Decisión nº 897 de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 9 de Agosto de 2012
| Fecha de Resolución | 9 de Agosto de 2012 |
| Emisor | Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo |
| Ponente | Miguel Angel Colmenares Chacon |
| Procedimiento | Cobro De Diferencia De Prestaciones Sociales |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA
San Cristóbal, 9 agosto del 2012
202 y 153
Asunto n.° SP01-L-2008-000141
-I-
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS
Parte actora: O.R.V., venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad n.° V.- 5.648.216.
Apoderado judicial: Abogada M.A.A.S., inscrita en el IPSA con el n.º 48.448.
Demandada: Junta de Condominio del Conjunto Residencial El Tamá.
Apoderados judiciales: Abogados T.G.M.C. y M.A.G.U., inscritos en el IPSA con los números 26.129 y 104.626, respectivamente.
Motivo: Cobro de diferencia de utilidades.
-II-
PARTE NARRATIVA
Se inician las presentes actuaciones, mediante escrito presentado en fecha 22.2.2008, por la abogada M.A.A.S., en representación del ciudadano O.R.V., ante el Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, cuya pretensión se circunscribe al cobro de diferencia de utilidades.
En fecha 27.2.2008 el Juzgado Tercero de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, la admite y ordena la comparecencia de la demandada Junta de Condominio del Conjunto Residencial El Tamá, para la celebración de la audiencia preliminar, dicha audiencia se inició el día 31.3.2008 y finalizó el día 31.7.2008, remitiéndose el expediente en fecha 7.8.2008, al Juzgado de Primera Instancia de Juicio de esta Circunscripción Judicial, distribuyéndose a este Juzgado Primero de Primera Instancia Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, el cual después de la celebración de la audiencia de juicio, oral, pública y contradictoria, pasa de seguida al análisis de la controversia en los siguientes términos:
III
PARTE MOTIVA
Alegatos de la parte demandante:
Que fue contratado como vigilante el 1.4.2001, por la Junta de Condominio del Conjunto Residencial el Tamá, devengando un último salario semanal en jornada nocturna de Bs. 228.17 y jornada diurna Bs. 208,04; de lunes a domingo, librando los días miércoles de 7 p. m. a 7 a. m. en jornada nocturna y de 7 a. m. a 7 p. m. en jornada diurna.
Que en el mes de diciembre del 2007 le cancelaron 15 días por concepto de bonificación de fin de año, pero que en los años 2005 y 2006 le cancelaban 45 días por dicho concepto en base al salario integral promedio del año.
Que en virtud de haberle pagado 15 días en el año 2007, procedió a reclamar la diferencia de 30 días, introduciendo dicho reclamo por ante la Inspectoría del Trabajo, pero no fue posible llegar a ningún acuerdo amistoso.
Motivo por el cual demanda a la Junta de Condominio del Conjunto Residencial el Tamá, por el concepto de diferencia de utilidades, por una suma de Bs. 1.051,20.
Alegatos de la parte demandada:
Niega, rechaza y contradice la reclamación interpuesta por el demandante, por cobro de diferencia de utilidades.
Alega que la Junta de Condominio del Conjunto Residencial el Tamá, no es una empresa que genere utilidades, por lo tanto solo le corresponde 15 días de salario por concepto de utilidades, los cuales le fueron pagados.
Deja constancia que para el 21.6.1999, fue elegida como presidenta de la junta de condominio la ciudadana C.B.d.S., quien se desempeñó por un lapso de 6 años, y para el 2.11.2005, fue elegido el ciudadano J.M.G..
Que en fecha 6.12.2005, es citado el representante legal o presidente de la junta de condominio, ante la Inspectoría del Trabajo para una aclaratoria laboral, solicitada por el ciudadano Á.A.C.
Que fue la licenciada Carmen Cecilia Blanco de Suárez, quien se hizo presente en condición de presidenta del condominio del conjunto residencial el Tamá, y que para esa fecha, no tenía esa condición, la cual dio falsa atestación, aprobando el pago de 45 días de utilidades.
En virtud a los expuesto es por lo que se pretende demostrar que el acta levantada en fecha 6.12.2005, es nula, y cuyo trámite cursa por ante el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo – Región Barinas.
Indica que la junta de condominio cumple con todos las obligaciones que le corresponden a todos y cada unos de los trabajadores que allí laboral, conforme a la Ley Orgánica del Trabajo.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido que la distribución de la carga de la prueba en materia laboral se fijará de acuerdo con la forma en la que el accionando dé contestación a la demanda, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el artículo 135 eiúsdem.
Planteados, como han quedado los hechos alegados por la parte actora, así como las excepciones y defensas opuestas por la demandada, se infiere que la controversia queda delimitada a determinar: 1) La diferencia en el pago de las utilidades correspondientes al año 2006.
Establecidos, como han quedado los términos del presente contradictorio, este juzgado, pasa a analizar las pruebas promovidas y evacuadas por las partes.
Pruebas de la parte demandante:
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Pruebas documentales:
1.1. Copia del carné de trabajo emitido por la parte demandada, marcado “A”, inserto al folio 32. No se le confiere valor jurídico probatorio, ya que la relación laboral no es un hecho controvertido en la presente causa y no existe ningún otro elemento probatorio que pudiera inferirse del mismo.
-
Pruebas de informes:
2.1. A la Inspectoría del Trabajo General C.C., ubicada en la avenida 19 de Abril, centro comercial El Tamá, planta baja, San Cristóbal, estado Táchira, a los fines de que informe sobre los siguientes particulares:
• Si existe expediente por la unidad de reclamo en el cual el ciudadano O.R.V., inicia la reclamación contra la Junta de Condominio, por aclaratoria sobre el pago del monto de utilidades, y de ser afirmativo remitir copia certificada del expediente contentivo de dicho procedimiento.
Para la fecha de la celebración de la audiencia de juicio, no había sido respondida esta prueba, sin embargo, este juzgador considera que la misma es prescindible para las resultas del proceso.
Pruebas de la parte demandada:
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Pruebas documentales:
1.1 Copia fotostática certificada del acta de asamblea de propietarios del Conjunto Residencial El Tamá de fecha 21.6.1999, inserta desde el folio 38 hasta el 42. No se le otorga valor probatorio, por cuanto es un documento privado que emana de la propia parte que lo promueve, no está suscrito por el demandante, por lo tanto valorarla violentaría el principio de la alteridad de la prueba, razones por las cuales se desestima.
1.2 Copia fotostática certificada del acta de asamblea de propietarios del Conjunto Residencial El Tama de fecha 2.11.2005, inserta desde el folio 43 hasta el 46. No se le otorga valor probatorio, por cuanto es un documento privado que emana de la propia parte que lo promueve, no está suscrito por el demandante, por lo tanto valorarla violentaría el principio de la alteridad de la prueba, razones por las cuales se desestima.
1.3 Acta de fecha 6.12.2005, de la Inspectoría C.C.d.S.C. estado Táchira, del expediente n. º 056-2005-03-01634, inserta en los folios 36 y 37. Se le confiere valor jurídico probatorio al no haber sido impugnado por el actor, en cuanto al acto conciliatorio celebrado en fecha 6 de diciembre del 2005 en la Inspectoría del Trabajo General C.C., mediante la cual la representante de la demandada se compromete en pagar 45 días de utilidades al actor.
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Prueba testimonial:
De los ciudadanos: a) J.M.G., venezolano, mayor de edad, con cédula n.° V.-3.286.170; b) F.J.P.S., venezolano, mayor de edad, con cédula n.° V.- 1.558.935 y c) C.B.d.S., venezolana, mayor de edad, con cédula de identidad n. º V.-3.622.497.
Para la fecha de la celebración de la audiencia de juicio, no se presentó ningún testigo, por lo tanto nada tiene que apreciar este juzgador al respecto.
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Pruebas de informes:
3.1) Al Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo Regional de los Andes, con sede en la ciudad de Barinas, estado Barinas, a los fines de:
Que remita copia certificada del expediente n. º 6782-2007, contentivo del recurso de nulidad interpuesto por la Junta de Condominio del Conjunto Residencial El Tamá, contra acto administrativo emanado de la Inspectoría del Trabajo C.C.d.S.C., estado Táchira, expediente n. º 056-2005-03-01634.
Para la fecha de la celebración de la audiencia de juicio, no había sido respondida esta prueba, sin embargo, este juzgador considera que la misma es prescindible para las resultas del proceso.
Analizadas las pruebas promovidas por ambas partes, se procederá a resolver el controvertido punto por punto, así:
En único punto controvertido en la presente causa, se ciñe a que este Tribunal determine si en efecto el demandado le adeuda por concepto de diferencia de utilidades del año 2007 al actor la cantidad que corresponda a 30 días de salario promedio, ya que la relación laboral entre las partes no constituye un hecho controvertido en la presente causa.
Pues bien, examinado el carácter del patrono y observando que se trata de una junta de condominio, la cual a todas luces se tratan de asociaciones de copropietarios que se encargan de la administración del inmueble en propiedad horizontal, considera este juzgador que se trata de una entidad de trabajo sin fines de lucro, por cuanto la misma funciona a través de los aportes que cada copropietario paga, en consecuencia, en virtud del artículo 184 de la Ley Orgánica del Trabajo, no tienen obligación de pagar utilidades; en todo caso deberán pagar a sus trabajadores una bonificación de fin de año no menor de quince días de salario.
De manera tal que advirtiéndose la naturaleza jurídica de este tipo de patronos, considera quien decide, que si el trabajador reclama un número de días mayor al establecido legalmente, tendrá la carga de probar que en efecto le correspondía al demandado pagar el exceso, por cuanto se trata de condiciones extraordinarias o exorbitantes que no tienen un vínculo directo con la relación laboral.
Determinado lo anterior se observa, que el demandante adujo haber recibido «a lo largo de la relación de trabajo años 2005 y 2006», la cantidad equivalente a 45 días de salario integral por concepto de utilidades. Ahora bien, revisando exhaustivamente el acervo probatorio aportado por ambas partes, se evidencia que no existe ninguna prueba de que el actor haya recibido alguna vez el pago de esa cantidad de días, salvo al f. ° 56 existe un acta levantada por ante la Inspectoría del Trabajo en fecha 6 de diciembre del año 2005, en la cual una representante de la demandada se [comprometió] a pagarle 45 días de utilidades al actor en la referida fecha. Sin embargo, considera este juzgador que el hecho de que exista un compromiso y no un pago real o efectivo por concepto de utilidades; no se configura como prueba fidedigna de que el actor haya recibido como lo adujo en su libelo de la demanda, es decir, durante los años 2005 y 2006, 45 días por concepto de utilidades.
Por las motivaciones anteriormente expuestas, este juzgador declara sin lugar la demandad por cobro de diferencia de utilidades. Así se decide.
IV
Este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de ley, DECLARA: 1°: Sin lugar la demanda que por cobro de diferencia de utilidades, interpuso el ciudadano O.R.V. en contra de la Junta de Condominio del Conjunto Residencial el Tamá. 2°: No se condena en costas al demandante en cumplimiento del artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada para el archivo del tribunal.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, San Cristóbal, a los 9 días del mes de agosto del 2012. Años 202º de la Independencia y 153º de la Federación.
El juez
Abg. Miguel Ángel Colmenares Chacón
El secretario judicial
Abg. J.G.G.S.
En la misma fecha, siendo las 3.30 p. m., se publicó la anterior decisión y se agregó al expediente, dejándose copia certificada de la misma para el archivo del Tribunal.
El secretario judicial
Abg. J.G.G.S.
MÁCCh/skav
