Decisión nº 3U-249-10 de Tribunal Tercero de Juicio Los Teques de Miranda, de Diciembre 14, 2010

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RESUMEN

...por Autoridad de la Ley: SE DECLARA SIN LUGAR LA REVISIÓN DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD que pesa sobre el acusado TOVAR DIAZ JESUS JAVIER, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Nº V-18.222.234, NATURAL DE CARACAS, DISTRITO CAPITAL, FECHA DE NACIMIENTO 31-03-1987, EDAD 23 AÑOS, ESTADO CIVIL SOLTERA, PROFESIÓN U OFICIO ESTUDIANTES DE ESTUDIOS JURÍDICOS Y TRABAJOS DE MECÁNICA, RESIDENCIADO EN EL ... (ver resumen completo)

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Los Teques, 14 de diciembre de 2010

200° y 151°

ASUNTO: 3U-249/10

IDENTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL

JUEZ: NAIR J. RÍOS CHÁVEZ

SECRETARIA: LORENA COROMOTO DELGADO ARAUJO

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

ACUSADO: TOVAR DIAZ JESUS JAVIER, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Nº V-18.222.234, NATURAL DE CARACAS, DISTRITO CAPITAL, FECHA DE NACIMIENTO 31-03-1987, EDAD 23 AÑOS, ESTADO CIVIL SOLTERA, PROFESIÓN U OFICIO ESTUDIANTES DE ESTUDIOS JURÍDICOS Y TRABAJOS DE MECÁNICA, RESIDENCIADO EN EL SECTOR LA CRUZ, A TRES CASAS DE LA REDOMA, CASA SIN NUMERO, CERCA DEL HOSPITAL VICTORINO SANTAELLA, LOS TEQUES, ESTADO MIRANDA, TELÉFONO: 0412-573-2594, HIJO DE CARMEN DÍAZ (V) Y DE JESÚS TOVAR (V).

DEFENSA: DR. LUIS FELIPE MEJIA BLANCO, NACIONALIDAD VENEZOLANO; MAYOR DE EDAD; ABOGADO EN EJERCICIO, INSCRITO EN EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL ABOGADO BAJO EL NÚMERO 25.358; CON DOMICILIO PROFESIONAL EN CANDALITO A CANDELARIA, RESIDENCIAS LA CANDELARIA, PISO N° 7; OFICINA N° 7-7, LA CANDELARIA, CARACAS, DISTRITO CAPITAL, TELEFONOS: 0212-577-02-27 Y 0424-222-70-82, 0416-615-47-13 Y 0424-222-55-19.

FISCAL: DRA. YOSELINA BEATRIZ FERNANDEZ LOPEZ, FISCAL TERCERO DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA.

VICTIMA: EMDER FLORES LUQUETA, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Nº V-18.696.217, NATURAL DE CHAGUARAMA, ESTADO MIRANDA, FECHA DE NACIMIENTO 03-12-1988, EDAD 22 AÑOS, ESTADO CIVIL SOLTERO, PROFESIÓN U OFICIO COMERCIANTE, RESIDENCIADO EN LA LADERA DEL MUNICIPIO CARRIZAL.

DELITO: ROBO AGRAVADO DEVEHICULO AUTOMOTOR, PREVISTO Y SANCIONADO EN LOS ARTÍCULOS 5 Y 6 NUMERALES 2,3 Y 10 DE LA LEY SOBRE EL HURTO Y ROBO DE VEHICULOS AUTOMOTORES.

Corresponde a este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio, emitir pronunciamiento Judicial con relación a la solicitud realizada por el Defensor Privado DR. LUIS FELIPE MEJIA BLANCO, en fecha 08-12-10, la cual fue presentada en ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal y recibido por este Tribunal el día 09-12-10, constante de siete (07) folios útiles, a favor del acusado TOVAR DIAZ JESUS JAVIER, titular de la cedula de identidad Nº V-18.222.234; a quien el Estado Venezolano representado por la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial del Estado Miranda calificó los hechos ocurridos en fecha 06-06-2010 y en el auto de apertura a juicio de fecha 20-08-2010, se admitió la calificación jurídica del delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6 numerales 2,3 y 10 de la ley sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en perjuicio del EMDER FLORES LUQUETA, a los fines de decidir, previamente observa:

I

De la identificación del acusado

TOVAR DIAZ JESUS JAVIER, titular de la cedula de identidad Nº V-18.222.234, natural de Caracas, Distrito Capital, fecha de nacimiento 31-03-1987, edad 23 años, estado civil soltera, profesión u oficio Estudiantes de Estudios Jurídicos y Trabajos de mecánica, residenciado en el Sector La Cruz, a tres casas de la Redoma, Casa Sin Numero, cerca del Hospital Victorino Santaella, Los Teques, estado Miranda, teléfono: 0412-573-2594, hijo de Carmen Díaz (V) y de Jesús Tovar (V).

II

De la identificación de la victima

EMDER FLORES LUQUETA, titular de la cedula de identidad Nº V-18.696.217, natural de Chaguarama, estado Miranda, fecha de nacimiento 03-12-1988, edad 22 años, estado civil soltero, profesión u oficio comerciante, residenciado en la Ladera del Municipio Carrizal.

III

De la solicitud del defensor privado

El profesional del Derecho DR. LUIS FELIPE MEJIA BLANCO, en representación del ciudadano TOVAR DIAZ JESUS JAVIER, titular de la cedula de identidad Nº V-18.222.234; solicitaba la revisión de la medida, de conformidad a lo establecido en el artículo 264 del texto adjetivo penal, en virtud de una prueba sobrevenida, argumentando lo siguiente:

“….Yo, LUIS FELIPE MEJÍA BLANCO, Magister en Ciencias Jurídicas, titular de la cédula de identidad N° V-1.453.868 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 25.358, actuando en este acto en mi condición de DEFENSOR PRIVADO del ciudadano-imputado JESÚS JAVIER TOVAR DÍAZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, nacido en fecha 31-03-1987 (23 años de edad) titular de la cédula de identidad N° V-18.222.234 y civilmente hábil, en causa seguida en este honorable tribunal en el expediente signado con el N° 3M-249-2010, ante su competente autoridad acudo a fin de exponer:

CAPÍTULO I

EL DEBIDO PROCESO

La trascendental figura jurídica denominada El Debido Proceso por el Derecho siendo el Estado Venezolano, entre otros, constituido por la aplicación de la Justicia, la libertad, la igualdad, aquél define una serie de derechos y garantías de singular importancia, por ejemplo: Toda persona se presume ¡nocente mientras no se prueba lo contrario, y así sucesivamente, son innumerables los conceptos y definiciones de figuras jurídicas que genera El Debido Proceso.

CAPÍTULO II

LA LIBERTAD ES UN VALOR SUPERIOR AL ORDENAMIENTO JURÍDICO

Sostiene una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia signada con el N° 1998, de fecha 22-11-2006, expediente^0 05-1663 emanada del magistrado Francisco Antonio Carrasquera López, que:

"(...) A los efectos de una mayor claridad y sistematización del presente fallo, se realizarán, en primer término, unas breves consideraciones generales sobre el derecho fundamental a la libertad personal. En segundo lugar, se analizará la vinculación del mencionado derecho fundamental al régimen de las medidas de coerción personal...Dicho lo anterior, debe afirmarse, en líneas generales, que la libertad es un valor superior del ordenamiento jurídico consagrado en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero también un derecho fundamental que funge como presupuesto de otras libertades y derechos fundamentales, el cual hace a los hombres sencillamente hombres. De esto se deriva que tal derecho, el cual se encuentra estrechamente vinculado a la dignidad humana, ostenta un papel medular en el edificio constitucional venezolano, siendo a que el mismo corresponde por igual a venezolanos y extranjeros...En este orden ideas, y como lo ha afirmado el Tribunal Constitucional español, la prisión provisional se sitúa entre el deber estatal de perseguir eficazmente el delito y el deber estatal de asegurar el ámbito de libertad del ciudadano. Ahora bien, debe afirmarse el hecho de que la medida de coerción personal antes mencionada posea en principio un contenido material que coincide con el de las penas privativas de libertad, no implica que ella persiga el mismo fin de tales sanciones, es decir, no puede concebirse como una pena anticipada, toda vez que la misma recae sobre ciudadanos que se ven amparados por el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 49.2 Constitucional y en el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, cristalizándose así el principio indubio pro libértate. Así el Tribunal Constitucional Federal alemán ha establecido al respecto lo siguiente: 'La penalización pronta y adecuada de los delitos más graves no sería posible en muchos casos, si las autoridades encargadas de la persecución penal les estuviere prohibido, sin excepción, detener y mantener en prisión a los presuntos autores hasta que se dicte la sentencia. Otra cosa es que la plena restricción de la libertad personal, mediante la confinación a un establecimiento carcelario, sea una sanción, que el Estado de Derecho, en principio, permite imponer sólo a quien ha sido juzgado por una actuación sancionada penalmente. Este tipo de medidas, en contra de una persona acusada de haber cometido un delito, son admisibles sólo en casos excepcionalmente limitados. De esto se origina que respecto de la presunción fundamental de inocencia, se excluyan las acusaciones graves en contra del inculpado, permitiendo la imposición anticipada de medidas que por su efectos se equiparan a la pena privativa de libertad'...De lo anterior se infiere que a través de la medida de privación judicial preventiva de libertad no se puede anticipar la protección de un bien jurídico utilizándola como pena, toda vez tal función le corresponde al Derecho penal material (sentencia N° 915/2005 del 20 de mayo, de esta Sala). Por el contrario, la privación judicial preventiva de libertad debe atender a la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de dicha medida, concretándose aquéllos en la conjuración de ciertos riesgos relevantes...Sin embargo, la protección de los derechos del imputado a la libertad y a ser tratado como inocente mientras no se establezca de manera plena su culpabilidad, tampoco puede significar el absoluto abandono de los mecanismos cautelares destinados a garantizar los objetivos del proceso, esto es, su normal desarrollo y la seguridad del cumplimiento de sus resultas...íntimamente vinculado a lo antes expuesto, se encuentra lo referente a la configuración de los límites de dicha medida, los cuales han sido delineados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español en el siguiente sentido: '(...) más allá del expreso principio de legalidad, la legitimidad constitucional de la prisión provisional exige que su configuración y su aplicación tengan, como presupuesto, la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva; como objetivo, la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida; y como objeto, que se la conciba, tanto en su adopción como en su mantenimiento, como una medida de aplicación excepcional, subsidiaria, provisional y pr oporcionada a la consecución de los fines antedichos. Siguiendo el criterio jurisprudencial...

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