Decisión nº 354-2014 de Tribunal Segundo de Control de Zulia (Extensión Santa Bárbara), de 20 de Marzo de 2014
| Fecha de Resolución | 20 de Marzo de 2014 |
| Emisor | Tribunal Segundo de Control |
| Ponente | Glenda Moran |
| Procedimiento | Audiencia Preliminar |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA
EXTENSION S.B.D.Z.
S.B.d.Z., veinte (20) de marzo de 2014
203º y 155º
Causa Penal N° C02-34.804-2013
Causa Fiscal N° 24-DDC-F16-503.433-2.013
DECISIÓN N° 354- 2014.-
ACTA DE AUDIENCIA PRELIMINAR (ANULA ACUSACION FISCAL)
En el día de hoy, jueves veinte (20) de marzo de 2014, siendo las diez horas de la mañana (10:00 a.m.), oportunidad fijada por este Tribunal Segundo de Control, para llevar a efecto audiencia preliminar, de conformidad con lo establecido en el artículo 365 del Código Orgánico Procesal Penal. Presidido el acto por la abogada G.M.R., en su condición de Jueza Segunda de Primera Instancia en Funciones de Control, conjuntamente con la abogada LIXAIDA M.F.F., en su condición de Secretaria, en relación a la causa seguida contra el ciudadano J.G.D.T., por la presunta comisión del delito de USURPACION DE IDENTIDAD, previsto y sancionado en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO. Seguidamente, la Jueza de Control insta a la Secretaria a verificar la presencia de las partes, quien manifestó: “Ciudadana Jueza, se encuentran presentes la abogada J.B., en su condición de Fiscal Auxiliar Décimo Sexto del Ministerio Público del Estado Zulia, el imputado de autos, ciudadano J.G.D.T., asistido por la abogada NOIRALITH GONZALEZ, en su condición de Defensora Pública N° 05 (A) Penal Ordinario, es todo”. Seguidamente, la Jueza de Control, expuso: Verificada la presencia de las partes, se declara abierta la audiencia y anuncia el inicio del acto, advirtiéndole a las partes que la misma no tiene carácter contradictorio y que no se permitirán planteamientos propios del juicio oral y público, que deben hacer sus peticiones de forma breve, así mismo, se les informó sobre las formulas alternativa a la Prosecución del Proceso, de conformidad a lo previsto en el artículo 357 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 358 eiusdem, en relación con los artículos 38, 41 y 43 del citado Código Orgánico Procesal Penal, y los cuales se refieren a lo siguiente: Principio de Oportunidad, Acuerdo Reparatorio y Suspensión Condicional del Proceso, así mismo se le informó sólo al imputado sobre el Procedimiento por Admisión de los hechos, establecido en el Artículo 371 del Código Orgánico Procesal Penal. Acto seguido, se le concede la palabra a la representante del Ministerio Público para que exponga en forma oral los argumentos en que basa su acusación, quien señaló: “Esta representación fiscal ratifica en todas y cada una de sus partes, el escrito de acusación interpuesto en fecha nueve (09) de Febrero de 2014, contra el ciudadano J.G.D.T., por la presunta comisión del delito de USURPACION DE IDENTIDAD, previsto y sancionado en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, con ocasión a los hechos acontecidos el día 23 de Noviembre de 2013, aproximadamente a las cinco horas y treinta minutos de la tarde (05:30 p.m.), momento en que funcionarios adscritos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, Comando Fuerte Motilón, se disponían a instalar un punto de control móvil en el sector Las Cumbre de Catatumbo, en el eje carretero Machiques Colón, cuando visualizaron a un ciudadano que transitaba por los alrededores de dicho punto de control, con una actitud sospechosa, a quien le solicitaron mostrara sus documentos personales mostrando una cédula de identidad a nombre de L.E.G.M., cédula de identidad N° 13.011.942, fecha de nacimiento 19/11/1974, y al hacerle la requisa de ley, se pudo verificar que en su cartera poseía otra cédula a nombre de J.G.D.T., con el N° E.-122.693.920, de fecha de nacimiento 10 de Diciembre de 1983, de nacionalidad Colombiana, de 29 años de edad; y un comprobante de cédula a nombre de M.L., cédula de identidad N° 19.393.380, de fecha de nacimiento 15 de noviembre de 1975, razón por la cual se le informó que quedaría detenido, siendo colocado más tarde a la orden del Ministerio Público. Se hace indicación de los fundamentos y se expresan los medios de convicción que motivan la presente acusación, se ratifican en todas y cada una de sus partes dicho escrito y los medios de pruebas ofrecidos, tanto las pruebas testimoniales como las pruebas periciales, dándole el Ministerio Público a los hechos narrados la calificación Jurídica de USURPACION DE IDENTIDAD, previsto y sancionado en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO. Solicito se ordene la apertura a juicio y se mantenga al imputado de autos, la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, que le fue acordada en su oportunidad, es todo”. Acto seguido, la ciudadana Jueza procedió a imponer al imputado J.G.D.T., del Precepto Constitucional inserto en el artículo 49, numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del contenido del artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, como del contenido del artículo 133 eiusdem, informándole que no está obligado a confesarse culpable o de declarar contra si misma, a explicarle en que consiste el delito imputado, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo, en caso de consentir en rendir declaración, a no hacerlo bajo juramento, libre de todo apremio, ni prisión ni coacción, manifestando el imputado no querer rendir declaración, quedando identificado como queda escrito: J.G.D.T., quien dijo ser de nacionalidad colombiana, natural de Magdalena, República de Colombia, nacido en fecha 10/12/1983, de 31 años de edad, titular de la cédula de identidad de identidad Nº 12.693.920, de estado civil soltero, de profesión u oficio obrero, hijo de F.M. y de M.d.T., residenciado en la Parroquia Bari, sector Las Cumbres de Catatumbo, carretera Machiques Colón, municipio J.M.S.d.E.Z., a cuatro casas de la Tasca Las Cumbres, El Cruce, teléfono 0416-6924913, y estando sin juramento alguno, libre de todo apremio, prisión y coacción, expuso: “No tengo nada que decir, es todo”. Seguidamente, la ciudadana jueza, le concede la palabra a la Abogada NOIRALITH GONZALEZ, Defensora Pública N° 05 Penal Ordinario, quien expuso: “En este acto la defensa ratifica el escrito de descargo presentado en tiempo hábil, mediante el cual solicito se decrete la Nulidad Absoluta del escrito acusatorio presentado por la Fiscalía XVI del Ministerio Público, en razón que en fecha 25 de noviembre de 2.013, la mencionada Fiscalía imputó formalmente al defendido por la presunta comisión del delito de USURPACIÓN DE IDENTIDAD, ordenando en tal fecha el Juzgado decretar que se siguiera procedimiento para el juzgamiento de los delitos Menos Graves, según el artículo 354 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, posteriormente el día 31 de Enero el Juzgado de Control declara con lugar la solicitud realizada por esta defensa pública, decretando resolución Nº 138-2.014 el Archivo de las Actuaciones que conforman la causa penal Nº C02-34.804-2.013, de conformidad con lo previsto en el artículo 363 en concordancia con el artículo 364 ambos del Código Penal Adjetivo. Ahora bien, en virtud de lo antes planteado observa la defensa que no consta en actas que se haya autorizado al Ministerio Público la reapertura de la investigación que se encontraba archivada judicialmente, por lo que siendo ello así, considera la defensa que al defendido se le ha violentado de manera directa y flagrantemente lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al encontrarse firme una decisión Judicial, en razón de lo antes señalado solicito se declaren los efectos jurídicos procesales estipulados para el decreto con lugar de la Nulidad Absoluta conforme lo disponen los artículos 174, 175, 179 y 180 todos del Código Orgánico Procesal Penal, y por último, solicito copias del acta que se levanta. Es todo”. En este estado, la Jueza en funciones de Control, abogada G.M.R., hace la siguiente exposición: Finalizada la presente audiencia, pasa el tribunal a resolver en presencia de las partes sobre las cuestiones planteadas por cada una de ella, a tenor de lo dispuesto en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable al caso por remisión expresa del artículo 368 eiusdem, al respecto, hace las siguientes consideraciones jurídico procesal: La Abogada NOIRALITH GONZALEZ, actuando con el carácter antes indicado, solicita se decrete la nulidad absoluta del escrito acusatorio, por cuanto se ha violentado la garantía constitucional del debido proceso previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que, dicho acto se ha realizado en contravención a las condiciones previstas en el Código Adjetivo Penal, concretamente a lo establecido en el artículo 296 del mencionado Código, por cuanto en fecha treinta y uno (31) de Enero, según decisión Nº 138-2.014, se decretó el archivo judicial de las actuaciones. Así las cosas, el Tribunal para decidir observa. Consta en el expediente contentivo del presente asunto que en fecha veinticinco (25) de noviembre del año 2.013, se realizó el acto de audiencia de presentación de imputado, en cuyo acto se impuso al ciudadano J.G.D.T., de medida cautelar sustitutiva de libertad, por la presunta comisión del delito de USURPACION DE IDENTIDAD, previsto y sancionado en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, decretándose la aplicación del procedimiento para el juzgamiento de los delitos menos graves, disponiendo el Ministerio Público de un lapso de sesenta días continuos para presentar el acto conclusivo correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 363 del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual no realizó, puesto que no presentó en el lapso indicado en el citado artículo 363 del Código Orgánico Procesal Penal, acusación, sobreseimiento o archivo de las actuaciones, en virtud de esa circunstancia, el Tribunal por Resolución N° 138-2.014, dictada en fecha treinta y uno (31) de Enero de 2014, decretó a favor del ciudadano J.G.D.T., el ARCHIVO de las actuaciones, seguida por la presunta comisión del delito de USURPACION DE IDENTIDAD, previsto y sancionado en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, como se evidencia en el copiador de decisiones del mes de Enero de 2014 llevado por este Despacho Judicial, cuya decisión fue notificada al representante de la Fiscalía XVI del Ministerio Público, las cuales fueron remitidas en su oportunidad. Ahora bien, no dispone el artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal, que luego de que el Tribunal decrete el archivo judicial de las actuaciones, pueda el Ministerio Público presentar acusación sin que previamente solicite la reapertura de la investigación. En ese sentido, el artículo 353 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que en los asuntos sujetos a procedimientos especiales son aplicables las disposiciones establecidas específicamente para cada uno de ellos en este libro y en lo no previsto y siempre que no se opongan a ellos, se aplicarán las reglas del procedimiento ordinario. Del contenido del citado artículo se advierte que en lo no previsto en el procedimiento para el juzgamiento para los delitos menos graves, y siempre que no se oponga al procedimiento para el juzgamiento de los delitos menos graves, se aplicarán las reglas del procedimiento ordinario. Como antes se indicado, el artículo 364 de la norma adjetiva penal, nada dice respecto de la reapertura de la investigación luego de decretado el archivo judicial de las actuaciones, ante tal omisión, estima el tribunal debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 353, donde se establece que en lo no previsto y siempre que no se opongan al procedimiento para el juzgamiento para los delitos menos graves, se aplicarán las reglas del procedimiento ordinario. Ahora bien, de acuerdo con el contenido del artículo 296 del texto adjetivo penal, cuando se decreta el archivo de las actuaciones, la investigación solo podrá ser reabierta cuando surjan nuevos elementos de convicción que lo justifiquen y previa autorización del Juez o Jueza. De lo anterior, se advierte que el Ministerio Público antes de presentar acusación debió solicitar al Tribunal autorización para proceder a la reapertura de la investigación en el presente asunto, puesto que, en fecha treinta y uno (31) de Enero de 2014, mediante Resolución N° 138-2.014, se decretó el archivo judicial a favor del ciudadano J.G.D.T., por lo tanto, la presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía Decimosexta del Ministerio Público en contra del ciudadano J.G.D.T., constituye acto cumplido en contravención o con inobservancia de las condiciones previstas en el Código Orgánico Procesal Penal, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, tratados, convenios y acuerdos internaciones suscritos y ratificados por la República, lo que no puede ser apreciado para fundar una decisión inicial. En ese orden de ideas, el artículo 179 del Código Orgánico Procesal Penal. Artículo 179. “Cuando no sea posible sanear un acto, ni se trate de casos de convalidación, el Juez o Jueza deberá declarar su nulidad por auto razonado o señalará expresamente la nulidad en la resolución respectiva, de oficio o a petición de parte (…)”. El citado artículo dispone en su primer aparte, lo siguiente: “En todo caso, no procederá tal declaratoria por defectos insustanciales en la forma. En consecuencia, solo podrán anularse las actuaciones Fiscales o diligencias judiciales del procedimiento que ocasionare a los intervinientes un perjuicio reparable únicamente con la declaratoria de nulidad”, y el segundo aparte prevé: “Existe perjuicio cuando la inobservancia de las formas procesales atenta contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento”. En el caso de autos, la presentación del escrito de acusación por el Ministerio Público, ha ocasionado al imputado y a la abogada defensora un perjuicio reparable únicamente con la declaratoria de nulidad, puesto que, existe violación al derecho a la defensa, cuando los interesados no conocen el procedimiento que pueda afectarlos, se les impide su participación en él o el ejercicio de sus derechos o no se les notifica los actos que los afecte, lo cual sucedió en el presente caso, puesto que, habiéndose decretado el archivo judicial de las actuaciones, el Ministerio Público presentó acusación sin requerir del tribunal autorización para la reapertura de la investigación, siendo que la defensa es un derecho inviolable en cualquier estado y grado de la investigación y del proceso, en virtud de ello, se declara la nulidad absoluta de la acusación presentada por la Fiscalía Décima Sexta del Ministerio Público, contra el ciudadano J.G.D.T., por la presunta comisión del delito de USURPACION DE IDENTIDAD, descrito y castigado en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO y se repone la causa al estado en que el Ministerio Público, solicite al tribunal autorización para la reapertura de la Investigación, de conformidad con el artículo 353 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 296 eiusdem. Así se decide. Por todos los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión S.B., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, RESUELVE: PRIMERO: declara la nulidad absoluta de la acusación presentada por la Fiscalía Decimosexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, contra el ciudadano J.G.D.T., por la presunta comisión del delito de USURPACION DE IDENTIDAD, previsto y sancionado en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO. SEGUNDO: Repone la causa al estado en que el Ministerio Público, solicite al tribunal autorización para la reapertura de la Investigación, de conformidad con el artículo 353 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 296 eiusdem, en relación con el artículo 179 ibidem, concatenado con el artículo 49, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. TERCERO: Una vez transcurrido el lapso de ley respectivo, remítanse las presentes actuaciones a la Fiscalía Decimosexta del Ministerio Público del Estado Zulia, para que proceda conforme a lo aquí decidido. CUARTO: Quedan notificadas las partes de esta decisión, de conformidad con el artículo 159 del Código Orgánico Procesal Penal. Siendo las diez horas y veinte de la mañana (10:20 A.M.), se da por terminada la presente audiencia y con la lectura del acta que al efecto se levanta, quedan notificadas las partes. Es todo, término, se leyó y firman, estampando el imputado sus huellas digito-pulgares. Se registró la presente decisión bajo el Nº 354-2014.
La Jueza Segundo de Control,
Abg. G.M.R.L.F. (A) XVI del Ministerio Público,
Abg. J.B.
El imputado,
J.G.D.T.
La Defensora Pública N° 05,
Abg. NOIRALITH GONZALEZ
La Secretaria
Abg. LIXAIDA M.F.F.
