Decisión de Juzgado Tercero De Primera Instancia De Juicio Del Trabajo de Caracas, de 13 de Diciembre de 2010 - Jurisprudencia - VLEX 288132866

Decisión de Juzgado Tercero De Primera Instancia De Juicio Del Trabajo de Caracas, de 13 de Diciembre de 2010

Procedimiento:Cobro De Prestaciones Sociales
Ponente:Manuel Alejandro Fuentes
Número de Expediente:AP21-L-2009-006189
Fecha de Resolución:13 de Diciembre de 2010
Emisor:Juzgado Tercero De Primera Instancia De Juicio Del Trabajo
RESUMEN

En otro orden de ideas, de las pruebas aportadas al proceso, este juzgador observa que a los autos corres insertos diferentes facturas que emanan del actor en las cuales se lee nombre del actor Wilfredo Del Nardo C.I 6.863.808 Peritaje y Ajustes de Pérdidas de Seguro de Automóvil y en el renglón de descripción se lee honorarios, gastos; contentivas de igual manera de sello húmedo en el cual se... (ver resumen completo)

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas, doce ( 12 ) de diciembre dos mil diez (2010)

200° y 151°

Asunto N° AP21-L-2009-006189

PARTE ACTORA: WILFREDO ENRIQUE DEL NARDO LAURENS, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 6.863.808.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: JUAN ISIDRO MEDINA, ELIMAR JAIMES, CARMEN YRENE VELANDIA y PAOLA YOSIBELL LINARES PUCHETE, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nro. 9.854,70.467,100.591 Y 137.241.

PARTE DEMANDADA: C.A SEGUROS AMERICAN INTERNATIONAL inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 11 de julio de 1966, bajo el N° 60, Tomo 34-A, cuya última modificación consta ante la misma Oficina de Registro en fecha 14 de mayo de 2002, bajo el N° 38, Tomo 64-A.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: GIUSEPPE MAURELLO, CESAR AMARAL y OTROS, abogados en ejercicio, inscritos en Inpreabogado bajo los N° 70.467 y 48.111.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES

ALEGATOS DE LA PARTE ACTORA

Mediante escrito libelar manifiesta el actor que en fecha 30 de agosto de 1995, comenzó a prestar servicios para la demandada, en diversas actividades como encargado del depósito de vehículos, supervisor de talleres y perito ajustador, cumpliendo jornadas de más de 12 horas días todos los días de la semana, de lunes a viernes y ocasionalmente sábados y domingos; desde el inicio de la relación se le informo que no podía prestar servicios personales para otras empresas, puesto que debía cumplir estrictamente; sus ingresos dependían única y exclusivamente de lo generado por la relación de dependencia y subordinación que mantenía con la demandada; se le suministraba los implementos que requería para realizar las diversas funciones que le eran asignadas por parte de las Gerencias de Salvamento, Reclamos y Operaciones, a cuyas direcciones debía rendir informes de su gestión; que en virtud de la entrada en Vigencia de la Ley de Seguros y Reaseguros, en fecha 2001, la demandada le indicio que a los fines de continuar con la relación laboral debía obtener la creditación por parte de la Superintendencia de Seguros ya que de lo contrario debería prescindir de sus servicios; durante la relación cumplía diversas funciones; sin embargo la demandada indico que sus ingresos provenían únicamente de la gestión como perito avaluador, aun cuando adicionalmente tenía bajo su responsabilidad todos los peritajes de la empresa aún los no efectuados por él, debía dar el visto bueno a los peritajes de vehículos amparados por pólizas de la demandada, en el ejercicio de esta función debía velar porque los talleres repararan adecuadamente los vehículos, suministraran los repuestos con las calidades y cantidades que a la compañía de seguros le estaban cobrando los talleres; así como, velar el tiempo de reparación y entrega de los vehículos, entre otra función era el encargado del depósito ubicado en Caracas de los vehículos calificados como pérdidas totales; su salario era variable y dadas las diversas actividades que desarrollaba dentro de la estructura de la empresa demandada, esta diseño todos los mecanismos internos que permitieran justificar el pago del salario como supuestos ingresos que dependía de la cantidad de inspecciones que le asignaban las Gerencias de Siniestros y Operaciones; el salario se le cancelaba a través de facturas personales siendo un mecanismo implantado por el patrono para tratar de evitar la aplicación del régimen laboral; siendo el caso que en fecha 18 de mayo de 2009 se dejo de asignarle actividades lo cual constituyó un despido indirecto, toda vez que el patrono alteró y desmejoró las condiciones existentes de trabajo siendo despedido en dicha fecha; devengando un salario variable, siendo el último salario, promedio de lo devengado en el último año Bs.18.822,28 mensual.

Por lo que demanda el pago de los siguientes conceptos: antigüedad, intereses generados sobre la antigüedad, utilidades vencidas, utilidades fraccionadas 2009, vacaciones vencidas 1995 al 2009, bono vacacional vencido 1995 al 2009, vacaciones fraccionadas 2008-2009, bono vacacional fraccionado, horas extras, indemnización por despido injustificado, indemnización sustitutiva del preaviso, cesta ticket, días de descanso y domingos feriados, todo lo cual estimó en la cantidad de Bs. 3.548.055,91 más costas, indexación e intereses .

Alegatos de la demandada

Por su parte la representación judicial de la demandada negó rechazo y contradijo: que se hubiese contratado al actor bajo relación de trabajo de cualquier especie, bajo las reglas imperantes en Venezuela, ni de cualquier otro país; negó la fecha de ingreso y el cargo de encargado del depósito de vehículos, Supervisor de talleres y perito avaluador; que cumpliera jornadas laborales de doce horas diarias, de lunes a domingo; que hubiere suministrado implementos para ejecutar funciones de perito avaluador independiente, que son las únicas actividades desarrolladas por éste con ocasión de la relación mercantil que lo unió: que se hubiese obligado al actor a obtener acreditación alguna por ante la Superintendencia de seguros; que hubiere cumplido funciones diferentes a las de perito avaluador, durante su relación mercantil; que el actor hubiere percibido un salario variable, lo cierto es que el actor, como perito avaluador que era, solo percibía una contraprestación, como consecuencia directa y necesaria de cada avalúo independiente que efectuara; que el despido indirecto, ni directo toda vez que jamás existió una relación de trabajo entre las partes; negó el salario, Negó, rechazo y contradijo, que se le adeuden al actor, cada uno de los conceptos reclamados.

Opuso la falta de cualidad del actor para intentar el presente juicio, por no tener la cualidad de trabajador y por lo tanto, mal podría acogerse a la jurisdicción laboral e intentar un procedimiento regulado por un espacialísima Ley; aplicable solo a quienes ostenten tal cualidad; ya que a su decir la relación existente es forzosamente de naturaleza mercantil, pues el actor solo se desempeñaba como perito avaluador, lo cual requiere necesariamente la existencia de una relación no dependiente entre ellos.

Invocando el test de laboralidad a que alude la doctrina de la Sala de Casación Social, reconoció la existencia de una relación entre actor y demandada, pero que no era de carácter laboral.

En la audiencia de juicio la parte actora, aduce: Que efectivamente era el encargado de los depósitos , que los superiores de la empresa lo autorizaron para ser el encargado de mostrar los vehículos de remate, que el no cobraba ninguna comisión o pago por esta actividad, igualmente señalo que nunca reclamo acreencias de índole laboral por temor a ser despedido, que nunca disfruto vacaciones, que por el alto cúmulo de trabajo contrato a su hermano para realizar los avaluos y que efectivamente si ganaba...

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