Decisión nº 1 de Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de Merida (Extensión Mérida), de 25 de Mayo de 2010

DE LAS DOCUMENTALES.

1. El valor y mérito jurídico del Acta de Matrimonio: Copia mecanografiada debidamente certificada del acta de matrimonio signada con el número 148, correspondiente a los cónyuges (folio 05) expedida por el Registrador Civil de la Parroquia J.R.S.d.M.L.d.E.M.. Este documento no fue objeto de tacha por la parte demandada, razón por la cual tiene valor de documento público con arreglo a lo dispuesto en los artículos 457,1.357, 1359 y 1.360 del Código Civil, para dar por demostrada que los ciudadanos Y.S.S.G. y G.E.D.R., están unidos en matrimonio civil; la fecha, el lugar, los testigos y la autoridad que celebró el acto. Así se decide.

2. El valor y mérito jurídico del Acta de Nacimiento: Copia mecanografiada debidamente certificada del Acta de Nacimiento, signada con el Nº 1387, Tomo 6, de 1387 folios, Tercer Trimestre del año 2008, de los Libros de Acta de Nacimientos llevados en la Unidad Hospitalaria del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes, correspondiente al ciudadano OMITIR NOMBRE (niño), expedida por la Primera Autoridad Civil del Municipio Libertador del Estado Mérida (folio 07). Este Tribunal le da pleno valor probatorio de conformidad a lo pautado en los artículos 457,1.357, 1359 y 1.360 del Código Civil Venezolano, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, para dar por demostrada tanto la edad del niño, y por ende la competencia por razón de la materia de este Tribunal para conocer del presente asunto; como la filiación existente entre el prenombrado infante y los ciudadanos Y.S.S.G. y G.E.D.R., parte actora y demandada en el presente juicio, respectivamente. Así se decide.

3. El valor y mérito jurídico del Acta de Nacimiento: Copia mecanografiada debidamente certificada del Acta de Nacimiento, signada con el Nro. 40, correspondiente al ciudadano OMITIR NOMBRE (niño), expedida por el Registrador Civil de la Parroquia J.R.S.d.M.L.d.E.M. (folio 09). Este Tribunal le da pleno valor probatorio de conformidad a lo pautado en los artículos 457,1.357, 1359 y 1.360 del Código Civil Venezolano, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, para dar por demostrado tanto la edad del niño, y por ende la competencia por razón de la materia de este Tribunal para conocer del presente asunto; como la filiación existente entre el prenombrado niño y los ciudadanos Y.S.S.G. y G.E.D.R., parte actora y demandada en el presente juicio, respectivamente. Así se decide.

4. El valor y mérito instrumento poder: Copia certificada del instrumento poder conferido por la parte actora a los abogados en ejercicio CIOLY J.Z.Á. y G.H.B., autenticado por ante la Notaría Pública Tercera de Mérida (folios 22 y 23). Este Tribunal le da pleno valor probatorio de conformidad a lo pautado en los artículos 457,1.357, 1359 y 1.360 del Código Civil Venezolano, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, para dar por demostrado la cualidad que ostentan los prenombrados profesionales del derecho. Así se decide.

DE LA TESTIFICAL. La parte actora promovió en su escrito libelar la declaración de las ciudadanas: S.R., YIPSI QUINTERO y M.D., de las cuales sólo evacuo en el acto oral de pruebas la declaración de las testigos, ciudadanas: S.R. y M.D.. Sin embargo, con respecto a la testifical de la ciudadana S.R., este Tribunal, en el acto oral negó su incorporación por no haber aportado ---para ese momento--- su documento de identidad ---cédula de identidad---; por lo que sólo se incorporó la testimonial de la ciudadana M.A.D.C., quien juramentada dijo ser y llamarse como quedó escrito, y como venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-15.074.531, Asistente Administrativo, domiciliada en el sector El Campito, Residencias Las Serranías, Edificio 1, Apartamento 1-E, Mérida y civilmente hábil.

En cuanto a la prueba testimonial evacuada durante el acto oral, el Tribunal pasa a analizarla, en la siguiente forma:

• La testigo, M.A.D.C., de acuerdo al interrogatorio que le fue formulado por su promovente, declaró en la forma siguiente:

A la primera pregunta: “¿Diga la testigo desde cuando conoce al matrimonio DURAN SALAZAR?: Respondió: Los conozco hace aproximadamente 3 años y medio cuando comencé a trabajar con ella en la oficina de asistencia del gobernador.”

A la segunda pregunta: “¿Diga si sabe que G.E.D. a mediados del 2007 cambió de comportamiento con su esposa Y.S.?: Respondió: Si, ella comentó un par de veces en la oficina que él la estaba dejando sola y que había cambiado de comportamiento.”

A la tercera pregunta: “¿Diga la testigo si sabe que en noviembre del 2007 G.D. dejó de compartir la cama con su cónyuge Y.S.? Respondió: Si, en reiteradas ocasiones yo le escuché a ella hablar por teléfono que él la había abandonado, abandono de cama, de pareja y que no le respondía como matrimonio”.

A la cuarta pregunta: “¿Diga la testigo si tiene conocimiento que G.E. corrió a su esposa de la casa?: Respondió: Si, si la corrió”.

A la quinta pregunta: “¿Recuerda en que oportunidad?: Respondió: Si, fue en noviembre de 2008, tuvieron una discusión y si él la corrió”.

A la sexta pregunta: “¿Diga si observó en algún momento alguna discusión entre los cónyuges?: Respondió: En una oportunidad se iba a realizar una reunión en la casa de ellos, y cuando estábamos llegando ella la suspendió porque él se alteró y no quiso que se hiciera la reunión”.

A la séptima pregunta: “¿Diga como es el comportamiento de él como padre con sus hijos?: Respondió: La última vez que fui a la casa donde ella estaba viviendo ahorita eso fue un sábado por la tarde, los niños iban a pasar la tarde con él, y por lo que vi, es un buen padre y es responsable, ya que los niños manifestaban en sus rostros alegrías al ir a visitarlo”.

A la octava pregunta: “¿Diga como es el comportamiento de G.E. con su esposa Y.S.?: Respondió: Ya lo último que he sabido de la relación o la separación entre ellos, es que él la ha amenazado con quitarle a los niños y siempre le esta manifestado, reiterando que abandonó el hogar”.

No hubo repreguntas.

Al ser interrogada por la suscrita Jueza Temporal, la prenombrada testigo refirió:

A la primera pregunta: “¿Recuerda usted la fecha aproximada en que la ciudadana Y.S. suspendió la reunión que tenían prevista realizar por la actitud de alteración de su esposo?: Respondió: Si, fue a mediados de diciembre del 2008.”

A la segunda pregunta: “¿Cómo le consta que el ciudadano G.D. corrió de su casa a su esposa?: Respondió: Porque ella se fue a vivir con los dos niños a casa de sus padres y ella no quería irse de su hogar pero en vista del comportamiento extraño y brusco que estaba presentando, ella se tuvo que alejar”.

Ahora bien, evacuada como fue la prueba testimonial, obsérvese que sólo declaró una testigo, a saber, la ciudadana M.A.D.C., es por lo que considera esta Juzgadora que estamos en presencia de lo que en la prueba testimonial se conoce como el “Testigo Único”, tal y como, así lo expresó -–en el acto oral--- la abogada CIOLY ZAMBRANO, co-apoderada judicial de la parte actora, al solicitar se tomara en cuenta la tesis del testigo único; razones por la cual resulta necesario hacer las siguientes reflexiones con respecto a su valoración:

1. El artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, prevé:

   A menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba, el Juez deberá apreciarla según las reglas de la sana crítica

   .

   Asimismo el artículo 508 de la citada norma adjetiva, reza:

   Para la apreciación de la prueba de testigos, el Juez examinará si las deposiciones de éstos concuerdan entre sí y con las demás pruebas, y estimará cuidadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias, desechando en la sentencia la declaración del testigo inhábil, o del que apareciere no haber dicho la verdad, ya por las contradicciones en que hubiere incurrido, o ya por otro motivo, aunque no hubiese sido tachado, expresándose el fundamento de tal determinación

   .

   De las normas supra citadas, se colige que para la apreciación de los testigos el juez debe examinar en su conjunto las declaraciones rendidas por éstos, y la coherencia entre éstos con el resto de las pruebas; para así valorar tanto los motivos de su declaración, como la confianza que puedan merecer, tomando en consideración su edad, vida, costumbres, profesión y demás circunstancias; y desechando aquel testigo que a todas luces resulte inhábil o que no aparezca que dice la verdad. De modo que, las referidas disposiciones facultan ampliamente a los jueces para la apreciación de la prueba de testigos.

2. Al respecto la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 20/08/2004 (expediente AA-20-C-2003-000448), con Ponencia del Magistrado TULIO ALVAREZ LEDO, asentó:

   …como bien lo adujo el actor en su escrito de informes presentados por ante esta Instancia Superior, con fundamento en interpretación jurisprudencial (Sic), en nuestro Derecho es admitido el valor del testigo único, cuya valoración debe hacerse con base en las reglas de la Sana Crítica, con la adminiculación de lo que se desprende del resto del material probatorio que pudiere corroborar o sustentar la fuerza del testimonio único para que pueda constituir plena prueba, para lo cual es evidente que el Juez debe estar convencido de que los hecho narrados por el testigo en verdad ocurrieron como lo señaló el declarante, lo que ocurre cuando el mismo sea idóneo y su declaración merezca fe

   . (Lo resaltado es propio del Tribunal).

   Así pues, encontramos que la doctrina nacional ha establecido que a través de la sana crítica el Juez tiene libertad de apreciar las pruebas ofrecidas en el juicio de acuerdo con la lógica y las reglas de la experiencia que según su criterio personal, sean aplicables en la valoración o examen de determinada prueba, como lo es la valoración del testigo único.

3. Sin embargo, según criterio del M.T.S.d.J., el juez tiene la obligación de señalar los motivos, razones y circunstancias, que lo conduzcan a declarar desechada la deposición de cualquier testigo, lo cual puede ocurrir cuando, primero se trate de un testigo inhábil; y, segundo cuando pareciera no haber dicho la verdad ya sea por las contradicciones en que hubiere incurrido o por otro motivo, aunque no hubiere sido tachado en el juicio.

   Así las cosas, si bien es cierto que en la valoración de la prueba testifical los jueces deben apreciar, sí las manifestaciones coinciden entre sí y con las demás pruebas, y sí el testigo merece confianza por su edad, vida, costumbres, profesión y demás circunstancias; no es menos cierto que en nuestro derecho el testigo único es idóneo para demostrar los hechos alegados en la demanda, siempre y cuando su deposición le merezca fe y confianza al juez, y éste no sea inhábil para actuar en el proceso. De allí que la valoración del testigo único queda al prudente arbitrio del juez.

   Al respecto la Sala de casación Civil, en sentencia de fecha 17 de noviembre de 1988 (caso: A.C.K. c/ B.A.G.d.C.) apuntó lo siguiente:

   ...La doctrina de casación considera, en primer lugar que los únicos limites a la facultad de apreciación de la prueba de testigos, dentro del contexto del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, son aquellos que resultan de las disposiciones legales expresas, tales como las que precisan el monto de las obligaciones que puedes ser probadas por testigos, o exigen formalidades específicas o limitan la admisión de la prueba. Por lo demás, la apreciación de la prueba de testigos deberá hacerse según las reglas de la sana crítica, de lo que se sigue que el testimonio único pueda constituir plena prueba, siempre que después del cuidadoso análisis que impone la valoración de este medio probatorio, el juez se encuentre convencido de que los hechos ocurrieron en la forma cómo los ha narrado el declarante. En este sentido, el juez estimará cuidadosamente los motivos o razones que tuvo el testigo por su profesión, edad, vida y costumbres...

   .

   Esta Sala, en sentencia del 12 de junio de 1986, publicada en el Boletín de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, O.R.P.T., Volumen 6, junio de 1986, pág. 110, que una vez más se reitera, al referirse al valor probatorio del testigo único o singular, expresó lo siguiente: “El testigo único o singular es admitido en nuestro derecho y constituye plena prueba, cuando es idóneo y merece fe su declaración, y así lo ha establecido la jurisprudencia de este Corte al afirmar “que el testigo único no es motivo de desecamiento, sino más bien de apreciación”. (Negritas y Subrayado propio del Tribunal).

4. Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal se acoge a la tesis de que el testigo único, puede ser idóneo para aportar elementos de certeza para quien sentencia, dada la confianza que su declaración infunda; y en consecuencia, en el caso sub iudice considera quien aquí decide, que las deposiciones rendidas por la “testigo única” ciudadana M.A.D.C., son contundentes, eficaces y acordes con lo relatado por la parte actora en su escrito libelar, por lo que a esta jurisdicente le merece fe y confianza. Y así se declara.

   Así pues, dilucidada como quedó la “confianza y fe” de la testigo única, y como quiera que no se observa que la misma haya incurrido en contradicción ---al momento de ser preguntada--- con las otras pruebas cursantes en autos; no consta en autos, que haya atestiguado por tener motivaciones ilegítimas ni otras circunstancias que resten veracidad o eficacia a su testimonio, aunado al hecho que la testigo no fue cuestionada por la parte demandada, quien por cierto estuvo presente en el acto de evacuación de pruebas, y tuvo la oportunidad de repreguntarla, pese a la advertencia que le hiciere la ciudadana Juez Temporal sobre la prerrogativa legal probatoria que consagra el artículo 475 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente; son todas estas razones suficientes por las cuales, de conformidad con los artículos 450, 451 y 483 de la citada ley especial, en concordancia con los artículos 507 y 508 del Código de Procedimiento Civil, considera quien decide que el testimonio en cuestión, como consecuencia de las preguntas formuladas durante el acto oral de evacuación de pruebas, constituye plena prueba, y por ende, se aprecia para dar por demostrados los hechos siguientes, relevantes a la controversia aquí planteada:

    Que los ciudadanos Y.S.S.G. y G.E.D.R., son esposos.

    Que a mediados del año 2007, el señor G.E.D.R., comenzó a cambiar de comportamiento, siendo extraño y brusco con su esposa, señora Y.S.S.G..

    Que durante la unión matrimonial procrearon hijos.

    Que el señor G.E.D.R., “abandonó” a la señora Y.S.S.G., dejándola sola, que no le “respondía como pareja” y “como matrimonio”.

    Que en noviembre de 2008, a raíz de una discusión, el señor G.E.D.R., corrió del hogar a la señora Y.S.S.G..

    Que el señor G.E.D.R., es un buen padre.

   III

   DEL ABANDONO VOLUNTARIO, PREVISTO EN EL ORDINAL 2º DEL ARTÍCULO 185 DEL CÓDIGO CIVIL, COMO CAUSAL DE DIVORCIO

   Considera necesario esta jurisdicente realizar unas consideraciones previas sobre el abandono voluntario como causal de divorcio. Al respecto, encontramos:

El divorcio, puede definirse como la forma instituida por el legislador, para disolver el vínculo matrimonial, cuando concurren las causales que de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente justifiquen la concurrencia de tal disolución.

La disolución del vinculo matrimonial constituye: la ruptura, el término de una relación que contiene en sí misma los deberes y derechos de los cónyuges, durante el tiempo que este dure y, por las consecuencias que reviste, debe estar fundamentada en alguna de las causales taxativas previstas en el artículo 185 de la citada norma sustantiva. El matrimonio impone una conducta especial, adecuada a la naturaleza misma del vínculo contraído, la cual está ceñida a una serie de obligaciones y deberes que deben asumir los cónyuges. Dentro de ese contexto general, existen obligaciones recíprocas de respeto a la dignidad, al honor, a la reputación y a la integridad física y moral, que deben imperar en la vida conyugal; cuando se violan esos deberes, el cónyuge trasgresor, incurre en una de las causales establecidas en el artículo 185 del Código Civil, que permiten al ofendido la interposición de la acción de divorcio.

El abandono voluntario, como una de las causales únicas de divorcio, previstas por el legislador, lo podemos resumir en los siguientes términos:

1. Se caracteriza por ser, desde todo punto de vista, voluntario, es decir NO cabe la posibilidad de que se identifique como abandono ninguna situación que sea producto de la violencia, o donde no prive el libre ejercicio de la voluntad.

2. Puede clasificarse en: a) Abandono del domicilio conyugal: El cual es configurado en dos factores fundamentales, uno, el animus: el cónyuge que abandona el domicilio conyugal debe tener la intención de hacerlo, independientemente que surja en él la voluntad de reintegrarse al domicilio conyugal posteriormente; y el otro, que el abandono configure una decisión definitiva con miras a algo duradero; y b) Abandono de los deberes del matrimonio: que implica el no cumplimiento de los deberes del matrimonio, que comprenden desde el deber de cumplir el débito sexual, tanto del marido como el de la mujer, hasta el socorro mutuo que se deben los esposos.

En este mismo orden de ideas, esta juzgadora considera necesario determinar las características principales para que se pueda configurar el abandono voluntario las cuales responden a lo siguiente:

• Que sea “importante”, es decir, se requiere que la actitud asumida por uno de los cónyuges, sea el producto de una decisión tomada, y no de algún disgusto pasajero que una conversación pueda arreglar. Se trata, pues, de algo con trasfondo, lo que pudiéramos llamar “la gota que derramó el vaso”; para que así realmente el abandono voluntario pueda ser apreciado como tal, y por ende constituir una causal de divorcio.

• Que sea “injustificado”, esto es, que el incumplimiento de los deberes conyugales no puede tener su raíz en una circunstancia totalmente justificada, por ejemplo, puede ser que por enfermedad uno de los cónyuges no pueda cumplir con sus deberes sexuales, o por exceso de trabajo, en este caso la causal no tendría asidero fáctico.

• Que sea “intencional”, es decir que el abandono, sea realmente importante al extremo que se configure lo que hemos dicho en cuanto a la importancia de los hechos, pero puede que se haya producido sin la intención del cónyuge actor.

En sentencia de fecha 25 de febrero de 2004, el m.T. de la República, con ponencia del Magistrado René Plaz Brusual, interpretó lo que debe entenderse como “abandono voluntario” en los siguientes términos:

Se entiende por abandono voluntario el incumplimiento grave, injustificado y ocurrido de forma intencional, por parte de uno de los cónyuges respecto de las obligaciones de cohabitación, asistencia, socorro y protección que el matrimonio impone de manera reciproca. Este abandono puede o no incluir el desplazamiento efectivo del cónyuge culpable fuera del hogar, ya que esa posibilidad configura solamente una de las muchas maneras como uno de los cónyuges puede exteriorizar el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden; pero no ha de creerse, por tal motivo que existan dos causales autónomas de abandono, física una y moral o efectiva (sic) la otra, ya que en todo instante el abandono voluntario queda configurado por el incumplimiento en sí de las obligaciones, no por la manera cómo se las incumpla.

(Lo resaltado es propio del Tribunal).

Asimismo, la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, en sentencia del 18-12-2003 (Exp. Nº C-03-1700), apuntó:

“La causal de abandono voluntario se caracteriza, por dejar a un lado los deberes conyugales de vivir juntos, de socorrerse, de prestarse atención y apoyo material y espiritual. Según doctrina contenida en sentencia del 14 de noviembre de 1997, dictada por el extinto Juzgado Primero de Familia y menores de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de caracas, expediente Nº 10.908, A. GUDIÑO contra V. BASTIDAS. (Jurisprudencia Ramírez & Garay, Tomo 145, folios 101 y 102), ese concepto: “(…) consiste en el incumplimiento grave, intencional o injustificado de los deberes de cohabitación, asistencia, socorro o protección que impone el matrimonio y está integrada por dos elementos esenciales, uno material, que consiste en la ausencia del hogar conyugal y el otro moral que consiste en la intención de no volver, y por abandono puede entenderse no simplemente el alejamiento del hogar común, sino el abandono de los deberes de vivir juntos y socorrerse materialmente (…) se caracteriza por el abandono voluntario o intencional de los deberes conyugales de vivir juntos, de socorrerse, de prestarse atención y apoyo material y espiritual en las diferentes circunstancias de la vida (…)”.

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia signada con el Nº 790, con ponencia del Magistrado Franklin Arriechi, de fecha 18 de diciembre del 2003, también expresó:

“En criterio de la Sala, el abandono voluntario no comprende la separación de uno de los cónyuges del lugar en que habitan que sirve de hogar, sino el “...incumplimiento injustificado por parte de un cónyuge de los deberes fundamentales que conforme a la ley le impone el matrimonio con respecto del otro...”. (Sent. 13-07-76). G.F. N° 93 III Etapa, pág. 333. Caso: V.G.C. c/ Sonja T.Q. de García.).

Muchos años antes, la misma Sala, en Sentencia de fecha 29-09-82, (G.F. 117. Vol. I, 3ra. Etapa. Caso: J.C.R.L. c/ María de los S.T.), había precisado el criterio diferenciador de esta causal, distinguiendo el abandono material o físico del abandono moral entre los esposos:

...Dos cónyuges pueden vivir en casas y hasta en poblaciones distintas y, sin embargo, no haber incurrido ninguno de ellos en el abandono voluntario capaz de disolver el vínculo conyugal por divorcio. A la inversa, puede darse el caso de que los esposos vivan bajo el mismo techo y, sin embargo, haberse consumado entre ellos el abandono voluntario, por encontrarse separados realmente de cuerpos y espíritu...

Finalmente y de acuerdo a las máximas de experiencia, ha sido reiterado el criterio judicial según el cual en caso de existir poco interés de las partes en mantener el vinculo matrimonial, éste mal podría mantenerse; y, sobre todo, cuando efectivamente se han incumplido en forma evidente los deberes inherentes al mismo y no se tenga la intención de reivindicar la situación transgredida, debe considerarse la figura del divorcio como una solución.

Así lo expresó la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 26 de julio de 2001, con ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo, en la cual dejó asentado este criterio:

…El antiguo divorcio–sanción, que tiene sus orígenes en el Código Napoleón ha dado paso en la interpretación, a la concepción del divorcio como solución, que no necesariamente es el resultado de la culpa del cónyuge demandado, sino que constituye un remedio que da el Estado a una situación que de mantenerse, resulta perjudicial para los cónyuges, los hijos y la sociedad en general. (…) Por el contrario, cumpliendo con el deber de hacer justicia efectiva, el Estado debe disolver el vínculo conyugal cuando demostrada la existencia de una causal de divorcio, se haga evidente la ruptura del lazo matrimonial. (…) No debe ser el matrimonio un vínculo que ate a los ciudadanos en represalia por su conducta, sino por el común afecto; por tanto, las razones que haya podido tener un cónyuge para proferir injurias contra el otro, sólo demuestran lo hondo de la ruptura y la imposibilidad de una futura vida común. En estas circunstancias, en protección de los hijos y de ambos cónyuges, la única solución posible es el divorcio.

(Lo resaltado es propio de este Tribunal).

Así las cosas, y en orden a las consideraciones que anteceden, considera indefectible quien decide, precisar que, en todo caso, y con independencia del enfoque doctrinario y jurisprudencial que se asuma, la causal de divorcio alegada debe estar demostrada como condición indispensable para la declaratoria de procedencia de la disolución del vínculo matrimonial. Y ASÍ QUEDA ESTABLECIDO.

IV

DE LOS HECHOS, PRUEBAS Y CONCLUSIONES

Es indiscutible que dentro del interés del Estado por amparar la institución de la familia, frente a la perpetuidad del matrimonio, destaca la excepcionalidad del divorcio, pero éste sólo opera por las causales taxativamente enumeradas por la ley. Esto nos indica que no es suficiente la voluntad de los cónyuges, o de uno de ellos, para lograr la disolución del vínculo matrimonial, sino que es necesaria la preexistencia de hechos o actos determinados, siempre que constituyan o encuadren, por lo menos en una, de las causales de divorcio previstas en el artículo 185 del Código Civil; toda vez que, el Juez ---en nombre del Estado--- únicamente podrá declarar el divorcio cuando haya sido invocada y demostrada la ocurrencia de alguna o algunas de las causales previstas en la ley.

En el caso bajo estudio, analizados como han sido los hechos y las pruebas aportadas al presente juicio, sólo queda a esta juzgadora determinar, si existe o no plena prueba para la procedencia de la pretensión de DIVORCIO, con fundamento en la 2ª causal del artículo 185 del citado código sustantivo, a cuyo efecto arriba a las siguientes conclusiones:

Queda demostrada la existencia del vínculo matrimonial, entre la parte actora, ciudadana Y.S.S.G. y el demandado, ciudadano G.E.D.R., matrimonio que fue celebrado en fecha 17 de diciembre del año 1999, ante la Prefectura, hoy Registro Civil de la Parroquia J.R.S.d.M.L.d.E.M., según acta signada Nº 148. Y así se declara.

Queda demostrada la filiación ---padres e hijos--- existente entre los ciudadanos Y.S.S.G. y G.E.D.R., y los ciudadanos: OMITIR NOMBRES (niños), como hijos procreados y nacidos durante el matrimonio. Y así se declara.

Las respuestas contenidas en el interrogatorio rendido por la “testigo única” adminiculadas con los hechos narrados por la parte actora en su escrito libelar, y la opinión de los niños OMITIR NOMBRES hijos de los ciudadanos Y.S.S.G. y G.E.D.R., insertas al folio 46 del presente expediente. Y ante la ausencia de hechos y pruebas por parte del demandado que sustentaran lo contrario o bien lo enervaran; son elementos que aportan a esta juzgadora, la convicción necesaria, para dar por demostrado el abandono voluntario e intencional de los deberes conyugales de vivir juntos, de socorrerse, de prestarse atención y apoyo material y espiritual en las diferentes circunstancias de la vida, en el que incurrió el ciudadano G.E.D.R., con respecto a su esposa la ciudadana Y.S.S.G..

Por todas las consideraciones que anteceden, resulta forzoso para este Tribunal concluir que, efectivamente, la conducta del demandado, G.E.D.R., encuadra en la causal de “abandono voluntario”, al quedar demostradas, tanto la negativa de convivencia como la falta de socorro, por haber dejado a un lado los deberes conyugales de vivir juntos, de socorrerse, de prestarse atención y apoyo material y espiritual, situación esta que se ha mantenido aproximadamente desde el año 2007, con lo cual quedó patentizado el incumplimiento de sus obligaciones de cohabitación, asistencia, socorro y protección; incumplimiento grave e injustificado de forma intencional, pues, no hay prueba alguna en autos que contradiga tal hecho. Por modo que, en concepto de esta Juzgadora, en el caso de marras, se encuentra configurado el supuesto de hecho consagrado en el numeral 2º del artículo 185 del Código Civil, lo que hace procedente la declaratoria con lugar de la demanda de divorcio intentada con fundamento en dicha causal, junto con las consecuencias legales que tal declaración implica, y así será lo decidido en el dispositivo de este fallo.

V

DEL RÉGIMEN FAMILIAR Y ECONÓMICO

Finalmente, corresponde a este Juzgadora, de conformidad con lo establecido en el artículo 351 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, entrar a decidir sobre los aspectos relativos al régimen familiar económico relativo a los niños OMITIR NOMBRES, los cuales se derivan de su filiación con sus progenitores lo que a tal efecto, se señala:

En virtud del carácter definitivo de la presente decisión, deben dejarse sin efecto y sin ningún valor jurídico las medidas provisionales decretadas, las cuales se establecieron de la siguiente manera: La P.P. y la Responsabilidad de Crianza de los niños OMITIR NOMBRES, será compartida por ambos padres; la custodia de los mismos será ejercida por la madre; y se estableció un Régimen de Convivencia Familiar provisional amplio, en fecha 30 de enero de 2009, según auto de admisión de demanda que obra a los folios 25 y 26 del presente expediente. Asimismo se deja sin efecto y sin ningún valor jurídico la decisión sobre la fijación provisional de la Obligación de Manutención Provisional, decretada en fecha 10 de junio de 2009 (folio 42), consistente en: la cantidad de TRESCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 300,oo) mensuales; y por concepto de bonos especiales, en los meses de septiembre y diciembre la cantidad de CUATROCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 400,oo), y QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 500,oo), para los gastos de inscripciones, útiles escolares y gastos decembrinos, entre otros. Y así se acordará en el dispositivo de este fallo.

DE LA P.P.. En cuanto a la P.P. y el resto del contenido de la Responsabilidad de Crianza de los niños de autos OMITIR NOMBRES, será ejercida conjuntamente por ambos padres, conforme a lo dispuesto en el artículo 349 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños y del Adolescentes, entendiéndose que la p.p. es el conjunto de deberes y derechos de los padres en relación con los hijos que no hayan alcanzado la mayoridad, que tiene por objeto el cuidado, desarrollo y educación integral de los hijos. Y así se decide.

CUSTODIA. El ejercicio de la custodia como contenido de la responsabilidad de crianza de los niños de autos, OMITIR NOMBRES, le corresponde a la madre ciudadana Y.S.S.G., de acuerdo a lo previsto en el artículo 360 eiudem, quien deberá desplegarla de manera que garantice el ejercicio de sus derechos de acuerdo a su desarrollo evolutivo, en los términos previstos en la referida ley. Y así se decide.

OBLIGACION DE MANUTENCIÓN. Por cuanto la progenitora de los niños de autos detenta la custodia de los mismos, esta Juzgadora advierte al ciudadano G.E.D.R., que es su deber contribuir en proporción a su capacidad económica y de manera compartida, con la obligación de manutención que tiene respecto de sus hijos, siendo éste, un deber irrenunciable de los padres a favor de sus hijos, por lo que el padre debe coadyuvar con los mismos, todo ello de conformidad con el Principio de Corresponsabilidad previsto en el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 359 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Tal es el contenido del primer aparte del artículo 5 de la Ley de Reforma de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual, textualmente reza así:

Artículo 5. … (omisis) El padre y la madre tienen deberes, responsabilidades y derechos compartidos, iguales e irrenunciables de criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y, asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas. (omisis)

Por su parte, el artículo 366 eiusdem, corrobora la condición de “deber natural” de la obligación de manutención y su importancia y subsistencia por sobre la propia p.p. o responsabilidad de crianza. Dicha norma dispone lo siguiente:

Artículo 366. La Obligación de Manutención es un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida, que corresponde al padre y a la madre respecto a sus hijos e hijas que no hayan alcanzado la mayoridad. Esta obligación subsiste aun cuando exista privación o extinción de la p.p., o no se tenga la Responsabilidad de Crianza del hijo o hija, a cuyo efecto se fijará expresamente por el juez el monto que debe pagarse por tal concepto, en la oportunidad que se dicte la sentencia de privación o extinción de la P.P., o se dicte alguna de las medidas contempladas en el artículo 360 de esta Ley.

En el caso sub lite, esta sentenciadora aprecia, como ya se indicó, que la filiación de los niños OMITIR NOMBRES, con el ciudadano G.E.D.R., aparece evidenciada de documentos públicos ---actas de nacimiento---, sin embargo, no existe en autos prueba alguna del promedio de ingresos devengados por el obligado, por lo tanto, al no haber prueba en autos de su capacidad económica, esta juzgadora está facultada para fijarla por cualquier otro medio idóneo, notándose en el caso de marras que en el acto de evacuación de pruebas quedó asentado lo siguiente: “…las partes llegaron al siguiente acuerdo en cuanto a la obligación de manutención la cual queda establecida en la cantidad de quinientos bolívares mensuales para cada niño, con un incremento del 20% anual, los bonos en la cantidad de quinientos bolívares por cada niño en los meses de agosto y diciembre, con el incremento del 20% anual, cantidades que serán depositadas en la Cuenta Corriente Nº 01050753741753005663 del Banco Mercantil a nombre de la madre…”. De otra parte, debe considerar esta juzgadora, que aún y cuando, al demandado se le citó en forma personal (ver folio 35), no consta de autos que haya opuesto defensas o excepciones contra los alegatos de la actora, además de que no promovió prueba alguna que desvirtuara lo dicho por ella, y tampoco, consta de autos que haya formulado oposición a las medidas provisionales decretadas al inicio del presente juicio. Ante tal escenario procesal, este Tribunal, atendiendo a lo acordado por las partes en el acto oral de evacuación de pruebas, establecerá la obligación de manutención, en la forma siguiente: 1º) Fijará por concepto de obligación de manutención la cantidad de QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 500,oo) mensuales, para cada niño. 2º) Se establecerá asimismo, que el padre contribuirá con dos (02) bonos especiales para cada hijo; a saber: un (1) bono especial para el mes de AGOSTO de cada año, el cual se fija en la cantidad de QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 500,oo), con el que apoyará los gastos que conlleven las actividades escolares de sus hijos; y un (1) bono especial para el mes de DICIEMBRE de cada año, que se fija en la cantidad de QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 500,oo), con el que se complementarán los gastos navideños de los niños de autos. Las cantidades supra fijadas tendrán un aumento automático y proporcional equivalente al 20% anual, serán depositadas en la Cuenta Corriente Nº 01050753741753005663, del Banco Mercantil a nombre de la madre, ciudadana Y.S.S.G.. En cuanto a los gastos médicos, medicinas, recreacionales, vacacionales o extraordinarios que beneficien a los niños OMITIR NOMBRE y OMITIR NOMBRE, serán asumidos en un cincuenta por ciento (50%) por cada uno de los progenitores. Y así será lo decidido en el dispositivo del presente fallo.

REGIMEN DE CONVIVENCIA FAMILIAR. Se establecerá un régimen de convivencia familiar abierto para el progenitor al que no le corresponde la custodia de los niños de autos, a fin de garantizar el derecho de mantener relaciones personales y contacto directo con los padres, establecido en el artículo 27 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, para que se fortalezcan los lazos afectivos y filiales, tan importantes para los niños de autos. Y así se decide.

DECISIÓN

En mérito de lo razonamientos que anteceden, este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, Administrando Justicia en NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA:

CON LUGAR la acción de DIVORCIO intentada por la ciudadana Y.S.S.G. contra el ciudadano G.E.D.R., plenamente identificados, con fundamento en la causal segunda del artículo 185 del Código Civil vigente venezolano.

Como consecuencia del anterior pronunciamiento se declara disuelto el vínculo matrimonial existente entre los prenombrados ciudadanos, con arreglo al matrimonio civil que contrajeran por ante la Primera Autoridad, --actual Registro Civil-- de la Parroquia J.R.S.d.M.L.d.E.M., en fecha 17 de diciembre de 1.999, según acta Nº 148. Y así se decide.

Ofíciese y particípese de esta decisión, una vez que quede definitivamente firme, tanto al Registro Civil de la Parroquia J.R.S.d.M.L.d.E.M., como al Registro Principal del Estado Mérida ---anexándoseles copias certificadas de la presente decisión----, a los fines de que dichos funcionarios procedan a estampar la NOTA MARGINAL correspondiente, en la respectiva acta de matrimonio.

Por cuanto la parte actora ha manifestado en forma expresa que durante la unión matrimonial adquirieron bienes de fortuna, liquídense los mismos por vía autónoma.

Se dejan sin efecto las medidas provisionales decretadas por este Tribunal en fechas 30 de enero de 2009 y 10 de junio de 2009.

Respecto al RÉGIMEN FAMILIAR Y ECONÓMICO se dispone lo siguiente:

1. ) DE LA P.P.. La p.p. y el resto del contenido de la responsabilidad de crianza de los niños de autos OMITIR NOMBRES, serán ejercidas conjuntamente por ambos padres, conforme a lo dispuesto en el artículo 349 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y así se decide.

2. ) DE LA CUSTODIA. El ejercicio de la custodia como contenido de la responsabilidad de crianza de los niños de autos OMITIR NOMBRES, le corresponde a la madre ciudadana Y.S.S.G., de acuerdo a lo previsto en el artículo 360 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y así se decide.

3. ) DE LA OBLIGACION DE MANUTENCIÓN. Se establece en los siguientes términos: a.-) Se fija por concepto de obligación de manutención la cantidad de QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 500,oo) mensuales, para cada niño. 2º) Se establece asimismo, que el padre contribuirá con dos (02) bonos especiales para cada hijo; a saber: un (1) bono especial para el mes de AGOSTO de cada año, el cual se fija en la cantidad de QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 500,oo), con el que apoyará los gastos que conlleven las actividades escolares de sus hijos; y un (1) bono especial para el mes de DICIEMBRE de cada año, que se fija en la cantidad de QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 500,oo), con el que se complementarán los gastos navideños de los niño de autos. Las cantidades supra fijadas tendrán un aumento automático y proporcional equivalente al 20% anual y serán depositadas en la Cuenta Corriente Nº 01050753741753005663, del Banco Mercantil a nombre de la madre, ciudadana Y.S.S.G.. En cuanto a los gastos médicos, medicinas, recreacionales, vacacionales o extraordinarios que beneficien a los niños OMITIR NOMBRES, serán asumidos en un cincuenta por ciento (50%) por cada uno de los progenitores. Y así se decide.

4. ) DEL REGIMEN DE CONVIVENCIA FAMILIAR. Se establece un régimen de convivencia familiar abierto para el progenitor G.E.D.R., a quien no le corresponde la custodia de los niños de autos. Y así se decide.

Se condena en costas a la parte demandada, por haber resultado totalmente vencida en el presente juicio, de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Por cuanto la presente decisión sale dentro del lapso legal, no se requiere la notificación de las partes.

PUBLIQUESE, REGISTRESE y COPIESE de conformidad con lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

DADA, SELLADA, FIRMADA Y REFRENDADA en la Sala de Juicio Nº 1 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. Mérida, veinticinco (25) de mayo del año dos mil diez (2010). Año 200º de Independencia y 151º de la Federación.

LA JUEZA TEMPORAL Nº 01,

ABG. S.Q.Q.

LA SECRETARIA,

ABG. A.L.P.R.

En la misma fecha se publicó la anterior sentencia siendo las once de la mañana. Conste,

LA SECRETARIA,

ABG. A.L.P.R.

EXP. N° 20.827

SQQ/ Fmcs.