Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 24 de Diciembre de 2010

Fecha de Resolución24 de Diciembre de 2010
EmisorTribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control
PonenteMaría Magdalena Acosta
ProcedimientoDeclinatoria De Competencia

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO SUCRE

EXTENSIÓN CARÚPANO

TRIBUNAL QUINTO DE CONTROL

Carúpano, 24 de Diciembre de 2010

200º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL: RP11-P-2010-002993

ASUNTO: RP11-P-2010-002993

SENTENCIA INTERLOCUTORIA

JUEZ PROFESIONAL: Abg. M.M.A.

SECRETARIO: Abg. A.R.

FISCAL: TERCERO. Abg. E.A.

VICTIMA: EL ESTADO VENEZOLANO

DEFENSOR: Abg. J.M.

IMPUTADO: W.J.R.

DELITOS: DESERCIÓN

Concluido el desarrollo de la Audiencia celebrada en el presente asunto, con el objeto de llevar a cabo la presentación del ciudadano W.J.R.G., a quien el Representante del Ministerio Público, presenta por ante éste Tribunal de Guardia, en atención a que el mismo se encuentra solicitado el Juzgado Militar, Décimo Quinto de Control del Circuito Judicial del Estado Monagas, con sede en Maturín, por la presunta comisión del delito de Deserción, según asunto principal N° 10-680-C y CJPN-TM15C-047-10, de fecha 21/09/2010, según información derivada del Sistema Policial Integrado (SIPOL), por el delito de Deserción; encontrándose presente: el Fiscal Tercero del Ministerio Público, Abogada E.A., el ciudadano W.J.R.G., previo traslado desde la Comandancia de Guiria Municipio Valdez del Estado Sucre y el Defensor Público Penal, abogado J.M.; en la cual, una vez cedido el derecho de palabra a la Fiscal del Ministerio Público, expuso lo siguiente:

En uso de las atribuciones que me confiere la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 44 y 49 y demás leyes de la República, ocurro y expongo: Presento en este acto al ciudadano, W.J.R.G., por cuanto de las actas suscritas por funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Sub-delegación Estadal Guiria, de fecha 23-12-2010, se evidencia que el referido ciudadano se encuentra solicitado por el Juzgado Militar, Décimo Quinto de Control del Circuito Judicial del Estado Monagas, con sede en Maturín, por la presunta comisión del delito de Deserción, según asunto principal N° 10-680-C y CJPN-TM15C-047-10, de fecha 21/09/2010, según información derivada del Sistema Policial Integrado (SIPOL), por el delito de Deserción. Es por ello que solicito sea declinada la competencia al Tribunal requeriente, a fin de que sea dilucidada la causa o el asunto que dio origen a la orden de aprehensión

Por su parte, el Defensor Público abogado J.M., manifestó:

Estoy de acuerdo con la declinatoria de competencia y solicito al Tribunal se sirva con carácter de Urgencia trasladar al Imputado hasta el sitio requerido, para solventar su situación jurídica, y solicito copia del acta, es todo.

En consecuencia, oída la solicitud realizada por el Abogado E.A., en su carácter de Fiscal Tercero del Ministerio Público, así como lo manifestado por el Defensor Pública, Abogado J.M., éste Tribunal a los fines de decidir observa:

De la revisión de las actuaciones que conforman el presente asunto, se evidencia, que consta Acta de Procedimiento, suscrita por el funcionario Inspector Jefe A.M. al Cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas sub-delegación guiria, donde se deja constancia que el imputado W.J.R.G., se encuentra solicitado por el Juzgado Militar, Décimo Quinto de Control del Circuito Judicial del Estado Monagas, con sede en Maturín, por la presunta comisión del delito de Deserción, según asunto principal N° 10-680-C y CJPN-TM15C-047-10, de fecha 21/09/2010, según información derivada del Sistema Policial Integrado (SIPOL), así como orden de aprehensión suscrita por el Juez Militar Teniente Coronel C.L.S.. Por lo que, antes de proveer sobre lo solicitado por la Representante del Ministerio Público, es necesario analizar el contenido del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece:

Artículo 250. Procedencia.

El Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:

  1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;

  2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;

  3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación.

    Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud fiscal, el Juez de control resolverá respecto al pedimento realizado. En caso de estimar que concurren los requisitos previstos en este artículo para la procedencia de la privación judicial preventiva de libertad, deberá expedir una orden de aprehensión del imputado contra quien se solicitó la medida.

    Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su aprehensión, el imputado será conducido ante el Juez, quien, en presencia de las partes y de las víctimas, si las hubiere, resolverá sobre mantener la medida impuesta, o sustituirla por otra menos gravosa.

    Si el Juez acuerda mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad durante la fase preparatoria, el Fiscal deberá presentar la acusación, solicitar el sobreseimiento o, en su caso, archivar las actuaciones, dentro de los treinta días siguientes a la decisión judicial.

    Este lapso podrá ser prorrogado hasta por un máximo de quince días adicionales sólo si el Fiscal lo solicita por lo menos con cinco días de anticipación al vencimiento del mismo.

    En este supuesto, el Fiscal deberá motivar su solicitud y el Juez decidirá lo procedente luego de oír al imputado.

    Vencido este lapso y su prórroga, si fuere el caso, sin que el Fiscal haya presentado la acusación, el detenido quedará en libertad, mediante decisión del Juez de control, quien podrá imponerle una medida cautelar sustitutiva.

    En todo caso, el Juez de juicio, a solicitud del Ministerio Público, decretará la privación judicial preventiva de la libertad del acusado cuando se presuma fundadamente que éste no dará cumplimiento a los actos del proceso, conforme al procedimiento establecido en este artículo.

    En casos excepcionales de extrema necesidad y urgencia, y siempre que concurran los supuestos previstos en este artículo, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, autorizará por cualquier medio idóneo, la aprehensión del investigado. Tal autorización deberá ser ratificada por auto fundado dentro de las doce horas siguientes a la aprehensión, y en lo demás se seguirá el procedimiento previsto en este artículo.

    Ahora bien, del artículo in comento, se infiere claramente, que cuando un Juez libra una orden de aprehensión, en contra de un imputado o imputada, dentro de las 48 horas siguientes a su aprehensión; será conducido ante el Juez, quien en presencia de las partes o de las víctimas si las hubiere, resolverá sobre mantener la medida impuesta o sustituirla por una menos gravosa. En tal sentido, es el juez que libró la orden de aprehensión, quien debe decidir si mantiene o no la medida impuesta; por lo que a criterio de esta Juzgadora, lo procedente y ajustado a derecho es Declinar la Competencia al Juzgado Militar, Décimo Quinto de Control del Circuito Judicial del Estado Monagas, con sede en Maturín; de conformidad con lo establecido en el artículo 67 y 77 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo previsto en el artículo 57 Ejusdem, los cuales establecen:

    Artículo 77.Declinatoria.

    En cualquier estado del proceso el tribunal que esté conociendo de un asunto podrá declinarlo, mediante auto motivado, en otro tribunal que considere competente….

    Artículo 57. Competencia Territorial.

    La competencia territorial de los tribunales se determina por el lugar donde el delito o falta se haya consumado….

    En este orden de ideas, considera quien aquí decide, que en el presente caso, la competencia territorial de los Tribunales, se determina por el lugar donde el delito o falta se haya consumado; razón por la cual ésta Juzgadora observa su incompetencia por razón del territorio, y estima que lo procedente y ajustado a derecho es declinar la competencia en el Tribunal que libró la orden de aprehensión, en atención a lo previsto en el artículo 61 Ibídem, el cual prevé:

    Artículo 61. Declinatoria de competencia.

    El Juez que, conociendo de una causa, observare su incompetencia por razón del territorio, deberá declararlo así y remitir lo actuado al tribunal que lo sea conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores.

    Todo ello en aras de garantizarle los derechos al imputado, establecidos en los artículos 125 del Código Orgánico Procesal Penal y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales consagran:

    Artículo 125. Derechos.

    El imputado tendrá los siguientes derechos:

  4. Que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputan;

  5. Comunicarse con sus familiares, abogado de su confianza o asociación de asistencia jurídica, para informar sobre su detención;

  6. Ser asistido, desde los actos iniciales de la investigación, por un defensor que designe él o sus parientes y, en su defecto, por un defensor público;

  7. Ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma castellano;

  8. Pedir al Ministerio Público la práctica de diligencias de investigación destinadas a desvirtuar las imputaciones que se le formulen;

  9. Presentarse directamente ante el Juez con el fin de prestar declaración;

  10. Solicitar que se active la investigación y a conocer su contenido, salvo en los casos en que alguna parte de ella haya sido declarada reservada y sólo por el tiempo que esa declaración se prolongue;

  11. Pedir que se declare anticipadamente la improcedencia de la privación preventiva judicial de libertad;

  12. Ser impuesto del precepto constitucional que lo exime de declarar y, aun en caso de consentir a prestar declaración, a no hacerlo bajo juramento;

  13. No ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de su dignidad personal;

  14. No ser objeto de técnicas o métodos que alteren su libre voluntad, incluso con su consentimiento;

  15. No ser juzgado en ausencia, salvo lo dispuesto en la Constitución de la República.

    Artículo 49

    El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:

  16. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.

  17. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.

  18. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.

  19. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.

  20. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

    La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

  21. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.

  22. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o magistrada, juez o jueza y del Estado, y de actuar contra éstos o éstas….”

    Cabe destacar además, que por ante este Tribunal, no existen actuaciones, ni algún exhorto relacionado con la presente causa, desconociéndose los hechos que se le atribuyen al ciudadano W.J.R.G.; razón por la cual, mal podría oírlo éste Tribunal, sin antes Garantizarle sus Derechos Constitucionales y Legales, previstos en el artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal; en relación con lo establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No obstante, esta Juzgadora impuso al imputado del motivo de su detención, explicándole la decisión del Tribunal. Asimismo se le informó que estaba siendo requerido por ante el Juzgado Militar, Décimo Quinto de Control del Circuito Judicial del Estado Monagas, con sede en Maturín, y así se decide.

    DISPOSITIVA:

    Por los razonamientos antes expuestos, éste Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre Extensión Carúpano, Administrando Justicia En Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, se Declara Incompetente por razón del Territorio, para oír al Imputado W.J.R.G., venezolano, de estado civil soltero, titular de la Cédula de Identidad Nº 20.565.231, nacido en fecha 09-11-1989, de 21 años de edad, de profesión u oficio albañil, hijo de C.M.G. y W.R., y domiciliado en Güarama del Medio, calle Negro Primero, Casa S/N, cerca de la parada, Güiria, Municipio Valdez del Estado Sucre; y en consecuencia se Declina la Competencia al Juzgado Militar, Décimo Quinto de Control del Circuito Judicial del Estado Monagas, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 250, 57, 61, 67 y 77 77 del Código Orgánico Procesal Penal, y 123 y 124, numeral 1, del Código Orgánico de Justicia Militar; en concordancia con el artículo 49 numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Líbese oficio al Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana de esta ciudad, a los fines de que con la mayor celeridad del caso, se sirva canalizar le pertinente y necesario con el fin de trasladar y poner a la orden del Juzgado Militar, Décimo Quinto de Control del Circuito Judicial del Estado Monagas, al ciudadano antes mencionado, con salvaguarda y respeto de todos sus derechos y garantías, el cual permanecerá detenido en la comandancia de policía de esta ciudad. Líbrese el oficio respectivo al Tribunal antes mencionado, remitiéndole adjunto las actuaciones que integran la presente causa, y cuya entrega se comisiona al Comando de la Guardia Nacional Bolivariana de esta ciudad. En virtud que esta decisión fue dictada en audiencia oral en presencia de las partes, téngase notificadas a las mismas, conforme al artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penales. Ofíciese. Remítase. Cúmplase. Publíquese.

    La Juez Quinta de Control

    Abg. M.M.A.E.S.J.

    Abg. A.R.

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