Decisión de Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 22 de Mayo de 2007

La filiación de la adolescente XXXXXXXXXXXXXXXXXX, esta plenamente demostrada porque no existe dudas con respecto a ella, ya que de la sentencia de fijación de la obligación alimentaria se evidencia que la misma es hija de R.J.R. Y A.S.A., y siendo esta sentencia un documento emanando de un funcionario público como lo es la Juez de Protección de la Sala d Juicio Nro 1, de esta Circunscripción Judicial, tiene el valor de documento publico y tomando en cuenta lo establecido en el artículo 367 de la Ley Orgánica para la Protección del niño y del Adolescente, que la obligación alimentaria procede igualmente cuando la filiación resulte de declaración explícita y por escrito del padre, lo que ha acontecido en el ya terminado juicio de divorcio y el presente proceso de revisión de la obligación alimentaria.- Y así se decide.-

Igualmente esta plenamente probada la legitimación de la persona que intenta la solicitud, ciudadano R.J.R., en su carácter de padre de la adolescente de marras, de conformidad con lo establecido en el Articulo 376 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.-

Junto con el libelo de la demanda que dio origen al presente proceso anexó copias certificadas de las Partidas de Nacimientos de sus otros hijos, a las cuales esta Sala de Juicio N° 02, le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 1357 del Código Civil, por tratarse de un documento público, en concordancia con lo establecido en el artículo 483 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, demostrándose que el ciudadano tiene además de la adolescente de autos, cuatro (04) hijos mas de nombres: XXXXXXXXXXXX las restantes, respectivamente en la ciudadana M.J.M.D.R.; y la niña XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en la ciudadana E.C. MUNDARAIN RAMOS.

Igual valor probatorio se le otorga a la copia certificada del acta de matrimonio Nº 89 del año 1982 expedida por la Prefectura del Municipio Sotillo del Estado Anzoátegui, en donde se evidencia que el ciudadano R.J.R., esta unido legalmente a la ciudadana M.J.M..

En cuanto a los contratos de servicios médicos con MEDITOTAL, para la niña XXXXXXXX, esta sala de Juicio nro 2, la valora común indicio de los gastos que realiza el demandante para asistir los gastos de su hija de dos años, de conformidad con lo establecido en el artículo 483 de la Ley orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con lo establecido en el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil.- Y así lo decide.-

En cuanto a los depósitos bancarios realizados a la ciudadana M.M., en el Banco Mi casa, por diferentes montos, esta sala de juicio Nro 2, los valora plenamente como prueba de que el padre además de cubrir los gastos de su hija XXXXXXXXXX , cubre los gastos de la adolescente habida con la mencionada ciudadana.- Y así se decide.-

En cuanto a los comprobantes de pago del accionante, esta Sala de Juicio Nro 2, observa los ingresos y las deducciones que se le hace al mismo de su salario, podemos observar del mismo que las asignaciones alcanzan un monto DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE BOLIVARES CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS (bs. 2.717.969,649 y unas deducciones que alcanzan la suma de DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN BOLIVARES CON CINCO CENTIMOS (Bs. 2.173.791,05, para un total neto de Bs. 544,178,59, es plenamente valorado demostrándose con ello los ingresos y las deducciones que se le hacen al accionante de su salario.-

Y en cuanto a la copia certificada de la sentencia que fija la obligación alimentaria a favor de la adolescente XXXXXXXXXXXXX, de fecha 26/06/2002 emanada por el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Sala de Juicio N° 02, esta Sala de Juicio le asigna pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 483 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, demostrándose con ello que ya había sido fijado el monto correspondiente a la obligación alimentaria a favor de la adolescente de marras.

En la oportunidad de dar contestación a la demanda, la ciudadana A.S.A., compareció a dar Contestación de la siguiente manera: “Niego rechazo y contradigo lo expuesto por el ciudadano R.J.R., en la presente demanda de REVISION DE OBLIGACION ALIMENTARIA, donde expone que el monto fijado por pensión alimentaria a favor de mi hija excedía entre los parámetros de su capacidad económica, fijada en la sentencia de obligación alimentaria de fecha 22-06-2002. Por cuanto el demandante goza en la actualidad de una renumeración superior a la que consta en autos, en virtud de que aumentan cada año, aspecto que probare en lapso de promoción y evacuación de pruebas”.

En la oportunidad de promover pruebas la parte demandante a través de su apoderada judicial, reprodujo el mérito favorable de los autos, y ratificó la prueba documental referido a la respuestas que envió la empresa sobre el salario percibido por el ciudadano R.R., así como la prueba documental referida por la empresa sobre los aumentos percibidos por el demandado, así como la respuesta recibida por la empresa CANTV, referida a los ingresos del personal jubilado y los señalamientos de los beneficios de los hijos inválidos, estos recaudos promovidos los valoras plenamente esta sentenciadora donde la empresa CANTV, señala los ingresos y las deducciones que le hace al accionante, quien es personal activo de la empresa desempeñándose en el cargo de Técnico en sistema telecomunicaciones, con un salario básico de DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIEN BOLIVARES (Bs. 2.431.100,oo), y recibe una remuneración de productividad se alcanza las metas asignadas porcentaje que varia del 0% al 30% del salario mensual, se le hacen descuentos de HCM, del seguro Social, aport SPF, aport de RPVH, pensión de alimento, porte sindical, total de deducciones quincenal CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS (Bs. 499.316,62) quincenales a cobrar de SETECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES BOLIVARES CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS (Bs, 716.233,38) especifican en dicha comunicación los beneficios que percibe el trabajador por hijos tales como un bono e carga, juguetes, por útiles escolares un pago único entre los seis y 21 años de edad, y que hayan presentado constancia de inscripción. De igual forma informa la empresa que las pensiones del personal jubilado no se aumentan salvo que el salario mínimo las sobre pase, y cuando se trata del persona activo los aumentos se hacen cada 24 meses contados a partir de la entrada en vigencia del contrato colectivo y el actual tiene un tiempo de vigencia que va del 18 de junio del 2005 al 17 de junio del año 2007.

Por otro lado informa la empresa CATV, que la ciudadana A.S.A.G., actualmente es personal jubilado de la empresa con una pensión de CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN BOLIVARES CON SESNETA CENTIMOS (Bs. 412.441,60), mensuales, con un total de deducciones de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE BOLIVARES CON TREINTA CENTIMOS (Bs. 265.214,30), para un total a cobrar de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE BOLIVARES CON TREINTA CENTIMOS (Bs. 147.227,30) mensual.

Los miembros jubilados de la CANTV, conceden a los hijos de los mismo los siguientes beneficios, servicios médicos , que se extiende hasta los veintiún años, siempre que estén estudiando o se encuentren inválidos, garantizando el cien por ciento de los honorarios profesionales por consultas médicas, e intervenciones quirúrgicas, honorarios profesionales por extracciones dentales, amalgamas, radiografías, de los gastos de hospitalización, de fisioterapias y de los siguientes servicios especiales, tales como. Encefalogramas y electrocardiogramas, el 75% de los gastos de medicinas, a través de algunos centros por ellos señalados.-

Estos informes son plenamente valorados por este tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 483 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, demostrándose con ello los ingresos que perciben los padres de la adolescente XXXXXXXXXX.- Y así se decide.-

En cuanto a las pruebas testimoniales promovidas y evacuadas, donde los testigos M.Y.M.M. Y MILLAR J.B., plenamente identificados y juramentados manifestaron que conocían al ciudadano J.R., que el mismo cumple con su obligaciones alimentarias, ya que le son descontadas de su sueldo, que le aumentan el salario cada dos años, que todo los empleados de la CANTV, tienen HCM y les cubren el 100% de los gastos.-, que tiene una hija de dos años y que la Sra. A.A. es jubilada de la empresa CANTV. Estos testigos son plenamente valorados de conformidad con lo establecido en el artículo 483 de la Ley orgánica Para la Protección del Niño y del adolescente, en concordancia con lo establecido en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, ya que fueron contestes en sus dichos y no se contradijeron en sus dichos, corroborando con ello lo ya probado en autos. Y así se decide,-

A su vez la parte demandada promovió pruebas, debidamente asistida por la Defensora Pública Primera de Protección del Niño y del Adolescente, Abg. J.G., ratificando el valor probatorio de la filiación de su hija XXXXXXXXXXXXXX, ratificó el contenido de la contestación de la demanda, consignó informes médicos donde se evidencia el cuadro clínico de la adolescente, se mantengan las 356 futuras obligaciones alimentarias y los gastos adiciones en septiembre y diciembre de cada año.- Si bien es cierto los informes médicos no fueron ratificados por los médicos a través de la prueba testimonial, no es menos cierto que a esta sentenciadora le consta el cuadro clínico de la adolescente, ya que quien conoció el expediente de fijación de la obligación alimentaría, y en una inspección judicial pudo constatar personalmente la situación de invalida de la adolescente, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 483 de la Ley Orgánica Para la Protección del niño y del Adolescente.-Y Así se decide,

En cuanto al Informe social presentado por la trabajadora social adscrita al equipo multidisciplinario Lic. M.R. a esta Sala de Juicio Nro. 2, le asigna Pleno valor probatorio ya que la misma es una funcionaria pública adscritos al equipo multidisciplinario de los Tribunales de Protección, y por lo tanto dan fe publica del contenido de los mismos, y por cuanto los mismos no fueron impugnados, merecen pleno valor aprobatorio, donde se puede apreciar la realidad socio económica y habitacional de las partes en el presente proceso. Y así decide.-

Ahora bien para decidir esta sala de Juicio Nro. 2, considera necesario hacer las siguientes consideraciones de carácter doctrinario y jurisprudencial. La novísima Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente establece en su artículo 369, lo siguiente”: El Juez debe tomar en cuenta, para la determinación de la obligación alimentaría, la necesidad e interés del niño o del adolescente que la requiere y la capacidad económica del obligado.

Cuando el Obligado trabaje sin relación de dependencia, su capacidad económica se establecerá por cualquier medio idóneo.

El monto de la obligación se fijará por salarios mínimos y debe preverse su ajuste en forma automática y proporcional, sobre la base de los elementos antes mencionados, teniendo en cuenta la tasa de inflación determinada por los índices del Banco central de Venezuela”

Esta situación se presentaba de igual forma con la derogada Ley Tutelar del Menor, y jurisprudencialmente se ha determinado, aplicable a esta nueva Ley Orgánica, que esta disposición constituye “conditio sine qua nom”, en materia de obligación alimentaría, que para su fijación hay que tomar en consideración la capacidad económica del obligado, sus cargas y obligaciones, así como también la necesidad de la que lo solicita, también la imposibilidad de proporcionárselos, debiéndose tomar en consideración además, la edad, condición de la persona y demás circunstancias. En conclusión, son dos los requisitos que deben cumplirse previamente para la fijación del quantum de la pensión de alimentos: A) la fortuna de parte de aquél a quien se le pide, tomando en consideración las cargas económicas validas que en momento de hacer dicha fijación, recaigan sobre los ingresos del obligado y b) las necesidades de los niños y adolescente, es y ha sido criterio reiterado de este Tribunal los niños y adolescentes, por su condición misma de niños y adolescentes en desarrollo, no pueden proveerse a sí mismo las condiciones necesarias para su manutención y desarrollo integral, necesitando para ello el concurso y ayuda de sus progenitores, por lo que no se hace necesaria la prueba de esta necesidad.

El artículo 523 ejusdem, establece: “Cuando se modifiquen los supuestos conforme a los cuales se dicto la sentencia sobre alimentos o guarda, el Juez de la Sala de Juicio podrá revisarla a instancia de parte, siguiendo para ello el procedimiento contenido en este Capítulo”.

Esto significa que la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente establece el recurso extraordinario de revisión de la sentencia cuando han surgido nuevos elementos que hacen necesario la revisión de la misma, lo que significa que debe haber: 1) la existencia de una decisión firme que haya fijado el quantum de la obligación alimentaría, lo que en este caso, ya la misma fue fijada en sentencia de fecha 26/06/2002 emanada por el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Sala de Juicio N° 02.

2) que se hayan modificado los supuestos que sirvieron de fundamento a la sentencia. En este caso es un hecho público y notorio el alto costo de la vida, el alto índice inflacionario, y la cantidad fijada hace cinco (05) años, alegando que mientras el salario mínimo nacional aumenta anualmente, a el le aumenta el salario cada dos años, por la discusión del contrato colectivo, además que se ha incrementado su carga familiar y económica al tener otra hija de dos años edad, y dicha cantidad no es suficiente para cubrir las necesidades de ella y de otra hija adolescente, en la actualidad, lo que nos lleva irremediablemente a determinar que los supuestos que dieron motivo a la fijación de la obligación han cambiado, por la dinámica social y económica de nuestro país. Y así se decide.

3) que la misma sea solicitada por parte interesada, en este caso, fue solicitada por el padre de la adolescente XXXXXXXXXXXX, persona legitimada por Ley para incoarla. Y así se decide, y

4) Y como último requisito, se requiere que la misma debe proponerse por ante el Tribunal que la dicto, como se dijo anteriormente, la sentencia que fijó la obligación alimentaría fue dictada por el Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Anzoátegui, Sala de Juicio Nro 02 por lo que esta Sala de Juicio es competente para conocer y decidir sobre la presente revisión de la Obligación alimentaría solicitada. En conclusión en el presente caso se cumplen con todos los supuestos exigidos en la Ley, tomando en cuenta, además lo señalado en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establecen: “Toda persona tienen derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos y difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.”, y el otro artículo refiere: “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las Leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.”. Y así se decide.

De autos se desprende, por un lado que el accionante presta servicios en empresa CANTV; que le genera ingresos suficientes para solventar las necesidades alimentarias de sus hijos, que incluye a unos mayores, mas sin embargo no probó que esos hijos mayores se encuentren actualmente cursando estudios, que le impidan realizar remunerados, si probo tener otras cargas familiares como son dos hijas una adolescente habida con la ciudadana M.J.M.D.R.; y una niña de dos años habida con la ciudadana E.C. MUNDARAIN RAMOS, no probó tener otros cargas económicas mas que las que como miembros que interactúan en una sociedad tienen que cubrir necesariamente, tales como los servicios públicos, y las propias para su propia manutención y la de su familia.

Por otro lado tenemos a la madre demandada, por la revisión de la obligación alimentaria ya fijada, lo cual se evidencia e autos que sus ingresos mensuales son escasamente de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE BOLIVARES CON TREINTA CENTIMOS (Bs. 147.227,30) mensual, para cubrir no solo sus gastos personales, servicios públicos, sino atender a una hija invalida que no puede valerse por si misma, es evidente por la información aportada por la empresa que los jubilados tiene un a cancelación total de los gastos médicos, y otros, y un setenta y cinco por ciento de otros gastos, de exámenes mas específicos. En su casa vive un hijo desempleados y una anciana de 86 años , quien su progenitora, personas que no aportan ingresos a su hogar recayendo totalmente en la madre de la adolescente de marras, XXXXXXXXXX.

Los ingresos que percibe el padre no le impiden cumplir con sus obligaciones de padre, si le limitan en gran parte; más sin embargo, ésta es una obligación no solo legal y constitucional, sino que por la ley natural de la vida, el padre debe y está obligado a contribuir con el progenitor Guardador de la obligación alimentaría que comprende sustento, vestuario, calzado, habitación asistencia médica y Odontológica, etc., y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente tanto el padre como la madre tienen las responsabilidades y obligaciones de manera común e igualitaria en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos, es cierto que la adolescente no cursa estudios, por su misma situación de impedida, y esta plenamente evidenciado en autos, igualmente que el padre no recibe aumento sino cada dos años, cuando se discute y aprueba el contrato colectivo que los agrupa, por lo que considera proceder revisar y aumentar la obligación alimentaría y los términos de su cumplimiento en algunos puntos para evitar futuras controversias, evitando con ello violación de los derechos de los niños y Adolescentes. Y así se decide.-

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala de Juicio N° 02 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción judicial del Estado Anzoátegui, en usos de sus atribuciones legales y administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley DECLARA CON LUGAR, la solicitud de Revisión de la Obligación Alimentaria, de la adolescente XXXXXXXXXXXXXXX, incoado por el ciudadano R.J.R., contra la ciudadana A.S.A., antes plenamente identificada, en consecuencia, de conformidad con el artículo 8 de la ley Orgánica para la protección del Niño y del Adolescente, referente al INTERES SUPERIOR DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de decisiones que Involucren a niños y adolescentes, y que va dirigido asegurar el desarrollo integral de los niños y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, y en esta situación en particular aprecia esta Juzgadora a los fines de determinar ese interés superior de los niños y adolescentes el literal “E” del parágrafo primero del artículo 8 en referencia, es decir, la condición especifica de la adolescente XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, como personas en desarrollo, en concordancia con el artículo 30, ejusdem, que señala que todo niño y adolescente tiene derecho a un nivel de adecuado que asegure su desarrollo integral y que ese derecho comprende una alimentación nutritiva, balanceada, en calidad y cantidad que satisfaga las normas de la dietética, la higiene y la salud; Así como, un vestido adecuado al clima y que proteja la salud, el artículo 365, IBIDEM, que señala que la obligación alimentaría comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, recreación y deportes requeridos por el niño y el adolescente y que por un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida, corresponde al padre y a la madre (artículo 366, ejusdem),