Decisión nº 80-2014 de Tribunal Segundo de Juicio Sección Adolescentes de Zulia (Extensión Maracaibo), de 12 de Agosto de 2014

Fecha de Resolución12 de Agosto de 2014
EmisorTribunal Segundo de Juicio Sección Adolescentes
PonenteHizallana Marín de H.
ProcedimientoAdmisión De Hechos

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En su Nombre:

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

SECCIÓN DE ADOLESCENTES

JUZGADO SEGUNDO DE JUICIO

Maracaibo, 12 de Agosto de 2014

204º y 155º

CAUSA 2U-787 VP02-D-2014-000129

JUEZA(T): Dra: HIZALLANA M.U.

SECRETARIA: Abog: A.S..

DECISION:80-2014

PARTES

PARTE ACUSADORA: ABOG F.O. FISCAL TRIGÉSIMO PRIMERO DEL MINISTERIO PÚBLICO CON COMPETENCIA PARA EL SISTEMA PENAL DE RESPONSABILIDAD DE ADOLESCENTES

ACUSADA: (SE OMITE EL NOMBRE E IDENTIDAD DE LA ADOLESCENTE) por confidencialidad prevista en el articulo 545 de la lopnna), venezolana, natural de Valera, fecha de nacimiento 14-08-1996, de 17 años de años de edad, de profesión u oficio del hogar, residenciado en el Barrio 10 de Enero Sector Los Robles, Municipio Maracaibo, Estado Zulia

REPRESENTANTE LEGAL: (SE OMITE EL NOMBRE DE LA REPRESENTANTE LEGAR DE LA ADOLESCENTE)

DEFENSA PÚBLICA QUINTA ESPECIALIZADA: ABG. J.G., representante de la DEFENSORIA PUBLICA QUINTA CON COMPETENCIA PARA EL SISTEMA PENAL DE RESPONSABILIDAD DE ADOLESCENTES

DELITO: POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 111 DE LOA Ley de Desarme y Control de Arma y Municiones.

VÍCTIMA: ESTADO VENEZOLANO

Corresponde al Tribunal, dictar Sentencia Definitiva en el presente proceso penal en virtud de acusación contra de la adolescente (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), por la comisión del delito de OCULTAMIENTO ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 en concordancia con el articulo 276 ambos del Código Penal vigente para el momento de la ocurrencia del hecho delictivo, hoy denominado POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO previsto en el articulo 111 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, en perjuicio del Estado Venezolano

CAPÍTULO I

HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA PRESENTE CAUSA

En la presente causa en fase de juicio se inicia en virtud de las actuaciones recibidas en este Tribunal en fecha 01/07/2014, procedente del Juzgado Primero de Control, Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, relacionadas con la adolescente (SE OMITE EL NOMBRE E IDENTIDAD DE LA ADOLESCENTE), , con ocasión a la audiencia de preliminar del adolescente aprehendido, realizada en fecha 05/06/2014, procediendo este Tribunal mediante auto a la fijación del acto del juicio unipersonal, oral privado y reservado, en acatamiento de lo dispuesto en los artículos 584 y 585 de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES..

En fecha Cinco (05) de Agosto de 2014, tuvo lugar la celebración de audiencia oral y reservada previa al debate del juicio respecto a la adolescente acusada (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), antes identificada, convocada por este órgano jurisdiccional para llevar a cabo el JUICIO ORAL, RESERVADO Y UNIPERSONAL, en cumplimiento de las previsiones contenidas en los artículos 584 y 585 de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

PRECISANDO:

De seguidas la Jueza Profesional, solicito al Secretario verificara la presencia de las partes y en tal sentido se deja constancia de la que se encuentran presentes: El profesional del derecho Abog F.O., Fiscal Auxiliar 31° del Ministerio Público de la Circunscripción Penal del estado Zulia, con competencia en el Sistema de Responsabilidad Penal, la defensa publica 5° ABG. J.G., la adolescente (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), quien igualmente se encuentra presente, acompañado por su representante legal ciudadana (SE OMITE EL NOMBRE DE LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ADOLESCENTE) .

Verificada la presencia de las partes la Jueza Profesional advirtió a las partes de la importancia del acto y que se encuentran en el deber de mantener la seriedad y recato durante el desarrollo de la audiencia y al adolescente que debe permanecer en la Sala, no ausentándose de la misma sin la autorización de la Juez Profesional; igualmente se le indicó que debe permanecer atento a todo lo que se ventilará en el proceso que se le sigue, asimismo, que puede comunicarse con su defensa las veces que lo considere o desee.

Ahora bien, en la referida audiencia oral y reservada previa al debate del juicio, la Defensa publica N° 5 abog. Y.G., defensor de la adolescente (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), manifestó al Juzgado que en conversaciones previas sostenidas con su defendida, éste expresó su voluntad de querer admitir los hechos, destacando la Defensa la viabilidad de esta alternativa procesal, en virtud de la reciente reforma del Código Orgánico Procesal Penal, solicitando que en lugar de proceder a la realización del debate oral, se escuchara al adolescente sobre lo planteado, y en consecuencia se procediera a aplicar de forma inmediata la sanción, con lo cual estuvo de acuerdo el representante fiscal, al considerar que dicha admisión es un derecho del acusado, y que la reforma efectuada en el mencionado instrumento procesal penal, permite hacer uso de esta alternativa procesal en la fase de juicio, hasta antes de la recepción de pruebas.

PUNTO PREVIO:

En ese sentido, el Tribunal considera pertinente admitir el incidente previo, antes de declararse abierto el debate, en virtud de estar en presencia de un Procedimiento Ordinario , donde el imputado pudiera aceptar la posibilidad de asumir alguna postura procesal a los fines de evitar el juicio oral contenido en el Código Orgánico Procesal Penal, y hasta antes de la recepción de las pruebas articulo 375 de la Reforma del Código Orgánico Procesal Penal, de fecha 15/06/2012, publicada en Gaceta Oficial N. 6.078, Admitida en este acto la posibilidad de recurrir a esta figura procesal como lo es la Admisión de Hechos, el Tribunal conforme a lo previsto en el articulo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable por remisión expresa del articulo 537 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, procede a solicitar a la Fiscal Especializada que exponga oral su acusación, como requisito sine qua non a los efectos de estimar la admisibilidad o no de los hechos en ella contenidos, y con posterioridad a ello, se resolverá acerca de la petición de la defensa.

CONTENIDO DE LA ACUSACIÓN:

Los hechos ocurridos El día 28 de enero del año 2013 siendo las dos horas de la mañana, los funcionarios: Oficia! Jefe N° 4784 LUSINAIDO AVILA, y OFICIAL N° 6129 JOHENDRY RIVERO, adscritos al plan de Vigilancia y Patrullaje Gran Misión a Toda V.V., realizaban un patrullaje a bordo de la unidad CBPEZ-104, pro las adyacencias del sector industrial Barrio Integración Comunal específicamente detrás de ios galpones de la empresa SABELIA avenida N" 62 calle N° 148, cuando visualizaron un vehículo marca: ford, modelo: LTD, color: celeste, año: 1997, placas: KAN-312, clase: automóvil tipo: sedan, en el cual abordaban los ciudadanos F.D.L.C., D.J.M.C., L.A.P.G., Anderfreiy J.L.B., y la adolescente (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), procediendo los funcionarios a solicitarles su documentación personal y de inmediato a efectuarles una revisión corporal, no incautando ningún objeto de interés críminalístico, no obstante procedieron de igual manera a realizar una revisión al mencionado automotor logrando encontrar debajo de! asiento delantero un arma de fuego tipo revolver, marca no visible modelo no visible, calibre 38 (8.9mm) corto, de acabado superficial cromado con signos de desgaste, serial de orden 322930, contentivo en su interior de cuatro (04) cartuchos 32 milímetros en su estado original, asimismo lograron incautar debajo del asiento un facsímil de arma de fuego tipo pistola elaborado en material sintético de color negro, ante tales circunstancias los funcionarios les solicitaron a los sujetos y a la adolescente la documentación legal o autorización para detentar la mencionada arma de fuego, indicando éstos no poseer ninguna documentación motivo por el cual los funcionarios procedieron a su aprehensión leyendo sus derechos constitucionales y legales.

Seguidamente, se le concedió el derecho de palabra al Fiscal Especializado, quien expuso: “Ratifico la acusación interpuesta en fecha 14-05-2014 en la cual se encuentran debidamente detallados y sustentados en el escrito acusatorio y la investigación fiscal que se presente ante este Juzgado, los cuales demuestran la responsabilidad de la adolescente (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), por la presunta comisión del delito de COAUTORA DEL DELITO DE OCULTAMIENTO ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 en concordancia con el articulo 276 ambos del Código Penal , hoy POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 111 de la Ley de Desarme y Control de Arma y Municiones, cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, en cuanto a ala sanción que solicita esta Representación Fiscal en el presente escrito de acusación aparece la sanción de REGLAS DE CODUCTA, por el lapso de UN (01) AÑO, y SERVICIOS A LA COMUNIDAD por el lapso de SEIS (06) MESES, asimismo en este acto solicito al Tribunal que se subsane el defecto de forma de conformidad al articulo 335 del Código Orgánico Procesal Penal por remisión expresa del articulo 537 de la ley Orgánica Para la protección del N.N. y adolescente por cuanto la sanción a pedir es de AMONESTACION previsto en el articulo 623 de la Ley Orgánica Para la protección de N.N. y Adolescente es todo”.

Seguidamente escuchado como ha sido el Ministerio Público, y al no existir oposición por parte de la defensa y verificar este Despacho que reúne los requisitos exigidos en el artículo 570 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y que la acción no se encuentra evidentemente prescrita, tratándose el presente proceso de un procedimiento ordinario esta Sala de Juicio, ACUERDA: ADMITIR TOTALMENTE LA ACUSACIÓN FISCAL, ASÍ COMO LAS PRUEBAS OFRECIDAS, las cuales fueron expresadas de manera oral en este acto por el Representante del Ministerio Público, en contra del adolescente (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), por la presunta comisión del delito de COAUTORA DEL DELITO DE OCULTAMIENTO ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 en concordancia con el articulo 276 ambos del Código Penal hoy POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 111 de la Ley de Desarme y Control de Arma y Municiones, cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, de conformidad con lo establecido en el artículo 570 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, asimismo las pruebas contenidas en ella por ser legales útiles necesarias y pertinentes para el conocimiento de la verdad.

En este estado, solicito, como punto previo la Defensa en la persona de la ABG. J.G., la defensa, plantea al Tribunal la posibilidad de interponer como incidente previo a la apertura del mismo, la ADMISIÓN DE HECHOS como formula de solución anticipada quien expuso: “Analizadas las actuaciones procesales al igual que el escrito de acusación fiscal, manifiesto al tribunal que mi defendido la adolescente (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), desea acogerse de manera voluntaria a la figura de la institución de la admisión de hechos explicados como fuese por la defensa como una de las formulas de solución anticipada del proceso es que solicito al tribunal le conceda el derecho de palabra a mi defendido para que sea el de viva voz quien manifieste lo que bien tenga en la presente audiencia en cuanto a la admisión de los hechos, es todo”.

La jueza del Tribunal se dirige al adolescente (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), a continuación la Jueza lo impone del Precepto Constitucional, y manifiesta al adolescente de los hechos que se le atribuyen explicando que podía rendir declaración o permanecer callado, sin que su silencio los perjudique, y que el acto continuaría aunque no declare, y en caso de consentirlo debe hacerlo sin juramento alguno. Asimismo, se le informa que su declaración constituye un medio para su defensa, razón por la cual tiene derecho a explicar todo cuanto sirva para desvirtuar las imputaciones que sobre el pesan, siéndole impuesto el contenido del artículo 49 en su ordinal 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como del artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, al igual que del contenido del literal “i” del artículo 654 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Asimismo se les explica las Fórmulas de Solución Anticipada que por los tipos de delitos cometidos solo procede la admisión de los hechos prevista en el artículo 583 de la Ley que rige la materia. Se deja constancia en actas que al adolescente le fue informado pormenorizadamente del contenido de la acusación fiscal, explicándosele en forma breve sencilla los hechos que le imputa la Fiscalía Especializada y la sanción que solicita se le aplique, lo cual le fue manifestado igualmente en lenguaje sencillo y pedagógico, asimismo se les explico todas las alternativas a la prosecución de su proceso, pero que en su caso, como el Fiscal había solicitado en su escrito de acusación la sanción no privativa de libertad, la ley le otorgaba el derecho de poder en este momento que ya conocen la acusación de activar un mecanismo que se llama admisión de los hechos contemplado en el artículo 583 de la Ley Especial, ya que se había suprimido el acto que se llamaba audiencia preliminar, y que el Tribunal tenía el deber de explicárselo tal como se ha hecho, así como todas las alternativas a la prosecución de este proceso ofrecidas en nuestra ley especial, con especial atención en el mecanismo de la admisión de los hechos, la cual puede activar hasta antes de la recepción de las pruebas durante el desarrollo del juicio oral, y las consecuencias de acogerse a esta Institución y que las consecuencias de las que le hablo son que al acogerse a esta institución su causa no iría a juicio, es decir, que no tendría posibilidad de debatir su inocencia en un debate oral y se le impondría su sanción de inmediato de conformidad con las pautas para determinar la sanción, contenidas en el artículo 622 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con posibilidad de la rebaja establecida en el articulo 583 ejusdem. En caso de querer este justiciable irse por la alternativa que le ofrece el estado de demostrar su inocencia en debate, debo informar al adolescente acusado (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), que nuestro legislador no incluyo en el novísimo Código Orgánico Procesal Penal la figura del escabino y que su juicio será celebrado en forma unipersonal, y que podrá hacer uso de la admisión de los hechos hasta antes de la apertura a pruebas, lo cual le ha sido explicado en forma sencilla y pedagógica al adolescente y quien de seguidas quedó identificado de la siguiente manera: (SE OMITE EL NOMBRE E IDENTIDAD DE LA ADOLESCENTE), , venezolano, natural de Valera, fecha de nacimiento 14-08-1996, de 17 años de años de edad, de profesión u oficio del hogar, residenciado en el Barrio 10 de Enero Sector Los Roble, Municipio Maracaibo, Estado Zulia, y de seguidas siendo las 1:05 de la tarde expuso: “ Yo quiero decir que admito los hechos de los que me acusa el Ministerio Público, es todo”. Culminando a las 1:10 de la tarde

Seguidamente se le concede el derecho de palabra a la profesional del derecho ABG. J.G.D.P. 5° quien expuso: “ Una vez explicado al adolescente acusada en la presente causa en relaciona una de las formulas de solución anticipada como lo es la admisión de hechos así como el contenido de el escrito de descargo fiscal presentado por la Defensa Publica ante el Tribunal la adolescente manifestó de manera espontánea y voluntaria acogerse a la figura de la Institución de la Admisión de los hechos razón por la cual la defensa publica se aparta en este acto del escrito presentado en el cual solicita el sobreseimiento definitivo y solicita al Tribunal considerando la voluntad del adolescente le sea aplicada la sanción de manera inmediata y tal como ,lo indica el articulo 583 de la Ley Orgánica Para la Protección del N.N. y Adolescente, y decrete la sanción de conformidad al 622 ejusdem de AMONESTACION prevista y sancionada en el articulo 623 de la Ley Orgánica Para la protección del N.N. y Adolescente considerando que la sanción mas idónea para el caso que nos ocupa tomando como norte la proporcionalidad consagrada en el articulo 539 de la mencionada ley especial , dando cumplimiento de esta manera al debido proceso y al interés superior por ultimo solicito copia simple de la presente acta. es todo”.

Acto seguido el Tribunal le concedió el derecho de palabra a la ciudadana(SE OMITE EL NOMBRE DE LA REPRESENTANTE LEGAL DEL ADOLESCENTE), representante legal del adolescente y quien expuso: “Yo me comprometo a estar pendiente y al cuido de mi hija. es todo

En ese sentido, el Tribunal considera pertinente admitir el incidente previo, antes de declararse abierto el debate, en virtud de estar en presencia de un Procedimiento ordinario, donde el imputado pudiera aceptar la posibilidad de asumir alguna postura procesal a los fines de evitar el debate del juicio oral. Admitida en este acto la posibilidad de recurrir a esta figura procesal como lo es la Admisión de Hechos, el Tribunal conforme a lo previsto en el articulo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable por remisión expresa del articulo 537 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, procede a solicitar a la Fiscal Especializada que formule su acusación, como requisito sine qua non a los efectos de estimar la admisibilidad o no de los hechos en ella contenidos, y con posterioridad a ello, se resolverá acerca de la petición de la defensa.

RELACIÓN CLARA, PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DEL HECHO

PUNIBLE QUE SE ATRIBUYE A LA ADOLESCENTE IMPUTADA:

El día 28 de enero del año 2013 siendo las dos horas de la mañana, los funcionarios: Oficia! Jefe N° 4784 LUSINAIDO AVILA, y OFICIAL N° 6129 JOHENDRY RIVERO, adscritos al plan de Vigilancia y Patrullaje Gran Misión a Toda V.V., realizaban un patrullaje a bordo de la unidad CBPEZ-104, pro las adyacencias del sector industrial Barrio Integración Comunal específicamente detrás de los galpones de la empresa SABELIA avenida N" 62 calle N° 148, cuando visualizaron un vehículo marca: ford, modelo: LTD, color: celeste, año: 1997, placas: KAN-312, clase: automóvil tipo: sedan, en el cual abordaban los ciudadanos F.D.L.C., D.J.M.C., L.A.P.G., Anderfreiy J.L.B., y la adolescente (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), procediendo los funcionarios a solicitarles su documentación personal y de inmediato a efectuarles una revisión corporal, no incautando ningún objeto de interés críminalístico, no obstante procedieron de igual manera a realizar una revisión al mencionado automotor logrando encontrar debajo de! asiento delantero un arma de fuego tipo revolver, marca no visible modelo no visible, calibre 38 (8.9mm) corto, de acabado superficial cromado con signos de desgaste, serial de orden 322930, contentivo en su interior de cuatro (04) cartuchos 32 milímetros en su estado original, asimismo lograron incautar debajo del asiento un facsímil de arma de fuego tipo pistola elaborado en material sintético de color negro, ante tales circunstancias los funcionarios les solicitaron a los sujetos y a la adolescente la documentación legal o autorización para detentar la mencionada arma de fuego, indicando éstos no poseer ninguna documentación motivo por el cual los funcionarios procedieron a su aprehensión leyendo sus derechos constitucionales y legales

Visto el incidente previo de admisión de los hechos y la solicitud de aplicación de éste procedimiento de admisión de los hecho que ha quedado expresada en la audiencia por la adolescente acusada (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), , así como la imposición de la sanción de forma inmediata y de igual manera la rebaja de la misma, la Juez Profesional, ratifica la admisión de la acusación fiscal con sus modificaciones de la sanción, y asimismo admite la aplicación del Procedimiento Especial por Admisión de los Hechos, conforme a lo previsto en el Articulo 583 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, solicitado por la adolescente acusada de auto antes mencionada y su Defensor, bajo la premisa de que en efecto, ante la declaratoria del Procedimiento Ordinario y realizada la audiencia preliminar al pase de juicio dictada por la Juez de Control sección adolescente , que si bien la adolescente no lo hizo en la oportunidad procesal (Audiencia Preliminar) para que la adolescente haga uso de éste procedimiento, también no es menos cierto que actualmente tendrá la misma oportunidad en fase de juicio según lo dispone así el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal reformado de fecha 15/06/2012, publicada en Gaceta Oficial N. 6.078, hasta antes de la recepción de las pruebas.- En consecuencia, ante la posibilidad prevista en el Articulo 583 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en concordancia con el articulo 375 del Código Orgánico Procesal Penal así como de asumir antes de declararse abierta la recepción de las pruebas durante el debate la cual se encuentra prevista en la Ley Especial, en virtud de lo cual este Tribunal de Juicio admite la procedencia del Procedimiento Especial como punto de previo pronunciamiento a la apertura del debate del juicio en esta causa. ASÍ SE DECIDE.

Vista la Admisión de los Hechos manifestada de forma espontánea, libre de apremio y coacción por la adolescente (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), respecto de aquellos hechos objeto de la acusación fiscal que han quedado determinados en este acto oral y reservado, donde se afirma su participación en el delito cometido, queda comprobada la participación de la acusada como coautora en el delito antes mencionado. Adminiculada la Admisión de los Hechos, a las pruebas ofrecidas por el Fiscal Especializado y que constan de la acusación formulada y ratificada la admisión de la acusación por este Tribunal constituido en forma Unipersonal, valorados como elementos de convicción que sustentan los hechos contenidos en la acusación fiscal, surge plena culpabilidad y responsabilidad penal de la adolescente acusada antes mencionada en la comisión del hecho punible del cual la acusa el Ministerio Público, hecho objeto de la acusación que han admitido libre de coacción y apremio y en presencia de su Defensor y su representante legal. Comprobado el hecho delictivo tal y como consta de las pruebas aportadas por la Fiscalía, contenidas en la acusación y ratificada su admisión de pruebas, así como la cualidad de adolescente, la participación de la acusada, su responsabilidad penal en la Coautoría del hecho punible, la naturaleza de la gravedad del hecho, las circunstancias relatadas en esta audiencia y recogidas en la presente acta, así como el bien jurídico tutelado y protegido constitucional y legalmente que fue objeto de violación por la adolescente, por su conducta asumida en la perpetración del hecho punible, reprochable socialmente mediante un juicio de valor por las circunstancias particulares en que se llevó a cabo, su edad, toca a este Tribunal pronunciarse sobre la aplicación del Procedimiento Especial, dictar decisión expresa, positiva y precisa respecto a la consecuencia condenatoria del modo alternativo asumido por la acusada y aplicar la sanción proporcional e idónea, tomando en cuenta su edad y capacidad para el cumplimiento de la misma, así como la necesidad de su aplicación, siempre observando los parámetros establecidos en el articulo 622 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y adolescentes haciendo las siguientes consideraciones:

Encuentra este Tribunal que esta adolescente ha mantenido fidelidad con este proceso en todas las fases por las cuales han transitado.- Observa este Tribunal que la adolescente poseen un sólido apoyo familiar, lo cual ha quedado evidenciado en esta sala. Observa este Tribunal que esta justiciable continúa demostrando fidelidad con este proceso, al verificar que la dirección que han sido aportada es ubicación exacta y cierta ya que la citación emitida es recibida por familiares de este adolescente. Observa este Tribunal que nuestros adolescentes son un proyecto de vida, y que ese proyecto debe tener una finalidad, cumplir una meta, ha demostrado este justiciable que él aspira alcanzar esa meta, practicando y comprendiendo que los únicos medios validos para lograrlo es el trabajo y el estudio, se compromete a estudiar; todo ello este Tribunal lo encuentra cubierto y encuentra que refleja condiciones establecidas dentro de las pautas para la aplicación de la sanción, es por ello que ha encontrado este Tribunal que la sanción mas idónea, necesaria, adecuada y proporcional a aplicar debe ser la sanción de AMONESTACION, habiendo operado la sanción solicitada por el Ministerio Publico, la defensa, y en estricto cumplimiento de los parámetros establecidos en el articulo 2, 21 Constitucional, y bajo los parámetros de las pautas contenidas en el articulo 622 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Asi se decide.-

C.S. citando al Maestro Magistrado Dr. F.C.L. en su magistral Sentencia No.1806 de fecha 20-11-2008, Doctrina Constitucional 2005 – 2008 Despacho No. 5, M.T. de la Republica Tema: Moral y Derecho: “Es por ello que la Sala se identifica plenamente con el siguiente pasaje, que se transcribe a continuación: “…el hombre se reconoce y se debate entre el ser y el deber-ser: entre el saber y el querer está el deber; entre la conciencia y la libertad está la ley.

Más allá de su capacidad cognoscitiva y de su grado de inteligencia, más allá de sus estructuras lingüisticas, lo que distingue al hombre sobre cualquier otro animal es su conciencia responsable: el no poder eludir el imperativo del deber ante sí mismo, ante el otro y ante el mundo”. (Fin citas).

ANALISIS DEL ASUNTO BAJO ESTUDIO:

RELACION DE LOS HECHOS CON PRUEBAS DE LA INVESTIGACION

La acusación formalizada por el Ministerio Público, tiene su basamento en los elementos de convicción procesal que se enunciaran a continuación y que fueron colectados durante el curso de la fase preliminar de este proceso:

  1. - Declaración testimonial por separado de los expertos F.R. y J.C.S. ambos adscritos a la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas del Cuerpo Bolivariano de Policía del estado Zulia quienes suscriben DICTAMEN PERICIAL DE IDENTIFICACIÓN MECÁNICA Y FUNCIONAMIENTO DE ARMA DE FUEGO No. DIEP-0327-13 y DICTAMEN PERICIAL DE RECONOCIMIENTO FÍSICO No. DIEP-0328-13 ambos de fecha 06-03-2013. Estos testimonios son pertinentes por cuanto dichos expertos fueron los que realizaron la experticia al arma de fuego incautada en el Procedimiento policial y al facsímil de arma de fuego tipo pistola y necesaria: para que los expertos ratifiquen su contenido y resultados y conjuntamente con los demás medios de prueba ofertados en este escrito de acusación se podrá determinar con certeza la participación y responsabilidad penal de la adolescente en el hecho punible que se le atribuye. Los Dictámenes Periciales realizados por los funcionarios antes descritos, riela en ia causa MP-43758-2013 y podrá ser presentada en juicio al momento de la declaración del funcionario y a los fines de su exhibición de conformidad con lo previsto en el artículo 228 del Código Orgánico Procesal Penal, Asimismo se solicita que de conformidad con lo establecido en el artículo 341 y 322 del Código Orgánico Procesal Penal

  2. - Declaración testimonial del experto G.M. adscrito a la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas del Cuerpo Bolivariano de Policía del estado Zulia quien suscribe EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO Y AVALÚO REAL No. DIEP-0173-13 de fecha 19-02-2013 Este testimonio es pertinente por cuanto dicho experto fue quien realizó la experticia al vehículo en el cual fue incautada el arma de fuego y dicho vehículo era abordo por la adolescente y sus acompañantes al momento de su aprehensión, y necesaria: para que los expertos ratifiquen su contenido y resultados y conjuntamente con los demás medios de prueba ofertados en este escrito de acusación se podrá determinar con certeza la participación y responsabilidad penal de la adolescente en el hecho punible que se le atribuye. La experticia de Reconocimiento realizado por el funcionario antes descrito, riela en la causa MP-43758-2013 y podrá ser presentada en juicio al momento de la declaración del funcionario y a los fines de su exhibición de conformidad con lo previsto en el articulo 228 del Código Orgánico Procesal Penal , Asi mismo se solicita de conformidad con lo establecido en el articulo 341 y 322 del Código Orgánico Procesal Penal, sea leido íntegramente en el debate el contenido de la experticia antes descrita.

  3. - Declaración Testimonial y por separado del funcionarios Oficial LUSINAIDO AVILA y Oficial JOHENDRY RIVERO, ambos adscritos al Plan de Vigilancia y Patrullaje Gran Misión a Toda V.V.d.C.B.d.P. del estado Zuiia, quienes suscriben ACTA POLICIAL y ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA ambas de fecha 28-01-2013. Estos testimonios son PERTINENTES: ya que los mencionados funcionarios suscriben el Acta policial y acta de Inspección Técnica donde dejan constancia de las circunstancia de tiempo, lugar y modo de la aprehensión de la adolescente y del arma incautada, lo que dio lugar a la presente causa penal, así como del lugar donde ocurrieron los hechos, y NECESARIO: A través de su testimonio, se ratificará el contenido del acta de investigación penal y del acta de inspección con lo cual se ha demostrar la participación de la adolescente en el hecho punible .y se constituye un elemento que compromete su responsabilidad penal. El acta policial realizada por los funcionarios antes descritos, riela en la causa MP-43758-2013 y podrá ser presentada en juicio al momento de la declaración del funcionario y a los fines de su exhibición de conformidad con lo previsto en el articulo 228 del Código Orgánico Procesal Penal

    PRUEBAS DOCUMENTALES:

    Solicitamos sean incorporados al debate mediante su exhibición y lectura, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 322 y 341 del Código Orgánico Procesal Penal, los siguientes documentos:

  4. ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA, de fecha 28-01-2013, suscrita por los funcionarios Oficial SINAIDO AVILA y Oficial JOHENDRY RIVERO, ambos adscritos al Plan de Vigilancia y Patrullaje Gran Misión a Toda V.V.d.C.B.d.P. del estado Z.E. medio de prueba es PERTINENTE por cuanto en ella se evidencian las características del lugar donde ocurrió el procedimiento policial en el que resultó aprehendida la adolescente, y NECESARIA: para determinar ante el tribunal de juicio correspondiente, conjuntamente con el testimonio de quien ia suscribe, la relación directa con el hecho punible atribuido al adolescente imputado.

    Ahora bien, al vincular estos elementos de convicción, relacionarlos entre si son apreciados por esta Juzgadora en contra de la responsabilidad penal de la adolescente, aun cuando no existió valoración de las pruebas pues no hubo contradictorio de las mismas, fueron apreciadas, estimadas, como se ha explicado, habiéndose apreciado de esta forma por este Tribunal y en base a la narración que hacen los testigos en sus declaraciones consignadas por Ministerio Publico, pues no se capto por nuestros sentidos tales narraciones, por la postura procesal asumida por la justiciable (s), y a los resultados de las experticias practicas y apreciados por este Tribunal, donde no hubo debate de las mismas por la posición asumida por el (s) justiciable (s) en forma voluntaria en presencia de sus representante legal y su defensa.- Así se estimo y se aprecio.-

    CALIFICACIÓN JURÍDICA:

    Se estima, luego del análisis de los elementos de convicción traidos por Ministerio Publico, que el hecho cometido por la adolescente imputada A.C.E.U., está tipificado como el delito de OCULTAMIENTO ILICITO DE ARMA DE FUEGO EN CALIDAD DE COAUTORA, previsto y sancionado en el artículo 4277 en concordancia con el articulo 276 ambos del Código Penal vigente para el momento en el cual ocurrieron los hechos, hoy denominado POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO, previsto en el articulo 11 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municionasen perjuicio del Estado Venezolano.

    Establece el artículo 111 de la ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, lo siguiente:

    Artículo:111. Quien posea o tenga bajo su dominio, en Quien posea o tenga bajo su dominio, en un lugar determinado, un arma de fuego sin contar con el permiso correspondiente emitido por el órgano de la Fuerza armada Nacional Bolivariana con competencia en materia de control de armas, será penaado con prisión de cuatro a seis años. Cuando el delito establecido en el presente artículo se cometa con un arma de guerra, la pena de prisión será de seis a diez años.

    La conclusión de opinar a favor de la calificación jurídica de COAUTORA del delito de POSESIÓN ILÍCITA DE ARMA DE FUEGO se determina al analizar el contenido del acta policial en la cual se desprende que el día 28 de enero del año 2013 siendo las dos horas de la mañana, los funcionarios: Oficia! Jefe N° 4784 LUSINAIDO AVILA, y OFICIAL N° 6129 JOHENDRY RIVERO, adscritos al plan de Vigilancia y Patrullaje Gran Misión a Toda V.V., realizaban un patrullaje a bordo de la unidad CBPEZ-104, pro las adyacencias del sector industrial Barrio Integración Comunal específicamente detrás de los galpones de la empresa SABELIA avenida N" 62 calle N° 148, cuando visualizaron un vehículo marca: ford, modelo: LTD, color: celeste, año: 1997, placas: KAN-312, clase: automóvil tipo: sedan, en el cual abordaban los ciudadanos F.D.L.C., D.J.M.C., L.A.P.G., Anderfreiy J.L.B., y la adolescente (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), procediendo los funcionarios a solicitarles su documentación personal y de inmediato a efectuarles una revisión corporal, no incautando ningún objeto de interés críminalístico, no obstante procedieron de igual manera a realizar una revisión al mencionado automotor logrando encontrar debajo de! asiento delantero un arma de fuego tipo revolver, marca no visible modelo no visible, calibre 38 (8.9mm) corto, de acabado superficial cromado con signos de desgaste, serial de orden 322930, contentivo en su interior de cuatro (04) cartuchos 32 milímetros en su estado original.

    Considera este juzgado necesario traer a colación lo que dice la doctrina en relación a los delito de omisión

    Para E.G., en los delitos de omisión, las condiciones de que deriva su resultado reconocen, como causa determinante, la falta de observancia de parte del sujeto de un precepto obligatorio. Los delitos de omisión violan una ley dispositiva, en tanto los de acción infringen una prohibitiva.

    Los delitos de omisión se dividen en: Simple omisión y de comisión por omisión, también llamados delitos de omisión impropia.

    Los de simple omisión o de omisión propiamente dichos, consisten en la falta de una actividad jurídicamente ordenada, con independencia del resultado material que produzcan; es decir, se sancionan por la omisión misma. Ej.:. Auxiliar a las autoridades para la averiguación de delitos y persecuciones de los delincuentes. Monografía Leer más: http://www.monografias teoria del delito com/ de la autora M.O.P.

    Y por cuanto la adolescente imputada ,ni los ciudadanos adultos presentaron ante los funcionarios policiales autorización o porte legar para poder tener el arma ,sino que la misma se encontró oculta debajo del asiento delantero del vehiculo en el cual todos abordaban incluyendo la adolescente imputada,encontrando igualmente con dicha arma tipo revolver un facsimil de arma de fuego tipo pistola, esta situación denota la intención de no hacer del conocimiento a las autoridades de la posesión o tenencia del arma como no lo hizo la adolescente pues en aras de salvaguardar el orden publico, es deber del ciudadano el informar a las autoridades acerca de la presencia de un arma para que se proceda a su incautación por parte de estas y contribuir a preservarlo, pues tal omisión de no informar ,denota el consentimiento y la intención de ocultar a los funcionarios actuante la presencia del arma, lo que evidencia el dolo en la comisión del mencionado delito por parte de la adolescente.

    Es por lo que a criterio de quien decide, la conducta de esta adolescente (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), encuadra de manera precisa en el tipo penal enunciado como es el delito el delito de OCULTAMIENTO ILICITO DE ARMA DE FUEGO EN CALIDAD DE COAUTORA, previsto y sancionado en el artículo 4277 en concordancia con el articulo 276 ambos del Código Penal vigente para el momento en el cual ocurrieron los hechos, hoy denominado POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO, previsto en el articulo 11 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municionasen perjuicio del Estado Venezolano, el cual se encuentra contemplado en la Ley Sustantiva que regula la materia; tal y como se desprende de los elementos de convicción recabados a los largo de la investigación.

    EL TRIBUNAL UNIPERSONAL:

    Al Admitir los Hechos de la Acusación de manera pura y simple libre de coacción y apremio, queda probada la participación y responsabilidad penal de la adolescente (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), por la comisión del el delito de OCULTAMIENTO ILICITO DE ARMA DE FUEGO EN CALIDAD DE COAUTORA, previsto y sancionado en el artículo 4277 en concordancia con el articulo 276 ambos del Código Penal vigente para el momento en el cual ocurrieron los hechos, hoy denominado POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO, previsto en el articulo 11 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municionasen perjuicio del Estado Venezolano, toda vez que los Hechos que Admite son los mismos hechos objeto del proceso, contenidos en la Acusación Fiscal y sancionado en la Ley Orgánica para la Protección del N.N. y del Adolescente, existiendo coherencia, necesidad, utilidad y pertinencia con las Pruebas ofrecidas por la Representación Fiscal y Admitidas Totalmente por este Tribunal de control y ratificada por este tribunal de juicio e, por cuanto las mismas tampoco fueron impugnadas por la Defensa, por la postura procesal asumida por la adolescente y consideradas por este Tribunal, constituyendo estos hechos y circunstancias elementos suficientes de convicción para declarar penalmente responsables, a la adolescente, el contenido del numeral 5º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 594 y 654 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, explicando que podía declarar en este acto o callar y que tal actitud no le perjudica. Como Directora del proceso y con base al carácter educativo que conforme al artículo 543 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se le imprime a esta audiencia, le preguntó a la adolescente si entendía el acto por el cual la estaban siendo acusada por el Fiscal del Ministerio Público, la participación de la adolescente (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), por la comisión del delito el delito de OCULTAMIENTO ILICITO DE ARMA DE FUEGO EN CALIDAD DE COAUTORA, previsto y sancionado en el artículo 4277 en concordancia con el articulo 276 ambos del Código Penal vigente para el momento en el cual ocurrieron los hechos, hoy denominado POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO, previsto en el articulo 11 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municionasen perjuicio del Estado Venezolano,.

    Los hechos admitidos por ésta adolescente acusada (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), se corresponden con la comprobación de una acción cometida por esta adolescente (s), acción ejecutada en su libre voluntad de asumir una conducta, en este caso tipificada en la ley como delito y por ende antijurídica, de la cual es culpable en virtud de la irreprochabilidad del hecho y de la lesión jurídica causada, hecho punible que se encuentra sancionado por el sistema penal venezolano, luego de establecer la procedencia de la admisión de los hechos proferida voluntariamente por el adolescente en la causa, como incidente en el desarrollo de esta audiencia; como consecuencia de esta postura procesal adoptada por la adolescente acusada debe este Tribunal dictar Sentencia aparejando la misma a una inmediata Sanción a imponer, debiendo hacer previamente algunas necesarias consideraciones:

    En un estado social y democrático como el nuestro, la libertad de los ciudadanos debe ser un principio fundamental, siendo que solo reconociendo esta es posible respetar la dignidad humana y a la persona como fin en si misma. Es en tal virtud que se ha sostenido que las concepciones político-democrática debe sentirlas el proceso penal, teniendo finalmente que mirar a una disciplina mas sensible a los intereses de libertad del individuo, cuando sea posible, de forma que sus restricción no solo se verifique cuando sea inevitablemente necesaria, sino que además se encuentre específicamente regulada por la ley, como lo es el caso que hoy nos ocupa, se cometió una hecho con apariencias de delictivo, tipificado en la Ley penal como delito, existe una acusación por parte del Ministerio Publico, existen una víctima, se activa la Institución de la admisión de los hechos en forma libre y voluntaria por este adolescente, el resultado, el Estado Venezolano debe emitir una respuesta seria, idónea, necesaria y proporcional.

    La admisión de los hechos contenidos en la acusación, resulta una confesión suficiente, en esta etapa procesal, y constituye la formula adoptada por la adolescente dentro del debido proceso, para dar fin a la controversia suscitada al estimar este incidente como un punto que ha de decidirse de mero derecho, frente a la admisión de hechos expuesta por la adolescente. Así se interpreta.

    Sin embargo, los alegatos y pruebas ofrecidos por las partes, dentro del incidente planteado, respecto a las pautas para determinar la sanción, constituyen elementos de convicción a los fines de establecer la idoneidad de la medida procedente en el caso de autos.

    Consta además de actas, la identificación civil de la adolescente de propia exposición de la adolescente, con el cual se comprueba su condición para ser juzgada por este Tribunal Especializado.

    De la misma se desprende un hecho anterior respecto a su condición de adolescente, mas no excluye su participación en el hecho delictivo. Frente a la conducta de asumir como alternativa a la prosecución del juicio, esta admisión de hechos, este Tribunal asume su decisión conforme a lo probado en la causa y a lo pedido por la propia defensa.

    El tema que nos ocupa resulta claro con claridad meridiana, se cometió un hecho delictivo explanados en esta Sentencia, el ministerio publico a ofrecido unas pruebas que han sido admitidas y ratificadas por este Tribunal por ser consideradas necesarias, útiles, legales y pertinentes, y que aparecen transcritas y relacionadas en el decurso de esta sentencia, estimando quien le corresponde sentenciar el presente asunto, sin contradictorio ni debate, de estas pruebas, en ocasión del la postura procesal asumida por el justiciable, y aunado a que los hechos encajan perfectamente con las mismas, ya que guardan estrecha relación las unas con las otras, en el tipo penal imputado en la acusación, establecidas como han quedado las circunstancias de este tipo penal en cada una de las pruebas estimadas, sucede que se cometieron unos hechos dentro de unas circunstancias bien determinadas en las pruebas admitidas, que han señalado al tipo penal que hoy se establece, y que ha quedado concatenado con todas y cada una de las pruebas, formando una cadena hilvanadas que dan como resultado la responsabilidad de esta adolescente en los hechos por los cuales esta siendo juzgada hoy por este tribunal, estableciendo su culpabilidad en el tipo penal, por los hechos sucedidos de manera que de tales hechos en las circunstancias antes dichas, surge de los medios de pruebas ofrecidos por el Ministerio Publico aunado a la postura procesal voluntariamente asumida por este justiciable.- Así se decide.-

    Todos estos argumentos de hecho y de derecho son estimados por este Tribunal de Juicio, a los fines de llegar a una conclusión que resuelva el conflicto planteado con aplicación de las reglas de la sana critica y la libre convicción, conforme a lo previsto en el artículos 583 y 603 de la Ley Orgánica para la Protección del N.N. y del Adolescente, extraída de la libre convicción razonada de la totalidad del incidente planteado y siguiendo los lineamentos de la psicología, la experiencia común, las reglas de la lógica, que son las del recto entendimiento humano, con la convicción de que los Jueces tenemos un limite infranqueable que nos lo establece el Imperio de la Ley, y no habiendo observado el debate de las pruebas mas si han sido estimadas relacionadas y concatenadas cada una de ellas entre si, por la posición asumida por la adolescente justiciable.

    Ahora bien, admitidos como fueron los hechos objetos de la presente causa, y por ende de la acusación fiscal, por parte de la adolescente(SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), debidamente identificada

    En tal sentido para que proceda tal institución deben estar presentes ciertos requisitos, el primero de ellos, es la admisión por parte de la Juez o Jueza de Control, en la audiencia preliminar, de la acusación presentada por el Despacho del Ministerio Público, cuando se trate del procedimiento ordinario, y en la fase de juicio es procedente en derecho el procedimiento de admisión de hechos hasta antes de la recepción de prueba como el caso que nos ocupa; el segundo de los requisitos de procedencia es la admisión por parte del acusada de los hechos comprendidos dentro de la acusación objeto del proceso, cuando el imputado consciente en ello, reconoce su participación en el hecho atribuido; y, como tercer requisito se tiene la solicitud por parte del imputado, de la imposición inmediata de la sanción.

    La Sala Constitucional en sentencia N° 1419, de fecha 20-07-2006, ponente Jesús Eduardo Cabrera Romero en relación al procedimiento por admisión de los hechos ha referido que “…El procedimiento por admisión de hechos es una forma de auto composición procesal mediante la cual el legislador creo una manera especial de terminación anticipada del proceso..;.”. Los requisitos para que proceda la admisión de los hechos son: la admisión por parte del juez de la acusación y la admisión por parte del imputado de los hechos objeto del proceso; los hechos que el imputado admite son los comprendidos dentro de la acusación y la solicitud de la imposición inmediata de la pena…”

    Asimismo, la admisión de los hechos la Sala de Casación Penal ha sostenido, en ponencia del Magistrado Julio Elías Mayaudón que: “La admisión de los hechos si se aplica correctamente puede ser un instituto muy eficaz para poner fin a un gran número de proceso, en los cuales por reconocer el acusado los hechos que se le imputan, resultaría inútil u ocioso, además de oneroso para el Estado, continuar con un proceso penal que puede definirse allí mismo. Pero si, por el contrario su utilización o aplicación se hace en forma errada alterando su fin o naturaleza, bien sea por el juez, el ministerio público, o cualquier otra de las partes, más bien va a surgir como un instrumento para desviar la justicia y hasta para crear un estado de impunidad que constituye el principal reclamo a la justicia penal en los actuales momentos”. Por otra parte, la Magistrada Rosa Blanca Mármol, ha indicado que la “admisión de los hechos supone una renuncia voluntaria al derecho de un juicio, principio garantizado no solo por el Código Orgánico Procesal Penal sino por instrumentos internacionales ratificados por la República; al mismo tiempo tal admisión de los hechos, evita al Estado el desarrollo de un proceso judicial que siempre resultará costoso...”. De igual manera, el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.

    Tratase de una institución procesal prevista tanto en la jurisdicción ordinaria, como en la especial, con ciertas particularidades en ésta, pero en todo caso, es una manifestación de voluntad, y acto personalísimo, que debe ser total, sin apremio ni coacción, y que supone que los hechos por los cuales acusa el Ministerio Público sean aceptados totalmente por el imputado en las condiciones como han sido planteados, a los fines de imponer la sanción de manera inmediata, como consecuencia de dicha aceptación.

    A la luz de estos postulados encuentra esta Juzgadora, que el mecanismos de la Admisión de los Hechos es una Institución del nuevo Sistema Acusatorio Venezolano que permite a las partes suprimir el debate en juicio oral y público por razones de economía procesal, cuando el acusado reconoce haber cometido el delito que el Fiscal le imputa en su acusación, con lo cual el Juez deberá sancionarlo, tomando en cuenta la gravedad del caso.- En este sentido, la potestad de juzgar y aplicar la Ley es una facultad que corresponde a los Jueces, por mandato establecido en el artículo 257 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, teniendo en cuenta que el proceso es un instrumento fundamental para la realización de la justicia, siendo que las leyes de procedimientos establecen y garantizan la simplificación y eficacia de los trámites, en atención al principio de eficacia de la justicia.

    En este orden de ideas, se permite respetuosamente quien ejerce funciones en este momento como Jueza de Juicio, citar las siguiente Sentencias dictadas por nuestro M.T. de la Republica:

    .La determinación de la pena en el procedimiento de admisión de los hechos, dada la circunstancia y la responsabilidad penal que conlleva esa institución en el proceso de determinar la pena ha señalado la Sala de Casación Penal, Expediente Nº C12-243 de fecha 14/08/2013 . Sentencia Nº 301 lo siguiente:”… Así, en el proceso de determinación de la pena el juez o jueza debe decidir cuál es la concreta pena que resulta imponible al condenado, la cual responde a las reglas de determinación de la pena que se deben observar escrupulosamente. Y sólo cuando la que resulta a imponer excede del límite previsto constitucionalmente (treinta -30- años) es que se aplica la norma fundamental. De esta forma, se busca armonizar las dos finalidades que en la actualidad, y en el marco de un Estado Social de Derecho y de Justicia, se le conceden a la pena: de un lado, que defiendan a la sociedad de las agresiones de los particulares para que pueda subsistir (prevención general); de otro, en que el delincuente, y siempre respetando su personalidad, sea conveniente…”-

    Sentencia Nº 093 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº C12-201 de fecha 05/04/2013 ...constituye criterio reiterado de la Sala de Casación Penal que la sentencia dictada con ocasión del procedimiento de admisión de los hechos pone fin al proceso, siendo en su naturaleza una decisión condenatoria, por tanto con carácter de sentencia definitiva. Debiendo impugnarse conforme al procedimiento para la interposición del recurso de apelación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 453 de la ley adjetiva penal (actual artículo 445)...

    Sentencia No. 106, de fecha 24-4-2010 Magistrado Ponente Héctor Manuel Coronado Flores: admisión de los hechos — art. 376 del copp — decisión condenatoria naturaleza jurídica - régimen de apelación En cuanto al lapso para interponer el recurso de apelación contra la decisión dictada en el procedimiento especial por admisión de los hechos “..ha sido Jurisprudencia de esta Sala en anteriores oportunidades que la sentencia dictada por los jueces de control en los procesos de admisión de los hechos, es una sentencia “sui generis’, como es el caso que nos ocupa el cual debe computarse por el lapso de los diez días, a que hace referencia el artículo 453 del Código Orgánico Procesal Penal, y dicho procedimiento debe cumplir con el establecimiento correcto de los hechos Constitutivos del delito que se les imputa, los cuales son admitidos por el imputado, debiendo precisar las circunstancias, el bien jurídico afectado y el daño social causado a fin de aplicar la pena correspondiente”.. Fin citas.-

    Y escuchada como ha sido lo expuesto por la adolescente acusada (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), quien admitió el hecho delictivo totalmente delante de su defensor y su represente lega libre de coacción y apremio admitir el hecho delictivo que le atribuye el fiscal objeto de la acusación fiscal, por lo que esta juzgadora considera prudente Declarar la procedencia de la Admisión de los Hechos expuesta por el acusado adolescente (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), la cual ha sido expresada libre de coacción y apremio, con la asistencia de su Defensor de confianza y guardando las Garantías Legales y Constitucionales del Debido Proceso. Y como consecuencia se DECRETA LA CULPABILIDAD Y RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE: (SE OMITE EL NOMBRE E IDENTIDAD DE LA ADOLESCENTE), , venezolano, natural de Valera, fecha de nacimiento 14-08-1996, de 17 años de años de edad, de profesión u oficio del hogar, residenciado en el Barrio 10 de Enero Sector Los Robles, Municipio Maracaibo, Estado Zulia, teléfono: 0416-3654949). Se declara con lugar con la solicitud de la defensa donde se aparta del escrito donde solicita el sobreseimiento definitivo a favor de la adolescente (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE). En consecuencia, se procede a DICTAR SENTENCIA CONDENATORIA por estar comprobada la culpabilidad y responsabilidad penal del adolescente (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), por la comisión del delito de COAUTORA DEL DELITO DE OCULTAMIENTO ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 en concordancia con el articulo 276 ambos del Código Penal hoy POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 111 de la Ley de Desarme y Control de Arma y Municiones, cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO

    APLICACIÓN DE LA SANCIÓN:

    A manera de reflexión y a propósito del tema penal juvenil, me permito citar del texto: Escenarios de la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes, en las X Jornadas de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Pág. 254, autora Psicóloga Docente de la UCAB D.M.:

    “La adolescencia es un periodo de la vida acostumbrado a recibir diferentes lecturas. En una pequeña experiencia en Caracas cuando se pregunto a personas adultas con las palabras que asocian con la adolescencia en general, las respuestas giraron en torno a: “rebeldía”, “mala conducta”, “impaciencia”, “problemas”, “inmadures”, “indecisión”,“conflictividad”,“violencia” “irresponsabilidad”,…Sin embargo, cuando se pregunto por la propia, mucha gente la recordó como una etapa de “responsabilidad”, “amistades”, “disfrute”, “sueños”, “entusiasmo”, “sensibilidad”, “compromiso”, “experiencias”, “aprendizajes”, “retos”, “autonomía”, “diversión”, “participación” “alegría”. A que se debe esto? Que lleva a las personas adultas a una visión negativa sobre la adolescencia? …El conocimiento de la magnitud y características de la poblaron adolescente: así como los avances de la Doctrina de la Protección Integral conducen al reconocimiento de las y los adolescentes no como problemas (No como victimarios o victimas), por el contrario, son sujetos de derechos y fuente de soluciones. Un análisis demográfico permanente, la novedosa conceptualizacion sobre el desarrollo adolescente y el mayor aprovechamiento de las transiciones , en el ciclo de la vida de las etapas mas tempranas y hasta la adultez, fijan nuevos enfoques y rutas en l abordaje de las poblaciones de adolescentes y jóvenes y especialmente en la realización de sus derechos…”. Fin cita.-

    Igualmente debo invocar este Tribunal la exposición de motivos de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, gaceta oficial No. 6079 de fecha 15-6-2012, la cual cito:

    “El punto trascendental para cualquier reflexión que pretendamos hacer sobre el funcionamiento de nuestro Sistema de Justicia, debe implicar necesariamente unas reconsideración del estudio del Derecho y de cada una de sus instituciones, de la sociedad y del hombre mismo quien es en definitiva el encargado de la construcción del Estado. Las sociedades van con su devenir perfilando su sentido de la norma, del Derecho y de la Justicia. Esa idea subyace en la evolución de los pueblos, por la relación dialéctica permanente entre los cambios históricos, con la renovación de Justicia como valor, y por ende, con el hombre como agente de cambio social. Para ello es necesario buscar un equilibrio en el poder, un acercamiento racional y justo entre los ciudadanos y los Órganos de Estado, una coexistencia armónica entre los distintos componentes de la sociedad sobre la base del respeto, la igualdad y la democracia participativa y protagónica, tal como lo establece nuestra Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. Estado de Derecho y de Justicia. La Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela consagra: “Venezuela se constituye en un Estado Democrático y social de Derecho y de Justicia…”. De acuerdo a la sentencia de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el Estado social de Derecho es aquel… “… que persigue la armonía entre las clases, evitando que las clases dominantes, por tener el poder económico, político o cultural, abusen o subyuguen a otras clases o grupos sociales, impidiéndole el desarrollo y sometiéndolas a la pobreza y a la ignorancia; a la categoría de explotados naturales y sin posibilidad de redimir su situación. A juicio de esta sala, el Estado social debe tutelar a personas o grupos que en relación con otros se encuentran en estado de debilidad o minusvalía jurídica, a pesar del principio del Estado de Derecho liberal de la igualdad ante la ley, el cual en la practica no resuelve nada, ya que situaciones desiguales no pueden tratarse con soluciones iguales… el Estado esta obligado a proteger a los débiles, a tutelar sus intereses amparados por la Constitución, sobre todo a través de los Tribunales; y frente a las fuentes, tienen el deber de vigilar que su libertad no sea una carga para todos…”

    En cuanto al Estado de Derecho, este se caracteriza por estar sometido a normas Jurídicas preestablecidas, las personas obedecen a los principios y a las leyes y los funcionarios se someten y limitan a ellas. Como consecuencia de lo anterior, en el Estado de Derecho se ejerce sin excepción alguna un poder limitado, circunscrito por las leyes, lo cual determina la seguridad jurídica, que supone primero, que los ciudadanos sepan que los actos, derechos y delitos estén previstos de antemano y, por otro lado se asegura un mínimo de estabilidad en las reglas de juego, y así se protegen los derechos de los individuos; no obstante, en la aplicación solo del Estado de Derecho, es frecuentemente la frase: “es injusto, pero es la ley”. De conformidad con la Constitución de la republica bolivariana de Venezuela, cualquier situación debe ser tanto legal, como justa, y en todo caso, debe prevalecer la Justicia, en atención a lo contemplado en el articulo 2 que establece “Venezuela se constituye en un estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento Jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos…”. Vale mencionar que el Estado de Justicia, al que nos referimos, involucra a una verdadera justicia posible y realizable bajo la premisa de los derechos de la persona como valor supremo del ordenamiento jurídico, aspecto que obliga a las instituciones y sus funcionarios, no solo a respetar efectivamente tales derechos, sino a procurar y concretar en términos materiales la referida justicia. En tal sentido, el modelo de justicia previsto en el nuevo orden constitucional nos involucra a todos; mas allá de la justicia administrada por los órganos jurisdiccionales, a todas las instituciones y órganos del Estado, y de forma particular, a cada una de las personas que conforman la sociedad Venezolana. A la par, encontramos a la justicia como fin de todo proceso judicial. La Constitución de la Republica en su artículo 257 expresa que el “proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia”, es decir, LA JUSTICIA CONSTITUYE LA FINALIDAD DE TODO PROCESO JUDICIAL. …..” . Fin cita.-

    Que efectos produce el preámbulo de la Constitución sobre la interpretación del estado social: “…manteniéndose la columna vertebral conceptual de lo que es un estado social, esta destinado a fomentar la consolidación de la solidaridad social, la paz, el bien común, la convivencia, el aseguramiento de la igualdad, son discriminación si subordinación. Luego, la constitución antepone el bien común (el interés general) al particular, y reconoce que ese bien común se logra manteniendo la solidaridad social, la paz y la convivencia. En consecuencia, las leyes deben tener por norte estos valores, y las que no lo tengan, así como las conductas que fundadas en algunas normas, atenten contra esos fines se convierten en inconstitucionales”.

    Cual es el alcance del concepto de estado social de derecho: “…inherente al estado social de derecho es el concepto antes expresado de interés social, el cual es un valor que persigue equilibrar en sus relaciones a personas o grupos que son, en alguna forma reconocidos por la propia ley como débiles jurídicos o que se encuentran en una situación de inseguridad con otros grupos o personas que por la naturaleza de sus relaciones, están en una posición dominante con relación a ellas, por lo que si en esas relaciones se les permitiera contraer en condiciones de igualdad formal, los poderosos obligarían a los débiles a asumir convenios o cláusulas que los perjudicarían o que obrarían en demasía en beneficio de los primeros, empobreciendo a los segundos” fin citas.-

    En este orden de ideas debe traer a colación este Tribunal, Criterios emanados de nuestro m.T. de la Republica:

    Sentencia Nº 262 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº C11-188 de fecha 17/07/2012 Ponente Magistrado nuestro Profesor, Dr. P.A.R..- Materia: Derecho Procesal Penal Tema: Motivación Asunto: Motivación del fallo: En este orden, las instituciones todas tienen el reclamo de reaccionar positivamente ante el hecho punible, por un lado para suprimir el velo de la impunidad que se cierne en la opinión pública, y por otro lado, para estudiar las causas del hecho delictivo, con apoyo en la disciplina criminológica, efectuando el análisis mesurado y profundo de los diversos factores que están conectados a la delincuencia juvenil en Venezuela, encontrando senderos que posibiliten que el factor social, el cual incide grandemente en esta situación, sea tratado con acierto, desarrollando y aplicando políticas públicas que estimulen a los jóvenes hacia el deporte, la recreación, el estudio, la música, al existir una encrucijada de valores y anti valores, en la que está en juego nuestra supervivencia como mundo civilizado. De allí la importancia del tema, que la Sala resalta en esta oportunidad, ya que en esa etapa, se puede observar y analizar con sentido preventivo y correctivo, la actuación del joven y su interacción con el entorno….la motivación es la verdadera respuesta jurisdiccional, verificada luego del análisis razonado que realiza el juzgador, debiéndose dirigir de forma directa y concreta hacia las partes en conflicto. Nada más relevante para un órgano jurisdiccional, que emitir su fallo con arreglo a los dictados de las actas del expediente, extrayendo de las mismas los elementos que hagan visible la verdad como valor supremo del proceso penal, con todas sus consecuencias, para verter sobre la sociedad una enseñanza que el operador de justicia está obligado a ofrecer a la comunidad que lo escogió dentro de otros hombres y mujeres, para velar por una sagrada administración de justicia.

    C.S. Nº 85 de Sala Constitucional, Expediente Nº 01-1274 de fecha 24/01/2002 Materia: Derecho Constitucional Tema: Estado de derecho Asunto: Estado Social de Derecho. Naturaleza. Conceptos actuales. ...sobre el concepto de Estado Social de Derecho, la Sala considera que él persigue la armonía entre las clases, evitando que la clase dominante, por tener el poder económico, político o cultural, abuse y subyugue a otras clases o grupos sociales, impidiéndoles el desarrollo y sometiéndolas a la pobreza y a la ignorancia; a la categoría de explotados naturales y sin posibilidad de redimir su situación. A juicio de esta Sala, el Estado Social debe tutelar a personas o grupos que en relación con otros se encuentran en estado de debilidad o minusvalía jurídica, a pesar del principio del Estado de Derecho Liberal de la igualdad ante la ley, el cual en la práctica no resuelve nada, ya que situaciones desiguales no pueden tratarse con soluciones iguales. El Estado Social para lograr el equilibrio interviene no solo en el factor trabajo y seguridad social, protegiendo a los asalariados ajenos al poder económico o político, sino que también tutela la salud, la vivienda, la educación y las relaciones económicas, por lo que el sector de la Carta Magna que puede denominarse la Constitución Económica tiene que verse desde una perspectiva esencialmente social. El Estado Social va a reforzar la protección jurídico-constitucional de personas o grupos que se encuentren ante otras fuerzas sociales o económicas en una posición jurídico-económica o social de debilidad, y va a aminorar la protección de los fuertes. El Estado está obligado a proteger a los débiles, a tutelar sus intereses amparados por la Constitución, sobre todo a través de los Tribunales; y frente a los fuertes, tiene el deber de vigilar que su libertad no sea una carga para todos.

    En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura. Fin citas.

    Cito y doy por conocidos el alcance los contenidos en artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de los cuales se nutre esta decisión, y los cuales bien conoce la defensa, puesto que los cita e su escrito.

    Artículo 8. Interés Superior de Niños, Niñas y Adolescentes.

    El Interés Superior de Niños, Niñas y Adolescentes es un principio de interpretación y aplicación de esta Ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías.

    Parágrafo Primero. Para determinar el interés superior de niños, niñas y adolescentes en una situación concreta se debe apreciar:

    1. La opinión de los niños, niñas y adolescentes.

    2. La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y sus deberes.

    3. La necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos y garantías del niño, niña o adolescente.

    4. La necesidad de equilibrio entre los derechos de las demás personas y los derechos y garantías del niño, niña o adolescente.

    5. La condición específica de los niños, niñas y adolescentes como personas en desarrollo.

    Parágrafo Segundo. En aplicación del Interés Superior de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. Fin cita.-

    Se precisa exponer dentro de esta decisión, y previo a la aplicación de la sanción, no pudiendo obviarlo quien hoy debe producir este pronunciamiento, máxime culminada esta audiencia oral, tocar a los sujetos estelares de este proceso, y exponer: que ningún operador de justicia debe olvidar, pues en algún momento de nuestras vidas lo vivimos, que el ser humano tiene un ciclo vital que comienza con la concepción y culmina con el deceso, y que comprende la siguientes etapas: Niñez, adolescencia, adultez y vejes. Cada una tiene características definitorias en los aspectos cognitivos, emocionales, psico-sexuales, de desarrollo moral, conformándose la evolución y consolidación de las personalidades. No se trata de comportamientos estancados, sino de etapas en las que determinados signos aparecen, se consolidan, se minimizan o desaparecen.

    La vida, no es pues una suma de momentos o etapas perfectamente delimitadas cronológicamente, sino mas bien un proceso continuo de transformación, que va integrando la personalidad. La adolescencia que es la etapa en que intervenimos los jueces de esta especial sección, con los justiciables adolescentes, no es un periodo homogéneo y no implica tampoco necesariamente, un cambio brusco o repentino; es un proceso, de transición entre la niñez y la edad adulta, y allí es donde entramos los jueces de esta especial forma de hacer justicia Penal Juvenil, y sentamos precedente positivo y oportuno en el inicio de estas vidas en proceso de desarrollarse. La orientación que le podamos brindar los Jueces a estos adolescentes, durante estos procesos penales, contribuye a que, cada adolescente se ayude asimismo, en la tarea de reconocer y utilizar sus recursos personales, fijarse objetivos trazarse planes, y resolver bajo las mas favorables condiciones, todos los problemas y necesidades propias de su desarrollo. Esta orientación es la máxima responsabilidad de sus padres y de todo operador de justicia que participe de esta jurisdicción penal juvenil, por que recuperando un adolescente ganamos todos, por que eso refleja que nuestro trabajo ha logrado un resultado. La meta fundamental es que ellos aprehendan y completen su desarrollo de una manera provechosa, ese adolescente en proceso penal, que siente, que aprehende, que progresa por que observa que el Estado le ha brindado una oportunidad constitutiva de herramientas laborales y educativas y que es acompañado sanamente dentro de este proceso por su representante legal, por Defensores Públicos Profesionales y preparados, que los adolescentes son escuchados que se le ha brindado una respuesta oportuna a sus pretensiones, y que el Estado le brinda herramientas a través de este sistema penal juvenil, y al ser favorable o desfavorable la respuesta que el estado le ofrezca, siempre estará informado de todo lo que necesite saber en relación a su causa y siempre acompañado de su familia en ese proceso, representado por un profesional del Derecho, logrando que ese justiciable no se muestre desafiante, desobediente, confundido, se le han dado las mayores y mejores garantías para que en su estadía por este proceso y dentro del Centro de Reclusión, se encuentre imbuido del debido proceso y de celeridad procesal, y además de ello ofreciendo una alternativa, el adolescente decide, si aprovecha lo que el Estado Venezolano le ofrece, o si opta por la alternativa de continuar alejado de la realidad, y en consecuencia de su familia, amigos y de la sociedad, por asumir conducta reprochables por esta sociedad. Al orientar o corregir a un adolescente debemos hacerlo desde la atención. Se le han ofrecido las mayores y mejores garantías para que en su estadía por este proceso se encuentre imbuido del debido proceso y de celeridad procesal, y además de ello ofreciendo una alternativa, el adolescente decide, si aprovecha lo que el Estado Venezolano le ofrece, o si por el contrario opta por la alternativa de, continuar alejado de la realidad, y en consecuencia de su familia, amigos y de la sociedad, por asumir conducta reprochables por esta sociedad. Al orientar o corregir a un adolescente debemos hacerlo desde la atención, hay que oír al adolescente, y es lo que en todo momento este Tribunal ha procurado cumplir con un principio de interés superior, buscando siempre lo mejor para él, y en caso de ser necesario aplicar una sanción, hacerle entender que la misma servirá para su crecimiento como persona, como ha sido el caso que hoy nos ocupa, hacerles entender que aun, cuando está en especial condición de persona en desarrollo, su conducta no fue la mejor, no fue la mas acertada, ni la mas adecuada y que comprenda que el Estado tiene una respuesta de mayor a menor intensidad que se activa en contra de esas conductas, y que en su caso esa respuesta se ve atenuada por las razones antes expuestas, nos encontramos con un adolescente que ha solicitado indulgencia ante el tribunal, donde la Fiscalia 31 Especializada esta solicitando la sancion de amonestación, modificando la sanciones de la acusación, y la defensa también solicita la sanción de amonestación prevista en el articulo 623 de la Ley Orgánica Para La Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para la adolescente (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), por las circunstancias que rodean el caso, que ya han sido estimadas puesto que no hubo contradictorio de pruebas, por la posición procesal asumida, donde se observa la fidelidad de esta adolescente con su proceso, todo ello lo hubo de tomar en cuenta este Tribunal al momento de aplicar la sanción al joven acusado, la cual por la fuerza que le imprime a este acto el Imperio de la Ley, debe ser de AMONESTACION de la sanción solicitada por el Ministerio Publico y la defensa, prevista en el articulo 623 de la mencionada ley especial que rigue la materia penal juvenil por considerar a quien le correspondió producir la presente sentencia, que el quantum justo de sanción aplicada resulta la mas justa, idónea, adecuada, proporcional y necesaria,

    Este tribunal no hace rebaja por cuanto por el tipo de sanción es de amonestación y su cumplimiento es por ante el tribunal de ejecución conforme a los artículos 646 y 647 de la Ley Orgánica Para La Protección de Niños, Niñas y Adolescentes

    Por los fundamentos expresados en el recorrido de esta Sentencia, computo el cual ha sido aplicado con estricta sujeción a lo preceptuado en el articulo 583 de la Ley Orgánica para la Protección del N.N. y del Adolescente, orientado con el contenido del articulo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, puesto que es absolutamente precisa la disposición contemplada en el articulo 583 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando nos impone “… se podrá rebajar del tiempo que corresponda, de un tercio a la mitad…”, la rebaja ha de materializarse, por que de no hacerlo no existiría la contraprestación a favor del acusado que activa esa Institución, no tendría sentido la decisión y el valor de admitir los hechos por parte del acusado; ahora bien, esos dos parámetros reflejan un limite infranqueable al Juez a conducirse dentro de estos parámetros legales: un tercio o la mitad, ni mas allá, ni mas acá, y esa circunstancia marco ese limite, cual es: la mitad, y en conformidad con criterio de nuestro M.T. de la Republica, en Sentencia Nº 261 de Sala de Casación Penal, la cual muy respetuosamente este Tribunal se permite citar en Expediente Nº C07-0505 de fecha 06/05/2008

    ... la Institución de la Admisión de los Hechos, se encuentra contemplada en las normas que regulan el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, dejando claramente establecido que desde el momento que opere la figura del procedimiento por admisión de los hechos el joven se encuentra en todo el derecho que se le aplique la rebaja de la sanción siempre y cuando se encuentre dentro de los límites establecidos en dicha norma, en el presente caso, la Corte Superior no ha debido aplicar el primer aparte del artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que el artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente es claro y específico en cuanto a la figura de la Admisión de los Hechos, aunado a esto, recordemos que lo primordial de esta ley especial es el interés superior del niño y del adolescente y la misma establece líneas de acción de carácter obligatorio para todas las instancias de la sociedad y pone límites en la discrecionalidad de sus actuaciones y bajo los parámetros del contenido del artículos 622 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas Niñas y Adolescentes; de igual manera la ley no puede exceptuar a este justíciable de conformidad con el articulo 21 Constitucional de la rebaja, sea la solicitud fiscal una sanción privativa de libertad o no privativa, es una sanción que limita su estado de libertad, la ley no hará distinción alguna; asimismo y dentro de los pautas contenidas en los artículos 622 de la Ley Orgánica para la Protección del N.N. y del Adolescente, se dicto la presente Sentencia aparejando la sanción impuesta, bajo la óptica del principio de proporcionalidad contenido en los artículos 230 del Código Orgánico Procesal Penal y 539 de la Ley Orgánica para la Protección del N.N. y del Adolescente, de la fidelidad de esta justiciable con el proceso, de su apoyo familiar sólido, y de su condición de estudiante. Fin cita-

    Sentencia Nº 301 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº C12-243 de fecha 14/08/2013 Tema: admisión de los hechos. Asunto Rebaja de pena. Si el juez o jueza sólo pudiera condenar mediante el procedimiento de admisión de los hechos, previa aceptación de la cantidad de la pena por parte del acusado, la pena impuesta sería inmodificable salvo que la norma previera tal posibilidad, no siendo ello lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal. La obligación del juez o jueza es poner en conocimiento del acusado la manera cómo se configura el procedimiento para que éste, si lo desea, solicite que se le aplique la pena correspondiente de manera inmediata, la cual pudiera rebajarse desde un tercio a la mitad de la que correspondería, es decir, lo mínimo que se le rebajaría la pena sería un tercio y lo máximo, sería la mitad. Fin cita.

    Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo da Justicia, en decisión N° 1998, de fecha 22-11-06, señaló:

    … ponderar con base a la racionalidad que debe fundamentar cualquier medida…”

    Sentencia Nº 623 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº C07-0324 de fecha 07/11/2007. “ ...el acusado puede hacer uso de esta garantía de celeridad procesal y admitir los hechos en la audiencia preliminar o antes del debate en el procedimiento abreviado. En consecuencia, puede solicitar al Tribunal, la imposición contigua de la pena. Se trata de un procedimiento especial, cuya finalidad es la celeridad del proceso y la economía o ahorro (para el Estado) que generan en el imputado un beneficio (no un derecho, pues de éstos se detenta la capacidad de disfrute y oposición frente a otros). Beneficio que se traduce en el deber que tiene el juez de rebajar la pena aplicable al delito, desde un tercio a la mitad. Es decir, el juez está obligado en esta forma de autocomposición procesal a descontar de la pena correspondiente, desde un tercio a la mitad de la misma (...) el deber radica para el Juez (de Control en la Audiencia Preliminar o de Juicio en el procedimiento abreviado y antes del debate) en rebajar la pena “desde” (preposición que según el Diccionario de la Lengua Española, denota un punto en el tiempo o lugar de que procede o ha de contarse un hecho o una distancia) la tercera parte, hasta la mitad de la misma, tomando siempre en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado, motivando claro está la pena que decidió imponer contando el margen de discrecionalidad que tuvo para hacerlo.

    Sentencia Nº 142 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº C05-0357 de fecha 20/04/2006. El artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, establece un término de rebaja de la pena en los casos que se admitan los hechos y esa rebaja estará condicionada para los delitos donde haya habido violencia contra las personas, contra el patrimonio público o los tipificados en la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Es decir, la rebaja se hará desde un tercio a la mitad de la pena que debe imponerse, si no son los supuestos nombrados anteriormente, y en caso que así sea, la rebaja sólo podrá hacerse hasta un tercio de la pena aplicable. Éstas rebajas las realizará el juez en atención al bien jurídico infringido y el daño social causado. Por otro lado, el mismo artículo, en su segundo aparte, contiene una excepción a la rebaja de la pena, ya que ésta no puede ser inferior al límite mínimo de la pena real que señala la ley para ese delito, en consecuencia, el acusado sí obtiene un beneficio por haber admitido los hechos, pero sólo hasta el límite legal, además de traducirse en economía y celeridad procesal en la administración de justicia.

    Sentencia Nº 178 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº C04-0582 de fecha 10/05/2005. Ahora bien, la institución de la admisión de los hechos (establecida en el artículo mencionado ut-supra) opera cuando el imputado consciente en ello, reconoce su participación en el hecho atribuido y solicita al tribunal que conoce de la causa, la imposición inmediata de la pena correspondiente, con la rebaja desde un tercio a la mitad, tomándose en cuenta el bien jurídico afectado y el daño social causado. No obstante, el referido artículo, en su segundo aparte, al tratar lo referente a dicha rebaja establece una excepción para aquellos delitos que poseen un alto grado de peligrosidad, casos en los cuales sólo se podrá rebajar un tercio de la pena, pero no puede ser menor a la establecida en el límite inferior de la pena que señala la ley para el delito de tráfico ilícito de droga y ello en virtud de que éste es considerado según jurisprudencia reiterada (sentencia Nº 1.712 del 12/9/01, Sala Constitucional) como delito de lesa humanidad y en consecuencia, su naturaleza, no permite que la rebaja pase del límite inferior impuesto, ya que de realizarlo, se estaría violando una norma que es de imperativa observancia para el juzgador. Fin de citas. Así se interpreto.-

    Vista la Admisión de los Hechos manifestada de forma espontánea, libre de apremio y coacción por el Adolescente (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), respecto de aquellos hechos que han quedado determinados en este acto oral y reservado, donde afirma su participación en el delito cometido, queda comprobada la participación del acusado en el delito mencionado. Adminiculada la Admisión de los Hechos, a las pruebas ofrecidas por el Fiscal Especializada y que constan de la acusación formulada y admitida por este Tribunal constituido en forma Unipersonal, valorados como elementos de convicción que sustentan los hechos contenidos en la acusación fiscal, surge plena culpabilidad y responsabilidad penal del adolescente en la comisión del hecho punible del cual les acusa el Ministerio Público, hecho objeto de la acusación que ha admitido libre de coacción y apremio y en presencia de su Defensora. Comprobado el hecho delictivo tal y como consta de las pruebas aportadas por la Fiscalía, contenidas en la acusación, así como la cualidad de adolescente, la participación del (s) acusado (s), su responsabilidad penal en la autoría del hecho punible, la naturaleza de la gravedad del hecho, las circunstancias relatadas en esta audiencia y recogidas en la presente acta, así como el bien jurídico tutelado y protegido constitucional y legalmente que fue objeto de violación por el adolescente (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), por su conducta asumida en la perpetración del hecho punible, reprochable socialmente mediante un juicio de valor por las circunstancias particulares en que se llevó a cabo, su edad, toca a este Tribunal pronunciarse sobre la aplicación del Procedimiento Especial, dictar decisión expresa, positiva y precisa respecto a la consecuencia condenatoria del modo alternativo asumido por la acusada y aplicar la sanción proporcional e idónea, tomando en cuenta su edad y capacidad para el cumplimiento de la misma, así como la necesidad de su aplicación, siempre observando los parámetros establecidos en el articulo 622 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y adolescentes haciendo las siguientes consideraciones: Doctrinariamente, Buaiz V. Y.E. (2010), expresa que las sanciones previstas en el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes tienen como objetivo principal, estimular en éstos la responsabilización personal y social y la formación de conciencia sobre el acto delictivo cometido, afirmando en tal sentido lo siguiente:

    …las sanciones previstas en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes se diseñaron de tal forma que, partiendo del tipo de delito cometido, cada adolescente sancionado, consiga el mejor mecanismo para reconciliarse consigo mismo y con la sociedad de una forma esencial y fundamentalmente socio pedagógica

    .

    (Obra: Violencia contra los y las Adolescentes en el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente: Autor: Y.E.B.V., en X Jornadas de la LOPNNA. Escenarios de la violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes. Universidad Católica A.B.. Caracas, Venezuela).

    En consecuencia, dada la esencia con la que se ha concebido el derecho penal de adolescentes, enmarcado en la Doctrina de la Protección Integral, se pretende a través del mismo la concientización del adolescente sobre las consecuencias negativas de sus acciones en el respeto de los derecho de las demás personas, partiendo del tipo de delito para imponer la sanción.

    Sobre la base de lo anterior, teniendo en cuenta la petición formulada por el Ministerio Público tendente a la imposición de la AMONESTACION como sanción definitiva, y el requerimiento de la Defensa en cuanto a esta medida como sanción para la mencionada adolescente, compartiendo los criterios antes citados y teniendo en cuenta la potestad de que se encuentra dotado el juez para determinar o no su decreto, se estima que la conducta ejecutada por la adolescente (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), ,actualmente de 17 años, por la comisión del delito de COAUTORA DEL DELITO DE OCULTAMIENTO ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 en concordancia con el articulo 276 ambos del Código Penal hoy POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 111 de la Ley de Desarme y Control de Arma y Municiones, cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, se traduce en un delito no susceptible de privación de libertad como sanción , lo que hace procedente establecer una medida sancionatoria no privativa de libertad, considerando que en el caso de autos los objetivos de la sanción es la finalidad educativa,, siguiendo las pautas contenidas en el artículo 622 de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES observando al respecto lo siguiente::

    En cuanto al literal “a” y “b” , se desprende que el acto delictivo quedó demostrado con la participación de la adolescente(SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), , en los hechos constitutivos de la presente Causa , ya que la conducta de la adolescente de las actas se observa que el día 28 de enero del año 2013 siendo las dos horas de la mañana, los funcionarios: Oficia! Jefe N° 4784 LUSINAIDO AVILA, y OFICIAL N° 6129 JOHENDRY RIVERO, adscritos al plan de Vigilancia y Patrullaje Gran Misión a Toda V.V., realizaban un patrullaje a bordo de la unidad CBPEZ-104, pro las adyacencias del sector industrial Barrio Integración Comunal específicamente detrás de los galpones de la empresa SABELIA avenida N" 62 calle N° 148, cuando visualizaron un vehículo marca: ford, modelo: LTD, color: celeste, año: 1997, placas: KAN-312, clase: automóvil tipo: sedan, en el cual abordaban los ciudadanos F.D.L.C., D.J.M.C., L.A.P.G., Anderfreiy J.L.B., y la adolescente (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), procediendo los funcionarios a solicitarles su documentación personal y de inmediato a efectuarles una revisión corporal, no incautando ningún objeto de interés críminalístico, no obstante procedieron de igual manera a realizar una revisión al mencionado automotor logrando encontrar debajo de! asiento delantero un arma de fuego tipo revolver, marca no visible modelo no visible, calibre 38 (8.9mm) corto, de acabado superficial cromado con signos de desgaste, serial de orden 322930, contentivo en su interior de cuatro (04) cartuchos 32 milímetros en su estado original, asimismo lograron incautar debajo del asiento un facsímil de arma de fuego tipo pistola elaborado en material sintético de color negro, ante tales circunstancias los funcionarios les solicitaron a los sujetos y a la adolescente la documentación legal o autorización para detentar la mencionada arma de fuego, indicando éstos no poseer ninguna documentación motivo por el cual los funcionarios procedieron a su aprehensión leyendo sus derechos constitucionales y legales, cuya participación encuadra como COAUTORA de la actividad delictual desplegada como es el delito de OCULTAMIENTO ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO , por lo que se cataloga como una conducta negativa, típica, antijurídica y culpable, por lo tanto contraria a derecho; de igual modo con el cúmulo de pruebas presentadas por el Ministerio Público, las cuales fueron admitidas por este Tribunal de Control y como consecuencia de la admisión de los hechos realizada por la referida acusada, quien reconoció en la Audiencia Preliminar su participación en el hecho imputado a ella por el Ministerio Público; el Estado se encuentra relevado de presumir la i.d.A. y por lo tanto tomando en consideración el planteamiento sub examine, da por demostrado que en efecto la adolescente antes referida, participó en el DELITO DE OCULTAMIENTO ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, en calidad de coautora previsto y sancionado en el artículo 277 en concordancia con el articulo 276 ambos del Código Penal hoy POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 111 de la Ley de Desarme y Control de Arma y Municiones, cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO . Y ASÍ SE DECLARA

    En cuanto al literal “c” referido a la naturaleza y gravedad de los hechos, debe ser considerado en el caso de autos, ya que los hechos admitidos por la acusada representan una conducta que atenta contra el orden publico, y vistas las circunstancias expuestas en la audiencia por el MINISTERIO PÚBLICO con ocasión al comportamiento de la adolescente acusada, quedaron perfectamente demostradas en las actas de la causa y en la admisión por ella proferida en la audiencia , y que lleva a concluir, que la sanción aplicable son la pedida por el fiscal y la defensa la amonestación como sanción definitiva, tomando en consideración la finalidad de las sanciones del sistema penal juvenil, que admitió su responsabilidad en los hechos ocurridos, que con base a la celeridad y economía procesal que el día de la audiencia estuvo acompañado de su representante legal , a fin de determinar la sanción aplicable, Y ASÍ SE DECLARA

    En cuanto al literal “d” referido al grado de responsabilidad del adolescente, ha quedado plenamente definido, en virtud de la conducta desplegada por el adolescente (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), el día 28 de enero del año 2013, teniendo una participación de coautora en el hecho delictivo antes descrito , con la admisión de hechos generada en las Audiencia donde la adolescente antes mencionada se consideró responsable penalmente del hecho delictivo, dan por demostrado su participación en el delito DE OCULTAMIENTO ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, en calidad de coautora previsto y sancionado en el artículo 277 en concordancia con el articulo 276 ambos del Código Penal hoy POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 111 de la Ley de Desarme y Control de Arma y Municiones, cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANOY ASÍ SE DECLARA

    En cuanto al literal “e” referente a la proporcionalidad e idoneidad de las Medidas; es una pauta de especial consideración, por cuanto dada la finalidad que persiguen las sanciones previstas en el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes, deben tenerse en cuenta al momento de su determinación, principios de proporcionalidad e idoneidad y necesidad por cuanto el delito OCULTAMIENTO ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, en calidad de coautora previsto y sancionado en el artículo 277 en concordancia con el articulo 276 ambos del Código Penal hoy POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO no es susceptible de privación de libertad como medida sancionatoria, ya que no es considerable como delito grave, que provoque conmoción social. Pero hay que dar respuesta a la sociedad que exige justicia en el cumplimiento de las normas para convivir en sociedad y que no se encuentra dentro del catalogo de delitos susceptible de privación de libertad conforme al artículo 628 de la Ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescente, la medida sancionatoria requerida por el despacho fiscal es la única capaz de garantizar los objetivos de la sanción, lo cual se sostiene partiendo del análisis previamente realizado, debiendo tener en cuenta además las particulares circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos, evidenciándose según lo narrado en el escrito acusatorio, por lo que esta jurisdicente considera procedente declarar con lugar lo peticionado por el Fiscal y la Defensa Publica tomando en cuenta la admisión de hechos expresada, en atención a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad como elementos fundamentales para la selección de la sanción a imponer, la finalidad de las medidas sancionatorias del sistema penal juvenil, y en especial, el contenido de la sanción solicitada, y que persiguen educar a las adolescentes y jóvenes adultas inmersos en el sistema penal juvenil, para que puedan convivir en paz social como ciudadanas sujetas de derechos y deberes dentro de la sociedad en la cual se desenvuelven, son circunstancias que comprueban que, con dichas medida sancionatoria de AMONESTACION se cumplirían los objetivos de este proceso penal, en el caso que nos ocupa, lográndose así mismo alcanzar que la prenombrada acusada supere las carencias que le llevaron a asumir una conducta contraria al deber ser en un momento determinado, considerando dicha sanción ajustadas para el caso particular, atendiendo a la naturaleza del hecho delictivo que fueron admitidos por la adolescente acusada y a la adecuación de éstos a las consecuencias legales respectivas, en consecuencia, se estima que frente a las circunstancias analizadas, es posible imponer una sanción de privación de libertad solicitada por el Ministerio Público, Se IMPONE a la acusada (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), , como sanción la medida denominada AMONESTACION, de conformidad con lo establecido en los artículos 622 y 623 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, solicitada por el fiscal y la defensa y para ser cumplida por el tribunal de ejecución sección adolescente una vez que la sentencia queda definitivamente firme, toda vez que la adolescente cuente con el apoyo de su familia , lo cual luce necesario en el caso de autos Y ASÍ SE DECLARA

    En cuanto al literal “f”, se refiere a la edad de la adolescente y su capacidad para cumplir las medidas, se observa que la adolescente, tiene Diecisiete (17) años, por lo que pertenece al segundo grupo etario conforme a los artículos 533 y 451 de la LOPNNA; y la mismo no se observa manifiesta incapacidad de ningún tipo, para el cumplimiento de la Medida impuesta. La Adolescente asumió de manera voluntaria, libre de coacción y apremio, su responsabilidad y sabe las consecuencias jurídicas que de ella devienen, las cuales le fueron perfectamente explicadas por esta sentenciadora, y quien manifestó la misma adolescente haber comprendido las mismas, Y ASÍ SE DECLARA

    En cuanto al literal “g”, referido a los esfuerzos de la adolescente por reparar el daño causado. Este Tribunal considera importante que la adolescente (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), haya manifestado su participación en los hechos imputados asumiendo su responsabilidad ,solicitando la defensa la inmediata imposición de la sanción, esto es considerado como un acto que es reprochable por la sociedad, al declararla culpable que conlleva a que responda penalmente y la intención de reparar el daño social causado, que si bien puede ser susceptible de reparar el daño causado , ya que no es susceptible de privación de libertad , pero es susceptible de otro tipo de sanción , aunado a que no se observa un grave daño, y que la adolescente se internalice el daño por lo que la idónea y proporcional y racional es la sanción de amonestación, conforme al artículo 623 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente.

    En cuanto al literal “h”, relativo a los resultados de los informes clínicos y psico-sociales. Este Tribunal observa, que no riela a la causa ningún informe médico que demuestre que la adolescente no está en capacidad de dar cumplimiento a la sanción proferida.

    Ahora bien, en cuanto al tiempo de duración de la sanción, considerando lo analizado en las pautas para determinarla y observando que la acusada admitió los hechos imputados por el Representante Fiscal, quien no es inimputable conforme a la ley y mucho menos incapaz para cumplir la sanción impuesta, considera éste decisor ajustado a derecho la disminución de la sanción, en atención al artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual establece la posibilidad de la rebaja del tiempo de la sanción en los casos de delitos que ameriten Privación de Libertad, por estimar según las circunstancia de los hechos y tomando en consideración el juicio educativo, que la rebaja de un tercio es suficiente para lograr que el adolescente internalice el daño cometido y logre su reinserción a la sociedad en menor tiempo; ya que la Institución penal fue asumida por el legislador, como un mecanismo mediante el cual se le otorga al acusado la concesión de la rebaja de la sanción o la modificación de ésta, frente a la condición de que ahorre al Estado los costosos gastos del trámite del juicio.

    Encuentra este Tribunal que esta adolescente ha mantenido fidelidad con este proceso. Observa este Tribunal que esta justiciable posee un sólido apoyo familiar lo cual ha quedado evidenciado en esta sala. Observa este Tribunal que esta justiciable continúa demostrando fidelidad con este proceso, al verificar que la dirección que ha sido aportada es ubicación exacta y cierta. Observa este Tribunal, que esta adolescente es un proyecto de vida, por que su conducta predelictual así lo señala y que todo proyecto debe tener una finalidad, cumplir una meta, ha demostrado esta justiciable que él persiguen alcanzar esa meta, practicando y comprendiendo que los únicos medios validos para lograrlos; todo ello este Tribunal lo encuentra cubierto y encuentra que refleja condiciones establecidas dentro de las pautas para la aplicación de la sanción que ha sido aplicada, es por ello que ha encontrado este Tribunal que la sanción mas idónea, necesaria, adecuada y proporcional debe ser la sanción de AMONESTACION, habiendo operado la sanción mas proporcional de la sanción solicitada por el Ministerio Publico y la defensa, y dentro de los parámetros establecido en el articulo 583 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por los fundamentos antes expuestos.

    En este sentido la sanción se ajusta al sujeto y no se impone en desconocimiento de factores de importancia que redundarán en perjuicio de la persona, haciendo de la sanción un momento para la educación, el crecimiento y el apoyo, que llega al adolescente a través de una orden judicial y previa evaluación legal de la situación, sin divorciarse de las necesidades de los seres humanos cuyas personalidades aún buscan el ajuste o equilibrio propio de la época de la madurez. Asimismo la Ley Orgánica para la Protección del N.N. y del Adolescente es un instrumento Jurídico de avanzada. Está elaborado sobre la base teórica de determinados Principios que orientan y definen el sentido de todas las normas que los constituyen. Dichos principios están consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, así como en otros instrumentos jurídicos de orden internacional. Esto significa que Venezuela asume esta legislación a partir de los valores superiores que subyacen en tales principios y que trascienden al propio texto de la norma, enmarcando su creación en lo que se denomina la dogmática axiológica, es decir, la creación, evaluación e interpretación de las normas jurídicas a partir de valores humanos individuales y colectivos que determinan su existencia. De forma que el sentido teleológico de los principios rectores que determinan la orientación del texto legal, no es otro que el de influenciar de forma determinante su interpretación, su aplicación y la puesta en marcha de las políticas que sean necesarias a fin de materializar su contenido. Los principios a los cuales hemos hecho referencia son los siguientes: Principio de No Discriminación, El Niño como Sujeto de Derechos, Principio del Interés Superior del Niño, Principio de Prioridad Absoluta, Principio de Participación, Principio del Interés Fundamental de la Familia. Tales principios tienen como fundamento la siguiente normativa internacional: La Convención Internacional de los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia Juvenil (Reglas de Beijing), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para los jóvenes privados de libertad, las directrices de la Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil (Normas de Riyadh), El Convenio No.146 de la Organización del Trabajo y la Carta de la U.N.E.S.C.O. Toca hablar del Principio de no discriminación Artículo 3: «Las disposiciones de esta ley se aplican por igual a todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna, fundada en motivos de raza, color, sexo edad, idioma, pensamiento, conciencia, religión, creencia, cultura, opinión política o de otra índole, posición económica, origen social, ético o nacional, discapacidad, enfermedad, nacimiento, o cualquier otra condición del niño o adolescente, de sus padres, representantes o responsables o de sus familiares.» Según este principio todos los niños y adolescentes deben ser tratados por igual, entendida esta igualdad en la medida de la particular situación de cada uno. Esto significa que la LOPNA no es un instrumento jurídico creado única y exclusivamente para los niños y adolescentes que estén en conflicto con la ley penal, lo que implica básicamente tres cosas: Se deja en el pasado la posibilidad de crear, incrementar y afianzar la estigmatización que se hizo tan presente bajo el imperio del modelo tutelar. Se abandonan los criterios que fomentan el Derecho Penal de Autor, a partir del cual se castiga al sujeto por lo que es y no por el comportamiento delictivo que lleva a cabo. • Se elimina la posibilidad de crear conductas delictivas a partir de la situación irregular en que se encuentre el sujeto o de los estados o condiciones que presente. La igualdad a que hace referencia este principio, al ser ajustada a los niños y a los adolescentes, debe entenderse en el sentido aristotélico de justicia, pues la igualdad ante la ley y en materia de niños y adolescentes no la podemos entender de manera absoluta, ya que cada situación y cada persona requerirán el tratamiento que a ellos más se ajuste de forma conveniente a fin de poder formarle y educarle a partir de la medida que se le aplicará. En tal sentido, «justicia significa igualdad, no tratamiento igual de todos los hombres y de todos los hechos, sino aplicación de una medida igual. El tratamiento mismo será diferente en la medida en que difieren los hombres y los hechos y habrá pues no una igualdad de tratamiento absoluto, no proporcional.

PARTE DISPOSITIVA

En consecuencia , este JUZGADO SEGUNDO DE JUICIO SECCIÓN ADOLESCENTES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, GARANTISTA DEL DEBIDO PROCESO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 578 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 330 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, decreta: PRIMERO: Ratificar la admisión del Escrito de Acusación con lo manifestado por la Fiscalía Trigésima Primera del Ministerio Público, en el día de hoy y las Pruebas Ofrecidas, en todo su contenido las cuales fueron expresadas de manera oral en este acto, por la Fiscal Especializa.d.M.P., asi como la subsanación del defecto de forma de conformidad al articulo 335 del Código Orgánico Procesal Penal por remisión expresa del articulo 537 de la ley Orgánica Para la protección del N.N. y adolescente por cuanto la sanción a pedir es de AMONESTACION previsto en el articulo 623 de la Ley Orgánica Para la protección de N.N. y Adolescente en contra del adolescente (SE OMITE EL NOMBRE E IDENTIDAD DE LA ADOLESCENTE), , venezolano, natural de Valera, fecha de nacimiento 14-08-1996, de 17 años de años de edad, de profesión u oficio del hogar, residenciado en el Barrio 10 de Enero Sector Los R.M.M., Estado Zulia por la comisión del delito de COAUTORA DEL DELITO DE OCULTAMIENTO ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 en concordancia con el articulo 276 ambos del Código Penal hoy POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 111 de la Ley de Desarme y Control de Arma y Municiones, cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO,. SEGUNDO: Declarar la procedencia de la Admisión de los Hechos expuesta por el acusado adolescente (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), la cual ha sido expresada libre de coacción y apremio, con la asistencia de su Defensor de confianza y guardando las Garantías Legales y Constitucionales del Debido Proceso. TERCERO: DECRETAR LA CULPABILIDAD Y RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE: (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), venezolano, natural de Valera, fecha de nacimiento 14-08-1996, de 17 años de años de edad, de profesión u oficio del hogar, residenciado en el Barrio 10 de Enero Sector Los Robles, Municipio Maracaibo. CUARTA: Se declara con lugar con la solicitud de la defensa donde se aparta del escrito donde solicita el sobreseimiento definitivo a favor de la adolescente (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE). En consecuencia, se procede a DICTAR SENTENCIA CONDENATORIA por estar comprobada la culpabilidad y responsabilidad penal del adolescente (SE OMITE EL NOMBRE DE LA ADOLESCENTE), por la comisión del delito de COAUTORA DEL DELITO DE OCULTAMIENTO ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 en concordancia con el articulo 276 ambos del Código Penal hoy POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 111 de la Ley de Desarme y Control de Arma y Municiones, cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO QUINTO: Este Tribunal en atención a las pautas establecidas en el artículo 622 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, observa que: el hecho delictivo quedó comprobado y la participación del adolescente en el mismo, con el despliegue negativo de su conducta, las pruebas admitidas por éste Tribunal y el acogerse al procedimiento por admisión de los hechos; el hecho en sí reviste privación de libertad; el adolescente es responsable penalmente del delito de COAUTORA DEL DELITO DE OCULTAMIENTO ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 en concordancia con el articulo 276 ambos del Código Penal hoy POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 111 de la Ley de Desarme y Control de Arma y Municiones, cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO,; el adolescente no muestra incapacidad para el cumplimiento de la sanción que pueda determinar el Tribunal, por otro lado el adolescente ahorrara al Estado la movilización del aparataje judicial en virtud de la postura procesal asumida y por último, en cuanto al principio de proporcionalidad y a la duración de la sanción y considerando lo analizado en las pautas para determinarla, así como la gravedad del hecho, el daño social causado que vulnera el derecho a la propiedad mas no su integridad física; bajo la óptica de los parámetros establecidos en el articulo 622 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y adolescentes haciendo las siguientes consideraciones: Encuentra este Tribunal que el adolescente ha mantenido fidelidad con este procesado en todas las fases por las cuales han transitado, y que aun así han mantenido este adolescentes el valor de continuar estudiando y trabajar, logrando indulgencia por parte de este Tribunal, pues son condiciones que no puede obviar este Tribunal. Observa este Tribunal que este justiciable posee un sólido apoyo familiar, lo cual ha quedado evidenciado en esta sala. Observa este Tribunal que esta justiciable continúan demostrando fidelidad con este proceso, observa este Tribunal que esta adolescente es un proyecto de vida, y que todo proyecto debe tener una finalidad, cumplir una meta, ha demostrado este justiciable que él persigue alcanzar esa meta, practicando y comprendiendo que los únicos medios validos para lograrlos son: el trabajo y el estudio; todo ello este Tribunal lo encuentra que refleja condiciones establecidas dentro de las pautas para la aplicación de la sanción, es por ello que ha encontrado este Tribunal que la sanción mas idónea, necesaria, adecuada y proporcional a aplicar debe ser la sanción de AMONESTACION, habiendo operado el termino de la rebaja mas proporcional con el caso que hoy nos ocupa, de la sanción solicitada por el Ministerio Público, y dentro de los parámetros establecido en el articulo 583 y 622 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes, y que deberá ser cumplida por el adolescente por ante el Tribunal de Ejecución de la Sección Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, una vez que la sentencia quede definitivamente firme. QUINTO: Se impone la sanción de AMONESTACION, prevista en el artículo 623 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes SEXTO: Se ordena la remisión de esta causa una vez cumplido el lapso legal al Juzgado de Ejecución

. Se deja constancia que con el fin educativo que caracteriza el proceso dentro de la Sección Especializada, durante cada fase de la audiencia oral, se dio cumplimiento a las garantías de oralidad y privacidad, debido proceso, e información que inspira la Ley Especial.

Dada, firmada y sellada en el Juzgado Segundo de Juicio, Sección Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia en Maracaibo, los Doce (12) días del mes de Agosto de 2014, quedando registrada la presente decisión bajo el N° 80-2014 en el libro de registro de sentencias definitivas llevado por el Tribunal, en horas de despacho. Dejándose constancia que se publicó dentro del término de ley establecido en el artículo 605 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

LA JUEZ SEGUNDA DE JUICIO,

DRA: HIZALLANA M.U.

LA SECRETARIA,

DRA. A.S..-

HM/AS.-

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