Decisión de Tribunal Décimo Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 14 de Marzo de 2014
| Fecha de Resolución | 14 de Marzo de 2014 |
| Emisor | Tribunal Décimo Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo |
| Ponente | Herbert Castillo |
| Procedimiento | Recurso De Nulidad |
Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, catorce (14) de marzo de dos mil catorce
203º y 155º
ASUNTO: AP21-N-2013-000008
En fecha veinte (20) de julio de 1981, mediante escrito presentado por el abogado en libre ejercicio R.J.M.D., inscrito en el IPSA bajo el N° 10.725, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil TECLADOS DE VENEZUELA, C.A., sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas e inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha veintinueve (29) de mayo de 1972, bajo el N° 45, Tomo 68-A, ejerció acción de nulidad en contra del Acto Administrativo contenido en la Resolución dictada por la Comisión Tripartita Segunda de Segunda Instancia en el Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha veintinueve (29) de enero de 1981, signada con el N° 14, con ocasión a la solicitud de reducción de personal realizada por la empresa TECLADOS DE VENEZUELA, C.A.
En fecha nueve (09) de diciembre de 2013, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U. R. D. D.) de este Circuito Judicial del Trabajo, Oficio Nº CSCA-2013-011062, de fecha trece (13) de noviembre de 2013, emanado de la Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, conjuntamente anexo al expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, a través del cual remitió el presente expediente a los Juzgados de Sustanciación Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, por declinatoria de competencia, a los fines de que pasen a conocer sobre el fondo del presente asunto.
El doce (12) de diciembre de 2013, el Juzgado Cuadragésimo Primero (41°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de este Circuito judicial, dio por recibido el presente asunto y ordenó la remisión del mismo a la Coordinación de Secretarios y Asistentes de este Circuito Judicial a los fines de su inclusión en el Acto de Distribución de los Asuntos a ser remitidos a los Tribunales de Juicio de este Circuito Judicial, en virtud de ser los órganos competentes para conocer de los Recursos Contencioso Administrativos de Nulidad.
Una vez distribuido el expediente en los Juzgados de Juicio, se observa que correspondió a este Juzgado el conocimiento de la presente causa por lo que fue recibido en fecha trece (13) de enero de 2014. El veinte (20) de enero de 2014, el Tribunal se aboca a su conocimiento y ordena la notificación de la parte actora, fijándose un término de diez (10) días de despacho para su reanudación, y una vez que conste en autos su notificación comenzará a computarse el lapso de reanudación, así como los tres (03) días de despacho a los fines de la recusación, ordenándose a su vez a la parte actora que explique las razones de su inactividad y si aún conserva interés en la resolución de la acción planteada, para lo cual, se le concedieron cinco (05) días de despacho una vez que conste en autos su notificación previo el transcurso del término y lapso mencionados, de conformidad con la doctrina sentada en sentencia N° 956 de fecha primero (1°) de junio de 2001, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Constatando de las actas procesales que han transcurrido los lapsos mencionados, en vista que se dejó constancia de la notificación en fecha diez (10) de febrero de 2014, este Tribunal pasa a dictar el presente fallo.
-III-
DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA
Previamente, pasa este Sentenciador a hacer algunas disquisiciones respecto del interés que manifiestan las partes actuantes en el proceso judicial, lo cual hace previas las siguientes consideraciones: Una vez iniciado el proceso judicial con la presentación de la demanda y la admisión de ésta, nace una relación jurídica, propia del derecho de petición, en la que el actor se coloca en la posición de invocar la tutela judicial efectiva a la que está obligado el Estado por intermedio del Poder Judicial, por su parte, el Estado se coloca en la posición de tutelar ese interés jurídico reclamado, llámese la solución de un conflicto o la protección de un interés meramente gracioso.
Como se dijo, tanto el actor debe tener un interés jurídico actual, como el Estado está obligado a tutelar el interés reclamado; de donde se colige que el proceso no es más que el instrumento del que dispone el Estado para garantizar a sus administrados el mantenimiento de la paz social y la consecución de sus derechos particulares, cuando en ellos tengan interés. Así, la carencia de interés por parte del particular, aun luego de iniciado el proceso judicial, genera la convicción en el ánimo garantista del Estado de que su actuación administradora de justicia será inoficiosa, bien porque el conflicto se ha erradicado, bien porque el interés ha perecido. Se trata entonces de hacer realmente efectiva la administración de justicia.
Con miras a este concepto funcional del Estado, el Legislador dispuso en el Código de Procedimiento Civil la norma de la perención de la instancia, de la siguiente manera:
Artículo 267: Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención.
Asimismo la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa regula la perención de la instancia, de la siguiente manera:
Artículo 41: Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, fijación de la audiencia y la admisión de las pruebas.
Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria.
Vale precisar, a los fines comentados, qué es la ejecución de un acto de procedimiento, señalando que, en palabras del Maestro Chiovenda, debe entenderse por tal la ejecución de un acto que tiene “por consecuencia inmediata la constitución, la conservación, el desenvolvimiento, la modificación o la definición de una relación procesal”.
Entonces, acto procesal es aquel que efectivamente impulsa o de alguna manera da movilidad a la relación jurídico procesal con miras a la culminación de la causa con la anhelada sentencia del mérito; sin que puedan ser considerados actos procesales las actuaciones de simple trámite de los que no se desprende un efecto jurídico más allá de la simple sustanciación, como efectivamente es el caso de autos, donde las actuaciones realizadas simplemente asignan el conocimiento de la causa a quien hoy decide.
Debe aclarar este Juzgador que la figura jurídica de la perención es un modo de extinguir la relación procesal, al transcurrir un cierto período en estado de inactividad. La perención de la instancia no extingue la pretensión, pero deja sin efecto el proceso con todas sus consecuencias, además debe observarse que la figura de la perención constituye una sanción contra el litigante negligente y apático, porque si bien el impulso procesal es oficioso, cuando no se cumpla, aquél debe estar listo a instarlo a fin de que el proceso no se detenga, de tal modo que se favorece la celeridad procesal por el estímulo en que se encuentran las partes para realizar actos y evitar la extinción del proceso. Considera pertinente señalar quien decide que la perención ocurre de pleno derecho y con efectos objetivos, es decir, que la instancia se entiende perimida e inocua para continuar surtiendo efectos procesales desde el mismo momento en que se verifica el transcurso del año de inactividad, entiéndase de esta manera que surte efectos ex tunc y no desde su declaratoria, por lo que puede ser alegada por las partes, sin que ello convalide su ocurrencia o reactive la causa, o aún, puede ser declarada de oficio.
En razón de esto, la Sala de Casación Civil del más Alto Tribunal ha establecido que:
Es claro, pues, que el ordenamiento jurídico venezolano acoge el sistema italiano respecto de la perención, de conformidad con el cual ésta opera de pleno derecho y, por tanto, se consuma por el sólo transcurso del tiempo previsto en la ley, y una vez declarada surte efectos no desde esa oportunidad, sino a partir del momento en que operó la perención, pronunciamiento éste que sólo reafirma un hecho ya cumplido.
(Sentencia de fecha 27 de febrero de 2003, caso A. Malavé contra Constructora Metrovial, C.A.)
Debe observarse entonces que la perención de la instancia se verifica ope legis al vencerse el año de inactividad procesal atribuible a las partes y que cuando el Juez la declara, se entiende que los efectos de la perención van a operar desde que se cumplió el año de paralización, es decir, se retrotrae al momento en que el plazo de la perención quedó cumplido y los efectos de actos procesales realizados por las partes después de cumplido el año que dispone la Ley de ninguna manera va a significar convalidación o subsanación de la perención.
Ahora bien, este Juzgador observa que desde el veintisiete (27) de julio de 1981, fecha en la cual el apoderado judicial de la parte recurrente solicitó la expedición de copia certificada de la acción de nulidad interpuesta no consta ninguna otra actuación, es decir, se evidencia un estado de inercia en el expediente, habiendo dejado la parte recurrente transcurrir exactamente hasta la presente fecha treinta y dos (32) años, siete (07) meses y catorce (14) días, sin realizar diligencia o actuación alguna en el expediente. Lo expresado anteriormente denota el desinterés o decaimiento en la prosecución de la presente causa, en los términos previstos en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. De lo expresado anteriormente, y verificada por este Juzgador la inactividad de la parte recurrente por más de un (01) año, debe considerarse que la instancia es inocua para continuar surtiendo efectos procesales, es decir, puede desprenderse que ha operado ipso iure, la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA. ASÍ SE DECIDE.
Por tales motivos, es forzoso para quien hoy decide declarar la perención de la instancia, y en consecuencia, la extinción del procedimiento. ASÍ SE DECIDE.
-IV-
DISPOSITIVA
Con base a todos los razonamientos de hecho y derecho que han sido expresados en la parte motiva del presente fallo este JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA: LA CONSUMACIÓN DE LA PERENCIÓN y en consecuencia, LA EXTINCIÓN DEL PROCEDIMIENTO, en el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, incoado por la sociedad mercantil TECLADOS DE VENEZUELA, C.A., sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas e inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha veintinueve (29) de mayo de 1972, bajo el N° 45, Tomo 68-A, en contra del Acto Administrativo contenido en la Resolución dictada por la Comisión Tripartita Segunda de Segunda Instancia en el Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha veintinueve (29) de enero de 1981, signada con el N° 14, con ocasión a la solicitud de reducción de personal realizada por la empresa TECLADOS DE VENEZUELA, C.A.
No hay condenatoria en costas en virtud de la naturaleza del presente fallo.
De acuerdo a lo dispuesto en la norma del 248 del Código de Procedimiento Civil se ordena dejar copia certificada de la presente sentencia.
Se ordena la publicación de la presente sentencia en la página electrónica del Tribunal Supremo de Justicia en el sitio denominado Regiones Área Metropolitana de Caracas http://caracas.tsj.gov.ve/ CÚMPLASE.
Cúmplase, publíquese, regístrese y déjese copia de la presente decisión. Dada, sellada y firmada en el Despacho del Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
En ésta ciudad, a los catorce (14) días del mes de marzo de dos mil catorce (2014). Año 203º de la Independencia y 155º de la Federación.
H.C.U.
EL JUEZ
JOSÉ ANTONIO MORENO PALACIOS
EL SECRETARIO
NOTA: En esta misma fecha se dictó, diarizó y publicó la presente decisión y se cumplió con lo ordenado.
EL SECRETARIO
HCU/JAMP/GRV
Exp. AP21-N-2013-000008
