Decisión nº PJ0072013000107 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Falcon (Extensión Coro), de 28 de Octubre de 2013

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE JUICIO

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO FALCON

SENTENCIA DEFINITIVA: CAUSA: IP01-P-2012-0002665

Corresponde a este Tribunal Segundo de Juicio, emitir sentencia en la presente causa, seguida contra de los acusados J.A.I.P. y V.S.V.P., a quienes en juicio oral y público celebrado en fecha 24 de octubre de 2013, el Tribunal los sentenció a cumplir la pena de SIETE (7) AÑOS Y OCHO (8) MESES y QUINCE (15) DÍAS DE PRISIÓN, y SIETE (7) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN, respectivamente, por la comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal y Posesión Ilícita de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto en el artículo 153 del Código Penal, (para el primero de los nombrados) y al segundo, sólo por el delito de Robo Agravado en grado de cooperador inmediato, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, en relación con el artículo 83 eiusdem, todo conforme al procedimiento especial por admisión de los hechos previsto en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal; a tal efecto, este Juzgado hace las siguientes consideraciones:

I

IDENTIFICACIÓN DE LOS ACUSADOS

1. - J.A.I.P., venezolano, titular de la cedula de identidad Nº 25.925.489, mayor de edad, de 24 años de edad, estado civil soltero, fecha de nacimiento 27-12-1987, de profesión u oficio mecánico, residenciado en el Sector San José, entre calles 6 y 7, casa S/N, callejón de los niños al lado de la Iglesia de San José, Coro estado Falcón, teléfono 0426-425.95.18 (de su esposa); (actualmente detenido en la Comunidad Penitenciaria).

2. - V.S.V.P., venezolano, titular de la cedula de identidad Nº 18.607.774, mayor de edad, de 25 años de edad, estado civil soltero, fecha de nacimiento 22-04-187, de profesión u oficio agricultor, residenciado Barrio C.S., la vela, casa S/N, calle Nº 09, a tres casa de la boga el Hatico, Vela estado Falcón, teléfono 0426-960.2127 (de su progenitora); (actualmente detenido en la Comunidad Penitenciaria).

II

DE LOS HECHOS

En la audiencia oral celebrada por este Juzgado Unipersonal de Control, el Ministerio Público ratificó el contenido de su acusación.

Los hechos en ella contenidos y por los que el acusado admitió los hechos son los siguientes:

“En fecha 10 de julio de 2012, siendo aproximadamente las 9:10 horas de la noche los funcionarios OFICIAL G.A. y el OFICIAL J.S., adscritos al Centro de Coordinación Policial Nº 11 “Comisario Jefe Cecilio Antonio Lara” de la policía del estado Falcón, se encontraba realizando labores de patrullaje preventivo por el perímetro de la Población de la Vela de Coro, a bordo de las unidades moto signada con las siglas M-357 y M-359 y en momentos que se desplazaba por la zona comercial recibieron llamada de parte de la centralista de guardia quien informaba que en el referido Centro de Coordinación se había presentado un ciudadano de nombre N.A.H.S., manifestando que había sido víctima de un robo por parte de dos ciudadanos que reunía las siguientes características----tripulaban un vehículo clase MOTO, marca EMPIRE, modelo HORSE 150 CC, color negro, tipo PASEO…que fungía de copiloto, descendió del vehículo antes descrito y lo apuntó con un arma de fuego manifestándole que le hiciera entrega del equipo móvil marca BLACKBERRY modelo 9550, el mismo negándose a entregarlo por lo que el ciudadano antes descrito le propinó un golpe en la cabeza con el arma de fuego a la hoy víctima lográndola despojar de su equipo móvil de igual…en vista de la información los funcionarios procedieron a realizar un recorrido por la zona del calvario en busca de los ciudadanos antes descritos, logrando avistar a dos ciudadanos que reunían las mismas características aportadas por la hoy víctima y tripulaban un vehículo clase moto…una revisión corporal al ciudadano que fungía como copiloto y…lográndole colectar oculto entre la cintura y el cinto de la bermuda un (1) arma de fuego de fabricación rudimentaria, por su morfología similar a una arma de fuego del tipo revolver…”

Seguidamente el Representante Fiscal, expuso sucintamente los medios de pruebas en los que soportaba su acusación y los ofreció a los fines de demostrar la culpabilidad de los sindicados, acusándolos formalmente.

Finalmente solicitó la admisión de la acusación y el enjuiciamiento oral y público de los ciudadanos J.A.I.P. y V.S.V.P. y el mantenimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad.

Acto seguido se le impuso a los acusados de sus derechos contemplados en el artículo 125 del COPP, y se le informó que su declaración era un instrumento para su defensa por lo que se le impuso del contenido de los artículos 130 y 131 eiusdem, así como del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, manifestando que “No deseaba declarar”.

Seguidamente el Tribunal le impuso a los acusados J.A.I.P. y V.S.V.P., del procedimiento especial por admisión de hechos, previsto en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, y ellos se acogieron a dicha Institución Procesal.

III

HECHOS QUE QUEDAN ACREDITADOS CONFORME A LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS

Basado en la admisión de los hechos efectuada por el acusado quien asumió plenamente la responsabilidad de los hechos, el Tribunal cumpliendo con su función sentenciadora y los requisitos de la sentencia conforme al contenido del artículo 346.3 del COPP, estima acreditados los hechos que el Ministerio Público planteó como objeto del debate en su escrito de acusación, esto es que:

Que el día 10 de julio de 2012, los ciudadanos J.A.I.P. y V.S.V.P., fueron detenidos aproximadamente a las 9:10 horas de la noche, luego de que fueran perseguidos en virtud de una denuncia que interpusiera el ciudadano N.A.H.S., quien expresó con características de ropas y fisonómicas, que estos a bordo de un vehículo tipo moto, lo interceptaron y el primero de los nombrados portando un objeto que simulaba ser un arma de fuego, lo amenazó de muerte y lo despojó de su teléfono celular marca Blackberry modelo 9550.

Por otra parte, es de hacer notar que el ciudadano J.A.I.P., también fue acusado por la Fiscalía por el delito de Posesión Ilegal de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, hecho que cometió en fecha 22 de febrero de 2009, cuando fue detenido por funcionarios de la Policía del estado Falcón, y al revisarlo le hallaron un envoltorio cuyo interior contenía 5,9 gramos/miligramos de marihuana.

IV

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

La institución de la admisión de hecho se encuentra contemplada en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal y fundamentalmente es un mecanismo de auto composición procesal tendiente a la conclusión anticipada del procedimiento penal producto del reconocimiento voluntario que el acusado expresa respecto a su participación y culpabilidad en los hechos que el Estado por intermedio del Ministerio Público le imputa. Tal reconocimiento que contribuye a la efectiva tutela de los derechos de las victimas, la ciudadanía en general y del propio Estado conlleva a un conjunto de beneficio, entre los cuales está, la celeridad judicial lo cual comporta además de una pronta Justicia y el ejercicio efectivo del ius puniendi por parte del Estado, igualmente conlleva a una recompensa para el acusado que ha reconocido su culpabilidad y responsabilidad en el delito de manera anticipada, es precisamente, la formula prevista en el artículo 375 del COPP, la admisión de los hechos, que prevé una rebaja especial que va desde 1/3 a 1/2 de la pena que por el delito cometido normalmente se le aplicaría, según sea el caso, a la luz del encabezamiento de dicho artículo y su primer aparte, es decir, tomando en cuenta las circunstancias del caso, el bien jurídico afectado y el daño social causado. Pero, en el caso que los hechos se subsuman en los presupuestos del primer aparte de dicho artículo el juez sólo podrá rebajar 1/3 de la pena.

Sobre esta novísima Institución -La Admisión de los hechos- el Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado de manera reiterada y entre las sentencias más recientes encontramos la número 78 del 25 de enero de 2006, expediente 2228 con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta Merchan, (sala Constitucional) igualmente y más reciente en sentencia del 23 de mayo de 2006, sentencia 1106, expediente 1422, expresó lo siguiente:

“De acuerdo con la norma reseñada, el procedimiento por admisión de los hechos es una de las formas de autocomposición procesal, mediante la cual el legislador creó una manera especial de terminación anticipada del proceso, con prescindencia del juicio oral y público, que, a pesar de no estar incluida dentro de las alternativas a la prosecución del proceso previstas en el Capítulo III, Título I del Libro Primero del Código Orgánico Procesal Penal (como lo son el principio de oportunidad, la suspensión condicional del proceso y los acuerdos reparatorios), cumple la misma función, es decir, pone fin al proceso, toda vez que se trata de una “negociación procesal” que asume voluntariamente el acusado, con el objeto de terminar la causa penal.

Se trata, además, de un mecanismo establecido en el Texto Penal Adjetivo que le permite al acusado obtener una rebaja de pena, cuando declara en forma anticipada su culpabilidad, lo que trae como consecuencia un ahorro económico para el Estado, en virtud de que se evita la celebración del juicio oral y público, el cual, por su propia naturaleza, contiene una serie de gastos de índole pecuniario. Permite, igualmente, la obtención de una justicia expedita, la cual es originada por la propia voluntad del acusado, al aceptar los hechos que le son atribuidos, estando ello en concordancia con la tutela judicial efectiva establecida en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En tal sentido, del análisis del señalado artículo 376 se coligen los requisitos para que proceda la admisión de los hechos, el primero de ellos, es la admisión por parte del juez de control, en la audiencia preliminar, de la acusación presentada por el Ministerio Público, cuando se trate del procedimiento ordinario, o en el caso del procedimiento abreviado -delitos flagrantes-. El segundo de dichos requisitos es la admisión por parte del acusado de los hechos objeto del proceso -los comprendidos dentro de la acusación- y la solicitud de la imposición inmediata de la pena.

Así pues, respecto a la oportunidad para realizar la admisión de los hechos se debe distinguir del tipo de proceso que se trate, pues en el procedimiento ordinario, regulado por las normas contenidas en el Libro Segundo del Código Orgánico Procesal Penal, el acusado sólo podrá admitir los hechos objeto del proceso en la audiencia preliminar y una vez que el juez de control haya admitido la acusación presentada en su contra por el Ministerio Público; y en el caso del procedimiento abreviado -Título II del Libro Tercero- la admisión de los hechos sólo procederá en la audiencia del juicio oral, una vez presentada la acusación por el Ministerio Público y antes que el juez de juicio unipersonal haya dado inicio al debate.

Por tanto, no puede el acusado admitir los hechos en otras oportunidades, ya que esa circunstancia sería contradictoria con la naturaleza propia de la intención del legislador procesal penal, que se basó en la figura del “plea guilty”, tomada del derecho anglosajón, que permite la declaración de culpabilidad anticipada, ahorrándole al Estado tiempo y dinero, para invertirlos en otros juicios.

Así pues, dicha institución procesal está acorde con el derecho de toda persona a obtener una tutela judicial efectiva, pero necesariamente esa posibilidad de ofrecimiento al acusado de culminar anticipadamente el proceso, debe hacerse dentro de los parámetros y exigencias establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal.

Además, cabe resaltar el procedimiento de admisión de los hechos no es contrario, en la forma como se encuentra contemplada en el Código Orgánico Procesal Penal, al derecho constitucional que tiene el imputado –como parte del debido proceso- de reconocer, en forma voluntaria, su culpabilidad dentro del proceso penal. La institución de la admisión de los hechos, simplemente es una oportunidad que se le ofrece al imputado, con un beneficio para su persona, para que reconozca voluntariamente su responsabilidad del hecho que le es imputado, lo que no quiere decir que, en el caso que no lo haga en ese instante, pueda declarar posteriormente y aceptar su participación o coparticipación del hecho que le es atribuido. Pero en este último caso, su declaración de la aceptación de la culpabilidad no le trae beneficio procesal alguno, por haber precluido la oportunidad para hacerlo, la cual es, el procedimiento ordinario, en la audiencia preliminar, y en el procedimiento abreviado, una vez presentada la acusación y antes de iniciarse el debate oral y público.

Asimismo, el derecho al debido proceso, y el consecuente derecho a la defensa, en plenitud, no se encuentran mermados por la figura de la admisión de los hechos, toda vez que al imputado que se le ofrece la oportunidad de concluir el proceso de acuerdo con su declaración de reconocimiento, previamente tuvo la oportunidad, durante el iter procesal, ya sea ordinario o abreviado, de alegar todo aquello que lo beneficie y que pueda desvirtuar la imputación fiscal (alegar excepciones de forma y de fondo, ser oído, ofrecer medios de pruebas, interponer recursos ordinarios, ser notificado de los “cargos” por los cuales se le investiga, entre otros mecanismos de defensa)….”

Hechas previamente las consideraciones de derecho respecto a la Admisión de los Hechos, se observa que los ciudadanos J.A.I.P. y V.S.V.P., admitieron su participación y responsabilidad en el delito de Robo Agravado, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal y Posesión Ilícita de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto en el artículo 153 del Código Penal, (para el primero de los nombrados) y al segundo, sólo por el delito de Robo Agravado en grado de cooperador inmediato, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, en relación con el artículo 83 eiusdem, en consecuencia, será a partir de dichos tipos penales que habrá de hacerse el cálculo de la pena para aplicarle la rebaja especial por admisión de hechos y finalmente imponerle la pena que deberá cumplir.

En relación a la pena que se le debe imponer a los acusados por el delito de Robo Agravado, (ya que ambos responden de la misma manera) tenemos que el artículo 458 del vigente Código Penal, establece para ese delito una pena que va desde los 10 años a 17 años de prisión, cuyo término medio en aplicación de la dosimetría penal establecida en el artículo 37 eiusdem, es 13 años y 6 meses de prisión, pena que el Tribunal decide rebajar a 11 años, aplicando como circunstancias atenuantes el hecho de que los acusados son personas jóvenes y que además de ello el objeto del que se apoderaron es un teléfono celular. A partir de allí, entonces se aplicaría el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece:

El Procedimiento por admisión de los hechos tendrá lugar desde la audiencia preliminar una vez admitida la acusación, hasta antes de la recepción de pruebas.

(…)

Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas, cuya pena exceda de los ocho años en su límite máximo, y en los casos de delitos de: homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, delito de corrupción, delitos que causen graves daños al patrimonio público y la administración público; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financieros y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra, el Juez o Jueza sólo podrá rebajar hasta un tercio de la pena aplicable

(Subrayado del Tribunal).

De la inteligencia de la norma antes transcrita se evidencian unas series de circunstancias que merecen ser analizadas a los efectos de imponer adecuadamente la pena que el acusado deberá cumplir. Así observamos que el legislador adjetivo penal en la parte in fine del artículo autoriza al juez de la causa a rebajar sólo un tercio de la pena aplicable en ciertos tipos de delitos, entre los cuales se encuentran los que se hayan perpetrado generando violencia en contra de la víctima, como es el caso del Robo Agravado, cuyo delito se distingue por el ataque de varios bienes jurídicos de homogénea naturaleza, como lo son, la propiedad, la libertad individual y la vida misma, siendo un delito catalogado como “pluriofensivo” por las circunstancias expuestas.

Es claro decir, que a partir de aquellos 12 años de prisión procederá la rebaja que por concepto le corresponde por la admisión de hecho, que es de 1/3, dado que el delito de Robo Agravado, como se explicó supra es un delito en donde se ejerce violencia sobre las personas, que al aplicarle el contenido del artículo 375 del COPP, resulta que la pena final que habrá de aplicarse a los acusados es de SIETE (7) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN, respectivamente. Y así se decide.

No obstante, y en relación al ciudadano J.A.I.P., la pena se le aumenta en 4 meses y 15 días de prisión, por el delito de Posesión de Drogas, que conlleva a una pena de 1 a 2 años de prisión, cuyo término medio es de 1 año y 6 meses de prisión, que al aplicarle la rebaja de ½ por admisión de ello, resulta una pena de 9 meses de prisión que a su vez se rebaja a 4 meses y 15 días por haber concurso real de delito, conforme al artículo 88 del Código Penal, que sumado a aquellos 7 años, 4 meses y 15 días de prisión, resulta una pena total a imponer de 7 años, 8 meses y 15 días de prisión. Y así se decide.

Igualmente se le condenada a cumplir las penas accesorias establecidas en el artículo 16 del Código Penal vigente. Y así se decide.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Código Orgánico Procesal Penal, se exime del pago de las costas procesales contempladas en el artículo 267 eiusdem, en virtud del principio de la gratuidad de la justicia consagrado en el artículo 254 de la Constitución Nacional. Y así se decide.

Finalmente y conforme al artículo 349 del Código Orgánico Procesal Penal, se fija provisionalmente la fecha de culminación de la condena las siguientes fechas: 10 de noviembre de 2019 y el 25 de marzo de 2020, tomando en cuenta el tiempo que han permanecido detenidos. Se ordena y se mantiene la privación judicial preventiva de libertad en el sitio actual de reclusión, hasta que la sentencia quede definitivamente firme y se pongan a la orden del tribunal de ejecución el cual decidirá sobre el sitio de reclusión definitivo. Y así se decide.

V

DECISIÓN

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley de conformidad con lo establecido en los artículos 349 del Código Orgánico Procesal Penal, en armonía con el artículo 375 eiusdem, resuelve: Primero: CONDENA a los ciudadanos: J.A.I.P. y V.S.V.P., a cumplir las penas de SIETE (7) AÑOS Y OCHO (8) MESES y QUINCE (15) DÍAS DE PRISIÓN, y SIETE (7) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN, respectivamente, por la comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal y Posesión Ilícita de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto en el artículo 153 del Código Penal, (para el primero de los nombrados) y al segundo, sólo por el delito de Robo Agravado en grado de cooperador inmediato, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, en relación con el artículo 83 eiusdem. Segundo: Se les condena a cumplir las penas accesorias establecidas en el artículo 16 del Código Penal vigente. Tercero: De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Código Orgánico Procesal Penal, se exime del pago de las costas procesales contempladas en el artículo 267 eiusdem, en virtud del principio de la gratuidad de la justicia consagrado en el artículo 254 de la Constitución Nacional. Cuarto: Conforme al artículo 349 del Código Orgánico Procesal Penal, se fija provisionalmente la fecha de culminación de la condena el 10 de noviembre de 2019 y el 25 de marzo de 2020, respectivamente.

Regístrese, déjese copia, inclúyase en diario. Remítase el expediente a la Fase de Ejecución en su oportunidad legal.

Dada, firmada y sellada en el Tribunal Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Falcón. En Coro a los 28 días del mes de octubre de dos mil trece (2013). Años 202° de la Independencia y 154° de la Federación.

EL JUEZ,

J.C.P.G.

LA SECRETARIA,

ELYCELIS RODRÍGUEZ

Resolución Nº PJ072013000107

Asunto Judicial IP01-P-2012-2665

Sentencia Definitiva.