haber sido realmente trabajado.

   En ese sentido, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No. 832, de fecha 21 de julio de 2004, caso: F.L.M. Y OTROS contra la sociedad mercantil AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA C.A, con ponencia del Magistrado Dr. J.R.P., estableció que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley Orgánica del Trabajo, se entendía por jornada de trabajo efectiva el tiempo durante el cual el personal está a disposición del patrono y no puede disponer libremente de su tiempo y realizar sus actividades personales. La frase legal el trabajador está a disposición del patrono debía interpretarse en el sentido de que el trabajador debía estar en la oficina, taller, hospital o sitio donde normalmente cumple su jornada ordinaria de trabajo. En este caso la hora de trabajo debe remunerarse como se remunera la jornada efectiva de trabajo, y si está fuera de los límites legales o convencionales de la jornada, debe remunerarse como hora extraordinaria de trabajo.

   En el caso sometido a esta jurisdicción, efectivamente el ciudadano F.R.R.V. cumplía un sistema de trabajo diurno de siete (7) días de trabajo por siete (7) días de descanso, y en la oportunidad que se encontraba laborando dentro de las instalaciones de la gabarra de perforación distinguida con las siglas GP-28, tenía una jornada efectiva de trabajo de doce (12) horas y un descanso de doce (12) horas continuas. De manera que, si bien es cierto tenía una limitación para la realización de sus actividades, también es cierto que ello no traduce que se encontraba a disposición de su patrono, habida consideración que podía disponer libremente de ese tiempo, pues como se dijo anteriormente, se encontraba en el descanso de la jornada de trabajo ordinaria diurna ya que dentro de las instalaciones de la gabarra perforación existía otro obrero en mecánica para cubrir la otra guardia (léase: nocturna), tal como se desprende de su declaración en la audiencia de juicio oral, pública y contradictoria.

   Distinto hubiese sido el caso, si el ciudadano F.R.R.V. hubiese realizado su labor en el turno diurno y no hubiese otra persona que realizara el turno siguiente, en cuyo caso, si le hubiera correspondido la remuneración de las otras doce (12) horas como horas efectivas de trabajo, incluso como horas extraordinarias de trabajo, pues sencillamente se encontraba a disposición de su patrono, es decir, tendría que prestar el servicio para el cual fue contratado. Hecho éste que no se encuentra probado en las actas procesales del expediente, más aún cuando esta instancia judicial ordenó en el cuerpo de este fallo, el pago por concepto de “descansos convenidos por pernocta”, lo que quiere decir que, ese pago de las doce (12) horas ocurridas después de la jornada ordinaria se encuentra incluido dentro de ese concepto laboral. Así se decide.

   Habiéndose determinado que el ciudadano F.R.R.V. no se encontraba a disposición de la sociedad mercantil PERFORACIONES DELTA C.A., dentro de las instalaciones de la gabarra de perforación distinguidas con las siglas GP-28 durante su jornada de descanso una vez culminada la prestación del servicio, en el turno diurno, y habiendo esta última negado enfáticamente la ocurrencia de las horas extraordinarias reclamadas, tal postura procesal se traduce en el hecho que estamos en presencia de rechazos que se agotan en sí mismos y opuestos a condiciones distintas de las legales, es decir, conceptos laborales extraordinarios a los beneficios percibidos en forma habitual durante la vigencia de la relación laboral, por lo que en aplicación a lo establecido en los artículos 135 y 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, le correspondía al reclamante probar la procedencia de tales afirmaciones. Hecho éste que no ocurrió en este asunto, esto es, que no probó que efectivamente hubiese prestado el servicio durante sus horas de descanso, trayendo como consecuencia jurídica que lo peticionado por él debe declararse improcedente en virtud de ser contraria a la ley y la jurisprudencia. Así se decide.

   Así mismo se ordena a la sociedad mercantil PERFORACIONES DELTA C.A. solidariamente con la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A., a pagar los intereses moratorios debidos por la falta oportuna en el pago de las prestaciones sociales y diferencias salariales adeudadas al ciudadano F.R.R.V., para el momento de la terminación de la relación de trabajo, esto es, el día 19 de septiembre de 2003, tal como lo preceptúa el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la jurisprudencia sentada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No. 230 de fecha 04 de marzo de 2008, caso: H.S.B.P. contra la sociedad mercantil TBC BRINADD DE VENEZUELA C.A., con ponencia del Magistrado Dr. J.R.P., en concordancia con el literal “c” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual para su examen tomará en cuenta la tasa promedio entre la activa y pasiva señalados por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país y para efectuar dicho computo, ello debe hacerse desde el día 19 de septiembre de 2003, fecha de la culminación de trabajo hasta el día de la ejecución del presente fallo, entendiéndose éste como la oportunidad del efectivo pago, excluyéndose del mismo el lapso en que el proceso se encontraba suspendido por acuerdo entre las partes o haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas, es decir, caso fortuito o fuerza mayor como vacaciones judiciales o huelgas tribunalicias, y los mismos se determinarán mediante una experticia complementaria del fallo con la designación de un experto contable que acordarán las partes de común acuerdo o en su defecto será nombrado por el Tribunal, y en caso de que las partes no dispongan de recursos económicos para la realización de la experticia en referencia, se tendrá en consideración el nombramiento de un experto funcionario público, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 94 y 95 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y aplicando el método de calculo ampliamente expuesto. Así se decide.

   Se ordena, el ajuste o corrección monetaria de las sumas de dinero demandadas y condenadas a pagar por concepto de prestaciones sociales y diferencias salariales, el cual para su examen tomará en cuenta los índices inflacionarios señalados por el Banco Central de Venezuela, desde el vencimiento del decreto de ejecución voluntaria hasta su materialización, entendiéndose este último, la oportunidad del pago real y efectivo, tal como lo establece el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y para su examen deberán excluirse los lapsos sobre los cuales se paralizara la causa por acuerdo entre las partes, hechos fortuitos o fuerza mayor como vacaciones judiciales o huelgas tribunalicias, muerte de un único apoderado, por fallecimiento del Juez, o de alguna de las partes o por demoras del proceso imputables al demandante; y los mismos se determinarán mediante una experticia complementaria del fallo con la designación de un experto contable que acordará las partes de común acuerdo o en su defecto será nombrado por el Tribunal, cuyos honorarios correrán por cuenta de las sociedades mercantiles PERFORACIONES DELTA C.A., y PDVSA, PETRÓLEO S.A., tal como lo ha indicado la jurisprudencia reiterada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.

   A los fines de salvaguardar y preservar los derechos que le corresponden a la República Bolivariana de Venezuela en este proceso, se ordena la notificación al Procurador General de la República conforme lo estatuye el artículo 95 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de la Procuraduría General de la República en concordancia con el artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, suspendiéndola a partir de la publicación de este fallo, hasta tanto conste en las actas del expediente el acuse de recibo de la notificación y el vencimiento del lapso de treinta (30) días al cual se contrae la norma en cuestión. Así se decide.

   DISPOSITIVA

   Por los razonamientos anteriormente vertidos, este TRIBUNAL NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:

   IMPROCEDENTE la excepción de fondo relativa a la PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN LABORAL denunciada por la sociedad mercantil PDVSA, PETRÓLEO S.A.

   PARCIALMENTE PROCEDENTE la demanda que por COBRO DE BOLÍVARES POR DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES y OTROS CONCEPTOS LABORALES sigue el ciudadano F.R.R.V. contra las sociedades mercantiles PERFORACIONES DELTA C.A y PDVSA, PETRÓLEO S.A. En consecuencia se condena a la parte demandada a pagar las siguientes cantidades de dinero:

la suma de trece mil ciento treinta y seis bolívares con treinta y cuatro céntimos (Bs.13.136,34) por los conceptos de diferencia de prestaciones sociales, discriminados y determinados en el cuerpo de este fallo.

Las sumas de dinero por concepto de diferencia salarial por efecto de la aplicación del sistema de trabajo diurno de siete (07) días de trabajo por siete (07) días de descanso que arroje la experticia complementaria del fallo ordenada, en la forma ordenada en el cuerpo de este fallo

Los intereses moratorios y el ajuste o corrección monetaria de las sumas de dinero condenadas a pagar en los particulares primero y segundo de este fallo, por concepto de diferencia de prestaciones sociales y salariales, en la forma indicada en el cuerpo de este fallo.

Se exime a la parte demandada de pagar los costos y costas en el presente proceso por no haber vencimiento total de la controversia de conformidad con el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Se ordena la notificación al Procurador General de la República conforme lo estatuye el artículo 95 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de la Procuraduría General de la República en concordancia con el artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo suspendiendo la causa a partir de la publicación de este fallo, tal como se expresó en el cuerpo de este fallo.

Se hace constar que el ciudadano F.R.R.V. estuvo debidamente representado judicialmente por los profesionales del derecho ciudadanos P.D.C., N.C.M., M.V. y J.G.O. inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo matriculas Nos. 64.695, 47.801, 84.380 y 90.593, domiciliados en el municipio Cabimas del Estado Zulia, la sociedad mercantil PERFORACIONES DELTA C.A., fue representada en el proceso por los profesionales del derecho M.G., M.G., M.L.I. y M.C., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo matriculas 43.348, 117.923, 110.718 y 112.214, domiciliados en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia y la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A., fue representada en el proceso por las profesionales del derecho J.C.M., A.J. VELÁSQUEZ, M.B., A.C.P., J.A.M., J.M. y H.V.C., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo matriculas 103.252, 92.832, 89.035, 83.493, 92.570, 83.492 y 32.406, domiciliadas en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia.

Déjese copia certificada por secretaría del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

REGÍSTRESE y PUBLÍQUESE.

Dada firmada y sellada en la Sala del Despacho del TRIBUNAL NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Cabimas, a los catorce (14) días del mes de abril del año dos mil ocho (2008). Años 197° de la Independencia y 149° de la Federación.

El Juez,

A.J.S.R.

El Secretario

RAFAEL HIDALGO NAVEA

En la misma fecha, siendo las diez horas de la mañana (10:00 a.m.) se publicó el fallo que antecede previo los anuncios de ley por el Alguacil del Tribunal, quedando registrada bajo el No. 270-2008.

El Secretario

RAFAEL HIDALGO NAVEA