Decisión nº 1072 de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 16 de Mayo de 2013
| Fecha de Resolución | 16 de Mayo de 2013 |
| Emisor | Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo |
| Ponente | Miguel Angel Colmenares Chacon |
| Procedimiento | Accidente De Trabajo |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA
San Cristóbal, jueves 16 de mayo del 2013
203º y 154º
Asunto: SP01-L-2012-000167
Vista la diligencia presentada en fecha 15 de mayo del corriente, por la abogada M.G.M., inscrita en el Inpreabogado bajo el n.º 78.746, coapoderada judicial de la sociedad mercantil Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), mediante la cual solicita la suspensión de la presente causa en virtud de el proceso de intervención ordenado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela N.M.M., mediante el decreto n. ° 21 de fecha 24.4.2013 publicado en la Gaceta Oficial n. ° 40.153 de la misma fecha, este juzgador considera menester a.l.p.d. la misma de conformidad con el criterio pacífico y reiterado de nuestro M.T. de la República, en cuanto a la suspensión de los procesos judiciales en curso, llevados en contra de los entes públicos intervenidos de conformidad con la Constitución y el ordenamiento jurídico venezolano.
En fecha 24.4.2013 el presidente de la República dictó el decreto n. ° 21, mediante el cual ordena en su artículo 1° y 3°, lo siguiente:
Artículo 1°: Se ordena la intervención de la Sociedad Mercantil Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), Empresa del Estado adscrita al Ministerio del Poder Popular para la energía Eléctrica (sic)»…
Artículo 3°: El proceso de intervención de la Sociedad Mercantil Corporación Eléctrica Nacional, S.A. (CORPOELEC), a que se refiere el presente Decreto, se efectuará en un lapso de seis (6) meses contado a partir de la publicación del presente Decreto, sin perjuicio de las otras formalidades que deban cumplirse conforme al ordenamiento jurídico vigente (sic).
De acuerdo a las normas anteriormente transcritas, corresponde analizar el criterio de nuestra Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sobre la suspensión de las causas en las cuales son parte los entes públicos o de carácter privado que prestan un servicio público en situación de intervención, en el discurrir de un proceso judicial llevado en su contra, a propósito de lo decidido en sentencia n. ° 899 de fecha 2 de agosto del año 2000, de la cual se cita lo que sigue:
De las circunstancias que anteceden, así como del contenido de las disposiciones transcritas, se desprende que, en el caso de la sociedad mercantil CORPORACIÓN MIRANDA S.A., fue acordada su intervención y liquidación; que no hay constancia de que, en el caso de autos, se trate de una gestión judicial de cobro proveniente de hechos posteriores a la intervención, o de obligaciones cuya procedencia haya sido decidida por sentencia definitivamente firme, antes de la intervención; que, en el caso de la citada sociedad mercantil, es aplicable la disposición normativa que ordena la suspensión de toda medida preventiva o ejecutiva librada en su contra, y que prohíbe la continuación de las gestiones judiciales de cobro que se hubiesen iniciado a su respecto; que la satisfacción de los créditos existentes contra la referida sociedad mercantil debe intentarse mediante el procedimiento administrativo llevado a cabo por el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), debiendo acordarse el pago de las obligaciones, de la empresa en liquidación, en el orden previsto en el artículo 261 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras; y que, de conformidad con la excepción contemplada en el artículo 3 in fine del Código de Procedimiento Civil, debe cesar la competencia de los tribunales que hubiesen estado conociendo de acciones de cobro contra empresas sometidas a intervención o liquidación. Subrayado y negrillas de quien cita.
Con base a lo analizado, refuerza y amplía aun más el criterio anterior, la sentencia de la misma Sala n. ° 2592 del 15.11.2004, en la cual se especifica lo siguiente:
El anterior criterio revela que la sentencia n° 899, a que hizo alusión el solicitante, resulta aplicable a todo proceso judicial de cobro independientemente de la naturaleza del crédito que lo origine: tributario, laboral, mercantil, bancario o financiero; pero, la prohibición no alcanza las solicitudes de reenganche, ni la ejecución de éstas pues en ese caso no se trata de pretensiones de condena por deudas de valor y patrimoniales sino de pretensiones de condena al cumplimiento de obligaciones de hacer. Subrayado y negrillas de quien cita.
En adición a lo anterior, es necesario que se mencione que, con ocasión de la decisión del recurso de nulidad contra los artículos 30, 33, 41 y 43 de la Ley de Regulación de la Emergencia Financiera, esta Sala declaró la constitucionalidad del artículo 484 de la vigente Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, que es del tenor siguiente:
Durante el régimen de intervención, liquidación, estatización, rehabilitación, o cualquiera otra figura especial que se adopte, que coloque al ente de que se trate fuera del régimen ordinario, no podrá acordarse o deberá suspenderse toda medida preventiva o de ejecución contra la institución financiera afectada y las que constituyan el grupo financiero o sus empresas relacionadas.
Tampoco podrá intentarse ni continuarse ninguna gestión judicial del cobro, a menos que provenga de hechos posteriores a la adopción de la medida de que se trate, o de obligaciones cuya procedencia haya sido declarada por sentencia definitivamente firme, antes de la medida respectiva
.
La constitucionalidad de esta norma la fundamentó esta Sala en lo siguiente:
Al respecto, se observa que el artículo 484 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras dispone que durante el régimen de intervención, liquidación, rehabilitación, o cualquier otra medida que coloque a la institución financiera fuera del régimen ordinario no podrá acordarse, y deberá suspenderse toda medida preventiva o de ejecución contra la institución financiera afectada, su grupo financiero o sus empresas relacionadas o intentarse y continuarse ninguna gestión judicial de cobro, a menos que provenga de hechos posteriores a la adopción de la medida de que se trate o de obligaciones cuya procedencia haya sido decidida por sentencia definitivamente firme, antes de la medida respectiva.
Como se mencionara anteriormente, los regímenes temporales de excepción no involucran la suspensión de los principios que integran el derecho al debido proceso en los términos expuestos en el artículo 49 de la Constitución. Sin embargo, en el presente caso, del contexto de la norma cuestionada no se evidencia la restricción a los interesados para acceder al ejercicio de su derecho de acción contra las instituciones financieras que se encuentren bajo algunos de los regímenes que dispone la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, sino que solamente está señalando que el mismo se suspenda temporalmente hasta tanto se levanten las medidas destinadas a recuperar a las entidades financieras que se encuentren bajo situaciones de gravedad, por lo que en este caso no corren los lapsos de caducidad y de prescripción, razón por la cual, pueden hacer valer su pretensión al momento de restaurarse la normalidad en el sistema financiero.
Siendo ello así, esta Sala desestima lo aludido por la recurrente, toda vez que la suspensión de las acciones contra las instituciones intervenidas solamente durante el período de la emergencia financiera no conlleva a que se conculque el derecho al debido proceso, toda vez que es una medida temporal que, de aplicarse, obedece a razones de evidente orden público. Así se declara.
(s. S.C. n° 1507 del 05.06.03)
Ahora bien, en el caso de autos, la sentencia cuya revisión solicitó la peticionaria se apartó, abiertamente, del criterio que estableció esta Sala en sentencia n° 899 del 8 de agosto de 2000, pues desaplicó parcialmente los artículos 27 de la Ley de Regulación Financiera y 253 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras normas que, en esencia, habían sido declaradas constitucionales por esta Sala y aplicables a casos como el que esa Sala resolvió.
Por la razones que fueron expuestas, esta Sala, coherente con el criterio en cuestión, como garante de la uniformidad de la interpretación de las normas y principios constitucionales, en ejercicio de las potestades que tiene atribuidas en materia de revisión, anula la sentencia n° 118, del 29 de enero de 2003, que dictó la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia y, en consecuencia, ordena la reposición de la causa primigenia al estado en que dicha Sala decida de nuevo la regulación de jurisdicción que dio lugar a la sentencia que aquí se revisó en atención al criterio de esta Sala que se expuso, atinente al contenido del derecho al debido proceso en estos casos. Así se decide.
De ambas citas colige quien suscribe, que no suspender el proceso llevado en la presente causa, no solo sería desacatar las decisiones de la Sala Constitucional de nuestro M.T., sino que atentaría contra el derecho a la defensa como garantía constitucional consagrada a favor de las partes del proceso judicial, en consecuencia, se ordena la suspensión de la presente causa a partir del día de hoy, hasta que venza el lapso establecido en el artículo 2° del decreto 21 de fecha 24.2013 mencionado ut supra. Así se decide.
-IV-
En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECRETA: 1°: La suspensión de la presente causa hasta que ocurra el vencimiento del lapso otorgado por el decreto presidencial n. ° 21, de fecha 24.4.2013, publicado en la Gaceta Oficial n. ° 40.153 del 24.4.2013.
Notifíquese a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, mediante oficio de la presente decisión con inserción de copia certificada de la misma para lo cual se ordena a la Secretaría efectuar el trabajo fotostático, verificación y certificación.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada para el archivo del Tribunal.
El juez
Abg. Miguel Ángel Colmenares Ch. Secretaria judicial
Abg. L.F.V.Z.
En la misma fecha, siendo las 3:00 p. m., se publicó la anterior decisión y se agregó al expediente, dejándose copia certificada de la misma para el copiador del Tribunal.
Secretaria judicial
Abg.ª L.F.V.Z.
Asunto n. ° SP01-L-2012-000167
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