Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, con competencia para el Régimen Procesal Transitorio de Portuguesa (Extensión Guanare), de Noviembre 02, 2011

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RESUMEN

DISPOSITIVO Por las razones expuestas en la motiva, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, con sede en Guanare, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el MINISTRIO DEL ... (ver resumen completo)

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Juicio de la Coordinación Laboral del Estado Portuguesa

Guanare, dos de noviembre de dos mil once

201º y 152º

ASUNTO: PP01-R-2011-000044

SENTENCIA DEFINITIVA

RECURRENTE: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD.

RECURRIDA: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 00666-2010, de fecha 14/12/2010, contenida en el expediente Nº 029-2010-01-00498, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO PORTUGUESA, SEDE GUANARE.

APODERADOS JUDICIAL DE LA PARTE RECURRENTE: Abogado TRINO RAFAEL GUILARTE MUJICA, SHAIL GUSROSY HERNÁNDEZ DELFIÍN, CARLOS ALEJANDRO PICCININ CALDERO, MARIBEL GONZÁLEZ MANZANERO y ANGELICA ROSA NAVARRO FALCÓN, respectivamente titulares de las cédulas de identidad Nros. 4,597.070, 15.173.288, 13.520.474, 5.820.889 y 18.320.387, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nros. 72.613, 107.662, 85.911, 40.866 y 141.089.

MOTIVO: RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO.

Se inicia la presente causa con un Recurso de Nulidad, interpuesto por la MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD, contra la PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 00666-2010, de fecha 14/12/2010, contenida en el expediente Nº 029-2010-01-00498, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO PORTUGUESA, SEDE GUANARE, la cual fue presentada en fecha 24/03/2010, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), asignado a este Juzgado Tercero de Primera Instancia Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa (f. 26 al 27), juzgado que remite el mismo a en fecha 24/03/2011 a este Juzgado Primero de Primera Instancia Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa (f. 28), siendo recibido en fecha 25/04/2011 (f. 29) y admitido en cuanto ha lugar en derecho de conformidad con lo estatuido en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, ordenándose notificar al Procurador General de la República, Fiscal General de la República e Inspector del Trabajo del estado Portuguesa (f. 30 al 32).

Hechos solicitados a favor de la parte recurrente, contenidos en el escrito libelar:

• Que estando dentro del término legal previsto en su aparte 19, formalmente interpongo RECURSO DE NULIDAD contra el acto administrativo de efectos particulares constituido por la PROVTDENCIA ADMINISTRATIVA N° 00666-2.010, EXPEDIENTE N° 029-2.010-01-00498 de Fecha 14 de Diciembre del año Dos Mil Diez (2010), notificada a nuestra mandante en fecha 03 de Marzo de 2.011, emanada de la Inspectoría del Trabajo de la ciudad de Guanare, mediante la cual .se declaro CON LUGAR la solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos, interpuesta por los ciudadanos; NOGUERA NOEL DAVID, DANIEL JOSUE MORILLO ARABELA, FRANCISCO ARTURO ROSALES ORELLANA, EVELIO JAVIER FREITEZ GONZÁLEZ, CARLOS ALBERTO MIRABAL, CAVADIA RONALD RAFAEL, JOSÉ ÁNGEL CASTILLO, JUAN GABRIEL LAMAS, JOSÉ ALEJANDRO VALERA y ALBURJAS BASTIDAS YILBER RAFAEL, titulares de la cedula de identidad Nros. 12.008.337, 17.618.835, 18.102.813, 16.647.593, 14.570.591, 18.102.909, 19.467.580, 17.259.395, 19.757.026, 14.865.858, en virtud de los vicios que contiene el referido acto administrativo que apuntan a determinar su nulidad absoluta, fundamentando el presente recurso en los particulares siguientes:

• PRIMERO: Corre inserto a los autos del Expediente Administrativo N° 029-2010-01-00498 correspondiente a los folios desde el 41 al 75 inclusive, documentales que prueban fehacientemente el cobro de las prestaciones sociales causadas por el servicio prestado correspondiente a los ciudadanos reclamantes, hechos que la Doctrina Jurisprudencial considera como una "Renuncia Tacita" al derecho al reenganche del que pudiere gozar el trabajador, puesto que la voluntaria aceptación del pago de las prestaciones sociales se interpreta como una terminación de la relación laboral, un criterio reiterado y pacifico de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, según Sentencia N° 1489 de fecha 28 de junio de 2002 y la Sentencia N° 07- 0439 de fecha 01 de junio de 2007. Estableciendo que es una clara manifestación de aceptación de la finalización de la relación de trabajo por parte del trabajador, el hecho de que este ultimo acepte el pago de sus prestaciones sociales.

• SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, denuncio la nulidad de la providencia administrativa recurrida, por haber incurrido en la violación del numeral 1° del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referente al debido proceso, por cuanto al momento de practicarse la respectiva notificación del procedimiento administrativo llevado ante la Inspectoría del Trabajo, debió realizarse ante la Dirección Regional de Salud del Estado Portuguesa, siendo esta, el órgano facultado para ejercer la representación administrativa y judicial en estos casos. En este sentido, tenemos que la notificación administrativa practicada por la Inspectoría del Trabajo en el presente caso, se realizo mediante una flagrante violación a lo establecido en el ordenamiento jurídico venezolano, particularmente, en los artículos 51 y 52 de la Ley Orgánica del Trabajo. De los artículos referidos se evidencia que en el caso bajo estudio, la Inspectoría del Trabajo no cumplió cabalmente con la notificación de la accionada, pues el funcionario que fue objeto de la notificación no tenía ni tiene facultad expresa para representar en sede administrativa ni judicial al Ministerio del Poder Popular para la Salud, a través de la Dirección Regional de Salud; pues como se puede evidenciar de manera fehaciente del contenido de la providencia administrativa anteriormente identificada, consta que la diligencia del funcionario notificador deja constancia de haber sido practicada en la persona de la ciudadana María Barrios, titular de la cedula de identidad N° 9,255.303, quien se desempeña como auxiliar de oficina. De allí podemos inferir, que desde su inicio el acto administrativo que dio lugar a la decisión de la Inspectoría presenta vicios procesales que violentan el ordenamiento jurídico vigente, particularmente el derecho a la defensa y el debido proceso pautado en el artículo 49 de la Constitución Nacional, dejando en un total y absoluto estado de indefensión a la República por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Salud, en razón de lo expuesto se solicita la NULIDAD ABSOLUTA de la providencia administrativa up supra.

• TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Organiza de Procedimientos Administrativos, denuncio la nulidad de la Providencia Administrativa recurrida, por violación del artículo 18, numeral 5 ejusdem, por haber incurrido en el vicio de falso supuesto de derecho, por la falsa aplicación de los artículos 98 y 99 de la Ley Orgánica del Trabajo. En efecto, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, si bien no se refiere directamente a "los motivos", lo hace indirectamente cuando expresa: “Todo acto administrativo deberá contener: expresión sucinta de los hechos, de las razones que hubieren sido alegadas y de los fundamentos legales pertinentes" (articulo 18, numeral 5). Se establece que "los motivos" del acto administrativo son pues, tanto supuestos de hecho como de derecho, es decir, los preceptos legales aplicables a aquellos. En el caso que nos ocupa, los accionantes ingresaron al PROGRAMA PLAN BICENTENARIO DE CONTROL DE VECTORES 2010, el cual consistió en la implementación de fumigaciones en todo el territorio nacional, por un lapso no mayor de seis (06) meses. En tal sentido, se requirió la contratación por seis (06) meses a tiempo determinado y sin prorrogas de cinco mil (5.000) personas, a los fines de ejecutar las labores de fumigación, la cual se haría a través de la Dirección de Salud Ambiental (según punto de cuenta N° 006-2010, de fecha 25-03-2010, presentado por la Dra. EUGENIA SADER CASTELLANOS, presidenta de la Fundación Misión Barrio Adentro a Miembros del Consejo Directivo), hoy Ministra del Poder Popular par la salud.

• CUARTO: Que para el supuesto negado de que se declare la improcedencia del falso supuesto de derecho alegado en el particular segundo, a todo evento y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, denuncia la nulidad de la Providencia Administrativa objeto del presente recurso, por violación del artículo 18, numeral 5, en concordancia con los artículo 12 y 243, ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, en razón de haber incurrido el autor del acto en falso supuesto de hecho.

• QUINTO: Que la Providencia Administrativa objeto del presente recurso, dejó en estado de indefensión a la República, cuando en el punto quinto de su decisión estableció lo siguiente: “Contra la presente decisión el interesado podrá ejercer el Recurso de Nulidad dentro de los ciento ochenta (180) días continuos contados a partir de su notificación ante los Tribunales competentes de conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Administrativa, Gaceta Oficial Nº 39.447 de fecha 16 de junio de 2010”. Evidentemente del texto anteriormente citado se desprende que la decisión indica un órgano jurisdiccional absolutamente distinto al que por mandato de la doctrina jurisprudencial, le es competente a la jurisdicción laboral, de acuerdo a la sentencia N° 955 de fecha veintitrés (23) de Septiembre de Dos Mil Diez (2010), ratificada en fecha 25 de febrero de dos mil once emanada de Sala Constitucional, según Expediente N° 11.0048, con ponencia del Magistrado Juan José Mendoza Jover, vale decir, que la providencia administrativa incurre en una violación del articulo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos...

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