Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de Carabobo (Extensión Valencia), de 31 de Mayo de 2010

las copias simples consignadas con el escrito de contestación de la presente querella que riela a los folios de 68 al 71 ambos inclusive. Anexo “D”, (sic) Anexo “E”, anexo “F”, anexo “G”, Anexo “I”, anexo J, (sic) anexo anexo K, folios (sic) folios números 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87 al 94, y ratificados con el escrito de promoción de pruebas, en fecha 21-06-2006, que rielan a los folios del 96 al 101, así como del anexo A folio del 102 al 104, así como las facturas que rielan a los folios 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ambos inclusive identificados como los anexos de la I a la “O”, así mismo los anexo “C” a la “G” folios del 106 al 110, de la presente causa.

108. Ahora bien, respecto al ataque procesal de la impugnación, ha expresado la Sala Político Administrativa, lo siguiente:

     Ahora bien, ante el aparente cumplimiento de los extremos exigidos por el antes mencionado artículo 429, es oportuno destacar, que si bien es cierto que la parte demandada impugnó las aludidas copias simples, no especificó formalmente los motivos que fundamentaban la impugnación, pues su representante lo hizo de una forma genérica.

     Sobre este particular, la Sala ha señalado en otras oportunidades (Vid. sentencia Nº 1075 de fecha 3 de mayo de 2006, caso: J.G.T.R.) que para actuar conforme a lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, es necesario que la parte exponga de manera detallada y precisa las razones que sustentan su impugnación -como sería, por ejemplo, el desconocimiento del contenido del documento- razones éstas que puedan dar sentido al uso de los medios que le otorga la Ley para la ratificación del documento impugnado, es decir, el cotejo al que se refiere la disposición normativa antes aludida.

109. En este sentido, se observa que la parte demandante, alega como fundamento de su impugnación y desconocimiento de las instrumentales lo siguiente:

     109.1 Que la descripción del inmueble no guarda relación con las características reales del mismo.

     109.2 Que se trata de un juicio restitutorio de posesión y no de propiedad.

     109.3 Que el titulo supletorio es nulo, por cuanto no hubo autorización de parte de la administración.

110. Los alegatos antes señalados, considera este juzgador que no constituyen motivo suficiente, dado que la confusión en relación a la descripción del inmueble fue resuelta en el capítulo III denominado “PUNTO PREVIO AL ANÁLISIS PROBATORIO”, y es que sólo la prueba de experticia es la idónea para determinar con exactitud el número de parcela, y por ende es posible que haya inexactitud en las instrumentales en este sentido, sin embargo esto no le resta eficacia probatoria a las instrumentales ya que en el resto de la identificación (situación y lindero) coinciden; asimismo, se entiende que se trata de un juicio posesorio, lo cual es el hecho controvertido, no obstante la propiedad puede contribuir a dilucidar ese hecho controvertido; y por último, el que no se haya autorizado para la evacuación del titulo supletorio, no es razón para desvirtuar su eficacia probatoria por medio de la impugnación, dado que el legislador civil no exige que haya autorización y en todo caso deja a salvo los derechos de terceros, conforme a los artículos 555 del Código Civil y 937 del Código de Procedimiento Civil.

111. Por lo expuesto, este juzgador declara improcedente la impugnación y desconocimiento ejercidos por la parte accionante en contra de las instrumentales promovidas por la parte demandada, excepto las instrumentales públicas administrativas, referidas a registro de predio, carnet de identificación de productores y la constancia de registro de predio emitido por el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA CARABOBO), por cuanto la misma institución los anuló, ya que detectó que los datos presentado para realizar dicho registro son falsos, lo cual se desprende la instrumental pública administrativa emitida por el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria del Estado Carabobo; marcado con la letra “D” (Folio 113. Pieza Nº 02), descrita y valorada por este Juzgador en los párrafos Nos. 82 y 83 de la presente sentencia.

112. Resuelto como ha quedado la impugnación y el desconocimiento intentado por el querellante, este tribunal, realiza de conformidad con los artículos 507 al 510 del Código de Procedimiento Civil, el siguiente análisis exhaustivo de las pruebas presentadas por las partes en la oportunidad procesal correspondiente, a fin de motivar el fallo, lo cual realiza en los términos siguientes:

113. Contrato de venta suscrito por las partes del presente juicio, autenticado ante la Notaría Pública Tercera de Valencia, en fecha 24 de octubre de 1997, bajo el Nº 47, Tomo 158; marcado con la letra “A” (Folio 72. Pieza Nº 01). En relación al valor probatorio de la instrumental identificada en este párrafo, quien juzga, hará el respectivo pronunciamiento en los párrafos 156 y siguientes de esta sentencia.

114. Certificado del registro nacional de productores, asociaciones, empresas de servicio y organizaciones asociativas económicas de productores agrícolas, emanado de la Oficina de División, Información y planificación estratégica de la unidad estatal del Estado Carabobo del Ministerio de Agricultura y Tierras; marcado con la letra “C” (Folio 78. Pieza Nº 01), a favor de la ciudadana demandada.

115. Copia fotostática simple de Autorización de Constitución de Prenda Agraria, emanada del Instituto Nacional de Tierras, marcada con la letra “D” (Folio 79. Pieza Nº 01).

116. Copia fotostática simple de Registro Agrario, emanada del Instituto Nacional de Tierras, marcada con la letra “E” (Folio 80. Pieza Nº 01).

117. Copia fotostática simple de C.d.I.C., emanada de la Unidad Estadal (Carabobo) del Ministerio del Ambiente del Estado Carabobo, marcada con la letra “F” (Folio 81. Pieza Nº 01).

118. Certificado del registro nacional de productores, asociaciones, empresas de servicio y organizaciones asociativas económicas de productores agrícolas, a favor de la ciudadana demandada; marcado con la letra “G” (Folio 82. Pieza Nº 01).

119. Ahora bien, este Sentenciador, antes de señalar el valor probatorio de las instrumentales públicas administrativas, descritas en los párrafos Nos 115 y 116 de la presente sentencia, marcadas con las letras “D” y “E” por la parte demandada promovente; considera importante referir el principio de unidad de la prueba, y este sentido el Maestro Devis Echandía, manifiesta:

     Significa este principio que el conjunto probatorio del juicio forma una unidad, y que como tal debe ser examinado y apreciado por el juez, para confrontar las diversas pruebas, puntualizar sus concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme. (Negritas del Tribunal).

120. De la calificada doctrina expuesta, este juzgador entiende que cada prueba debe ser examinada de manera exhaustiva en relación a los demás medios de prueba; y en ese sentido se observa que la prueba de informe (Folio 72 y 73. Pieza Nº 02), emanada de la Oficina Regional de Tierras del Estado Carabobo, promovida por la misma parte promovente de las instrumentales públicas administrativas en estudio, específicamente el punto “a-2” señala que, en los archivos de esa oficina, no se encuentra constancia de emisión de autorización para la constitución de prenda agraria, a favor de la ciudadana Y.D.Q.L., demandada de autos; con esta declaración queda desvirtuado cualquier valor probatorio de la Copia fotostática simple de Autorización de Constitución de Prenda Agraria, emanada del Instituto Nacional de Tierras, marcada con la letra “D” (Folio 79. Pieza Nº 01); de igual manera señala en el punto “a-3” que no hay constancia en los archivos de esa oficina administrativa, de alguna emisión de registro agrario a favor de la ciudadana demandada, negando así la eficacia probatoria de la copia fotostática simple de Registro Agrario, emanada del Instituto Nacional de Tierras, marcada con la letra “E” (Folio 80. Pieza Nº 01).

121. En relación al:

     121.1 Certificado del registro nacional de productores, asociaciones, empresas de servicio y organizaciones asociativas económicas de productores agrícolas, emanado de la Oficina de División, Información y planificación estratégica de la unidad estatal del Estado Carabobo del Ministerio de Agricultura y Tierras; marcado con la letra “C” (Folio 78. Pieza Nº 01), a favor de la ciudadana demandada.

     121.2 Copia fotostática simple de C.d.I.C., emanada de la Unidad Estadal (Carabobo) del Ministerio del Ambiente del Estado Carabobo, marcada con la letra “F” (Folio 81. Pieza Nº 01).

     121.3 Certificado del registro nacional de productores, asociaciones, empresas de servicio y organizaciones asociativas económicas de productores agrícolas, a favor de la ciudadana demandada; marcado con la letra “G” (Folio 82. Pieza Nº 01).

122. La circunstancia de que el ente administrativo agrario haya señalado que no existe constancia de la Autorización de Constitución de Prenda Agraria, ni Registro Agrario, a favor de la demandada, aunado al hecho de que el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA CARABOBO), haya anulado el registro de predio, carnet de identificación de productores y la constancia de registro de predio emitido por esa institución, por cuanto se detectó que los datos presentado para realizar dicho registro son falsos; no crea convicción en el ánimo de quien aquí juzga respecto a la eficacia probatoria del Certificado del registro nacional de productores, asociaciones, empresas de servicio y organizaciones asociativas económicas de productores agrícolas, marcado con la letra “C” (Folio 78. Pieza Nº 01), de la copia fotostática simple de C.d.I.C., emanada de la Unidad Estadal (Carabobo) del Ministerio del Ambiente del Estado Carabobo, marcada con la letra “F” (Folio 81. Pieza Nº 01), ni del certificado del registro nacional de productores, asociaciones, empresas de servicio y organizaciones asociativas económicas de productores agrícolas, a favor de la ciudadana demandada; marcado con la letra “G” (Folio 82. Pieza Nº 01), en consecuencia se desechan las mencionadas instrumentales.

123. Escrito suscrito por la ciudadana demandada, dirigido al Procurador Agrario del Estado Carabobo; marcado con la letra “H” (Folio 83. Pieza Nº 01).

124. Copia fotostática simple de denuncia realizada por la ciudadana accionada, ante la Prefectura Vecinal Ámbito Comunal Nº 07; marcada con la letra “J” (Folio 85. Pieza Nº 01).

125. Este sentenciador agrario antes de pronunciarse respecto del valor probatorio de las instrumentales identificadas en esta sentencia en los párrafos Nos. 123 y 124 marcadas por la parte promovente con las letras “H” y “J”, considera necesario pronunciarse respecto al Principio de Alteridad de la Prueba, y en tal sentido la Sala Político Administrativa ha señalado lo siguiente:

     Refuerza lo expuesto el hecho que los distintos cuadros de intereses que fueron producidos en juicio por el actor, son un reflejo de los cálculos que esa misma representación judicial hiciere unilateralmente, lo cual viola abiertamente el principio de alteridad de la prueba, conforme al cual nadie puede fabricarse para sí mismo un medio probatorio.

126. En consecuencia, visto que las instrumentales marcada con la letra “H” y “J”, (Folio 83. Pieza Nº 01 y Folio 85. Pieza Nº 01 respectivamente), emanan de la propia parte promovente, es forzoso para este Tribunal, desecharla.

127. Copia fotostática simple de oficio Nº 29, suscrito por el p.v., ámbito comunal Nº 07, marcada con la letra “I” (Folio 84. Pieza Nº 01), copia fotostática simple de acta suscrita por las partes del presente juicio, ante el P.V. (Folio 86. Pieza Nº 01) y copia fotostática simple acta extraordinaria de la Cooperativa Mixta Bioma R.L.; registrada ante la Oficina de Registro Subalterno del Primer Circuito de Registro del Municipio V.d.E.C., en fecha 2 de noviembre de 2005, bajo el Nº 10, Protocolo LC, Tomo 02; marcada con la letra “K” (Folio 87 al 94. Pieza Nº 01), este sentenciador antes de señalar el valor probatorio de las mismas, considera necesario hacer referencia a la impertinencia de la prueba, y en tal sentido la Sala Político-Administrativa, ha establecido lo siguiente:

     …salvo que se trate de una prueba que aparezca manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico, o cuando el hecho que se pretende probar con el medio respectivo no guarde relación alguna con el hecho debatido, ante cuyos supuestos tendría que ser declarada como ilegal o impertinente… (Negritas de este Tribunal)

128. Por lo expuesto, entiende quien decide, que una prueba será impertinente cuando pretenda probar hechos extraños al proceso (Hecho no controvertidos), y en el presente caso, los hechos a los que hace referencia las instrumentales supra referidas, en el párrafo Nº 127 de esta sentencia, no guardan relación con los hechos controvertidos, y menos aún contribuye a dilucidar el mismo, en consecuencia se desechan las instrumentales en estudio.

129. Copia fotostática simple de planos marcados con las letras “A” y “B” (Folio 102 al 104. Pieza Nº 01).

130. Recibos de pago, realizados por la ciudadana demandada a favor de los ciudadanos Miranda, Horacio y Figueto; marcado con la letra “C” (Folio 106. Pieza Nº 01).

131. Factura Nº 0968, emanada de la Concretera y Ferretería V.d.C.; marcado con la letra “D” (Folio 107. Pieza Nº 01).

132. Factura Nº 0629, emanada de la Ferretería La Gran Parada; marcado con la letra “E” (Folio 108. Pieza Nº 01).

133. Recibos de pago, realizados por la ciudadana demandada; marcado con la letra “F” y “G” (Folio 109 y 110. Pieza Nº 01).

134. Las instrumentales privadas emanadas de terceros, supra identificadas en los párrafos Nos. 129, 130, 131, 132 y 133 de esta sentencia, marcadas con las letras “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F” y “G” por su promovente, es forzoso para este Juzgador desecharlas, en razón de que la parte promovente de la misma no cumplió, con la carga procesal que le impone el legislador en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, la cual es ratificar por medio de testimonial los instrumentos privados emanados de terceros.

135. Copia fotostática simple de acta, suscrita por las partes del presente juicio, ante la prefectura vecinal; marcado con la letra “H” (Folio 111. Pieza Nº 01), observa este Juzgador Agrario, que los hechos a que hace referencia la instrumental en examen, no guardan relación con los hechos controvertidos, y menos aún contribuye a dilucidar el mismo, en consecuencia se desechan las instrumentales en estudio por impertinentes.

136. Planilla de identificación y ubicación de socio, emanado de la Asociación Civil Asentamiento Campesino La Mariposa; marcado con la letra “I” (Folio 112. Pieza Nº 01), y copia fotostática simple de facturas emanadas de Ferre Agropecuaria Díaz Garnica y Merca Turbo; marcadas con las letras “J”, “K” y “L” (Folios 113 al 115. Pieza Nº 1); estas instrumentales privadas emanadas de tercero al no ser ratificadas por medio de la prueba testimonial, conforme al artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, deben desecharse.

137. Copia fotostática simple de notificaciones dirigidas al ciudadano demandante, emanadas de la Prefectura de Ámbito Nº 07, M.P., marcado con las letras “M” y “N” (Folios 116 y 117. Pieza Nº 01), de estas instrumentales no desprende hecho alguno que contribuya a dilucidar la controversia del presente litigio posesorio en consecuencia se desecha.

138. Copia fotostática simple de constancia emanada de Asociación Civil de Finca Residenciales de Medianos y Pequeños Productores Agropecuario, marcada con la letra “Ñ” (Folio 118. Pieza Nº 01), esta instrumental privada emanada de tercero a no ser ratificada en juicio por medio de la prueba testimonial, conforme al artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, debe desecharse.

139. Copia fotostática simple de denuncia realizada por la ciudadana accionante ante la prefectura vecinal ámbito comunal Nº 07; marcado con la letra “O” (Folio 119. Pieza Nº 01), esta instrumental se desecha por cuanto quebranta el Principio de Alteridad de la Prueba, el cual exige que nadie puede fabricarse para sí mismo una prueba.

140. Certificado del registro nacional de productores, asociaciones, empresas de servicios, cooperativas y organizaciones asociativas económicas de productores agrícolas; marcado con la letra “A” (Folio 62. Pieza Nº 02); al quedar evidenciado que la parte demandada promovente de la instrumental descrita en este párrafo, promovió otras instrumentales públicas administrativas, que la administración por medio de la prueba de informe (Folios 73 al 74. Pieza Nº 02), señaló que no existían en sus archivos como es el caso de la copia fotostática simple de Autorización de Constitución de Prenda Agraria, emanada del Instituto Nacional de Tierras, marcada con la letra “D” (Folio 79. Pieza Nº 01) y la copia fotostática simple de Registro Agrario, emanada del Instituto Nacional de Tierras, marcada con la letra “E” (Folio 80. Pieza Nº 01), aunado a las instrumentales públicas administrativas que fueron declaradas nulas por cuanto el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA CARABOBO), las anuló, ya que detectó que los datos presentados para realizar dicho registro eran falsos, hace que, el certificado del registro nacional de productores, asociaciones, empresas de servicios, cooperativas y organizaciones asociativas económicas de productores agrícolas; marcado con la letra “A” (Folio 62. Pieza Nº 02) no constituya convicción en quien aquí juzga, y por ende se desecha.

141. Ubicación geográfica, emitido por el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria; marcado con la letra “B” (Folio 63. Pieza Nº 02).

142. Constancia emitida por el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria; marcado con la letra “C” (Folio 64. Pieza Nº 02).

143. Constancia emitida por el Sistema de Información y Vigilancia Epidemiológica del Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria; marcado con la letra “D” (Folio 65. Pieza Nº 02).

144. Las instrumentales supra descritas en los párrafos Nos. 141, 142 y 143 del presente fallo, marcadas con las letras “B”, “C” y “D” por la parte promovente, debe este juzgador forzosamente desecharlas por cuanto el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria del Estado Carabobo; (Folio 113. Pieza Nº 02), ente administrativo de donde emana, las instrumentales en examen, las anuló, por cuanto detectó que los datos presentados para realizar dicho registro eran falsos.

145. Testimoniales:

146. Titulo supletorio, declarado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo; marcado con la letra “B” (Folio 73 al 78. Pieza Nº 01), esta instrumental se desecha por cuanto no fue ratificada por las personas que declararon en el mencionado justificativo de testigo, todo ello conforme al artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.

147. Asimismo se observa, que los ciudadanos F.C. (Folio 17. Pieza Nº 02), O.E.E. (Folio 19. Pieza Nº 02), Y.R. (Folio 22. Pieza Nº 02), N.N.V. (Folio 25. Pieza Nº 02) y J.R.M. (Folio 46. Pieza Nº 02), quienes, merecen confianza conforme al artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, y ellos son contestes en afirmar:

     147.1 Que la ciudadana demandada Y.D.Q.L., le compró al ciudadano accionante el lote de terreno objeto de la presente controversia. Entiende este Juzgador que hacen referencia a las bienhechurias construidas en la parcela.

     147.2 Que es la ciudadana Y.D.Q.L., quien ocupa la parcela y ejerce actividades agrícolas.

148. Ahora bien, respecto a las declaraciones referidas en los párrafos Nos. 147.1 y 147.2, este Sentenciador hace las siguientes consideraciones:

     148.1 Señalan los testigos, que la ciudadana demandada Y.D.Q.L., le compró al ciudadano accionante el lote de terreno objeto de la presente controversia (párrafo Nº 147.1 de esta sentencia), lo cual adminiculado con el contrato de venta suscrito por las partes del presente juicio, autenticado ante la Notaría Pública Tercera de Valencia, en fecha 24 de octubre de 1997, bajo el Nº 47, Tomo 158; marcado con la letra “A” (Folio 72. Pieza Nº 01), y Acta de comparecencia Nº 217, suscrita por los ciudadanos J.S.V.T. y Y.D.Q.L., ante la abogada N.G., Procuradora Agraria del Estado Carabobo, instrumental marcada con la letra “M” (Folio 33. Pieza Nº 01), hacen plena prueba de que ciertamente el ciudadano demandante, le vendió a la accionada las bienhechurias, edificadas en la parcela objeto del presente litigio, no obstante,

     148.2 En relación a que es la ciudadana Y.D.Q.L., quien ocupa la parcela y ejerce actividades agrícolas, tales declaraciones quedan desvirtuadas, al ser confrontadas, conforme al principio de la unidad de la prueba, con las declaraciones de los ciudadanos E.V. (Folio 33. Pieza Nº 02), G.V. (Folio 35. Pieza Nº 02), Johu Cova (Folio 39. Pieza Nº 02), L.Y. (Folio 43. Pieza Nº 02), y C.Y. (Folio 37. Pieza Nº 02), con la prueba de informe emanado de la Oficina Regional de Tierras del Estado Carabobo (Folio 67 al 74. Pieza Nº 02.) y la inspección extra-litem, realizada por el Juzgado Cuarto de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, marcada con la letra “S” (Folio 50 al 63. Pieza Nº 01).

149. Respecto a los ciudadanos M.C.G. (Folio 16. Pieza Nº 02), A.Y. (Folio 24. Pieza Nº 02), los mismos fueron declarados desiertos, en consecuencia no hay prueba que valorar.

150. En relación a la tacha de testigo, opuesta por la parte demandante, este Juzgador hace las siguientes consideraciones:

151. La tacha de testigo, consiste en el acto procesal, por medio del cual la parte no promovente de la prueba testimonial impugna alegando parcialidad ó falsedad en la declaración, ó estar incurso en algunas de las inhabilidades para ser testigo, todo ello conforme a los artículos 499 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; no obstante es posible que la propia parte promovente de la prueba testimonial la tache, pero únicamente en el caso de que su testigo sea sobornado.

152. La tacha de testigo, constituye un ataque procesal, cuyas causales deben ser demostradas en juicio, conforme al artículo 501 del Código de Procedimiento Civil, y en el caso de autos, es forzoso para este Juzgador Agrario declarar improcedente la tacha de propuesta, dado que el accionante no demostró en el resto del juicio las razones en que fundamentó tal defensa procesal; sin embargo la declaración de los ciudadanos F.C. (Folio 17. Pieza Nº 02), O.E.E. (Folio 19. Pieza Nº 02), Y.R. (Folio 22. Pieza Nº 02), N.N.V. (Folio 25. Pieza Nº 02) y J.R.M. (Folio 46. Pieza Nº 02), respecto a que es la ciudadana Y.D.Q.L., quien ocupa la parcela y ejerce actividades agrícolas, quedo desvirtuadas, al ser confrontadas, conforme al principio de la unidad de la prueba, con resto del acervo probatorio.

153. Prueba de Informe:

154. Informe emanado de la Oficina Regional de Tierras del Estado Carabobo (Folios 73 al 74. Pieza Nº 02), por medio de la presente prueba, el ente administrativo agrario señala:

     1. si esta es la institución le otorgo a la ciudadana Y.D.Q.L., Cedula de identidad Nro. 10.737.715, los siguientes documentos: a.1.- Certificado de Registro Nacional de Productores signado con el Nº 08-08-2558 de fecha 04 de Agosto de 2004; al respecto le informo: que esta Oficina Regional de Tierras del Estado Carabobo no esta facultada para la emisión de Certificados de Registro Nacional de Productores, por cuanto el instrumento que regula el funcionamiento del Instituto Nacional de Tierras, que lo es la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, no prevé el otorgamiento de dichos certificados. a.2.- Autorización para la constitución de Prenda Agraria de fecha 15 de Mayo de 2003, inserto al folio 79; al respecto le informo: de la revisión del expediente que reposa en nuestros archivos, no consta la emisión de una Autorización para la Constitución de Prenda Agraria a favor de la ciudadana Y.D.Q.L., Cedula de identidad Nro. 10.737.715. A.3.- Registro Agrario signado con el Nº 0814041300000, inserto al folio 80 de fecha 15 de Mayo de 2003; al respecto le informo: de la revisión del expediente que reposa en nuestros archivos, no consta la emisión de un Registro Agrario a favor de la ciudadana Y.D.Q.L., Cedula de identidad Nro. 10.737.715. a.4.- Constancia de inscripción (sic) Catastra de fecha 19 de Mayo de 2003, inserta al folio 81 del expediente que cursa por ante ese juzgado; al respecto le informo: que esta Oficina Regional de Tierras del Estado Carabobo no esta facultada para la emisión de las mencionada C.d.I.C., por cuanto el instrumento que regula el funcionamiento del Instituto Nacional de Tierras, que lo es la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, no prevé el otorgamiento de dichos certificados. A.5.- Certificado de Registro Nacional, signado con el Nº 08-06-2558, inserto al folio 82 de fecha 19 de Mayo de 2003 a favor de la ciudadana antes mencionada; al respecto le informo: que esta Oficina Regional de Tierras del Estado Carabobo no esta facultada para la emisión de dichos Certificados por cuanto el instrumento que regula el funcionamiento del Instituto Nacional de Tierras, que lo es la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, no prevé el otorgamiento de los mismos. (Negritas de este Juzgado).

155. De lo expuesto, se observa que la administración agraria niega la existencia de la copia fotostática simple de Autorización de Constitución de Prenda Agraria, emanada del Instituto Nacional de Tierras, marcada con la letra “D” (Folio 79. Pieza Nº 01), copia fotostática simple de Registro Agrario, emanada del Instituto Nacional de Tierras, marcada con la letra “E” (Folio 80. Pieza Nº 01), instrumentales estas presentadas por la parte demandada, en consecuencia se desechan las mencionadas instrumentales.

156. En relación a las instrumentales autenticadas, referidas en los párrafos Nos. 35 y 113, las cuales se describen a continuación:

     156.1 Instrumento por medio del cual el ciudadano O.E.P., titular de cédula de identidad Nº 5.388.535, vende al ciudadano demandante, unas bienhechurias construidas en una parcela de terreno 25.000 m2, ubicada en el asentamiento campesino La Mariposa, parroquia M.P., municipio V.d.E.C., alinderado de la siguiente manera: Norte: Calle Páez que es su frente en 100 mts, Sur: Con el ciudadano A.P. en 100 mts, Este: Con el ciudadano L.O., en 250 mts y Oeste: Con el ciudadano J.C.C.D., en 250 mts; documento autenticado ante la Notaría Pública Tercera de Valencia, en fecha 17 de febrero de 1997, bajo el Nº 07, tomo 21; marcado con la letra “B” (Folio 09 al 10. Pieza Nº 01).

     156.2 Y el instrumento de venta suscrito por las partes del presente juicio, autenticado ante la Notaría Pública Tercera de Valencia, en fecha 24 de octubre de 1997, bajo el Nº 47, Tomo 158; marcado con la letra “A” (Folio 72. Pieza Nº 01), documento autenticado que al no haber sido impugnado de manera alguna, tiene pleno valor probatorio y de el mismo se desprende que, efectivamente el ciudadano demandante le vendió a la accionada las bienhechurias construidas en el lote de terreno objeto del presente litigio posesorio.

157. Antes de hacer referencia, al valor probatorio de los mencionados documentos autenticados, es preciso señalar criterio de la Sala de Casación Civil, al respecto:

     Sobre el valor probatorio de los instrumentos, esta Sala en sentencia N° 474 de fecha 26 de mayo de 2004, expediente N° 2003-235, señaló lo siguiente:

     Para decidir, la Sala observa:

     …OMISISS…

     El documento autenticado nace siendo privado, al extremo de que el mismo es redactado o creado por el interesado -otorgante- y el hecho de autenticarse no le quita lo privado ni lo convierte en público y, en ese sentido, ha dicho la doctrina, y en esto ha sido unánime, que el documento que nace privado sigue siendo privado por siempre y jamás puede convertirse en público, vale decir, no modifica la sustancia de tal. La autenticación lo que hace es darle el efecto de público al otorgamiento, pero jamás al contenido del documento.

     En tanto que el contenido de un documento público es redactado y creado por el funcionario. El documento autenticado es redactado por el interesado y allí vierte lo que a él le interesa. El instrumento público contiene las menciones que indica la Ley y no lo que a las partes interese privadamente.

     (Resaltado de la Sala)

     …OMISISS…

     Ahora bien, al verificar la Sala dicho instrumento, observa que el mismo nace como un documento privado, pues ni en su redacción ni en los términos en que fue celebrado el acuerdo, ha intervenido un funcionario que como tal, y cumpliendo las solemnidades previstas en la ley, pudiera darle el alcance y la condición de un instrumento público.

     Por tal motivo, yerra el sentenciador de alzada al otorgarle valor probatorio de conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.360 del Código Civil, por cuanto este artículo regula el valor de convicción de los documentos públicos y no el de los documentos privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos.

158. Por lo expuesto, entiende este juzgador que el documento autenticado, equivale a un documento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, y en consecuencia, su valor probatorio lo establece el propio legislador, en el artículo 1363 del Código Civil:

     El instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, tiene entre las partes y respecto de terceros, la misma fuerza probatoria que el instrumento público en lo que se refiere al hecho material de las declaraciones; hace fe, hasta prueba en contrario, de la verdad de esas declaraciones.

159. Ahora bien, estudiados en su conjunto los instrumentos autenticados referidos en los párrafos Nos. 35 y 113, y confrontados con el resto del acervo probatorio se puede establecer judicialmente, que el accionante comenzó a poseer, desde el día 17 de febrero de 1997, y a pesar de que en fecha en fecha 24 de octubre de 1997, le vendió a la ciudadana demandada, las bienhechurias construidas en la parcela en litigio, el accionante, como se observa de las instrumentales administrativas y de las pruebas testimoniales promovidas y evacuadas en juicios, no dejó de ejercer la posesión en el lote de terreno objeto de la presente litis posesorias; en consecuencia se determina que la posesión del ciudadano actor, inició el día 17 de febrero de 1997.

160. Prueba de experticia:

161. Informe de 02 experticia (Folio 76 al 98. pieza Nº 02), presentada por los expertos M.C., R.C. y J.R.G., portador del pasaporte Nº 486705X2, el primero de los mencionados, y los dos últimos titulares de la cédula de identidad Nº 353.854 y 4.867.937 respectivamente.

162. Considera quien juzga, que la presente prueba de experticia, merece plena prueba, por cuanto es el medio de prueba conducente para determinar la parcela en litigio, y en este sentido el informe de experticia, estableció lo siguiente:

     Analizando la cadena titulativa de la parcela Nº 55 y adicionando que nos entrevistamos con el señor O.M.P. en su parcela Nº 55, ubicada como la muestra el CROQUIS Nº 1 Y EN EL PLANO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO identificado como T1. Se puede AFIRMAR QUE LA PARCELA Nº 55 NO LA HAN DIVIDIDO HASTA LA FECHA Y PERTENECE AL SEÑOR O.M.P..

     C.- Si la parcela Nº CALVENE 55, no ha sido dividida a la fecha y si la parcela Nº 54, a su lado izquierdo o lindero oeste la dividieron en dos, estas se identificaran como parcela Nº 54-A y parcela Nº 54-B.

     …OMISISS…

1. - Los tres expertos afirmamos: Hemos identificado La Parcela o Lote de Terreno objeto de esta Experticia con El Nº 54-A…

163. La prueba de experticia en referencia, crea plena convicción en el juzgador de que la parcela en donde se encuentran las bienhechurias objeto de litigio es la parcela Nº 54-A, y de la revisión de los alegatos de las partes y pruebas promovidas, se determina que al coincidir ubicación, linderos y superficie, se infiere que se trata del mismo lote de terreno y por ende de las mismas bienhechurias. Ahora bien, en relación a este aspecto y su vinculación con el thema decidendum, ya se expresó quien juzga, como punto previo en este fallo.

     5. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR.

164. Punto previo: Del procedimiento interdictal posesorio aplicado en la presente causa.

165. Conforme a los artículos 699 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el procedimiento interdictal restitutorio o por despojo, el demandante deberá demostrar al Juez la ocurrencia del despojo, y encontrando éste suficiente la prueba o pruebas promovidas, exigirá al querellante la constitución de una garantía cuyo monto fijará, para responder de los daños y perjuicios que pueda causar su solicitud en caso de ser declarada sin lugar, y decretará la restitución de la posesión, dictando y practicando todas las medidas y diligencias que aseguren el cumplimiento de su decreto, utilizando la fuerza pública si ello fuere necesario. Si el querellante manifestare no estar dispuesto a constituir la garantía, el Juez solamente decretará el secuestro de la cosa o derecho objeto de la posesión si a su juicio, de las pruebas presentadas se establece una presunción grave en favor del querellante. Los gastos del depósito serán por cuenta de la parte que en definitiva resultare condenada en costas.

166. En tal sentido, una vez practicada la restitución o el secuestro de la cosa objeto del litigio, el Código de Procedimiento Civil prevé que el juez ordenará la citación del querellado y, una vez practicada ésta, la causa quedará abierta a pruebas por un lapso de diez días, a los fines de que las partes prueben lo que consideren conducente, para demostrar o desvirtuar el presunto despojo y, finalizado dicho lapso, podrán presentar los argumentos que estimen necesarios dentro de los tres días siguientes, vencidos los cuales el juez, dentro de los ocho días siguientes, debe dictar la sentencia definitiva.

167. Ahora bien, la sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, consideró necesario analizar desde la óptica constitucional el procedimiento interdictal posesorio, y en el ejercicio del control difuso constitucional señaló que:

     En este sentido, percatándose esta Sala que los procedimientos interdictales posesorios están enmarcados dentro del principio de la especialidad, la celeridad y la brevedad de las actuaciones, luego de un detenido análisis de la situación, y con fundamento en el precitado artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de contemplar la apertura efectiva del contradictorio, la Sala establece, una vez citado el querellado, éste quedará emplazado para el segundo día siguiente a la citación, a fin de que exponga los alegatos que considere pertinentes en defensa de sus derechos, permitiéndose así, que ambas partes, en entera igualdad de condiciones, formulen alegatos y promuevan pruebas oportunamente, (las cuales deberán ser admitidas siguiendo para ello la previsión establecida en el artículo 398 del Código de Procedimiento Civil), pudiendo seguir el procedimiento pautado en el artículo 701 del Código Adjetivo Civil, en lo relativo a período probatorio y decisión, garantizándose de esta manera el cumplimiento de los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Negritas de este Juzgado).

168. Lo expuesto significa que la parte contra quien obre el procedimiento interdictal de carácter posesorio, podrá realizar sus alegatos para dar contestación a la querella interdictal, una vez cumplida la citación y los efectos de la ejecución del procedimiento establecido a la materia interdictal, la Sala de Casación Civil, exhortó a los Jueces de instancia a observarlo.

169. Ahora bien la Sala de Casación Social en Sala Especial Agraria, respecto al procedimiento aplicado por la Sala de Casación Civil, expresó que:

     Ahora bien, de acuerdo a la jurisprudencia anteriormente transcrita, esta Sala se aparta del criterio sostenido por la Sala de Casación Civil de fecha 22 de mayo de 2001, por cuanto el procedimiento indicado a seguir para los interdictos posesorios (caso concreto), es el establecido en el artículo 701 del Código de Procedimiento Civil, no el pautado en el artículo 699 ejusdem. (Negritas de este Juzgado).

170. En este sentido, observa quien juzga que, en materia agraria, ha debido aplicarse es el procedimiento interdictal previsto en el Código de Procedimiento Civil; ahora bien, en el caso de autos, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, admitió a sustanciación la presente querella, conforme al expuesto criterio de Casación Civil, en sentencia N° 132 de fecha 22 de mayo de 2001, (Folio 67. Pieza Nº 1).

171. Bajo esta circunstancia, lo propio sería reponer la causa al estado de nueva admisión, para que el procedimiento se realice conforme al procedimiento establecido en los artículo 699 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, declarando la nulidad de las actuaciones, no obstante quien juzga señala lo siguiente:

172. Considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico (Artículo 7), establece que la justicia debe ser “gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.” (Artículo 26).

173. Considerando que, la Sala Constitucional, en uso de la facultad de revisión constitucional de las sentencias, conforme lo establece el numeral 10 del artículo 346 de la Carta Bolivariana Fundamental, haciendo un estudio de las nulidades procesales, y en un caso concreto de un juicio interdictal posesorio, estableció lo siguiente:

     Tomando en consideración las decisiones transcritas supra, se colige que la sentencia N° RC-01094 dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, el 20 de diciembre de 2006, es contraria a los principios jurídicos constitucionales de celeridad procesal y justicia expedita sin reposiciones inútiles de los juicios contenidos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana, reproducidos también en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto repuso la causa no obstante la ausencia de indefensión, y sin considerar que el proceso había alcanzado su fin, desaplicando su propia doctrina en materia de nulidades procesales que prohíbe la declaratoria de la “nulidad por la nulidad misma”, así como las reposiciones inútiles.

     Juzga además esta Sala que la sentencia de la Sala de Casación Civil que aquí se revisa se apartó también de los criterios vinculantes de esta Sala Constitucional sentados con anterioridad en relación con la interpretación de la norma 334 constitucional y los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.

     ...Omisiss…

     De la revisión de las actas procesales se comprueba que la Sala de Casación Civil anuló todo lo actuado en un juicio iniciado en marzo de 1999, en el que ya se había dictado sentencia definitiva, tanto en primera como en segunda instancia, ordenando la reposición de la causa para que se sustanciara de nuevo desde su inicio, con lo cual vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los sujetos procesales involucrados en la causa, al introducir una dilación indebida en el ya retardado proceso.

     En efecto, en el propio fallo objeto de revisión se señala que el 31 de enero y 2 de febrero de 2000, las partes presentaron sus escritos de promoción de pruebas, siendo admitidas por auto del 23 de febrero de ese mismo año, y que el 13 de marzo de 2000, las empresas querelladas consignaron sus escritos de alegatos, no obstante se ordenó la reposición de la causa “…al no verificarse que se haya cumplido con el contradictorio en su sustanciación…”, lo cual evidencia una clara contradicción ya que, por una parte se reconoce que los sujetos procesales ejercieron plenamente su derecho a la defensa, y, no obstante, por la otra, se dispuso retrotraer la causa hasta su inicio, siendo que el juicio estaba por concluir. (Negritas de este Juzgado).

174. Considerando que, las partes de la presente querella interdictal restitutoria por despojo, hicieron uso de su derecho procesal de alegar en juicio, de su derecho fundamental de probar, establecido en el artículo 49 de la Constitución Nacional, lo cual evidencia un ejercicio pleno del derecho a la defensa, y que la presente causa se encuentra en estado de sentencia, y visto el criterio de la Sala Constitucional, el cual es vinculante, y así lo ha hecho saber la misma Sala, manifestando:

     Por tanto, el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo es contrario a lo dispuesto en el artículo 335 de la Carta Magna al pretender obligar o vincular a los jueces de instancia a que sigan la doctrina de casación, siendo que las únicas decisiones que tienen tal carácter vinculante son las dictadas por esta Sala en interpretación de las normas y principios contenidos en la Constitución y en resguardo de la seguridad jurídica y del principio de confianza legítima. Así se declara. (Negritas de este Juzgado).

175. En corolario de lo expuesto, es forzoso para este Juzgado Agrario, decidir la presente causa, a pesar de que se admitió conforme al expuesto criterio de la Sala de Casación Civil, y no como lo señala la Sala de Casación Social, el cual este Juzgado ha atendido en otras causas conforme a lo establecido en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, pero que en el presente caso en aras de atender la tutela judicial efectiva y visto que en la presente causa se respeto el derecho constitucional al debido proceso, el cual comprende entre otros el derecho a la defensa y el derecho a probar.

176. CONSIDERACIONES DE FONDO:

177. La posesión es una situación de hecho que produce efectos jurídicos por disposición de la ley. Los interdictos constituyen el medio de que disponen los poseedores para obtener la protección de esa situación jurídica, sea ante un despojo o una perturbación por parte de terceros, o ante el riesgo o amenaza causado por una obra nueva o una obra vieja en estado de vetustez o en ruinas.

178. En tal sentido, entiende quien decide que, los interdictos posesorios, contemplados en la sección segunda, capítulo II, libro cuarto del código de procedimiento civil, de los artículos 697 al 703, se dispensa una tutela judicial al hecho posesorio mediante la restitución de una cosa o de un bien a favor del poseedor despojado o mediante la prohibición de actos de perturbación en favor del poseedor legítimo de un inmueble, de un derecho real o de una universalidad de bienes muebles.

179. En el caso concreto, conforme al artículo 783 del código civil , la finalidad de la acción interdictal restitutoria consiste en que el poseedor que es despojado de un bien tiene derecho a que se le restituya, de acuerdo al derecho de acceso a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva, que el artículo 26 constitucional reconoce a todos los ciudadanos para la defensa de sus derechos e intereses.

180. También tiene sumo significado técnico procesal, que el accionante en juicio interdictal restitutorio demuestre: que es el poseedor, el hecho del despojo, y que el objeto del despojo sea una cosa mueble singular o una cosa inmueble.

181. Asimismo, es importante advertir que el legitimado activo o querellante, debe tener cualidad de poseedor despojado. Este puede ser un mediador posesorio o un mero detentador, ya que según el mencionado artículo 783, la acción interdictal la puede solicitar quien haya sido despojado cualquiera que ella sea, “contra el autor de él, aunque fuere el propietario”; porque en el interdicto restitutorio no interesa probar la legitimidad de la posesión sino la simple tenencia o detentación para el momento del despojo, lo cual ha sido criterio reiterado de la casación civil, desde el año 1962:

     “En sentencia de vieja data pero aplicable al caso que se estudia, la Sala estableció que “...en los interdictos de restitución, no interesa probar la legitimidad de la posesión (...) sino que es necesario y suficiente para el querellante, el haber ejercido la posesión, cualquiera que ella sea, en el momento del despojo, y el despojo mismo...”. (Negritas de la Sala; Sent. del 3-4-62, GF 47 p. 436).”

182. Del criterio expuesto, entiende este Juzgador Agrario, que el fundamento o justificación del instituto del interdicto restitutorio por despojo, es la necesidad de garantizar la paz social, la cual resulta alterada por el ataque a la situación actual de la tenencia de una cosa.

183. Ahora bien, en el caso de autos, se trata de una querella interdictal restitutoria por despojo, que a diferencia del interdicto de amparo o querella interdictal por perturbación, no exige que el legitimado activo, sea poseedor legítimo, pues, el artículo 783 del Código Civil, establece que el interdicto por despojo puede ser demandado por “Quien haya sido despojado de la posesión, cualquiera que ella sea, de una cosa mueble o inmueble, puede, dentro del año del despojo, pedir contra el autor de él, aunque fuere el propietario, que se le restituya en la posesión.”

184. En consecuencia, el mencionado artículo establece la protección de la posesión genérica, contra todo acto de despojo, aunque el autor de él fuere el propietario, y en este sentido J.L.A.G., señala: “Así, a diferencia del interdicto de amparo, la procedencia del interdicto de despojo no supone posesión legítima ni ninguna antigüedad en la posesión.” Y en materia agraria que la posesión sea agraria.

185. Conclusiones probatorias:

186. Del examen en conjunto de todo el material probatorio antes apreciado, y en aplicación del principio de unidad de la prueba y exhaustividad de las pruebas presentadas por las partes, este Sentenciador considera que se establecieron como ciertos los siguientes hechos:

187. Estudiados en su conjunto el documento de venta autenticado ante la Notaría Pública Tercera de Valencia, en fecha 17 de febrero de 1997, bajo el Nº 07, tomo 21; marcado con la letra “B” (Folio 09 al 10. Pieza Nº 01), suscrito por el ciudadano O.E.P., titular de la cédula de identidad Nº 5.388.535, y el ciudadano demandante J.S.V.T., titular de la cédula de identidad Nº 4.363.075, marcado con la letra “B” (Folio 09 al 10. Pieza Nº 01); el documento venta autenticado ante la Notaría Pública Tercera de Valencia, en fecha 24 de octubre de 1997, bajo el Nº 47, Tomo 158; marcado con la letra “A” (Folio 72. Pieza Nº 01), suscrito por las partes del presente juicio y del Acta de comparecencia Nº 217, suscrita por los ciudadanos J.S.V.T. y Y.D.Q.L., ante la abogada N.G., Procuradora Agraria del Estado Carabobo, instrumental marcada con la letra “M” (Folio 33. Pieza Nº 01); permite establecer que el accionante comenzó a poseer, desde el día 17 de febrero de 1997, y a pesar de que en fecha en fecha 24 de octubre de 1997, le vendió a la ciudadana demandada, las biebnhechurias construidas en la parcela en litigio, el accionante, como se observa de las instrumentales administrativas y de las pruebas testimoniales promovidas y evacuadas en juicios, no dejó de ejercer la posesión en el lote de terreno objeto de la presente litis posesorias; en consecuencia se determina que la posesión del ciudadano actor, inició el día 17 de febrero de 1997, en las bienhechurias construidas en una parcela de terreno 25.000 m2, ubicada en el asentamiento campesino La Mariposa, parroquia M.P., municipio V.d.E.C., alinderado de la siguiente manera: Norte: Calle Páez que es su frente, Sur: Con el ciudadano A.P., Este: Con el ciudadano L.O., y Oeste: Con el ciudadano J.C.C.D..

188. Del análisis en conjunto de la copia fotostática simple de registro agrario de inscripción de predio marcado con la letra “C” (Folio 11. Pieza Nº 01), copia fotostática simple de carta (provisional) de inscripción en el registro de predios marcada con la letra “D” (Folio 12. Pieza Nº 01), copia fotostática simple de registro de propiedad rural Nº 081404 marcada con la letra “E” (Folio 13 y 14. Pieza Nº 01), copia fotostática simple de certificado del registro nacional de productores, asociaciones, empresas de servicios, cooperativas y organizaciones asociativas económicas de productores agrícolas; marcado con la letra “F” (Folio 15. Pieza Nº 01), copia fotostática simple expediente Nº 06-08-14-04-1020-DP, que cursa ante la Oficina Regional de Tierras del Estado Carabobo, marcado con la letra “D” (Folios 134 al 271. Pieza Nº 01), certificado del registro nacional de productores, asociaciones, empresas de servicio y organizaciones asociativas económicas de productores agrícolas, marcado con la letra “P” (Folio 323 y 324. Pieza Nº 01), registro agrario Nº C-08140400155, emitido por la Oficina Regional de Tierras del Estado Carabobo; marcado con la letra “U” (Folio 335. Pieza Nº 01), carta (provisional) de inscripción en el registro de predios Nº 08080514040000490, emitido por la Oficina Regional de Tierras del Estado Carabobo; marcado con la letra “V”, (Folio 336. Pieza Nº 01), registro de predio rural, emitido por la División de Desarrollo Rural Integral del Ministerio de Agricultura y Tierras; marcada con la letra “W” (Folio 337. Pieza Nº 01), Factura Nº 0212, emitida por ELECTRO FRANK, C.A.; marcada con la letra “Y” (Folio 339. Pieza Nº 01), y recibo de pago, a favor del ciudadano F.L. (Folio 340. Pieza Nº 01), y del auto de apertura de procedimiento de declaratoria de derecho de permanencia, emitido por la Oficina Regional de Tierras del Estado Carabobo; marcado con la letra “Z” (Folio 341. Pieza Nº 01); constancia emitida por el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria del Estado Carabobo; marcado con la letra “B” (Folio 110 al 111. Pieza Nº 02), ubicación geográfica emitida por el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria del Estado Carabobo; marcado con la letra “C” (Folio 112. Pieza Nº 02), certificado de inscripción en el registro tributario de tierras, emitido por el SENIAT; marcado con la letra “F” (Folio 115. Pieza Nº 02); se puede determinar que, el accionante es quien ejerce los actos posesorios en el lote de terreno con vocación agraria de dos hectáreas y media, ubicado en el asentamiento campesino La Mariposa, sector 1, calle Páez, Nº 6, parroquia M.P., municipio V.d.E.C., con los siguientes linderos: Norte: Calle Páez, Sur: Terrenos ocupados por A.P., Este: Terrenos ocupados por Adolfo LLovera y Oeste: Terreno ocupado por E.C..

189. De la Inspección extra-litem, realizada por el Juzgado Cuarto de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, marcada con la letra “S” (Folio 50 al 63. Pieza Nº 01), se puede establecer de manera indiciaria que la accionada usurpó la posesión, no ocupaba el terreno objeto de la controversia, y por ende no ejercía la posesión sobre la misma, por cuanto del acta de inspección se observa lo siguiente:

     El referido Juzgado de Municipio dejo constancia que en el lote de terreno inspeccionado objeto del presente litigio, se encontraba entre otras personas, un ciudadano de nombre J.C., titular de la cédula de identidad Nº 15.462.184, quien le manifestó a ese Tribunal que ocupa el inmueble en condición de cuidador por orden de la ciudadana Yamileth desde el 21-10-2005.

190. El indicio anterior, concuerda con las conclusiones probatorias establecidas en los párrafos Nos. 187 y 188 de esta sentencia, en consecuencia crea pleno convencimiento en este Juzgador de que la accionada usurpó el terreno objeto de la controversia.

191. En consecuencia, demostrada la posesión agraria del accionante y el despojo, y la identidad de lo poseído y lo usurpado efectuado por la demandada de autos, y que esa posesión es anterior al despojo, resulta forzosa la declaratoria con lugar la presente querella interdictal restitutoria. Y así se decide.

192. Oficio Nº 1007.635, emitida por el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria del Estado Carabobo; marcado con la letra “D” (Folio 113. Pieza Nº 02) en la que señala, que ha anulado instrumentales públicas administrativas a favor de la demandada de autos, por cuanto detectó que los datos que se presentaron para emitir el registro son falsos; adminiculada esta referencia institucional con la prueba de informe emanado de la Oficina Regional de Tierras del Estado Carabobo (Folios 73 al 74. Pieza Nº 02), en la que, el ente administrativo agrario niega la existencia de la copia fotostática simple de Autorización de Constitución de Prenda Agraria, emanada del Instituto Nacional de Tierras, marcada con la letra “D” (Folio 79. Pieza Nº 01), copia fotostática simple de Registro Agrario, emanada del Instituto Nacional de Tierras, marcada con la letra “E” (Folio 80. Pieza Nº 01), instrumentales estas presentadas por la parte demandada; hace pleno convencimiento en el ánimo de quien decide, de que la ciudadana querellada no tuvo la posesión agraria ni las bienhechurias, ni el terreno en litigio, sino que las usurpó en la forma descrita por el demandante en su libelo.

193. Demostrado como ha quedado del análisis exhaustivo de las pruebas presentadas por las partes, queda plenamente demostrado que el demandante de autos, ciudadano J.S.V.T., titular de la cédula de identidad Nº 4.363.075, es quien ha ejercido la posesión sobre el terreno y las bienhechurias allí edificadas, y que la ciudadana Y.D.Q.L., titular de la cédula de identidad Nº 10.737.715, lo despojó de la posesión del mencionado inmueble, y la identidad del bien poseído y despojado, en consecuencia es forzoso declara con lugar la presente querella interdictal restitutoria, y así se debe quedar establecido en el dispositivo del presente fallo.

194. Todo lo anterior, concuerda con los hechos determinados en las declaraciones testifícales de los ciudadanos E.V. (Folio 33. Pieza Nº 02), G.V. (Folio 35. Pieza Nº 02), C.Y. (Folio 37. Pieza Nº 02), Johu Cova (Folio 39. Pieza Nº 02), L.Y. (Folio 43. Pieza Nº 02), A.L. (Folio 50. Pieza Nº 02), Froilina de Acosta (Folio 51. Pieza Nº 02), V.T. (Folio 52. Pieza Nº 02) y Teodoro Lozada (Folio 53. Pieza Nº 02), y C.Y. (Folio 37. Pieza Nº 02).

     6. DECISIÓN

     En fuerza de las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

SIN LUGAR la excepción perentoria, alegada por la ciudadana demandada Y.D.Q.L., titular de la cédula de identidad Nº 10.737.715, conforme al artículo 361 del Código de Procedimiento Civil.

CON LUGAR la querella interdictal restitutoria, interpuesta por el ciudadano J.S.V.T., titular de la cédula de identidad Nº 4.363.075, en contra de la ciudadana Y.D.Q.L., titular de la cédula de identidad Nº 10.737.715, y acuerda la restitución en la posesión al ciudadano accionante, en la parcela de terreno constante de dos hectáreas y media, ubicada en el asentamiento campesino La Mariposa, sector 1, calle Páez, Nº 6, parcela Nº 54-A, municipio V.d.E.C., con los siguientes linderos: Norte: Calle Páez, Sur: Terrenos ocupados por A.P., Este: Terrenos ocupados por Adolfo LLovera y Oeste: Terreno ocupado por E.C.. En consecuencia, declarada con lugar la querella interdictal restitutoria, cesan los efectos temporales de la medida de restitución provisional, decretada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y en aquel entonces Agrario, de esta circunscripción judicial, en fecha 09 de marzo de 2006 (Folio 01. Cuaderno de medidas), manteniéndose al ciudadano demandante J.S.V.T., en la posesión agraria con efectos definitivos.

SE CONDENA EN COSTAS a la parte demandada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto resultó totalmente vencido en el presente juicio.

Notifíquese a las partes de la presente decisión conforme lo establecido en el artículo 251 del código de procedimiento civil.

Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en Valencia a los treinta y uno (31) días del mes de mayo del año dos mil diez (2010). 200º de la Independencia y 151º de la Federación. Déjese copia certificada en el libro respectivo. Publíquese.

EL Juez

JOSE DANIEL USECHE ARRIETA

La Secretaria

Abg. Marilyn Giusett Rodríguez Delpino

En esta misma fecha siendo las once horas de la mañana (11:00 a.m.), se publicó la presente sentencia y se dio cumplimiento a lo ordenado.

La Secretaria

Abg. Marilyn Giusett Rodríguez Delpino