Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Miranda, de 7 de Mayo de 2013

Fecha de Resolución 7 de Mayo de 2013
EmisorTribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito
PonenteArikar Balza Salom
ProcedimientoEstimación E Intimación Honorarios Profesionales

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA CON SEDE EN OCUMARE DEL TUY

EXPEDIENTE S-No. 1837.

SOLICITANTES: G.J.V. y J.E.V., venezolanos, mayores de edad y titulares de las cedulas de identidad Nos. V-3.944.255 y 6.407.403. Actuando en su propio nombre y representación.

PARTE DEMANDADA: J.J.R.B., venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-5.427.568.

MOTIVO: ESTIMACION E INTIMACION DE HONORARIOS PROFESIONALES.

NARRATIVA

En fecha 18 de Octubre del 2007, se recibe la demanda que por ESTIMACION E INTIMACION DE HONORARIOS PROFESIONALES presentada por los ciudadanos G.J.V. y J.E.V., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nos. V-3.944.255 y V-6.407.403, respectivamente, abogados en ejercicio inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 22.787 y 93.072, en su mismo orden.

En fecha 01 de Noviembre del 2007, dando cumplimiento al auto de esa misma fecha se abre cuaderno separado autónomo e independiente del procedimiento principal para tramitar todo lo relacionado con la demanda presentada por los ciudadanos G.J.V. y J.E.V., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nos. V-3.944.255 y V-6.407.403, respectivamente, abogados en ejercicio inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 22.787 y 93.072, en su mismo orden; por ESTIMACION E INTIMACION DE HONORARIOS PROFESIONALES. En consecuencia se ordena agregar al respectivo cuaderno es escrito presentado por los abogados antes mencionados.

En fecha 01 de Noviembre del 2007, el Tribunal mediante auto, abre la fase declarativa en el presente juicio y en consecuencia se ordena librar las boletas de citación al demandado igualmente en el mismo auto se ordena abrir cuaderno separado a los fines de proveer sobre la medida solicitada.

En fecha 26 de Noviembre del 2007 comparece la parte demandante y mediante diligencia consigna los fotostatos respectivos para la citación del demandado.

En fecha 28 de Noviembre del 2007, el Tribunal mediante auto que riela al folio 54, ordena librar la compulsa y entregarla a la parte actora a los fines de su gestión.

En fecha 13 de diciembre del 2007, riela al folio 56 diligencia suscrita por la parte actora mediante la cual solicita se le provea en cuanto a la medida solicitada.

En fecha 19 de diciembre del 2007, riela al folio 57 diligencia suscrita por la parte actora mediante la cual solicita se le de de por notificado a la parte demandada o cuanto consta y consigna copia de la misma; que el mismo se encuentra al tanto de la demanda que riela en su contra.

En fecha 14 de Enero del 2008, riela al folio 59, diligencia suscrita por la parte actora mediante la cual Ratifica la solicitud de proveer sobre la medida solicitada anteriormente.

En fecha 06 de Mayo del 2008, riela al folio 60, auto del tribunal mediante el cual se da por recibida las resultas de la comisión enviada al Juzgado de Cúa, ordenándose agregar la misma al expediente.

Riela al folio 78, de fecha 16 de Junio del 2008, diligencia suscrita por la parte actora en el presente juicio, mediante la cual solicita sea canalizad la citación y/o notificación del demandado en la causa.

En fecha 16 de Julio del 2008, riela al folio 79, auto del Tribunal mediante el cual, por cuanto se evidencia que no pudo ser localizado el demandado se ordena librar Oficio a la ONIDEX y al CNE a los fines de que informe el ultimo domicilio del ciudadano J.J.R.B., titular de la cedula de identidad No. 5.427.568.

En fecha 06 de Octubre del 2008, la parte actora mediante diligencia solicita que por cuanto aun cuando fue ordenado librar Oficio a la ONIDEX, el mismo no consta en el expediente por lo que solicita se libre nuevo Oficio, a los fines legales consiguientes.

En fecha 23 de Octubre del 2008, el Tribunal mediante auto y vista la diligencia suscrita por la parte actora en el presente juicio, ordena librar nuevamente el Oficio dirigido a la ONIDEX, a los fines de que informe el último domicilio del demandado.

En fecha 19 de Noviembre del 2008, riela al folio 85, diligencia suscrita por la parte demandante mediante el cual solicita se designe correo especial, a los fines de poder retirar las resultas de los Oficios dirigidos a la ONIDEX y al CNE.

En fecha 08 de Diciembre del 2008, riela al folio 86, auto del Tribunal mediante el cual vista la solicitud de la parte actora, ordena expedir constancia mediante el cual se designa correo especial a la parte actora a los fines de retirar las resultas de los oficios correspondientes en los organismos señalados.

En fecha 02 de Marzo del 2008, riela al folio 88, auto del Tribunal mediante el cual, se da por recibido y se ordena agregar a los autos Oficio proveniente del CNE.

En fecha 29 de Septiembre del 2009, riela al folio 90, diligencia mediante la cual, la parte co-demandante, solicita se provea con relación a la citación del demandado y a la medida solicitada anteriormente.

En fecha 23 de Octubre del 2009, el Tribunal mediante auto, niega lo solicitado por la parte actora; con relación a la citación tacita del demandado.

En fecha 29 de Octubre del 2009, riela diligencia al folio 92, suscrita por la parte actora, mediante la cual solicitan se le expidan copias simples de los folios señalados en la misma diligencia.

En fecha 05 de Noviembre del 2009, riela al folio 93, auto del Tribunal mediante el cual se otorgan las copias simples solicitadas por la parte actora.

MOTIVA

El Tribunal para decidir hace previa las siguientes consideraciones:

Perención:

Etimológicamente, el término “perención” proviene de perimire, peentum, que significa extinguir a instancia de instale que es la palabra compuesta de la proposición ni y el verbo stare. Para algunos autores la perención de la instancia es el aniquilamiento o muerte de ésta por la inacción en el proceso durante el tiempo determinado en la Ley. También es conveniente agregar que esta inacción debe ser voluntaria, es decir, sin impedimento legales que determinen la suspensión del término.

Esta Juzgadora observa que conforme a lo previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el accionante tiene el deber procesal de cumplir con los deberes procesales que le impone la Ley, para que sea practicada la citación, cuyo incumplimiento denota la falta de impulso y de diligencia para que el proceso llegue a su fin, vale decir, que el no cumplimiento de este deber procesal demuestra la falta de atención de la parte a la causa que ha instaurado al abandono, pues al activarse la función jurisdiccional mediante el ejercicio de la acción respectiva, con la presentación de la demanda que contiene la pretensión, el legislador ha impuesto al accionante un conjunto de deberes que debe cumplir para que el proceso llegue a su término, como sucede con el caso de la citación, donde su falta de impulso es condenado con la perención de la instancia y consecuente extinción del proceso.

Luego, la perención de la instancia es la consecuencia que establece el legislador al accionante que no ha sido diligente en activar, instar o poner en movimiento su causa por el transcurso del tiempo previsto en la ley, que en el caso de la denominada perención breve, se produce cuando el actor no cumple con sus deberes procesales para la realización de la citación, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la admisión de la demanda, norma esta procesal de carácter público que permite la declaratoria incluso de manera oficiosa.

En este sentido la norma contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil dispone:

Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa no producirá perención

.

También se extingue la instancia:

  1. ) Cuando transcurridos treinta (30) días a contar desde la fecha de la admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado.

    Por su parte el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, establece:

    La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente

    .

    Luego, con relación a los deberes que tiene que cumplir la parte actora para que no se vea afectada por la perención de la instancia, luego de admitida la demanda, conforme al criterio sostenido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, encontramos el de suministrar al Alguacil del Tribunal que ha de practicar la citación, los datos necesarios para la ubicación de la parte demandada, domicilio, residencia o lugar donde se encuentra, así como de proveerlo de los recursos necesarios para el traslado a los fines de cumplir con su función, actividades estas que deben constar en las actas del proceso y que deben ser cabalmente cumplidas dentro del lapso a que se refiere el referido artículo 267, Ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, esto es, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la admisión de la demanda.

    En este sentido, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de fecha 06-07-04, con ponencia del Magistrado CARLOS OBERTO VELEZ, (N°. 00537), señalo:

    En relación a lo trascrito del artículo 267 Ordinal 1°, de la Ley Adjetiva Civil, establece:

    Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa no producirá perención

    .

    También se extingue la instancia

  2. ) Cuando transcurridos treinta (30) días a contar desde la fecha de la admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado…”

    Como se observa, el Legislador impone una dura sanción a la negligencia de las partes, lo cual evidentemente redunda en agilizar los procesos, puesto que obliga a los litigantes a impulsarlos bajo la amenaza de la perención, evitando así en gran medida, la paralizaciones de las causas por largos periodos, tal y como ocurría anteriormente. Ahora bien, dada la celeridad del castigo, este Supremo Tribunal ha considerado de aplicación e interpretación restrictivas a la perención y bajo estos lineamientos han establecidos, mediante su doctrina, que por cuanto la Ley habla de las obligaciones que deben cumplir el demandante, basta que este ejecute alguna de ellas a los efectos de la práctica de la citación para evitar que se produzca la perención. En este sentido se pronuncio la Sentencia N°. 172 de fecha 22-06-01, EXP. N°. 00-373, en el juicio de RAU ESPALZA y Otra contra M.P.M. y Otros, cuyo texto reza:

    Para decidir, la Sala observa:

    La recurrida yerra ostensiblemente al aplicar falsamente el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, como el recurrente asevera. En efecto, consta de la precedente trascripción, que la demanda fue admitida por el tribunal de la causa el 20 de octubre de 2009. Asimismo, que los derechos de arancel judicial se pagaron el 12 de Diciembre de 2009, es decir, fuera de los treinta (30) días siguientes a la fecha de admisión del libelo. No obstante, el sentenciador consideró que los demandantes tenían que cumplir con otras obligaciones a su cargo y al no hacerlo, se produjo la perención de la instancia. Ciertamente el legislador patrio en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, recomienda a los jurisdicentes de instancias procurar acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos para defender la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia. Sin embargo, nada se ha dicho sobre la obligación completada en el artículo 12 de la ley de Arancel judicial, ya que al parecer no ha sido sometida a la consideración de esta Suprema Jurisdicción en ningún recurso de casación, que pudiera permitir pronunciarse sobre la perención breve de la instancia por incumplimiento de las obligaciones (carga) que impone la ley al demandante para el logro de la citación en el lapso de 30 días contados a partir de la fecha de admisión de la demanda o de su reforma dilucidar- contrariamente a lo que ha venido alegando la casación-esto es, que si procede la perención de la instancia en todos aquellos procedimientos informados por el principio de la gratuidad, ya que las obligaciones a que se refiere el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, Ordinal 1°. Destinadas al logro de la citación. NO SON SOLAMENTE DE ORDEN PÚBLICO.

    Siendo así la Sala de Casación Civil, Sentencia de fecha 06 de julio de 2.004, con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha Ley, y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando esta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal: de otro modo su omisión o incumplimiento acarreará la perención de la instancia, siendo obligación de la parte demandante de proporcionar lo exigido en la Ley, a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación” Sic.

    En tal sentido considera esta Juzgadora necesario analizar la actuación procesal asumida por la parte accionante a los fines de verificar si ha cumplido con los trámites necesarios para darle el requerido impulso procesal a la presente causa para así lograr su termino.

    Remitiéndonos al caso de autos, se puede apreciar de las actas procesales, que desde el día el 29 de octubre del 2009, fecha en que la parte actora solicita copias simples del expediente; hasta la presente fecha, no cursa en autos alguna otra diligencia o actuación alguna por la parte accionante en la presente cursa para darle continuidad al juicio. Y ASÍ SE DECLARA.

    De la lectura de las actas que conforman el presente expediente se evidencia que en fecha 29 de Octubre del 2009, la parte actora solicita copias simples del expediente. Ahora bien observa este tribunal que desde que la misma fecha hasta la presente fecha siete (07) de Mayo del dos mil trece (2013), ha transcurrido un lapso de Tres (03) años y siete (07) meses, sin que la parte actora procediera a dar el impulso procesal correspondiente en el mas breve lapso correspondiente ha transcurrido un tiempo suficiente según lo preceptuado en el Supra señalado artículo, produciéndose como en efecto ocurre la Perención de la instancia.

    DISPOSITIVA

    Por todos los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda con sede en Ocumare del Tuy, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa que por ESTIMACION E INTIMACION DE HONORARIOS PROFESIONALES incoada por los ciudadanos: G.J.V. y J.E.V., venezolanos, mayores de edad y titulares de las cedulas de identidad Nos. V-3.944.255 y 6.407.403. Actuando en su propio nombre y representación contra el ciudadano J.J.R.B., venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-5.427.568. Todo de conformidad con lo previsto en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECIDE. No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza del presente fallo, según lo previsto en el Artículo 283 Ejusdem. Asimismo se ordena el archivo del presente expediente.

    PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, DÉJESE COPIA.

    Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en Ocumare del Tuy, siete(07) de Mayo del dos mil trece(2013). Años 203º y 154º de la Independencia y de la Federación.

    LA JUEZ

    DRA. ARIKAR BALZA SALOM

    EL SECRETARIO

    ABG. MANUEL GARCÍA

    En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, siendo la una de la tarde (1:00 p.m.)

    EL SECRETARIO

    ABG. MANUEL GARCIA

    ABS/Eleana*

    Exp No.S-1837.-

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