Decisión nº 10.391 de Juzgado Tercero De Primera Instancia En Lo Civil, Mercantil Y Agrario de Aragua, de 22 de Abril de 2008

En fecha 25 de Enero de 2005 fue admitida la demanda interpuesta por el Abogado R.J.U.V., Inpreabogado 41.097 en su carácter de apoderado de la sociedad de comercio “R. H. D. SERVICE, C.A.” en contra de la ciudadana G.M.U.L. y las sociedades mercantiles “CORPORACIÓN R. H. D, C.A”; “CENTRO AUTOMOTRÍZ RUEDAS, C.A.” y “MAQUINARIAS CARONÍ, C.A.”, todos identificados en autos, por “NULIDAD DE ACTOS SIMULADOS, FICTICIOS E INEXISTENTES” (Sic) con fundamento en el artículo 1.346 del Código Civil. Fue ordenada la compulsa y su entrega al Alguacil. Existe nota Secretarial de solicitud de fotostatos para elaborar la compulsa (folio 81). El actor consignó, marcado “D” el poder que le acredita en su representación, y marcadas “A”, “B” y “C” sendas copias simples del acta constitutiva de su representada, así como de las actas de venta de acción y aumento de capital en fecha 18 de Marzo de 1998 y de aumento de capital en fecha 14 de Mayo de 2001.

El 02 de Febrero de 2005 se libraron las compulsas (Vuelto al folio 81).

El 28 de Febrero de 2005 el ciudadano A.A., en su carácter de Alguacil de este Tribunal, hizo constar la imposibilidad de citar personalmente a las codemandadas de autos y consignó las compulsas (folios 82, 94 y 104).

El 16 de Marzo de 2005 el apoderado actor solicitó la citación mediante carteles (folio 113).

El 17 de Marzo de 2005 el Tribunal acordó la citación por carteles pedida. En la misma fecha se libró el Cartel de Citación y se le entregó un Cartel al ciudadano Secretario para su fijación (folios 114 y 115).

El 28 de Junio de 2005 el apoderado actor consignó las publicaciones del cartel de citación (folio 116).

El 13 de Febrero de 2006 compareció el ciudadano Abogado Á.J.O.N., Inpreabogado 4.402, y consignó macados “A” y “B” sendos poderes que le fueron otorgados por la ciudadana G.U.L. en su propio nombre y en representación de la sociedad mercantil “Maquinarias Caroní, C.A.” (folio 121). En la misma fecha las codemandadas “Corporación R.H.D. C.A.” y “Centro Automotriz Ruedas, C.A.”, representadas por la ciudadana G.U.L., confirieron poder apud acta al mismo ciudadano Abogado, para que las representase en el presente juicio (folios 133 y 134).

El 03 de Marzo de 2006 el apoderado de las codemandadas consignó escrito de tres (3) folios por el cual dio contestación a la demanda. A la vez, y en el mismo escrito, en su carácter de apoderado de la codemandada “Maquinarias Caroní C.A.” reconvino a la parte actora mediante la acción reivindicatoria (folios 149 al 151, ambos inclusive).

El 20 de Abril de 2006 el Abogado Á.O.N., en su carácter de apoderado de la codemandada “Maquinarias Caroní C.A.” sustituyó parcialmente pero reservándose su ejercicio, el poder que le fue conferido por su representada y lo hizo en la persona de la ciudadana Abogada C.S.G., Inpreabogado número 78.679 (folio 153).

Por auto de fecha 04 de Mayo de 2006 el Tribunal admitió la reconvención propuesta y ordenó notificar al demandante reconvenido para que diere contestación a la reconvención en el plazo de los cinco (5) días de despacho siguientes a su notificación. Se libró la boleta correspondiente (folio 154).

El 23 de Mayo de 2006 el ciudadano Alguacil hizo constar la notificación del demandante reconvenido (folio 156).

El 31 de Mayo de 2006 el demandante reconvenido consignó escrito de tres (3) folios por el que contestó a la mutua petición planteada (folios 158 al 160, ambos inclusive).

El 03 de Julio de 2006 el apoderado de las codemandadas promovió pruebas (folio 161).

El 06 de Julio de 2006 el Tribunal ordenó agregar el escrito de pruebas a los autos (folio 162).

El 14 de Julio de 2006 fueron admitidas las pruebas promovidas por las codemandadas (folio 208).

El 03 de Noviembre de 2008 el apoderado de las codemandadas consignó escrito de Informes, en tres (3) folios utilizados (folios 211 al 213, ambos inclusive).

Por auto del 16 de Enero de 2007 el Tribunal difirió por treinta (30) días el lapso para dictar sentencia (folio 214).

Encontrándose la presente causa en estado de sentencia, este Juzgador pasa a dictar su fallo en los términos siguientes:

II

LÍMITES DE LA CONTROVERSIA.

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA PROBATORIA.

1. Alegatos del apoderado actor en su demanda:

   - Que este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil conoce de una demanda por cobro de Bolívares (Vía intimación) por Doscientos sesenta millones (Bs.260.000.000,oo), incoada por la Abogada N.S.D., Inpreabogado 78.581, quien es endosataria en procuración de la ciudadana T.M.D., en contra de la sociedad mercantil “MAQUINARIAS CARONÍ, C.A.”, representada por la ciudadana G.U.L.. Alega asimismo, que en dicha demanda la parte actora pidió una medida de embargo de bienes muebles, maquinaria y vehículos propiedad de la demandada.

   - Que al tener conocimiento de ello, su representada “R. H. D. SERVICE, C.A.” “…se vio forzada a investigar…” en Registros y Notarías Públicas del Estado Aragua y comprobó la existencia de documentos de “Auto Compra-Ventas simuladas” de “…una serie de bienes que fueron propiedad de las sociedades mercantiles ‘CENTRO AUTOMOTRÍZ RUEDAS, C.A.’ y ‘CORPORACIÓN R. H. D, C.A.’ a la sociedad mercantil ‘MAQUINARIAS CARONÍ, C.A.’…”

   - Que en fecha 18 de Octubre de 2000 la demandada de autos, ciudadana G.U.L. y el ciudadano J.L.T., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V-7.205.366 constituyeron una sociedad de comercio denominada “MAQUINARIAS CARONÍ C.A.” por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, anotada bajo el número 49, tomo 48-A, con un capital de cinco millones de Bolívares (Bs.5.000.000,oo). Acompañó, marcado “E”, copia simple de tales actuaciones.

   - Que en fecha 30 de Abril de 2001 el ciudadano J.L.T. vendió sus 2.500 acciones en la empresa “Maquinarias Caroní C.A.” a su socia G.U.L. por documento notariado, por lo que a partir de entonces ella pasó a ser la única accionista de dicha sociedad mercantil; y que esta operación fue inscrita en fecha 02 de Diciembre de 2003 por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua y anotada bajo el número 17, tomo 52-A. Acompañó, marcado “F”, copia simple de tales actuaciones.

   - Que el 17 de Octubre de 2003 la sociedad mercantil “CORPORACIÓN R.H.D., C.A.”, le vendió a la sociedad de comercio “R.H.D. SERVICE, C.A.” un Vehículo-Máquina (PAY LOADER) tipo Cargador, Marca J.D.; modelo 544G, serial de chasis DW544B555835; serial de motor Y06069T533103 y para uso de carga, por Cuarenta y ocho millones de Bolívares (48.000.000,oo). Así mismo que el precio acordado fue “…completamente cancelado…” (Sic) por la compradora con el pago de una cuota inicial de veinte millones de Bolívares (Bs.20.000.000,oo) mediante un cheque, numerado 00025776 y librado en esa fecha contra la cuenta corriente 0108-0157-59-0100086292 del Banco Provincial BBVA, “…y posteriormente depositado en la Cuenta Corriente No. 1051-53234-5, la cual pertenece a la Vendedora según consta en Depósito Bancario No. 000000205781661, de fecha 10 de Octubre de 2.003…” y que el saldo deudor, o sea, veintiocho millones de Bolívares (Bs.28.000.000,oo) fue satisfecho mediante el pago de seis (6) cuotas mensuales y consecutivas de cinco millones cuatrocientos mil Bolívares (Bs.5.400.000,oo) cada una; según se comprueba de seis (6) letras de cambio debidamente canceladas que el actor consignó junto con la demanda, marcadas con los números “01”, “02”, “03”, “04”, “05” y “06” respectivamente. Acompañó también, marcado “G”, Factura de adquisición, número 0885 para demostrar la compra del Pay Loader.

   - Alega también el actor en su libelo que en fecha 23 de Enero de 2002 la ciudadana G.U.L., en su carácter de Gerente de “CORPORACIÓN R.H.D., C.A.”, vendió a crédito el vehículo-maquinaria señalado en el punto anterior a la sociedad de comercio “MAQUINARIAS CARONÍ, C.A.” representada por ella misma. Indicó que tal negociación consta de documento que fue autenticado por ante la Notaría Cuarta de Maracay y anotado bajo el número 22, Tomo 06 y que el precio de esta “…supuesta venta…” fue la suma de veinticinco millones de Bolívares (Bs.25.000.000,oo) y pactado en cinco (5) cuotas semestrales y consecutivas, con vencimiento la primera a los seis (6) meses de autenticar el documento, generando además un interés del uno por ciento (1%) mensual y, en caso de producirse, interés de mora a la misma tasa del uno por ciento (1%) mensual. Acompañó, marcado “H”, certificada de tales actuaciones.

   De este alegato el actor infiere dos conclusiones:

   - Que hay una “autocompraventa” (Sic) que se hizo G.U.L. porque ejerció simultáneamente la representación de las sociedades mercantiles compradora y vendedora en dicha operación.

   - Que hay una “dualidad de ventas” (Sic) y un “acto simulado y afectado de nulidad” por el que G.U.L. “…pretende arrogarse la propiedad del vehículo-maquinaria (Pay Loader)…” indicado; el cual se encuentra en posesión de la parte demandante en esta causa, “…en el libre ejercicio de los actos de disposición, uso y disfrute que el legislador confiere al propietario por imperio de la Ley…”

   - Que el 18 de Abril de 2001, según consta de Factura de adquisición numerada 0707 que consignó junto con el libelo marcada “I”, la sociedad mercantil “CORPORACIÓN R.H.D., C.A.”, le vendió a la sociedad de comercio “R.H.D. SERVICE, C.A.” dos (2) Vehículos-Montacargas, uno de los cuales es el relevante para la presente controversia y que se identifica como sigue: Montacargas, marca HYSTER; modelo H-80 (ROLL CLAMPS) y serial G005D05574-S. Que el precio de dicha venta fue la suma de Catorce millones de Bolívares (Bs.14.000.000,oo), el cual fue pagado a la vendedora por el Banco Mercantil mediante la figura de Efectos al Cobro y luego cobrado a la compradora mediante diez (10) letras de cambio libradas a tal efecto, con vencimiento mensual y consecutivo que, debidamente canceladas, acompañó a su demanda marcadas con los números 1/10 al 10/10, respectivamente, así como la Relación de Efectos al Cobro o Estado de Cuenta, marcado “J”.

   - Igualmente alega el demandante en su libelo que en fecha 30 de Septiembre de 2003 la ciudadana G.U.L., en su carácter de Gerente de “CORPORACIÓN R.H.D., C.A.”, vendió a crédito, entre otras máquinas, el vehículo Montacargas señalado en el punto anterior a la sociedad de comercio “MAQUINARIAS CARONÍ, C.A.” representada por ella misma. Indicó que tal negociación consta de documento que fue autenticado por ante la Notaría Cuarta de Maracay y anotado bajo el número 20, Tomo 93 y que el precio de esta “…supuesta venta…” fue pactado globalmente la suma de Cuarenta millones de Bolívares (Bs.40.000.000,oo) y con el pago convenido en diez (10) cuotas semestrales de cuatro millones de Bolívares (Bs.4.000.000,oo), con vencimiento la primera a los seis (6) meses de autenticar el documento. Acompañó, marcado “K”, copia certificada de tales actuaciones.

   De este alegato el actor, nuevamente, infiere dos conclusiones:

   - Que hay una “autocompraventa” (Sic) que se hizo G.U.L. porque ejerció simultáneamente la representación de las sociedades mercantiles compradora y vendedora en dicha operación.

   - Que hay una “dualidad de ventas” (Sic) y un “acto simulado y afectado de nulidad” por el que G.U.L. “…pretende arrogarse la propiedad del vehículo Montacargas…” indicado; el cual se encuentra en posesión de la parte demandante en esta causa, “…en el libre ejercicio de los actos de disposición, uso y disfrute que el legislador confiere al propietario por imperio de la Ley…”

   - Que el 07 de Julio de 2003, según consta de Factura de adquisición numerada 0868 que consignó junto con el libelo marcada “L”, la sociedad mercantil “CENTRO AUTOMOTRÍZ RUEDAS, C.A” le vendió a la sociedad de comercio “R.H.D. SERVICE, C.A.” un Montacargas con las siguientes características: Marca CLARK; modelo CGP30 y serial P365L-0954-9399FB. Que el precio de dicha venta fue la suma de Dieciséis Millones de Bolívares (Bs.16.000.000,oo) fue “…completamente cancelado…” (Sic) por la compradora a la vendedora mediante Cheque a favor de la vendedora y librado contra la cuenta corriente No. 1051-53234-5, del Banco Mercantil. Acompañó también, marcado “M”, Baucher de Pago del referido cheque.

   - Adujo asimismo el demandante que en fecha 30 de Septiembre de 2003 la ciudadana G.U.L., en su carácter de Gerente de “CENTRO AUTOMOTRÍZ RUEDAS, C.A.” vendió a crédito, entre otras máquinas, el vehículo Montacargas señalado en el punto anterior a la sociedad de comercio “MAQUINARIAS CARONÍ, C.A.” representada por ella misma. Indicó que tal negociación consta de documento que fue autenticado por ante la Notaría Cuarta de Maracay y anotado bajo el número 58, Tomo 92 y que el precio global de esta “…supuesta venta…” fue la suma de Cuarenta Millones de Bolívares (Bs.40.000.000,oo) y pactado en diez (10) cuotas semestrales de cuatro millones de Bolívares (Bs.4.000.000,oo) cada una, con vencimiento la primera a los seis (6) meses de autenticar el documento. Acompañó, marcado “N”, copia certificada de dicha negociación.

   De este alegato el actor infiere, por tercera vez, dos conclusiones:

   - Que hay una “autocompraventa” (Sic) que se hizo G.U.L. porque ejerció simultáneamente la representación de las sociedades mercantiles compradora y vendedora en dicha operación.

   - Que hay una “dualidad de ventas” (Sic) y un “acto simulado y afectado de nulidad” por el que G.U.L. “…pretende arrogarse la propiedad del vehículo Montacargas…” indicado; el cual se encuentra en posesión de la parte demandante en esta causa, “…en el libre ejercicio de los actos de disposición, uso y disfrute que el legislador confiere al propietario por imperio de la Ley…”

   En tal sentido, el demandante señaló que su pretensión de nulidad de las negociaciones indicadas se fundamenta en los aspectos siguientes:

   1) En que la sociedad mercantil “MAQUINARIA CARONÍ, C.A.” es obvio considerarla como una sociedad tipo “monomio encubierto” puesto que si bien comenzó el 18 de Octubre de 2000 teniendo dos (2) socios accionistas, a saber: G.U.L. y J.L.T., éste le vendió a aquélla la totalidad de sus acciones el 30 de Abril de 2001 mediante documento notariado; venta que sólo surte efecto frente a terceras personas sólo a partir del 02 de Diciembre de 2003 en que dicha operación fue inscrita por ante el Registro Mercantil respectivo.

   2) En que G.U.L., una vez propietaria de la totalidad de las acciones de “MAQUINARIAS CARONÍ, C.A.” inició “…en forma clandestina…” la simulación fraudulenta y “…se traspasa…” la propiedad de los bienes que conforman el patrimonio de las sociedades mercantiles CORPORACIÓN R.H.D. C.A y CENTRO AUTOMOTRÍZ RUEDAS, C.A. “…e incluso los bienes que dejaron de formar parte de esos patrimonios por haber sido vendidos…” a R.H.D. SERVICE, C.A. parte demandante en esta causa.

   3) En que las tres (3) negociaciones de los bienes muebles indicados anteriormente, realizadas por G.U.L. “…utilizando la investidura de las sociedades mercantiles compradora y vendedora…” son actos simulados y fraudulentos.

   4) En que es obvio concluir que la parte demandante, “R.H.D. SERVICE, C.A.”, es la propietaria de la maquinaria ampliamente identificada en los particulares Primero, Segundo y Tercero de su libelo.

   5) En que “…la simulación fraudulenta e inficionada de nulidad queda demostrada con al vileza del precio de los bienes auto-vendidos…”, pues son inferiores a los precios de mercado para bienes usados de iguales características a los vendidos en las negociaciones cuya nulidad se pide y también porque las condiciones acordadas para el pago de los precios fueron complacientes.

   6) En que “…las ventas simuladas fraudulentamente e inficionadas de nulidad constan en documentos públicos, de manera que surten efectos externos (Sic) ‘erga omnes’…”.

   7) En que “…la simulación de los negocios jurídicos, es la declaración de un contenido de voluntad no real, emitido conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño, la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo…”

   En tal sentido, el apoderado actor pretende la declaración judicial de nulidad de las ventas de los bienes muebles (maquinarias) que pertenecieron a las sociedades “CORPORACIÓN R. H. D., C.A.” y “CENTRO AUTOMOTRIZ RUEDAS, C.A.”, que fueron realizadas por la ciudadana G.M.U.L. en representación simultánea de dichas sociedades mercantiles y de la compradora “MAQUINARIAS CARONÍ, C.A.”; por cuanto, según alega el actor, tales bienes “…originariamente habían sido vendidos a mi poderdante, [la] sociedad mercantil “R. H. D. SERVICE, C.A.”.

   Las tres (3) compraventas cuya nulidad pide el actor, se encuentran contenidas en los siguientes documentos públicos:

   • Documento autenticado por ante la Notaría Cuarta de Maracay, Estado Aragua, en fecha 23 de Enero de 2002, bajo el número 22, Tomo 06.

   • Documento autenticado por ante la Notaría Cuarta de Maracay, Estado Aragua, en fecha 30 de Septiembre de 2003, bajo el número 20, Tomo 93.

   • Documento autenticado por ante la Notaría Cuarta de Maracay, Estado Aragua, en fecha 30 de Septiembre de 2003, bajo el número 58, Tomo 92.

   El actor basó su petición de nulidad en los artículos 1.154, 1.346, 1.355, 1.357 y 1.360 todos del Código Civil y en los artículos 12, 15, 16, 23, 338, 341, 342 y 344 todos del Código de Procedimiento Civil y en la aplicación al caso planteado del principio Iura novit curia.

   Igualmente, pidió la condenatoria en costas de la demandada y estimó su demanda en la cantidad de Setenta y ocho millones de Bolívares (Bs.78.000.000,oo).

2. Alegatos del apoderado de las codemandadas en su contestación a la demanda (Defensas de fondo y reconvención):

   • Rechazó, negó y contradijo la demanda, aduciendo que no son ciertos los hechos allí narrados ni tampoco lo es el derecho “…que se abroga…” el actor.

   • Alega en su descargo que del examen de las Facturas de adquisición numeradas 0885 de fecha 17 de Octubre de 2003 y 0707 de fecha 18 de Abril de 2001 y que acompañó el actor a su demanda se evidencia que quien aparece en ellas como vendedora de las maquinarias allí descritas es “Centro Automotriz Ruedas, C.A.” y no “Corporación R.H.D., C.A.” tal como lo afirmó en su libelo. Respecto de tales documentos (Facturas) las codemandadas adujeron:

   o Que las mismas son documentos privados y que en consecuencia no pueden desvirtuar el valor probatorio de los documentos Notariados marcados “H” y “K” que el propio actor acompañó a la demanda para demostrar la existencia de las ventas cuya nulidad pretende. Que estos últimos, por ser documentos públicos, surten efectos erga omnes.

   o Negó que las firmas que aparecen en las referidas Facturas sean de los representantes legales de “Centro Automotriz Ruedas, C.A.”, únicos autorizadas para obligar a dicho ente, a saber: R.H. D’Angelo López y G.M.U.L..

   • Que la venta del Pay Loader marca J.D. efectuada por “Corporación R.H.D., C.A.” a “Maquinarias Caroní, C.A.” por ante la Notaría Cuarta de Maracay y por documento auténtico en fecha 23 de Enero de 2002 es anterior a la venta cuya existencia alega el actor y que fundamenta en la Factura 0885, de fecha 17 de Octubre de 2003.

   • Que del propio documento consignado por el actor, marcado “K”, se demuestra que la vendedora del Montacargas marca HYSTER para el momento de la negociación era la sociedad de comercio “Corporación R.H.D. C.A” tal y como lo hizo constar el Notario Público Cuarto de Maracay quien certificó que tuvo a su vista el documento de propiedad del vehículo, por lo que se demuestra la falsedad del alegato del actor cuando afirmó que el referido bien le había sido vendido por “Centro Automotriz Ruedas, C.A.”. Respecto de esa Factura 0707 las codemandadas adujeron que la misma es falsa porque fue firmada mucho tiempo después de haberse escrito su contenido; que la misma pertenece a un talonario que no estaba en uso y que fue sacada subrepticiamente del mismo con la intención de que no fuera conocida por la otra accionista de la empresa, G.U.L..

   • Que impugna y desconoce en su contenido y firma la Factura No. 0868 de fecha 07 de Julio de 2003 consignada por el actor para demostrar la venta del Montacargas marca Clark, puesto que no está firmada por ninguno de los representantes legales de la empresa vendedora “Centro Automotriz Ruedas, C.A.”, a saber: R.H. D’Angelo López y G.M.U.L..

   • En su condición de apoderado de la codemandada G.U.L., el Abogado Á.J.O.N. opuso como defensa perentoria al demandante la falta de cualidad de su representada para sostener el presente juicio, en razón de que su actuación en las negociaciones cuya nulidad pide el demandante no fue a título personal, sino como “…representante legal de la empresa vendedora y de la compradora, dos personas jurídicas con vida y personalidad jurídica propias, en una como Gerente y en otra como Vicepresidente... ”

   • También impugnó las letras de cambio promovidas por la parte actora como prueba de los supuestos pagos de los créditos para adquirir las máquinas Montacargas y el Pay Loader que reclama como suyos en el presente juicio. Basa su impugnación en los siguientes argumentos:

   o En que dichas letras de cambio no están causadas y no guardan ninguna relación con las negociaciones a que se refiere el actor;

   o En que para el momento de su libramiento y aceptación (el 20 de Abril de 2001) la persona aceptante, ciudadana Andrea D’Angelo Cirer, identificada en autos, no tenía la representación legal de la sociedad mercantil librada para el pago, “R.H.D. SERVICE, C.A.” y no podía obligarla “…y solo (Sic) fue el 14 de Mayo de 2.001 cuando le fueron traspasadas la totalidad de acciones por su padre Rodolfo D’Angelo López, lo que deja ver la estrategia que se preparaba para apoderarse de la identificada maquinaria…”;

   o En que el beneficiario de dichas letras de cambio, la sociedad de comercio “Centro Automotriz Ruedas, C.A.” no era la propietaria de las rechazadas facturas de adquisición.

   • Alegó también como defensa perentoria la falta de cualidad de la parte actora para intentar el presente juicio “…ya que ella nunca ha sido propietaria de las maquinas (Sic) suficientemente identificadas en el libelo...”

   • En el mismo escrito de contestación a la demanda, el Abogado Á.J.O.N., en su carácter de apoderado judicial de la codemandada “MAQUINARIAS CARONÍ, C.A.” reconvino a la parte actora “R.H.D. SERVICE, C.A.” por reivindicación de la maquinaria suficientemente identificada en autos y objeto de la demanda principal, para que conviniera en lo siguiente:

   1. En que cada una de las maquinas “…objeto del presente juicio…” son de la propiedad de su representada “MAQUINARIAS CARONÍ, C.A.”, tal y como se evidencia de los documentos que se anexaron marcados “H” y “K”, los cuales le opone formalmente a su contraparte reconvenida;

   2. En que le entregue las referidas e identificadas maquinarias.

   • La codemandada reconviniente “Maquinarias Caroní, C.A.”, con base en el ordinal 1º del artículo 599 del Código de Procedimiento Civil, pidió una medida cautelar de secuestro sobre las maquinas que se encuentran en posesión de “R.H.D. Services, C.A.” por cuanto esta circunstancia “…representa un riesgo de que las mismas puedan ser maltratadas e inutilizadas con intención o no…” y se reservó las acciones respectivas para reclamar a la usuaria y actora los frutos producidos por la preidentificada maquinaria.

   • Por último, pidió que la demanda principal fuese declarada sin lugar, junto con la condenatoria en costas para la demandante y que la reconvención propuesta fuese declarada con lugar.

3. Contestación a la reconvención propuesta.

   • La parte actora opuso como punto previo a su contraparte la defensa perentoria de la falta de cualidad e interés para intentar y sostener la reconvención propuesta, tanto de la parte demandada reconviniente -“Maquinarias Caroní, C.A.”- como de la parte demandante reconvenida, en razón de que:

   1. La demandada reconviniente, “Maquinarias Caroní, C.A.”, “…no es la propietaria de los bienes objeto de la pretensión de restitución…” toda vez que la “simulada” compra que de ellos hizo “…no ha sido perfeccionada al carecer del elemento o requisito del pago o cancelación del precio fijado…” y también porque “…ni siquiera es la poseedora o detentadora…” de los bienes cuya restitución demanda.

   2. La demandante reconvenida, “R.H.D. Service, C.A.”, “…es la propietaria de los bienes objeto de la pretensión de restitución…” en razón de que la compra que de ellos hizo goza de todos los atributos inherentes a la propiedad, uso, goce, disfrute y disposición, toda vez que tal negociación cumplió con todos y cada uno de los elementos que perfeccionaron el contrato, es decir: objeto lícito, consentimiento y pago del precio fijado. En consecuencia, la accionante reconvenida no es una simple poseedora o detentadora de los bienes, sino la propietaria.

   3. Señaló que la reconvención propuesta carece del objeto de la pretensión ya que no se determinó con precisión las particularidades que permiten identificar los bienes que reclama; tampoco precisó los argumentos de hecho y de derecho en que se basa, ni las pertinentes conclusiones. En igual sentido, que no acompañó los instrumentos en que se fundamenta la pretensión, esto es el documento del cual deriva el derecho deducido y que ni siquiera los menciona o identifica a fin de ser compulsados.

   4. Rechazó, negó y contradijo genéricamente todas y cada una de las partes en que quedó plasmada la reconvención.

   III

   DE LAS PRUEBAS APORTADAS AL PROCESO

   En su debida oportunidad sólo la parte demandada reconviniente hizo uso de su derecho a demostrar sus correspondientes alegatos, en la forma siguiente:

   Mérito favorable de los autos: Conforme al principio de comunidad de las pruebas, las cuales pertenecen al proceso y benefician a cualquiera de las partes, hizo valer los documentos que promovió el actor con su libelo, marcados “H”, “K” y “N”, en los cuales consta la identificación de las máquinas, con sus marcas, modelos, tipos y seriales y que “da por reproducidos” en su escrito de pruebas.

   Documentales:

   - Original del contrato de venta con reserva de dominio Nº 2277N, de fecha cierta de 28 de Febrero de 1997, archivado ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Baruta del Estado Miranda bajo el número 33, mediante el cual la sociedad anónima ACO vendió a “Corporación R.H.D. un Cargador Marca J.D..

   - Documento autenticado por ante la Notaría Pública Tercera del Municipio Baruta del Estado Miranda bajo el número 22, Tomo 84 en fecha 07 de Septiembre de 1999 por medio del cual el Banco Mercantil C.A. (Banca Universal) dio en arrendamiento y posteriormente en ejercicio de opción de compra venta a “Corporación R.H.D., C.A.” un Montacargas marca Hyster.

   - Cinco (5) letras de cambio, debidamente canceladas, libradas por G.U.L. y aceptadas para ser pagadas por “Maquinarias Caroní, C.A.” a favor de “Corporación R.H.D., C.A.” por 5.000.000.,oo c/u.

   - Cinco (5) letras de cambio, debidamente canceladas, libradas por G.U.L. y aceptadas para ser pagadas por “Maquinarias Caroní, C.A.” a favor de “Corporación R.H.D., C.A” por 4.000.000.,oo c/u.

   - Cinco (5) letras de cambio, debidamente canceladas, libradas por G.U.L. y aceptadas para ser pagadas por “Maquinarias Caroní, C.A.” a favor de “Centro Automotriz Ruedas, C.A.” por 4.000.000.,oo c/u.

   - Copias certificadas, marcadas “A”, “B” y “C” del documento de adquisición de acciones de “R.H.D. Service, C.A.” por parte de la ciudadana Andrea D’Angelo Cirer y de los estatutos sociales de las compañías mercantiles “Corporación R.H.D. C.A.” y “Centro Automotriz Ruedas, C.A.” respectivamente.

   - Copia simple, marcada “Z”, de la Factura Nº 0707 supuestamente emitida por “Centro Automotriz Ruedas, C.A.”.

   Exhibición de documentos: Por medio de la cual solicitó al Tribunal que ordene a su contraparte la exhibición del talonario al cual corresponde la factura 0707, de fecha 18 d Abril de 2001, promovida por el actor con su libelo y asimismo se deje constancia de las fechas de emisión de las Facturas numeradas 0706 y 0708 del mismo talonario.

   Distribución de la carga probatoria

   De acuerdo a los términos en los cuales ha quedado planteada la controversia, es decir, si existe o no algún vicio que afecte de nulidad las compraventas notariadas que fueron impugnadas por la parte demandante; observa quien decide que conforme al artículo 506 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.354 del Código Civil, las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Por ello, quien pide la ejecución de una obligación debe probarla y quien pretende haber sido liberado del cumplimiento de la misma debe, por su parte, probar el pago o el hecho que la ha extinguido.

   Este principio evidencia que la prueba constituye una necesidad práctica, o como comúnmente se le llama también, una carga. El artículo 12 del Código de Procedimiento Civil establece que el Juez debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de lo planteado en el proceso, ni tampoco suplir excepciones o argumentos de hecho que no hayan sido alegados ni probados. En su único aparte, el mismo artículo señala que el Juez no podrá declarar con lugar la demanda sino cuando a su juicio exista plena prueba de la acción deducida y que en caso de duda sentenciará a favor del demandado. O sea, que en nuestra legislación no hay lugar a la absolución de la instancia por insuficiencia de las pruebas presentadas, y, en tal sentido, resulta de capital importancia determinar a quién le incumbe probar.

   Así, puede apreciarse entonces que la llamada distribución de la carga de la prueba tiene su fundamento en el principio de la igualdad de las partes ante la Ley en el proceso, consagrado en el artículo 15 ejusdem, por lo que puede decirse, en general, que la carga de la prueba corresponde a quien de una información propia pretenda hacer derivar consecuencias favorables para él. Por ello, y aplicando este principio, resulta que cualquiera que afirme tener un derecho (por vía de acción o de excepción) debe probar el hecho jurídico del cual deriva ese derecho. Precisamente, ese es el significado de la m.r. “actori incumbit probatio”, la cual se complementa con la otra “reus in exipiendo fit actor”. Vale decir: que al actor incumbe la prueba y que el demandado cuando se excepciona se convierte en actor. Esto, por supuesto, con las pertinentes excepciones, como cuando se alega un hecho negativo indeterminado, el cual no amerita ser probado.

   Dicho lo anterior puede evidenciarse, entonces, que la controversia sometida a la consideración de este Tribunal se refiere a determinar la existencia o no de causas que vicien de nulidad las ventas de diversos bienes muebles (Una maquinaria Pay Loader y dos Montacargas) realizadas por las codemandadas de autos, ciudadana G.U.L. y las sociedades mercantiles “Corporación R.H.D., C.A.”, “Centro Automotriz Ruedas, C.A.” y “Maquinarias Caroní, C.A.”. En tal sentido corresponde a la parte actora, Abogado R.J.U.V. en su carácter de representante de la compañía de comercio “R.H.D. Service, C.A.” demostrar la existencia de los elementos de la nulidad alegada; mientras que corresponde a la parte codemandada “Maquinarias Caroní, C.A.” la carga de demostrar la falta de cualidad que argumentó como defensa perentoria. En forma subsidiaria para dicha codemandada, y principal para las otras tres (3), les corresponde demostrar los hechos que desvirtúen los alegatos que el demandante expresó en su libelo.

   IV

   MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

   1

   En razón de todo lo expuesto, pasa este Juzgador a pronunciarse sobre lo solicitado, estableciendo que, en forma previa a cualquier análisis del mérito del asunto debatido, debe resolver lo relativo a la defensa perentoria opuesta por el Abogado Á.O.N. en su carácter de apoderado de la parte codemandada G.U.L., y referida a la falta de cualidad tanto de la parte demandante como de su representada para intentar y sostener el presente proceso, a tenor del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil. En tal sentido, y según la norma en referencia, se hace necesario determinar con precisión quiénes han de integrar legítimamente la relación procesal; o, en otras palabras, cuáles sujetos de derecho pueden y deben figurar en la relación procesal como partes actora y demandada.

   Con respecto a este tema la doctrina nacional ha entendido lo siguiente:

   La cualidad, en sentido amplísimo, es sinónima de legitimación. En esta acepción, la cualidad no es una noción específica o peculiar del derecho procesal, sino que se encuentra a cada paso del vastísimo campo del derecho, tanto público como privado. Allí donde se discute acerca de la pertenencia o titularidad de un derecho subjetivo o de un poder jurídico, allí se encuentra planteado igualmente un problema de cualidad o de legitimación. Allí donde se discute acerca de la vinculación de un sujeto a un deber jurídico, allí se encuentra planteado un problema de cualidad o legitimación. En el primer caso, podría muy bien hablarse de cualidad o de legitimación activa: en el segundo de cualidad o legitimación pasiva

   (Loreto Luís, Ensayos Jurídicos, Caracas, 1987, p. 183)

   En este mismo orden de ideas la doctrina foránea ha definido el significado de la legitimación en la causa, como sigue:

   Al estudiar este tema se trata de saber cuándo el demandante tiene derecho a que se resuelva sobre las determinadas pretensiones contenidas en la demanda y cuándo el demandado es la persona frente a la cual debe pronunciarse esa decisión, y si demandante y demandado son las únicas personas que deben estar presentes en el juicio para que la discusión sobre la existencia del derecho material o relación jurídica material pueda ser resuelta, o si, por el contrario, existen otras que no figuran como demandantes ni demandados

   (Devis Echandia, Hernando. Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I, Editorial Temis. Bogota. 1961. Pág. 489).

   Así, podemos decir que la legitimación a la causa alude a quienes tienen derecho, por determinación de la ley, para que en condición de demandantes, se resuelva sobre sus pretensiones, y si el demandado es la persona frente a la cual debe sentenciarse. En concordancia con lo anterior, precisa Carnelutti sobre las dos cuestiones fundamentales a las que debe responder el proceso y que, a la vez, constituyen su razón de ser.

   (…) media una cuestión de legitimación, cuando la duda se refiere no a si el interés para cuya tutela se actúa está en litigio, sino a si actúa para su tutela quien debe hacerlo (…)

   (Carnelutti, F. Sistema de Derecho Procesal Civil. Tomo III. Uteha Argentina. Unión tipográfica Editorial Hispano América. Buenos Aires 1.944. Pág. 165)

   Ahora bien, la legitimatio ad causam es uno de los elementos que integran los presupuestos de la pretensión, entendidos estos como los requisitos para que el sentenciador pueda resolver si el demandante tiene derecho a lo pretendido, y si al demandado se le puede exigir el cumplimiento de la obligación que se le trata de imputar; por lo que la cualidad se resuelve cuando se demuestra, o bien la identidad entre quien se presenta ejerciendo el derecho o poder jurídico; o bien entre la persona contra quien se ejercita y el sujeto obligado en concreto.

   Así las cosas, dispone el primer aparte del articulo 361 del Código de Procedimiento Civil, que junto con las defensas invocadas por el demandado en la contestación, podrá este hacer valer la falta de cualidad o la falta de interés, en el actor o en el demandado, para intentar o sostener el juicio. Entonces, la interposición de tal defensa debe considerarse tempestiva siempre que se haga en dicha oportunidad, sin importar el lugar que ocupe tal defensa en el escrito de contestación de la demanda, ya que, ciertamente, en caso de ser opuesta deberá ser decidida por el Juez como “punto previo” o como “cuestión de previo pronunciamiento” en la sentencia definitiva y antes de decidir sobre el mérito de la controversia, pues, en caso de prosperar esta defensa, cualquier pronunciamiento acerca del fondo resultaría inoficioso.

   En este orden de ideas, la cuestión de la falta de cualidad y de la falta de interés se explica por la legitimación que tienen las partes para obrar en el proceso, en el sentido de que el mismo no puede realizarse indiferentemente entre cualesquiera sujetos, sino que debe ser instaurado únicamente entre aquéllos que se encuentran involucrados en la relación material (interés jurídico controvertido) como sujetos activos y pasivos de la misma. La regla general puede establecerse así: La persona que se afirma titular de un interés jurídico propio, tiene legitimación para hacerlo valer en juicio (legitimación activa) y la persona contra quien se afirma la existencia de ese interés, en nombre propio, tiene a su vez legitimación para sostener el juicio (legitimación pasiva). La legitimación funciona, entonces, no como un requisito de la acción, sino más bien como un requisito de legitimidad del contradictorio entre las partes y su falta provoca necesariamente la desestimación de la demanda.

   Dicho lo anterior, este Tribunal pasa a comprobar si efectivamente existe el defecto denunciado. En tal sentido, quien decide hace constar que al momento de contestar la demanda la representación de la parte codemandada alegó en su defensa que las negociaciones cuya nulidad solicita el actor, consistentes en varias compraventas de bienes muebles, fueron celebradas por personas jurídicas distintas a la persona natural contra quien se intentó la presente acción de nulidad.

   Del examen de la forma en que ha quedado planteada la controversia, así como de las actuaciones cursantes en autos, quien decide llega a las siguientes conclusiones: